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Opinión

José Luján Alcaraz

Desde hace ya varios años se registran profundos cambios sociales, económicos y culturales que venían afectado a todo el sistema universitario, tanto en su dimensión como principal productor de ciencia, tecnología y cultura, como en su vocación formativa y de capacitación profesional. La pandemia y el conjunto de medidas de toda índole y naturaleza ideadas y puestas en práctica para enfrentarla simplemente han actuado como acelerante de un proceso que ya estaba en marcha.

La Universidad —es decir, la idea de una institución consagrada a la creación y transferencia del conocimiento— se encuentra ante una especial coyuntura en la que se juega su propia subsistencia.

En este sentido, resulta prioritario insistir y poner el foco en aquello que representa nuestra razón de ser: los estudiantes de la universidad española. Las necesidades a las que hemos debido de hacer frente en las universidades han variado notablemente en la última década y las posibilidades que las nuevas tecnologías incorporan a nuestro quehacer académico han generado demandas anteriormente desconocidas y en algunos casos incluso inesperadas.

Desde esta perspectiva, debemos adaptar el sistema universitario a las necesidades docentes de los y las estudiantes, y no realizar un proceso inverso. La innovación docente juega un papel decisivo en este proceso; pero también los valores de igualdad, inclusión y participación.

Nuestra misión es compartir el conocimiento y enriquecer el debate.

La homogeneización, utópica en muchas ocasiones e inviable en el sistema actual, ya no es una opción. La Universidad debe ser una institución inclusiva, que integra la diversidad y consigue la igualdad de oportunidades entre todos sus miembros y ofrece un modelo docente que garantiza la satisfacción de las necesidades de educación superior de la sociedad compleja característica del siglo XXI.

Para ello es preciso el compromiso, la colaboración, la cooperación y la convicción de todos los profesionales que conforman las universidades. La Universidad tiene la responsabilidad de ser motor e impulso de cultura y conocimiento, pero también es instrumento de transmisión de valores como la tolerancia, el respeto, la diversidad y la integración.

Todo ello requiere un trabajo conjunto de todas las organizaciones e instituciones, ya que sin la colaboración de todos los agentes implicados no es posible garantizar una formación integral de nuestros y nuestras estudiantes.

Apoyo a la internacionalización

Por otra parte, resulta especialmente necesario el apoyo a la internacionalización y el fomento de la movilidad nacional e internacional de nuestros estudiantes. Una ciudadanía crítica precisa de herramientas que le ayuden a entender e interpretar el mundo de forma adecuada. La riqueza cultural que aporta al estudiantado –y al profesorado, naturalmente– la experiencia de la internacionalización y la movilidad, dentro y fuera de nuestras fronteras, fomenta la participación activa en el entorno universitario y una mayor implicación con la formación integral de las personas que conformamos las universidades.

La gestión de las universidades españolas ha de contemplar un escenario en el que muchos de los postulados asentados durante decenios ya no son válidos, y ello vale también, y muy especialmente, respecto de la participación y representación estudiantil, cada día más cerca de los órganos de gobierno y más comprometida con el diálogo y el acuerdo. Como las demás instancias representativas universitarias, también la que en el ámbito de su autonomía protagonizan nuestros estudiantes necesita del refuerzo diario –diríase que de la legitimación permanente– que le proporciona la cada vez mayor presencia entre el estudiantado y su reconocida capacidad de interlocución.

Desde otro punto de vista, es preciso que todos los agentes concernidos en la Educación Superior formen parte del necesario cambio de marco educativo y la implicación de cada uno de los organismos desde su ámbito es crucial para impulsar un cambio de modelo que contemple los aspectos mencionados con anterioridad. El progreso solo es posible gracias a la unión de todos los estamentos y organismos, ya sea desde el ámbito educativo en sentido estricto, como, más ampliamente, desde los ámbitos empresarial, político o institucional.

Es lo que defiende el modelo Universidad 2030 impulsado por CRUE Universidades Españolas y que integra internacionalización, inclusión, formación multidisciplinar y transversal, orientación académica y participación estudiantil al servicio de una reforma docente que considera la demanda de cada uno de estos factores en las universidades españolas.

Nuestras universidades deben estar preparadas para formar a personas que no sólo adquieren conocimientos técnico-científicos, sino que buscan un desarrollo competencial amplio que les capacite profesionalmente para un mercado laboral altamente competitivo y exigente y les forme de manera integral para desenvolverse como ciudadanos informados y responsables en un mundo en permanente transformación.

16 de noviembre 2021

The Conversation

https://theconversation.com/la-universidad-que-queremos-para-responder-a-las-demandas-de-la-sociedad-172022?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%2016%20noviembre%202021%20en%20The%20Conversation%20-%202117520962&utm_content=Novedades%20del%20da%2016%20noviembre%202021%20en%20The%20Conversation%20-%202117520962+CID_a70a0509603c7e01bddbb9bf5a191522&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=La%20universidad%20que%20queremos%20para%20responder%20a%20las%20demandas%20de%20la%20socieda

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​José E. Rodríguez Rojas

El gobierno ha declarado su intención de recuperar la producción petrolera, planteándose metas irreales, que probablemente buscan enmascarar la realidad de una producción que viene en caída libre, retrocediendo a los niveles de la década de 1940. En el periodo reciente la producción se ha incrementado pero moviéndose por debajo de los bajos niveles del año 2019, que se han convertido en un tope.

En el año 2020 la demanda mundial de petróleo colapsó debido a la contracción de la actividad económica como consecuencia del confinamiento que siguió al inicio de la pandemia de Covid 19. Recientemente se ha iniciado un proceso de recuperación el cual se ha dado como consecuencia del proceso de reactivación de las actividades económicas que se ha producido en el periodo post pandemia.

Loa principales países petroleros aglutinados en lo que se llama OPEP+, que incluye a los países de la Opep más varios aliados encabezados por Rusia, habían recortado su producción en el año 2020 a fin de evitar un mayor colapso de los precios del petróleo. La restricción de la oferta que mantienen los países de la OPEP ha generado que la recuperación de la demanda se traduzca en mayores niveles de precios los cuales rondan los 80 dólares el barril.

La situación en Venezuela es contrastante con la que domina a nivel de la industria petrolera global. La producción de petróleo no se mantiene restringida por la decisión de la OPEP, sino que viene en caída libre desde hace muchos años debido a los problemas de gestión de la industria agudizados por la escasez de recursos financieros y de recursos humanos calificados. En los problemas de gestión ha influido la designación al frente de la petrolera estatal, de personas sin experiencia en la gerencia de este tipo de industria. Este fue el caso de la designación del General Manuel Quevedo en el lapso comprendido entre el año 2017 y el 2020, durante el cual la industria redujo drásticamente su capacidad de producción. Como consecuencia de ello en el año 2020 la producción cayó a niveles de 1944, según declaraciones del experto petrolero Rafael Quiroz a la prensa local.

Probablemente para enmascarar la debacle señalada el jefe del gobierno Nicolás Maduro anunció, en el año 2020, su decisión de incrementar los niveles de producción a dos millones de barriles diarios. Luego a inicios del 2021 corrigió sus ambiciones y redujo la meta a 1,5 millones. Recientemente PDVSA corrigió las declaraciones del primer mandatario y redujo su meta de producción diaria a 1 millón de barriles (El Nacional. 2021 a).

Sin embargo la cruda realidad es que Venezuela no está en condiciones de incrementar sus niveles de producción a las cifras señaladas, incluso a la más modesta de 1 millón de barriles diarios, pues su producción ha llegado a un tope muy bajo debido a las limitaciones financieras de PDVSA y la escasez de recursos humanos calificados tanto para las tareas operativas de la industria como las tares gerenciales. Así lo ha señalado el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB. (IIES), en su informe de coyuntura de mediados de este año. En el mimo señala el IIES que “será muy difícil retornar en el corto plazo a los ya muy bajos niveles de 2019 (796.000 b/d). En ese sentido esta cifra tiende a privar como un tope en el desenvolvimiento de la producción (IIES. UCAB. 2021)

Cifras recientes confirman los señalamientos del IIES. Las cifras provenientes de fuentes secundarias de la OPEP indican que la producción de petróleo de Venezuela se ha venido recuperando pero manteniéndose siempre por debajo de los niveles del año 2019. La mejor cifra de producción obtenida en el periodo post pandemia ha sido la de octubre de este año cuando la producción se ubicó en 590.000 b/d, un poco más de 200.000 barriles por debajo del tope señalado por el IEES (El Nacional.2021 b).

Referencias:

El Nacional. 2021 a. PDVSA redujo su meta de producción petrolera diaria. Noviembre 7.

El Nacional. 2021 b. Producción de petróleo venezolano en octubre se ubicó en su mejor número desde abril del 2020. Noviembre 11.

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES). UCAB 2021. Informe de Coyuntura Venezuela.

Profesor UCV

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Enrique Fanjul

Condiciones favorables para la atracción de talento, digitalización, resiliencia económica, adaptación al cambio climático y bienestar (individual y de la comunidad): éstos son los cinco retos principales que afrontan las ciudades globales cara al futuro, de acuerdo con el 2021 Global Cities Report que ha publicado recientemente la consultora Kearney. El estudio recoge un retroceso en la valoración de Madrid y Barcelona.

Al estudio de Kearney sobre ciudades hay que añadir el Smart City Index 2021 que elaboran la escuela de negocios IMD y Singapore University of Technology and Design, publicado también hace algunas semanas.

La publicación de estos estudios es un reflejo de la creciente atención que se presta a las ciudades en la globalización. Las ciudades han adquirido un protagonismo clave como actores en la internacionalización de la economía y de las empresas, frente al referente casi único que antes suponían el país o la región.

Ciudades globales

Para Kearney, una ciudad global se mide por su capacidad para atraer y retener capital, personas e ideas globales y mantener ese desempeño a largo plazo.

Kearney elabora el Global Cities Index, que mide la valoración de 156 ciudades del mundo en cinco dimensiones: actividad empresarial, capital humano, intercambio de información, experiencia cultural y participación política.

Elabora al mismo tiempo el Global Cities Outlook, que evalúa el potencial de las ciudades para convertirse en hubs globales en el futuro, en función de sus condiciones y políticas actuales. Para esta proyección hacia el futuro considera cuatro dimensiones: bienestar personal, economía, innovación y gobernanza.

Nueva York, Londres, París y Tokio encabezan el ranking de ciudades globales en la edición de 2021 del Global Cities Index. Un dato llamativo es que entre las diez primeras ciudades hay cuatro asiáticas: tres chinas (Pekín, Hong Kong y Shanghái), Tokio y Singapur. En general las ciudades chinas registran notables avances en esta última edición.

Por su parte, Londres, París, Múnich, Abu Dhabi y Dublín encabezan el ranking del Global Cities Outlook: son por tanto las ciudades que ofrecen mejores condiciones de desarrollo futuro.

Impacto de la pandemia

El estudio de Kearney revela la existencia de claras divergencias en las trayectorias de las ciudades como consecuencia del coronavirus. Aquellas que estaban más conectadas globalmente fueron las primeras en ser golpeadas por la pandemia.

Por el contrario, en las ciudades con menor conectividad global e interdependencia con otros países, el impacto fue menor. Sin embargo, Kearney apunta a que esta mejora relativa en las clasificaciones se debe sobre todo a un impacto retardado de la pandemia.

Además, añade el estudio, si bien las ciudades más globales fueron las más afectadas, también han mostrado su resiliencia y capacidad de adaptación. Y ahora están mejor posicionadas para la recuperación, gracias a su alto grado de conectividad.

De hecho, Kearney prevé que en el próximo año aumenten las divergencias entre las ciudades del mundo: “Si bien es probable que las ciudades globales que ya muestran signos de recuperación económica continúen con sus tendencias ascendentes, es también probable que las ciudades globales con puntuación más baja y menos conectadas retrocedan en nuestra clasificación (…) en particular dada la distribución desigual de las vacunas en el mundo”.

El talento es un aspecto al que se atribuye una gran relevancia en cuanto a promoción y competitividad internacional de las ciudades. Para las empresas disponer de una concentración de talento en un espacio geográfico próximo, así como de todo el ecosistema relacionado (universidades, escuelas de negocio, centros de investigación), es un factor crítico a la hora de tomar la decisión de dónde establecerse.

La pandemia está provocando cambios importantes en lo que se refiere al talento, cambios que van a tener un impacto a largo plazo, como el ascenso del teletrabajo o el crecimiento de los llamados “nómadas digitales”: personas que trabajan de forma remota, en lugar de estar físicamente presentes en la sede u oficina de una empresa. El estilo de vida “nómada digital” ha sido posible gracias a una serie de innovaciones tecnológicas asociadas a Internet, y se ha visto favorecido con la pandemia, que ha impulsado a muchos trabajadores, con el fin de reducir el riesgo de contagio, a marcharse a zonas rurales o de menor urbanización.

Un toque de atención para Madrid y Barcelona

En el índice de ciudades globales de Kearney Madrid se sitúa en el puesto 19 y Barcelona en el 28. La evolución de los últimos años es negativa para ambas ciudades, algo que debería ser motivo de reflexión para los responsables de sus administraciones municipales. Desde 2018, en que se situó en el puesto 13, Madrid ha ido retrocediendo año a año en el ranking. Lo mismo sucede con Barcelona, que en 2018 se encontraba en el puesto 23.

Por otro lado, en el índice que evalúa las condiciones de cara al futuro (el Global Cities Outlook), empeora la valoración de Madrid y Barcelona, que no se encuentran entre las 30 primeras ciudades. Ambas retroceden en la edición de 2021: Madrid pierde seis puestos y Barcelona tres.

Por su parte, el Smart City Index define a una ciudad inteligente como “un entorno urbano que aplica la tecnología para mejorar los beneficios y reducir las deficiencias de la urbanización para sus ciudadanos”. El estudio tiene en principio una metodología menos sofisticada que el de Kearney (en el que se analizan un gran número de indicadores objetivos). El Smart City Index está basado en una encuesta entre unas 115.000 personas de 118 ciudades, encuesta en las que se pregunta sobre sanidad, movilidad, educación gobernanza, etcétera.

En el ranking que resulta del estudio cabe destacar el puesto diez que alcanza Bilbao, y el 15 de Zaragoza, muy por delante de Madrid (34) y Barcelona (58). Los primeros puestos del ranking corresponden a Singapur, Zúrich, Oslo y Taipéi.

17 de noviembre 2021

Elcano

https://blog.realinstitutoelcano.org/las-ciudades-globales-ante-los-reto...

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Ignacio Avalos Gutiérrez

Lo sabemos todos. No hablemos, pues, de la situación de las universidades públicas autónomas. No hablemos, ´por tanto, del último golpe a la USB, ni de la reciente visita nocturna de Nicolás Maduro a la UCV presumiendo, con bombos y platillos, de la reconstrucción que el gobierno lleva a cabo en un recinto que “...se parece al retén de Catia…” como si su gobierno no tuviera nada que ver con las deplorables circunstancias en las que se encuentra desde lo que ya parece una eternidad.

El panorama es trágico en todo el sistema de educación superior y sus consecuencias las pagarán particularmente, y muy caro, las nuevas generaciones que, además, ya sufren en carne propia la precariedad que rodea a la educación primaria y secundaria, no importa la epopeya oficial que busca disimularla mediante estadísticas de origen desconocido, que tratan de refutar la obcecación de los hechos.

Una institución que abrió caminos

Pero a pesar de todo, hay buenas noticias que abren una ranura para que entre algo de aire fresco. Una de ellas, es el Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), de la UCV, que por estos días cumple sesenta años de fundado, una verdadera proeza en un país más bien acostumbrado a organizaciones que si acaso llegan a su adolescencia, hecho notable sobre todo en estos últimos veinte años.

Se trata, el CENDES, de un organismo de investigación y postgrado, inaugurado cuando el país salía del régimen de Pérez Jimenes y se iniciaban cuarenta años de democracia que. con sus altibajos y déficits nada menores, hoy en día echan de menos comparados con los enormes e inéditos conflictos y dificultades que trazan la vida de los venezolanos.

Como resultado de la iniciativa de intelectuales venezolanos y algunos latinoamericanos emergió, entonces, un centro de investigación y postgrado dedicado a la planificación y a los problemas del desarrollo, que le venía al país como anillo al dedo. Según el testimonio de quienes han recogido su historia, el CENDES fue pionero en Venezuela en cursos de cuarto nivel en Ciencias Sociales y precursor igualmente, en este caso a nivel latinoamericano, en el diseño novedoso de líneas de investigación en torno a cuestiones tales como conflicto y consenso, cambio político, reforma agraria, procesos de urbanización, estilos de desarrollo, metodología de la planificación, procesos sociohistóricos del país y de la región, crisis del sistema mundial, y análisis de políticas en ciencia y tecnología, salud, educación, entre otros ámbito de enorme interés, asuntos que abordó a partir de ópticas interdisciplinarios. Además, y por si todo lo anterior no bastara, fue una institución pionera en los estudios de prospectiva.

Un mundo perplejo

A finales del Siglo XX, las controversias en torno al tema desarrollo empezaron a cobrar fuerza en todos los rincones del planeta. Los procesos de globalización (sin instrumentos adecuados para su gobernanza), la redefinición de los Estados Nacionales, los avances del conocimiento y las transformaciones tecnológicas “disruptivas” y aceleradas con incidencia en todos los escenarios de la vida humana, las consecuencias que derivan del cambio climático, la desigualdad social, el nuevo dibujo que traza la demografía y mejor no sigamos porque la lista es extremadamente larga y basta con advertir que se decanta en un consenso cada vez mayor en torno a la idea de que el modelo de desarrollo que nos ha traído hasta aquí, no da para más

Frente a esta pluralidad de urgencias, la investigación en el CENDES ha ido diversificando sus focos de interés, pero manteniendo el eje en la problemática del desarrollo, concepto que necesita ser redefinido y profundizado para insertarlo en los procesos históricos actuales., los que algunos prefieren describir como una “crisis civilizatoria”.

La realidad que estamos observando marcha rápidamente, dejando en el camino preguntas cuyas respuestas apuntan a encarar la manera de orientar el futuro que se nos viene encima. Son respuestas que buscan ir despejando el horizonte, tarea en la que desempeñan un papel fundamental las ciencias sociales y humanas. No creo exagerar si digo que los cambios revolucionarios que nos rodean no tienen piloto para darle un rumbo. Este pareciera ser anárquico, va en la dirección que le pautan diversos intereses sin que, en general, partan de la premisa de que habitamos un planeta en el que lo que ocurre nos concierne cada vez más a todos.

Uno celebra entonces este aniversario CENDES, una organización que, contra viento y marea, en medio caminos tejidos por piedras, funciona y va cambiándose, asumiendo la complejidad que tejen los tiempos que corren

La fachada

Paso frecuentemente por donde está el CENDES. El deterioro de su fachada, vaticina lo peor respecto al estado en el que se encuentra la institución. Casi imposible abandonar esa sensación. Es muy difícil imaginar que los que la integran sean capaces y les sobre el empeño y la pasión para tratar de llevar a cabo, con sus lógicas e imprescindibles variaciones, las tareas que le dieron origen a la institución, transcurridas estas primeras seis décadas seis décadas.

Como postdata, no puedo dejar de señalar que pertenecí de manera intermitente al CENDES. Intermitente, digo, porque entraba y salía, aunque no me acuerdo de los motivos por los que lo hacía. Lo que si tengo siempre presente es lo mucho que le debo al personal administrativo, a mis compañeros, a mis alumnos, a mis profesores y a quienes en diversas etapas dirigieron la institución. Tengo por seguro que el tiempo nunca me será suficiente para darle las gracias a todos, por tanto.

El Nacional, miércoles 17 de noviembre de 2021

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Humberto García Larralde

El próximo domingo, 21 de noviembre, bajo un régimen que no ha sido reconocido precisamente por su respeto a las reglas de juego ni a los derechos humanos, civiles y políticos de los venezolanos, se celebrarán elecciones regionales y locales. A pesar de lo señalado, representan una valiosa oportunidad para avanzar en el desplazamiento de la camarilla que lo controla y que tanto daño ha causado al país, que no debe ser desperdiciada. Esta apreciación se basa en las siguientes consideraciones.

Las condiciones en que habrán de realizarse estas elecciones son diferentes a las que montó Maduro en 2018 para hacerse reelegir. Entonces las fuerzas democráticas aún controlaban la Asamblea Nacional, aunque sólo formalmente por el despojo de sus potestades constitucionales, y el liderazgo opositor gozaba de considerable apoyo y reconocimiento internacional. La farsa electoral de ese año –partidos y dirigentes opositores inhabilitados, ausencia de auditoría de las máquinas y del registro electoral, inexistencia de observación internacional confiable, violación de los lapsos establecidos y un notorio ventajismo oficialista— pudo ser convertida en acusación contra el régimen. El supuesto “triunfo” de Maduro fue, en realidad, una derrota política. Tan así que más de 50 países del mundo democrático lo desconocieron, se acentuaron las sanciones en su contra y las fuerzas democráticas pudieron montar, el año siguiente, el desafío más fuerte que ha tenido que enfrentar: la aparición de un poder paralelo, en la figura de un presidente interino encarnado en Juan Guaidó, con amplio apoyo internacional. Que este interinato finalmente se haya desinflado en sus pretensiones de sustituir a Maduro, no invalida que, en el momento de su aparición, acentuó la precariedad del mandato obtenido fraudulentamente.

En las venideras elecciones el liderazgo opositor no goza de la ascendencia política que tenía en 2018. Si bien las encuestas siguen mostrando un rechazo a la gestión de Maduro de más del 80%, el apoyo a quienes encarnan la alternativa democrática ha descendido casi al nivel que el que tienen las fuerzas chavistas. Parece que, para muchos, ese liderazgo no encarna la salida en estos momentos.

Por su parte, los jerarcas del gobierno de facto necesitan ganar legitimidad internacional para que les sean levantadas las sanciones en su contra. Ello es aún más apremiante por la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de abrirles una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad contra la población. Confiando en que su poder no estará en juego, optaron por respetar ciertas reglas para la venidera contienda, asumiendo un riesgo calculado de que la oposición reconquiste algunos espacios, en lugar de cerrarse aún más en su barbarie y trampear las elecciones abiertamente, como acaba de hacer Ortega en Nicaragua. Y es que sobre Ortega no pesan, por ahora, sanciones como las que tanto perjudican a los bolsillos de la mafia que controla el poder en Venezuela.

De ahí la incorporación de dos respetados demócratas en el CNE, la restitución de la tarjeta única a los fuerzas que integraron la MUD, la venida de una misión de observadores de la Unión Europea y, bajo cuerda, el retorno de algunos dirigentes perseguidos. Claro, persiste la confiscación de las tarjetas y símbolos de importantes partidos opositores, Maduro sigue contando con mayoría en el CNE y es notorio el ventajismo oficialista en el uso de los medios del Estado. La aparición el día 21 de “puntos rojos” para el control de electores, de bandas fascistas merodeando las instalaciones e intimidando a los testigos electorales de oposición, muy probablemente estén también en la agenda. Pero la apuesta del chavo-madurismo parece ser evitar que estos comicios sean invalidados, a los ojos de los observadores, por incumplir con las garantías democráticas esperadas. De lograrlo, Maduro habría dado un importante paso en su búsqueda de legitimidad, mejorando su posición negociadora en México y ante EE.UU.

Y en este riesgo calculado, cuenta con una carta importante: las pugnas habidas entre las fuerzas democráticas, y la desmotivación y consecuente abstención de parte del electorado que, si votara, sería por la oposición. Se ha visto favorecido por la campaña activa contra la participación electoral de una minoría opositora que alega que estos comicios, como los anteriores, serán trampeados: se votará, pero no se elegirá. Ésta se pregunta, no sin razón, si se puede confiar en quienes han dado reiteradas muestras de falsear la voluntad popular. ¿Acaso son ahora demócratas, respetuosos de las normas?

Sería ingenuo confiar en que los maduristas desecharán la trampa ahí donde perciben que puede dar sus frutos. Pero les acarrea un costo político si lo que buscan es aprobación. Además, por las situaciones antes descritas, confían en que la votación de las fuerzas opositoras estará lejos de su potencial y, por tanto, poco amenazante. Perder en algunos lugares, cuando no está en juego el poder a nivel nacional, no les quita el sueño. En última instancia, podrán volver a meter –esta vez camuflada, pues Maduro prometió no aplicarla—la figura del “protector” del estado o de la alcaldía en cuestión.

La naturaleza del régimen no ha cambiado. Sigue siendo un poder dictatorial militarizado, articulado por complicidades mafiosas que, con el apoyo de bandas criminales y de estados forajidos, se dedica a expoliar a Venezuela. Su problema es que, por los momentos, no pueden sacarle todo el provecho a su presa por las restricciones internacionales impuestas a sus desafueros. De ahí su afán de ser percibido como “buen ciudadano” en el concierto de naciones, con elecciones que sean aceptadas como válidas, para recuperar márgenes de acción. No es porque sus personeros crean en la democracia, en el imperio de las leyes y el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de la población.

Cómo el fascismo no da fácilmente su brazo a torcer, tiene una enorme importancia los esfuerzos de muchos para que las fuerzas democráticas conquisten la mayor votación posible. De sobrepasar las expectativas de partida, pondrán en tres y dos a Maduro: o acepta el resultado o se despide de sus intentos por ganar legitimidad. Hay que aprovechar oportunidades como ésta para volver a motivar a la población en torno a las posibilidades y la factibilidad real de un cambio político en el país. Los liderazgos que se están forjando en muchos lugares a propósito de estos comicios, al conectarse con las aspiraciones y los problemas cotidianos del venezolano, habrán de insuflar aire fresco en las fuerzas democráticas. Por los medios sociales se han divulgado importantes movilizaciones y se aprecia un renacer del entusiasmo entre multitudes no despreciables. Ojalá que pueda remontarse en muchos lugares la poco alentadora situación comentada arriba. Decisiones como la de Carlos Ocariz, renunciando a favor de la candidatura de David Uzcátegui para la gobernación de Miranda, son muy positivas. En todo caso y a pesar de las divisiones que aún habrán de presentarse, la suma total de votos democráticos debe dar una señal clara de las aspiraciones de cambio de los venezolanos.

Es menester acumular las fuerzas necesarias para que, con una estrategia consensuada y un liderazgo que haya recuperado la confianza de las grandes mayorías, se logre forzar progresivamente al madurismo a ceder en asuntos cruciales a la convivencia democrática para que, en próximos comicios –las posibilidades de un referendo revocatorio, según el calendario impuesto por Maduro están a la vuelta de la esquina— puedan consolidarse posibilidades efectivas de un gobierno de transición democrática que abra las puertas a la conquista de niveles crecientes de bienestar, en un régimen de respeto al ordenamiento constitucional, a las libertades y a los derechos humanos de la población.

En la superación de las tragedias padecidas por las grandes mayorías, tiene poco efecto la ilusión de “deslegitimar a la dictadura, absteniéndome”. No aprovechar las oportunidades que se presentan para acortar la vida en el poder de tan funesta camarilla solo contribuye a alargar y profundizar su sufrimiento. El esfuerzo de cambio nos corresponde fundamentalmente a los venezolanos, si bien el apoyo internacional es muy importante. Pero no confiemos en soluciones mágicas venidas de afuera.

¡A votar!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

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Werner Corrales

El presente escrito discute la construcción de una democracia capaz de proveer oportunidades de progreso para todos los venezolanos sin excepción, proceso que debería iniciarse tempranamente como parte de la Transición al Nuevo Estilo de Desarrollo, para evitar los riesgos que comentábamos en el artículo anterior, de perder nuevamente las libertades si al librarnos del régimen actual nos conformamos con reconstruir una democracia electoral. [1] Nuestra democracia puede renacer y desarrollarse con el apoyo de toda nuestra sociedad o marchitarse antes de florecer, dependiendo de si la orientamos a servir a toda nuestra gente o sólo a honrar las tradiciones electorales.

LIBERTAD, DESARROLLO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA, FINES DE LA DEMOCRACIA PLENA

Comencemos por afirmar que el desarrollo es un proceso que puede vivir la sociedad y no un estadio que ella puede alcanzar, y que su curso, cuando es virtuoso, muestra siempre dos caras, que son, por una parte la ampliación de la libertad de los miembros de la sociedad y de las oportunidades de todos ellos y sus generaciones futuras, y por la otra la reducción de la población que vive en la pobreza. Esta aseveración viene al caso porque lo que más distingue a una democracia plena de una democracia electoral es ser instrumento de la realización de las personas y el desarrollo de la sociedad.

En esa afirmación, el desarrollo comprende al crecimiento pero lo trasciende. En primer lugar porque envuelve ampliar las libertades de las personas, sólo posible si ellas progresan autónomamente; además porque incorpora la sostenibilidad, solamente viable si se da en paz social y en armonía con la naturaleza; y finalmente porque implica equidad en el disfrute por todos del progreso y la libertad.

Por otra parte, reducir la pobreza no es equivalente a incrementar los ingresos de grupos que viven en gran estrechez económica. Es pobre quien no progresa autónomamente por carecer de capacidades o de oportunidades para emplearlas en su propia realización, y no deja de serlo quien recibe auxilios para sobrevivir, lo que -por el contrario- suele asociarse a la exigencia clientelar de hipotecar su autonomía.

En fin, la Democracia Plena que construyamos debe corregir para siempre las cinco desviaciones de nuestra democracia que por casi cinco décadas han creado obstáculos para el desarrollo y la reducción de la pobreza: i) han restringido las libertades económicas limitando la inversión no estatal y con ello las oportunidades de trabajo decente para los venezolanos; ii) han dejado degradar la calidad de la educación a la que tienen acceso los hijos de los hogares populares, desmejorando sus oportunidades de lograr un futuro digno y superar la pobreza de sus padres; iii) han hecho inaccesible la atención de salud y la seguridad social para la mayoría de los hogares, que caen en precariedad cuando deben enfrentar una enfermedad delicada, otro suceso inesperado que las golpee o simplemente la vejez; iv) han descuidado los asentamientos humanos dejando que las familias vivan en su mayoría en medios precarios e inseguros en los que sus hijos crecen expuestos a la violencia y el malvivir; y v) han sembrado en la cultura pública la idea de que el Estado no tiene que respetar los derechos humanos porque él no está al servicio de los ciudadanos sino al revés, y han consolidado como práctica política aceptable el populismo clientelar que manipula a los más vulnerables e impide la participación real de los ciudadanos en las decisiones.

UN PACTO CON EL APOYO CONSCIENTE DE LA SOCIEDAD A CINCO PROGRAMAS NACIONALES

Los programas para la construcción de la democracia plena deben contar con un apoyo robusto de la sociedad y acrecentarlo generando “victorias tempranas”, en función de lo cual pareciera pertinente instrumentarlos mediante un Pacto que reuna en un empeño estratégico a los poderes públicos y a los partidos democráticos, las organizaciones laborales y empresariales, las ONGs y las Iglesias.

Se trataría de un compromiso para ejecutar -durante no menos de veinte años- cinco programas de reformas y políticas públicas cuya realización obligue a los órganos del Estado y propicie, mediante modalidades diversas, acciones coadyuvantes de los demás sectores; y para hacerles seguimiento a través de un Consejo del Pacto, órgano independiente de alto nivel político, que represente a la colectividad, la informe periódicamente de los logros y le recomiende ajustes de ser necesarios.

La reforma y el impulso inicial de la economía, el primer programa, tiene como fines incrementar la inversión productiva y la innovación, incentivar la complejidad de la producción, favorecer la sostenibilidad del crecimiento y crear muchos puestos de trabajo decente. Alcanzar esto requiere de un nuevo marco regulatorio que desaparezca el protagonismo estatal en la economía, que propicie Alianzas PúblicoPrivadas (APP) para la producción de bienes públicos como ciertas infraestructuras y que dé sustento a una economía de mercado orientada al bien común, mediante un sistema de incentivos que oriente hacia aquellos fines a la inversión, la tecnología, el capital humano y el uso de los recursos naturales.

En el marco de esas reformas regulatorias, deben ser prioritarias las que permitan abatir prontamente la inflación y atraer inversión privada para recuperar la exportación de hidrocarburos, iniciar nuestra transición energética y adecuar las infraestructuras (ver cuarto programa). Adicionalmente será prioritario alinear las nuevas reglas de toda la economía a las condicionalidades ambientales, sociales y de gobernanza ESG,[2] para facilitar el acceso de los proyectos públicos y privados al financiamiento.

Una educación para el progreso y la libertad, el segundo de los cinco programas, busca elevar la calidad de la educación a la que tienen acceso todos los niños y jóvenes; incrementar la oferta y la eficiencia de los sistemas de formación y capacitación que sirven a la demanda calificada de los Sectores Productivos y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; e incorporar en todos los niveles educativos la formación en valores para el progreso autónomo y la libertad, y para la responsabilidad, la convivencia en paz y la solidaridad.

Las líneas de prioridad inmediata del programa deberían ser cuatro. La primera es elevar la escolarización y la calidad en los niveles de educación inicial y básica para los hijos de los hogares populares, a través de reformas curriculares y de gestión, de la capacitación de docentes y la adecuación de sus remuneraciones, y del establecimiento de alianzas entre los sistemas públicos, por una parte, y planteles privados y organizaciones independientes de educadores, por la otra; la segunda es incrementar y adecuar tecnológicamente la oferta de capacitación técnica a través de APPs con empresas y gremios sectoriales; la tercera consiste en dar auxilio económico inmediato para salvar de la precariedad a las universidades autónomas a la vez que iniciar el estudio de opciones sostenibles para su financiamiento y una discusión en el seno de sus comunidades académicas, tendentes a definir los modelos deseables para su funcionamiento futuro, fase que daría paso a la consideración de las reformas pertinentes por el Poder Legislativo; y la cuarta es poner en marcha proyectos que involucren a redes de nuestra Diáspora de Talentos en las tres iniciativas anteriores y especialmente en las relativas a la Nueva Educación Superior y el relanzamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El desarrollo de un nuevo sistema de salud y seguridad social sería el tercer programa del Pacto. Un sistema que, partiendo de lo existente, incorpore modos de financiamiento e innovaciones de gestión y tecnología que permitan ir elevando progresivamente la eficiencia operacional, la cobertura poblacional y los niveles de prestación, hasta constituirse en un sistema universal financieramente sostenible, que asegure asistencia oportuna y de calidad a todas las familias que la requieran.

Las prioridades inmediatas del programa son tres y en todas ellas sería deseable la participación de redes de miembros de nuestra Diáspora de Talentos que han acumulado experiencias valiosas en la gestión de sistemas de salud y previsión social de otros países. La primera es atender las calamidades que deja la Emergencia Humanitaria Compleja, lo que requerirá de la movilización de un personal de salud hoy escaso y desincentivado por remuneraciones exiguas, y una adecuación de los equipamientos y la logística de los sistemas públicos, sólo posible con APPs y financiamiento internacional. La segunda es iniciar la reforma del sistema público de salud mediante proyectos que experimenten varios modelos de financiamiento y gestión en los diversos subsistemas de atención, para dar paso a un programa definitivo tendente por etapas a la cobertura universal. La tercera es iniciar las negociaciones que lleven a establecer un nuevo sistema previsional capaz de ofrecer protección de desempleo, invalidez y retiro, tratativas que deben incorporar a empresas, trabajadores y Estado teniendo como norte un sistema de prestaciones socialmente justas y financieramente viables, de gestión independiente y protegida de avatares políticos.

El cuarto programa, de adecuación de infraestructuras y asentamientos tiene también tres objetivos. Se trata de un esfuerzo ambicioso pero necesario si se quiere alcanzar niveles de crecimiento, empleo y progreso que muevan a la mayoría de la sociedad venezolana a apoyar a su democracia desde los primeros años de la Transición al Nuevo Estilo de Desarrollo. Las magnitudes de inversión implicadas sólo serán alcanzables si sus principales proyectos se realizan en APPs y reciben financiamiento internacional.

El primer objetivo es recuperar las redes de infraestructuras y equipamientos de servicios que deben apoyar a los asentamientos humanos y a la producción, lo que es indispensable para salvar prontamente la Emergencia Humanitaria Compleja y dar un primer impulso a la competitividad de la economía. El segundo es mejorar progresivamente las condiciones urbanísticas y de servicios de los asentamientos en los que vive una gran mayoría de la población, con miras a que en un horizonte de 20-25 años ésta disfrute de estándares típicos de zonas urbanas reguladas. Y el tercero es contribuir prontamente a una generación amplia de oportunidades de trabajo decente, en las que participen como demandantes los sectores inmobiliario y de la construcción y las redes de economía solidaria y emprendimientos populares, mientras alcanza vigor la economía productiva moderna como resultado de las reformas del primer programa, y mientras el segundo programa, de educación para el progreso y la libertad, da resultados cuantitativamente importantes para elevar la capacitación media de la fuerza de trabajo en general.

Poner el Estado al servicio del ciudadano, el quinto programa, se plantea dos propósitos principales que obligan a avanzar en varios ámbitos de la reforma del Estado.

El primero es maximizar las oportunidades de participación política efectiva para los ciudadanos en general, que implica por una parte revertir las reformas de contenido inconstitucional impuestas por el gobierno socialista tendentes al establecimiento del “poder comunal” y retomar la descentralización para profundizarla robusteciendo mecanismos para la participación ciudadana a nivel municipal; y por la otra, poner en vigor normativas que obstaculicen los mecanismos del populismo clientelar limitando legalmente los fines “sociales” a los cuales puedan aplicarse partidas presupuestarias, especialmente en períodos electorales; estableciendo normas estrictas para la transparencia de las contrataciones públicas, elevando el derecho de la sociedad civil organizada a ejercer contraloría ciudadana sobre el cumplimiento de esas normativas y creando sanciones ejemplarizantes para sus violaciones. El segundo objetivo es ampliar el acceso real de los ciudadanos y las comunidades a la justicia y en especial asegurar su protección frente a violaciones de los derechos humanos provenientes de funcionarios al servicio del Estado, lo que implica una amplia reinstitucionalización del sistema de justicia incluyendo a la justicia militar, los sistemas policial y penitenciario, tarea ardua y ambiciosa pero indispensable si en efecto se busca poner el Estado al servicio del ciudadano.

[1] Las propuestas de este artículo sintetizan el “Pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza” que despliega el libro “Venezuela, vértigo y futuro” (Miquilena, T. y W. Corrales; Ed. Dahbar y UNIMET, 2018).

[2] El sistema financiero mundial, incluyendo los bancos multilaterales, en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NNUU, está generalizando la exigencia de condicionalidades ESG (iniciales en Inglés de Ambientales, Sociales y de Gobernanza) para dar prioridad de acceso al financiamiento de proyectos públicos y privados.

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Fernando Mires

Ningún asesino dirá jamás que mata porque le gusta matar. El ser humano intenta legitimar sus maldades, está en su naturaleza. Son las trampas de la razón de la que nos hablaba Kant. Con mayor motivo si se trata de asesinatos colectivos, genocidios, o grandes matanzas como las acontecidas a granel a lo largo de la historia universal de la infamia. Incluso Chile, tan alejado del mundo, un país de transcurrir pacífico y relativamente democrático, fue testigo de una de las tragedias más sangrientas conocidas a nivel continental.

La tragedia que comenzó a tener lugar a partir del 11 de septiembre de 1973 está documentada en fotos, en filmes, en testimonios. Es inocultable. Y mientras más lo es, más grande ha sido el esfuerzo de sus ejecutores y de quienes los aplaudían (y aplauden) por otorgarle legitimación histórica. La mayoría de esas legitimaciones utiliza la coartada del golpe bajo la rúbrica “necesidad histórica” como si la historia siguiera una lógica y una razón pre-determinada.

Desde los primeros días del golpe, la dictadura buscó su legitimación. El golpe fue llevado a cabo, propagaron los generales, en contra de un Plan Z, destinado a asesinar a quienes no eran marxistas. La UP guardaba arsenales secretos y un ejército clandestino estaba presto a asaltar al estado y declarar la “dictadura del proletariado”. Y muchos creían esas mentiras no porque fueran verosímiles sino porque necesitaban creer en ellas. Hoy todavía hay quienes arguyen que Chile mantiene una deuda histórica con “su” ejército. Pinochet, pese a uno u otro “error”, habría salvado a Chile de convertirse en una segunda Cuba.

Cuarenta y cinco años después del golpe, el mito “Pinochet defensor de la patria” ha aumentado su intensidad, entre otras razones por la orfandad política en la que se encuentran las víctimas de tres dictaduras latinoamericanas: Cuba, Nicaragua y Venezuela. No faltan incluso quienes en esos países anhelan el aparecimiento de un Pinochet, alguien que expulse a los comunistas, que imponga disciplina y orden y, sobre todo, que conduzca a sus naciones por la vía de la prosperidad. Todas estas, y otras más, son razones que llevan a indagar nuevamente sobre esos hechos que ocurrieron hace 45 años.

LAS OCULTAS RAZONES DEL GOLPE

Hagamos un poco de historia: desde mediados de 1973, el gobierno de Allende había alcanzado su fase de declive. De hecho, ya no contaba con el apoyo de las capas medias. Estudiantes y escolares llenaban las calles protestando. La SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), la SNA (Sociedad Nacional de Agricultura) y CONFECO (Confederación de Comercio), vale decir, los tres pilares de la economía habían declarado la guerra al gobierno y la negociación con ellos ya no era posible. Peor aún: la UP ya había perdido a los sindicatos del cobre y del acero. Las elecciones de la CUT (Confederación Unitaria de Trabajadores) tradicional reducto comunista-socialista, fueron objetivamente ganadas por la Democracia Cristiana (DC). Allende, sin las dos cámaras, gobernaba por decretos.

Todas las encuestas daban al gobierno un número menor de votos al obtenido en las presidenciales de 1970. Para aparentar la fuerza que ya no tenía, Allende nombraba generales en los ministerios, de modo que, de facto, el gobierno ya estaba tomado desde dentro por los militares. El golpe había comenzado, efectivamente, antes del golpe. Los militares realizaban allanamientos sin ordenes judiciales y en las calles se veían, ya en agosto, soldados armados por doquier, mientras el cielo era cruzado por aviones haciendo “ejercicios”. La Armada había entrado en un proceso de “depuración” y los marinos allendistas, acusados de complotar, eran hechos prisioneros y torturados. En fin, Allende había perdido el poder antes de perderlo.

Estos hechos hay que tenerlos en cuenta a la hora de emitir un juicio. Pues el golpe del 11 de septiembre no fue realizado en contra de una revolución triunfante sino en contra de un gobierno débil, al punto del colapso. ¿Por qué entonces fue tan sangriento? La versión oficial del pinochetismo fue unánime: para impedir que Chile se convirtiera en otra Cuba.

Sin embargo, para que Chile se convirtiera en una nueva Cuba se requería una de dos condiciones: un ejército leal y/o un fuerte apoyo internacional. El ejército ya había sido ganado por la derecha, sobre todo entre los oficiales y suboficiales y Allende lo sabía. La segunda condición era internacional: una nueva Cuba solo podía ser posible con el apoyo de la URSS y es un hecho, no una especulación, que la URSS negó su apoyo al proceso chileno.

Desde el punto de vista económico, Chile no podía avanzar un solo centímetro si no pagaba la deuda externa. De modo casi humillante, Allende viajó a la URSS a solicitar un crédito (diciembre del 1972) que le permitiera saldar en parte la inmensa deuda (en la práctica, la conmutación de 350 millones de dólares que Chile pagaba a la URSS) Pero Allende volvió con los bolsillos vacíos. La URSS sufría bajo Breschnev un periodo de estagnación. Cuba por si sola costaba más de un millón de dólares diarios. Además, se avecinaba un periodo de distensión con USA en donde debía ser negociada la retirada de tropas norteamericanas en Vietnam y Kissinger exigía, como parte del negocio, la no intromisión de la URSS en Sudamérica. Razón por la cual el comercio internacional de Chile con la URSS se mantuvo durante el socialista Allende por debajo del mantenido por la URSS con Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.

La URSS no quería otra Cuba. Hecho geopolítico que explica por qué la URSS mantuvo poco después relaciones comerciales y -sobre todo- políticas con la Argentina de los generales. En efecto: donde prima la geopolítica no hay política. Eso lo sabía Pinochet: después de todo fue profesor de geopolítica. En fin, Chile no podía ser otra Cuba y, aunque la cubanización de Chile le sirviera de propaganda, Pinochet decidió dar un golpe por razones que tenían poco que ver con Cuba. ¿Con qué tenían que ver?

Recordemos que Allende, después de su fracaso en la URSS, reunió a todos los dirigentes de la UP y planteó crudamente la situación. Su gobierno estaba aislado nacional e internacionalmente. Para evitar la total capitulación solo cabía una posibilidad: el plebiscito. La reflexión era correcta. En caso de triunfar Allende, su gobierno emergería fortalecido. En caso de perder, había que convocar a nuevas elecciones. Si en esas elecciones triunfaba la DC -era lo más probable- no sería por mayoría absoluta y en consecuencias, un gobierno DC estaría condicionado al apoyo de la UP, invirtiéndose la relación que se había dado en octubre de 1970 gracias a las cual Allende pudo ser elegido presidente después de intensas negociaciones con la DC. Vale decir, aún perdiendo el plebiscito, la UP podía conservar algunas posiciones hacia el futuro.

El buen plan de Allende topaba, no obstante, con dos obstáculos. El primero se sabía: el PS, el partido de Allende, bloqueaba la alternativa plebiscitaria. El segundo se supo después: el propio ejército, mejor dicho, Pinochet, vio en el plebiscito una amenaza para una salida militar al conflicto. Así fue que precisamente en los días en los que Allende se aprestaba a anunciar un plebiscito, Pinochet decidió apresurar el golpe. De tal modo Pinochet no dio un golpe solo en contra de la UP, sino en contra de una salida política que, en las condiciones imperantes en septiembre, no podía sino ser plebiscitaria. En cierto modo, la lucha contra el “marxismo” fue un pretexto de Pinochet para hacerse de todo el poder estatal.

Hábil como pocos, Pinochet había establecido una alianza tácita con el sector dominante de la DC: el de Eduardo Frei Montalva. De este modo Pinochet neutralizaba a los partidarios de la salida plebiscitaria dentro de la DC (Fuentealba, Tomic) a cambio de la promesa de realizar una transición de corta duración para después apoyar a un gobierno de centro-derecha presidido por Frei. Pero esa salida “bonapartista”, como sabemos, no estaba en el plan de Pinochet. Su objetivo, por el contrario, era formar un gobierno militar de larga duración, uno que diera fundación a una nueva república de inspiración “portaliana” (sin partidos políticos) En fin, no se trataba de cambiar un gobierno por otro sino de realizar una revolución bajo la conducción de un ejército libertador conducido por Pinochet. El golpe, visto desde esa perspectiva, fue una declaración de guerra a todo el orden político y social prevaleciente.

Solo así podemos explicarnos el carácter sanguinario del golpe militar. Un golpe que no fue solo un golpe: fue el inicio de una guerra en contra de la política, sus instituciones y por supuesto, sus personas. Una guerra llevada a cabo por el ejército mejor armado del continente en contra de una ciudadanía desarmada. Pues hablemos seriamente: los pocos grupos armados de la izquierda chilena -comparados con los Montoneros y el ERP argentino, o con los Tupamaros uruguayos- eran una risa. Ni hablar del Sendero Luminoso que enfrentó Fujimori y mucho menos de los ejércitos de las FARC, las que no lograron, pese a controlar vastas extensiones territoriales, derrumbar los pilares sobre los cuales se sustentaba la república colombiana.

La guerra de Pinochet duraría a lo largo de todo su gobierno. El llamado pronunciamiento del 11 de septiembre fue solo el comienzo de una revolución en contra de toda la clase política chilena de la cual la eliminación física de la izquierda había sido solo su comienzo. La derecha, en abierta complicidad, no hizo resistencia y se autodisolvió. El atentado cometido al general Óscar Bonilla (marzo 1975), hombre de Frei dentro del ejército, marcaría un punto de inflexión. El freísmo y Frei ya no tenían nada que hacer. El posterior asesinato a Frei solo sería la consecuencia lógica de la revolución pinochetista. Una revolución que no se hizo solo en contra de la izquierda y sus partidos, sino, reiteramos, en contra de la política como forma de vida ciudadana. Pinochet mismo lo decía al referirse con desprecio, cada vez que podía, a “los señores políticos”. En esa lucha en contra de la política, la izquierda “solo” puso a los torturados, a mujeres violadas, a los prisioneros, a los exiliados y, sobre todo, a los muertos.

Las desproporcionadas masacres -innecesarias desde todo punto de vista militar- no se explican solo por las alteraciones sádicas de Pinochet y los suyos, propias al fin a todos los dictadores. Ellas formaban parte de la lógica de la revolución militar: la de crear un punto de no retorno. Vale decir: mientras más ensangrentaban sus manos los seguidores de Pinochet, mientras mas estrecha era la complicidad de los pinochetistas con la muerte, más lejana aparecería la posibilidad de un regreso a la vida democrática.

Durante Pinochet, Chile se convirtió en una nación-cuartel: sin debates, sin partidos, sin política. Razón por la que Pinochet, a diferencia de otros dictadores, no intentó fundar un partido pinochetista. Su partido ya estaba formado: era el ejército. Sin embargo, sí intentó durante un breve periodo, una nueva asociación: una alianza entre el estado militar y los gremios económicos. Fue el periodo de gloria de su entonces yerno, el fascista Pablo Rodríguez. La alianza duró poco. Pronto comprendería Pinochet que toda alianza funciona en base a compromisos y se deshizo rápidamente de Rodríguez y su poder gremial. El lugar de Rodríguez -el de la eminencia gris- fue ocupado por el “portaliano” Jaime Guzmán.

Asesorado por Guzmán, Pinochet comenzó a fraguar su proyecto histórico: el de un Estado antipolítico “en forma”, situado por sobre las instituciones, pero con un margen de deliberación entre ex-políticos elegidos desde arriba. En otras palabras, los miembros del Estado Mayor del Ejército serían convertidos en una suerte de ayatolas uniformados, secundado por “notables” fieles al régimen.

EL “MILAGRO ECONÓMICO CHILENO”

Lo que nunca pasó por la cabeza del dictador fue que en nombre de la lucha en contra del marxismo, estaba creando, solo bajo otras formas ideológicas, un sistema político muy similar al que regía en Cuba. Pues así como en Europa los regímenes de Hitler y Stalin se parecían entre sí, el de los Castro y el de Pinochet también estaban marcados por signos de semejanza. La diferencia es que en Chile la clase política demostró tener una mayor capacidad de resistencia que la clase política cubana. Pero es inevitable pensar que, durante Raúl Castro, con la apertura violenta de Cuba al capital extranjero, comenzó a tener lugar la alianza perfecta entre el mercado y el estado militar que una vez imaginaron Pinochet y Guzmán para Chile. Ambos murieron sin saberlo. Y los pinochetistas, aunque lo supieron, lo aceptaron en nombre de las, según ellos, milagrosas obras económicas de la dictadura. Pocos términos han sido más falsos que referirse a algunos éxitos numéricos, como un “milagro económico”. Expresión muy infeliz de Milton Friedman.

Friedman conocía el origen alemán de esa expresión y por cierto, sabía también que aludía a un proceso no solo diferente sino completamente contrario al que se dio en el Chile de la dictadura: la recuperación de la economía de post-guerra alemana gracias a la alianza de tres fuerzas: el estado, el sector empresarial y los obreros sindicalmente organizados. Esta última fuerza imprimió un sentido keynesiano al proceso y daría, además, origen a otro término: “economía social de mercado” (Ludwig Erhard). La de Pinochet en cambio fue una economía anti-social de mercado. O para decirlo así: mientras Allende intentó llevar a cabo una política de equidad sin crecimiento, Pinochet llevaría a cabo una política de crecimiento sin equidad.

Citando a una de las voces más autorizadas de la academia económica chilena, Ricardo French Davis: “Es cierto que durante la dictadura de Pinochet se produjeron diversas modernizaciones en Chile. Sin duda, varias de ellas han constituido bases permanentes para las estrategias democráticas de desarrollo, pero otras constituyen un pesado lastre. El crecimiento económico del régimen neoliberal de Pinochet, entre 1973 y 1989, promedió sólo 2,9% anual, la pobreza marcó 45% y la distribución del ingreso se deterioró notablemente”.

Cabe entonces hacerse una pregunta: ¿puede ser caracterizada como exitosa una economía que si bien muestra números positivos en el papel lleva a una nación a niveles de desigualdad sin precedentes, a uno de los más altos del mundo? Si el objetivo de una política económica no son los seres humanos, uno se pregunta cual puede ser.

El milagro económico de Pinochet es, si no un mito, una de las grandes mentiras del neo-pinochetismo. Como señala el mismo French Davis, el crecimiento económico de Chile comenzó a darse con vigor desde el momento en que los gobiernos de la Concertación incorporaron políticas públicas y sociales a sus programas. “La Concertación logró mejores niveles de crecimiento económico, del empleo, y de los ingresos de los sectores medios y pobres. El crecimiento económico entre 1990 y 2009 fue de un 5% (5,3% si se excluye la recesión de 2009). (....) “Dicho crecimiento económico más políticas públicas activas redujeron la pobreza del 45% al 15,1% de la población. En la dimensión social, no sólo se redujo la pobreza mediante políticas públicas. En efecto, los salarios promedios reales eran 74% superiores en 2009 que en 1989 y el salario mínimo se había multiplicado por 2,37; agudo contraste con los salarios durante la dictadura, que en 1989 eran menores que en 1981 y que en 1970. (...) “Así Chile avanzó más rápido que los otros países de América Latina, y acortó significativamente la distancia que lo separa de las naciones más desarrolladas. El PIB por habitante se expandió a un promedio anual de 3,6%, en comparación con 1,3% en 1974-89”. (Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/06/el-modelo-economico-chileno-en-dic... )

Hay que agregar por último que no hubo una sola política económica durante Pinochet. Por lo menos hubo cuatro: entre 1973- 1979, la llamada “política de shock” (alzas de precio, recortes presupuestarios, disminución de la demanda, desocupación laboral masiva). Entre 1979-1982, un neoliberalismo clásico. Entre 1982-1986, motivada por la contracción del sistema exportador, una política económica de neto corte estatista, incluyendo expropiaciones, control de precios y emisiones monetarias. Desde 1982 hacia adelante, una política pragmática que combinó la libertad de mercado con inyecciones monetarias de tipo keynessiano. Lo único que une a esas cuatro políticas al fin, es el constante ensanchamiento de la tijera social y una baja pero también constante tasa de crecimiento numérico.

REFLEXIÓN FINAL

Al llegar a este punto, una reflexión: ¿Y si de todas maneras la política económica hubiese sido tan exitosa como dicen sus partidarios de ayer y de hoy, estaría entonces Pinochet legitimado frente al altar de la historia? De ningún modo. Ni aunque Chile fuese hoy el país más rico del mundo, no hay ninguna razón para justificar crímenes de estado. Pero hay quienes sí lo hacen. Apartando toda ética, reducen la historia a una relación costos-beneficios, aunque los primeros se paguen en vidas humanas, cuerpos torturados, familias destruidas, biografías rotas y violaciones sistemáticas a todos los derechos humanos.

De acuerdo a esa noción sacrificial entre medios y fines, ellos podrían, efectivamente, justificar a los regímenes más monstruosos de la historia moderna. Pues con el mismo criterio con que hoy justifican a Pinochet, pudieron haberlo hecho con Hitler ayer. ¿No puso fin Hitler al desorden generado por la República de Weimar? ¿No terminó con la inflación y el paro? ¿No construyó las mejores carreteras de Europa? ¿No tuvieron todos los alemanes acceso a un Volkswagen? ¿No mejoró el sistema previsional? Y por último, ¿no impidió el avance del comunismo desde dentro y desde fuera de Alemania? ¿Y el Holocausto? Sí, un “pequeño error”. ¿Y no está iniciando Putin, en estos mismos momentos, una reivindicación de la memoria de Stalin? ¿No convirtió Stalin un país de siervos de la tierra en una potencia económica y militar de carácter mundial? ¿Y los millones que murieron en el Gulag? Sí, quizás fue “algo” duro. ¿Y Franco? ¿No dio estabilidad y disciplinó a un país salido de una guerra fratricida? ¿No salvó a su país del comunismo? ¿Y Fidel Castro? ¿No liberó a Cuba del imperialismo? ¿No eliminó el analfabetismo? ¿No tienen los cubanos asistencia médica gratuita? Y así sucesivamente.

A esos, los defensores de tiranos, sean de derecha o de izquierda, los vamos a seguir encontrando en todas partes, dispuestos a inclinarse frente a los del pasado y frente a los que en el futuro vendrán. Sin esa gente, ninguna dictadura habría sido posible.

¡Malditos sean todos!

14 de noviembre 2021

Polis

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