Entiendo al militante de un partido político cuyo candidato a la gobernación del Estado no le parece el mejor. No quiere serle infiel a su partido pero piensa que existe otro candidato mejor. Ese problema de conciencia y fidelidad se resuelve "cruzando el voto", es decir, por mi partido voto por los candidatos a los cuerpos deliberantes, Consejo Legislativo Regional y Concejo Municipal y para la gobernación por el que me gusta que es el mejor, por el que mi conciencia me indica.

Además, el voto a los cuerpos deliberantes, aunque también es "intuito personae", refleja más identidad partidista que sufragar por alguien en particular que corresponde más a la conciencia. En el Reglamento de la Fracción Parlamentaria de COPEI en el Congreso de la Republica, existe una norma que permite excusarse de asistir a la sesión donde se trate un tema que el partido ha propuesto o apoya pero que tú no estás de acuerdo. En este caso de elegir al Gobernador de nuestro Estado, la excusa no es válida porque debemos votar por quien nuestra conciencia nos señala, en la seguridad que la victoria ayudará a un distinto y mejor gobierno y apuntalará el referendo revocatorio del mandato de maduro, al que nos dedicaremos inmediatamente después de realizadas estas elecciones.

Tengo aprecio y reconocimiento por todos los candidatos, propuesto por la oposición, a la gobernación de Aragua , pero distingo a Luis Carlos Solórzano como el mejor. Así que si pensamos que Luis Carlos es el mejor y no está postulado por el partido al que pertenezco, puedo sufragar por él y corresponder a mi partido con el resto de los votos, de esa manera le soy fiel a mi militancia y a mí conciencia, sin incurrir en deslealtad.

Es necesario una cara decente, preparada, auténtica y que se preocupe y trabaje por el Bien Común en la gobernación del Estado y esa cara es Luis Carlos. Con él tendremos a alguien en la primera magistratura regional que gobernará para todos, que servirá a todos con preferencia por los pobres, débiles y vulnerables y recobrará la moralidad y eficiencia en la conducción publica. Sabrá establecer las prioridades para ser atendidas con el presupuesto regional y será un excelente gestionador ante el poder nacional de lo que el Estado merece y corresponde. Ha presentado propuestas concretas que se desarrollarán en su gestión para reivindicar la prosperidad de nuestra tierra.

Nuestro Estado ha sido olvidado y maltratado por el poder nacional y por los gobernadores que últimamente hemos tenido, por ello nos hemos venido a menos. El 70% de las industrias instaladas en el Estado han cerrados sus puertas y más del 50% del comercio ha bajado la "Santa María". El desempleo a aumentado a cifras no conocidas y el hambre y la inseguridad personal y de bienes campea en toda nuestra geografía. Es de urgente necesidad cambiar lo que tenemos y colocar gente decente que entienda que la función pública es para servir y no servirse y para trabajar incesantemente en la búsqueda del Bien Común. Luis Carlos es garantía de lograr lo mejor que todos aspiramos. Estemos ubicados partidistamente en donde estemos, votemos con fidelidad a la conciencia y ello nos llevará a votar por el mejor, por Luis Carlos Solórzano.

Explica Steven Pinker que nuestras mentes están más preparadas para capturar y aferrarse a lo negativo, aquellas expresiones de conflictos, asimetrías y contrastes que suelen conducir a estados de incertidumbre y ausencia de esperanza. Para algunos puede ser una condición natural, pero en general las personas y las organizaciones debemos trabajar activamente para construir optimismo. El poder de lo que no funciona, no encaja, genera insatisfacciones, produce resultados decrecientes o injustos, suele ser tan fuerte en los asuntos humanos (más aún en épocas de profundos cambios), que nos expone ante la tentación de abrazar consignas reaccionarias y demagógicas, esas que encuentran en el fragor de emociones negativas multiplicadas el caldo de cultivo para prosperar.

Pueblos enteros suelen quedar atrapados bajo la pregnancia de relatos redentores que simplifican descaradamente el camino de justicia y reparación. A poco de andar, la incapacidad de producir los resultados anunciados con la arrogancia de pretendidas verdades absolutas dispara desencanto y marginación, que suelen ser contenidos con controles y violencia (verbal o física). El mundo transita actualmente un tiempo de inflexión, en medio de una revolución científico-tecnológica que recién está a mitad de camino. Y por ello, constituye un desafío universal de proporciones mayúsculas liberarnos de carismáticas voces del atajo y soluciones fáciles o lineales. Y solo puede lograrse si somos capaces de recrear narrativas de progreso que combinen la audacia de las utopías transformadoras con la responsabilidad de las evidencias en base a las cuales es factible construir caminos sustentables.

En este punto clave de nuestro devenir planetario, emerge con radiante impacto la octogenaria figura de la economista venezolana radicada en Gran Bretaña hace ya muchos años, Carlota Pérez. A sus 82 años sigue enseñando, investigando y predicando sobre las posibilidades humanas de construir modelos de progreso y bienestar a partir de las revoluciones tecnológicas que sacuden nuestras maneras de vivir, trabajar y producir. Es experta en el impacto socio económico del cambio tecnológico, autora de muchos ensayos y libros, especialmente el legendario “Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero” (2005). Para quienes no somos economistas, pero participamos del pensamiento y la reflexión sobre los sistemas económicos que facilitan la creación y distribución de la riqueza, constituye combustible intelectual conocer planteos como los de Carlota, que trascienden con fundamentos innovadores los habituales polos: equilibrios naturales de los mercados, por un lado, y dirigismos que pecan de voluntarismo, por otro.

La obra de Carlota Pérez, completada y enriquecida por muchos otros expertos, es en sí misma una narrativa optimista sobre el futuro de la economía y la sociedad. Un relato creíble y comprensible, al que pueden recurrir los líderes del mundo que tienen la enorme responsabilidad de dirigir destinos colectivos en tiempos post Pandemia y de aceleración de la economía digital al ritmo de los avances de la inteligencia artificial, la realidad virtual y la computación cuántica. Pero, sobre todo, un relato sensato, basado en el análisis riguroso de la secuencia transformacional de las revoluciones tecnológicas anteriores a la actual, la fuerza de las evidencias que genera la ciencia, y también la confianza en la construcción colectiva de modelos e instituciones capaces de encauzar y moldear las fuerzas de la innovación y la creación, que explican buena parte de la evolución humana.

El núcleo de su análisis tiene que ver con la propuesta de comprensión de la dinámica bajo la que suceden las revoluciones tecnológicas en la historia humana. Pérez advierte en todas ellas, durante los siglos 18, 19 y 20, un patrón que se repite, conformado por tres grandes etapas. En primera instancia, la instalación de las nuevas tecnologías motivadas por creadores y emprendedores, que suele generar una etapa de ebullición y burbuja con vanguardias que las explotan y efectos asimétricos que disparan desigualdades. Luego se configura lo que denomina un “punto de inflexión”, etapa que suele estar signada por recesiones y tensiones propias de la transición del cambio de paradigma productivo y finalmente emerge la “edad de oro” de la prosperidad, cuando se logran diseñar e implementar los modelos institucionales y regulatorios que permiten la adopción y aprovechamiento generalizado de las nuevas tecnologías y los saltos de productividad que ellas suponen.

Bajo este marco conceptual, el mundo asiste en esta tercera década del siglo XXI recién iniciada a un verdadero punto de inflexión, determinante para el futuro próximo de la Humanidad. De la capacidad de los líderes mundiales para conducir la transición hacia una economía impulsada por los propulsores digital y ecológico, depende en gran medida la posibilidad de arribar pronto a una nueva era de progreso y bienestar colectivo. Y Carlota Pérez es optimista acerca de nuestras posibilidades concretas para lograrlo, de la misma manera que se logró en épocas anteriores de transformación, como por ejemplo la de la mecanización y producción en masa de inicios del siglo XX, que fue capaz de crear las grandes clases medias en el mundo, a través del empleo estable, la educación universal y la adquisición de vivienda y automóvil propio como patrón económico y cultural.

Esas etapas de prosperidad en las que todos ganan constituyen una posibilidad concreta del capitalismo como sistema de creación de riqueza. Pero no necesariamente suceden por obra de la espontaneidad de los mercados. La armonía entre el mundo de los negocios y la complejidad de una sociedad requiere de una construcción mayor y complementaria a la virtuosa dinámica de los mercados. Las herramientas para ello son los liderazgos públicos y privados, la economía política como disciplina eficaz para crear buenos marcos de incentivos y regulación y los diseños institucionales que definen las reglas de juego para competir, construir confianza y alinear expectativas de los actores. Todo ello se desprende con mayor facilidad, según Carlota Pérez, cuando la dirigencia de un país es capaz de darle al inexorable cambio tecnológico una dirección clara y sinérgica, bajo un sentido de misión colectiva. Constituye un vacío insalvable para la sana construcción de futuro cuando el Estado adolece de las capacidades para liderar estos procesos o simplemente cuando rehúye hacerlo transfiriendo dicha responsabilidad a grandes compañías tecnológicas.

El optimismo en la capacidad humana para diseñar progreso se renueva en el análisis de Pérez cuando afirma con elocuencia que, aún en el marco de la dolorosa transición en la que mundialmente estamos, se están poniendo los cimientos de esa nueva era de prosperidad compartida que ella define como economía digital, verde, justa y global. Digital, por las nuevas posibilidades de creación y distribución de valor que vienen del software y productos y servicios intangibles en general; verde, por la transformación de procesos y actividades para ser amigables con el ambiente dando forma a una promisoria y diversa industria ecológica; global, en base a la recreación de instrumentos de comercio, cooperación y financiación que vendrán luego de esta etapa de globalización con resultados asimétricos, especialmente para financiar la tracción hacia el desarrollo de los países del Sur a través del dinamismo de la transformación industrial del Norte desarrollado; y, finalmente, justa porque crece la conciencia acerca de que las desigualdades están logrando niveles insostenibles y que pueden revertirse con nuevas ideas para compartir más equitativamente los frutos de la abundancia material y tecnológica, sin romper el capitalismo como fuente principal de creación de riqueza.

Suena bien. A veces estos planteos pecan de construcción intelectual, alejada de las dificultades cotidianas para transformar el paradigma industrial del Siglo 20. No es el caso en la obra de Carlota Pérez, donde abundan los ejemplos concretos para sustentar su interpretación de los tiempos. Como el caso de la oportunidad real de una comercialización masiva de bienes durables (electrodomésticos, automóviles, etc) a través de mecanismos de alquileres accesibles en lugar de compra de la propiedad de los mismos, lo cual podría poner fin al mecanismo de la obsolescencia programada, responsable de buena parte de la carrera por el crecimiento que está agotando el Planeta, pero sin por ello dejar de producir bienes y servicios que tanto bienestar nos han traído y, además habilitando una nueva dinámica de valor y empleos orientados a la logística, el mantenimiento, la instalación y otros espacios de habilidades de las personas. No es necesario caer en el extremo del decrecimiento, que muchos predican, para salvar el Planeta, sino más bien que nuevas maneras de expandir y desarrollar las economías sean compatibles con ello.

Transformar la lógica del capitalismo del siglo XX requiere, para Carlota Pérez, un nuevo contrato social capaz de fijar una nueva dirección hacia el futuro y nuevas reglas de funcionamiento de la economía y la sociedad. Que enorme contribución al pensamiento para la acción cuando alguien puede unir aportes como los de Thomas Khun y sus cambios de paradigma, de Schumpeter y sus inevitables procesos de destrucción creativa o de Karl Polanyi y los acuerdos sociales que dan el marco para el mejor funcionamiento de los mercados. Todo eso une Pérez en su obra para ayudarnos a pensar respuestas innovadoras y sustentables a la gran pregunta de nuestros tiempos: ¿Cómo gobernar la economía digital que tantos beneficios nos trae y ponerla al servicio de una nueva era de prosperidad para las mayorías? Pasar de la economía del miedo y la incertidumbre a la de la transformación y esperanza es el gran legado de Carlota Pérez. Ojalá primen las mentes abiertas y los buenos liderazgos para hacerlo posible.

7 de noviembre 2021

Infobae

https://www.infobae.com/opinion/2021/11/07/carlota-perez-y-el-optimismo-...

El exrector Benjamín Scharifker reflexiona sobre ese debate necesario que se ha ido postergando en la comunidad académica sobre el modelo de financiamiento que revela parte de una crisis sin precedentes en la universidad venezolana y una de las razones por las cuales las instituciones están «muriendo de mengua»

Buena parte de la vida de Benjamín Scharifker ha transcurrido entre aulas y la academia. Es un hombre de universidad y para la universidad. Con la experiencia de dos rectorías bajo su cargo, primero de su alma mater, la Universidad Simón Bolívar (USB) entre el año 2005 y 2009; y luego de la Universidad Metropolitana (Unimet) desde 2011 hasta septiembre de 2021, Scharifker ha adquirido la experiencia suficiente para cuestionar ambos modelos: el subsidio del Estado a las universidades autónomas o dejar que recaiga sobre la matrícula estudiantil el costo que implica la operatividad de las privadas.

«El modelo de Venezuela desde 1958 es que las universidades autónomas son financiadas por el Estado a través del presupuesto fiscal. Pero la pregunta es si el Estado tiene capacidad de financiar la universidad y que a la vez pueda ser autónoma. La otra pregunta es si la privada solo se podría financiar con la matrícula y que sea sostenible. La buena educación es necesariamente costosa».

El costo y el valor son dos conceptos claves para entender el asunto. «El negocio de la universidad es el conocimiento, pero no se valora como producto.

Lo reflejan los pensum académicos que son para generar buenos empleados pero no personas innovadoras», apunta Scharifker.

—¿Y entonces cómo hacemos que la universidad sea sostenible?

—En las mejores universidades del mundo el grueso de su presupuesto no viene del ingreso fiscal ni de la matrícula, viene de proyectos que esas universidades realizan para industrias, proyectos privados o para el mismo Estado porque se integran a las necesidades sociales y eso solo se logra si dejamos atrás el modelo social rentista, un modelo basado en aprovechar recursos que se van a extinguir como el recurso minero y petrolero.

Los ejemplos con los que Scharifker ilustra el asunto revelan que la revisión del modelo no solo es necesario en la educación superior: implica una revisión profunda de la sociedad venezolana.

«En Venezuela, los recursos no provienen del esfuerzo intelectual de las personas ni de la innovación o la creación sino de los recursos mineros ¿Cuáles son las empresas más grandes del mundo? Google, Amazon, Tesla, empresas que no tienen nada que ver con la explotación de recursos sino con el desarrollo de innovación. Ya no vivimos en un momento donde la explotación de la tierra marca el desarrollo. Esos momentos en la historia ya pasaron y si no entramos en la era del conocimiento nos quedaremos cada vez más atrasados».

—Va más allá de un tema de asignación de presupuesto…

—Los universitarios no hemos hecho estas reflexiones y debemos hacerlo. Las universidades venezolanas son insostenibles porque están esperando que les llegue el ingreso fiscal en un país quebrado que no tiene aparato productivo ¿Cómo podemos hacer eso si somos una sociedad profundamente feudal en la cual el poder aún está en muy pocas manos?

Scharifker cuestiona no solo la falta de debate sobre el modelo de financiamiento que está moviendo cimientos en el resto del mundo, también observa que esta crisis solo ha profundizado brechas sociales que han hecho a las universidades aún más vulnerables a una política gubernamental de desgaste y desmantelamiento sistemático durante los últimos 20 años.

«Lo que estamos viendo son instituciones tomadas, pero no para ponerlas al servicio de la gente sino al servicio de un proyecto político. Convertirlas en apéndices de un proyecto político. Esa es la muerte por mengua de la universidad venezolana».

—¿Estamos perdiendo la posibilidad de que la universidad sea un camino de ascenso social?

—Estas brechas solo se van a salvar si realmente se persigue la excelencia. Pero hemos perdido ese camino porque la universidad perdió el mecanismo de ingreso. Se ha privilegiado la igualdad pero disminuyendo los estándares: se quiere nivelar pero hacia abajo. Y eso es un falso dilema, porque podemos tener justicia social y también perseguir la excelencia.

Su preocupación apunta por igual a la gestión de las universidades privadas porque explica que ningún modelo será sostenible si limita el costo de la educación solo sobre aquellos estudiantes que pueden costearla.

El exrector de la USB pone como ejemplo los programas de formación y nivelación que crearon las autónomas (Samuel Robinson-UCV, Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO)-USB, por mencionar dos) para garantizar mayor posibilidad de ingreso a diversos estudiantes.

«Hay que generar las oportunidades, independientemente del origen, porque lo que realmente importa es lo que tenemos en la cabeza. Ante la realidad de que cada vez menos estudiantes de liceos públicos llegaban como nuevos ingresos, la USB creó programas de formación y se iba hasta los liceos para perseguir ese propósito. Pero lo que ocurre es que en Venezuela no se privilegia el conocimiento y eso nos está destruyendo».

9 de noviembre 2021

https://talcualdigital.com/scharifker-el-negocio-de-la-universidad-es-el...

A su regreso a la ciudad de Maracay, los integrantes de la Selección de Bádminton del estado se mostraban sonrientes y llenos de orgullo. Los motivos de la alegría estaban a la vista, luego que después de variaos días de aguerrida competencia lograron salir airosos, en el Zonal Clasificatorio, celebrado en el Distrito Capital.

Con ese resultado, los jóvenes Eukaris Soto, Marielys Moreno, Georgina Quintana, Marienny Betancourt, Natanael Agras, Owen Reina, Eider Pérez, y Andrew Reina acompañados por su Entrenador William Barrios lograron la clasificación de Aragua para participar en los próximos Juegos Deportivos Nacionales a celebrarse en el mes de diciembre. Hecho este que llenó de orgullo a los padres, representantes, amigos y a la comunidad deportiva de la región quienes de manera sostenida y con grandes sacrificios lograron mantener las condiciones adecuadas para realizar las sesiones de entrenamiento preparatorio para el evento, facilitando todo lo concerniente a uniformes, equipos, transporte, alimentación y atención medica cuando era requerida.

En el equipo estaban todos conscientes de la nueva responsabilidad y la mirada puesta en los Juegos Nacionales. Mantener y elevar el ritmo de entrenamiento era uno de los objetivos primarios del entrenador y el grupo de atletas.

Pero, de un solo zarpazo las autoridades del Instituto Regional de Deporte (IRDA) frustraron los sueños de estos jóvenes al no inscribir la Selección para su participación en los Juegos. Lo más despreciable e inaceptable de estos burócratas incompetentes que se autoproclaman “autoridades deportivas” es su desfachatez al argumentar que no procedieron a inscribir a la Selección de Bádminton ¡¡¡porque no tenían certificación de que los atletas estaban entrenando!!!

Pasaron por alto, estos incapaces burócratas del IRDA, que esos atletas lograron ser CAMPEONES en el Zonal Clasificatorio y en consecuencia logran la participación de Aragua en los Juegos Nacionales. Como entender que pretendan decir que “no sabían que estaban entrenando” y logran ser campeones.

Pensamos que existen otras ocultas razones en los argumentos de los incapaces burócratas. En primer lugar, nunca le prestaron la asistencia necesaria a estos jóvenes para que pudieran desarrollar sus entrenamientos. Todo fue costeado por sus padres y representantes.

Segundo, nunca le dieron respuesta al Plan Operativo Anual que la Asociación de Bádminton presentó con suficiente antelación.

Tercero, los Clasificatorios Zonales son organizados por el Instituto Nacional de Deporte y notificados a todos los organismos deportivos estadales.

Cuarto, queda en evidencia que los burócratas incapaces del IRDA despilfarraron el presupuesto asignado al deporte y ahora, al verse sin recursos, van a eliminar a atletas y equipos su derecho a participar en los Juegos Nacionales, para abaratar los costos.

Este insólito hecho, es un agregado más al desastre del deporte en Aragua causado por las autoridades deportivas: Asociaciones sin recursos, instalaciones deterioradas, atletas sin asistencia social, entrenadores activos con salarios de hambre, entrenadores jubilados con pensiones pírricas, villa abandonada, comedores cerrados, autobuses destartalados y el Estadio Iberoamericano de Atletismo como emblema de la corrupción.

El llamado a todos los atletas, entrenadores, dirigentes, padres y representantes es a mantener las denuncias sobre los problemas del deporte. Las dificultades por las cuales atraviesa hoy el Bádminton no afectan solo a ese deporte sino a todos, lo que hace obligatoria la solidaridad de toda la comunidad deportiva de Aragua frente al desastre generado por la incapacidad de las autoridades.

Supongamos que usted no supiera nada sobre un determinado país de bajos ingresos excepto los siguientes datos. Su ingreso anual per cápita en 2020 fue de apenas 509 dólares, el séptimo más bajo del mundo. En los diez años previos a 2019, los flujos de ayuda se habían reducido a la mitad, a apenas 114 dólares per cápita, o 31 centavos de dólar por persona por día. Como resultado de ello, su PIB per cápita cayó 14% en este período. Mientras tanto, las importaciones anuales per cápita también se desmoronaron a la mitad entre 2012 y 2020, a 179 dólares, o apenas 49 centavos de dólar por persona por día –uno de los niveles más bajos en el mundo-. Las exportaciones per cápita, apenas por debajo de 38 dólares, fueron las más bajas del mundo. La tasa de pobreza oficial aumentó del 38% en 2011 al 47,3% en 2020.

Frente a estos números, uno no esperaría que la población tuviera mucho entusiasmo por el estatus quo. Tampoco que el gobierno obtuviera un apoyo significativo o exhibiera demasiada capacidad para mejorar las cosas.

En efecto, los flujos de ayuda al país no fueron extraordinariamente grandes, en absoluto. Según el Banco Mundial, los 114 dólares en asistencia per cápita en 2019 fueron menos que la ayuda recibida por otros 26 países, entre ellos Somalia (121 dólares), Bosnia y Herzegovina (141 dólares), Yemen (151 dólares), la República Centroafricana (159 dólares), el Líbano (223 dólares), Jordania (277 dólares), Cisjordania y Gaza (477 dólares), Siria (600 dólares) y las Islas Marshall (1.122 dólares). Claramente, entonces, la reducción en la ayuda fue una decisión, no una necesidad obvia.

Quizá lo sorprenda saber que el país en cuestión sea Afganistán, al que Estados Unidos y sus aliados occidentales consideraban lo suficientemente importante como para garantizar el sacrificio de más de 3.500 tropas y una cantidad de fondos que eclipsa las cifras mencionadas más arriba. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD por su sigla en inglés), el costo del compromiso militar norteamericano en Afganistán, solamente en 2020, fue de 39.700 millones de dólares –el doble del PIB total del país, o 1.060 dólares por afgano.

De 2001 a 2020, la guerra le costó a Estados Unidos alrededor de 815.800 millones de dólares, el equivalente a más de 40 veces el PIB de 2020 de Afganistán, o 21.000 dólares por cada afgano vivo hoy. Entre su pico de 2012 y 2020, el gasto militar anual de Estados Unidos en Afganistán cayó el 60%, o 57.800 millones de dólares. Pero en lugar de utilizar parte de los ahorros para aumentar la ayuda al país, Occidente recortó su asistencia en 2.500 millones de dólares en ese período.

Según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad Brown, las cifras del gasto militar del DoD son subestimaciones groseras, porque excluyen los costos de la atención médica y por discapacidad de los veteranos de Estados Unidos, así como los pagos de intereses por la deuda en la que se incurrió para solventar la guerra. El proyecto, en cambio, estima el costo en más de 2,2 billones de dólares, el equivalente a 115 años del PIB de 2020 del país, o 30 veces el nivel de ayuda a Afganistán entre 2001 y 2019.

Al analizar estas cifras, cuesta no pensar en que la coalición liderada por Estados Unidos perdió la guerra en el frente económico, debido a una asignación muy desacertada de los recursos. Dada la clara predisposición de Occidente a gastar dinero en Afganistán, debería haber sido posible urdir un milagro de crecimiento que habría creado un respaldo político a favor de más de lo mismo. Más allá de los enormes obstáculos para construir un estado fuerte en Afganistán, se habría tornado evidente para millones de ciudadanos que les convenía cooperar con el gobierno.

Asimismo, un esfuerzo de estas características no tiene por qué haber sido costoso. Según el Banco Mundial, Afganistán tiene un factor de ajuste del poder adquisitivo de alrededor de 0,24, entre los siete más bajos del mundo, lo que significa que una canasta de consumo estándar que cuesta 1 dólar en Estados Unidos se podría comprar por menos de 24 centavos de dólar en Afganistán. Pero Estados Unidos decidió renunciar a esos ahorros y perseguir una estrategia de asistencia para el desarrollo que utilizaba contratistas basados en Estados Unidos que le cobran a Estados Unidos todos sus costos más los correspondientes márgenes, recargos y pagos por trabajar en condiciones difíciles. A esto podríamos sumarle el costo de mantener su seguridad dentro de la Zona Verde de Kabul.

Algunos podrían decir que estos mayores gastos eran inevitables, porque no se les podía confiar a las autoridades afganas transferencias directas de efectivo o porque carecían de las capacidades para llevar a cabo las tareas necesarias. Pero esto implica que el dilema no era sólo entre corrupción y honestidad, sino entre corrupción y una propuesta muchísimo más costosa.

Consideremos un plan alternativo. Supongamos que Estados Unidos hubiera combinado su decisión de recortar el gasto militar en Afganistán después de 2012 con un incremento en la ayuda destinada a duplicar el PIB per cápita del país en 2020. Esto habría evitado la austeridad, la recesión y la caída de las importaciones que vinieron después. Supongamos, además, que Estados Unidos hubiera ofrecido el grueso de esta ayuda adicional en forma de un respaldo presupuestario condicionado de manera apropiada, y que hubiera canalizado una porción significativa a los gobiernos regionales y locales en lugar de gastarlo a través de contratistas occidentales, principalmente en Kabul.

Imaginemos también que las fuerzas armadas y la policía afganas hubieran utilizado menos equipamiento importado y apoyo operativo estadounidense (que fue costoso e insostenible) y más gente. Después de todo, los 300.000 miembros del ejército y de la policía del país conformaban sólo el 0,8% de la población, menos de la mitad del porcentaje en países como Jordania o Israel. Y agreguemos a esto una estrategia para desarrollar los recursos minerales de Afganistán, quizás a través de emprendimientos conjuntos con una empresa estatal, para darle al país una fuente sostenible de ingresos de divisas e impuestos. Los gobiernos regionales habrían tenido la posibilidad de desarrollar sus capacidades, fijar prioridades y quitarles apoyo público a los talibanes.

Una estrategia así habría requerido probablemente otros 5.000-7.000 millones de dólares adicionales por año en ayuda, una pequeña fracción de los ya reducidos 39.700 millones de dólares de gasto militar de Estados Unidos en Afganistán en 2020.

Si bien es fácil criticar a los responsables de las políticas occidentales por las decisiones que tomaron en Afganistán, gran parte de la culpa tiene que ver con el enfoque general. La estrategia liderada por Estados Unidos en Afganistán debería haberle prestado más atención a fomentar el éxito económico y la capacidad estatal, mientras que los economistas deberíamos haber podido ofrecer mejores consejos sobre cómo lograrlo. La tarea no era fácil, pero, en vista de la voluntad de las potencias occidentales de gastar enormes cantidades de dinero en el país, tampoco debería haber sido tan difícil.

9 de noviembre 2021

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/failed-western-economic-str...

Elementos destacados septiembre-octubre 2021

Percepción de los cambios en la situación económica y social

• Se mantiene la percepción de que lo que resta del año 2021 será peor en el 90% de la región.
• El empleo formal continua igual disminuyendo en toda la región mientras que el empleo informal sigue su tendencia a incrementarse en el 95% de la misma, sin embargo, la crisis económica y las restricciones por la pandemia han afectado a este sector.
• Los principales problemas que preocupan a más del 60% dela población son la salud y asistencia médica y la falta de ingresos para comprar.

Actividad económica y bancaria

• La actividad económica se mantiene deprimida: los negocios han cerrado en un 30% de la región en número promedio de 17 locales, siendo los bares, restaurantes y locales de ventas de alimentos los más afectados.
• Han cerrado agencias bancarias en el 25% de la región y la actividad bancaria tiene horarios restringidos así como de circulación limitada de efectivo.

Servicios públicos

• Los servicios públicos en general siguen su condición de deterioro, donde se observan mejoras como en el suministro de agua en la subregión de los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy se debe a reparaciones de equipos más que ha reposición de los mismos o a mejoras en la frecuencia de su distribución cuando antes era inexistente.
• El suministro de gas doméstico ha empeorado en el 75% de la región, que ha llevado al uso de otras fuentes de energía para cocinar, principalmente la leña en el 65% de la región, seguida por la improvisación de las cocinas eléctricas utilizando resistencias de tipo espiral sobre bloques rojos de arcilla en el 20% de la misma.
• El servicio de transporte ha empeorado en el 75% de la región, las pequeñas mejoras mencionadas están en función de un alargamiento del horario del servicio y este a su vez en función del acceso de combustible, el cual es de muy difícil abastecimiento en toda la región con un precio promedio de 1,2 US$ en el mercado informal.

Situación de salud

• Los centros de atención de salud han empeorado en el 49% de la región.
• El suministro de medicinas fundamentales en las localidades se agravó en el 52% de las localidades. Las farmacias móviles representan una mejora en el suministro para algunas de estas localidades.
• La percepción del aumento de casos COVID-19 está presente en el 95% de la región con la estimación de 431 casos y la necesidad de hospitalización en el 56% de las localidades.
• La campaña de vacunación ha avanzado con relación al periodo anterior: la primera dosis ha sido aplicada en un 65% a más del 40% dela población y la segunda dosis en un 58% a más del 40% de la misma.

Situación de la Educación y la Niñez

• Los niños de los hogares de más bajos recursos y en edad escolar se encuentran saliendo a la calle en el 79% de la región y reciben clases a distancia algunas veces en el 80% de la misma.
• Se observan niños abandonados en la calle en un 45% de la región situación que tiende a empeorar en la misma proporción.

Apoyo al Ingreso

• Los bonos otorgados por el Sistema Patria tuvieron una frecuencia de 30 días o menos en el 75% de las localidades con un valor promedio de 8,2 Bs. D lo que equivale a 1,97 US$.
• Las remesas fueron recibidas por “algunas” familias en el 72% de la región.

Llegadas y salidas de la localidad

• La migración hacia otros países mantiene bajas proporciones: ninguno (25%), muy pocos a pocos (45%) y algunos (30%).
• Se estima que 32% de familias han retornado desde el exterior en promedio de 36.

Situación alimentaria

• La canasta básica de nueve (09) productos básicos tuvo un valor promedio de 98,22 Bs, lo que equivale a 23,61 US$.
• Aún cuando se registró incremento de los precios de nueve (09) productos básicos este no superó el 25% respecto al periodo julio-agosto 2021.
• Las dificultades más importantes para adquirir los alimentos fueron los altos precios y los problemas de transporte situación que se mantiene desde el periodo julio-agosto 2021.
• La mayoría de las localidades adquieren los alimentos en abastos y chinos principalmente, sin embargo, se evidenció un incremento de las compras en bodegas cercanas.
• La caja CLAP, en su mayoría han sido entregadas en un periodo de más de 30 días hasta 45 días.
• La mayor queja respecto a la caja CLAP es la frecuencia de entrega

El viejo refrán “por la boca muere el pez” aplica a Nicolás Maduro, al igual que a su perverso antecesor. Para enfatizar que es el mandamás, señala públicamente a quienes deben ser castigados. En consecuencia, jueces lacayos sentencian sin pruebas y los militares y policías asesinan, encarcelan, torturan y obligan a exiliarse a los identificados. Esos videos son una prueba en la investigación abierta por la Corte Penal Internacional (CPI). Cabe recordar que las investigaciones de la CPI se iniciaron por iniciativa de los gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina. Hay que reconocer la labor de algunos de nuestros políticos que sensibilizaron a estos gobiernos y a las ONG y familiares de las víctimas que trabajaron para levantar los expedientes.

Fernando Gerbasi fue otra víctima de la dictadura de Chávez- Maduro. Este distinguido venezolano, falleció la semana pasada en el exilio. Fernando era descendiente de esos italianos que emigraron a Venezuela y fueron importante factor para nuestra independencia y posterior desarrollo. Su impacto fue en todos los sectores. Por mi sesgo profesional, menciono al agrónomo Doménico Milano, quien fundó en 1843 la Escuela Normal de Agricultura, punto de partida de la actual Facultad de Agronomía de la hoy acosada Universidad Central de Venezuela.

Uno de los tantos italianos que participaron al lado de Bolívar fue el general Carlo Luigi Castelli, quien a la muerte del Libertador fue perseguido y tuvo que regresar a su patria. Quizá fue el primer italiano desterrado del país por el que había luchado. Ahora, la dictadura de Chávez-Maduro ha obligado a miles de descendientes de italianos a regresar a la tierra de sus ancestros o a otros lares, ocasionando una importante pérdida de recursos humanos. Uno de ellos fue Fernando Gerbasi.

Su abuelo emigró del pueblo de Vibonati, radicándose en Canoabo, estado Carabobo. Su padre fue el destacado poeta y hombre público Vicente Gerbasi. Su tío, Chepino Gerbasi, fue un conocido periodista que estuvo preso en Ciudad Bolívar durante la dictadura de Pérez Jiménez. Por cierto, al mismo tiempo que mi recordado tío Rafael Serfaty.

Fernando Gerbasi fue sentenciado por Maduro a través de los medios de comunicación social. La acusación fue que conocía que el 12 de febrero 2014 se produciría un hecho sangriento como el ocurrido el 11 de abril del 2002. La “prueba” fue una conversación telefónica supuestamente dirigida a Fernando, advirtiéndole que tuviese cuidado porque ese día podía ocurrir una matanza. Nunca se probó que él fuese el receptor. Además, todos esperábamos que el régimen reprimiera violentamente la concentración convocada por Leopoldo López, tal y como hizo Chávez al propiciar la masacre del 11 de abril 2002. Es decir que esa llamada de precaución la deben haber recibido cientos de ciudadanos. Inmediatamente, el fiscal del Ministerio Público Franklin Nieves, supuestamente ordenado por el director del Sebin, general Manuel Bernal Ramírez, imputó a Gerbasi y a otros. Tiempo después Nieves solicitó asilo en Estados Unidos y declaró que, por temor a represalias, se vio obligado a levantar un expediente falso.

Fernando fue un venezolano de gran valía. Graduado en Ciencias Económicas en Ginebra, reconocido internacionalista y experto en comercio internacional, embajador en varios países, viceministro de Relaciones Exteriores, preocupado por la agricultura y sus recursos genéticos, profesor universitario y autor de varias publicaciones. En el 2002 renunció a la embajada de Venezuela en Italia en protesta por las violaciones a la Constitución. Es de destacar su ferviente vocación democrática y su contribución a la lucha por los principios y valores. Tuve el privilegio de conocerlo y aprender de sus intervenciones en las reuniones semanales del grupo que convocaba el valioso Alberto Quirós Corradi. Estos intercambios han continuado por la red y hasta pocos días antes de su fallecimiento pudimos leer las sensatas opiniones de Fernando.

Sin duda que Maduro es el culpable principal del exilio de Gerbasi y de todos los atropellos que se cometen, pero sin la alcahuetería de la Fiscalía General y de los jueces estaría limitado en sus arbitrariedades. Por ello la Investigación Penal abierta por la CPI debe incluir, además de Maduro, a varios de sus ministros, a los jefes de los organismos de seguridad del Estado, a los jueces de instancias y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entre estos cabe citar a los sancionados por varios países: Arcadio Delgado, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Calixto Ortega, René De Graves, Carmen Zuleta de Merchán, Bárbara César, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil, Eulalia Guerrero, Jhanette Madriz, Fanny Márquez, Marco Medina, Juan José Mendoza y Maikel Moreno. Así como a los jueces Susana Barreiros, Lorena Cornielles y Carol Padilla, al Fiscal usurpador Tarek Saab y al Defensor del Pueblo Alfredo. Cabe agregar en las investigaciones a Marjorie Calderón, magistrada del TSJ.

Esta investigación solo abarca desde el 2017, por lo que hay que instar al Fiscal Khan a que, por iniciativa propia, abra una investigación preliminar sobre los crímenes ocurridos entre el 2002 y el 2017.

La CPI tomó una decisión inédita en nuestro continente, la cual saludamos. Lamentablemente, Fernando Gerbasi no podrá celebrarla. Descanse en paz nuestro distinguido compatriota y sentido pésame a su esposa, familiares y amigos.

Como (había) en botica:

De Paulina Gamus: Votar el 21 es la única forma de protesta que nos queda. Luis Ugalde: La abstención deja paso libre al régimen y nos aleja el cambio necesario. Ramón Guillermo Aveledo: Quiero votar, no aguanto la pasividad. Cardenal Baltasar Porras: Si no participamos, ¿qué ganamos?

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com