La intervención militar (TIAR), la Comisión Simonovis (Estados Unidos) o la implosión económica (BCV-FMI).

Las situaciones acontecidas en la sesión especial del pasado 23 de julio son de tal relevancia que es difícil describir la magnitud de las medidas radicales anunciadas en las mismas, que muchos pasan por alto, pero que constituyen una gravísima amenaza, casi mortal, para la continuidad administrativa del gobierno de Nicolás Maduro a mediano e incluso a corto plazo.

En primer lugar está la situación presentada con la aprobación del TIAR que permite la aplicación de medidas de fuerza , tal como se plantea en su artículo 8, que plantea lo siguiente: “Para los efectos de este tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada”.

Como se puede observar en el enunciado, se puede pasar de acciones políticas a acciones agresivas como un bloqueo físico naval o aéreo o un ciberataque que interrumpa las comunicaciones, antes de pasar a un ataque militar a gran escala para expulsar del poder a un gobierno supuestamente impuesto o apoyado por fuerzas extranjeras.

Si al lector le parece fantasía o paranoia, recuerde que a Jair Bolsonaro e Iván Duque, presidentes de Brasil y Colombia, no les parece tanto, dada la oportunidad política de destruir el Foro de Sao Paulo, evitando la vuelta del Partido de los Trabajadores y las fuerzas insurgentes colombianas que supuestamente usan el país de retaguardia (ELN), por lo que no sería sorpresivo que la idea de invocar el TIAR venga de allí y no de Estados Unidos y Venezuela.

En segundo lugar y en mi opinión profesional la amenaza más grave contra el gobierno nacional es la confirmación de una junta de investigación sobre el narcotráfico en Venezuela, que yo denomino Comisión Simonovis y que tiene por tarea presentar las redes del narcotráfico internacional en la política venezolana, palabras más palabras menos de lo expresado por el diputado presidente de la Asamblea Nacional y según mas de 50 países con carácter de presidente encargado, Juan Guaidó.

Debemos recordar que quien sea señalado públicamente de narcotraficante o beneficiario de estas actividades queda anulado políticamente y económicamente al ser marcado como indeseable en los círculos financieros, políticos y empresariales, así no termine en la cárcel, por lo cual el poder y responsabilidad entregados al comisario Iván Simonovis no tiene precedente, debido a que detrás de sus informes estará todo el poder de la DEA, el FBI, la CIA y otras agencias policiales y de inteligencia que se dedicarán a la cacería de las personas y desmantelamiento de las instituciones señaladas por sus acusaciones desde Washington, donde diligencia actualmente.

En un país donde desde hace muchos años se denuncia abiertamente, especialmente en el mundo informal desde el punto de vista jurídico, de las redes sociales y el Internet de las vinculaciones reales o supuestas de empresarios, políticos y cualquier otro actor social de importancia en este tipo de actividades en una forma u otra, existe la clara posibilidad de armado de un tinglado de acusaciones contra miles de personas que han ejercido responsabilidades administrativas a diversos niveles de la función pública y se termine pidiendo la disolución de corporaciones enteras de la misma manera que la doctora Bachelet (alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos) está solicitando la disolución de las FAES por acusaciones de supuestas miles de ejecuciones extrajudiciales.

Estamos hablando de partidos políticos, instituciones de seguridad del Estado, entidades nacionales, regionales y locales, así como cadenas empresariales de naturaleza privada, que se derrumbarían con solo aparecer en estas listas y sin duda pronto estarán.

Finalmente, pero no menos grave, está en mi memoria que estas argumentaciones son las que llevaron a la invasión de Panamá un 20 de diciembre 1989, ante los señalamientos de narcotráfico que rodearon al entonces presidente de dicho país Manuel Noriega, por lo cual no es descabellado pensar que una sucesión de denuncias contra amplios sectores de la vida pública nacional por delitos de narcotráfico, llevará a la intervención militar estadounidense de la que tanto se teme por su impacto histórico, humanitario y ambiental, lo cual ya sería objeto de otro artículo en cuestión.

En tercer lugar y no menos grave es la certeza de que se acerca una implosión económica y de carácter humanitario, debido a la contracción económica actual que va a aumentar mucho más con las sanciones devastadoras que vienen camino, según las agencias internacionales de noticias y que hacen inviable cualquier ejercicio planificado de políticas públicas en materia económica.

No es común leer en los informes del FMI las expresiones de implosión o de catástrofe económica que usan para describir a nuestro país en los círculos financieros y comerciales mundiales, puesto que no es difícil prever que la nueva directiva del BCV en el exterior va a terminar de bloquear jurídicamente los exiguos recursos que aún obtiene el gobierno de Nicolás Maduro y esto incluye la venta de oro y minerales estratégicos a otros países.

Para quienes consideran que los economistas Luis Vicente León y Francisco Rodríguez andan en una onda apocalíptica sobre una posible “hambruna en Venezuela ” que llevaría a la muerte y emigración de millones de compatriotas si no se toman prontas medidas políticas y logísticas, lamento tener que admitir que considero que tienen la razón de fondo, si el problema político en Venezuela no se resuelve a corto plazo y se produce una implosión económica que lleva directamente a una explosión social cuya magnitud no me atrevo siquiera a imaginar.

Aquellos personajes de la vida pública con peso en la opinión nacional que lean estas líneas espero que actúen en plena coincidencia con su responsabilidad personal moral y cívica y salgan a sentar su palabra y convencer al resto de la sociedad de una salida pacífica, negociada y constitucional antes de que las trompetas del conflicto suenen marcando que ha llegado la hora de la violencia.

https://elecciones7oenbilbao.wordpress.com/2019/07/27/las-tres-cartas-de...

Nacido en Teherán, pero ex colaborador de los servicios de inteligencia israelíes; proveedor de armas al Irán de los ayatolás; representante del polémico expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe; y más recientemente de la junta militar que gobierna Sudán…

Y ahora, además, promotor en Estados Unidos de lo que presenta como una solución para resolver la enconada crisis política de Venezuela.

Es Ari Ben-Menashe, el misterioso personaje que figura como director de la firma canadiense Dickens&Madson, dedicada al cabildeo, la búsqueda de influencia en los centros del poder político, lo que en el mundo anglosajón se conoce como "lobby".

El portal estadounidense Politico publicó recientemente que Dickens&Madson fue contratada por el político Henri Falcón, quien fuera rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de mayo de 2018, para convencer a los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y otros de que lo apoyen como "candidato de compromiso" a la presidencia de Venezuela en un intento por desbloquear una situación política atascada en el pulso entre Maduro y el líder opositor Juan Guaidó.

"La firma se dispone a cabildear al poder ejecutivo y/o al legislativo del gobierno de Estados Unidos y sus agencias en apoyo a los esfuerzos del partido político Avanzada Progresista para elegir a Henri Falcón como presidente de Venezuela", afirma el documento presentado al Departamento de Justicia estadounidense, que también especifica que el valor del contrato asciende a US$200.000.

Henri Falcón asegura que lo que ha hecho su partido es "contratar de manera legal unos servicios profesionales".

Aunque al poco de trascender la noticia, Francisco Rodríguez, un economista venezolano afincado en Estados Unidos que asesora a Falcón, dijo que la inclusión de esa aspiración presidencial en los documentos se debió a un "error administrativo".

El nuevo redactado de los documentos afirma que se trata de "buscar una solución pacífica a la crisis política, humanitaria y económica de Venezuela".

Falcón le dijo a BBC Mundo que lo único que había hecho su partido era "contratar de manera legal unos servicios profesionales y de representación en el exterior, igual que hacen otras muchas formaciones políticas venezolanas".

BBC Mundo no pudo contactar con Ben-Menashe.

Pero, ¿quién es exactamente este judío iraquí nacido en Irán hace 68 años? ¿Y por qué Falcón y su partido creen que puede influir en los gobiernos más poderosos del mundo en un asunto tan crucial como la situación en Venezuela?

Los años de Israel

Ben-Menashe es un viejo conocido en el mundo de la inteligencia global.

Cuando en 2012 Wikileaks comenzó a publicar los correos que le habían filtrado de la compañía de inteligencia estadounidense Stratfor, era mencionado en algunos de ellos.

En uno, un periodista israelí le advertía al jefe de seguridad de la firma de que Ben-Menashe es "un estafador" y le aconsejaba: "Manténgase alejado de él".

Donde Ben-Menashe tiene más fama es en los círculos dedicados a la seguridad en Israel.

En 1977 comenzó a trabajar en AMAN, la agencia de inteligencia militar israelí, donde, según contó años después, su carrera se vio favorecida por su dominio de los idiomas inglés, árabe y persa.

Cuando en 1979, la Revolución de los Ayatolás triunfó en Irán, su pasado iraní se reveló especialmente útil a ojos de sus mandos.

Según su propio relato, fue como agente Israelí que se vio envuelto en el caso conocido como Irán-Contra, un escándalo que salpicó a varios altos funcionarios del gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos por vender armas a Irán pese al embargo que en ese momento pesaba sobre el país islámico.

También salpicó a Ben Menashe, que en 1989 fue arrestado en Estados Unidos acusado de intentar vender tres aviones de transporte a los iraníes.

Ya en libertad y enfrentado a los que habían sido sus anteriores empleadores israelíes, comenzó a hacer revelaciones explosivas.

Dijo haber sido en 1980 uno de los asistentes a las negociaciones secretas para posponer la liberación de los rehenes estadounidenses entonces en poder del gobierno iraní.

Ben-Menashe dijo que miembros del Partido Republicano, entre ellos George Bush padre, se reunieron en secreto con dirigentes del gobierno iraní para que los rehenes no fueran liberados antes de las elecciones, lo que habría favorecido las aspiraciones de reelección del entonces presidente Jimmy Carter frente a las del candidato republicano, Reagan.

Una comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que lo interrogó largamente concluyó que el relato de Ben-Menashe era "total invención".

Sea como sea, Ben-Menashe dio su versión de la historia y de lo que vivió en sus años como agente secreto con la publicación en 1992 de su libro "Profits of War: Inside the secret U.S-Israeli Arms Network", ("Los beneficios de la guerra: dentro de la red secreta de armas de EE.UU. e Israel", en español).

A la sombra de Mugabe

En 2002 el antiguo agente secreto volvió a los titulares envuelto en un turbio episodio en plena campaña electoral en Zimbabue.

Morgan Tsvangirai, líder de la oposición, fue acusado de intentar asesinar al presidente del país, Robert Mugabe, y juzgado por traición poco antes de unas elecciones en las que las encuestas lo situaban con ventaja.

La prueba de cargo contra Tsvangirai fue la grabación de una reunión con Ben-Menashe en la que se habló de "eliminar" a Mugabe, quien había contratado al ex agente israelí, que para entonces ya se había instalado en Canadá y montado allí su firma de cabildeo.

Tsvangirai dijo haber sido víctima de un montaje con fines políticos y resultó finalmente absuelto.

Pese a que Mugabe es una figura controvertida y se le ha acusado de violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, Ben-Menashe dijo en una reciente entrevista al programa Newshour de la BBC que se sentía "orgulloso" de haberlo representado.

Con la junta de Sudán

Antes de que se lo relacionara con Venezuela, Ben-Menashe se vio envuelto en otros asuntos polémicos en África.

Al cabildero lo contrató Jalifa Hafter, el controvertido militar que comanda el autodenominado Ejército Nacional de Libia y que en la pasada primavera lanzó una ofensiva contra la capital del país y el precario gobierno de unidad nacional allí instalado con apoyo de Naciones Unidas.

La junta militar que gobierna Sudán desde la caída del presidente Omar al-Bashir el pasado abril también recurrió a sus servicios para lograr una cobertura periodística favorable y reconocimiento de los gobiernos de los países occidentales.

Ben-Menashe ha confirmado que la junta le pagará US$6 millones, entre otras cosas, por conseguirles a sus miembros una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Una cantidad considerada escandalosa por muchos, dada la situación del país y las acusaciones de reprimir violentamente a manifestantes pacíficos que pesan sobre los militares sudaneses.

"Ellos quieren que se establezca un nuevo gobierno encabezado por un economista de prestigio que ponga orden en la economía", dijo recientemente Ben-Menashe, que señaló que su colaboración obedece al deseo de los uniformados de "explicar lo que están haciendo y cuáles son sus objetivos".

¿Por qué ahora Falcón?

Muchos en la oposición venezolana criticaron a Falcón por participar en las elecciones de 2018.

Mientras que la mayoría de los opositores a Maduro decidieron no tomar parte en unos comicios que consideraban injustos, Falcón sí concurrió, lo que muchos detractores de Maduro interpretaron como una manera de legitimar la "farsa electoral".

A partir del no reconocimiento de esas elecciones la oposición considera que Maduro es un "usurpador" y por eso Guaidó es el "presidente encargado" en virtud de su puesto como presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento).

La defensa frente a las acusaciones de Falcón, que fue chavista, opositor y ahora se presenta a sí mismo como una tercera vía, estaba implícita en el que fue su lema de campaña: "Si votamos, ganamos".

Ahora que el gobierno y los delegados de Guaidó negocian bajo la mediación de Noruega un arreglo que podría pasar por la celebración de unas nuevas elecciones, Falcón parece haber retomado la iniciativa.

La contratación de Ben-Menashe para mejorar su influencia y reputación en Washington no ha sido su único movimiento después de muchos meses sin apenas actividad pública.

Hace unos días presentó en Caracas su programa "petróleo por alimentos", por el que Venezuela recibiría la ayuda humanitaria que necesita a cambio de crudo y podría así reducir el impacto sobre la población de las sanciones de Estados Unidos.

Cuando BBC Mundo le preguntó si le gustaría volver a ser el candidato en unas próximas elecciones, contestó: "No se trata de una cuestión personal, sino de devolverle la gobernabilidad al país".

Y para eso ha contratado al polémico Ben Menashe.

@BBCgolmo

30 julio 2019

BBC News

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49125315

En Venezuela es cada vez más frecuente que quienes necesiten registrar o autenticar algún documento se encuentren con el cobro de aranceles no previstos en la legislación vigente, y también con la discrecionalidad e incluso arbitrariedad del registro o notaría correspondiente para cobrar lo que considere a la luz de la falta de actualización de la Unidad Tributaria (UT) por parte del Gobierno desde 2018. Esta realidad configura una prueba más del quiebre institucional en el país.

Según el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado (publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria n.° 6.156 del 19 de noviembre de 2014), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), así como las oficinas de registros principales y registros públicos, tienen derecho a cobrar diferentes tasas (aranceles) por concepto de los servicios que prestan.

Estas tasas están previstas en los artículos 83 y siguientes del decreto ley, y su monto varía según el supuesto del que se trate. De acuerdo a la norma citada, el valor real de cada tasa depende de la UT. Por ejemplo, se estipula que el registro de poderes especiales y generales causaría un tributo de 6 UT (artículo 83.14) mientras que para la inscripción de títulos académicos el pago sería de 3,5 (artículo 83.15).

Actualmente, según la Gaceta Oficial n.° 41.597 del 7 de marzo de 2019, la UT corresponde a Bs. 50 solo para el uso de la determinación tributaria, competencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). En otras áreas, como aranceles notariales o registrales, la UT no ha sido actualizada desde 2018.

Esto ha llevado a que los registros o notarías establezcan a su discreción tasas con montos exorbitantes –expresados en millones de bolívares, que, en algunas ocasiones se apartan en exceso de los previstos en el decreto ley antes citado–.

Las tasas comentadas, como tributos que son, se encuentran amparadas por el principio de reserva legal, según el cual ellas deben estar previstas en la ley como acto sancionado por la Asamblea Nacional cuando actúa como cuerpo legislador (artículo 202 de la Constitución de la República) o cuando el poder ejecutivo es autorizado por aquella.

Los funcionarios del Saren que han sido consultados al respecto explican que se fundamentan en una instrucción del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz –que, vale recordar, no tiene la potestad para modificar tasas por el principio de reserva legal antes comentado–. Señalan que si el particular desea conocer más al respecto puede dirigirse al sitio web del Saren. Sin embargo, este portal no informa sobre los aumentos.

Desde Acceso a la Justicia recordamos que el artículo 317 de la Constitución de 1999 es enfático al señalar que “No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley”. La ley la dicta solo el órgano legislativo del Estado, sea a nivel nacional (Asamblea Nacional) estatal (Consejo Legislativo) o municipal (Concejo Municipal), o el órgano ejecutivo cuando de él emanen decretos leyes, porque el Legislativo lo haya autorizado por ley habilitante o haya aprobado el estado de excepción decretado por el Ejecutivo.

Enfatizamos que una de las bases fundamentales de un estado de derecho es que el Poder Ejecutivo no puede establecer tributos si no cuenta con una ley que así lo autorice. Este principio es tan importante que sus orígenes datan de hace más de 800 años, en la Carta Magna inglesa, y fue una de las causas fundamentales de la independencia norteamericana (no taxes without representation): no pueden crearse tributos sin que los representantes electos de los ciudadanos, es decir los miembros del Poder Legislativo, den su aprobación.

De esta manera queda claro que no existe norma legal alguna que justifique lo que registros y notarías están cobrando. Esto trae como consecuencia que tampoco se sepa sobre qué base calculan esos pagos, con la inseguridad jurídica y la arbitrariedad que ello implica. Lo dicho ha provocado que ventas de inmuebles se dejen sin efecto, porque el comprador no tiene las exorbitantes cifras que se le piden pagar, además sin que norma alguna lo sustente.

Constitución de empresas

Adicionalmente al tema de las tasas que devengan los registros y notarías, el Saren en circular del 3 de julio de 2019, difundida por los medios de comunicación, fijó montos mínimos de referencia del capital social al momento de constituir una compañía o sociedad en concordancia con la actividad económica que estatuya el objeto social y sobre esa base se establece el tributo a pagar.

Los montos mínimos determinados son muy altos, de hecho, comprometen seriamente la disposición de aquellos pequeños comerciantes o empresarios que deseen emprender un modesto negocio, incluso así el registrador autorice la constitución de la empresa pagando solo el 20% del capital suscrito tal como lo establece el Código de Comercio. A esto se añade que, como explica el abogado Leonardo Palacios, dificultan el cálculo de impuesto a pagar al determinar el monto con base en la actividad económica a llevar a cabo y no según el capital social, como era antes.

Para que ello quede más claro, presentamos una tabla con algunos de esos montos mínimos requeridos por la circular del Saren. También los expresamos en dólares, haciendo la conversión al tipo de cambio referencial oficial divulgado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Enlace a la nota:

https://www.accesoalajusticia.org/arbitrariedad-norma-cobro-tasas-regist...

Hace dos semanas, a través de un comunicado, la empresa Univisión confirmó lo que ya era un sonoro rumor: la posibilidad de su venta. Se trata de la cadena pionera de la televisión en español en Estados Unidos y, junto a Telemundo, una de las dos pantallas que se disputan el público hispano en ese país. Más allá de los elementos puntuales, entre los que destaca una deuda millonaria, la gran pregunta es si realmente existe alguien interesado en comprar hoy en día un canal de televisión abierta. ¿Para qué?

Desde hace años, la aparición de internet, los cambios en las plataformas comunicacionales y las consecuentes variaciones en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones han terminado produciendo una revolución involuntaria: es una transformación radical y casi inesperada, sin dirección política, sin otro sujeto protagonista que la tecnología. De pronto, el poder pasó de la pantalla a los usuarios. El control sobre lo que puede o no se puede ver cambió de manos. La “dictadura” de la TV abierta —como la llamó Carlos Monsiváis— finalmente ha sido derrotada.

No es aventurado afirmar que en el futuro, la palabra “televisión” dejará de existir. Se quedará sin referencias. Tan sola e inútil como la palabra “betamax” o la palabra “casete”. Un cambio tecnológico ha producido una crisis en una de las industrias aparentemente más sólidas y bien cimentadas. Y se trata de una alteración que escapa a la moralidad con la que frecuentemente se enjuicia a la televisión. No se trata de dilucidar si el cambio es bueno o malo. Simplemente es inevitable. Su propia dinámica le ha dado más libertad a los contenidos, ha redimensionado las posibilidades de la narrativa audiovisual. No está en crisis el relato. Todo lo contrario. Lo que está en crisis es su forma de producción, distribución y consumo. El televisor y la industria que respira tras él de repente comenzaron a convertirse en una antigüedad.

El día a día, con su urgencia de llenar veinticuatro horas de programación, tal vez no permite mostrar tan nítidamente lo radical que en el fondo está siendo el cambio. La tele abierta tenía un poder casi absoluto. La única defensa posible ante ella consistía en apagarla. No había más opciones. Desde su trono emisor, administraba y distribuía no solo la sentimentalidad y la moral sino que, incluso, también organizaba los tiempos del gusto y de la angustia, los horarios para reír o para informarse. Era el centro de la casa. Y muchas veces lo era de manera literal, física.

Ahora somos los usuarios quienes podemos elegir y decidir qué, cómo y cuándo consumir los contenidos audiovisuales. Ya hace dos años, una encuesta mostraba cómo en España el 72 por ciento de los jóvenes ven más YouTube que televisión. La migración de la audiencia hacia las plataformas de transmisión en línea ha producido un cambio vertiginoso e irreversible. No solo se trata de un asunto de ratings y de ventas. El propio contenido que definía la ficción audiovisual también ha cambiado. También la palabra “teleculebra” se está quedando huérfana.

La telenovela fue el género emblemático de la televisión abierta latinoamericana. Está ligada genéticamente a ella, tiene que ver con su origen, con su naturaleza. Ese folletín cotidiano e interminable —que empezó versionando algunos clásicos de la literatura del siglo XIX y que se desarrolló canibalizando el relato sentimental de la mujer pobre que se enamora de un hombre rico— fue durante años el producto estrella de nuestra tele. Su garantía de origen, su marca. Hoy en día los culebrones son animales en vías de extensión. No me refiero al melodrama sino a esa forma específica del melodrama, a ese formato de largo aliento, asentado sobre estereotipos y desarrollado narrativamente bajo la premisa de la reiteración y del falso suspenso. Ninguna de las plataformas (Netflix, Amazon Prime, etc.) que definen hoy el mercado está buscando una María la del Barrio de 150 horas.

Las llamadas plataformas de transmisión libre (OTT) han impuesto un modelo y un ritmo de ficción mucho más diverso, que se desperdiga abriendo cada vez más segmentos de la audiencia, ampliando sus límites. Lo que define a las nuevas plataformas no son sus productos sino su infinita posibilidad de tener más productos. Siempre. De cualquier tipo. Por eso una de sus condiciones esenciales es la velocidad. Cada vez son más frecuentes los formatos seriados, con un máximo de ocho o diez capítulos. No es azaroso que Televisa, la productora de telenovelas más importante del mundo, apueste ahora por transformar su grandes clásicos de siempre en series modernas e innovadoras de veinticinco capítulos.

No solo es un tema de contenidos. También, como objeto, la televisión está muriendo. Cada vez más, los jóvenes consumen el contenido audiovisual a través de sus teléfonos. El futuro está en esa pantalla que también es una extensión de la mano. Es una nueva TV, tan personal que te la llevas al baño o te la guardas en el bolsillo. Su relación con el cuerpo crea incluso una intimidad y un poder que antes no existía. De pronto, incluso las pantallas planas, de última generación, comienzan a parecer dinosaurios lejanos e inútiles.

Por supuesto que en los contextos latinoamericanos, donde la pobreza y la desigualdad sigue definiendo drásticamente la realidad, este proceso avanza con más lentitud y dificultades. Pero, en general, la vida de la tele abierta parece tener sus días contados. Su margen de acción se va estrechando, se va concentrando cada vez más en territorios claramente delimitados: los concursos en vivo, los deportes, las noticias. El populismo mediático se alimenta de esta crisis, vive su mejor momento. Quizás pronto llegue el día en que la política sea la única ficción que se transmita por la televisión abierta.

Cada vez son más frecuentes los rumores sobre la venta, o posible venta, de canales de televisión tradicionales. Sin embargo, en general, nunca se concretan. Nadie parece ahora estar interesado en un comprar un canal. Su única posibilidad de sobrevivir es cambiar. Necesitan reinventarse como productores de contenidos, al servicio de las nuevas plataformas. Su reino se acabó. Otra señal de los tiempos: ningún poder es eterno.

28 de julio de 2019

NY Times

https://www.nytimes.com/es/2019/07/28/tv-netflix-youtube/?te=1&nl=boletin&emc=edit_bn_20190730?campaign_id=42&instance_id=11

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Las aparentes irregularidades que han salpicado las oposiciones convocadas en la Comunidad de Madrid a catedrático de artes escénicas, han esparcido una alargada sombra de sospechas que debe ser despejada cuanto antes. Que miembros de un tribunal examinador sean recusados, dimitan por discrepancias sobre los criterios de evaluación o concedan una puntuación ridícula a verdaderos maestros son anomalías que requieren una explicación convincente. En cualquier proceso de selección académico tienen que primar los méritos y el talento de los candidatos. Tratándose de disciplinas en las que calibrar la calidad de los aspirantes entraña una gran dosis de subjetividad, es especialmente necesario que los tribunales no solo estén compuestos por profesionales acreditados, sino también que sean equilibrados.

El debate entre meritocracia y endogamia es una constante en el ámbito académico. Espectáculos como los vividos en la Comunidad de Madrid al hilo de las oposiciones a catedrático de instrumentista de cuerda en el Real Conservatorio de Música, así como en la Escuela Superior de Canto, reflejan esa batalla. Aspirantes a estas plazas no han dudado en calificar de “vergonzoso” y “chapuza” un proceso en el que distintos miembros de un mismo tribunal exhiben criterios irreconciliables a la hora de valorar las pruebas de interpretación. Esta disparidad ha provocado la renuncia de varios jueces examinadores y, en consecuencia, a congelar el proceso hasta septiembre, con un nuevo tribunal.

A la Consejería de Educación le corresponde velar para que las pruebas se desarrollen con la máxima transparencia garantizando la profesionalidad y autonomía de los componentes de los tribunales calificadores. Es preciso evitar cualquier atisbo de duda y, desde luego, no es un buen síntoma que los aspirantes puedan ser examinados por sus compañeros de aula. Además de establecer con la máxima precisión los baremos, las bases del concurso de oposición deben ser claras y respetadas de manera rigurosa.

El hecho de que 17 tribunales hayan sido impugnados por irregularidades formales hace aún más perentorio extremar las medidas para acreditar la limpieza de las pruebas. Quienes aspiran a desempeñar tareas pedagógicas, ya sea en la música o el canto o en cualquier otra disciplina, han de obtener la plaza en buena lid. Solo si se destierra la parcialidad, se pone coto a la endogamia y se valoran los atributos de todos con el mismo rasero, se garantizará que accedan los mejor cualificados. El talento está reñido con las, lastimosamente demasiado habituales, prácticas endogámicas en todo el mundo académico.

30 de julio 2019

El País

https://elpais.com/elpais/2019/07/29/opinion/1564416276_413731.html

Muchos de los que insurgieron en 1992 en abierta violación a la Constitución se creyeron destinados a componer entuertos de un país que gradualmente había visto degenerar los valores de la democracia debido al clientelismo político, corrupción y estatismo. Extrañamente levantaron armas equivocadamente en un momento en que había un intento serio de descentralización y en el que se estaba privilegiando la designación de ministros por sus cualidades técnicas y no por su filiación política. Ese cambio que se iniciaba no lo entendieron los militares rebeldes, pero tampoco los civiles, ni los partidos políticos. Ello produjo la catástrofe electoral de 1998 y la de del 2000, de la cual hoy se cumplen diecinueve años.

Después de esas dos claras victorias electorales, los rojos fueron tomando alas. Ello fue posible por sus abusos desde el poder y por la permisividad de parte de nuestra dirigencia política apabullada por la derrota electoral. Los sucesos de abril del 2002 fueron una gesta de los ciudadanos de a pie y de oficiales sin mando de tropa. Como era de prever, los ataques al sector privado, la ineptitud y corrupción derrumbaron la economía y les hicieron perder el fervor popular. Para mantenerse compraron a muchos militares permitiendo que se enriquecieran y ascendiendo a los menos calificados; además, acudieron a los Castro, a los malandros criollos, al narcotráfico y a la alianza con el terrorismo internacional.

Evidentemente no quieren dejar el poder. Hay que arrebatárselo. Salvo alguno que otro que se dice opositor, pero que tiene interés en que permanezca la dictadura, la gran mayoría del sector político está de acuerdo en que Maduro y su pandilla no entregarán por las buenas. La diferencia está en cómo perciben las fortalezas y debilidades propias y las del régimen.

Los grandes luchadores que son María Corina y Antonio Ledezma apuestan por la intervención extranjera, ya que “se requiere una fuerza mayor que enfrente al régimen”. Tienen razón, pero el punto débil es que a pesar de que los países democráticos están de nuestro lado, ninguno parece dispuesto a intervenir, a pesar de que entienden que Maduro y compañía son una amenaza real para la estabilidad de los países vecinos.

El presidente (e) Guaidó y el resto del sector político consideran que la dictadura cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada y de los gobiernos de Cuba, Rusia y China, y que la Unión Europea y el Grupo de Lima ha optado por negociar una salida electoral. También este sector político de la oposición tiene razón, pero el punto débil es que los criminales que nos gobiernan no están dispuestos a aceptar una elección transparente que con toda seguridad los desplazaría. De allí que quienes critican la negociación alegan que no se llegará a un acuerdo favorable a la democracia y que es una estrategia del régimen para ganar tiempo. ¿Tienen razón? Claro que sí, pero ante la ausencia de otra opción real, no queda sino apostar a que las sanciones internacionales obliguen a la dictadura a ceder. ¿Probable? Quizá no, pero sí posible y hay que intentarlo. Lo demás es un deseo que muchos tenemos, pero que pareciera poco realizable.

Un factor que podría ayudar es que nuestra oposición se muestre unida, dentro de los disensos normales y necesarios. Sería deseable que la admirada María Corina y el respetado Ledezma declararan que piensan que la negociación no dará un resultado positivo y que insisten en la intervención extranjera, pero que le dan a las conversaciones el beneficio de la duda y que desean que tengan éxito en lograr la salida del régimen. Los demócratas se lo agradeceríamos. No solicitamos que cedan en sus posiciones, sino que no se cierren a otra opción. Si el régimen no cede vendrán más sanciones, algunas de las cuales no les importa ya que son indiferentes a los sufrimientos de los venezolanos, pero otras los podría doblegar. Apostemos a estas últimas.

Como (había) en botica:

Lo sucedido en la Cota 905 es una prueba más de que el régimen considera que los malandros son sus aliados más confiables.

El TIAR no es el deux ex machina que resolverá nuestro problema, sino una presión más que puede favorecer la negociación.

Solidaridad con el ingeniero Winston Cabas y su familia.

Mientras el Bernal colombiano se cubre de gloria ganando el Tour de France, el Bernal criollo se hunde cada vez más.

El mundo y desde luego los venezolanos lloramos la partida del gran artista Carlos Cruz Diez

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Los milicianos que trabajan en la sede del partido y en la gobernación del estado Miranda, conversaban entre si muy preocupados por las informaciones que estaban circulando por los medios de comunicación.

-Supiste lo que pasó, se preguntaban los unos a los otros.

-¿Qué pasó? Infórmame, yo vengo llegando y no se nada.

-Los imperialistas de la Organización Deportiva Bolivariana ODEBO, nos quitaron la sede de los Juegos Bolivarianos 2021 que se iban a realizar en los Valles del Tuy.

-No lo puedo creer, dijo uno de los milicianos. Tenía entendido que el camarada Eduardo Álvarez, Presidente del Comité Olímpico Venezolano COV nos había garantizado que ya la sede estaba aprobada para Miranda.

-Claro, dijo otro de los presentes, recuerdo que el camarada gobernador Héctor Rodríguez ha realizado varias ruedas de prensa anunciando que todo estaba listo para la celebración del referido evento. Es más, hablaba de la construcción de 12 nuevas instalaciones y una majestuosa villa deportiva para albergar a los participantes de lo que el consideraba serían los “Mejores Juegos Bolivarianos de la historia” contando para ello con una asignación presupuestaria de ¡¡¡100 millones de Dólares!!!

-Coño, esa decisión de la ODEBO nos tumba la olla. Nos empichacó el guiso. Me imagino la arrechera del camarada Héctor que estaba contando con esos billetes para su campaña presidencial y ahora lo dejaron colgado de la brocha.

-No se cuáles serían las razones que motivaron esa decisión, dijo uno de los milicianos que practicaba atletismo; pero desde que solicitaron la sede deje muy en claro que no me parecían los Valles del Tuy como el lugar más apropiado para el desarrollo de ese evento internacional…

-¿Y eso por qué?

-A quien se le ocurre pedir unos juegos para una región que se caracteriza por ser la de mayor índice de violencia en todo el país y no cuenta ni siquiera con una cancha de baloncesto. O sea, solicitaron la sede exhibiendo puras maquetas y promesas…no me jodan. Además, como hecho reciente está el fracaso del Iberoamericano de Atletismo en Maracay, donde se pagó dos veces el presupuesto para la construcción del estadio y no lo terminaron. Ah, se me olvidaba decirles que el presidente del Comité Organizador de ese Campeonato era nuestro camarada gobernador.

-A lo señalado por el camarada que me antecedió, yo le agregaría, dijo otro miliciano que vive en los Valles del Tuy, el inaudito hecho promovido por el hijo de José Vicente Rangel conocido como el alcalde Papi-papi e Iris Valera de otorgarle con carácter de exclusividad la seguridad de la zona ¡¡¡A los pranes del sector!!!...increíble pero cierto.

-No sigamos hurgando en el pasado, concentrémonos en el presente, solicitó el jefe de los milicianos.

-Quisiera saber cómo fue la votación en el seno de la Asamblea Extraordinaria de la ODEBO….porque más de una vez el camarada Eduardo nos dijo en el partido que el tenia esos votos amarrados.

-Los 7 países que integran la ODEBO votaron de la siguiente forma:

4 a favor de quitarnos la sede

2 Abstenciones

1 a favor de mantener la sede para Miranda.

-Carajo, ese Eduardo presidente del COV es pura coba, no tenía controlado un coño. Ni siquiera el delegado de Bolivia lo acompañó en la votación.

-Y cuáles fueron los argumentos de los delegados para votar de esa manera.

-Nada mas y nada menos que la grave situación política-social –económica por la cual atraviesa Venezuela en este momento…

-Los milicianos se quedaron calladitos, aprobando con su silencio las irrefutables argumentaciones de los delegados votantes.

-Rápidamente, el comisario político del Psuv mirandino intervino para señalar que esa votación es una agresión imperialista ordenada por Trump y ejecutada por los lacayos del Grupo de Lima.

-¿Y el voto de Bolivia?

-Intervino nuevamente el comisario político para decir que ese delegado fue comprado por la CIA para que votara en contra nuestra. Camaradas, con juegos o sin juegos seguimos en la lucha.

-Ese tipo lo que esta es respirando por la herida, les tumbaron la olla y se quedaron sin las comisiones por las construcciones y reparaciones de instalaciones, alojamiento, alimentación, traslados y pago de personal; en otras palabras, se les empichacó el guiso.

Finalizando la reunión, se escuchó en la radio y la televisión que la ODEBO también le quitó la sede de los Juegos Bolivarianos de Playa al estado Vargas.