Un fantasma recorre Venezuela, el fantasma del neomarxismo, pero no el de Karl, el viejo topo barbudo y amargado de Tréveris, sino el del bonachón y simpático de Manhattan, el recordado Groucho Marx.

En efecto, en estos últimos días, muchos opinadores dicen que lo que hay que hacer es encender la linterna de Diógenes (que buscaba incesantemente el hombre justo) y conseguir a uno que “sea aceptado por el régimen, que gane y que cobre”.

Ciertamente, quien sienta que no puede ganar unas primarias o que su candidato no puede hacerlo, está en todo el derecho de escoger la metodología que se alinee con sus intereses. Al final, a nadie puede obligársele a pelear enchiquerado.

Lo que sí debe merecer una reflexión es la posición según la cual el mejor candidato de la oposición sería aquel a quien el gobierno diera su aquiescencia. Así, iríamos, como en un casting, presentando los nombres, hasta que haya uno que merezca el papel, o como lo diría mejor Groucho Marx, “si no le gustan mis principios (o mis candidatos), no se preocupe, tengo otros”.

En apoyo a esta propuesta, muchos suelen invocar antecedentes como los de Patricio Aylwin, asumiendo (lo cual no fue verdad) que éste fue un candidato “negociado” con anterioridad con la dictadura.

Pues bien, debatamos sobre el tema. De una vez, presento mis excusas al lector si esta nota, por esas razones, resulta un poco larga. Pido su indulgencia a ver si tratan de llegar al final.

En el caso de Aylwin, nuestros argumentadores del consenso convenido plantean que éste era la persona a quien Pinochet, si le entregaría el poder. Al final lo entregó efectivamente, pero ese hecho no se puede explicar como una argucia de Lagos y un pacto previo con la dictadura para ver si Aylwin, le era potable. Lo razonable es averiguar cuáles fueron los polvos que llevaron a aquellos lodos.

Lo primero que hay que aclarar es que Pinochet nunca se presentó a unas elecciones contra Aylwin. Meses antes hubo en plebiscito en el que se preguntó a los chilenos si debía ratificarse, o no, el gobierno, dado que el mandato de 8 años, establecido en la Constitución pinochetista, llegaba a su fin.

Las bases de convocatoria de esa consulta eran sui géneris. Si ganaba el Sí, automáticamente quedaría reelecto Pinochet (porque se establecía que los altos funcionarios del Estado lo designarían presidente) y si ganaba el No, habría nuevas elecciones.

El cuento “largo corto” es que, cuando se conocieron los resultados, Pinochet convocó un consejo de ministros y les pidió a todos su renuncia, advertido, como estaba, de que no había apoyo para desconocer los resultados. Salió de Santiago y cuando comenzaba a urdir el golpe, el comandante general de la Aviación, mientras descendía de su vehículo, fue abordado por los periodistas y dijo claramente que había que respetar la voluntad popular y que los resultados del plebiscito eran claros. Fin de la película.

Pinochet no tuvo más remedio que aceptar la realidad y fue evidente que, desde ese mismo momento, bajó los brazos. No hubo una sola insinuación de no querer abandonar La Moneda después del varapalo. Incluso, en las elecciones del año siguiente, varias de las organizaciones que le apoyaban, postularon a un joven tecnócrata, Hernán Buchi, a quien dejó, como dicen sus propios partidarios, más solo que la una en medio de la campaña.

De manera que no fue cierto que hubo un concierto entre la oposición y el gobierno para escoger un candidato potable y único. Al punto que el partido socialista chileno se presentó con dos franquicias en aquellos comicios. Una, del Partido de Lagos, al ganador, Patricio Aylwin y, otra, a Errazuriz, del Partido Socialista Chileno que sacó la nada despreciable cifra de 16%, en una elección que podía ser muy reñida.

Otra cosa y otro debate es qué fue lo que hizo Aylwin para facilitar la retirada del dictador. Esa es harina de otro costal.

Lo interesante en este momento es saber cuáles fueron las cosas que ayudaron a crear las condiciones para impulsar una transición allá y que pueden hacerlo aquí. Sobre ello, no cabe duda de que la legitimación que nació del plebiscito y la que pueda salir aquí de las primarias son claves para avanzar en ese proceso.

De manera que llevar agua al molino de las antiprimarias es (ya lo dijimos) una estrategia comprensible para quienes no pueden ganarlas, pero no hay que estirar los argumentos al punto de decir que no tienen ningún valor y que no son necesarias y que hay que partir una lanza por el fulano “consenso convenido”.

Es obvio que todos estos argumentos de un sector de las élites políticas venezolanas se han exacerbado ante la incontrovertible realidad de que María Corina Machado ganaría estas primarias. En otras circunstancias, es muy probable que sus adversarios estarían argumentando otra cosa.

Finalicemos, no obstante, con dos preguntas que pudiera parecer ingenuas, pero que encierran lo medular del asunto:

¿No es más inteligente esperar que las primarias se realicen?

¿Es que acaso una oposición legitimada popularmente no tendrá infinitamente más probabilidades de crear capacidades y condiciones para tener unas elecciones libres, unas que abran la puerta franca a una verdadera transición?

¡Caramba, “un poquito de por favor”!

11 de julio 2022

https://www.elnacional.com/opinion/nuestro-neomarxismo/

El Gobierno de Nicolás Maduro ha vuelto recurrir a una de sus armas preferidas para neutralizar a sus opositores e incluso a disidentes del chavismo: las inhabilitaciones administrativas que impone la Contraloría General de la República (CGR). En esta ocasión, el blanco ha sido la opositora y fundadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado.

La decisión la anunció el despacho dirigido por Elvis Amoroso el pasado 30 de junio a través de una carta que le dirigió no a la afectada, como sería lo lógico, sino al diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Brito. Al respecto, llama la atención que unos días antes el legislador acudió ante ese organismo para preguntarle si tenía alguna averiguación abierta contra la opositora.

La respuesta de la CGR no se hizo esperar. «María Corina Machado Parisca (…) está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría», se lee en la misiva.

El organismo aseguró que la medida contra la líder opositora responde a dos supuestos: El primero, «errores (sobreestimaciones y subestimaciones) así como omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas» que Machado presentó cuando se desempeñaba como diputada de la AN entre 2011 y 2014; y entre ellas está la «existencia de fondos administrados por justificar que representó un porcentaje cerca del 50% de los fondos administrados en el período evaluado, constituidos por depósitos y notas de crédito».

En segundo lugar, están los «hechos públicos, notorios y comunicacionales» de que

«ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) que propició el bloqueo criminal a la República (…), así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo, con la complicidad de gobiernos corruptos».

Asimismo, fue señalada de solicitar «la aplicación de sanciones y el bloqueo económico que generó daños a la salud del pueblo venezolano, por cuanto la banca internacional no aceptó los fondos provenientes de nuestra nación».

Una revisión de la manera en que se llevó el proceso y de los argumentos permitió detectar por lo menos cinco vicios o irregularidades que, a criterio de Acceso a la Justicia, hacen nula la sanción impuesta a la opositora.

1. Falso supuesto de hecho

El falso supuesto de hecho es una irregularidad o vicio de un acto administrativo, como lo es el de la inhabilitación de la CGR contra María Corina Machado, que se verifica cuando se aplica una norma jurídica a un hecho distinto al previsto por esta última.

Así, el primer motivo para considerar ilegal la inhabilitación contra Machado es que ella no es funcionario público, es decir, no desempeña ningún cargo de elección o designación en el Estado ni recibe o administra fondos públicos, ni lo ha hecho desde su cargo como diputada que fue hasta inicios de 2014 por una decisión del presidente de la AN para ese momento, Diosdado Cabello, ratificada por el máximo tribunal.

La Ley Orgánica de la Contraloría, en sus artículos 2 y 9, deja en claro que su misión de «control, vigilancia y fiscalización» es sobre «los ingresos, gastos y bienes públicos» y, por lo tanto, están sometidos a ella quienes laboran en los órganos y entidades del Poder Público nacional, estadal y municipal, los institutos autónomos, el Banco Central de Venezuela (BCV), las universidades públicas, las fundaciones y asociaciones cuyos fondos en más del 50% salgan del erario y las personas naturales y jurídicas que contraten con el Estado.

Por su parte, el artículo 2 de la Ley contra la Corrupción señala que

«están sujetos a esta Ley, las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, los funcionarios públicos, las comunas, los consejos comunales, las asociaciones socioproductivas y las organizaciones de base del poder popular, así como cualquier otra forma de organización popular, cuando manejen fondos públicos».

Ser funcionario o pertenecer al sector privado y recibir recursos públicos o administrarlos es el primer requisito para que la Contraloría pueda actuar contra alguien. Como se ve, la legislación no permite actuar contra particulares a menos que hayan recibido o administrado fondos del Estado.

Con respecto al señalamiento de que Machado participó en el interinato, ello no parece ajustado a la realidad, pues la opositora no integraba la AN electa en 2015, ya que otra inhabilitación de la CGR le impidió reelegirse como diputada. Asimismo, su nombre no figura en ninguna de las designaciones hechas por el Parlamento o por Guaidó a la luz del Estatuto para la Transición, el cual sentó las bases legales del llamado Gobierno interino.

2. Fuera de lapso

En su misiva, el despacho de Elvis Amoroso asegura que mantuvo abierto el procedimiento contra Machado que en 2015 sirvió para inhabilitarla por primera vez por 12 meses (resolución n.º 01-00-000398 del 13 de julio de ese año), y que gracias a esto le impuso una nueva sanción, esta vez por 15 años. Las explicaciones no solo lucen desproporcionadas, sino que violan flagrantemente la ley.

El artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría señala que «Las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias derivadas de la presente Ley, prescribirán en el término de cinco (5) años, salvo que en Leyes especiales se establezcan plazos diferentes». Por lo tanto, el expediente relacionado con las presuntas irregularidades en las que Machado habría incurrido en su declaración jurada de patrimonio debió haber sido cerrado hace al menos cuatro años.

Esta norma aplica también para las sanciones que podrían derivar de la declaratoria de responsabilidad administrativa como puede ser la inhabilitación política y así lo declaró el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante su Sala Político Administrativa en sentencia n.º 642 del 19 de mayo de 2009:

«la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal no prevé expresamente un lapso de prescripción para la declaratoria de las sanciones accesorias contempladas en su artículo 105, luego de declarada la responsabilidad administrativa del funcionario de que se trate.

Por tanto, estima la Sala procedente en estos casos, dada la especialidad de la materia, aplicar el lapso general de prescripción previsto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, contando el término allí previsto a partir de la fecha de la declaratoria de responsabilidad».

3. Sin derecho a la defensa

Aunque la Contraloría asegura que prosiguió sus averiguaciones en contra de Machado, la opositora no se enteró de ello, quien en una entrevista afirmó lo siguiente:

«La inhabilitación es absolutamente inconstitucional, lo es en Venezuela porque por un acto administrativo no se puede inhabilitar a nadie, pero además todo lo que están planteando allí son unas cosas verdaderamente obscenas. A la gente le ha dado por burlarse, es una cosa verdaderamente trágica, porque el régimen ni siquiera está cuidando las formas».

Machado aseguró que no fue notificada y tampoco se le permitió presentar alegatos sobre los hechos u omisiones que supuestamente se le estaban investigando. Lo anterior representa una clara violación al artículo 49 de la Constitución, el cual establece que «el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativa».

La norma constitucional antes citada también establece que «toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad».

La CGR parece basarse en que ya tenía un procedimiento abierto por la inhabilitación aplicada en 2015, por lo que no era necesario notificarla ni darle la oportunidad de defenderse, pero se trata de nuevos hechos, por lo que a todo evento se debía abrir un nuevo procedimiento con todo lo exigido por la normativa para que sea válido, habida cuenta además de que ese procedimiento está cerrado desde el punto de vista jurídico por el tiempo transcurrido desde su apertura.

4. ¿Doble sanción?

El señalamiento de la CGR de que la inhabilitación contra Machado se produjo en el marco de un expediente que le abrió en 2015 viola lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 49 constitucional, que reza: «Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente».

No se puede olvidar que ya el organismo la inhabilitó en una oportunidad, por lo tanto, cualquier otra medida similar debería ser producto de otro procedimiento, el cual, según lo expuesto desde el despacho dirigido por Elvis Amoroso, no se ha producido.

5. Sin facultad para inhabilitar

El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría otorga a su máxima autoridad, el contralor general de la República, la posibilidad de imponer las inhabilitaciones para el ejercicio de los cargos públicos por hasta un máximo de 15 años. La aplicación de este mecanismo es una medida administrativa desproporcionada que impide a los inhabilitados ejercer plenamente sus derechos políticos durante ese tiempo.

Además, la mencionada disposición legal está en contradicción con la Constitución, que en sus artículos 42 y 65 señala que el ejercicio de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. En el mismo sentido, se divorcia del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo texto reconoce como legítimas las limitaciones a los derechos políticos que estén fundadas en una condena dictada por el juez competente en un proceso penal en el que se le imponga al condenado la pena accesoria de inhabilitación política.

El tribunal regional, al decidir el 20 de noviembre de 2015 sobre la inhabilitación de Leopoldo López, determinó que el artículo 105 violaba el Pacto de San José, porque

«se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, (cuando) debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana».

El juzgado con sede en San José, Costa Rica, exigió a Venezuela que eliminara esa figura y que les permitiera a los afectados participar en todo proceso electoral. Ninguno de ambos mandatos ha sido cumplido. Es más, a pesar del dictamen internacional, la CGR ha continuado imponiendo esta sanción y tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el TSJ han validado esta práctica, impidiendo así numerosas postulaciones a distintos cargos de elección popular.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El Gobierno no cesa en sus intenciones de diseñar una oposición a la medida de cara a las presidenciales de 2024. Así, no ha dudado en recurrir nuevamente a las inhabilitaciones para sacar del juego a figuras que pudieran suponer una amenaza para su permanencia en el poder, a pesar de la ola de condenas internacionales sobre estas acciones, incluso algunas de ellas provenientes desde sus mismos aliados, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

María Corina Machado, a quien las encuestas señalan como la política con mayores probabilidades de ganar las próximas primarias, en las que la oposición escogerá a su candidato único para las presidenciales de 2024, vuelve a incorporarse al grupo de inhabilitados políticamente, integrado por Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski, Juan Guaidó, Freddy Superlano y disidentes del chavismo, quienes a causa de ello no pueden competir en elecciones o ejercer cargos públicos.

La acción contra la exdiputada siembra dudas sobre la transparencia y confiabilidad de las próximas elecciones presidenciales.

10 de julio 2023

https://accesoalajusticia.org/cinco-vicios-hacen-nula-inhabilitacion-mar...

El martes 4 de julio, Nicolás Maduro denunció intentos de la oposición de dividir a la fuerza armada. Pidió a su eterno ministro de defensa, Vladimir Padrino López, que la FAN diera respuesta “al fascismo” --calificación que define mejor que nada a su propio régimen--, “al golpismo y al imperialismo, con unión, moral, en la calle, con fuerza y que les diga claramente que con la Fuerza Armada no se metan”. Fue un ruego a estamentos de la FAN bajo su control para que siguiesen sosteniendo su dictadura. Sin este apoyo, Maduro, en marcada minoría, repudiado por la mayoría de los sectores de la vida nacional y aislado de buena parte de la comunidad internacional, no puede mantenerse en el poder. Es el uso de la violencia oficial y/o la amenaza de usarla, la que ha evitado que la voluntad popular lo haya desplazado. Por tanto, su denuncia se traduce en que los militares que lo apoyan continúen violando los preceptos constitucionales que deberían fundamentar su conducta como institución al servicio de la nación, no a su persona (Art. 328):

“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Recordemos como Chávez, luego de su separación efímera del poder en abril de 2002, se dispuso a purgar a la FAN, alineándola con su proyecto político. Le añadió el epíteto de “bolivariana” y exigió lealtad a su persona, acosando a aquellos que insistían en una conducta institucional conforme al artículo de la constitución arriba citado. Maduro acentuó esta perversión. En la Ley “orgánica” de la FANB de 2014 –ley “orgánica” aprobada por él por decreto presidencial, contrario a lo establecido en la Constitución--, identifica claramente al cuerpo militar con su régimen y le confiere un protagonismo en la conducción de asuntos del Estado y en el manejo de actividades comerciales. Pero ello es apenas el paraguas formal de la apropiación efectiva del país por parte de militares cómplices que venía adelantándose desde Chávez. Para 2018 estaban al frente de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento y televisoras, entre otras actividades. Maduro les proveyó una Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg), para que intermediaran en negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país --oro, diamantes, coltán y vanadio. Manejaron, además, a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que controla las empresas básicas de esa región, los puertos y aeropuertos, y empresas públicas como, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. Actualmente, un militar es a su vez, Ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA.

Este apoderamiento militar de porciones de la economía se benefició del desmantelamiento del Estado de derecho que marcó la gestión de Chávez y de Maduro. La ausencia de contrapesos, de transparencia y de rendición pública de cuentas redundó en un ambiente favorable a todo tipo de irregularidades, muchas al margen de la ley, para capturar rentas provenientes de la exportación petrolera. El protagonismo de algunos militares inescrupulosos en estas prácticas permite señalarlos como artífices, por ende, del régimen de expoliación que, a la luz de la ausencia de controles, terminó instalándose en Venezuela al amparo de la prédica “revolucionaria”. En tal sentido, forman parte del proceso destructivo que acabó, bajo la gestión de Maduro, con los servicios públicos, la infraestructura y los medios de subsistencia de los venezolanos. Aunado a su activo protagonismo en la represión de las variadas protestas de la gente, lo anterior los convierte en actores abiertamente contrarios al interés nacional.

¿Cómo se explica que algunos militares hayan traicionado su misión, fungiendo, de hecho, como verdugos de la Patria? Obviamente el interés crematístico, facilitado por el quiebre del ordenamiento constitucional, ocupa un papel central. Hoy, su complicidad en la devastación de la nación, sometiendo a la inmensa mayoría de venezolanos a un régimen opresivo que los condena a niveles insólitos de pobreza, a pesar de los recursos petroleros de que dispone el país, se ve reforzada por los sueldos miserables que, formalmente, percibe la oficialidad castrense. Como el resto de los empleados del sector público, tal remuneración no les alcanza para vivir. Por tanto, su control de aduanas, aeropuertos, puertos y alcabalas, como su participación en la inspección o fiscalización de actividades económicas, ha hecho de la extorsión la fuente principal de sustento para muchos. Si bien tales actividades parasitarias son comunes en dictaduras militares, en Venezuela se amparan en el discurso chavista.

Desde la independencia, o gracias a ella, los militares se han arrogado la potestad de ser decisores activos de los destinos de la patria. El sacrificio de vidas y la sangre derramada constituía la credencial de honor con la cual reclamar su función tutelar sobre la sociedad. Pero la FAN de hoy nada tiene que ver con el Ejército Libertador. Tiene sus orígenes en la profesionalización de la carrera militar instituida bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, que acabó definitivamente con las montoneras que asolaban al país durante buena parte del siglo XIX. Pero Chávez, en los delirios iniciales con que arribó al poder, les dijo a los militares que eran los herederos del legado emancipador. Como tales, estaban llamados a conducir la patria hacia los destinos gloriosos que su liderazgo deparaba. Tan patriótico rol tutelar los convertía en genuinos dueños del país. Con base en el culto a Bolívar y una retórica antiimperialista que sustituía a la España de principios del siglo XVIII por EE.UU., hizo de la FAN una especia de Guardia Pretoriana a su servicio. Entre otras cosas, la llevó a apoyar a los insurgentes colombianos (FARC, ELN), permitiendo que traficaran drogas a través del territorio venezolano. De ahí surgió, como sabemos, el llamado Cartel de los Soles, en el cual se señala participación de miembros de la alta oficialidad militar. Y, con una prédica de odio contra quienes se oponían a su proyecto, fue moldeando conductas fascistoides entre los integrantes de la cúpula militar que lo apoyaban. ¡Patria, socialismo o muerte!

En este proceso, Chávez destruyó a la FAN como institución, sustituyendo el compromiso jurado de ésta con los supremos intereses de la nación, por la lealtad a su persona. Relevó de mando a quienes no asentían a esta sumisión y detuvo, con acusaciones frecuentemente inventadas, a aquellos que podían poner en peligro su ascendencia sobre el cuerpo castrense. Maduro, desprovisto de tal ascendencia, ha acentuado la represión de militares institucionalistas. Con participación de la inteligencia cubana, ha desatado, bajo la DGCIM y el SEBIN, un verdadero reino de terror en su seno. Más de la mitad de los presos políticos en Venezuela actualmente son militares, unos 150. Investigaciones de organismos defensores de los derechos humanos, de la ONU, la OEA y ONGs respetables, reportan que muchos han sido sometidos a torturas salvajes. Se registra la muerte del capitán Acosta Arévalo, Rafael Arreaza Soto y Gabriel Medina (policía), entre otros. El compromiso de integrantes de la cúpula militar con el régimen de expoliación que arruinó al país se ha traducido, además, en la feudalización de la estructura castrense en REDIs, ZODIs y ARDIs. Muchos han degenerado en “cotos de caza” repartidos a través del territorio nacional, a ser depredados por auténticas mafias.

Maduro anunció el 5 de julio, el reemplazo de los comandantes del ejército, la armada, la aviación y la milicia bolivariana, y otros cambios en la cúpula militar. No obstante, ratificó a Padrino López, quien lleva 9 años como ministro de defensa, y a Domingo Hernández Lárez en el Comando Estratégico Operacional de la FANB. Son anclas del fascismo castrense que busca consolidar. Algunos analistas señalan que estos cambios se deben al malestar e inquietud creciente dentro de la estructura militar, que no puede ser ajena a la tragedia que vive el país. A ello obedecería su denuncia sobre supuestos intentos de la oposición de dividir a la FAN. ¿Se desmorona el sostén castrense de Maduro? ¿Hasta cuándo se va a prestar el componente militar a servir de salvavidas a quienes tienen como finalidad la destrucción del país? Es lamentable que siga descomponiéndose lo que una vez fue una institución respetada.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Según refieren Plutarco y algunos historiadores posteriores, durante confrontaciones bélicas a veces el mensajero que portaba malas noticias era ejecutado. Si la información era favorable, lo elevaban a héroe. Uno de los más famosos, Filípedes, quien anuncio a los atenienses la victoria sobre los persas, perdura hasta nuestros días en la competencia de Maratón. Las religiones también tienen sus mensajeros que comunican a los hombres las decisiones de un Ser Supremo. Así, dos ángeles llevaron el mensaje a Lot de que debía huir de Sodoma porque sería destruida, y el arcángel Gabriel informó a María que tendría a Jesús. Hoy, millones de mensajeros llevan documentos, mercancías y comidas de un punto a otro de nuestras ciudades. En la política, la mayoría de los dirigentes de los países tienen sus mensajeros o portavoces. Mientras más mediocres, más mensajeros y de cualidades cuestionables.

Este mecanismo les permite comunicar sus decisiones a bajo costo, caso de que tengan rechazo. Algo así como tantear a la opinión pública. Caso de que no sean aceptadas, matan al mensajero, es decir lo destituyen o desautorizan. En los países democráticos hay pocos portavoces. En Venezuela, cualquier hijo de vecino tarifado es mensajero de Maduro, aunque también los hay en la oposición.

Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez son los mensajeros inescrupulosos de mayor rango inscritos en el PSUV. Entre los no inscritos, pero enchufados, están José Brito y Luis Ratti, porte-parole de menor rango que se hacen pasar como opositores.

Entre los demócratas, recientemente se ha dado a conocer Luis Florido, del partido Un Nuevo Tiempo y anteriormente de Voluntad Popular, quien declaró que “los candidatos inhabilitados por la Contraloría deben declinar su postulación en la Primaria”. Es decir, sin pudor acepta sumisamente lo que ha ordenado el régimen y, además, viola lo acordado por la Comisión Nacional de Primaria. Recordemos que, hasta ahora, los inhabilitados por orden de Maduro que esperan medirse en la Primaria son María Corina, Henrique Capriles y Superlano. Después podrán agregar otros.

Florido, en vez de decir que hay que rechazar la medida arbitraria y presionar para que sea revertida, prefirió bajar la cabeza. Mientras tanto, Manuel Rosales, el jefe de su partido guarda silencio. Resulta tentador pensar que Florido es su mensajero. A Rosales lo apoyamos cuando lanzó su candidatura presidencial y no hemos estado de acuerdo en las acusaciones de que es colaboracionista del régimen. Hemos pensado que es un político práctico, que para mantenerse en la gobernación, que no lo enjuicien o le eliminen el situado constitucional, ha tenido que llegar a ciertos acuerdos de convivencia. Eso podría entenderse, ya que es preferible que él sea el gobernador de ese importante estado y no uno rojo. Su silencio y su decisión de nombrar como candidato a la Primaria a un desconocido, inclinan a pensar que está como caimán en boca de caño, esperando que pueda ser designado a dedo como el candidato contra Maduro. Ojalá aclare su posición.

Delsa Solórzano, precandidata en la Primaria propuso “un debate para establecer un orden de sucesión en caso de que resulte ganador un aspirante inhabilitado por la Contraloría”. Extrañamente, en vez de luchar para que la Contraloría retire esas inconstitucionales inhabilitaciones, se inclina por dejar pasar esa arbitrariedad. Ambos deben entender que ninguno de nuestros precandidatos está inhabilitado legalmente.

Todo el sector político y la sociedad civil de oposición debemos elevar nuestra protesta ante instancias internacionales y en Venezuela, para que quien gane la Primaria sea quien confronte a Maduro. Nuestros candidatos a la Primaria deben tener comunicación directa con los ciudadanos, sin utilizar mensajeros. Es la vía para llegarle a los electores.

En Gente del Petróleo apoyamos la Primaria, pero respetando la diversidad de opiniones de nuestros afiliados, solo haremos campaña por quien gane esa elección.

Como (había) en botica:

La relativamente baja inscripción en la Primaria es explicable por varios factores. Sigamos adelante hacia el 22 de octubre como primer paso para salir del régimen.

Citgo estaba perdida en el 2019, por las demandas de empresas afectadas por las confiscaciones arbitrarias ordenadas por Hugo Chávez y Maduro. Las gestiones de las directivas ad hoc de Pdvsa presididas por Luis Pacheco y por Horacio Medina, así como las realizadas por los abogados han permitido que Citgo no haya caído en manos de los acreedores. En este tiempo, la gestión de Carlos Jordá y su equipo gerencial ha logrado recuperar las operaciones de la empresa, la cual se encuentra en óptimas condiciones. Sin embargo, sigue el peligro de que la perdamos por decisiones judiciales.

Felicitaciones a Antonio Ledezma, impecable su actuación ante la Fiscalía del Reino de España, en la que desbarató la encerrona del régimen de Maduro.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Al finalizar los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en El Salvador, nuevamente quedó en evidencia el progresivo retroceso que, en materia de resultados, ha tenido nuestro deporte en el ciclo olímpico de competencias. En esta oportunidad logramos obtener 32 medallas de oro que nos permitieron seguir estancado en el cuarto lugar. Pero, lejos de emocionarnos, al comparar este resultado con el histórico medallero que hemos obtenido en el circuito centroamericano desde el año 2010 hasta la fecha podemos darnos cuenta de cuan profundo, sistemático y progresivo es la indetenible caída de nuestro deporte:

-En La edición número XXI de los juegos celebrados en Mayagüez-Puerto Rico en el año 2010 la cosecha de medallas de oro fue de 114 lo que permitió que ocupáramos el segundo lugar en la tabla final de posiciones.

-Cuatro años más tarde (2014) en los XXII juegos realizados en la ciudad mejicana de Veracruz el resultado en términos de medallas de oro fue todo lo contrario al obtener solo 56 medallas y quedar relegados al cuarto lugar en el cuadro final.

-En el 2018, en el marco de la edición número XXIII de los juegos, celebrados en Barranquilla Colombia, continuó el retroceso al obtener solo 34 medallas de oro y quedar relegado nuevamente al cuarto lugar en la tabla final de posiciones.

Ahora, en El Salvador 2023 se reafirma la progresiva y sostenida caída del deporte venezolano al observar que solo logramos 32 medallas de oro y mantenernos estancados en un cuarto lugar.

A esta negativa y preocupante situación de crisis permanente que rodea al deporte venezolano hay que agregarle los resultados frente a Colombia. País este, que desde hace más de una década nos desplazó de los primeros lugares en los Juegos Bolivarianos y Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. Situación que se reafirma en los juegos de El Salvador al obtener Colombia 87 medallas de Oro y Venezuela 32 medallas…¡¡¡ casi nos triplican en el número de preseas doradas!!!

A pesar de haberse mantenido por parte de los atletas, entrenadores y dirigentes una denuncia permanente de la crisis en la cual está sumido el deporte venezolano, el régimen se hace el oído sordo frente a los reclamos y persiste en sus políticas de solo presentar consignas de corte demagógico (Generación de Oro-Somos Potencia) sin ningún soporte programático y la consolidación de un sistema de corrupción que solo ha permitido el enriquecimiento ilícito y el despilfarro de los dineros públicos asignados al sector deportivo.

Muchos factores inciden en el estancamiento de nuestro deporte. El más fundamental, es el que tiene que ver con la preparación o entrenamiento de nuestros atletas. Allí, es importante destacar, la irresponsabilidad de haber suspendido la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales, lo que se traduce en no poder tener de manera sistemática los relevos necesarios para ir atendiendo los distintos ciclos olímpicos. El abandono de las instalaciones deportivas nos ha dejado sin centros de entrenamiento que reúnan condiciones adecuadas para ello. El derroche y desaparición de los dineros del Fondo Nacional del Deporte. La incertidumbre con respecto a los Programas Operativos Anuales hace que el trabajo del sector federado permanezca en una total incertidumbre y las autoridades solo se preocupan por violentar la autonomía del sector para controlar los procesos electorales y someter a los organismos directivos a jugar un papel de sumisión absoluta frente a ellos. El engaño permanente para la entrega de los pasajes aéreos necesarios para asistir a los eventos de preparación o clasificación que se realizan en el extranjero, las becas de hambre asignada a los atletas, la falta de comedores, la inseguridad social por la falta de seguros HCM para los deportistas, el engaño permanente con la asignación y pago de los viáticos, la inseguridad laboral de los entrenadores con salarios de hambre, la apropiación indebida de los aportes a su Caja de Ahorro y el no reconocimiento de sus derechos contractuales. La no homologación y pago de los pasivos laborales de los pensionados y jubilados del Instituto Nacional de Deporte y la contratación de “entrenadores cubanos”. La diáspora de atletas y entrenadores generada por la crisis que hoy vive el país y que han conseguido poder trabajar y competir en otras latitudes, es otro de los factores que hoy afectan negativamente al deporte. Varios atletas y entrenadores han emigrado y hoy entrenan y representan a otros países como Chile, Colombia, España, Ecuador y Perú. La solicitud irresponsable de sedes de eventos deportivos internacionales con el solo propósito de continuar con la malversación de los recursos económicos destinados para tal fin: El ejemplo más reciente “Los Juegos del ALBA”

Ahora bien, es importante señalar que la responsabilidad absoluta del desastre deportivo venezolano recae sobre los hombros de quienes han tenido la conducción de este (Ministerio del Deporte-Instituto Nacional de Deporte y Comité Olímpico Venezolano) que solo han demostrado, además de su incapacidad, un desempeño marcado por la corrupción. La indetenible y progresiva caída de los resultados deportivos pone de manifiesto el fracaso de la revolución del siglo xxi y la necesidad imperiosa de un cambio de gobierno para avanzar hacia el logro de Un Deporte Mejor en Una Sociedad Mejor. A nuestros atletas y entrenadores el orgulloso reconocimiento por su sostenido esfuerzo que a pesar de las dificultades generadas por la ineptitud de las corruptas autoridades deportivas han logrado defender nuestros colores patrios en los eventos deportivos internacionales.

Catorce candidatos de la Primaria de Oposición Democrática disputarán el contingente electoral de más de 20 millones de venezolanos registrados para votar. Veamos ahora algunos detalles, no los únicos o más importantes, del escenario de esa disputa: Electores en el exterior, centros y mesas de votación.

Electores en el exterior.

La Comisión nacional de primaria, siempre sostuvo que la primaria es un ejercicio de derecho, el ejercicio de un derecho constitucional, el derecho al voto, el derecho a elegir representantes, el derecho a darse una forma de gobierno, y todo lo que contempla el derecho al voto como un derecho político y un derecho humano. Y ese ejercicio derecho cobra mucho más significado con los venezolanos en el exterior, con los que han tenido que abandonar el país buscando una oportunidad que consideran que aquí se les niega.

La Comisión Nacional de Primaria (CNdP) dijo desde el primer día, que los venezolanos en el exterior tendrían derecho a votar en la Primaria, que se buscarían “los mecanismos viables” para hacerlo —como ordena el artículo 5 del Reglamento Marco— y por eso se planteó restituir ese derecho, negado por disposiciones legales, establecidas en legislación de la Asamblea Nacional, no restituidas por el Tribunal Supremo de Justicia, y ratificadas en prácticas del CNE reglamentando como condición, inconstitucional, pruebas de residencia regular en el exterior y al no permitir que cerca de un millón de jóvenes venezolanos se puedan inscribir en el registro electoral en el exterior.

Con la actualización del registro electoral (RE) para los venezolanos en el exterior la CNdP —desde el 7 de junio y hasta el 9 de julio— abrió la posibilidad de que cualquier venezolano en cualquier parte del mundo pudiera actualizar su registro para votar en una de las 81 ciudades escogidas para ello. En esas 81 ciudades, de acuerdo con la información disponible, viven más de 6 millones de venezolanos y se calcula que tienen derecho al voto más de 3 millones, que están registrados para votar en Venezuela y que no han podido actualizar su registro porque el CNE y el gobierno a través de las sedes consulares no les han dado esa oportunidad.

Al momento de cerrar este artículo el número de venezolanos que pasaron por el proceso de actualización del RE supera los 250.000 y los que lo lograron con éxito superan los 230.000 y aún falta la revisión de varios casos pendientes. Es decir, en tan solo 32 días la CNdP ha logrado actualizar un registro electoral para la Elección Primaria que es el doble de lo que ha logrado registrar el CNE en los últimos 10 años. Desde luego que la CNdP hubiera deseado actualizar a los más de 3.5 millones de venezolanos en el exterior, para que pudieran participar desde todos los rincones del mundo en la Elección Primaria del 22 de octubre, pero sabemos que esa tarea, primero de registro y luego de votación, es imposible. No voy a abundar más en los argumentos.

Haber logrado más de 230 mil actualizaciones, a las que se deben sumar los casi 108 venezolanos que están en el RE en el exterior, en tan corto tiempo, es un éxito que nadie puede desconocer. Vendrá ahora el análisis de esta situación, dadas las expectativas que algunos tenían, y que tendremos que afrontar de manera profunda.

Centros y Mesas.

La CNdP está ahora en la tarea de dividir ese RE, nacional e internacionalmente, en centros y mesas de votación, para que los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto y elegir al candidato unitario de la oposición democrática, que la representará en la elección presidencial de 2024.

La CNdP, con sus Juntas Regionales y las fuerzas políticas y sociales que apoyan a los candidatos están, desde mediados del mes de mayo, en la tarea de ubicar centros electorales en todos los municipios y parroquias del país, para instalar en ellos las mesas de votación, en la que puedan ejercer su derecho al voto los venezolanos. En una elección normal se instalarían 14 mil centros y más de 33 mil mesas. Desde luego que nadie ha pensado que eso se pueda hacer en una elección primaria, en la cual por definición, participa solo una parte de la población; por ello la CNdP ha definido una banda de entre 2500 y 3500 centros en los que se podrían instalar más de 5000 mesas, para que puedan ejercer su derecho al voto los más de 20 millones de venezolanos, si así lo desean, pues en los cuadernos electorales de las mesas que se instalen estarán todos los venezolanos inscritos en el RE.

Como bien sabemos, una “mesa electoral” es algo más que un tablón con una caja encima en la que se depositan los votos; esa caja va acompañada de un “cuaderno electoral”, donde aparecen los nombres y CI de todos los que tienen derecho de depositar los votos en ella. Para que eso ocurra hay que saber cuántas mesas hay que poner para que todos puedan votar y hay que saber el número de posibles votantes en cada mesa para disponer de boletas en cantidad suficiente para que todos lo puedan hacer. Saber el número de centros y mesas es también importante para saber con cuantos miembros de mesa hay que contar, además de los testigos de los candidatos y los Coordinadores de Centros y los Monitores, encargados de recoger la información de los resultados y llevarla a los centros de cómputos.

No sabemos cuántos electores finalmente concurrirán a votar en los centros y mesas en Venezuela, pero gracias al proceso de actualización del RE de los venezolanos en el exterior, sabemos que allí posiblemente concurrirán unos 300 mil electores, en las ciudades seleccionadas y corresponde ahora, hasta finalizado el mes de julio, constituir en esas ciudades los Comités Locales que se encargarán de desarrollar la actividad necesaria para que esos 300 mil venezolanos puedan votar el 22 de octubre.

Apenas empieza la tarea de los venezolanos que queremos un cambio político en el país; toca ahora terminar de ubicar los centros de votación, comenzar el proceso de selección y capacitación de más de tres mil Coordinadores de Centros y Monitores, la selección y capacitación de más de 20 mil miembros de mesa, constituir más de 80 Comités Locales en el exterior, con sus correspondientes Coordinadores de Centros y Monitores y más 300 miembros de mesa.

https://bit.ly/3rh0jwJ,

Las condiciones para protestar están dadas hace ya mucho tiempo, porque motivos sobran, en casi cualquier ámbito de la vida en Venezuela. Por alguna razón, históricamente, el pueblo venezolano se volvió estatista, haciendo que, para casi cualquier cosa en cualquier tema, se dependa del Estado.

Ese lujo que solo podían darse los venezolanos por lo del petróleo, que era sabido, al estar en manos del Estado, pues no había más remedio que aceptar que casi todo estuviera en manos del estado. Hasta lo que no estaba en sus manos, dependía de una u otra forma del Estado.

Los gobiernos anteriores a la revolución bolivariana, pudieron mantener el petróleo como fuente principal de ingresos, porque actuaron con mesura y permitieron que la industria estuviera manejada por profesionales. Era un mundo aparte que funcionaba muy bien siendo Pdvsa la cuarta petrolera más grande del mundo, con el complejo refinador más grande del mundo, y con reconocida reputación de buen manejo gerencial, casi siempre en el leading edge de la tecnología.

Por eso es que, cuando ese Estado rico se vuelve pobre, le caen a él todas las quejas… porque el poder que tenía sobre todo y sobre todos, requiere dinero para ser sostenido, y eso… bueno… eso se acabó.

Cómo haría entonces para responder a las quejas y al descontento, cuando ya no puede hacer lo que hacía antes, que lo hacía a “los realazos”. Ya no puede prometer solucionarlo, porque en realidad no puede hacerlo, y la gente lo sabe. Por eso es que las protestas no tienen miras de terminarse sino por el contrario de agrandarse. Porque, al no haber dinero para mantenimiento, la infraestructura tiende a deteriorarse, y las soluciones pasan por la canibalización de equipos, para arreglar otros; pero esa estrategia involutiva, solo conduce al colapso. Lo cual profundiza las protestas.

Protestas por bajos salarios, por contratos colectivos no cumplidos, por falta de salud y hospitales deteriorándose cada día más, por falta de agua, de electricidad, de internet, de educación, por la inseguridad, por los precios… y por la corrupción rampante que mete presos a unos, que son sustituidos por otros. Cada vez queda menos para robar, por lo que las “mordidas” tienen que ser más grandes, antes de que se acabe… y no importa que se note. Pero la gente lo nota.

En paralelo, la política estaba alejada de la mente de los venezolanos, por el descrédito de la dirigencia. De la del oficialismo por las razones anteriores, y de la de los opositores por no responder, representar o realmente oponerse. Y así como en el oficialismo no hay excepciones a esa regla, en la oposición sí hay gente que realmente se opone… contados con los dedos de una mano, pero sí los hay.

Es como si hubieran hecho un pacto (en algunos casos lo hicieron) de convivencia y permanencia, para que cada uno adoptara un rol en el cual el oficialismo mandaba, y el resto acompañaba… suave, sin que lo haga perder la condición de “opositor”. Por eso nació la “mesita” primero, y cuando creíamos que no habría nada nuevo nos sorprendieron los “alacranes”, y posteriormente los “escorpiones” con la eliminación del interinato. Siempre atacando a otros opositores y nunca al gobierno… no vaya a ser que…

Hasta que, con la rápida salida del país de Juan Guaidó, que era quien recorría el país verdaderamente oponiéndose, al espacio vacío lo ocupó María Corina Machado, quien venía corriendo desde atrás, con bajo perfil, con propuestas de cambio, consistencia de argumentos y con una épica importante de haberse enfrentado cara a cara a Chávez diciéndole que con su “exprópiese” estaba robándole a la gente.

Y de un momento para otro, ella se convirtió en un fenómeno de masas, de gente que viaja sin alimento, sin gasolina y con riesgo de represión, para asistir voluntaria y espontáneamente a sus actos, llenando las plazas de cada ciudad y poblado por el que pasa. De hecho, todas las encuestadoras, las de un lado y la del otro, le reconocen que sus números, multiplican por 4 al de sus dos seguidores. Por ejemplo, ella 30%, el segundo 7% y el tercero 6%… y los demás no superan los 3 puntos… porque son muchos… son 14. Su gran competidor, con otros 30 puntos, es la indiferencia, representada por los que aún no saben que van a hacer, si van a votar o si no van a hacerlo.

Y cuando se incorpora al candidato del gobierno en esos números, tiene 12 puntos… que representan menos de la mitad de los que ella tiene, pero duplica al segundo y tercer opositor. Y la inhabilitación no es relevante, porque solo tendrá efecto para las elecciones, que aún no tienen fecha en el calendario.

Pero para quienes sí parece relevante es para sus “compañeros opositores”; un alacrán buscó confirmar la inhabilitación, y ahora un escorpión le dice que como está inhabilitada no debería presentarse a las primarias. Y así, las descalificaciones, una vez más, como pasó con Guaidó, vienen de sus “compañeros”; podría pensarse que es envidia o resentimiento (que los tienen), pero lo que más pesa es cumplir con la tarea encomendada para destruir a la oposición desde adentro. Nada nuevo… los mismos, haciendo lo mismo.

Lo que parecen no entender, es que este tema, no es por una candidatura, sino por un liderazgo.

Y allí es donde convergen las protestas que mencioné al principio, con ese liderazgo emergente de María Corina Machado, porque hasta este momento, no había quien tuviera la credibilidad y el liderazgo para convocar movimientos de calle. De hecho, ningún dirigente opositor es capaz de convocar, y que asistan. Y eso irá creciendo. Más que nada porque los dos fenómenos, las protestas y el liderazgo, son genuinos y nacen de lo profundo de cada persona, que, en definitiva, es lo profundo de Venezuela.

Político

Las últimas declaraciones del ministro de la Defensa sobre que las Fuerzas Armadas siguen siendo profundamente chavistas, así como se escucha, que las cabezas de todas las instituciones se reconocen a sí mismos en forma pública y abierta, y sin ningún tipo de temor, como chavistas, puede inferirse, casi sin error, que nuestro sistema institucional está comprometido y alineado con el chavismo. Razón por la cual es difícil que un opositor verdadero pueda contar con algo de imparcialidad.

El ejemplo más claro es el conjunto de eventos preelectorales que van desde la intempestiva renuncia de los rectores del CNE, y la reposición y reemplazo de sus miembros, que están siendo seleccionados por un grupo cuyo liderazgo lo tiene la esposa del futuro candidato del chavismo, quien es el actual presidente. Ya desde esa base, puede perfectamente anticiparse que, quienes resulten elegidos, lo harán respondiendo al chavismo… Como con el resto de las instituciones, deberán ser profundamente chavistas, así digan que no lo son, y que son independientes. Bueno… la mesita, los alacranes y los escorpiones, también se llaman a sí mismo, opositores.

Por lo que se puede anticipar que estas elecciones que vienen, no serán competitivas y que no habrá posibilidad de que un opositor las gane. Por eso es que, para el país, que es principalmente opositor, la única elección que le generará un líder al que puedan seguir, será esta primaria que, si la dejan, ocurrirá el próximo 22 de octubre. Porque a priori, pareciera que son a prueba de inhabilitaciones…

Los países necesitan el equilibrio político de contar con oposiciones fuertes.

Social

La caída del consumo y el empobrecimiento de la sociedad, están asociadas al cambio del perfil poblacional y de los estratos socioeconómicos. Tradicionalmente nuestra pirámide socio demográfica se apoyaba en unas clases D y E que alcanzaban 75% de la población y una clase F (indigencia) que no superaba 8% de la población. Por esos mismos tiempos, la clase C –la clase media-, que significaba 15% de la población, fue perdiendo homogeneidad y tuvo que desdoblarse en C+ y C, siendo que el C- representaba a la clase media baja.

El siguiente movimiento fue la aparición (corta, transitoria) de la clase D+ que reflejaba al estructuralmente pobre, pero con ingresos excepcionales provistos por el Estado, que hacían que, por ejemplo, alguien con todas las características de pobre pudiera usar zapatos deportivos de marca costosa.

Finalmente, esa clase D+ se extinguió por el comienzo de los shortages en el financiamiento social por parte del estado, y terminó absorbiendo a la C- agrandando la base de la pirámide hasta el actual 85% de pobres, entre D y E. El otro fenómeno que fue ocurriendo frente a nuestros ojos –aunque no lo notáramos– fue la de pauperización de la clase E, absorbiendo las características de la clase F, que, como les mencioné más arriba, era la indigencia.

La D absorbió las características de la E, y la E, las de la F… y la C –clase media-, se convirtió en una bisagra que hace que, todos los días, un C, se convierte en pobre. Porque el país, en su conjunto se está empobreciendo. Hoy tenemos 85% de pobreza (D+E) con una indigencia (E) que alcanza 76%.

Se da el caso de que alguien propietario de una quinta en El Cafetal (típica urbanización de clase media) tenga estacionado en su casa un carro de principios de los 2.000, pero no tenga para comer, y deba vivir de la caridad de sus vecinos… porque, para colmo, el mercado inmobiliario está muy golpeado. En estos días se ofrecía en San Román (típico lugar de clase media alta) en 90.000 dólares, cuando, 10 años atrás su precio se acercaba a los 500.000 dólares.

De allí la caída del consumo, que no es coyuntural, sino que se está solidificando, a menos que se tomen medidas rápidas del cambio de perfil del modelo de negocios de las empresas, que está diseñado para atender necesidades de clase media, la cual va tendiendo a transformarse.

En lo social, para entender esta nueva realidad, tenemos que cambiar los paradigmas y las referencias. Ya, socialmente hablando, nunca volveremos a ser lo que éramos, aunque sí podemos ser algo mejor… solo si entendemos que las cosas han cambiado sin retroceso. Y eso sin contar con los más de 7 millones de venezolanos en edades productivas, que han abandonado el país, y ahora contribuyen al PIB de los países que los acogieron.

Económico

La noticia de la suspensión del “puerta a puerta (PaP)”, fue desmentida por el gobierno. No obstante, por el momento pareciera que hay un condicionamiento que está asociado a unas regulaciones que estaban desaplicadas y que ahora están tratando de reaplicarlas. Algo similar a lo del dólar “de hecho”, que cuando el gobierno quiera aplicar el “de derecho”, ocurrirá algo similar, y se producirá confusión y aumentará la desconfianza.

Porque el PaP se convirtió en una válvula de descompresión, la cual, alineada con la libre circulación del dólar en la economía, nos hizo transitar por un camino menos espinoso que si eso no hubiera ocurrido… es decir, si a eso no lo hubieran permitido.

Del “puerta a puerta” y de la libre circulación del dólar se alimenta nuestra economía de todos los días. Lo que se compra en Miami y en Panamá, se vende aquí con el precio calculado considerando el cost plus. Por lo cual es natural que nuestros precios locales sean el resultado del precio en origen, plus, la ganancia… y ese precio será más alto o más bajo, dependiendo el tamaño del plus. Por eso nuestros precios locales son más altos que en EE UU.

Lo cual le quita competitividad a los bienes que produce la industria nacional, porque si bien tienen la “ventaja” de que algunos insumos, repuestos y partes llegan PaP, sus productos tienen que competir con su equivalente provisto por el mismo PaP.

Por otra parte, los sueldos internos funcionan, según un análisis de Poder y Estrategia. reconociendo que solo 2% de la población gana por encima de los 1.000 dólares, y que 5% está entre 500 y 1.000 dólares. Más abajo, 12% está entre 301 y 400 dólares, 24% entre 201 y 300 dólares; 31% está entre 101 y 200 dólares, y que 23% está por debajo de los 100 dólares mensuales. Los cuales, por cierto, tienen más de un año congelados, mientras la inflación interanual, según el OVF, para junio era de 429%.

Y esa es la razón principal de la caída del consumo, que no solo se arreglará aumentando la oferta de bienes y servicios, sino logrando que la población (ver el título “Social” de este informe) tenga la capacidad de demandarlos.

Venezuela sigue siendo el país de las oportunidades, el tema es crear y sostener las condiciones de entorno para poder identificarlas y explotarlas, y que se conviertan en factores de bienestar para sus ciudadanos. Y allí es donde la convergencia entre lo público y lo privado, es la que puede hacer la diferencia.

Internacional

Cuando a Lula se le vaya Fernández el próximo 10 de diciembre de 2023, se quedará solo en una región donde la izquierda, su izquierda roja, fracasó y está siendo reemplazada por izquierdas rosadas (Boric, Petro y Arce), y por movimientos de centro derecha que tratan de recuperar sus países de tanto daño infringido por ese mal llamado progresismo que, al final, solo logró inestabilidad y peor calidad de vida.

Ya van dos reuniones convocadas por Lula, que son acaparadas por el rechazo a su posición frente al tema Venezuela. La pregunta que uno se hace es cuál es la motivación que tiene para enfrentarse al mundo defendiendo lo indefendible. Y la respuesta no es fácil, ni es buena… las respuestas, en general, están en lo que no se ve. Hay que recordar que el tablero donde se juega es mucho más grande y tiene un alcance mayor que el que tenemos a la vista.

En Argentina va a haber un reemplazo de criterios y de principios. Todo indica que quien gane la presidencia, un “él” o una “ella” va a salir con una posición pragmática, alineada totalmente con EE UU y con la UE, y rechazando la actual relación con Rusia.

Con China el tema es diferente, porque Argentina se ha ido convirtiendo en uno de los campos de batalla entre chinos y americanos. Hoy, la disputa con el FMI y la deuda externa está arrimando al gobierno argentino al lado de China; de hecho, parte del pago que Argentina le hizo al Fondo esta semana que pasó, lo hizo vendiendo un cuarto de los yuanes que tiene en reserva, que son una línea de crédito de 10 mil millones de dólares equivalentes en yuanes.

Para pagarle al Fondo, le pide prestado a los chinos… y los chinos se los prestan en condiciones mucho más comprometidas que lo que le presta el FMI, que tiene la tasa más baja del mercado, y lo que le pide es disciplina fiscal y monetaria; mientras que China pide litio, hierro y espacio sideral, a partir de la base militar que tiene en la provincia de Neuquén, eso sin contar con la carta blanca para la depredación pesquera en el sur, que ya lleva años, y de eso no se habla.

El tema Rusia, mientras continúe el actual liderazgo de Putin, no tiene vías de terminar, como no sea con una derrota acompañada de una rendición incondicional, y sometimiento del país al dictado de los vencedores, quienes, por el momento parecieran ser los países miembros de la OTAN; y no hay que perder de vista que China, quien, por el momento es un actor de reparto, podría entrar al protagonismo, tal como lo hizo Rusia en la WWII, y ser beneficiario de la repartición final.

Rusia, por intentar recuperar las fronteras que tenía la URSS, va a terminar perdiendo parte de su actual territorio.

Recomendación

• Al gobierno: que revise y reconozca que las solas dudas que se crean con declaraciones formales e informales desde el alto gobierno, ya generan efectos concretos en lo económico y fuerzan a la toma de decisiones empresariales, profundizando la desconfianza. Es de imaginarse que tienen una sala situacional donde analizan las relaciones causa y efecto de los do’s y los dont’s. O bien la sala está funcionando mal, o bien la estrategia es la profundización de la desconfianza. Porque no es casualidad la caída del consumo y de la actividad económica, justo cuando comienzan a hablar de desdolarizar, aumentan sideralmente la unidad tributaria, y se pelean más con los gringos, entre otras tantas situaciones negativas.

• A la dirigencia opositora: que suspendan los ataques entre ellos mismos, así como las trampas que se ponen, invitando a sancionar y a declinar. Esta es la oportunidad de que todos, absolutamente todos, los que se perciben como opositores o pseudo opositores, reconozcan la realidad de las preferencias de las bases, así a ellos no les guste: esto es lo que hay.

• A la dirigencia empresarial: que hay que revisar la estructura de precios y la aproximación al mercado. Hay que lograr que el perfil de la demanda se cruce con el de la oferta. El rol del empresario está en optimizar la cadena logística y de suministros, y lograr que los precios que se ofrezcan estén al alcance del consumidor, manteniendo y mejorando la calidad. Porque de otra manera cualquier producto chino podrá sacarlos de competencia. Por otra parte, el tema de los sueldos debe ser evaluado en términos de considerar que el sueldo que se le paga al trabajador, se constituye en su capacidad de demanda.
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