En el libro “Alex Saab, la verdad” publicado por el periodista investigador y director de Unívisión, Gerardo Reyes. me llamó la atención la gran cantidad de documentos que le sirvieron al autor para dar a conocer el intrincado camino de corruptelas que recorrió el empresario colombiano, desde una empresa de textiles, hasta alcanzar el rango de Super Ministro en el régimen chavista.

El tránsito por el camino del enriquecimiento ilícito, según el autor, “comienza con la protección que le brinda Piedad Córdoba, quien se encarga de promocionar la figura del empresario colombiano entre las figuras mas emblemáticas del régimen Tareck El Aissami y William Amaro secretario personal de Maduro. A partir de ese momento, comienza su meteórica carrera en los negocios fraudulentos de las Bolsa o Cajas CLAP y la construcción de viviendas en Venezuela y Colombia a través de una empresa llamada Fondo Global de Construcción que le generaron ganancias calculadas en miles de millones de dólares”.

Como era de esperarse, “el Superministro, no podía quedarse de brazos cruzados ante el floreciente negocio del narcotráfico y se asocia con un personaje de doble identidad que se presentaba como Álvaro Pulido, siendo su verdadero nombre Germán Enrique Rubio Salas, para su ingreso en la red internacional de cocaína que operaba en Alemania, Holanda, Polonia y Checoslovaquia”.

También, en el libro se describen las múltiples reuniones de la congresista Piedad Córdoba con Chávez y Maduro. En particular, la descripción de una de esas reuniones fue la que me motivó a escribir este artículo. Y es aquella, en la cual, “Maduro envió a Córdoba con sus escoltas a una consulta con “La Gran Yolba”, la espiritista oficial del régimen venezolano, quien vivía en La Pastora barrio caraqueño y oficialmente era la interlocutora del Libertador Simón Bolivar y del Comandante Eterno Hugo Chávez”.

Leyendo, estas páginas del libro, me detuve a pensar que los milicianos encargados de la custodia de ese santuario, viendo el cambio estructural del interlocutor espiritista, de pajarito a una gran mujer, comenzaran a llamarla entre ellos como “La Paloma de Nicolás”. Me imagino, que habría pensado Piedad cuando Maduro la citó para ver a su paloma. Supongo, que debe como mínimo, haberse sonrojado. Pero, a lo mejor pensó que era una equivocación de Maduro. Pero, cuando esté insistió en que se fuera a la cita con los escoltas, pensó que la cosa iba en serio y el planteamiento tenía otras implicaciones. Sin embargo, no se amilanó y decidió seguirle el juego.

Al llegar a la casa de La Gran Yolba, pienso Yo, que Piedad, debe haberle preguntado sobre el por qué la llamaban “Paloma” y seguro debe haber escuchado como respuesta: Es que el camarada Maduro sigue queriendo comunicarse con el Difunto Eterno a través del pajarito con el que tuvo el primer contacto. Pero, como ahora yo, La Gran Yolba, soy la única autorizada para hablar con el Difunto, y como su pajarito es muy pequeño, pasé a ser nombrada como “La Paloma de Nicolás”

Dejando mis especulaciones a un lado, volví al texto, y me consigo que el autor describe que en el encuentro, “Yolba encendió un tabaco y empezó a hablar con una voz diferente y dijo que era “El Libertador”. Luego, en la lectura de los caracoles vio y dijo que Piedad llegaría a la presidencia de Colombia”. Finalmente, invocando a Obbatalá, Shango, Yemayá, Oshún y Elegguá decapitaron a varias gallinas para beberse su sangre mezclada con ron y dio por terminada la sesión.

A partir de ese momento, señala Gerardo Reyes, “Piedad Córdoba se convirtió en la consentida del régimen y le daban lo que pidiera”....y pidió que jode para repartir la cochina con su protegido Alex Saab, gracias a la Paloma de Nicolás.

El 24 de junio de 2021 se conmemoró el bicentenario de la Batalla de Carabobo, lamentablemente el régimen desde sus inicios pretende convertir todo lo que significó la lucha de los venezolanos de la época por lograr la Independencia, en algo similar a lo que ellos han dado en llamar “la revolución del siglo 21”. En tal sentido lo primero que han hecho es convertir la figura del Libertador, modificando su rostro y tratando de ignorar el verdadero, tal como se refleja en numerosos retratos de él elaborados, entre otros el de José Gil de Castro, del cual Bolívar señaló que era el retrato suyo con la más grande exactitud y semejanza y que no se parece en lo más mínimo al que aparece ahora en murales por todo el país y hasta en el papel moneda cuyo valor tanto han depreciado.

Pero no sólo han depreciado a la moneda nuestra, han despreciado al pueblo a quien tanto adularon y por si fuera poco han sumido en el caos a todo el país. Venezuela que durante muchos años fue ejemplo para Latinoamérica de ser una nación de progreso y libertad, ahora la vemos convertida en una de las más pobres de la región, en la que una inmensa cantidad de sus habitantes se han visto obligados a emigrar en busca de un proyecto de vida que les permita subsistir con dignidad y en el que ellos y sus hijos puedan lograr lo que a ellos se les niega en la Venezuela actual.

Luego de una década en la que el régimen recibió ingresos inconmensurables que le hubieran permitido lograr un país del primer mundo en muchos aspectos, vale decir en educación, salud, infraestructura y buen manejo de esos recursos, prefirieron convertirlo en ejemplo de lo que no debe ser: corrupción, narcotráfico, complicidad con terroristas, arbitrariedad, estímulo a la delincuencia y persecución a quienes se oponen a tan oprobioso régimen.

Como señala la Conferencia Episcopal Venezolana “Hoy como es bien sabido, atravesamos por una profunda crisis que crea desconsuelo y desaliento. Se comprueba el gran deterioro de los servicios públicos…La paulatina implantación de un sistema totalitario como “Estado comunal” busca poner al margen el protagonismo del pueblo verdadero…Este 24 de junio pedimos que en todos los templos del país repiquen las campanas”.Y ese repique, digo yo, debe ser a rebato porque la situación del país es de una tragedia tal que requiere la presencia de todos para salvarlo y lograr su libertad.

Luego de año y medio de evolución de la pandemia, existe un gran consenso en considerar a América Latina como la región más afectada del mundo. Con 8% de la población, América Latina ha registrado el 20% de los casos y el 32% de las muertes a escala global. Al día de hoy, el 45% de las muertes diarias por covid-19 ocurren en la región.

Mientras solo dos países de la Unión Europea tienen una tasa de mortalidad diaria por covid-19 superior a una muerte por millón de habitantes, en América Latina 15 países (de 20) superan ese nivel. En los cinco países restantes hay varios con altos niveles de subregistro de mortalidad. Estos efectos tienden a aumentar porque las perspectivas de control de la pandemia en la región indican que no se producirá rápidamente.

Al ritmo de vacunación que se ha registrado en los últimos 15 días, solo tres países pueden alcanzar la cobertura meta en 2021 (Chile, Uruguay, y República Dominicana).

De mantener el ritmo actual, ocho países (Bolivia, Cuba, Colombia, México, Costa Rica, Perú, El Salvador, y Panamá) podrían alcanzar la cobertura meta en 2022. En el resto de los países (nueve) se alcanzaría en 2023 o después. Es decir, los efectos de la pandemia se podrían prolongar por al menos cuatro años.

A este inmenso impacto en términos de personas que han contraído la enfermedad, y han fallecido, se debe agregar el devastador efecto social y económico, expresado en el aumento de la pobreza, pérdida de días de actividad educativa y productiva, desempleo, e inestabilidad institucional.

En este contexto es conveniente analizar las posibles causas que han condicionado este bajo desempeño de la región para enfrentar la pandemia. Múltiples factores abarcan desde la capacidad de diseño e implementación de políticas públicas de los gobiernos, pasando por las restricciones económicas, y las debilidades estructurales de los mercados de trabajo. Pero es indudable que uno de los factores específicos es el desempeño de los sistemas de salud, tanto por su función directa en las políticas de control y tratamiento, como por las vinculaciones con las otras áreas de políticas públicas.

La pandemia ha demostrado en la práctica la importancia de la premisa básica para la organización de los sistemas de salud. Esto es, contar con los recursos y procesos para identificar riesgos individuales y colectivos.

El hecho de que la pandemia se exprese de manera diferente en áreas locales y en familias indica la importancia que tiene contar con una institucionalidad que sea capaz de discriminar estos riesgos y enfrentarlos. Como estos riesgos son individuales, la situación ideal es que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a la protección financiera de salud y a los servicios que se requieren.

Para garantizar que cada persona esté cubierta, tanto en la protección financiera, como en los servicios, los sistemas de salud han evolucionado, en general, en dos modalidades. En la primera modalidad están los países que financian los servicios de salud con impuestos generales (el modelo inicialmente desarrollado en el Reino Unido y posteriormente seguido por Dinamarca, España, Portugal, Italia, entre otros). En la segunda modalidad están los países que financian los servicios de salud con contribuciones derivadas de la relación laboral (tanto de las empresas como de los trabajadores). Entre los países con esta modalidad se puede señalar a Alemania y Francia. En la gran mayoría de los países se ha optado por alguna de estas modalidades, sin prejuicio de las características específicas que han configurado.

En ambas modalidades el objetivo fundamental es facilitar que todas las familias tengan acceso a la protección financiera sin comprometer los ingresos regulares. Es por ello que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, se establece que todas las personas deberán tener protección financiera de salud, es decir, que ninguna familia deberá sufragar directamente gastos de salud superiores al 10% de los ingresos mensuales. Este gasto se denomina de bolsillo para expresar que proviene directamente de las familias. Cuando el gasto de bolsillo de las familias para salud supera el 10% del ingreso mensual se denomina gasto catastrófico para indicar justamente el impacto negativo que tiene en el bienestar. En otras palabras, en 2030 ninguna persona del planeta deberá estar en situación de gasto catastrófico en salud.

Lamentablemente, en América Latina las mediciones del gasto catastrófico, para las cuales se requieren encuestas por muestreo, no son regulares. Por lo tanto, se debe acudir a mediciones indirectas de la protección financiera. Una de ellas es el porcentaje de gasto de bolsillo que se dedica en los países para financiar los gastos totales en salud. A mayor porcentaje de gasto de bolsillo es posible inferir que existe mayor proporción de población sin acceso a protección financiera. La base de datos de la OMS sobre gasto en salud (Global Health Expenditure Database) permite comparar los países en este aspecto. Los últimos datos disponibles corresponden al año 2018.

De acuerdo con estos datos, solo tres países de América Latina tenían en 2018 menos de 20% de gasto de bolsillo con respecto al total de gastos de salud (Cuba, Colombia, y Uruguay). Esto contrasta con la Unión Europea en la cual la mayoría de los países (15) tenían menos de 20% de gasto de bolsillo.

El porcentaje promedio de gasto de bolsillo en los países de América Latina era 32,9, mientras en la Unión Europea era 21,7. Entre 2000 y 2018, el promedio de gasto de bolsillo en los países de América Latina solo se ha reducido en 7% y solamente un país ha pasado al grupo con menos de 20% de gasto de bolsillo (Uruguay). La magnitud del gasto de bolsillo superaba en 2018 el 35% en ocho países de América Latina (Venezuela, Ecuador, México, Haití, República Dominicana, Paraguay, Honduras, y Guatemala). En los dos últimos países el gasto de bolsillo es superior al 50% del gasto total en salud.

El gran porcentaje del gasto de bolsillo en los países de América Latina expresa en la práctica que la protección de la salud es una situación individual, no colectiva. Esto es, que cada persona y familia debe velar por su propia protección financiera. Por supuesto esto contradice todos los principios, no solo en la garantía de la protección sino en las premisas de salud pública, por cuanto los riesgos son mayores justamente en las personas con menor protección financiera. Esta es la razón por la cual la gran proporción de personas que laboran en el mercado informal en la región no están protegidas tampoco. De allí que al riesgo a la salud, especialmente en situaciones como la pandemia, estas personas deben agregar la necesidad de salir de las viviendas para conseguir el sustento diario. Ambos riesgos se potencian y explican la inefectividad de los confinamientos y la prolongación de la pandemia en la región.

No solo la protección financiera es clave para incorporar a las personas al sistema de salud, también es fundamental para permitir al sistema de salud la vinculación directa con los servicios. Esta es la razón que puede explicar las dificultades de los sistemas de salud de la región para la detección de casos cuando no se tiene información sobre las familias, y para vacunar con rapidez a la alta cantidad de personas que lo requieren.

La pandemia ha dejado en evidencia que la protección financiera de la salud en la región requiere una transformación significativa.

De sistemas en los cuales no se puede identificar riesgos individuales, familiares y colectivos, se debe pasar a sistemas de amplia incorporación y seguimiento. Y eso supone modificar los criterios de financiamiento y de organización de los servicios de salud. Es bastante claro, por los efectos que ha tenido la pandemia, que muchos países de la región deben considerar en profundidad la modalidad de financiamiento a predominio fiscal con el objeto de incorporar toda la población a los beneficios de un sistema de salud inclusivo.

marinojgonzalez@gmail.com

Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina.

Aunque la negociación no ha sido el signo de los gobiernos Chávez-Maduro, cabe visualizar un Escenario de Negociación, como está planteado, en la medida que se cumplan dos condiciones: Que la oposición sea fuerte porque tenga algo que el gobierno no tiene y necesita; por ejemplo, la paz interna o flexibilizar las sanciones; o porque tenga la capacidad de castigar al gobierno por sus faltas y errores mediante protestas. En segundo lugar, la oposición y sus aliados necesitan dejar abierta una puerta que le permita al oficialismo cambiar sus políticas represivas y ruinosas o salir del gobierno sin mayores penas. De lo contario, no cambia sus políticas ni sale del gobierno. Sobre estas dos opciones cabe destacar que entre los desafectos al gobierno hay dos posiciones: Para unos no habrá cambio de políticas ni resultados si no cambia el gobierno; mientras que, para otros, cabe que el gobierno cambie sus políticas para recuperar el nivel de vida, sea quien sea quien gobierne. Esta diferencia debilita a la oposición.

No basta que el descontento de la población supere el 85% en varios indicadores. Esto es sólo el telón de fondo, pero una masa desorganizada no tiene la capacidad de cumplir con las dos condiciones anteriores para inducir una negociación a favor de un cambio de políticas o de gobierno; como lo atestiguan los casi 20 años de descontento y de protestas sin solución. Las protestas sociales, espontáneas, muy numerosas, pero aisladas, momentáneas y no sostenidas no suplen a las protestas políticas, organizadas por los partidos, menos numerosas pero coincidentes en varias ciudades, por la misma causa y duraderas en el tiempo que han desestabilizado al gobierno.

Recientemente Juan Guaidó señaló que era necesario acompañar la tramitación del Acuerdo de Salvación Nacional que está promoviendo con la protesta de calle. Tiene razón. Pero, por ahora, la protesta se diluyó en apatía, sobrevivencia individual cotidiana y emigración. La capacidad de castigo de la oposición no dependa de sí misma sino de las sanciones impuestas por países extranjeros.

Afortunadamente para los intereses de la oposición, la crisis económica creada por las pésimas políticas económicas oficiales es tan grave que el gobierno necesita flexibilizar o evadir las sanciones para poder rescatar la calidad de vida de la ciudadanía y algunos representantes de la oposición que se encuentran en buenos términos con los gobiernos de los países sancionadores pueden intermediar en la tramitación de esa flexibilización. De allí la misión dirigida por Gerardo Blyde que está por reunirse con los representantes de esos gobiernos haya declarado que las sanciones están incluidas en su agenda.

Pero, ¿flexibilizar sanciones a cambio de qué?

En las negociaciones en curso, los puntos en que ha cedido el gobierno son aquellos en los que tiene necesidades o tiene un Plan B. El gobierno aceptó el Programa de Alimentos “cediendo” que la coordinación fuese compartida con la ONU; que el programa de vacunación fuese coordinado con la COVAX; le dieron casa por cárcel a los ex directivos de CITGO que estaban presos; y aceptó cambiar los Rectores del CNE. En algunos de estos casos sólo ha cedido en aspectos que nunca han debido ser condición; por ejemplo, no tiene sentido que el gobierno haya querido que le dieran los alimentos y las vacunas y administrarlos sin la participación de los donantes. En el único tema en que puede parecer que ha cedido algo es en el cambio de los Rectores. Sin embargo, el ceder en este aspecto puede ser una posición táctica, momentánea, y no estratégica porque las discusiones en marcha en la Asamblea Nacional sobre las Leyes del Poder Comunal (inconstitucional) apuntan a que las gobernaciones y alcaldías serían vaciadas de funciones y presupuestos que pasarían a las Ciudades Comunales y las autoridades de estas ciudades serían electas por un sistema de elección (inconstitucional) indirecta, a mano alzada y vigiladas. Entonces, la misión de Blyde no sólo necesita atender el punto de la flexibilización de las sanciones sino también a cambio de qué se flexibilizarían. Es más, es posible que el oficialismo manifieste que busca negociar la flexibilización de las sanciones pero que, en realidad, su objetivo sea seguir consiguiendo arreglos con sus aliados geopolíticos internacionales para evadirlas, como está ocurriendo.

@joseagilyepes

Una mirada a las recientes encuestas de opinión del país – Datanálisis y Varianzas- evidencia la profunda transformación que ha ocurrido dentro de nuestra sociedad.

Los números dan cuenta de una situación que se caracteriza por el peor momento de penuria económica que afecta transversalmente a todos los segmentos sociales. 91% de los venezolanos ve la situación del país como mala o muy mala y dos tercios de nuestros compatriotas le atribuyen al costo de la vida y al mal manejo de la economía su crítica situación.

Al mismo tiempo, paradójicamente se ha estado configurando una desconexión generalizada del país entero de la suerte que nos deparan los meses que vienen. Prevalece la inercia y la resignación frente a un destino que casi todos ven como ineluctable. Como si el desmadre, las carencias y las estrecheces de cada familia nada tuvieran que ver con la conducción del país. Menos de la mitad de la población muestra interés por pronunciarse con un voto en las elecciones regionales de noviembre.

La ciudadanía se está deliberadamente colocando al margen de lo público, de lo gubernamental, de las acciones tanto del régimen de oprobio como de la oposición blandengue por cansancio, por agotamiento, por la imperiosa necesidad de dedicar lo mejor del tiempo de cada quien a fraguarse un ingreso mínimo vital, un espacio de supervivencia que cada día se vuelve más exiguo y por tanto más limitante .

Una especia de inercia maluca se ha apoderado de los individuos que hoy no pueden más que prestarle atención a sobrevivir. Una bien armada estrategia de esclavización del colectivo ha conseguido surtir el efecto esperado: cuánto mayor la pobreza, más efectiva la mordaza que representan los programas de dádivas sociales, los que ni quitan el hambre ni resuelven las carencias pero que esperanzan al receptor en cuanto a su próxima entrega. Ello unido a la represión consigue inmovilizar a las masas y ponerle sordina al descontento.

Ni las tesis del gobierno ni las de la oposición movilizan hoy a la ciudadanía porque ni los adeptos de unos ni los seguidores de los otros encuentran un asidero para justificar entusiasmo frente a la intervención de un cambio en el pavoroso estado de las cosas. Las toldas que adversan al régimen le han fallado al país tanto como las promesas del chavismo. A la gestión catastrófica del gobierno reconocida por los venezolanos – Maduro alcanza apenas a conseguir 11% de simpatizantes- viene a sumarse la desilusión por los objetivos no alcanzados por los líderes de los movimientos prodemocráticos -apenas de 1 de cada cinco le apuestan a la oposición.

¿Cómo hacer para mirar el futuro con espíritu y actitud constructiva cuando es necesario moverse dentro de un ambiente donde lo que reina es el desapego? Es preciso, antes que nada, despertar en el ciudadano de la calle el ánimo de recomponer las cosas y terminar con el estado de sumisión que aletarga a la ciudadanía. No vale solo que los eventuales candidatos opositores hagan causa solidaria e irreductible para enfrentar al poder aplastante del régimen. Sin duda que ello es una condición imperativa de cualquier negociación que pueda emprenderse de la mano de actores internacionales. Pero más decisivo es concitar al conglomerado de individuos inquietos y descontentos a acciones proactivas que sean demostrativas de la fortaleza de la determinación al cambio. No en balde, 68,8 % de nuestros compatriotas consideran que Maduro debe irse este año de 2021.

La antesala de una lucha electoral es propicia para reposicionar el tema del caótico rumbo económico e institucional que debe lleva el país. La apertura de un procedimiento de referendo revocatorio del mandato presidencial a Nicolás Maduro Moros que ya se encuentra en desarrollo también debe contribuir a crear un ambiente que canalice los descontentos. Tomemos en cuenta que en los estratos C y D más del 80% de sus componentes avalúan como negativa la gestión del mandatario. Las mismas elecciones primarias dentro del PSUV pueden ser útiles para hacer aflorar en las filas oficiales y para ponerle volumen a las múltiples inconformidades que se manifiestan en torno al manejo económico del país y, particularmente, en lo relativo al trato de la pandemia que sigue azotándonos a pesar de que el mundo ya se ordena en torno a una recuperación.

En síntesis, una negociación con el gobierno desde una posición de debilidad del liderazgo y de atonía política del conglomerado no conduce a otra cosa que no sea la permanencia del régimen.

La hora es nona.

Circula un modelo de contratación colectiva (IV-CCU) destinada a liquidar a las universidades. No fue suficiente ahogarlas económicamente, ni propiciar la fuga de talento o por parsimonia en la vacunación acabar con la vida universitaria y reducir la matrícula. Ahora el odio hacia el talento, la investigación y la formación de recursos humanos propicia un nuevo instrumento que, entre otros dislates, pretende (Cláusula 51) que el 75% de los trabajadores universitarios, profesores, empleados y obreros, sean designados por el sindicato oficialista, el único que participa, es decir por un partido político.

Con dolor y desazón, esto me ha hecho pensar en aquellos años cuando el poder nazi penetró y controló a las universidades alemanas, persiguiendo a los profesores, liberales, judíos, marxistas o aquellos simplemente en desacuerdo con las ideas de Hitler. No más concursos de oposición, ni estudios de postgrado o cualquier cosa que tenga aroma a meritocracia y libertad de opinión, que es la esencia de la universidad. Fuera la libertad de cátedra, ahora 7 de cada 10 profesores e investigadores serán seleccionados por un sindicato en una brutal expresión del populismo y del clientelismo político. Tanto es así, que se pretende crear un “Consejo de Participación Protagónica de los Trabajadores y Trabajadoras en el modelo de gestión socialista universitaria”.

Pero eso no es todo, el documento también pretende la creación, en el seno de una institución que debe ser laica y civil, de una fuerza militar supuestamente dirigida a defender a la patria. Imaginen apreciados lectores, a estudiantes y profesores con un uniforme similar al de los milicianos, alineados y luego entrando a las aulas a paso redoblado y probablemente cantando un himno evocador de la revolución bolivariana ya que la cláusula 10 establece, aunque parezca increíble cosas como “la creación y consolidación de cuerpos de combatientes…asimilados como ejército universitario con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”…”y la infraestructura física y tecnológica serán puestas a la disposición del Consejo Nacional Universitario de Defensa de la Patria a ser creado como órgano de control...”

No creo que este desafuero pudiera haber pasado por la mente de Bolívar y de José María Vargas cuando redactaron los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela y mucho menos en la de los redactores de la Ley de Universidades de 1958.

Un contrato colectivo no sólo violador del artículo 109 de la Constitución, sino también de los valores y los derechos fundamentales que además pretende lanzar a la basura 300 años de tradición. Me resulta muy difícil creer que esta bizarra idea sea compartida por los profesores universitarios que abrazaron la ideología del proyecto bolivariano y ocuparon cargos ministeriales. Confío que no desearán ser juzgados por la historia.

Si esta contratación colectiva se ejecuta, ningún título universitario venezolano tendrá valor ante el mundo occidental, nuestras casas de estudio serán clasificadas entre las peores del mundo, ningún profesor podrá portar con orgullo el haber ingresado por méritos y gracias a ellos, a forjar nuevos profesionales o aumentar el acervo de conocimientos del país.

Egresados, profesores, empleados y obreros universitarios deben elevar su voz de protesta y rechazo a esta contratación colectiva.

Escribo esta nota, porque todo apunta a que habrá una negociación, queramos o no. Hay razones para creerlo, entre ellas el giro de 180 grados de Guiado y de la oposición que lo respalda y la respuesta del Gobierno, a lo que se suman los giros, aunque sutiles, de la diplomacia norte americana, el pronunciamiento, aunque disimulado, de la OEA sobre el Acuerdo de Salvación Nacional y un nítido apoyo europeo. Solo hace falta que termine de llegar el grupo de Noruega. Para comenzar creo que, al contrario de lo que alguien dijo, el Gobierno es quien más la necesita porque aparenta fuerza, pero en realidad está más débil. La oposición también la necesita porque no tiene más alternativa.

Quizás algunos criterios podrían ayudarnos a pensar mejor el tema. Unos triviales, unos formales y otros más de fondo. El claro que el Gobierno intente ganar tiempo, como siempre lo ha hecho y, que también “lance mortíferos dardos”, previos a la negociación, inclusive el mayor de todos, la toma de El Nacional. Agrega todo lo que puede, pero a la vez cede en pequeñas cosas. La concesión limitada del CNE da una señal de apertura que favorece el apoyo internacional a una negociación.

Del lado opositor, sucede lo mismo, primero tiene que “abrir una puerta” porque las demás están cerradas. Basta con la disolución del Grupo de Lima y la postura del nuevo gobierno de los Estados Unidos para constatarlo. Quedan apoyos como el de la Unión Europea y luego con los de Colombia, Brasil y Ecuador, países atravesando crisis severas y Chile en plena “Constituyente”. El frente internacional cambió de objetivo. ¿Es posible un consenso político?

En ese sentido, desearía evaluar hasta donde Venezuela pueda repetir su historia y alcanzar un nuevo consenso político que esté enfocado sobre los principales problemas y soluciones de fondo que el país requiere y no solamente sobre los temas que día a día se discuten, si bien estos pueden formar parte de él. Mi observación está orientada a examinar si existen las condiciones para romper la ruta de conflicto y exclusión política que hemos experimentado hasta ahora.[1]

El conflicto y la exclusión política como patrón histórico

La experiencia nos dice que el conflicto y la exclusión política han regido nuestros tiempos modernos. Si examinamos con cierto detenimiento nuestra historia republicana encontramos que este ha sido el patrón de conducta del mundo político. Desde la continua lucha por instalar la democracia contra las dictaduras militares de los Gomez o los Perez Jiménez, hasta los que permitieron y luego destruyeron el único consenso de gran alcance que tuvimos, el Pacto de Punto Fijo, Venezuela ha vivido una intensa secuela de conflictos, cuyos máximos exponentes son la defenestración de una presidencia en ejercicio, la de Carlos Andrés Perez hasta la profunda ruptura que ha creado la revolución bolivariana.

Una comparación del tipo de conflictos que hemos tenido puede ayudar a colocarnos en una perspectiva que ilustre su viabilidad. Desde la profundidad de la lucha por la democracia en los inicios de nuestra era moderna, hasta los menos profundos, aunque con huellas dolorosas dentro del periodo democrático, educan sobre lo que puede pasar, porque no existe, en ninguno de ellos, una grieta tan honda y tan aguda como la que tenemos ahora. Lo que está en juego no es trivial, tal como en los casos anteriores donde persistía el ordenamiento democrático, mientras que ahora esa es la apuesta fundamental. Una situación en la que se juega el “todo por el todo”, pues la principal concesión exigida es, precisamente, el regreso a la democracia, lo que conlleva al mayor sacrificio del Gobierno.

Siendo esta la cuestión esencial a resolver, la pregunta es ¿Qué puede obligarlo a ceder esa sensitiva renuncia? ¿Hasta donde de verdad estaría dispuesto a ceder ese sacrificio mayor? Por una parte, es indispensable acercarse a lo que puede ser la real situación del Gobierno y, por la otra, que acciones pudieran obligarlo a una concesión de esa naturaleza.

Fortalezas y debilidades.

Sabemos que su mayor fortaleza es el apoyo de la Fuerza Armada, el total dominio del poder político y judicial, incluyendo Gobernaciones y Alcaldías, y el control social sobre la población, pero también sabemos que su principal debilidad es la necesidad de conseguir apoyo financiero, ante la insuficiencia de los recursos petroleros para mantener la economía y la sociedad funcionando[2]. Ahora que perdió uno de sus baluartes fundamentales, el monopolio de las divisas, con la insurgencia de un mercado privado, casi equivalente al suyo, el Gobierno quebrantó sustancialmente su poder económico. La economía privada y la pública se han emparejado, más todavía si PDVSA, en la práctica ha colapsado[3].

Nótense, las últimas decisiones gubernamentales y ubiquémonos en los últimos recursos políticos utilizados. Su última arma política defensiva la Asamblea Constituyente no sirvió para nada, en realidad es su fracaso más estrepitoso, por lo que ya no hay, ni habrá más Constituyentes. La Ley Antibloqueo, su única herencia no convence a nadie, menos a sus principales apoyos internacionales. De lo contrario pregúntesele a Rosneff o a CNPC Services Venezuela Ltd, S.A.o a Chevron. La nueva Asamblea Nacional se inició con una aparente cara “conciliatoria” y con el objetivo de modificar la Ley de Hidrocarburos.

Por otro lado, están las iniciativas dentro del mundo petrolero para obtener nuevo capital privado, sea por la vía de la Ley Antibloqueo, por las intenciones de modificar la Ley de Hidrocarburos, o por decisiones menores incorporando a inversionistas locales o externos en el área de los servicios a la industria, con lo que le resta poder y negocios a la fuerza armada[4], cual ha sido el formato para mantenerlas asociadas al poder. El Gobierno sabe que, de ampliar pronto esos recursos le es “cuesta arriba” mantener la revolución. Anótese que no han ingresado nuevos ingresos financieros de apoyo de sus dos principales socios, Rusia y China. Por el contrario las deudas anteriores se han ido cancelando, sin renovaciones sustantivas.

Queda el arma del Poder Comunal, con lo de las Ciudades y el Parlamento, dos amenazas que, por supuesto, hay que tomar en cuenta y evaluar en su capacidad para construir un poder equivalente al de los Gobernadores y Alcaldes, aunque aquellas tienen como contrapartida que estas instituciones se consolidan con las nuevas elecciones.

Queda por evaluar el tema del “control social”, esto es, hasta donde lo puede preservar. Para tales fines habría que reconsiderar sus tres políticas, la de las necesidades, la del miedo y la de la adhesión y estas, sin lugar a dudas mantienen inmovilizada a la mayoría de la población. Sabemos, por experiencia, que la capacidad de movilización de una sociedad no es espontanea, salvo que se produzca un evento excepcional e inesperado, pero que, salvo ese incidente, movilizarla requiere un liderazgo que la impulse y este, sabiamente el Gobierno, lo ha erosionado. Damos por descontado que esta fortaleza gubernamental se va a mantener.

Recapitulando, el Gobierno necesita dinero y esta es, casi, su única debilidad, pero también necesita producir o importar bienes y mejorar el sistema de servicios públicos, especialmente electricidad y agua, por lo que necesita, no solo de dinero, sino de capacidades productivas, por lo que el rol de la economía privada ha cambiado. Obsérvese que ya no se habla de “guerra económica”, que el primer acercamiento de la nueva Asamblea fue hacia Fedecamaras. También que, con el próximo y muy significativo encuentro con la Conferencia Episcopal, quizás la más representativa de la sociedad civil venezolana, fue cuando en realidad, se inició el verdadero “dialogo conciliatorio”.

El campo negociador es ampliado

Lógicamente que, si bien una negociación se plantea, inicialmente con unos partidos políticos muy debilitados, la verdadera habría de ser no solo con ellos, pues quienes han adquirido alguna fuerza (a pesar de la ruina en que están) son la economía privada y la sociedad civil venezolanas, con lo cual nos encontramos con un cuadro en el que quien tiene una fortaleza equivalente a la del Gobierno es el dueto sociedad civil y economía privada, especialmente por el vínculo de esta con el mundo exterior.[5]

En otras palabras, una negociación, circunscrita a los partidos y solo sobre los temas políticos (elecciones, etc.) si no toma en cuenta esa nueva fortaleza corre el riesgo de fracasar pues, si se está hablando de un “Acuerdo de Salvación Nacional”, de carácter Integral y dada la situación de precariedad económica y social que vive Venezuela, muy lejos va estar de “salvar a Venezuela”, si no cuenta con una alianza significativa del componente a que aludo.

Consenso político y prosperidad económica sostenible.

El Pacto de Punto Fijo, por más que criticado y no suscrito por todas las fuerzas políticas venezolanas promovió dos tareas fundamentales. La primera, la consolidación de un periodo democrático de larga duración, hasta que su ruptura inició una nueva era de conflictos y exclusión política y, la segunda, el diseño y desarrollo de primer plan económico de la democracia, el cual, no solo permitió el desarrollo de la planta industrial venezolana, con las políticas de sustitución de importaciones, sino que originó la mejor época de indicadores sociales que hemos disfrutado. La ventaja de un consenso para desarrollar una economía sostenible y duradera y no volátil, cual es la característica fundamental de la nuestra, puede considerarse un logro sustantivo, sobre todo porque el consenso logra romper con las políticas de corto plazo que tanto daño le han hecho a Venezuela.

Dicho esto, queda por decir que si, podemos, llegar a un acuerdo en el campo político que restaure el ordenamiento democrático, y que ello, de si solo es altamente plausible, pero si el acuerdo no logra transformar el modelo petrolero, estatista, centralista y pro – socialista que siempre dominó en Venezuela, en sus expresiones moderadas o extremas, terminaremos en lo mismo. Lo que sería peor, como lo demuestra la experiencia, que los acuerdos terminen en una apertura petrolera para aumentar la producción y las exportaciones que oxigenen al Gobierno actual, producto de una atenuación de las sanciones. En ese caso, no solo estaremos “vendiendo” el futuro de Venezuela como país libre y realmente democrático, sino que estaríamos sacrificando las posibilidades de una recuperación económica, sana, sostenible y duradera.

Apelar, por tanto a un Consenso Político de mayor profundidad que tenga como objetivo deslastrarnos, de una vez por todo, de ese “modelo[6]”, que tanta conmoción y ruina ha causado y que nos ha conducido a esta posición extrema, del “todo por el todo”, no puede ser entendida como una exigencia banal y trivial, en especial porque detrás de ella están todos los daños infringidos a la sociedad venezolana.

Viabilidad de un consenso político.

La profundidad de la crisis a la que ha llegado Venezuela dificulta considerablemente alcanzar un consenso político que la regrese a un status de normalidad, inclusive a uno en el que las fuerzas democráticas ganen condiciones de participación política. Pedir, mas allá de eso, la restitución de un modelo en el cual la economía privada y la sociedad civil tengan una influencia decisiva en el destino de Venezuela resulta, para decir lo más, casi imposible. Sin embargo, la posibilidad de un consenso de esa naturaleza va a depender de la comprensión de los actores oponentes al Gobierno de cuales son realmente los aliados y cuáles son realmente sus propias fuerzas. Del lado del Gobierno están dos opciones o acompaña a Venezuela en una floreciente reivindicación democrática, económica y social o asume la responsabilidad de permitir la consolidación de una sociedad indigente en Venezuela, tal como el caso cubano.

¿Nuestra última carta?

Podría sonar extrema preguntar si esta será la última carta que se juega la Venezuela democrática y allí, el papel que pueda jugar la comunidad internacional y las acciones de persuasión o presión que pueda ejercer son vitales, pero también es indispensable que comprenda quienes son los actores reales de esta contienda, no solo en el campo de los aliados internaciones del Gobierno, Rusia y China, como se sabe, sino de lo representan las fuerzas internas que el país todavía posee. Descuidar esa percepción, creemos, es esencial para saber si nos estamos jugando la ultima carta.

[1] Diferencio aquí conflictos atinentes a los partidos políticos de aquellos de índole social que fueron atenuados por el ingreso petrolero.

[2] Las recientes entrevistas con Blomberg ilustran esta necesidad e indican una señal a los inversionistas de ese país para que presionen sobre allá sobre el tema de las sanciones.

[3] La gasolina y el diésel son todavía armas a favor del Gobierno, pero, “per contra” dificultan el abastecimiento interno que no pueden compensar con importaciones.

[4] Interesante el lugar en que quedaría la empresa CAMIMPEG.

[5] En especial las que tradicionalmente han existido en el terreno petrolero y financiero.

[6] Ni siquiera estamos pidiendo completar la agenda que propusimos en el libro “Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela” recién publicado.