¿Qué le pasa a la oposición venezolana? ¿Por qué ha tenido tanto éxito la estrategia de su ruina y división? Son preguntas que nos asaltan como si fuesen malandros en la noche caraqueña. Votar o no votar, sigue siendo nuestro dilema. Es un dilema terrible para una ciudadanía que tiene solo el voto como su única fuerza cuando todo se ha perdido. Pero el voto solo es un instrumento de cambio cuando el ciudadano tiene garantías de que su ejercicio puede ser honesto y justo, esto involucra varios aspectos: tanto que el resultado de los escrutinios sea el fiel reflejo de la opinión ciudadana, es decir que las elecciones sean limpias y transparentes y que el elector no haya sido coaccionado en su opinión por un agente externo a su propia consciencia, como por ejemplo, comida si está muriéndose de hambre. Ninguna de estas dos seguridades las tiene el elector venezolano. Por otro lado, si en República Dominicana se negocian condiciones de transparencia electoral y el gobierno accede a dialogar sobre el tema es porque reconoce que no existen. Lo curioso es que en medio de este diálogo se convoque a una elección presidencial sin haber llegado a un acuerdo. ¿Cómo creer en un diálogo así?

Los ciudadanos opositores tenemos demasiada desconfianza en nuestros líderes. Hay un montón de cosas que no entendemos bien y que generan en nosotros dudas y suspicacias:

• Aunque uno es capaz de entender la necesidad del diálogo en todas circunstancias, porque incluso los prisioneros de los campos de concentración negocian con los capos del mismo para conseguir mejores condiciones humanitarias: un plato más de comida o una manta para no morir de frío, también uno entiende que quien comanda el láger nunca va a negociar su salida del mismo si no hay una fuerza superior capaz de obligarlo. Nadie que tiene poder absoluto lo abandona voluntariamente si no es objeto de presiones que ya no puede soportar. Esas presiones en Venezuela aún no existen. ¿Qué garantías hay de que un diálogo con un gobierno que no hace otra cosa que violentar todas las normas jurídicas, la ética y los derechos Humanos cumpla lo pactado?
• Creo que se respira en el ambiente que la oposición considera que es capaz de obtener ganancias parciales más allá de la unidad. En tal sentido, la idea de que juegos individuales pueden derivar en situaciones ventajosas para un sector de la oposición sobre otro, ha hecho mucho daño a la unidad opositora. Ha faltado una suerte de grandeza de espíritu en la oposición para colocar la supervivencia nacional por encima de apetencias personales. Dan la impresión los opositores de estar más ocupados en conseguir “cuotas de poder” jugando posición avanzada, que cambiar el estado de cosas que hunde aceleradamente al país. La sensación que impera en la ciudadanía es la que se ha tomado el camino de transacciones.
• Como apunta atinadamente el filósofo español Agapito Maestre: “en Venezuela no hay política”. No habiendo política, la principal tarea de la oposición debería ser que retornaremos a ella, para lo cual es indispensable que los beneficiarios de la antipolítica salgan del poder. La existencia de la política requiere reglas mínimas y nosotros estamos como en Los Juegos del Hambre, en una competencia en la cual las reglas las impone el que controla el poder y no está dispuesto a perder nunca. Como en la trilogía lo que está en juego es la propia existencia.

No sabemos cómo vamos a salir de esta catástrofe que vivimos los venezolanos, lo cierto es que no habiendo reglas fijas y sabiendo que toda regla que nos ofrezca alivio puede ser cambiada sobre la marcha, no estamos en capacidad de tomar decisiones definitivas como votar o no votar.

Los opositores somos sencillamente concursantes de los juegos del hambre, queremos matarnos entre nosotros mientras alguien más poderoso quiere matarnos a todos, entre otras cosas, de hambre.

Viví en Maracay, Estado Aragua, durante 21 años. Durante ese periodo entendí que aquello que decían los caraqueños que “Venezuela es Caracas y lo demás, monte y culebra” es una falacia. Porque Venezuela es lo que está saliendo de Caracas, ya sea por Tazón, Guarenas o La Guaira. Todo, excepto Caracas. Lo mismo sucede con la Venezuela 2.0, donde se generaliza lo que se lee en las redes, pero ésa tampoco es Venezuela. Me niego a creer que sea una muestra de cómo actúa y siente el resto del país.

En la Venezuela 2.0 encontramos extremos: desde las más nobles actitudes de generosidad, como en el caso de conseguir y donar remedios para alguien que los necesite, hasta los insultos más denigrantes. A esa Venezuela histérica me quiero referir. A esa Venezuela que descalifica sin pruebas, acusa irresponsablemente, agrede, atropella, ofende.

Recientemente leí un tuit de un autodenominado “doctor” (mi papá siempre me aconsejaba huir de esos personajes que se auto alaban) denostando de Henrique Capriles con una visceralidad que me llamó la atención. Henrique Capriles es, sin que me queden dudas, una de las personas que más ha dado por el país, aún a costo de su salud, seguridad y vida privada. Fue quien evitó una masacre el año 2013, porque no llamó a la gente a salir a la calle a reclamar el triunfo en las elecciones. Hizo bien: Capriles no tenía todas las actas, porque no tuvo testigos en todas las mesas como le había asegurado su comando de campaña. Entonces, ¿cómo iba irresponsablemente a pedir a la gente que saliera a la calle, peor aun conociendo el grado de malandraje de quienes detentan el poder?

Pero no sólo es en contra de Henrique Capriles. Es en contra de todo aquel que por una razón u otra se destaque. No les alaban los logros, pero la forma de restregarles los errores es vergonzosa. No ahorran en calificativos y siempre encuentran algo peor que decir. Sin embargo, contrastan sus epítetos en contra de los opositores, con los que usan en contra del gobierno: son mucho peores los primeros. No sé por qué razón.

En esa Venezuela 2.0 se pasa de héroe a villano y de villano a héroe en un abrir y cerrar de ojos. No importa cuánto ni cómo se haya resteado una persona por una causa, un comentario lanzado a la ligera por cualquier irresponsable –muchas veces anónimo- la puede sumir en un mar de escarnio hasta que caiga otra víctima a quien destrozar.

¿Qué nos ha pasado a los venezolanos que caímos en esa vorágine que tanto nos lesiona? De ser los hermanos de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, pasamos a ser los cófrades de la inquina, la rabia, los agravios y la maldad. Ciertamente hay quienes se merecen los insultos y las descalificaciones por el daño moral y material que le han hecho al país, pero otros, no. Lo más insólito es que los mayores improperios van dirigidos no a los mayores destructores, sino a quienes han luchado contra ellos. Llamar “cómplice” de delitos a una persona es una acusación grave que no debería hacerse si no se tienen todas las evidencias que la incriminan. Pero no, en la Venezuela 2.0 se dice de todo, se denuesta de todo, se cree todo.

Yo estoy segura de que vamos a salir de esta situación que tanto nos agobia. De lo que no estoy segura es con qué tipo de sociedad vamos a contar para la reconstrucción del país. Si la que se va a imponer es esa histérica 2.0, podemos volver a caer en algo incluso peor de lo que ya hemos vivido. Si ésa es la sociedad que se impondrá a la generosa y amplia, mejor paso y gano…

@cjaimesb

En un ambiente de contradicciones en el seno de la oposición y con un férreo control social ejercido sobre la población venezolana por el Gobierno, este último lanzó su última jugada a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC): la convocatoria adelantada de las elecciones para la Presidencia de la República que, según establece el decreto de ese órgano, deben realizarse antes del 30 de abril de 2018.

Acceso a la Justicia advierte que esta decisión de la írrita ANC no es más que una represalia ante las medidas acordadas por la Unión Europea (UE) con las que sancionó a siete altos funcionarios del régimen del presidente Nicolás Maduro, entre los que resalta el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, por afectar “la progresiva evolución del Estado de derechos humanos, de inclusión, justicia e igualdad”.

Aunado a ello, hay una carencia absoluta de todo anclaje jurídico para convocar este proceso comicial debido a que usurpa nuevamente las funciones electorales asignadas constitucionalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE), según el artículo 293, numeral 5, y legalmente desarrolladas en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), que contempla expresamente la facultad que tiene el órgano electoral de convocar y fijar la fecha de los eventos electorales para los cargos de elección popular.

Para Acceso a la Justicia esta supuesta convocatoria también es motivo de gran inseguridad jurídica entre los actores políticos y la ciudadanía en general, no sólo por la falta de equidad de competencia y parcialidad del CNE, orientado hasta ahora a favorecer al oficialismo, sino también por dos razones fundamentales:

1. Equiparar elecciones con democracia. El solo hecho de votar no es una condición suficiente para que un gobierno sea democrático. Existe, desde luego, una profunda diferencia entre elecciones y democracia. Un régimen dictatorial, por ejemplo, también gana por elecciones; es el caso de Cuba donde, como se sabe, no hay democracia pero sí se celebran comicios.
Para que los procesos electorales sean considerados auténticos métodos democráticos se requiere de forma inexorable el respeto a la participación política (artículo 62 de la Constitución), tanto de los electores como de los partidos políticos y candidatos, sobre todo a partir de condiciones justas, iguales y transparentes (artículo 294 de la Constitución).

En ese sentido, es falsa la justificación que en su último considerando da a su decreto la ilegítima ANC, cuando afirma que las elecciones presidenciales convocadas conducen a afianzar la “paz, la convivencia y la tranquilidad pública, por lo que resulta necesario continuar avanzando en la consolidación de procesos democráticos que permiten dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica, particularmente a través de las elecciones”, pues sólo la observancia y el respeto de las garantías mínimas electorales que aseguren la voluntad popular, hacen democráticas a las elecciones.

La democracia está indudablemente asociada a elecciones equitativas, limpias y justas, pero la idea de elecciones a secas no está ligada a ningún proceso democrático. Afirmar que con estas elecciones presidenciales habrá paz y justicia en el país es insensato cuando se ignoran esas garantías.

En esta infografía se puede ver qué reglas deben existir para que haya unas elecciones realmente democráticas, que en la actualidad no se cumplen en Venezuela.

2. Violación de la garantía de la convocatoria a elecciones y la fijación de la fecha. Justamente, esta es una de las garantías electorales mínimas imprescindibles para unos comicios justos y limpios, pues permite dar a conocer, de antemano, cuándo se celebrará la contienda electoral.

Es en razón de lo antes expuesto que el artículo 298 de la Constitución prohíbe, sin ningún tipo de excepción, cualquier modificación –parcial o total– de la legislación que regula el proceso electoral antes de los seis meses de su celebración o realización, para impedir que se produzcan cambios inesperados o sorpresivos que atenten contra la certeza jurídica y la transparencia de la contienda electoral, y asegurar de esta forma el respeto del derecho de participación política y del voto.

Ahora bien, es importante aclarar que la convocatoria y fijación de la fecha de elecciones lamentablemente luce poco resguardada en la práctica por parte del CNE, debido a que, a pesar de ser una actividad exclusiva del órgano electoral (artículo 42 LOPRE) –actualmente usurpada por la ANC–, se ha traducido en una medida arbitraria y que sólo responde a los intereses del Gobierno nacional.

No debe olvidarse lo que ocurrió con las fraudulentas elecciones de gobernadores que debían celebrarse en 2016 y fueron pospuestasinjustificadamente por el CNE en 2017 hasta que la ANC le giró instrucciones para que fueran realizadas en octubre de dicho año.

Pero vale destacar que el caso más emblemático aconteció en las elecciones presidenciales de 2012, en las que el entonces presidente Hugo Chávez buscaba su tercera reelección. De hecho, a raíz del deteriorado estado de salud en que se encontraba Chávez, el CNE decidió adelantar las presidenciales fijando el domingo 7 de octubre como fecha de votación y no los primeros días del mes de diciembre como había ocurrido en las pasadas elecciones del 3 diciembre de 2006, o en las de 1998, en las que fue electo por primera vez como presidente de los venezolanos.

Al respecto, es importante resaltar que la celebración de comicios presidenciales en el mes de diciembre, más que un invento, ha sido una tradición o costumbre jurídica de gran relevancia en el país que se remonta a 1958 y que, por cierto, es una consecuencia lógica por la inmediatez que ha existido entre esa fecha de elección y la toma de posesión por parte del candidato electo en el cargo presidencial. De hecho, así estaba contemplado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1998 (artículo 152), hasta que en 2009 la Asamblea Nacional –predominantemente chavista– decidió derogarla por la actual legislación electoral (artículo 42), suprimiendo expresamente que las elecciones debían celebrarse “para un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente”.

En cualquier caso, aunque no exista en la actualidad disposición constitucional ni legal que expresamente imponga la celebración de los comicios presidenciales en diciembre, no puede pretender convertirse la fijación de la fecha de elección en una especie de poder caprichoso sin norma que lo controle, tal como lo hace la reciente decisión de la ANC.

En ese sentido, para Acceso a la Justicia esta facultad debe adecuarse inexorablemente a la previsión constitucional estipulada en el artículo 231, en el que se establece que el día 10 de enero es la fecha de toma de posesión del candidato elegido como presidente de la República, pues ese término constitucional es el parámetro jurídico más idóneo y razonable que debe tomarse en cuenta para establecer el día de la elección presidencial.

El adelanto de las presidenciales en el primer cuatrimestre de 2018 por parte de la ANC es inconstitucional a la luz del límite derivado del artículo 231 de la Carta Magna venezolana, además que en nada coadyuva a solventar la actual crisis política, económica y social que padece la población venezolana, ni mucho menos ofrece garantías para elecciones justas, libres y trasparentes, pues de momento, aún no se tiene la fecha y tampoco se conocen las condiciones en que se realizarán estos comicios.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La decisión de adelantar las elecciones presidenciales lanza a los venezolanos al abismo de una dictadura. La ilegítima ANC –invocando su supuesto carácter de titular de soberanía constituyente– comporta la destrucción de facto del orden constitucional y democrático del país para consolidar un régimen dictatorial de Maduro disfrazado o maquillado de elecciones que trastocan y alteran la integridad de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Abundan los insensatos en tiempos que requieren que los mejores se pongan de acuerdo para derrotar al totalitarismo. Insensatos son aquellos que descalifican a priori a los partidarios de las negociaciones y de la conveniencia de acudir a votar en condiciones fraudulentas. También son insensatos quienes critican las acciones de calle y cualquier vía no electoral. Es lógico que se produzcan controversias sobre la estrategia a seguir, pero es inadmisible que algunos recurran al descrédito de quienes piensan diferente.

Todas las acciones para salir de esta dictadura totalitaria han fracasado, pero es una insensatez descalificarlas. La masacre del 11 de abril del 2002 y las violaciones a la Constitución justificaban la intervención militar y un gobierno de facto. Ello hubiese evitado la situación actual. El error de los militares fue no ponerse de acuerdo sobre la petición de Chávez de enviarlo a Cuba, así como la falta de comando para neutralizar a sus partidarios dentro de la Fuerza Armada. El error de los políticos fue no estar conscientes de lo que Chávez pretendía imponer, por lo que no apoyaron al gobierno provisional.

El paro cívico del 2 de diciembre del 2002, mal llamado paro petrolero por quienes quieren escurrir el bulto, fue una herramienta válida de lucha, utilizada exitosamente en otros lares. Fracasó porque en nuestro medio el gobierno dispone de muchos recursos, legales e ilegales, pero es una insensatez satanizarla y no intentarla de nuevo en mejores circunstancias.

Es una insensatez afirmar que, como consecuencia de la abstención en las parlamentarias del 2005, la oposición entregó todos los Poderes del Estado. Los políticos y la sociedad civil consideraron que había que realizar un gesto para intentar lograr elecciones limpias. Además, en ese momento el gobierno había repuntado en popularidad y los demócratas no hubiésemos obtenido más de una docena de diputados, tal y como lo manifestaron en privado los líderes de los partidos. Lamentablemente, al poco tiempo casi todos reconocieron a la nueva Asamblea y al CNE, pero sigue siendo una herramienta válida si se complementa con acciones de protesta.

En la elección del 2006 Rosales fue derrotado no solo por el ventajismo del régimen y las trampas del CNE, sino porque Chávez tenía mayor popularidad. En las del 2013, Capriles perdió por poco margen en una elección donde abundaron las trampas para permitir ganar a un Maduro que negó la auditoría. Sin embargo, las trampas y el ventajismo no son razones para predicar la abstención cuando se es mayoría, pero es necesario una excelente organización para neutralizar las acciones del régimen y, paralelamente, realizar protestas.

Es una insensatez criticar las valientes acciones de calle del 2014 y 2017. Es cierto que este tipo de acción, salvo que sean masivas, no logran la salida de una dictadura, pero los pueblos tienen que evidenciar que no se someten, aunque sea lamentable el costo de la represión. Casos similares fueron la resistencia en contra de los nazis, así como contra la dictadura de Pérez Jiménez y la reciente del valiente Oscar Pérez y sus románticos compañeros. La condena internacional a Maduro y sus acólitos es consecuencia de estas acciones.

En las parlamentarias del 2015 le dimos una paliza al régimen. Los totalitarios apelaron al CNE para no aceptar a los diputados de Amazonas y al TSJ para inmovilizar a la Asamblea Nacional. Es una insensatez criticar a nuestros diputados, los cuales están casi atados de manos. A pesar de todo, valió la pena votar. Abstenerse en la elección de la Constituyente era de rigor, ya que su convocatoria y elección es espuria.

Las elecciones de gobernadores del 2017 las perdimos por las trampas del régimen, porque los partidos no contaron con testigos de mesas y por la abstención. La excepción fue en Bolívar, donde el robo fue descarado, pero a Velásquez lo dejaron solo en su legítima protesta. La juramentación de los gobernadores de Anzoátegui, Táchira, Nueva Esparta y Mérida ante la Constituyente fue un error, ya que su negativa ha podido ser una fuente de protestas. Sin embargo, hay que reconocer que en el Zulia no respaldaron la cívica negativa de Guanipa. En la de alcaldes los principales partidos se abstuvieron.

Las negociaciones en Santo Domingo son controversiales. Quizá las diferencias se deban a la desconfianza que se ha sembrado. Hasta ahora nuestros negociadores no han cedido, como predican algunos pájaros de mal agüero. Esperemos sus resultados, aunque no somos optimistas.

Ante una dictadura totalitaria cualquier acción para derribarla es válida. Puede que se fracase, pero es importante que se tomen decisiones conjuntas. El pueblo está decepcionado. Hay que lograr acuerdos alrededor de una estrategia y de un posible candidato. Si votamos el régimen volverá a hacer trampas, ya que no está dispuesto a entregar el poder. Si no votamos le otorgamos permiso para que sigan con sus arbitrariedades. Votar o no votar quizá no sea el problema, sino cuáles serían las acciones posteriores. La dirigencia está al bate y debe considerar que muchos gobiernos han declarado que no reconocerán los resultados. Basta de insensateces.

Como (había) en botica:

Felicitaciones a la combativa Milagros Socorro por el otorgamiento de premio Oxfam Novib/Pen a la libertad de expresión,

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Con profundo dolor es necesario registrar y no archivar en la gaveta del olvido un hecho de extrema gravedad que nos llena de indignación, angustia y zozobra, en un país estremecido por la violencia y la muerte, como es la masacre de un grupo de venezolanos, víctimas de la más primitiva venganza, que nos retrotrae a una época incluso anterior a la ley del talión.

No quiero especular sobre lo ocurrido, con la particularidad de grabaciones o videos en tiempo real que dejaron plasmadas en imágenes las secuencias de un filme de terror, con correspondencia en la realidad, aunque será tarea compleja, requerida de conocimientos científicos y criminalísticos altamente especializados, ya que fue prácticamente destruido el lugar del suceso y alteradas o borradas las evidencias físicas para no dejar huella de la ejecución o pena de muerte de hecho y así darle forma a la tesis oficial de un supuesto enfrentamiento, sin que los órganos garantes de los derechos ciudadanos y de le legalidad, como los sedicentes encargados de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo, hayan emitido comunicado alguno, ni siquiera para anunciar, como práctica de rutina, el inicio de una investigación exhaustiva que, por supuesto, nunca se llevará a cabo en un país sin justicia, sin derecho y sin asomo alguno de legalidad.

Sin dar por demostrada hipótesis alguna, por carecer en el momento de los elementos de convicción requeridos que pueden hablar por sí mismos, se impone aclarar, con el peso de la sencillez y contundencia de las verdades más elementales, que en Venezuela no hay pena de muerte y que ninguna autoridad puede aplicarla, y que el manido alegato de la resistencia a la autoridad o el recurso a la tesis del enfrentamiento, en manera alguna justifica, sin más, acciones con el uso de armas con capacidad y efecto letal.

Aun si se demostrase que los abatidos estaban armados y dispararon contra los cuerpos de seguridad, ello no justifica ni autoriza el empleo de armas de guerra ni los disparos a matar, ni mucho menos que, habiéndose rendido, se haya ocasionado su muerte en acto de venganza, ajusticiamiento o pena de muerte de hecho, bajo el lema inaceptable y criminal de la captura “vivo o muerto”.

La masacre de El Junquito es uno de los hechos más graves ocurridos en los últimos tiempos, con la especial calificación de la exaltación y apología abierta o velada de los señalados como autores o partícipes en el horrendo crimen y la degradación pública de las víctimas que constituían el objetivo del operativo, OLP selectivo, marcado con el signo de la presunta rebelión contra el poder público.

Nadie puede disponer de la vida de otro ser; la dignidad humana debe ser resguardada o preservada; los muertos merecen ser respetados, sus familiares tienen derecho de conocer las circunstancias de su muerte y sus cuerpos le deben ser entregados para darles sepultura con el auxilio y el consuelo de su creencias religiosas y la compañía de sus seres queridos y amigos.

Por lo demás, estos hechos deplorables y condenables, deben ser conocidos por la jurisdicción ordinaria y no militar, siendo así que se trata de delitos comunes y hay civiles concernidos.

En definitiva, la sociedad venezolana, en aras de la defensa de sus valores, sentimientos y derechos, sencillamente, clama por justicia: la humana y la divina.

El Nacional

29 de enero de 2018

aas@arteagasanchez.com

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/justicia-junquito_220570

A nadie medianamente observador de nuestro acontecer político, pudo caerle por sorpresa la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas, realizada por la ANC.

A través de los años venimos observando los múltiples acuerdos entre el régimen y la MUD, dirigidos a mantener el status quo hasta el 2018, con la evidente intención de renegociar una extensión que le permita al chavismo/madurismo gobernar hasta el 2025. Para ello, la MUD se ha hecho especialista en las protestas inocuas y en los señalamientos sin destino.

Hace mucho tiempo que los detentadores del poder entendieron que no tienen nada que buscar en un ambiente electoral respetuoso de las decisiones de la ciudadanía; en tal virtud, procedieron a tomar por asalto el Consejo Nacional Electoral y a construir una oposición que se amoldara a sus deseos e intereses, que actuara como esos perros chiquitos, proclives al escándalo e inútiles para la confrontación real.

Este llamado electoral del 2018, persigue dos objetivos fundamentales: por una parte, el sometimiento del país entero a la Asamblea Nacional Constituyente, nacida de un fraude ajeno a la más elemental decencia política y dotada de poderes supra constitucionales que, en la práctica, absorben y hacen desaparecer la soberanía popular. Por la otra -con la descarada complicidad de la MUD- alargar por seis años más el cuestionado mandato de Nicolás Maduro.

Ya empezaron los desatinos, las propuestas absurdas y las explicaciones que resultan ofensivas a la inteligencia de cualquier persona normal. A los clichés de «votamos o nos matamos», «¿y tú qué propones?» y otras sandeces de similar catadura, le siguen los «intelectuales» MUDeros con sus medias verdades y sus conclusiones pergeñadas, carentes del menor rubor.

Dos viejas herramientas caza bobos están siendo desempolvadas por la MUD para perfumar su abyecta posición electoralista: «unidad» y «primarias», pero se cuidan bien de no mostrar la parte sumergida del iceberg; «unidad» siguiéndola a ella y «primarias» para escoger entre los candidatos que nos señale. Lo que no dice, a pesar de que lo sabe bien, es que Maduro ganará esas elecciones, que los comunistas no las convocaron para entregar el poder sino para consolidarlo, que quienes se sienten candidatos a fríos calabozos en tierras extrañas, están dispuestos a cualquier patraña para conservar un poder que no solamente los colma de prebendas, sino que los preserva de las amarguras de la cárcel a que se han hecho acreedores.

No en vano los franceses, una vez recuperada la libertad y expulsado el ejército nazi, fusilaron a los colaboracionistas y raparon el cabello de las mujeres que se relacionaron íntimamente con el invasor. Los venezolanos de este siglo XXI, habiendo sufrido las terribles consecuencias de la colaboración velada, vemos como justicia lo que antes nos pareció saña y entendemos que si Charles de Gaulle hubiese sido blando con los franceses que prestaron sus servicios a los alemanes, muy probablemente otra sería la historia de Francia.

La adversaria del cual debemos cuidarnos y esquivar sus consejos y sugerencias es la MUD; ella es la encargada de vendarnos los ojos para que caigamos en el barranco sin fondo de la tiranía. El tirano está identificado y es repudiado con vehemencia por propios y extraños; así, los pronunciamientos de Estados Unidos, del Canadá, del Grupo de Lima y de la Unión Europea, parecen ser el epílogo del llamado socialismo del siglo XXI, el cual nos devolvió el siglo XVIII. Los caciques de la MUD quizás logren esquivar el castigo que merecen por sus felonías; desaparecerán el tiempo necesario para que el olvido haga su trabajo y después reaparecerán, a la sombra de unas siglas, para seguir realizando el arte que dominan cabalmente: engañar.

Hemos vivido la amargura de la partidocracia y no es justo que la volvamos a vivir en el futuro; para evitarlo debemos exigir con vehemencia que todos los cargos de elección popular estén sometidos a elecciones primarias universales. Sólo así se recuperará la soberanía popular y el camino de la libertad y el progreso. Eso lo pueden anotar.

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

25 de enero de 2018

En estos días opacos y atormentados por calamidades como las vividas en los orígenes de nuestra patria, volvemos a recordar que, bien apurados debieron de andar Juan Germán Roscio y Francisco Isnardi, redactores de la declaración de la independencia, cuando no contactaron con algún hombre o mujer de ideas libertarias, existente de por si, en esta remota región de Occidente, para que estampara sus firmas aquel 19 de abril.

El asunto es que hubo de pasar una década para que, al margen de la participación de zulianos como Urdaneta, el Zulia se sumara con armas y bagajes a la lucha contra el imperio español.

Diez años de guerra con las consecuencias fatídicas de la misma, hablan de cientos de miles de patriotas caídos en el fragor de los combates. Ya para el año de 1820, propiamente un 26 de noviembre, Bolívar en el mismo Trujillo donde años atrás había impuesto el Decreto de Guerra a Muerte, le hacía firmar un Armisticio, así como un Tratado de Regularización de la Guerra al ejército realista.

En medio de este escenario el 28 de enero del año 1821 en cabeza del gobernador Francisco Delgado, aparece desde Maracaibo, el Zulia incorporada a la gesta independentista, colocando con su significativa participación el sello final de la victoria patriota en manos de Manrique y Padilla.

Esta declaratoria de independencia de la Provincia de Maracaibo, provocó el resquebrajamiento del Armisticio y la reactivación del conflicto armado, lo que condujo a nuestros libertadores a la Batalla de Carabobo y a la del Lago de Maracaibo.

No dejaron de tener razón los españoles al criticar la violación de lo acordado en Santa Ana, porque al son de caja y repique de campanas, Francisco Delgado, junto a su pueblo hicieron posible, que hoy en este Siglo XXI, lo recordemos celebrando nuestro día de la Zulianidad.

El Zulia es más que sus 63.100 km² de tierra y el Lago al que rodean. Ser Zuliano es ratificar el carácter libertario expresado en aquel documento, leído en Cabildo Abierto en la Sala Consistorial, sede del Ayuntamiento Marabino. Reivindicar esa condición regionalista que llevamos con pasión, es mantener vigente la lucha por nuestra democracia, hoy maltrecha por los gobernantes de turno.

La Zulianidad no sólo nos deviene de este hecho histórico, somos Zulianos porque desde el primer momento cuando el imperio español pisó nuestro terruño, los pueblos originarios entraron en resistencia. La Zulianidad, la conmemoramos como algo inherente a la Venezolanidad, porque ser Zuliano es ser Venezolano.