El mundo tiene un problema de líderes. Hay demasiados que son ladrones, ineptos o irresponsables. Algunos están locos. Muchos combinan todos estos defectos, pero también tenemos un problema de seguidores.

En todas partes las democracias están siendo sacudidas por los votos de ciudadanos indolentes, desinformados o de una ingenuidad solo superada por su irresponsabilidad. Son los británicos, que al día siguiente de haber votado a favor de romper con Europa, buscaron masivamente en Google qué significa eso del Brexit. O los estadounidenses que votaron por Donald Trump y ahora están descubriendo que su presidente les hará perder el seguro de salud. O quienes le creyeron cuando prometió que no gobernaría con las élites corruptas de siempre y ahora ven cómo lobistas que representan voraces intereses particulares y ocupan importantes cargos en la Casa Blanca. Son los ciudadanos que no pierden el tiempo votando, ya que “todos los políticos son iguales” o quienes están seguros de que su voto no cambiará nada. Seguramente usted conoce gente así.

Por supuesto que hay que esforzarse en buscar mejores líderes, pero también hay que mejorar la calidad de los seguidores. Ciudadanos mal informados o políticamente apáticos los ha habido siempre. Al igual que aquellos que no saben por quién están votando o contra quién. Pero ahora las cosas han cambiado y los votos de los indolentes, los desinformados y los confundidos nos amenazan a todos.

Internet hace más fácil que los peores demagogos, oscuros intereses y hasta dictaduras de otros países manipulen a los votantes más desinteresados o distraídos. La Red no es solo una maravillosa fuente de información, sino que también se ha convertido en un tóxico canal de distribución de mentiras transformadas en armas políticas. En Internet todos somos vulnerables, pero lo son más quienes por estar muy ocupados o por simple apatía no hacen mayor esfuerzo por comprobar si es verdad lo que dicen los seductores mensajes políticos que les llegan.

Y no son solo los apáticos. En el polo opuesto están los activistas, cuyas posiciones intransigentes hacen más rígida la política. Quienes están muy seguros de lo que creen encuentran en la red refugios digitales en los que solo interactúan con quienes comparten sus prejuicios y en los que solo circula la información que refuerza sus creencias. Más aún, las redes sociales como Twitter, Instagram y otras obligan a usar mensajes muy breves, los famosos 140 caracteres de Twitter, por ejemplo.

Esta brevedad favorece el extremismo, ya que cuanto más corto sea el mensaje, más radical debe ser para que circule mucho. En las redes sociales no hay espacio ni tiempo, ni paciencia para los grises, las ambivalencias, los matices o la posibilidad de que visiones encontradas tengan puntos en común. Todo es o muy blanco o muy negro. Naturalmente esto favorece a los sectarios y hace más difícil llegar a acuerdos.

¿Qué hacer? Para comenzar, cuatro cosas.

Primero: Una campaña de educación pública que nos haga a todos menos vulnerables a las manipulaciones que nos llegan vía Internet. Es imposible lograr un completa inmunidad contra los ataques cibernéticos que, usando mentiras y tergiversaciones, tratan de influir en nuestro voto o en nuestras ideas. Pero eso no significa que la indefensión sea total. Hay mucho que se puede hacer y divulgar las mejores prácticas de defensa contra la manipulación digital es un indispensable primer paso.

Segundo: Es inútil ofrecer mejores prácticas a quienes no están interesados en usarlas. Una sostenida campaña que explique las nefastas consecuencias electorales de la indolencia igualmente indispensable.

Tercero: Hay que hacerles la vida más difícil a los manipuladores. Quienes orquestan las campañas de desinformación deben ser identificados, denunciados y, en los casos de abusos más flagrantes, demandados y enjuiciados. Estos manipuladores florecen en la opacidad y se benefician del anonimato. Por tanto, hay que hacer más transparentes los orígenes, las fuentes y los intereses que están detrás de la información que consumimos. Es necesario disminuir la impunidad con la que operan quienes están socavando nuestras democracias.

Cuarto: Impedir que las empresas de tecnología informática y de redes sociales sigan actuando como facilitadores de los manipuladores. La interferencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos o en otros países no hubiese sido posible sin Google, Facebook, Twitter y otras empresas similares. Hoy sabemos que al menos estas tres compañías se lucraron al vender mensajes de propaganda electoral pagados por clientes asociados a operadores rusos. Hay que obligar a estas empresas a que usen su enorme poder tecnológico y de mercadeo para proteger a sus consumidores. Y hay que hacerles más costoso el que sigan sirviendo de plataformas para el lanzamiento de agresiones antidemocráticas.

@moisesnaim

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/peor-que-los-malos-lidere...

Seguro usted pudo ver la fotografía. En el lado derecho están los gobernadores electos, militantes de Acción Democrática. En el lado izquierdo destacan Delcy Rodríguez juramentándolos y Elvis Amoroso sosteniendo un libro rojo que aún no consigue lugar en nuestro imaginario.

Y entre ambas partes un enorme vacío, un espacio insalvable.

Un abismo. Ese abismo.

Sin embargo, existe un elemento singular que no debería pasar desapercibido. En el centro del encuadre hay una verdadera revelación: un retrato de Simón Bolívar es resemantizado por el contexto político de aquello que el fotógrafo ha decidido registrar.

No tiene sentido explicar las miradas de los gobernadores puestas en el suelo. Tampoco el vaso de vidrio abandonado en la pequeña mesa por descuido protocolar. Ni Alfredo Díaz jurando con la mano izquierda. Dejemos eso a un lado. Veamos el cuadro y el abismo. Aprovechemos esa lectura que abre la puesta en escena y cómo transforma de manera poderosa al poco conocido retrato de El Libertador.

Tito Salas, autor de ese retrato de Simón Bolívar que está basado en que le hiciera Guérin, optó por representar a El Libertador en una pose retórica. Sin embargo, ahora el contraste entre la mano derecha del prócer puesta en la cintura y la izquierda apoyada en diagonal deja de parecer simple y neoclásico. Al estar viendo hacia los gobernadores, su actitud la transforma en un gesto reprobatorio, como si desde los territorios de la Independencia el evento generara algo de vergüenza en ese hombre que los mira. Algo similar sucede con los ojos: parecen abandonar el manido recurso plástico de la mirada histórica puesta en la eternidad. La juramentación y la manera en la que decidieron distribuirse en el espacio hacen que luzca displicente, altanera, acusatoria. Para terminar, detrás del Padre de la Patria, las soleadas montañas recuerdan inevitablemente la Campaña Admirable, aquella que según algunos biógrafos fue capaz de afectar sus pulmones hasta asfixiarlo. A veces funciona así la historia de nuestros líderes: aquello que alguna vez pudo parecerse a la victoria termina trayendo consigo causas que conducen a la nada.

Desde ahí parece verlos el prócer retratado: desde este largo rosario de equivocaciones que define nuestra breve y tantas veces vergonzante historia política.

Hay algo paradójico en que, apenas horas después, ese mismo régimen que los juramentó se encargó de nombrar “protectores” en cada uno de los estados representados. Es decir: ahora les tocará co-gobernar junto al mismo candidato que pudieron derrotar gracias a un proceso unitario que incluyó un apoyo popular que rebosaba las limitadas filas de su partido. Ese apoyo que hoy aparece traicionado.

¿Qué debe generarle a un votante, demócrata y esperanzado, una acción tan salida de goznes y bochornosa como ésta? ¿Cómo se incorpora a la vida civil la idea de unos gobernadores electos que asumen la opción de la humillación y van, como un pequeño rebaño, al matadero de la Democracia? ¿Quién vuelve a poner sus ánimos en la misma dirección?

Son preguntas para las cuales un retrato parece tener mejores respuestas que cualquiera de estos cabizbajos líderes de provincia.

Ahora bien: entendido el asunto del cuadro, durante largo rato me seguía preguntando por el abismo.

Es decir: si el retrato había adquirido un nuevo sentido, ¿cuál era la función de estos metros de separación?

¿Cómo aparece esa distancia que, de manera tan artificial, separa a los constituyentes de los gobernadores?

¿Para qué mantener la distancia, cuando ya habían asumido estar juntos bajo el techo de la Casa Amarilla?

Fue esa última pregunta la que dio lugar a la alegoría: ese espacio entre ambas partes está ahí para poner en evidencia a los fantasmas de la historia.

Ese abismo podría ser ocupado por los rebullones de 1810. Vicente Emparan y José Cortés de Madariaga convertidos en espantos, capaces de susurrarle al oído aquello de lo que ninguno parece haberse dado cuenta.

Tras la traición a la unidad, estos gobernadores decidieron ir a juramentarse a la Casa Amarilla, el único edificio que figura en nuestra épica porque alguna vez se dijera en sus balcones “Yo tampoco quiero mando”.

No somos el mismo pueblo que en 1810 supo interpretar la cobardía de Emparan con tino, pero la Casa Amarilla sigue siendo el escenario ideal para poner en evidencia a unos gobernadores cuando se ven sobrepasados por un pueblo que les quedó grande y se hartó de ser jodido.

http://prodavinci.com/blogs/el-juramento-por-willy-mckey-1/

¿Alguien puede explicar, sin epítetos innecesarios, las razones que condujeron a los gobernadores vinculados con AD a prestar juramento ante una ANC, vapuleada y cuestionada moralmente por todos los demócratas y, de manera justa e implacable por el Secretario General HRA?

¿No bastaba el obsceno ventajismo oficialista que exhibe sin rubor su carencia de principios para, en alianza vergonzosa con las 4 conjuradas CNE, cometer todas las tropelías existentes para continuar disfrutando del Poder?

¿No era suficiente la falta de objetividad política del abstencionismo exquisito que, de forma arrogante, veló armas contra quienes decidieron participar, abrogándose la condición de supremos depositarios de virtudes y certezas en el campo opositor?

¿Para qué ahora se sume el bochorno triste de los Juramentados, cuya acción puede provocar mayor desconfianza, frustración, desmovilización y exilio interno en los sectores democráticos opuestos al Gobierno?

¿Los 4 juramentados y la Dirección política de su Partido, estarán conscientes del innegable daño ocasionado a quienes, con épico afán y sacrificio hicieron todo cuanto pudieron para derrotar, precisamente, a los prohijadores de la irrita ANC?

¿No se orientó, parte esencial de sus respectivas campañas para optar a gobernadores a denunciar el origen arbitrario y las ejecutorias de la ANC?

Agrego que los Juramentados fueron electos por una alianza opositora. No se deben a un solo partido, están obligados con todos sus electores y con las otras organizaciones políticas. No se les otorgó un derecho absoluto, Una decisión de esta magnitud debió consultarse. La arrogancia parece estar presente en todos los grupos sin distinción, con los matices habituales

¿Habrán considerado el efecto negativo sobre un universo opositor, de suyo poblado de dudas, muchas legítimas otras inducidas por el desasosiego, pero interrogantes que deben responderse aguzando la transparencia y probidad en las decisiones ?

El Gobernador Tomas Guanipa, excepción notable y honrosa, argumentó que enfrentó a Arias Cárdenas, representante de la ANC y actuó en consecuencia

No es fácil, con estas acciones, obtener el juicio aquiescente de un País atropellado, expectante por la peor crisis desde la etapa post independentista temprana, que espera gestos ejemplificantes de toda la dirección opositora.

¿Y las incontables denuncias contra la ANC en los organismos internacionales? De los cuales recibimos la mayor solidaridad. ¿Qué le dirán uds y HRA? ¿Ya no es tan írrita?

No es fácil!! Como decía el Ciudadano.

Pero debemos seguir impermeables al desaliento, aun cuando algunos se empeñen en promover la desesperanza.

La Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en un actor político que opera como comodín del régimen para justificar acciones que persiguen el control absoluto del Estado. Su ilegitimidad e inconstitucionalidad poco importan al régimen, pues su utilidad política como espacio para cohesionar a sus seguidores es lo que más les interesa.

En tal sentido, el PSUV encomendó a la dirigencia de su partido decir que las elecciones las había autorizado la Asamblea Nacional Constituyente, de manera que se pudiera ir posicionando la tesis de que gracias a la Constituyente es que se logró realizar esas elecciones que tenían en mora al menos 10 meses.

La intención de posicionar esa tesis es facilitar el camino para exigir como requisito que los gobernadores electos se subordinen a la Asamblea Nacional Constituyente antes de juramentarse en el cargo[1]. En el mes de agosto, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, el Poder Judicial y el propio presidente Maduro, han visitado a la Asamblea Constituyente para expresar su reconocimiento y subordinación a sus decisiones.

El modelo federal descentralizado del Estado y el principio de separación de poderes son ignorados y desconocidos de manera expresa por esa Asamblea Nacional Constituyente, que además de inconstitucional e ilegítima, es desconocida como válida por otros gobiernos del mundo, y su existencia en la dinámica política profundiza la ruptura del orden democrático y constitucional que denunció sistemáticamente la Asamblea Nacional durante el año 2016 e inicios del 2017.

El 12 de agosto de 2017, mediante un documento al que llaman Decreto Constituyente, la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente ordenó la reprogramación de las elecciones regionales para octubre 2017 en el marco del calendario electoral; en tal sentido, Tibisay Lucena, en su condición de presidenta del CNE, admitió que la elección regional, que originalmente iba a realizarse en diciembre, se adelantó para octubre, en virtud de la solicitud que la supuesta constituyente le hizo mediante el decreto señalado previamente.

Hay que recordar que el 11 de agosto de 2017, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), acudió a la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para reconocer a ese poder y subordinarse a su mandato. Con esa decisión el CNE claramente aniquiló su autonomía como Poder Público.

Ahora, peligrosamente la Asamblea Nacional Constituyente pretende subordinar a los gobernadores, exigiendo mediante otro documento, llamado Decreto Constituyente de fecha 18 de octubre 2017, que los Consejos Legislativos Estadales no juramenten a gobernadores proclamados hasta tanto ellos no se hayan juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Se asfixia así cualquier posibilidad de reivindicar el modelo federal descentralizado de Estado.

El 12 de octubre de 2017, el presidente Nicolás Maduro ya había advertido que los nuevos gobernadores deberían pasar por la supuesta constituyente para cumplir el requisito de reconcerla y subordinarse a ella. En este sentido, hay que ser contundentes y repetitivos, informando y alertando que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano norma válida alguna que obligue a ningún gobernador a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente para poder juramentarse conforme al marco normativo vigente.

Es absolutamente contrario a los valores, principios y garantías de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra propia tradición republicana, que el Consejo Legislativo imponga a los gobernadores la necesidad de cumplir como requisito previo para ser reconocidos y juramentados como máxima autoridad civil, la juramentación ante la supuesta Constituyente, tal y como lo anunció el 19 de octubre el Presidente del Consejo Legislativo del estado Táchira a la gobernadora electa de esa entidad federal, Lady Gómez.

En el caso de Táchira, es necesario acudir a la Constitución del Estado, que en su artículo 146 expresamente reconoce que el juramento se hace ante el Consejo Legislativo. El texto permite afirmar con certeza absoluta que no hay ningún otro requisito o condición o exigencia constitucional previa que deba hacerse a la gobernadora electa, a los fines de cumplir con el deber de recibirla para que se juramente ante el órgano legislativo estadal.

El artículo 146 de la Constitución del Táchira expresamente advierte que el juramento de la gobernadora electa debe hacerse “dentro de los cinco (5) días siguientes de la instalación del Consejo Legislativo en su primer año del período constitucional”.

Por lo tanto, un Poder Legislativo estadal, cuyo período ya está vencido y cuya renovación fue intencionalmente omitida por el Poder Electoral –por razones que hoy son claras– carece de toda legitimidad para imponer nuevas condiciones a la gobernadora electa; pero además, institucionalmente no puede obstaculizar la concreción formal del mandato popular expresado legítima y constitucionalmente a través del voto.

Lady Gómez, como gobernadora electa, debería hacer todas las gestiones para juramentarse ante el Juez Rector o un Juez Superior de la Circunscripción Judicial del Estado –para cumplir con la Constitución del Estado, si no puede juramentarse ante el Consejo Legislativo– o, en su defecto, juramentarse ante el Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado. Si no hubiera voluntad política para aceptar cumplir con el mandato constitucional, se concretaría una responsabilidad directa de estos funcionarios del Poder Judicial.

Es oportuno destacar que esa norma de la Constitución del Táchira resulta absolutamente coherente con el artículo 2 de la Ley de Regularización de los períodos constitucionales y legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, publicada el 23 de diciembre del año 2010, en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.013, en cuyo contenido expresamente ordena que los consejos legislativos y los gobernadores deben ser electos de manera conjunta.

Este artículo de la ley señalada evidencia y prueba que la convocatoria del CNE para la elección de gobernadores resulta contraria al mandato legal. Gravemente, la rectora Tibisay Lucena, con sus declaraciones, reconociendo que reprogramó su calendario electoral por solicitud de la Constituyente, actuó con parcialidad e intencionalidad, en una estrategia fraudulenta para ignorar el resultado legítimo de la voluntad popular en las elecciones del 15 de octubre 2017.

El papel que juega políticamente, fuera del marco constitucional, la supuesta Constituyente, es un ejemplo terrible que alerta con mucha claridad que la formalidad institucional se agotó y entramos en un régimen dictatorial que cuenta con una estrategia cuidadosamente definida para que el comodín político de la ruptura definitiva del orden constitucional y democrático sea la Asamblea Nacional Constituyente.

¿Qué pueden hacer los tachirenses? Si actuamos reivindicando el modelo federal descentralizado y el orden constitucional, atendiendo a los artículos 350 y 333 de la Constitución Nacional aún vigente, es importante que los tachirenses agreguen en su discurso, narrativa y motivación cívica, el artículo 246 de la Constitución del estado Táchira, pues en ese artículo se garantiza la desobediencia civil.

En consecuencia, el artículo 76 de la Constitución estadal plantea un mecanismo para reclamar y reivindicar el ejercicio del voto directo, secreto y universal del pasado 15 de octubre. Se trata del reconocimiento constitucional en la entidad federal, de asambleas consultivas comunitarias para abordar temas de interés estadal. Éste es, sin duda alguna, por su gravedad, uno de esos temas.

Tal vez es el momento de convocar esas asambleas consultivas, de manera organizada, estratégica, en distintas comunidades del estado. Se trata de ratificar, de manera aún más contundente, los resultados de la consulta del 16 de julio de 2017, rechazando la ANC –con la indignación que supone el irrespeto a la voluntad popular– y desconociendo al Consejo Legislativo como receptor del juramento, por no ser un Poder Legislativo relegitimado en los términos de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de respaldar legitimamente a la gobernadora Lady Gómez y elevar la voz cívica de reclamo e indignación por tan grosero intento de anular el voto como herramienta política de participación.

El irrespeto a la soberanía popular ha sido ya una política del Consejo Nacional Electoral, pero ahora la existencia de la supuesta Constituyente, obliga, sin ingenuidad, a asumir creativamente acciones cívicas, políticas e institucionales, que reivindique los valores, principios y garantías que hoy son desconocidos por el régimen en esta tarea moral y ética de restituir el orden democrático y constitucional del país.

Artículo escrito para PolitikaUCAB

21 de octubre 2017

https://politikaucab.net/2017/10/20/el-comodin-del-regimen-la-anc/

Los resultados electorales de las elecciones regionales son una ficción o fabricación. Nadie, en Venezuela o en el mundo, se tragará esos resultados según Gerardo Blyde Coordinador Electoral de la MUD. Los eventos electorales, como una ficción o fabricación, se han convertidos en cotidianos. Previamente, en el evento electoral más reciente donde se eligió a la Asamblea Nacional Constituyente, se manipularon los resultados oficialistas posibilitando que los representantes gubernamentales obtuvieran 8 millones de votos, abultando los resultados por al menos un millón de votos, los cuales fueron “fabricados” en medio de una opacidad que ya es característica de este tipo de eventos.

La manipulación electoral debe haber contribuido a la derrota de la oposición, aunque no se sabe por cuánto. El cansancio de la población después de meses de marchas y protestas también. La oposición fue al proceso dividida. Los partidos pequeños se opusieron a la participación, pero los grandes se impusieron, en particular AD y Ramos Allup quienes decidieron salir adelante obligando a los demás a seguirlos. Al final no se obtuvo ni una victoria real ni moral. Hubo poco entusiasmo por participar en las elecciones, por parte de la base de los partidos de la oposición, pues la gente no logró conectar la misma con el cambio de régimen, según Félix Seijas, un estadístico de la UCV.

El régimen actuó con ventaja, haciendo todo lo posible por obstaculizar el voto opositor. Estimuló el cambio de los centros electorales que en eventos electorales previos se inclinaron por la oposición. El que escribe estas líneas votó en escasos minutos en la Unidad Educativa Simón Bolívar, en la cual había votado en eventos anteriores. A las 2 pm no había nadie haciendo cola en la mesa donde voté. Mientras que en el mismo centro, largas colas se producían en las mesas donde se habían transferido a las personas que votaban en el colegio Academus y Lucas Castillo, ubicados en zonas donde predominaba el voto opositor. La ausencia de testigos y los cortes de luz intencionados impedían el voto en estas mesas. A la misma hora, la secretaria general de AD en el estado Aragua, informaba en entrevista radial, que el evento transcurría sin mayores incidentes y que había que felicitar al pueblo venezolano por su disposición a votar. Según Carlos Ocariz, el gobierno, empleando este tipo de maniobras, logró impedir el voto opositor de un considerable número de votantes en el estado Miranda, lo que alteró el resultado final.

El régimen usó diversos mecanismos para concretar el voto oficialista. Utilizó mensajes de textos para informar a los empleados públicos donde votar y por quien. Al menos en un estado, Vargas, se repartieron bolsas de comidas a las puertas de los centros electorales. Al final el oficialismo logró obtener el 54% de los votos, lo cual contrasta con el bajo apoyo que obtiene en las encuestas de opinión, donde el gobierno logra un respaldo inferior al 30%. La elevada votación obtenida por el oficialismo es improbable de lograr sin que exista una manipulación de los votos electorales según Félix Seijas.

La oposición luce confundida y dividida. Al conocerse los resultados electorales su reacción fue el silencio ante un resultado que no esperaban. Luego se reunieron y debatieron más de una hora y señalaron que no reconocerían los resultados. Según David Smilde del centro de análisis “Washington office on Latin America”, la reacción de los dirigentes de la oposición es sorprendente, pues no se plantearon otros escenarios distintos al triunfo arrollador y mucho menos un plan alternativo, en el caso de que ese triunfo arrollador no se concretara. Pensaban que su sola participación impediría el fraude, lo cual no ocurrió. Después de ello la división de la oposición se ha profundizado, pues algunos como Carlos Ocariz señalan que hubo fraude y que acudirá a las instancias internacionales para presentar las pruebas, otros como Henry Falcón opinan que perdieron las elecciones y que es necesario aceptar los resultados aunque sean adversos. Henry Ramos Allup reaccionó con indignación a las acusaciones de fraude del secretario general la OEA Luis Almagro, en las cuales creyó ver una acusación contra los partidos que como AD, habían decidido participar en las elecciones.

Los resultados obtenidos podrían entusiasmar al gobierno a realizar las elecciones presidenciales el año que viene, aunque tienen que buscar un candidato. Héctor Rodríguez, el candidato ganador en Miranda, podría ser una alternativa. La oposición ante esta eventualidad no las tiene todas consigo. Un representante de la MUD señaló que no participarían en un evento electoral más sin contar con un órgano electoral independiente. Además, entre sus potenciales candidatos hay uno preso (Leopoldo López) y el otro está inhabilitado (Capriles). Adicionalmente a ello la población luce cansada de la política, la clase media ha emigrado y los que permanecen en el país tienen pocas esperanzas de que la situación cambie.

Mientras tanto, la Unión Europea que calificó los resultados de sorprendentes afina las sanciones que impondrá a Venezuela. El secretario general de la OEA señala que en las elecciones regionales hubo fraude. Se cimienta la idea de que una oposición fragmentada y confundida no contribuirá en modo alguno a que salgamos de este atolladero. En una eventual salida electoral el próximo año, las sanciones internacionales lucen como la única opción a fin de presionar al gobierno por unas elecciones trasparentes con acompañamiento internacional y un órgano electoral independiente.

Profesor UCV

josenri@gmail.com

La decisión de AD o quizás sería más justo decir, de su “dirigencia”, nos sorprende cuando creíamos que habrían pocas cosas en la política nacional capaces de hacerlo.

Juramentar, ante la asamblea constituyente que hemos declarado espuria la mayoría de los venezolanos y el mundo democrático, a unos gobernadores que fueron electos como producto de un esfuerzo unitario, es confirmar que para algunos, en esta caso para Ramos y su séquito, la unidad es un instrumento utilitario que puede dejarse de lado tan pronto alcanzan el objetivo deseado.

Los principios, las declaraciones previas, las consignas que vocearon e hicieron vocear a otros, son dejadas de lado tan pronto aparecen oportunidades de acceder a las migajas que desde el gobierno nacional de seguro les dejarán caer, que suponemos no deben ser pequeñas y ya cobradas por los que tomaron la decisión.

No puedo hablar por otros, pero al calor de lo que ha ocurrido hoy, debemos ratificar la necesidad de replantearnos el ejercicio de la política, recuperando la dignidad que ella implica y diferenciándola del lodazal en que la han convertido tanto los oficialistas, como los “opositores” que lo único que adversan es no estar ellos haciendo lo que le “critican” al gobierno.

A partir de este momento se reivindica lo que hemos dicho muchas veces, “no volverán, porque nunca se fueron” o digan sí, salvando las magnitudes, algunas vez dejó de estar presente la corrupción en sus expresiones: negocios ilícitos con los dineros del Estado, contrabando en dos sentidos, explotación minera, manejo del estamento militar, manipulación de la justicia, clientelismo, apropiación de todos los espacios de actuación social y adicionalmente por si faltaran, las que cualquier venezolano puede añadir a partir de experiencias vividas.

Este es otro de esos momento que se presentan en la vida de las sociedades y de los que somos parte de ellas. Las indefiniciones no caben, el tomar posición es ineludible y el rechazo a la traición es obligante.

Tenemos años votando por un cambio y cada vez que avanzamos, las actuaciones colectivas de nuestros elegidos nos hacen retroceder y perder posiciones difíciles de recuperar.

Toca construir una verdadera unidad, ante el gobierno y ante aquellos que lo aspiran para seguir haciendo lo mismo. De ella no está excluido nadie, y hoy hay que decirlo con claridad, mucho menos los militantes de AD que sueñan con ver su partido de siempre apegarse a las ideas que le dieron origen.

Los dirigentes políticos tienen que actuar, los militantes partidistas recuperar su papel deliberante y no simplemente obediente, y los que no militamos pasar a actuar activamente en la política, aunque sea por un tiempo, antes de que ella sea totalmente expropiada por los mercaderes de cargos y contratos.

Es la hora de una nueva expresión política que nos agrupe en este intento de construir una Venezuela distinta. Lo ocurrido no es un problema que afecta solo a los adecos, que de seguro los afecta; es un problema de todos que nos toca enfrentar entre todos y en este todos también están aquellos que ayer creyeron en un cambio que se volvió más de lo mismo

Podrán quitarnos todo menos el derecho a soñar que es posible una Venezuela distinta. Consecuente con ello, hoy nos hacemos parte de la indignación de los demócratas pero también del compromiso de seguir persiguiendo el cambio deseado y en ello estamos seguros de que pertenecemos a una inmensa mayoría.

En una reunión de abogados, en el análisis de algunos casos jurídicos, una joven colega, acuciosa y perspicaz, frente al contraste entre la dura y cruel realidad de la justicia penal venezolana, que nada tiene que ver con lo establecido en la ley, comentaba con toda sinceridad que no tenía otro remedio, ante los absurdos que vivimos a diario en los tribunales, que “declararse bruta”.

En otras palabras, si los criterios y la práctica jurídica han tomado derroteros disparatados no queda otro camino que confesarse “ignorante”, ya que la interpretación de las leyes tiene una lógica que surge de su letra y voluntad, lo cual contrasta con la arbitrariedad y el capricho de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de la aplicación de las normas en los casos concretos.

No hay manera de explicarle a un cliente o a un ciudadano común que si bien la Constitución consagra el debido proceso, el principio de legalidad, el derecho a la defensa y la libertad como regla, en Venezuela es posible que sin acreditar la existencia de un delito, sin elementos de convicción que comprometan la responsabilidad de una persona y sin peligro de fuga o de obstaculización de una investigación, puede privarse de su libertad a un ciudadano, someterlo sine die a una medida humillante de presentación, a la prohibición de salida del país e, inclusive, siendo la “suprema concesión” a un procesado, quedar preso en su casa, bajo el imperio de la ley inexorable del “diferimiento” que impedirá llegar a una audiencia cuyo nombre de “preliminar” o de antesala, previa al juicio, filtro de lo que amerita ser debatido o ser descartado por ausencia de todo elemento serio de incriminación.

Entre nosotros, el Derecho Penal, cuya normativa prevé los hechos más graves que afectan la convivencia social y establece los límites de la potestad punitiva del Estado, simplemente se ha convertido en el arma más eficaz para aterrorizar al enemigo político, para ejecutar venganzas privadas o para satisfacer caprichos personales.

No hacen falta largos discursos para exponer la absurda aplicación de nuestras leyes penales en contra de principios elementales del Derecho.

El pensamiento no delinque. Ejercer un derecho no puede dar lugar a castigo; la responsabilidad penal es personal; la prisión preventiva no puede ser la pena; toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario; y la pena, cuando se impone, no puede convertirse en un trato cruel, infamante o lesivo a la dignidad humana.

Ante los disparates y atrocidades que se cometen a diario en los tribunales, en incidencias procesales, en decisiones definitivas y firmes, e inclusive, en sentencias con carácter vinculante, desconociendo los principios fundamentales del Derecho Penal, en contra de la lógica, el sentido común y la sana interpretación, solo cabe declararse “ignorante o bruto en Derecho venezolano”, afanado por esconder el título de abogado producto de la enseñanza de los grandes maestros nuestros, quienes, sin duda, se revolverán en sus tumbas.

Sin embargo, este desolador panorama que produce escepticismo y desaliento debe constituirse en impulso y motor para seguir luchando, con la fuerza de la ley y la razón, por el imperio de la justicia, que deberá encarnarse en hombres y mujeres que, llamados como están a preservar la legalidad y erradicar la arbitrariedad, solo deben ser fieles a su conciencia y al derecho.

aas@arteagasanchez.com

@ArteagaSanchez

23 de octubre de 2017