El día 8 de enero de 2019[1], la Asamblea Nacional aprobó el anteproyecto de Ley Marco del Estatuto que rige la transición democrática y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, cuyo contenido la convierte en una hoja de ruta o guía para enfrentar el desafío que supone la existencia de un país sin Presidente constitucional legítimo.

A continuación, una revisión breve a ese contenido para comprender mejor su alcance y sentido.

1.- Los motivos que fundamentan la necesidad de ese proyecto de Ley

El proyecto de Ley de Estatuto expresamente reconoce en su motivación, que el mismo es consecuencia de una realidad política inédita, que es la inexistencia de Presidente y de la usurpación derivada del vacío de poder derivado de tal hecho.

Ese proyecto de Ley en su exposición de motivos, afirma expresamente que “el único problema al cual se enfrenta Venezuela el 10 de enero de 2019 no es solo la ausencia de Presidente electo. Es, además, la ausencia de Estado de Derecho y, más allá, la propia ausencia de un Estado funcional.

Se reconoce que el 10 de enero 2019, debería ser el punto de partida de una estrategia de presión simultánea, nacional e internacional que permita lograr el cese de la usurpación, la conformación de un Gobierno de transición y realización de nuevas elecciones presidenciales.”

La Ley de Estatuto aspira ser una herramienta jurídica y política útil para concretar o materializar la aplicación efectiva del artículo 333 de la Constitución, a los fines del restablecimiento del orden constitucional y democrático, facilitando el marco institucional para que la Asamblea Nacional pueda asumir su responsabilidad histórica en la recuperación de la democracia en Venezuela.

2.- La estructura del proyecto de Ley

El estatuto propuesto plantea 28 artículos, estructurados en 7 capítulos, identificados bajo los siguientes títulos:

1. Disposiciones Generales.

2. Sobre la actuación del Estado venezolano ante la comunidad internacional.

3. Sobre el Consejo Nacional para la Transición democrática.

4. Sobre la reinstitucionalización de los Poderes Públicos.

5. Sobre los lineamientos para la transición política y económicos.

6. Sobre las elecciones.

7. Disposiciones transitorias.

3.- La finalidad de la Ley de Estatuto.

El Estatuto pretende ser una hoja de ruta de la Asamblea Nacional para lograr alcanzar la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución y permite definir parámetros para valorar si la Asamblea Nacional cumple o no lo prometido este año 2019.

4.- Objetivos del Estatuto propuesto.

1.- Crear un marco legal para actuación de los Poderes Públicos en esta situación atípica, a tal fin el estatuto busca:

1.1-. Regular las actuaciones de la Asamblea Nacional y del resto de Poderes Públicos legítimos en Venezuela mientras dure la usurpación de la Presidencia de la República como consecuencia del vacío de poder originado por inexistencia de Presidente electo para el período 2019-2025.

1.2-. Adoptar las decisiones que permitan a la Asamblea Nacional restaurar el orden constitucional y democrático y la reconciliación nacional.

1.3-. Establecer los lineamientos conforme a los cuales la Asamblea Nacional ejercerá ante la comunidad internacional los derechos del Estado venezolano, hasta tanto sea debidamente solventada la ausencia de Presidente electo.

2.- Crear una instancia para la transición, en tal sentido se promueve la creación del Consejo Nacional para la Transición Democrática, con la finalidad de coordinar el conjunto de acciones que permitan el cese de la usurpación de la Presidencia de la República y la transición a la democracia.

3.- Definir lineamientos políticos y económicos en un período de transición, que permitirá guiar las acciones de la Asamblea Nacional necesarias para suplir la ausencia de Presidente electo y la transición democrática, hasta la celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible.

4.- Reinstitucionalizar a los distintos actores del Estado, permitiendo a tal fin el establecimiento de procedimientos orientados a designar a los titulares de los Poderes Públicos, como condición necesaria para el restablecimiento del orden constitucional y democrático, así como los lineamientos para rescatar el rol que la Fuerza Armada Nacional debe cumplir en el marco del artículo 328 de la Constitución.

5.- La Ley de Estatuto busca rescatar la Soberanía Popular, procurando ser un marco general para implementar las reformas orientadas a rescatar la soberanía popular, promoviendo de esa manera el traspaso del poder a autoridades civiles electas en comicios libres y transparentes.

6.- Atender la emergencia humanitaria, sirviendo a tal fin como marco general para atender esa compleja situación y recuperar la capacidad del Estado Venezolano de ejercer su soberanía en todo el territorio nacional.

5.- Los valores superiores en los que descansa ese Estatuto son:

La vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

6.- La actuación de la AN ante la Comunidad Internacional

Este capítulo busca desarrollar un poco más el papel que deberá jugar la Asamblea Nacional como único Poder Público Legítimo y en consecuencia, pretende claramente servir de base jurídica para esa respuesta política que debe asumir el Parlamento Nacional para enfrentar el desafío que se presenta ante la juramentación inconstitucional e ilegítima de Nicolás Maduro como Presidente de la República.

Esa actuación está definida en las siguientes áreas:

1.- Representación política ante otros gobiernos.

Designar a representantes del Estado ante misiones diplomáticas, organismos internacionales y demás sujetos de la comunidad internacional.

2.- Defensa y recuperación de activos.

Asumir la gestión y defensa de los activos de la República Bolivariana de Venezuela y de sus entes en el extranjero, especialmente en lo que respecta a cuentas bancarias, cobro de facturas y obligaciones, así como la gestión de la deuda pública externa, procurando lo correspondiente para la defensa del Estado venezolano ante Cortes extranjeras, Tribunales Internacionales, y Tribunales de Arbitraje Internacional.

3.- Investigación en DDHH

Contribuir en la investigación de las graves violaciones a derechos humanos, la investigación de las actividades ilícitas relacionadas con corrupción y lavado de dinero a los fines de asegurar la recuperación de los capitales derivados de tales actividades ilícitas.

4.- Apoyo a la emergencia humanitaria

Contribuir a la implementación de los mecanismos de cooperación internacional para atender la emergencia humanitaria compleja y la crisis de refugiados y migrantes, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario.

El proyecto de Ley plantea que el ejercicio de esas atribuciones deben estar orientadas a promover el proceso de transición democrática en Venezuela y a reinsertar al Estado venezolano en el concierto de las Naciones libres, especialmente, de conformidad con lo dispuesto en la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y los demás instrumentos de Derecho Internacional del sistema interamericano de derechos humanos.

7.- La creación de una instancia para la transición

El proyecto de Ley propone la creación de una instancia llamada: Consejo Nacional para la Transición, el cual se presenta “como el órgano superior de colaboración de los Poderes Públicos legítimos, a los fines de coordinar las decisiones que, en el marco del presente Estatuto, adopte la Asamblea Nacional para cesar la usurpación de la Presidencia de la República, promover la transición democrática y lograr el restablecimiento del orden constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.”

Ese Consejo Nacional para la Transición, procurará alcanzar los siguientes objetivos específicos:

1.- Suplir la usurpación de funciones. A tal fin, el texto plantea que esta instancia tendrá la responsabilidad de impulsar y coordinar las medidas de la Asamblea Nacional que permitan suplir efectivamente la usurpación derivada del vacío de poder por la ausencia del Presidente electo para el período iniciado el 10 de enero de 2019.

2.- Restaurar el orden constitucional y democrático asumiendo a tal fin las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional para promover la transición política y económica, en el marco del presente Estatuto.

3.- Promover la organización y promoción de la participación ciudadana para la legitimación de la transición democrática.

El capítulo sobre este Consejo no desarrolla la estructura formal de ese Consejo y no logra profundizar sobre el papel de la sociedad civil en el mismo.

En tal sentido, Juan Miguel Matheus, diputado ante la Asamblea Nacional, expresó que el mismo será liderado por el parlamento y servirá para la articulación con la comunidad internacional y los ciudadanos que conforme al 333 quieran servir a la causa de la libertad.[2]

Este Consejo asume un rol muy específico, pero que se define de forma muy general, tal vez no podía ser de otra forma; más si permite que el mismo sea el punto de debate y de encuentro entre los distintos actores de la sociedad civil, a los fines de identificar, lo que se ha buscado desde hace mucho tiempo, que es la inclusión efectiva del ciudadano en el proceso de cambio político.

La consulta legislativa podría ser un instrumento idóneo para que este punto del Consejo y sus atribuciones, así como la incorporación de la sociedad civil en su estructura logre una legitimación significativa y contribuya con la idea de la Unidad Superior.

8.- La tarea de restituir la institucionalidad del Estado

Hay un capítulo en el proyecto de Ley que desarrolla una serie de normas a través de las cuales se identifican los desafíos de la Asamblea Nacional en la tarea de restituir la institucionalidad del Estado, en consecuencia, la Ley exige:

La relegitimación del Poder Electoral y Ciudadano.

La reestructuración del TSJ y garantizar su autonomía.

El cese de usurpación de Maduro.

La disolución de la Asamblea Nacional Constituyente.

Por cierto, no menciona el proyecto de Ley a la Fiscalía General de la República.

9.- La ruta legislativa para acompañar la transición política

Según el proyecto de Ley la Asamblea Nacional tendría que dictar Leyes a través de las cuales se promueva la transición política de conformidad con el artículo 333 de la Constitución.

Tales Leyes atenderán a los siguientes objetivos:

1.- Orientar la función pública, en consecuencia, el contenido del proyecto de ley propone crear los incentivos jurídicos para que los funcionarios civiles y militares actúen apegados a la Constitución y no obedezcan las órdenes de quien usurpa la Presidencia de la República desde el 10 de enero de 2019, de manera que colaboran y participen en el proceso de transición y de restablecimiento del orden constitucional.

2.- Desarrollar el sistema de justicia transicional, orientado especialmente a rescatar la dignidad, la protección y reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo las medidas orientadas a establecer la verdad y promover la reconciliación nacional, de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados vigentes de derechos humanos.

3.- Acordar la amnistía de aquellos ciudadanos que se mantienen privados de libertad, civiles y militares, por delitos políticos o comunes conexos, de acuerdo con la Ley aprobada en este sentido en 2016, la cual será reformada para incluir a aquellos afectados desde ese año.

4.- Reformar la FANB, buscando así, el efectivo cumplimiento del artículo 328 de la Constitución y al rescate de la capacidad del Estado para asegurar la defensa de la soberanía nacional en todo el territorio, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza.

5.- Atender la emergencia humanitaria y a tal fin la Ley Marco del Estatuto exhorta a la Asamblea Nacional para que a través de las leyes en esta materia, se procuren alcanzar los siguientes objetivos:

5.1.- Recuperación económica. A tal fin las leyes a aprobar deberán:

5.1.1- Adoptar las medidas necesarias para la asistencia financiera internacional extraordinaria de organismos multilaterales, préstamos bilaterales, donaciones internacionales, reestructuración de sus compromisos de deuda externa y un aumento significativo de su producción petrolera.

5.1.2- Restablecer los principios constitucionales que rigen el ejercicio de las políticas fiscales, cambiarias y monetarias, como condición necesaria para abatir la hiperinflación.

5.1.3- Empoderar a la sociedad civil a los fines de satisfacer sus propias necesidades, a través de la eliminación de los controles centralizados y medidas arbitrarias de expropiación y otras medidas similares, incluyendo el control de cambio.

5.1.4 Sustituir el modelo centralizado de controles de la economía por un modelo de libertad y de mercado basado en el derecho de cada venezolano a trabajar bajo las garantías de los derechos de propiedad y libertad de empresa.

5.2.- Promover una nueva política social que se enfoque en cuatro áreas:

5.2.1- Programas de abastecimiento y acceso a alimentos básicos;

5.2.2- Atención a programas de salud;

5.2.3- Programas de atención especializada los sectores más vulnerables de la población.

5.2.4- Programas de promoción de empleos de calidad y protección del ingreso familiar

A tales fines, el documento aprobado por la Asamblea Nacional advierte que los programas sociales basados en subsidios indirectos, clientelares y corruptos serán sustituidos por subsidios directos transparentes que rompan los vínculos de dependencia social actualmente existentes.

5.3.- Rescatar la Administración Pública.

5.3.1- Adoptar las medidas que rescaten la capacidad de la Administración Pública para promover el desarrollo económico inclusivo basado en la autonomía de la sociedad civil para satisfacer sus propias necesidades.

5.3.2- Someter a las empresas públicas a un proceso de restructuración que asegure su gestión eficiente y transparente, incluso, mediante acuerdos público-privados.

5.3.3- Asegurar la correcta capacidad de la Administración Pública se implementarán medidas efectivas de lucha en contra de la corrupción y del crimen organizado.

5.3.4- Adoptar las medidas que permitan la recuperación de activos provenientes de la corrupción, los cuales serán preferentemente empleados para atender la emergencia humanitaria compleja y recuperar la economía venezolana.

10.- La recuperación del voto

El proyecto de Ley plantea que la Asamblea Nacional adoptará las medidas que rescaten las condiciones de integridad electoral y permitan la realización de la elección presidencial correspondiente al período que inició el 10 de enero de 2019, así como las demás elecciones libres y transparentes que correspondan.

11.- La validez de la Ley

El proyecto de Ley plantea que debido a la imposibilidad de acceder a la Gaceta Oficial debido al régimen de facto que impera en Venezuela, el presente Estatuto y las decisiones que se implementen serán publicados en los medios de divulgación que a tales efectos determine la Asamblea Nacional.

En términos generales, es un documento que además de reconocer el Plan País, introduce un tema al debate político nacional, capaz de facilitar el camino para una mayor concreción de una hoja de ruta nacional, compartida por todos los sectores de la sociedad, como consecuencia de un compromiso político y social, que pueda ser asumido como un pacto de unidad superior.

Ello exige abrir un debate, que debe ser facilitado por los diputados del sector democrático, en cada uno de sus circuitos electorales, de manera responsable y disciplinada, como estrategia no sólo para lograr un gran acuerdo nacional en función de la hoja de ruta para el cambio, sino también, que permita demostrar la legitimidad real que detenta la Asamblea Nacional y con ello facilitar la defensa activa y efectiva del único Poder Público constitucional y legítimo del Estado Venezolano.

9 de enero 2019

[1]Primicias24.com. Diputado Luis Parra: AN aprobó anteproyecto de Ley que rige transición democrática. 8 de enero 2019. Recuperado online en: https://www.primicias24.com/nacionales/210650/diputado-luis-parra-an-apr...

[2]Efectococuyo.com. AN prepara anteproyecto de Ley de Transición ante usurpación de la presidencia. 8 de enero 2019. Recuperado online en: http://efectococuyo.com/politica/an-prepara-anteproyecto-de-ley-de-trans...

https://estado-ley-democracia.blogspot.com/2019/01/una-mirada-para-enten...

Utilizó la interrogante que formuló el Diputado Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional (AN), al cerrar el pasado martes 8 de enero, el debate que se llevo a cabo sobre “la Transición política nacional y la pretendida juramentación inconstitucional de Nicolás maduro”, para iniciar la siguiente reflexión.

Probablemente él se refería a una corta e intensa discusión que se dio virtualmente en las redes sociales, provocada por el propio Guaidó días antes, cuando en su discurso inicial de asunción de la presidencia, con evidente énfasis, calificó la situación que rodea al ejecutivo nacional, no de vacío de poder -como creemos corresponde- sino de “usurpación”. Evado aquí la tentación que me produce explanarme en consideraciones jurídicas y constitucionales para referirme a ambos términos; baste señalar que el primer concepto, el vacío de poder, se refiere estrictamente a una situación política que afecta el orden constitucional, por ser consecuencia del abandono material, jurídico o formal de funciones públicas; y el segundo, la usurpación, a un vicio estrictamente jurídico que puede ser de orden constitucional –conocido como usurpación de poder o de funciones- o de orden legal -llamado también extralimitación de atribuciones- pero que a todo evento, en ambos casos, por la gravedad que encierran sus ocurrencias, anulan de manera absoluta cualquier acto o proceder dictado o desarrollado bajo ella.

Nuevamente, después de un largo tiempo donde hemos presenciado un absoluto desprecio del derecho y de sus formas jurídicas por un régimen criminal que se ha burlado de la Constitución y el resto del ordenamiento legal continuamente, podemos evidenciar el estrecho vínculo que existe entre el Derecho y el Poder. A primera vista, cualquiera pudiera pensar que la diferencia entre la calificación de la existencia de un vacío de poder y usurpación no trasciende pues, la importancia del ciudadano siempre estará volcada en precisar como sacamos políticamente del poder al régimen que nos desgobierna y comenzamos el montaje de un nuevo estado que satisfaga sus necesidades.

La situación que vivimos todos los venezolanos en estos momentos, es similar a la que enfrenta un Abogado cuando en el ejercicio de su profesión defiende a alguien que haya sido desalojado de su vivienda o propiedad inmobiliaria. En esos casos, teniendo un sistema de justicia independiente y autónomo, es sumamente importante precisar si se trata de un problema de titularidad o de posesión; es decir, si el despojante se considera propietario o por el contrario, es un invasor de la posesión pacifica de su cliente. En ambos casos, la acción judicial a tomar es distinta: en el primer supuesto, sería necesario entablar un juicio ordinario de reivindicación y en el segundo, una acción urgente de protección posesoria interdictal. Ambas acciones, distintas en cuanto a su naturaleza, comprometen distintos costos en tiempos de resolución y esfuerzos económicos.

Trasladando analógicamente este símil a la situación política que vivimos en relación con el régimen, la pregunta que debemos contestar para saber cómo calificar jurídicamente lo que ocurrirá después del 10 de enero en el país, es ¿nacerá automáticamente un nuevo periodo presidencial después de esa fecha? Si la respuesta es afirmativa, tendríamos que concluir que Maduro será un usurpador cuando pretenda arrogarse la titularidad de Presidente para permanecer otros 6 años queriendo valer los efectos de la farsa electoral del 20 de mayo del 2018; si por el contrario, consideramos que es imposible que válidamente se inicie un nuevo periodo presidencial, porque simplemente, al no reconocer el acto pretendidamente electoral del 20 de mayo como válido ni existente, no existe persona alguna que pueda calificarse de Presidente Electo, pues es evidente que tendríamos ante nuestros ojos una situación política –no estrictamente jurídica- de vacío de poder en una de las ramas del poder público. Ambas circunstancias -y aquí el meollo de la discusión- embargan salidas políticas distintas, con tiempos, riesgos y esfuerzos también distintos.

Por eso, no podemos fácilmente despachar la respuesta a la pregunta del Diputado Presidente de la AN, diciendo “no, no es legal el problema que nos acontece, es un asunto político el que hay que resolver políticamente”, como si la calificación jurídica que del momento constitucional que vivimos no fuere importante. Por el contrario, tan importante es que, con reservas observamos que al utilizar el Diputado Guaidó la “usurpación” y decir enfáticamente: “en Venezuela la Presidencia de la República no está vacante”, saca de la argumentación el vacío de poder que le permitiría constitucionalmente a él como Presidente del Parlamento, asumir temporalmente la Presidencia de la República mientras se crean las condiciones para unas nuevas elecciones.

Es evidente que ante los riesgos, no solo políticos sino aquellos referidos a la integridad personal del Presidente del Parlamento, este haya preferido utilizar una conceptualización jurídica que le abre una puerta hacia un pasillo de transito más cómodo: la búsqueda de un consenso político para ir desalojando a Maduro progresivamente o lamentablemente de “a poquito”. Los operadores que juegan a favor de esta tesis, podemos dividirlos en dos grandes grupos: los que creen de buena voluntad en este camino por ser para ellos políticamente realizable, lleno de complejidades pero más controlable que la declaratoria del vacío de poder (siento que en este primer grupo se encuentra el joven Diputado Guaidó); frente a los que apuestan a él simplemente porque es lo más conveniente a sus intereses personales, para ir construyendo sólidamente un nuevo y oculto puente de negociación con el régimen que les permita a largo o mediano plazo, un desplazamiento favorable de los factores del poder hacia ellos y así, sin importarles para nada el hambre, enfermedad y desolación que viven los venezolanos, co-administrar la permanencia de Maduro hasta donde sea posible. Afortunadamente, este segundo grupo es minoría pero, lamentablemente muy hábil.

Para desmontar la posibilidad de que triunfe la minoría que enferma y contamina la lucha democrática hacia la libertad y podamos mas prontamente recuperar un estado democrático social de derecho y de justicia en un momento en que –no me cabe duda- el régimen se desmorona pero que como toda fiera herida que se sabe en trance de muerte, presenta su lado más peligroso; es necesario serenamente poder identificar los elementos que en este momento nos permiten insertarnos en una corriente que nos conduzca rápidamente hacia la recuperación del orden constitucional.

Somos de la firme creencia que una declaratoria de vacío de poder a partir del 10 de enero, fecha en la que vence el periodo constitucional vigente, que permitiera a la Asamblea Nacional recuperar el poder político formalmente, cubriendo según lo ordena la constitución, el evidente vacío de poder que inéditamente se creará -como consecuencia de amanecer ese día sin Presidente Electo- manejada con una cadena consecutiva de acontecimientos sociales y políticos internos, con un evidente acompañamiento internacional favorable y con una sólida carga de coraje y valentía ciudadana, especialmente desplegada por los representantes partidistas de la disidencia venezolana, sería un innegable factor catalizante de los cambios políticos intensamente deseados por todos los venezolanos de bien. Dentro de esos acontecimientos políticos estaría la inmediata aprobación por nuestro órgano autónomo legítimo, garante de la soberanía del pueblo democrático, la AN, de un instrumento jurídico (el Derecho otra vez, necesariamente…) que rigiera los pasos de la transición a la democracia, con el propósito de restablecer la vigencia de la constitución de Venezuela y el tan anhelado orden constitucional.

Es innegable que dada la fuerza implosiva que institucionalmente a favor de la disidencia y en contra del régimen, tuviese una declaratoria de vacío como la que proponemos con las otras decisiones políticas complementarias y consecuentes que estamos mencionando (asunción del Ejecutivo por el Presidente del Parlamento, declaratoria de un Estatuto para la Transición, acciones institucionales declarativas de recuperación del orden constitucional, etc.,) necesariamente tendría como hilo invisible tejedor de los pedazos de institucionalidad democrática que han sido rotos por el régimen, nada más y nada menos, que la fuerza normativa del aún inexplorado artículo 333 constitucional, el más eficaz fundamento jurídico con el que cuentan los ciudadanos, “investidos o no de autoridad” para salvar el orden constitucional menoscabado.

Sin embargo, es evidente, dada la narrativa desarrollada tanto por el Presidente de la recién designada Junta Directiva de la AN, así como de la discusión llevada a cabo en la sesión parlamentaria donde se trato el tema de la Transición, que el camino que emprenderá el Parlamento Nacional, será a partir de la declaratoria, no de vacancia en la presidencia del ejecutivo, sino de usurpación de funciones que Maduro materializará a partir del 10 de Enero. Esta declaratoria, si bien es el más largo a nuestro entender, no excluye –y aquí lo importante a destacar- la conformación de una importante “alianza de las fuerzas políticas de la oposición” así como de todos los factores sociales que conforman la disidencia venezolana, para contribuir en pactar un Estatuto -que aparentemente se desea darle la formalidad de Ley- para la Transición democrática hacia la Democracia.

A pesar de que aparentemente –a la hora en que se redacta este artículo de opinión- todo denota la existencia de un acuerdo para arribar a el instrumento que norme la transición por un camino que estimamos largo y formalmente poco ágil, considero que es la posibilidad de reunirnos, no como una Unidad -pues para ello es necesario tener valores éticos de significación política común, lo cual es evidente no se comparten en la oposición- pero si como una GRAN ALIANZA POLITICA de factores no coincidente en lo ideológico pero que tal como ocurrió en 1958 con AD, Copei, PCV, URD y otros sectores y grupos en los que se incluyo también significativamente, a un grueso componente de la Fuerzas Armadas Institucionales, pueda tejerse el pacto de la Transición definitiva hacia la libertad.

@PerkinsRocha

Para el historiador italiano, Emilio Gentile, el pueblo soberano es simplemente una retórica constitucional, que se expresa en una democracia que asume al Estado como el escenario, a los gobernantes como los actores protagonistas, y al pueblo soberano como una comparsa ocasional, que solo entra al palco para la escena de elecciones, mientras que el resto del tiempo asiste al espectáculo en calidad de público.

Hace 20 años, un 19 de enero de 1999, dos sentencias de la entonces Corte Suprema de Justicia de Venezuela, abrieron el camino para que, a través de una consulta, el pueblo soberano decidiera sobre la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente como mecanismo para reformar la Constitución de 1961 y lograr el cambio político que en ese momento el país reclamaba.

En 1999, más de seis millones de venezolanos decidieron permanecer como espectadores en esa democracia de la que habla Gentile, a diferencia de otros electores que decidieron “entrar al palco”, participar y opinar sobre la vía constituyente y la reforma constitucional. Esos electores que participaron afirmativamente en las distintas consultas realizadas aquel año 1999, superaron los 3 millones de electores.

Por lo tanto, el silencio de la mayoría y la participación efectiva de una mayoría relativa, flexibilizó el procedimiento formal de reforma constitucional y entramos a un ciclo histórico-político que hoy lleva 20 años.

Aquella solución política, justificada jurídicamente mediante la interpretación de la Constitución y de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política por parte de la Corte Suprema de Justicia –y políticamente soportada mediante la consulta al pueblo soberano– hoy presenta saldos desfavorables, trágicos y lamentables para el pueblo venezolano.

Los venezolanos hemos perdido la República. Nos han confiscado la Constitución y nos han expropiado la soberanía popular. El régimen ha sido exitoso en lograr esos fines, al impedir efectivamente la solicitud por iniciativa popular del referendo revocatorio, al condicionar la participación a través de los órganos del poder popular y al promover la pérdida de confianza en el voto como mecanismo de participación directo, secreto y universal.

¿Seguimos creyendo los venezolanos en el pueblo soberano?

Algunos seguimos confiando en la visión histórica de Emilio Gentile, quien en su obra La mentira del pueblo soberano en la democracia, nos recuerda que en el mundo, el pueblo soberano representa una poderosa creencia colectiva como factor de movimientos y cambios históricos.

Para Gentile, el pueblo soberano es algo real, representa un mito y una suerte de ídolo, cuya existencia real resulta muy difícil de demostrar, pero que “ha impulsado a millones de hombres y mujeres a luchar para realizar la más grande de las empresas humanas: la construcción de una sociedad basada en la dignidad, en la libertad, en la igualdad civil y política de toda persona, sin discriminaciones de etnia, raza, nacionalidad, sexo, religión, condición social”.

Precisamente, reivindicar la creencia en el poder del pueblo soberano representa uno de los desafíos más importantes que impone la inconstitucional juramentación de Nicolás Maduro, supuestamente ante el TSJ, el 10 de enero 2019.

Ese desafío debe encontrar en la Asamblea Nacional, y particularmente en los diputados democráticos, a los principales facilitadores políticos de un proceso que debe conducir a restaurar la soberanía popular y facilitar que la misma pueda ser ejercida en los términos que señala la Constitución de 1999.

Para rescatar efectivamente la creencia en la soberanía popular, resulta importante que la Asamblea Nacional promueva la construcción de una hoja de ruta hacia el cambio político, que sea viable desde el punto de vista constitucional y político, y que tenga la capacidad de orientar al ciudadano para que, ejerciendo la soberanía con libertad, se convierta en actor y no un simple espectador en ese proceso de cambio.

Los artículos 4 y 333 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presentan dos argumentos jurídicos sólidos para recuperar la creencia en el pueblo soberano.

El primer artículo garantiza que la soberanía popular reside en el pueblo, quien la puede ejercer de manera directa, y el segundo artículo mencionado exige de los ciudadanos que, a través de es ejercicio directo de la soberanía, colabore con la restitución de la vigencia de la Constitución.

Por cierto, es oportuno acotar que ese artículo 333 que hoy todos convocamos como argumento jurídico, existía en la Constitución de 1961 y se reconocía como el artículo 250, pero en aquel momento la creencia en la constituyente le restó importancia y se ignoró.

El Plan País y la hoja de ruta que propone la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, representan los únicos elementos que, de manera oportuna, están a disposición de la Asamblea Nacional como guías o referencias útiles para asumir el liderazgo y la conducción de un proceso de cambio político, que le exige recuperar la confianza de sus electores y restituir la creencia en la soberanía popular.

Sin duda alguna, a lo largo de estos años, los venezolanos hemos demostrado el compromiso de asumir la defensa de la Constitución y la democracia, lo que supone no ser público espectador, como dice Gentile, sino, por el contrario, querer ser actor del cambio, para lo cual resulta fundamental la capacidad real de ejercer la soberanía popular de manera directa.

Hasta ahora, la lección aprendida ha sido que la brecha existente entre las expectativas de la sociedad civil organizada y la dirigencia política, no han permitido la articulación y canalización efectiva de esas expectativas, generando grandes frustraciones y desconfianza hacia la representación política.

El libreto de la obra llamada democracia pareciera estar casi listo. La fachada del régimen es insostenible, pareciera que solo queda que la Asamblea Nacional logre terminar la escritura de ese libreto y proceda a coordinar su ejecución.

Para que esa ejecución sea efectiva y exitosa, se requiere de una clara demostración de unidad política, capaz de generar la suficiente confianza en la sociedad civil, que facilite la cohesión social en función de ese cambio político que todos aspiramos, en un marco objetivo y viable, que garantice su sostenibilidad, y que sólo lo puede otorgar en estos momentos la Constitución de 1999.

8 de enero 2018

Politika UCAB

https://politikaucab.net/2019/01/08/el-momento-del-pueblo-soberano/

Micro Análisis

1. El arte de la negociación, de cualquier acuerdo, sociedad, matrimonio consiste en buscar el punto de equilibrio, donde todos se sientan ganadores. Quedan excluidos de este escenario de negociación las exigencias de capitulación, la rendición incondicional, el “todo o nada”.

2. En la guerra, el “todo o nada” sólo es posible cuando se tiene un “poder de fuego” superior al del adversario. Entonces no hace falta negociar nada. Se va por la victoria y punto. Y ese escenario no existe en Venezuela. Ni el gobierno ni la oposición cuentan con ese “poder de fuego” para pulverizar al otro. Es hora que terminen de comprenderlo.

3. Insistir en la capitulación y rendición del gobierno o de la oposición venezolana es una fantasía de políticos que aún no aprenden a contar cañones y a valorar objetivamente sus propias fuerzas.

4. Muchos opositores están dominados por las buenas intenciones pero tienen escasez de destreza y experiencia políticas. Y ni hablar de los que fanfarronean de un poder tangible que carecen y andan exigiendo la rendición del enemigo.

5. La verdad es que en Venezuela todos estamos quebrados, debilitados, agotados y a merced de una crisis devastadora. Esa es la premisa de la cual deben partir todos los actores políticos. Millones de seres humanos están sufriendo en extremo, tanto los que están adentro como los que están afuera del país. Es la segunda premisa.

6. Es hora de comprender que los únicos que pueden desplazar al gobierno de Nicolas Maduro por la vía fáctica son las mismas fuerzas internas del chavismo (especialmente el ala militar), lo cual no es descartable en cualquier momento. Y es a este poder al que más temen en Miraflores. No a una oposición desarticulada y sin capacidad de convocatoria real (por ahora), y con cero poder de fuego.

7. O lo que es lo mismo, todo cambio en Venezuela pasa por el chavismo como un todo más no contra el chavismo como un todo. Los matices juegan. Todo juega en este momento.

8. Por eso, la salida a la crisis pasa por acuerdos, es decir, negociaciones con el chavismo. Y eso ya no lo discute nadie. Hasta quienes se oponen públicamente a las negociaciones no hacen más que pedir a los militares chavistas que intervengan para deponer a Maduro. De ocurrir así, será el resultado de negociaciones. O es que creen ingenuamente que éstos intervendrán sin que medien previos acuerdos no sólo en torno a la justicia transicional sino para el reparto de poderes? Y eso cómo se llama?

9. Entonces, si estos renuentes a las negociaciones están dispuestos a negociar con los militares chavistas (que son, por cierto, los que ejercen el poder real en Venezuela y son los grandes responsables de la destrucción del país) por qué no hacerlo también con los civiles chavistas y terminamos de ponerle punto final a esta confrontación suicida y estúpida que está devastando al país entero, el único país que tenemos (fuera de aquí todos somos extranjeros).

10. Somos millones los que queremos justicia en Venezuela, y los que queremos ver tras las rejas a los culpables de tanta tragedia. Pero en la arena política no sólo juegan las denuncias y los deseos de justicia y libertad sino la acumulación y ejercicio de poderes. Ese es el juego duro y real de la política en la cual estamos involucrados. Y Venezuela es un caso severo de confrontación de poderes políticos.

11. Hay que repetirlo. No son los poemas y las loas a la libertad y la justicia los que definirán el desenlace del conflicto de poderes en Venezuela. Llamar a la guerra tal como lo sugieren algunos también es inútil e irresponsable. Algunos de éstos propiciadores de la guerra de “los otros” están en el exterior bajo resguardo y piden a los venezolanos que estamos adentro que salgamos a matarnos. Eso es picardía y cobardía. Los que quieran presidir gobiernos de transición (son unos cuantos) deben venir a decirlo en Venezuela. Quizás cambien de opinión cuando lleguen.

12. Por eso respeto a María Corina y muchos otros que sí dan la cara dentro de Venezuela, aunque no estemos de acuerdo políticamente. Son valientes y honestos. Pero sus conclusiones están más marcadas por la emociones que por la racionalidad. Y eso, lejos de ayudar, nos hundirá más.

13. Comprendemos a los que están afuera, a su dolor, a su rabia infinita, pero hay que pedirles que tengan paciencia. Todos (políticos, ciudadanos, chavistas, opositores derecha e izquierda) sabremos salir de este atolladero de manera exitosa. No tenemos más camino. Este país no le sirve a nadie como está. Lo contrario será la disolución temporal de la nación. Y eso sí es lo peor. Estamos caminando por el filo de una navaja.

14. El juego corresponde ahora a jugadores aplomados, pragmáticos, con control absoluto de sus emociones y con alta dosis de sabiduría. No es cuestión de edades sino de madurez. Es mucho lo que nos estamos jugando en las próximas horas. Es la hora del aplomo y de la alta política. Una equivocación más, un fracaso más será mortal para el país entero. La frustración, la desesperanza, el odio y el éxodo masivo serían las tendencias dominantes como resultado de una aventura política. A quién lo conviene ese escenario?

Fecha: antes del 10 de enero de 2018.

@JesusSeguias

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La democracia liberal se enfrenta a una doble crisis. Lo que más centra la atención es el consabido problema de los regímenes autoritarios. Pero los nuevos descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos representan un reto mucho más profundo para el ideal básico liberal: la libertad humana.

El liberalismo ha logrado sobrevivir, desde hace siglos, a numerosos demagogos y autócratas que han intentado estrangular la libertad desde fuera. Pero ha tenido escasa experiencia, hasta ahora, con tecnologías capaces de corroer la libertad humana desde dentro.

Para asimilar este nuevo desafío, empecemos por comprender qué significa el liberalismo. En el discurso político occidental, el término “liberal” se usa a menudo con un sentido estrictamente partidista, como lo opuesto a “conservador”. Pero muchos de los denominados conservadores adoptan la visión liberal del mundo en general. El típico votante de Trump habría sido considerado un liberal radical hace un siglo. Haga usted mismo la prueba. ¿Cree que la gente debe elegir a su Gobierno en lugar de obedecer ciegamente a un monarca? ¿Cree que una persona debe elegir su profesión en lugar de pertenecer por nacimiento a una casta? ¿Cree que una persona debe elegir a su cónyuge en lugar de casarse con quien hayan decidido sus padres? Si responde sí a las tres preguntas, enhorabuena, es usted liberal.

El liberalismo defiende la libertad humana porque asume que las personas son entes únicos, distintos a todos los demás animales. A diferencia de las ratas y los monos, el Homo sapiens, en teoría, tiene libre albedrío. Eso es lo que hace que los sentimientos y las decisiones humanas constituyan la máxima autoridad moral y política en el mundo. Por desgracia, el libre albedrío no es una realidad científica. Es un mito que el liberalismo heredó de la teología cristiana. Los teólogos elaboraron la idea del libre albedrío para explicar por qué Dios hace bien cuando castiga a los pecadores por sus malas decisiones y recompensa a los santos por las decisiones acertadas.

Si no tomamos nuestras decisiones con libertad, ¿por qué va Dios a castigarnos o recompensarnos? Según los teólogos, es razonable que lo haga porque nuestras decisiones son el reflejo del libre albedrío de nuestras almas eternas, que son completamente independientes de cualquier limitación física y biológica.

Este mito tiene poca relación con lo que la ciencia nos dice del Homo sapiens y otros animales. Los seres humanos, sin duda, tienen voluntad, pero no es libre. Yo no puedo decidir qué deseos tengo. No decido ser introvertido o extrovertido, tranquilo o inquieto, gay o heterosexual. Los seres humanos toman decisiones, pero nunca son decisiones independientes. Cada una de ellas depende de unas condiciones biológicas y sociales que escapan a mi control. Puedo decidir qué comer, con quién casarme y a quién votar, pero esas decisiones dependen de mis genes, mi bioquímica, mi sexo, mi origen familiar, mi cultura nacional, etcétera; todos ellos, elementos que yo no he elegido.

Esta no es una teoría abstracta, sino que es fácil de observar. Fíjese en la próxima idea que surge en su cerebro. ¿De dónde ha salido? ¿Se le ha ocurrido libremente? Por supuesto que no. Si observa con atención su mente, se dará cuenta de que tiene poco control sobre lo que ocurre en ella y que no decide libremente qué pensar, qué sentir, ni qué querer. ¿Alguna vez le ha pasado que, la noche anterior a un acontecimiento importante, intenta dormir pero le mantiene en vela una serie constante de pensamientos y preocupaciones de lo más irritantes? Si podemos escoger libremente, ¿por qué no podemos detener esa corriente de pensamientos y relajarnos sin más?

Aunque el libre albedrío siempre ha sido un mito, en siglos anteriores fue útil. Infundió valor a quienes lucharon contra la Inquisición, el derecho divino de los reyes, el KGB y el Ku Klux Klan. Y era un mito que tenía pocos costes. En 1776 y en 1939 no era muy grave creer que nuestras convicciones y decisiones eran producto del libre albedrío, y no de la bioquímica y la neurología. Porque en 1776 y en 1939 nadie entendía muy bien la bioquímica, ni la neurología. Ahora, sin embargo, tener fe en el libre albedrío es peligroso. Si los Gobiernos y las empresas logran hackear o piratear el sistema operativo humano, las personas más fáciles de manipular serán aquellas que creen en el libre albedrío.

Para conseguir piratear a los seres humanos, hacen falta tres cosas: sólidos conocimientos de biología, muchos datos y una gran capacidad informática. La Inquisición y el KGB nunca lograron penetrar en los seres humanos porque carecían de esos conocimientos de biología, de ese arsenal de datos y esa capacidad informática. Ahora, en cambio, es posible que tanto las empresas como los Gobiernos cuenten pronto con todo ello y, cuando logren piratearnos, no solo podrán predecir nuestras decisiones, sino también manipular nuestros sentimientos.

Quien crea en el relato liberal tradicional tendrá la tentación de restar importancia a este problema. “No, nunca va a pasar eso. Nadie conseguirá jamás piratear el espíritu humano porque contiene algo que va más allá de los genes, las neuronas y los algoritmos. Nadie puede predecir ni manipular mis decisiones porque mis decisiones son el reflejo de mi libre albedrío”. Por desgracia, ignorar el problema no va a hacer que desaparezca. Solo sirve para que seamos más vulnerables.

Una fe ingenua en el libre albedrío nos ciega. Cuando una persona escoge algo —un producto, una carrera, una pareja, un político—, se dice que está escogiéndolo por su libre albedrío. Y ya no hay más que hablar. No hay ningún motivo para sentir curiosidad por lo que ocurre en su interior, por las fuerzas que verdaderamente le han conducido a tomar esa decisión.

Todo arranca con detalles sencillos. Mientras alguien navega por Internet, le llama la atención un titular: “Una banda de inmigrantes viola a las mujeres locales”. Pincha en él. Al mismo tiempo, su vecina también está navegando por la Red y ve un titular diferente: “Trump prepara un ataque nuclear contra Irán”. Pincha en él. En realidad, los dos titulares son noticias falsas, quizá generadas por troles rusos, o por un sitio web deseoso de captar más tráfico para mejorar sus ingresos por publicidad. Tanto la primera persona como su vecina creen que han pinchado en esos titulares por su libre albedrío. Pero, en realidad, las han hackeado.

La propaganda y la manipulación no son ninguna novedad, desde luego. Antes actuaban mediante bombardeos masivos; hoy, son, cada vez más, munición de alta precisión contra objetivos escogidos. Cuando Hitler pronunciaba un discurso en la radio, apuntaba al mínimo común denominador porque no podía construir un mensaje a medida para cada una de las debilidades concretas de cada cerebro. Ahora sí es posible hacerlo. Un algoritmo puede decir si alguien ya está predispuesto contra los inmigrantes, y si su vecina ya detesta a Trump, de tal forma que el primero ve un titular y la segunda, en cambio, otro completamente distinto. Algunas de las mentes más brillantes del mundo llevan años investigando cómo piratear el cerebro humano para hacer que pinchemos en determinados anuncios y así vendernos cosas. El mejor método es pulsar los botones del miedo, el odio o la codicia que llevamos dentro. Y ese método ha empezado a utilizarse ahora para vendernos políticos e ideologías.

Y este no es más que el principio. Por ahora, los piratas se limitan a analizar señales externas: los productos que compramos, los lugares que visitamos, las palabras que buscamos en Internet. Pero, de aquí a unos años, los sensores biométricos podrían proporcionar acceso directo a nuestra realidad interior y saber qué sucede en nuestro corazón. No el corazón metafórico tan querido de las fantasías liberales, sino el músculo que bombea y regula nuestra presión sanguínea y gran parte de nuestra actividad cerebral. Entonces, los piratas podrían correlacionar el ritmo cardiaco con los datos de la tarjeta de crédito y la presión sanguínea con el historial de búsquedas. ¿De qué habrían sido capaces la Inquisición y el KGB con unas pulseras biométricas que vigilen constantemente nuestro ánimo y nuestros afectos? Por desgracia, da la impresión de que pronto sabremos la respuesta.

El liberalismo ha desarrollado un impresionante arsenal de argumentos e instituciones para defender las libertades individuales contra ataques externos de Gobiernos represores y religiones intolerantes, pero no está preparado para una situación en la que la libertad individual se socava desde dentro y en la que, de hecho, los conceptos “libertad” e “individual” ya no tienen mucho sentido. Para sobrevivir y prosperar en el siglo XXI, necesitamos dejar atrás la ingenua visión de los seres humanos como individuos libres —una concepción herencia a partes iguales de la teología cristiana y de la Ilustración— y aceptar lo que, en realidad, somos los seres humanos: unos animales pirateables. Necesitamos conocernos mejor a nosotros mismos.

Códigos defectuosos

Este consejo no es nuevo, por supuesto. Desde la Antigüedad, los sabios y los santos no han dejado de decir “conócete a ti mismo”. Pero en tiempos de Sócrates, Buda y Confucio, uno no tenía competencia en esta búsqueda. Si uno no se conocía a sí mismo, seguía siendo una caja negra para el resto de la humanidad. Ahora, en cambio, sí hay competencia. Mientras usted lee estas líneas, los Gobiernos y las empresas están trabajando para piratearle. Si consiguen conocerle mejor de lo que usted se conoce a sí mismo, podrán venderle todo lo que quieran, ya sea un producto o un político.

Es especialmente importante conocer nuestros puntos débiles porque son las principales herramientas de quienes intentan piratearnos. Los ordenadores se piratean a través de líneas de código defectuosas preexistentes. Los seres humanos, a través de miedos, odios, prejuicios y deseos preexistentes. Los piratas no pueden crear miedo ni odio de la nada. Pero, cuando descubren lo que una persona ya teme y odia, tienen fácil apretar las tuercas emocionales correspondientes y provocar una furia aún mayor.

Si no podemos llegar a conocernos a nosotros mismos mediante nuestros propios esfuerzos, tal vez la misma tecnología que utilizan los piratas pueda servir para proteger a la gente. Así como el ordenador tiene un antivirus que le preserva frente al software malicioso, quizá necesitamos un antivirus para el cerebro. Ese ayudante artificial aprenderá con la experiencia cuál es la debilidad particular de una persona —los vídeos de gatos o las irritantes noticias sobre Trump— y podrá bloquearlos para defendernos.

No obstante, todo esto no es más que un aspecto marginal. Si los seres humanos son animales pirateables, y si nuestras decisiones y opiniones no son reflejo de nuestro libre albedrío, ¿para qué sirve la política? Durante 300 años, los ideales liberales inspiraron un proyecto político que pretendía dar al mayor número posible de gente la capacidad de perseguir sus sueños y de hacer realidad sus deseos. Estamos cada vez más cerca de alcanzar ese objetivo, pero también de darnos cuenta de que, en realidad, es un engaño. Las mismas tecnologías que hemos inventado para ayudar a las personas a perseguir sus sueños permiten rediseñarlos. Así que ¿cómo confiar en ninguno de mis sueños?

Es posible que este descubrimiento otorgue a los seres humanos un tipo de libertad completamente nuevo. Hasta ahora, nos identificábamos firmemente con nuestros deseos y buscábamos la libertad necesaria para cumplirlos. Cuando surgía una idea en nuestra cabeza, nos apresurábamos a obedecerla. Pasábamos el tiempo corriendo como locos, espoleados, subidos a una furibunda montaña rusa de pensamientos, sentimientos y deseos, que hemos creído, erróneamente, que representaban nuestro libre albedrío. ¿Qué sucederá si dejamos de identificarnos con esa montaña rusa? ¿Qué sucederá cuando observemos con cuidado la próxima idea que surja en nuestra mente y nos preguntemos de dónde ha venido?

A veces la gente piensa que, si renunciamos al libre albedrío, nos volveremos completamente apáticos, nos acurrucaremos en un rincón y nos dejaremos morir de hambre. La verdad es que renunciar a este engaño puede despertar una profunda curiosidad. Mientras nos identifiquemos firmemente con cualquier pensamiento y deseo que surja en nuestra mente, no necesitamos hacer grandes esfuerzos para conocernos. Pensamos que ya sabemos de sobra quiénes somos. Sin embargo, cuando uno se da cuenta de que “estos pensamientos no son míos, no son más que ciertas vibraciones bioquímicas”, comprende también que no tiene ni idea de quién ni de qué es. Y ese puede ser el principio de la aventura de exploración más apasionante que uno pueda emprender.

Filosofía práctica

Poner en duda el libre albedrío y explorar la verdadera naturaleza de la humanidad no es algo nuevo. Los humanos hemos mantenido este debate miles de veces. Salvo que antes no disponíamos de la tecnología. Y la tecnología lo cambia todo. Antiguos problemas filosóficos se convierten ahora en problemas prácticos de ingeniería y política. Y, si bien los filósofos son gente muy paciente —pueden discutir sobre un tema durante 3.000 años sin llegar a ninguna conclusión—, los ingenieros no lo son tanto. Y los políticos son los menos pacientes de todos.

¿Cómo funciona la democracia liberal en una era en la que los Gobiernos y las empresas pueden piratear a los seres humanos? ¿Dónde quedan afirmaciones como que “el votante sabe lo que conviene” y “el cliente siempre tiene razón”? ¿Cómo vivir cuando comprendemos que somos animales pirateables, que nuestro corazón puede ser un agente del Gobierno, que nuestra amígdala puede estar trabajando para Putin y la próxima idea que se nos ocurra perfectamente puede no ser consecuencia del libre albedrío sino de un algoritmo que nos conoce mejor que nosotros mismos? Estas son las preguntas más interesantes que debe afrontar la humanidad.

Por desgracia, no son preguntas que suela hacerse la mayoría de la gente. En lugar de investigar lo que nos aguarda más allá del espejismo del libre albedrío, la gente está retrocediendo en todo el mundo para refugiarse en ilusiones aún más remotas. En vez de enfrentarse al reto de la inteligencia artificial y la bioingeniería, la gente recurre a fantasías religiosas y nacionalistas que están todavía más alejadas que el liberalismo de las realidades científicas de nuestro tiempo. Lo que se nos ofrece, en lugar de nuevos modelos políticos, son restos reempaquetados del siglo XX o incluso de la Edad Media.

Cuando uno intenta entregarse a estas fantasías nostálgicas, acaba debatiendo sobre la veracidad de la Biblia y el carácter sagrado de la nación (especialmente si, como yo, vive en un país como Israel). Para un estudioso, esto es decepcionante. Discutir sobre la Biblia era muy moderno en la época de Voltaire, y debatir los méritos del nacionalismo era filosofía de vanguardia hace un siglo, pero hoy parece una terrible pérdida de tiempo. La inteligencia artificial y la bioingeniería están a punto de cambiar el curso de la evolución, nada menos, y no tenemos más que unas cuantas décadas para decidir qué hacemos. No sé de dónde saldrán las respuestas, pero seguramente no será de relatos de hace 2.000 años, cuando se sabía poco de genética y menos de ordenadores.

¿Qué hacer? Supongo que necesitamos luchar en dos frentes simultáneos. Debemos defender la democracia liberal no solo porque ha demostrado que es una forma de gobierno más benigna que cualquier otra alternativa, sino también porque es lo que menos restringe el debate sobre el futuro de la humanidad. Pero, al mismo tiempo, debemos poner en tela de juicio las hipótesis tradicionales del liberalismo y desarrollar un nuevo proyecto político más acorde con las realidades científicas y las capacidades tecnológicas del siglo XXI.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

El País

5 de enero 2019

https://elpais.com/internacional/2019/01/04/actualidad/1546602935_606381.html

Una mirada al discurso de Juan Guaidó como Presidente de la AN para la gestión parlamentaria del 2019.

1. Los compromisos que en concreto asumió el nuevo Presidente de la AN.

Juan Guaidó, en sus palabras como nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, asumió dos compromisos concretos:

El primero de esos compromisos tiene que ver con su papel como Presidente del Parlamento, en tal sentido planteó:

“Ejercer la Presidencia de la Asamblea Nacional como el espacio de articulación, encuentro y unificación de todas las fuerzas democráticas, dentro y fuera de Venezuela, para lograr el cambio.”

Cuando Guaidó habla de la unificación de las fuerzas democráticas, aclara que no se refiere solamente a la Unidad de los partidos, si no a la Unidad Superior contra la dictadura, que incluye: liderazgos políticos y de la disidencia interna al régimen, de la sociedad civil, venezolanos en el exterior y de los venezolanos en uniforme que sirven en nuestra Fuerza Armada Nacional y demás instituciones del Estado.

El segundo compromiso que se puede identificar en las palabras de posesión de Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional por el año 2019, está enfocada hacia el papel de la Asamblea Nacional como actor político en estos momentos históricos.

Guaidó propuso un Parlamento que sea la representación efectiva del Estado, como consecuencia de ser el “único poder en pie producto de la elección popular reconocido nacional e internacionalmente.”

Esos dos compromisos, encuentran a su favor, según Guaidó, la existencia de una Asamblea Nacional que a lo largo de estos años ha logrado consolidar una unión necesaria para resistir y mantener sus puertas abiertas.

Pero la realidad histórica, exige del nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, de su junta directiva y de todos los parlamentarios del sector democrático, un esfuerzo mayor de resistencia que supone ir más allá de la responsabilidad de mantener las puertas abiertas del Parlamento venezolano.

1. Una realidad que sólo puede calificarse de dictadura.

Por años muchos actores sociales habían reclamado de la dirigencia política una clara calificación del modelo político, social y económico que el régimen quiere imponer, en tal sentido, Guaidó en su discurso fue claro y enfático al señalar que este régimen debe ser asumido como una Dictadura, sin disimulo y sin filtros, agregó el nuevo Presidente de la Asamblea Nacional.

Además, advirtió que esa Dictadura se presenta como un modelo opresor y miserable, caracterizado por:

-Obligarnos a depender de una caja CLAP.

-Unas instituciones y funcionarios que operan en función de la corrupción.

-Un pueblo cuyo salario es destruido por la hiperinflación que no han podido frenar;

-Un sistema que no solo saqueó PDVSA, sino destruyó su capacidad productiva y la de toda la industria venezolana;

-Un sistema del cual solo se benefician cinco envilecidos ladrones a costa de la destrucción y el empobrecimiento de aquel país de oportunidades donde crecimos todos.

Guaidó reclamó en su discurso la traición al pueblo y a las banderas de la justicia social, la inclusión, la igualdad y la lucha contra la corrupción, por parte de quienes a lo largo de estos 20 años han dirigido al país a través de un sólo partido y en el marco de una de las más grandes bonanzas económicas de toda nuestra historia.

En tal sentido, de manera muy clara, denunció que el único responsable de toda esa situación es Nicolás Maduro, quien además, denunció Guaidó, ahora pretende ejercer de facto su poder.

Así mismo, Juan Guaidó, denunció que Maduro es también responsable directo del desmantelamiento del Estado de Derecho, que destacó, no es un invento de leguleyos, sino que por el contrario, recordó que es “el piso que debería permitirle a cada venezolano defender su vida, su trabajo, sus ideas y decidir su destino.”

Ese desmantelamiento del Estado de Derecho, representa para Guaidó la única respuesta del gobierno ante un país que no ha querido doblar su espíritu.

El nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, de manera categórica advirtió que “Maduro no le garantiza a nadie estar a salvo, ni de la persecución, ni del hambre. Lo que garantiza protección, es el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos”, que el régimen ha violado sistemáticamente.

En ese sentido, aseguró Guaidó que a diferencia de Maduro y sus colaboradores, la dirigencia política democrática, quiere y aspira la protección de todos los venezolanos sin distingo, porque se cree en la vida, en el sistema republicano y en la paz.

Por último en ese diagnóstico de la realidad, Juan Guaidó, aseguró que Venezuela no ha caído en los chantajes del régimen y en tal sentido, recordó que el 20 de mayo 2018, hubo un acto de desobediencia civil al no participar en la farsa electoral que nos intentaron imponer, reflexión ésta que sin duda tiene y tendrá distintas lecturas.

1. La solución debe encontrarse en la Constitución y con la participación de todos los sectores.

En el discurso de Juan Guaidó como nuevo Presidente de la Asamblea Nacional para la gestión parlamentaria del año 2019, reconoció que la solución a la crisis del país, exige “lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro y conformar un Gobierno de Transición que, con el respaldo del pueblo, la comunidad internacional y la fuerza armada, convoque elecciones libres y atienda la emergencia humanitaria de manera inmediata.”

La crisis venezolana, advirtió Guaidó, es de naturaleza política, pero su solución está condicionada al restablecimiento pleno del orden constitucional, que permita reestablecer el Estado Derecho y proceder a elegir a un nuevo presidente en elecciones libres, justas y transparentes.

El Parlamento, reconoció Guaidó, tiene una deuda pendiente con los venezolanos, pues en el pasado reciente generaron grandes expectativas que no lograron satisfacer, bien por omisión o por error, por lo que comprende claramente el derecho de los electores a ser críticos y a formular reclamos.

En tal sentido, expresó su convicción en buscar la unificación de todas las fuerzas democráticas dentro y fuera del país, porque así se podrá alcanzar mejores resultados.

Sobre la restitución del orden constitucional, advirtió, que la aplicación efectiva del texto constitucional, no depende exclusivamente de la voluntad y menos aún de la decisión del Poder Legislativo, por el contrario, está condicionada a la capacidad de todos de crear una fuerza que permita hacerla cumplir. A tal fin, alerta, que es necesario que las decisiones de la Asamblea Nacional cuenten con la expresión simultánea del respaldo popular, político, militar e internacional para conseguir el cese de la usurpación y garantizar la realización de nuevas elecciones presidenciales libres.

Como complemento a ese llamado para la participación de todos, Guaidó reconoció, que ya la comunidad internacional en el Grupo de Lima, y en otras instancias, ha respondido al llamado que se le ha hecho desde Venezuela y a través de distintos actores políticos, con ello llamó a la reflexión sobre los desafíos que tenemos como sociedad, los cuales deben ser abordados por nosotros mismos.

1. Una hoja de ruta plantea el Presidente de la AN:

El Presidente de la Asamblea Nacional, planteó en su discurso una hoja de ruta, que además, ha sido distribuida por redes, pero que sin duda necesita mayor divulgación y compromiso para lograr una cohesión efectiva sobre la hoja de ruta hacia el cambio político.

Esa hoja de ruta propuesta es:

1. Reafirmar la ilegitimidad y desconocimiento de Nicolás Maduro, así como la declaratoria de usurpación del cargo de la Presidencia de la República.

2. Asumir, como único Poder legítimo electo por los venezolanos, la representación del pueblo y de Venezuela ante la comunidad internacional, para defender y resguardar los intereses, derechos y patrimonio del pueblo y Estado, dentro y fuera de Venezuela, mientras dura la usurpación.

3. Crear un órgano de transición para la restitución del orden constitucional, la lucha contra la usurpación y la coordinación de las autoridades legítimas, la sociedad civil y la Fuerza Armada Nacional.

4. Retomar el proceso de renovación y designación de los poderes usurpados.

5. Promover la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias y organismos internacionales para impulsar la cooperación humanitaria y la restitución del orden constitucional.

6. Autorizar la ayuda humanitaria y asumir la interlocución directa con países que han comunicado su intención de apoyar en esta materia, para superar los bloqueos impuestos por este régimen miserable. porque no es otro que este régimen el que le ha negado a los venezolanos la asistencia que tantos han ofrecido.

7. Crear el fondo para la recuperación de activos provenientes de la corrupción, para que el dinero saqueado, que actualmente está siendo incautado en el exterior, pueda ser congelado y devuelto al pueblo cuando cese la usurpación.

8. Aprobar la agenda legislativa para la transición, que incluya el conjunto de leyes que definan el marco jurídico para la recuperación institucional, económica y social de nuestro país.

Los puntos 1, 2, 3 y 8, son acciones muy claras, viables e inmediatas, que sólo depende de la voluntad política de los parlamentarios, y su concreción, sería la mejor demostración de esa unidad necesaria a la que se refirió Juan Guaidó en su primer discurso como Presidente de la Asamblea Nacional.

Los demás puntos, exigen mayor detenimiento, estrategia política y por supuesto, no son inmediatos, pues su consecución depende de muchos otros factores.

1. Un mensaje a la Comunidad internacional.

A los miembros de de la comunidad internacional, Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional, les recordó que hoy “es imposible decir que el régimen tenga intención alguna de rectificación ..... Simplemente juegan con el tiempo y con medias verdades para hacer ver ante sus acreedores y prestamistas que quieren buscar una solución a la crisis, mientras de manera desesperada se alían con grupos irregulares que han cruzado nuestra frontera.”

Tanto a la comunidad internacional, como a la sociedad venezolana, en particular a quienes aún son seguidores del régimen, Guaidó les recordó que si Maduro quisiera una solución, pues el Parlamento está ahí y ha estado siempre, denunciando que los curules del sector oficialista han estado vacíos todo el año, con lo cual han demostrado que es el oficialismo quienes han abandonado la “posibilidad de entendimiento en el espacio natural de diálogo de cualquier país, su parlamento.”

1. El reto que se presenta en el 2019.

Juan Guaidó calificó como un reto inédito, el hecho de iniciar el año 2019 con un periodo constitucional sin un Presidente. En consecuencia, llamó a enfrentar esa realidad con la responsabilidad de conducir el destino de la nación y asumir la representación del Estado, reconociéndose a la Asamblea Nacional como el único poder en pie producto de la elección popular reconocido nacional e internacionalmente.

Advirtió Guadió que la salida no debe ser una concesión, por el contrario debe ser una exigencia y obligación que venga del pueblo, la comunidad internacional, de su soporte político y de la Fuerza Armada Nacional.

El reto, afirmó Guaidó se asume, con el pueblo, pero para ello, reconoce es fundamental que haya el respaldo a la Asamblea Nacional.

“La libertad de nuestro país sólo podrá alcanzarse si superamos la desesperanza, y retomamos la organización política y social para la movilización y protesta masiva, firme y decidida en todo en el territorio nacional”.

Por último una frase que considero oportuna, que complementa el llamado que ha hecho Juan Guaidó a los electores venezolanos y que reconoce el papel que ha jugado la sociedad venezolana hasta el momento por restaurar el orden constitucional y democrático en Venezuela:

“El pueblo lo ha dado todo porque los venezolanos queremos ser dueños de nuestro propio destino. Y por eso vale la pena luchar.”

Según Guaidó, el “país que no ha querido doblar su espíritu”, es el momento de organizarnos, responder en unidad y demostrar que nuestro espíritu democrático no se negocia y que mantenemos la creencia en un pueblo que es capaz de recuperar la soberanía popular a través de sus acciones y como mandato del artículo 4 y 333 de la Constitución de 1999.

6 de enero 2019

Fuente:

Tal cual digital. Este fue el discurso de Juan Guaidó al asumir la Presidencia de la Asamblea Nacional. 5 de enero 2019. Online en: http://talcualdigital.com/index.php/2019/01/05/este-fue-el-discurso-de-j...

Basta de majaderías, de descalificaciones mutuas y de creerse dueños de la verdad. Estamos en dictadura por culpa de muchos ciudadanos sin formación cívica y por crisis de dirigentes. Lo que procede es rectificar, lo cual requiere reconocer que no existe una solución fácil. Con las excepciones del caso, nuestros dirigentes han enfrentado al régimen y la sociedad civil ha luchado incansablemente en las calles. Prueba de ello son los civiles y militares presos o exiliados. Sin desconocer errores, salir de un totalitarismo de izquierda es difícil cuando no existe unidad entre los demócratas y proliferan las difamaciones.

Quizá el principal problema de la oposición es que tanto políticos, como ciudadanos del resto de la sociedad civil, no entienden que dentro de la unidad es posible disentir, siempre que no sean diferencias en contra de principios y valores. La unidad de la oposición no sería imprescindible si nuestros partidos políticos democráticos o grupos de la sociedad civil estuviesen identificados con los ciudadanos y contaran con líderes con gran arraigo popular. Es decir, que un grupo mayoritario de venezolanos tenga confianza en lo que predican tanto para salir de la dictadura, como para recuperar al país. Lamentablemente, las encuestas reflejan que ninguno logra aceptación de cierta importancia. Por ello es importante la unión.

Hay que reconocer que la gran mayoría está dando la pelea. El tiempo demostró que no eran ciertas las acusaciones de “colaboracionismo”. Desde luego con algunas excepciones conocidas. Los casos de Arias Cárdenas, Herman Escarrá, Ricardo Sánchez y William Ojeda, entre otros, contribuyeron a que prive la desconfianza entre los ciudadanos. También la conducta de un Heliodoro Quintero, de Juan Carlos Caldera y de Timoteo Zambrano. Posiciones como la de Henry Falcón, quien se presentó como candidato en la farsa electoral de mayo, quizá más para promoverse que por colaboracionista, no ayuda a crear confianza Tampoco el artículo de Luis Fuenmayor Toro, quien se refiere al “sabotaje petrolero”, haciendo comparsa con Rafael Ramírez; que critique ese paro cívico al que se sumaron los petroleros podría ser respetable, pero que lo tilde de sabotaje es repudiable. Pareciera que en su izquierdismo los paros y huelgas no son válidos cuando el gobierno es de extrema izquierda. Hoy las esperanzas están cifradas en la Asamblea Nacional, la cual es la representante de los venezolanos. Tenemos que darle un voto de confianza. El discurso del joven Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea, fue excelente. Los diputados tendrán que decidir los pasos siguientes.

La salida del dictador tiene que trabajarse políticamente. En nada contribuyen posiciones extremas que dificultan acuerdos. Tampoco es constructivo negar la posibilidad de negociaciones, siempre y cuando los nuestros no claudiquen ante lo fundamental que es la salida de Maduro. Lo demás cambiaría por inercia. Durante la guerra de Vietnam las partes negociaban y se echaban plomo ¿Qué podremos ofrecer a cambio? Respeto para quienes no hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos y libertad de participación política del PSUV. Los casos de corrupción deberán ser investigados por fiscales independientes.

Como nuestra oferta potencial puede no ser suficientemente atractiva, será necesario profundizar la crisis con protestas generalizadas que culminen en una huelga general. Sin duda la posición del Grupo de Lima, de la Unión Europea y de Almagro, así como las sanciones a funcionarios son una importante contribución a la salida del régimen. Debemos agradecerlas y apoyarlas. Para muchos de nosotros Maduro nunca ha sido un presidente legítimo, pero para el mundo y para la Fuerza Armada a partir de 10 de enero no debe caber duda de su ilegitimidad. La oposición unida, con apoyo popular y de los países democráticos lograrán el cambio.

Como (había) en botica:

Se constituyó el Consejo Exterior de la Venezuela Libre como “instancia política para articular y coordinar el esfuerzo de los venezolanos en el exterior con el trabajo de la resistencia interior en Venezuela, para promover dentro del marco constitucional el restablecimiento de la libertad y la democracia…”. El grupo que tomó la iniciativa “acordará mecanismos para la incorporación de organizaciones y personas, teniendo siempre una visión amplia que reconozca los aportes de las distintas organizaciones que operan desde la diáspora, el exilio o el destierro, y que han actuado con patriotismo y dedicación durante estos 20 años de ignominia”. El que alguien difiera en algunos puntos no debería ser motivo para no participar. La idea es que abarque gran amplitud de pensamientos.

Lamentamos el fallecimiento del padre Armando Janssen, sacerdote belga que realizó una gran labor social en nuestro país.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com