El plan de recuperación económica de Nicolás Maduro fracasará. Puede funcionar con algunas modificaciones y añadidos, como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una reestructuración de la deuda externa para obtener financiamiento, pero esto requiere de un acuerdo entre el gobierno, la oposición y la comunidad internacional. Pero ello es difícil que suceda con Maduro en la presidencia, se requiere un presidente competente para ello. Este es el planteamiento de la Revista The Economist en un artículo reciente. Esta revista es muy prestigiosa y tiene mucha influencia, en particular en el liderazgo europeo. Debido a ello insertamos a continuación una traducción libre que hicimos del artículo en cuestión.

“El realismo mágico de Nicolás Maduro”

Nicolás Maduro lo llamó una impresionante fórmula mágica. Su paquetazo rojo consistió en una nueva moneda que le quitó cinco ceros al depreciado bolívar, un fuerte incremento de las gasolina y un incremento del 3.000% en el salario mínimo. Olvidemos la magia. La fórmula del presidente, aun con algunas dosis de realismo, fracasará en su propósito de rescatar a los venezolanos de la agonía económica. Venezuela tiene el peor comportamiento de una economía en países que no atraviesan por un conflicto bélico. El PIB cayó más de un tercio entre el 2013 y el 2017. La inflación podría sobrepasar el millón por ciento este año de acuerdo al FMI. El país con las más grandes reservas de petróleo no puede importar suficientes alimentos y medicinas. Los cortes de agua y luz agobian a las ciudades. Más de 2 millones de venezolanos han abandonado el país, perturbando a los países vecinos.

Maduro dice que ello es culpa del “Imperio” que ha desatado una guerra económica sobre Venezuela. De hecho la catástrofe es causada por el alocado modelo socialista introducido por Hugo Chávez y continuado por Maduro, después de la muerte de Chávez en 2013. Las expropiaciones y el control de precios han debilitado a las empresas privadas y deprimido la producción. La corrupción ha subvertido al Estado. La caótica administración de PDVSA, la compañía estatal de petróleo, ha ocasionado la caída de la producción de petróleo a la mitad desde el 2014. Así como el régimen ha asfixiado la democracia, manipulando las elecciones y gobernando sin tomar en cuenta a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, de igual forma ha estrangulado la economía.

Tardíamente, Maduro ha reconocido la necesidad de un cambio de rumbo. Ha admitido por primera vez que la hiperinflación es causada por la desenfrenada creación de dinero para financiar el déficit público, el cual excede el 30% del PIB este año, de acuerdo al FMI. Su paquetazo devaluó la moneda de 250.000 bolívares viejos por dólar, disponible para unos pocos privilegiados, a la tasa dominante en el mercado paralelo de 6 millones. Pero Maduro ha establecido las bases para el fracaso de su plan. El nuevo bolívar soberano está supuestamente anclado al petro, una nueva unidad de cuenta que está ostensiblemente respaldada por las reservas de petróleo. Pero en la medida que nadie conoce cómo trabajará el petro y nada enlaza la nueva moneda al mismo, esta ancla inspira poca confianza. En la práctica el régimen continuará imprimiendo tanto dinero como desee. El compromiso de eliminar el déficit fiscal pierde credibilidad por la excepción impositiva concedida a PDVSA y la elevación del salario mínimo. Esto catapultará el gasto salarial gubernamental, incentivará aun más la inflación y contribuirá al quiebre de empresas. Existen rumores de que se acentuará el control de precios lo cual desestimulará aun más la producción.

Con alguna otra persona en el cargo Venezuela podría tener algún chance. Un presidente competente podría mantener parte de la terapia de Maduro, como la devaluación y añadir algún otro remedio. Levantar el control de precios y conceder mayor seguridad jurídica a las empresas. Darle mayor autonomía al Banco Central para fortalecer el bolívar o dolarizar la economía. Venezuela ganaría credibilidad externa y soporte financiero negociando un programa de ajuste con el FMI, lo cual podría establecer las bases para iniciar una negociación seria para reestructurar la deuda externa. Todo esto necesitará la cooperación de la oposición y de la comunidad internacional. Esto es difícil que suceda con Maduro en la presidencia. Venezuela necesita una reforma real, no magia.

Referencia: The Economist. 2018. Nicolás Maduro magical thinking. 23 de agosto, 2018.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

Hagamos una breve reflexión sobre la crisis societaria actual que padece Venezuela; extraigo algunas ideas del libro titulado How Democracies Die (Cómo mueren las democracias) que describe los caminos institucionales a través de los cuales las democracias pueden colapsar.

Sostiene uno de sus autores, Steven Levitsky, profesor en Harvard, que las democracias no solo colapsan al ruido de golpes militares. De hecho, lo común hoy en día es que el colapso de las democracias sea resultado de un proceso gradual, a veces silencioso en el cual las propias instituciones de la democracia son empleadas para desmantelarlas y así imponer un régimen dictatorial. Las democracia mueren, entonces, en manos de las propias instituciones llamadas a protegerlas, sobre todo cuando permiten la elección de un líder populista que, una vez en el poder subvierte los controles de la democracia liberal e incluso la participativa y protagónica para imponer un régimen autocrático.

Destaco tres lecciones que se desprenden de la crisis venezolana. La primera, y más importante de todas, es que la consolidación democrática no es una situación inmodificable. En realidad, ninguna democracia puede darse por sentada. Venezuela tenía una democracia real que colapsó; la segunda lección es que las crisis económicas sostenidas pueden derivar en grave crisis de la democracia. La Venezuela de hoy es un ejemplo paradigmático de esta lección, por eso Levitsky deja caer esta sentencia lapidaria: la democracia en Venezuela está muerta. La tercera y última lección es que es importante tomar en cuenta cómo los mecanismos instrumentados para consolidar la democracia pueden ser un arma de doble filo. Así, el pacto de Punto Fijo, duramente cuestionado por el chavismo, fue un instrumento indispensable para consolidar la democracia, y así produjo importantes beneficios. Pero a la vez, este pacto actuó como un arma de doble filo pues en el largo plazo el pacto derivó en severas limitaciones del ejercicio realmente democrático, la participación popular, la equidad y la justicia. La partidocracia se había impuesto sobre la democracia de partidos. El Pacto de Punto Fijo se había agotado.

Tras la muerte de Chávez subió al poder Nicolás Maduro, quien desde sus inicios mostró incapacidad para ejercer un buen gobierno como lo muestra bien la carta de renuncia del entonces poderoso ministro Jorge Giordani, titulada “Testimonio y responsabilidad ante la historia”, de fecha 18/06/2014. (https://www.aporrea.org/ideologia/a190011.html). Los puntos centrales que esgrime Giordani son: que Maduro no continúa los procesos de desarrollo político y social diseñados por Chávez, que no tiene capacidad administrativa ni es un hombre de Estado, que carece de liderazgo político y que ha permitido una gran corrupción a través de Cadivi.

Yo me quedo perplejo al ver cómo una crisis económica tan profunda, que ha reducido en casi 40% el ingreso per cápita de los venezolanos en 5 años, no haya significado un cambio político. Ciertamente la oposición que había acertado en las elecciones parlamentarias del 2015, no percibió que tanto Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como Nicolás Maduro podían actuar descaradamente. En efecto Cabello, en una sesión de la AN celebrada el 23 de diciembre de 2015 nombró ilegítimamente un Tribunal Supremo de Justicia completamente oficialista; ese tribunal, mediante sentencia cautelar, del 30 de diciembre de 2015, suspendió la investidura de los Diputados del Estado Amazonas, 4 en total, de los cuales 3 de la oposición, con lo cual le quitó la mayoría calificada de 112 votos.

Desde entonces la conducta abiertamente autoritaria de Maduro, destruyó la Asamblea Nacional, al quitarle sus atribuciones y transferirlas al TSJ rompiendo el Orden Constitucional, denunciado tardíamente por la Fiscal Luisa Ortega Díaz, cerró las vías democráticas lo que ha debido llevar su régimen al colapso. Más aún, convocó, contra lo pautado en la Constitución, en mayo de 2017, a una Asamblea Nacional Constituyente, con bases comiciales fascistas; la Carta Magna es bien explícita: el presidente está facultado para iniciar el proceso, mas no para convocarlo, pues eso es atributo inalienable del pueblo, donde reside la soberanía. Debía hacerse un referéndum consultivo vinculante, como en 1999.

Pero eso no sucedió, por eso es para mí una sorpresa que Maduro subsista tanto tiempo en medio de una severa crisis humanitaria y sin apoyo político. Creo que la sobrevivencia de Maduro y su régimen se deben al apoyo inconstitucional e incondicional del Alto Mando Militar, quienes son los verdaderos dueños del poder, tanto político como económico. En efecto, más del 70% de los cargos públicos importantes están en manos de militares, incluida ahora PDVSA donde el Mayor General de la GN Manuel Quevedo, ajeno por completo a la industria, ejerce una verdadera dictadura interior. Bajo su corto mandato la producción de PDVSA cayó de 2 millones de b/d a 1 millón 250 mil de b/d, una verdadera catástrofe pues la divisas indispensables para el funcionamiento de la economía, han caído a pesar de que los precios del petróleo se incrementaron en 11% en 2017.

¿Qué hacer? No tengo respuesta. Veo a una oposición, no sólo carente de liderazgo y de propuestas, sino con conflictos en su propio interior y alejada de la real crisis humanitaria que padece la inmensa mayoría de los venezolanos. Doy un solo dato: de acuerdo con la pirámide de edad y sexo, de UNICEF, en Venezuela hay 6 millones de niños y niñas, entre cero y nueve años entre los cuales el 16,4 % es calificado de desnutrición severa por organizaciones tan creíbles como la Fundación Bengoa y Cáritas; hablamos de poco más de 1 millón de niños y niñas, que sufrirán daños irreversibles en su desarrollo corporal y mental.

Unas palabras finales. Venezuela es, políticamente, una insólita paradoja. Tiene un presidente reelecto con el expediente del fraude electoral estructural masivo, un delito muy grave que conlleva penas severas. Es autoritario y dictatorial, pero ejerce un populismo exacerbado, aumentando repetidamente el salario repartiendo, bolsas CLAP, bonos de todo tipo, desde Navidad hasta el 24 de julio contamos siete, asignados a quienes poseen el orwelliano “Carnet de la Patria”. Según las encuestas más conocidas y creíbles, más del 70% de la población votante lo rechaza y lo considera el responsable de la profunda y larga crisis que nos azota. El Mundo Occidental, al cual pertenecemos, lo rechaza por dictador y no lo reconoce como presidente legítimo. Lo apoyan los enormes aunque muy lejanos países orientales, como China Rusia e Irán. Maduro no cae - reitero – sólo porque lo sostienen las armas uniformadas de la Nación

En su editorial del 1º de junio de 2018, del diario argentino La Nación se lee: “El concepto más elemental de legalidad y legitimidad, como son la democracia y el Estado de Derecho, han desaparecido de Venezuela. Ni qué decir de la situación de la economía (…). Según el FMI, este año la inflación llegará al 13.864%[1] y el desempleo al 33%”.

“Un panel de expertos de la OEA presentó un informe que concluye que existen fundamentos suficientes para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, lo que abre la posibilidad de que altos funcionarios, incluido Maduro, pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. El reporte identificó a 131 víctimas de asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017”.

“Según el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, Nicaragua y Venezuela son los países peor clasificados. Un informe de la Unidad de Investigación de la Fundación InSight Crime y el observatorio de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario, de Bogotá, concluye que Venezuela se convirtió en un eje del crimen de la región.”

“El estudio, titulado Venezuela: ¿un Estado mafioso?, es el resultado de tres años de investigaciones. Entre el fuerte aislamiento y el negacionismo de la realidad por sus ilegítimas autoridades puede concluirse que nada queda ya de la democracia venezolana”.

Yo he leído, en inglés, el estudio, que consta de 84 páginas bien documentadas estadísticamente, e ilustradas con mapas en colores sobe el flujo de drogas, dinero y hombres en este gran tráfico criminal. Puede leer el estudio en www.insightcrime.org, o escribir, como lo hice yo, a info@insightrime.org.

Yo estoy persuadido, junto con numerosos analistas políticos occidentales, que en las actuales condiciones, cuando la oposición está impedida de participar políticamente, y cuando no hay ninguna vía electoral institucional disponible, de que debe pensarse en mecanismos no-electorales para lograr el cambio. Así, la combinación de protestas – que generarán represiones – con la presión del Mundo Occidental, puede llevar a un quiebre dentro del gobierno, siempre y cuando sus funcionarios, para salvar su pellejo y su dinero, decidan no seguir las ordenes arbitrarias de Maduro. Amén.

29 de agosto 2018

El comentario de la semana

Hay una diferencia gigante entre un gobierno que toma medidas económicas, necesarias, para rectificar un rumbo equivocado, asumiendo su responsabilidad y con el norte de darle calidad de vida a los habitantes de un país, y otro, que impone medidas por sorpresa, inconsultas, sembrando falsas expectativas, con el único propósito de estar un tiempo más en el poder. Ese es el caso del gobierno de Nicolás Maduro cuyo interés primordial es quedarse con el poder.

Esa diferencia a la cual nos referimos es la clave para entender como actúa un gobierno que se sabe y que sabemos, es maula, mentiroso, mala paga y ladrón. Les importa nada el enorme sacrificio que pasamos los venezolanos, la escasez de alimentos o medicina, la ausencia de los servicios públicos más elementales, inseguridad jurídica y personal, el alto costo de la vida y la hiperinflación que el FMI ha proyectado en 1.000.000% para este año, les importa poco los largos años de recesión y los veinte años de destrucción sistemática que ellos han causado en el aparato que produce en Venezuela. Resolver la crisis o cambiar el modelo social y económico que han impuesto a lo macho para generar esta tragedia nacional no está en la mente de Maduro, tampoco en los cercanos a él y mucho menos en la experiencia cubana.

Han sembrado duda e incertidumbre, es el estilo de los gobiernos delincuentes, de los que actúan en la noche y de los que se cubren el rostro. Siempre lo han hecho, desde el 1999 hasta nuestros días y cuando mejor les ha funcionado es precisamente cuando juegan con la necesidad del venezolano, sabiendo ellos que se guarda en la población el deseo de creer que es posible vivir mejor y ahí aprovechan para echar un cuento tras otro sin tener el menor escrúpulo al mentir. Así oímos decir al candidato Maduro, -en las elecciones que él se invento el pasado 20 de mayo-, “Ahora si me voy a ocupar personalmente de mejorar la calidad de vida y la economía en Venezuela”, sin importarle en lo mas mínimo los seis años de destrucción que él condujo siendo presidente.

Ahora, sabiendo que está en juego su permanencia en el poder y que tiene un creciente rechazo en la población, se inventa un nuevo cuento, “el Plan de Recuperación Económica”, y anuncia que a partir del 1° de septiembre entrará en vigencia el quinto aumento salarial mínimo en lo que va de año, en base 1/2 Petro. Este aumento salarial ha creado expectativas y desconfianza en los ciudadanos, que al final solo sabemos que a partir del noveno mes del año se devengará una mensualidad de 180.000.000 de bolívares fuertes, equivalente a 1.800 bolívares de los inventados soberanos.

Los anuncios de Maduro juegan con la necesidad del venezolano sembrando incógnitas con el aumento salarial haciendo creer que 30 dólares mensuales alcanzaran para vivir dignamente cuando ellos, -el gobierno-, saben perfectamente que el aumento sigue por debajo de la media y de los salarios de la región internacional.

El aumento es una carga enorme para el empresariado y el comercio, que en una economía distorsionada deberán, -sin anestesia-, aumentar 36 veces la paga a sus trabajadores sin saber siquiera el contexto jurídico y las consecuencias en los pasivos laborales que dicha medida tendrá, ya que hoy primero de septiembre no ha salido el decreto de aumento salarial en Gaceta Oficial. Pero así es el este gobierno y ya lo conocemos, viven de sembrar la duda y la incertidumbre, hasta cuando les funcionará, sencilla respuesta: hasta que la dirigencia opositora lo quiera, es decir, hasta que la dirigencia toda, no solo la partidista, madure y se desprenda de interés personales, sectoriales o partidistas y entiendan que solo juntos aliados o unidos se podrá sacar a estos delincuentes del poder.

Fernando Mires

El concepto dictadura será entendido aquí en su expresión más obvia, a saber, regímenes que anulan la clásica división de poderes, concentrándolos todos en el ejecutivo y apoyados en la fuerza represiva (policía, para-militares y militares).

Valga decir que las tres dictaduras latinoamericanas a las cuales me referiré -la cubana, la nicaragüense y la venezolana- no solo cumplen con los requisitos elementales que llevan a caracterizar a un régimen como dictatorial, sino, además, agregan formas de dominación no equivalentes con las dictaduras clásicas del siglo XX.

En efecto, no se trata de dictaduras totalitarias como fueron las de Stalin, Hitler y Mao Tse Tung, entendiendo por totalitarismo la apropiación del espacio público y privado por la omnipotencia estatal, en el sentido otorgado por Hannah Arendt al término. Ni carismáticas de acuerdo a la tríada formada por la tradición, la religión y la cultura, según Max Weber primero, y después por la misma Hannah Arendt. Ni personalistas (principio del caudillo) de acuerdo a las definiciones de Carl Schmitt tomadas del español Donoso Cortés.

En cierto modo podemos hablar de dictaduras mutantes. A veces aparecen en formato militarista. Otras, bajo la égida de un caudillo. Y en algunas ocasiones, como simples autocracias. Lo mismo ocurre con sus formas de representación ideológica. Por lo general intentan vincularse a grandes mitos nacionales (Martí en Cuba, Bolívar en Venezuela, Sandino en Nicaragua) los que combinan con consignas marxistas de silabario. Son fascistas a veces, estalinistas otras, o simplemente populistas. Pues si hay algo que las une, es su ductibilidad. Más aún, ni siquiera pueden ser consideradas como latinoamericanas típicas. Objetivamente corresponden a formas de dominación (¿post-modernas?) que existen en otros continentes, como la Rusia de Putin, la Bielorusia de Lukashenko, la Turquía de Erdogan, la Hungría de Orban. Son en fin, las tres, aunque surgieron en el siglo XX, dictaduras del siglo XXl en versión latinoamericana.

Las tres poseen una legitimidad de origen: la de una revolución democrática (Cuba) o electoral (Venezuela) o ambas (Nicaragua). Ninguna llegó al poder como resultado de un golpe militar a lo Videla o a lo Pinochet. Pero ya en el gobierno, emprenden, primero lentamente, después de modo más progresivo, la demolición de los pilares de la democracia moderna, camino al cual comienza lentamente a sumarse la Bolivia de Evo mediante la adopción del principio de reelección indefinida. Si eso llega a consumarse, las tres dictaduras, como fue el caso de Los Tres Mosqueteros, serán cuatro.

Desde el momento que ascienden al gobierno los portadores de “la revolución” comienzan a apropiarse del estado hasta llegar al punto en que gobierno y estado terminan siendo sinónimos. Tiene lugar así la formación del Partido Estado al cual son incorporados mediante sueldos fabulosos y corrupciones inmensas, generales y oficiales de alto rango. Ya constituida la nueva clase de estado, iniciará una verdadera lucha de clases desde arriba hacia abajo cuyo objetivo final es asegurar su poder absoluto. Para ello será necesario destruir tres segmentos no estatales: el aparato productivo (empresarios y obreros), las clases medias profesionales y la clase política opositora.

Solo en función del primer objetivo se entiende la economía política practicada por esas dictaduras. La economía nacional - es lo que no han captado muchos estudiosos- es puesta al servicio de la mantención y reproducción del poder de la clase estatal dominante. Por eso, medidas económicas que según cualquiera escuela parecen aberrantes, si se sigue la lógica de quienes manejan los mecanismos del poder, se entienden perfectamente. Pues para ellos no se trata de aumentar la producción, ni de nivelar salarios, ni de alcanzar una mayor igualdad, sino de destruir radicalmente al antiguo orden político y social. Tiene razón entonces Nicolás Maduro al hablar de “guerra económica”. Para él la economía es un arma de destrucción masiva.

Tales dictaduras son, dicho en el peor sentido del término, auténticamente revolucionarias. Su objetivo central es transformar a la sociedad de acuerdo a los intereses comunes a toda la clase de estado. Una revolución en sentido inverso. No la de los de abajo en contra de los de arriba, sino la de los de arriba en contra de los de abajo. En cierto sentido apuntan, como ya advirtió Arendt acerca de los totalitarismos modernos, a la transformación de una sociedad de clases en una sociedad de masas.

Obreros y campesinos son convertidos -después de la destrucción de los centros productivos- en masa pauperizada. Tarjetas de racionamientos, bonos de subsidios y limosnas patrióticas, son mecanismos que aplicados llevarán a la dependencia biológica de las grandes masas con respecto al Estado.

Destruido el sistema productivo, tendrá lugar, además, la formación de un lumpen-proletariado sin proletariado. Mendigos, rateros, asaltantes o simplemente andrajosos pululando en las calles, como tan bien describiera a la “Cuba profunda” el escritor Leonardo Padura en su novela La Transparencia del Tiempo. Y por cierto, la prostitución, el “petróleo de Cuba” descubierto y organizado por los Castro.

Cuba, que linda es Cuba. Barcos llenos de turistas norteamericanos y europeos ansiosos de “carne fresca” de ambos sexos arriban semanalmente a la Habana. Hoteles que ni en sueños habitaron, bellezas que jamás pudieron tocar, ritos sexuales clandestinizados en los países de origen, practicados a precio de huevo bajo los retratos del Che, Fidel y Chávez.

Una variante distinta al “socialismo petrolero” venezolano y al “socialismo hotelero” cubano parecía ser el “capitalismo social” instaurado en Nicaragua por la dictadura Ortega-Murillo. Bajo la consigna de construir el socialismo, el régimen optó por otra secuencia. En primer lugar no destruyó el de por sí débil aparato productivo, simplemente “lo compró”. Para el efecto, intensificó relaciones con empresas extranjeras, principalmente norteamericanas. Así, bajo el llamado socialismo sandinista, Nicaragua pasó a ser uno de los países más dependientes del capital externo de América Latina. A fin de alcanzar ese rango, Ortega realizó dos movidas adicionales. Por una parte ofreció a las empresas una mano de obra abundante y barata. Por otra, transfirió, vía subsidios, remesas de capital destinadas a mantener la adhesión de los sectores laborales. Con lo que no calculó el autócrata fue que bajo la égida del capitalismo subsidiado, el sector laboral iba a crecer notablemente de modo que los reclamos sociales comenzarían a hacerse cada vez más continuos. Tampoco calculó que el desarrollo capitalista suele ir acompañado de cierta modernización, expresada en el aumento de sectores intermedios a los cuales pertenecen los estudiantes cuyos reclamos no solo son sociales sino, además, políticos.

El resto de la historia es conocido. Mediante la criminal represión, Ortega ha intentado eliminar las consecuencias sociales de su propia estrategia. Después de las horribles masacres cometidas durante el 2018, el “modelo Ortega” debe darse por fracasado. Desde ahí a Ortega no le queda otra salida que seguir el camino de Maduro (sin petróleo) así como Maduro ya sigue desde hace tiempo el camino cubano: asegurar y reproducir, al precio que sea, el poder de la clase dominante de Estado. Al menos Ortega cuenta con el mismo “factor positivo” que el flamante Díaz-Canel y, en medida creciente, que Maduro: una clase política opositora disgregada, dividida e incapaz de unirse en un solo frente de lucha.

Es cierto que Ortega ha sabido operar sobre el conjunto de la clase política nicaragüense formada por una infinidad de partidos y movimientos de tendencias contrapuestas. Pero también es cierto que esa misma clase política ha sido incapaz de formar un frente electoral unitario y solidario.

En Cuba, en cambio, la clase política nacional fue eliminada rápidamente. Después de la toma del poder por Castro en 1959, muchos militantes del potencial bi-partidismo (Ortodoxos y Auténticos) pasaron a unirse al movimiento 26 de Julio. Otros emigraron hacia Miami. Desde ahí, desligados de los verdaderos problemas de su país, cayeron en labores conspirativas. Su Waterloo fue la invasión a Bahía Cochinos el año 1961, hecho que sirvió a Castro para llevar hasta el final la depuración de la oposición interna, dentro y fuera del 26J. Hoy no existe clase política de oposición en Cuba.

Distinto parecía ser el caso de Venezuela. Como en pocos países que viven bajo una dictadura, llegó a formarse en contra del chavismo una fuerte oposición articulada en los partidos de la MUD. La victoria del 26-D, culminación de una larga trayectoria electoral comenzada el año 2006, fue vista por algunos como el inicio de la derrota definitiva del régimen. La línea democrática, constitucional, pacífica y electoral, propia al conjunto de la oposición, pareció continuar durante el movimiento por el revocatorio (constitucional y electoral) el que, al no ser aceptado por el régimen (no podía serlo) podía transferir su potencial hacia los eventos electorales que se avecinaban. Las jornadas callejeras del 2017, no hay que olvidarlo, surgieron en defensa de la AN y en contra de la falsa Constituyente. Fue en ese momento, cuando, desde fuera y desde dentro de la MUD, comenzaron a ganar terreno los sectores más extremistas, antipolíticos y anti-electorales de la oposición. Mediante un simulacro electoral, contagiado por una euforia masiva, otorgaron incluso un carácter sacramental a un documento que no podía sino ser simbólico, el por ellos llamado “mandato del 16-J”. La derrota en las calles, sufrida por muchachos mártires sin más armas que escudos de cartón, fue considerada por el extremismo opositor como la negación de toda salida electoral. Fue así que sin mística ni fuerza, la oposición regaló a Maduro las elecciones municipales y regionales.

A pesar de todo la MUD tuvo una posibilidad de oro para recuperar la vía política. Fue después del fracaso del “diálogo” de Santo Domingo. Las demandas no aceptadas por la dictadura ofrecían, en verdad, un magnífico programa para convertir a las elecciones presidenciales en un fuerte movimiento social y político. Pero la incapacidad de elegir un candidato unitario -exigido desde hacía tiempo por Henrique Capriles- dio al traste con la posibilidad de propinar a Maduro una fuerte derrota. Pocas veces, creo que nunca, se ha visto en la historia política una oposición que, habiendo tenido todo en las manos para alcanzar un triunfo, haya decidido retirarse abandonando la única vía que conocía, la única donde podía vencer, la única donde podía conservar cierta unidad.

No voy a insistir sobre el tema. Así como la oposición nicaragüense está siendo venezolanizada, la oposición venezolana está siendo cubanizada. Desde Miami, personajes con peso económico pero sin vinculación social ni política intentan, como ocurrió con los cubanos, erigirse en dirigentes, amparados en una supuesta “comunidad internacional” que nunca ha existido ni existirá, dando curso libre a fantasías que solo pasan por sus cabezas afiebradas. Por mientras, ya sin esperanzas, la población venezolana se desangra sobre una ola migratoria sin precedentes en la historia latinoamericana.

Queda todavía una oportunidad, la única posible para no perder lo poco que queda de la oposición venezolana. Hacia diciembre asoman nuevas elecciones. Por cierto, no hay ninguna razón para ser demasiado optimistas con respecto a una salida unitaria. La palabra unidad ha llegado a ser un comodín para salir del paso, aún para políticos que han hecho todo lo posible para romper con la unidad. La mayoría de los líderes opositores siguen sumidos en ese limbo de la nada al que los llevó el abstencionismo del 20-M. Nadie se atreve a tomar una iniciativa que no sea la de hacer frases “dignas” o llamar a paros destinados a parar a un país parado. Después del 20-M la situación no puede ser más deprimente.

Pero quizás, como en todas las cosas de la vida, hay que conservar todavía un gramo de esperanza. Lo digo, claro está, solo por decir algo.

31 de agosto

https://polisfmires.blogspot.com/2018/08/fernando-mires-las-tres-dictadu...(POLIS)

En sus expectativas los actores económicos no ven al gobierno ajustándose el cinturón y reduciendo el déficit gubernamental, por el contrario lo ven asumiendo compromisos salariales que no puede pagar y emitiendo dinero para financiarse, lo cual aupará aun más la inflación y el crecimiento del dólar paralelo. En lugar de tomar medidas para aumentar su credibilidad el gobierno ha instrumentado una agenda represiva que generará un nuevo ciclo de escasez.

Las expectativas de los agentes económicos son uno de los factores determinantes de la dinámica de la economía. El término expectativa se relaciona con la posible o probable ruta que tomarán las principales variables económicas (dólar paralelo, inflación, consumo, políticas económicas) en el futuro. Los empresarios normalmente se asesoran con las firmas consultoras para conocer esa ruta, y tomando esta información como un insumo fundamental, elaboran una visión del futuro a partir de la cual toman sus decisiones. Esa visión del futuro son sus expectativas, las decisiones que los empresarios toman en base a la misma retroalimentan también el escenario probable que enfrentaremos en los días por venir.

El periodista y analista político Alonso Moleiro publicó un artículo en el diario español El País en el cual se refiere a las expectativas generadas a partir de las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicola Maduro. Dichas medidas incluyeron el incremento del precio de la gasolina y la realización de un censo automotor para viabilizar el subsidio a la misma, así como un importante aumento del salario mínimo. Anunció una plan de reconversión monetaria y el anclaje de la nueva moneda, el bolívar soberano, a una referencia que denomino el petro. Se comprometió a reducir el déficit fiscal y detener la emisión de dinero.

Moleiro en su escrito señala que el recién nacido bolívar soberano nació con plomo en el ala pues perdió la mitad de su valor a escasos días de su alumbramiento. En el artículo se mencionan las declaraciones de Víctor Álvarez ex ministro de Hugo Chávez en el cual señala que la reacción del mercado a las medidas ha sido mala lo cual se revela en la presión alcista del dólar paralelo, la cual se mantiene, y en la presión al alza de los precios, los cuales el gobierno busca controlar con medidas represivas creando un clima de terror. Señala Álvarez que los acuerdos de precios no son tales y que “a ese nivel no se pueden cubrir ni costos y eso puede producir un recrudecimiento de la escasez y la inflación”. Se menciona en el artículo los señalamientos del economista Francisco Rodríguez, quien fuera cercano al gobierno de Maduro, el cual señala que el programa económico del presidente tiene serios problemas de credibilidad. El gobierno ha prometido disciplina fiscal para frenar la inflación pero pocos le creen. Los expertos consultados para el reportaje coinciden en que “hay pocas razones para que los actores económicos sean optimistas”.

El economista Alejandro Grisanti de la consultora Ecoanalítica señaló recientemente, en una entrevista en CNN Dinero, que de acuerdo a sus estimaciones el gobierno no logrará cubrir el elevado déficit fiscal que tiene, el cual se potenciará como consecuencia de los aumentos salariales y bonos anunciados. Él no ve al gobierno ajustándose el cinturón. En consecuencia deberá emitir dinero sin respaldo para cubrir el déficit remanente, lo que impulsará aun más la hiperinflación. También señala que los planes gubernamentales no lograrán estabilizar el dólar paralelo, por el contrario él estima que el dólar paralelo ascenderá hasta ubicarse entre los 12 y 15 millones de bolívares fuertes atizando aun más la espiral inflacionaria. Adicionalmente a ello el aumento salarial repercutirá negativamente en la viabilidad económica, en especial de las pequeñas empresas, obligando a muchas de ellas a bajar la santa maría lo cual se traducirá en mayor desempleo y contracción económica.

En líneas generales las firmas de consultoría económica coinciden en sus expectativas, no ven al gobierno ajustándose el cinturón, por el contrario lo ven asumiendo compromisos salariales que no está en condiciones de pagar e imprimiendo dinero para cubrir el déficit, lo cual incentivará la inflación y desestabilizará el tipo de cambio. El gobierno en lugar de dialogar con los empresarios y tratar de aumentar su credibilidad, ha decidido recurrir a la represión creando un clima de terror para imponer unos precios, que son inviables en el contexto de una hiperinflación aupada por la escasa credibilidad de la agenda gubernamental. El clima de terror generará un nuevo ciclo de escasez. En este contexto la espiral ascendente del dólar paralelo continuará. El programa económico del gobierno fracasará en su propósito de estabilizar el dólar paralelo y el valor de la nueva moneda, el bolívar soberano. Tarde o temprano se planteará la necesidad de una nueva reconversión monetaria ante la obsolescencia del bolívar soberano y su primo hermano el petro.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

En nuestro último columna prometimos dedicar la presente a tratar de explicar cómo puede producirse una transición democrática y el anhelado cambio que desde hace ya tiempo la casi totalidad del país reclama y que hoy, más que un tema de preferencias políticas, es una condición de la que depende la viabilidad misma del Estado y la supervivencia de millones de venezolanos.

Hoy, el sector democrático del país se encuentra sumido en la más profunda confusión y parálisis. En lo personal, no puedo hacer responsable a ningún líder en particular, pero mientras no se tomen decisiones, todos, sin excepción –por acción u omisión– somos corresponsables de esta debacle. Tampoco es serio explicar la situación a partir de teorías conspirativas que solo logran dividir y debilitar más al sector democrático. Creo, hasta que alguien pruebe de manera fehaciente e irrefutable lo contrario, que líderes como Henry Ramos, Julio Borges, Leopoldo López, Henrique Capriles, Tomás Guanipa, Omar Barboza, Freddy Guevara, Antonio Ledezma, María Corina Machado y Andrés Velásquez, entre otros muchos, son de esta causa y no fichas del Gobierno.

También comprendo, porque he estudiado y enseñado sobre conflicto y negociación por más de veinte años, que las dificultades para alcanzar acuerdos en la oposición tienen más que ver con condiciones estructurales de la situación (dilema de prisionero), que con los actores. Se está ante una situación donde los costos potenciales para los actores son muy altos, como lo demuestran Leopoldo López o Juan Requesens, los más visibles hoy de entre cientos de héroes ­–conocidos o anónimos– que han perdido su libertad o la vida. Lo menos que podemos hacer es honrarlos con nuestro reconocimiento y respeto. Asimismo, los incentivos de liderar esta lucha hacen mucho más difícil la coordinación, porque aquel líder que logre sacar adelante la transición democrática del país ocupará un lugar especial en la historia de Venezuela.

En la medida en que el país renuncie a la convicción de que el cambio político está en nuestras manos y no en factores o actores externos, el régimen habrá logrado desmovilizar y afianzarse en el poder, mientras esperamos que algo pase o alguien haga la tarea que nos corresponde a los venezolanos, en un mundo donde más de la mitad de la humanidad se encuentra gobernada por regímenes autoritarios. Sin la conformación de una amplia coalición social y política nadie podrá llevar adelante la titánica tarea de generar un cambio político y transformar a Venezuela en un país normal.

Como afirmó Samuel Huntington (1980), la característica principal de las transiciones democráticas a partir de lo que llamó la tercera ola de democratización –iniciada con la Revolución de los Claveles, tras el golpe de estado en Portugal (1974)– es que han sido impulsadas por la movilización masiva de sus sociedades. En sentido contrario, la mayor parte de los procesos de transición que se han intentado de arriba hacia abajo han fracasado –circunscribiendo la dinámica a la interacción entre las élites políticas del gobierno y la oposición– porque es mucho más fácil para un régimen con vocación autoritaria perseguir, encarcelar, reprimir, ignorar o cooptar a unos pocos líderes que conforman una élite con intenciones reformistas, que a un pueblo que se moviliza masivamente para exigir y presionar por un cambio político.

Estos niveles de movilización masiva se consiguieron durante la consulta del 16 de julio de 2017, cuando alrededor de siete millones de personas tomaron las calles para dar apoyo a todo lo que la oposición planteó en aquellas tres preguntas a las que dedicamos nuestro anterior artículo. Lamentablemente, como se hizo obvio posteriormente, no se tuvo una ruta estratégica más allá de la consulta misma. Así, una de las mayores movilizaciones de protesta que se haya hecho contra el régimen, terminó siendo el debut y la despedida de una clara manifestación a favor del cambio, extendida por más de 120 días, pero que llegó al declive como consecuencia de su anarquización y violencia.

La desesperanza parece ser hoy el sentimiento dominante en una sociedad que, aunque mayoritariamente opuesta al actual orden, se encuentra desmovilizada y confundida. Sabemos, porque lo hemos evaluado y vivido en los últimos 19 años, que sí es posible levantar las expectativas y movilizar a la sociedad nuevamente, y es imprescindible para lograr el tan anhelado cambio político. Lo que no puede repetirse es movilizar sin estrategia y objetivos claramente definidos; la movilización no puede ser un fin en sí misma sino el medio para producir la transición democrática.

Pese al escepticismo que nos domina y que está más que justificado, sigo convencido de que una transición democrática, pacífica y sin derramamiento de sangre sigue siendo posible, independientemente de la demostrada falta de disposición del régimen a salidas negociadas y a su inclinación a usar toda su fuerza para mantenerse en el poder.

Recientemente, un importante experto en la situación política de África me comentó, durante su visita a Venezuela, que la diferencia de nuestro país con algunas dictaduras africanas radica en que los venezolanos aún no se han rendido. Construir las condiciones políticas para girar el tablero de juego a favor de los sectores democráticos sí es posible.

El éxito del sector democrático no depende de estrategias secretas ni de tácticas de guerra para las cuales no está preparado, ni suelen ser exitosas, como demuestra el fracaso de decenas de procesos que trataron de impulsar cambios por la fuerza, algunos con resultados desastrosos, como en Serbia. No existe ningún escenario que el régimen ya no conozca, es quien mejor ha estudiado esta teoría y comprende, mejor que los sectores democráticos, las dinámicas transicionales. A fin de cuentas, en ello se juega su propia existencia.

Hay que retomar una lucha asimétrica en la arena política para lograr la movilización social masiva, capaz de producir un cambio político que no pueda ser contenido por la fuerza. Una ruta estratégica debe considerar, al menos, cinco componentes básicos: presión interna, presión internacional, reducción de los costos de tolerancia, tener un plan para un gobierno que atienda la gobernabilidad durante la transición y prepararse para una elección presidencial.

Desarrollemos y razonemos brevemente cada uno de estos componentes.

1. Presión interna. Ya dijimos que la mayor parte de las transiciones democráticas en el mundo se han producido por la movilización y presión social masivas, como lo identificó Huntington. Si quienes demandan cambio son mayoría, como el 80% de la población venezolana, pero están paralizados por miedo, por su sobrevivencia o por división en su liderazgo –los regímenes generan condiciones para todo ello–, el régimen no tiene necesidad de reprimir para sostenerse y su costo de represión es cero. Los movimientos sociales exitosos demandaron porcentajes pequeños, de entre el 3,5 y el 5% de esas poblaciones, como lo documentó el estudio de Erika Chenoweth y María Stephan (2009). Pero para alcanzar consistentemente esos niveles de participación la renuncia a la violencia de los movilizados es condición sine que non. La violencia genera la excusa para reprimir, desincentiva la participación ciudadana y deja el conflicto en manos de los más radicales, lo que escala la reacción de los cuerpos policiales, que vencen por estar mejor equipados. En sentido opuesto, con menor nivel de violencia hay mayor participación y el costo de reprimir es mayor para el gobierno. Así, crecen exponencialmente las probabilidades de producir un cambio; pero eso implica crear las condiciones para una acción colectiva coordinada y sostenible –como una gran orquesta– ello demanda organización, planificación y ejecución con una sola partitura y bajo una sola dirección o liderazgo.

2. Presión internacional: La presión internacional ha tenido una gran importancia en buena parte de los procesos de transición política, aunque no suelen ser su variable causal. Es indudable que en el caso venezolano la comunidad internacional ha demostrado niveles de compromiso con la democracia como nunca antes, aunque ha sido también evidente que tales esfuerzos son insuficientes para producir un cambio. Ante la falta de resultados las demandas suelen ubicarse en un espectro que va desde el cese de las sanciones hasta la intervención armada. La presión internacional ejercida a través de sanciones, como es nuestro caso, sí genera una elevación de los costos para el régimen, pero tiene un efecto paradójico que perjudica un proceso de transición. Mientras por un lado tiene la virtud de elevar los costos para quienes son llamados a reprimir para mantener al gobierno en el poder, por el otro aumenta los costos que un potencial cambio tiene para quienes están en las listas de sancionados. Las esperanzas de una transición democrática en Venezuela no pueden endosarse a la comunidad internacional porque las decisiones de los países aliados no están en manos del sector que demanda cambio en Venezuela. Las actuaciones de los aliados internacionales de la democracia, al ser países democráticos, responden más a razones de política interna en cada país que a las preferencias o convicciones de sus propios mandatarios. Ante este escenario, la falta de resultados puede llevar a un desescalamiento de la presión internacional si no se reorientan los esfuerzos y se optimiza la coordinación entre actores democráticos nacionales e internacionales, de manera tal que existan expectativas creíbles para un cambio democrático. La comunidad internacional continuará apoyando los cambios democráticos, pero no invadirá Venezuela ni puede hacer la tarea que corresponde al liderazgo político y social del país. Para avanzar es esencial una estrecha coordinación entre la comunidad democrática internacional y un liderazgo nacional bien definido que tenga la responsabilidad de impulsar el proceso de transición.
3. Reducir los costos de tolerancia: La mayor parte de los procesos de transición se han producido por una combinación de conflicto y negociación. El conflicto generado por la movilización social masiva y la negociación con actores clave del régimen, o esenciales para su sostenimiento. En estos procesos es fundamental que el liderazgo democrático sea capaz de generar una visión de país inclusiva, en la que aquellos que apoyaron o aún sostienen al régimen no vean el cambio como una situación terminal en la que se juegan la vida, porque ello les pondría en una posición de luchar o morir. En tal sentido, es esencial que el liderazgo democrático pueda posicionarse del lado de la tolerancia y la justicia, que es lo opuesto a la venganza; demostrar que se está abierto al diálogo constructivo con los sectores que estén dispuestos a cooperar para llevar al país a la normalidad, pero no a negociaciones maliciosas como las que se dieron en República Dominicana. Es necesario que el liderazgo democrático sea capaz de convencer a quienes hoy sostienen al régimen que su futuro está en manos de ese liderazgo y no en las de un régimen que se resiste a su inevitable colapso. Estos procesos de negociación, en ocasiones, se producen con los mismos actores gubernamentales (España, Sudáfrica, Brasil o Chile), y en otros casos se producen, ante la negativa del régimen, con quienes lo soportan (Perú, Polonia, Serbia, Ucrania, República Checa, Túnez o Egipto). Quienes están dispuestos a negociar solo lo harán si saben quién gobernará la transición, lo que obliga a definir quién gobernará ese lapso y prepararse para una negociación, aunque hoy no la creamos posible.
4. Tener un plan de gobierno que atienda la gobernabilidad durante la transición: Este es uno de los componentes más complejos, imposible de abordar en pocas líneas, me limitare a algunas ideas puntuales. Existen numerosos esfuerzos, muy valiosos, de reconocidos expertos que han trabajado en planes de gobierno, pero pocas veces se tiene presente que gobernar en una transición no es lo mismo que hacerlo en democracia. Esta diferencia queda plasmada en casos como el de Egipto, donde se perdió el gobierno de transición en menos de un año; o el de Nicaragua, donde el proceso se revirtió en el mediano plazo como consecuencia de decisiones y medidas que no se implementaron durante el gobierno de transición. Un gobierno de transición debe concentrar todos sus esfuerzos en levantar de manera simultánea y balanceada tres pilares sobre los cuales se sostendrá la gobernabilidad. Primero, el pilar democrático, lo que incluye entre otros objetivos la reforma electoral, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y de la sociedad civil organizada. Segundo, el pilar de la capacidad estatal mediante reformas institucionales y burocráticas que busquen el fortalecimiento de las instituciones que darán sostén a la nueva democracia, así como su capacidad para canalizar y dar respuesta a las múltiples demandas que se generan desde el sistema político y social. Tercero, el estado de derecho, lo que implica tanto la reforma del marco constitucional y legal vigente, como del sistema judicial de administración de justicia.
5. Prepararse para una elección presidencial: Dejamos para el cierre el componente que, sin lugar dudas, será el más controversial, o sea, la necesidad de preparase para una elección presidencial que es muy difícil predecir cuándo y bajo qué condiciones se producirá. Como hemos dicho en artículos anteriores, es falsa la idea de que “dictadura no sale por votos”, de hecho, como consecuencia de una elección han salido regímenes tan represivos como los de Pinochet en Chile, Milosevic en Serbia, o Yanukovich en Ucrania. En este sentido, es importante entender que el rol de lo electoral en una transición no siempre es el mismo. Han existido casos en los que lo electoral ha sido el detonador de las crisis, que terminaron en una transición política por un error de cálculo del régimen (Perú, Serbia, Ucrania, Polonia). En otras situaciones la elección no ha sido el detonador sino el resultado de una transición negociada, como sucedió en España tras la muerte de Franco; o en Sudáfrica con las negociaciones entre Mandela y de Klerk. En otros casos, los menos frecuentes, las elecciones se han constituido en el capítulo inicial de un proceso de transición, tras la ruptura o la salida del régimen anterior, por mecanismos distintos a los electorales (golpe de estado o colapso del régimen gobernante) como sucedió en los casos de Venezuela tras la caída de Pérez Jiménez y Portugal tras la Revolución de los Claveles. En respuesta a quienes alegan que el actual gobierno ha cerrado la vía electoral o jamás permitirá una elección, es importante recordar que ninguna autocracia o dictadura, como la de Venezuela, renuncia o celebra una elección voluntariamente para perder el poder, sino porque la presión supera su capacidad de represión o porque quienes ejercen la represión deciden no continuar asumiendo los costos de sostener al régimen y éste se ve obligado a renunciar o negociar la forma y consecuencias de su salida. Bien sea en el escenario de una salida electoral –producto de un error de cálculo del régimen–, de una transición electoral negociada o de una elección posterior a una ruptura, el sector democrático del país está obligado a definir un liderazgo unitario que tenga la capacidad de ganar una contienda electoral, sin las condiciones y garantías ideales, y tenga la legitimidad necesaria para desarrollar las tareas propias de una transición, durante un periodo que nunca podría ser menor a dos años. La no definición de tal liderazgo con suficiente anticipación coloca al sector democrático en una posición de gran vulnerabilidad que implicaría la pérdida de una importante oportunidad de cambio, como sucedió con el caso de la Primavera Árabe. En Egipto, en menos de un año, los Hermanos Musulmanes perdieron el gobierno de transición tras un golpe de estado ejecutado por el mismo ejército que estuvo bajo las ordenes de Mubarak y que luego lo desalojó del poder. Ese ejército resultó “legitimado” en un proceso electoral posterior que colocó a su comandante como nuevo jefe de un estado hoy mucho más represivo.

En Venezuela, la demanda por una nueva elección presidencial es una de las pocas banderas en torno a la cual se puede unificar y coordinar la presión nacional e internacional. En lo internacional, porque una parte importante de la comunidad democrática ha desconocido la validez de la elección presidencial del pasado mes de mayo y ha exigido, una y otra vez, la celebración de elecciones democráticas. En lo interno, porque una proporción mayor a dos tercios del país no reconoce tampoco la pasada elección presidencial, pero además está consciente de que la grave problemática del país no cambiará sin que antes haya un cambio de gobierno.

La ruta descrita demanda un factor común para su desarrollo exitoso, un liderazgo que asuma la dirección y vocería única del proceso, que debe desarrollarse bajo un plan debidamente concebido. Tal como sucede con una orquesta, se necesita un director y una partitura, sin tal liderazgo resulta prácticamente imposible lograr avances significativos en ninguno de los componentes descritos. Sin un liderazgo único, o unitario, es imposible lograr el nivel de coordinación para movilizar a la sociedad de manera masiva para generar los niveles necesarios de presión interna. Sin un liderazgo único, o unitario, no es posible coordinar esfuerzos con la comunidad internacional de manera eficiente. Sin un liderazgo que ejerza la dirección y vocería del cambio es imposible construir una visión coherente del país posible y tampoco es posible que los actores gubernamentales, o quienes les sostienen en el poder, encuentren una contraparte con quien negociar. Sin liderazgo unitario alrededor del que se generen expectativas creíbles de cambio, es imposible conformar con suficiente anticipación equipos que puedan preparase adecuadamente para gobernar en medio de las dificultades e inestabilidad propias de una transición política. Sin un liderazgo único, o unitario, es imposible estar preparados para ganar una elección y blindar a un nuevo gobierno con la legitimidad necesaria para consolidar una democracia, bien sea porque esta elección se produzca como resultado de la presión interna e internacional, de una negociación, o como consecuencia de una renuncia o ruptura del bloque de gobierno.

Lo expuesto nos obliga a una conclusión inevitable: la transición, como ha sucedido en la mayoría de los casos, exige la definición de su liderazgo y de una estrategia única que permita orquestar la presión interna e internacional, asumir la vocería que permita construir una visión de país y la interlocución con quienes estén dispuestos a negociar. Un liderazgo con un equipo y un plan de gobierno apropiados a los desafíos de un proceso de democratización, y alrededor del que se construya el consenso y apoyo necesarios para garantizar su éxito en una elección que lo envista de la legitimidad imprescindible para emprender los cambios urgentes que el país necesita, pero que no resultarán sencillos.

Tal liderazgo, para ser efectivo, demanda un importante nivel de consenso, por lo que difícilmente puede derivarse de un acuerdo entre élites partidistas. Tales liderazgos, normalmente, son legitimados desde las propias bases, bien sea mediante procesos formales, como una primaria, o ante la falta de reglas y procesos que permitan su elección, terminan por emerger y abrirse paso en medio de las dificultades y desafíos propios de un proceso de cambio político.

Las circunstancias y condiciones bajo las cuales se celebró la elección presidencial del pasado mes de mayo hacen imposible para la comunidad internacional democrática el reconocimiento de la presidencia de Maduro a partir de enero de 2019. Tal situación constituye una nueva ventana de oportunidad que solo es posible aprovechar, sí y solo sí, el país y la comunidad internacional se unifican en torno a un solo objetivo: elecciones democráticas para elegir al Presidente que liderará un gobierno de transición a partir de enero de 2019.

@benalarcon

El término ineptocracia, acuñado por el académico francés Jean D´Ormesson, se refiere al gobierno en manos de los más ineptos. Similar al término kakistocracia de Michelangelo Bovero, profesor de la cátedra de filosofía política de la Universidad de Turín.

La ineptocracia que manda en Venezuela se pone en evidencia con el mayor éxodo migratorio que ha vivido Latinoamérica en toda su historia: el de los venezolanos. Calificado así por la ONU que, basada en cálculos muy conservadores, cifra en 2 millones trescientas mil personas las que han salido del país en los últimos años.

Hoy Venezuela está aplastada por la hiperinflación, el hambre, las colas para comprar artículos de primera necesidad, la falta de servicios básicos y el desbordamiento de la inseguridad, en resumen, la terrible situación que viven los venezolanos es producto, en gran parte, de la corrupción.

La ineptocracia madurista ofrece más de lo mismo: Demagogia, improvisación y una ambición desmedida por mantenerse en el poder como sea. En Venezuela, cuando los males son mayores, las respuestas son peores, propician el efecto viral en medio de la anarquía, terreno fértil para aumentar la corrupción.

La corrupción no es un delito sin sangre, ni tampoco prescribe. La corrupción es un delito en red, no es un delito solitario. Se expresa de diversas maneras: malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, sobornos, conflictos de interés, tráfico de influencias. Cuando los ciudadanos no tienen alimentos, medicinas, luz ni agua por culpa de la corrupción, se están violando los derechos humanos de la población.

En el libro El Gran Saqueo propusimos a la Asamblea Nacional una Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción que ya fue sancionada en primera discusión. Actualmente se realiza la consulta pública para su aprobación definitiva en un trabajo que adelanta el diputado Freddy Superlano (VP).

Sería interesante que dicha comisión, actuando como una especie de Comisión de la Verdad, organizara un gran foro con expertos, ONGs, gremios y partidos políticos para determinar el monto super millonario de los recursos públicos robados a Venezuela.

En la investigación del libro El Gran Saqueo llegamos a la conclusión que el asalto sufrido por el país ronda los 300 mil millones de dólares. Algunos ex ministros del régimen incluso han admitido que la cifra podría ser mayor.

No hay un poder judicial idóneo. Más del 80% de los jueces son provisorias, las sentencias están tarifadas, la corrupción policial y de la fiscalía refuerza cada día más la impunidad. El partido militar que controla las finanzas públicas: la mayoría de los tesoreros y administradores son militares.

La casta cívico-militar que desgobierna el país y sus cómplices necesarios – los boliburgueses – han sustituido la democracia por una cleptocracia y una kakistocracia, creando un Estado delincuente, donde lo lícito y lo ilícito se mezclan para cocinar un estado corrupto y alcahuete, que persigue a los que piensan distinto, pero calla mientras se muestra cómplice de los corruptos responsables del saqueo que ha sufrido el país, que es la causa de la hiper-inflación, el hambre, las enfermedades, la inseguridad y la violencia que padecen hoy los venezolanos, obligándolos a buscar en otras naciones el bienestar y la esperanza que le fueron arrebatos por la dictadura de Maduro.

La Comisión de Contraloría actuando como Comisión de la Verdad tendría como objetivo principal adelantar una amplia investigación de organismos públicos como la Oficina Nacional del Tesoro, el ministerio de Finanzas, el BCV, SENIAT y Pdvsa, entre otros, para hacer el gran expediente del saqueo que ha sufrido Venezuela en los últimos años.

Con la cooperación internacional podremos seguir la huella del dinero mal habido en cualquier jurisdicción por la que haya pasado o en la que haya recalado.

La Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción que se discute en la AN, contempla los mecanismos necesarios para recuperar los capitales robados al pueblo venezolano a través de la cooperación policial, judicial y de los respectivos convenios internacionales (ONU, OEA, BM).

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