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Opinión

​José E. Rodríguez Rojas

A lo largo de las últimas décadas, académicos, comisiones gubernamentales y ONGs venezolanas diseñaron propuestas para una agricultura deseable eficiente y competitiva internacionalmente. Al final estos planteamientos se ampliaron incluyendo al sector agroalimentario en su totalidad, en una plataforma programática que se instrumentó durante la década de 1990, dando pie a un conjunto de reformas que en el sector agroalimentario lograron un relativo éxito, al incrementar las exportaciones hasta un valor cercano a los 600 millones de dólares. Los gremios agropecuarios, que durante este tiempo discreparon de este paradigma, al final, incorporados a la alianza de fuerzas que acompañaron al régimen de Chávez, torpedearon la reforma comercial en el sector agrícola y contribuyeron a su desmantelamiento.

La crisis agrícola y el fuerte incremento de las importaciones agroalimentarias que se dio durante el boom petrolero de la década de 1970, impulsó en los diversos sectores ligados al agro venezolano, una discusión sobre la agricultura deseable en el país y la necesidad de desarrollar planes orientados a incrementar el autoabastecimiento. En un artículo publicado a inicios de la década posterior, que se convertiría en un clásico en el área de la economía agrícola, Gustavo Pinto Cohen planteó la conveniencia de impulsar una agricultura eficiente y competitiva internacionalmente. Planteaba también, la conveniencia de impulsar una agricultura adaptada a las características de nuestros ecosistemas tropicales que predominan en el país, lo que llevaba a replantear el modelo de agricultura que se había realizado, que replica la agricultura llevada a cabo en los países de clima templado.

En el mismo momento que Pinto Cohen formula sus planteamientos, el gobierno socialcristiano de Luis Herrera Campíns crea una comisión para desarrollar un Plan de Desarrollo Agrícola a Largo Plazo (Planagri). Este plan coincide en líneas generales con los planteamientos de Pinto Cohen, de impulsar una agricultura adaptada a los ecosistemas tropicales y apuntalar la competitividad agrícola. A tal fin se propone potenciar los rubros con ventajas comparativas como el arroz y convertirlo en un rubro dominante en la producción de cereales.

Sin embargo las ideas de Planagri y las de Pinto Cohen no son las que llegan a implementarse en la década de 1980. Por el contrario, en la segunda mitad de esa década, con la llegada del partido AD al poder la agenda gubernamental instrumenta un plan de autoabastecimiento elaborado por sectores ligados a los gremios agropecuarios dominados por AD. En consecuencia se impulsa una política de rentabilización de la agricultura en base a fuertes incrementos de precios, que incentiva el crecimiento de una agricultura ineficiente, que dio en llamarse “el milagro agrícola”. Por otro lado, el fuerte incremento de los precios agrícolas se tradujo en una inflación de alimentos que perjudicó a los sectores urbanos de bajos ingresos e incrementó la pobreza.

El impacto de las políticas del “milagro agrícola” sobre los consumidores urbanos de bajos ingresos, dio lugar a una etapa signada por el rechazo o resistencia de diversos sectores del Sector Agroalimentario Venezolano (SAV) a las demandas y propuestas de los gremios agropecuarios. En este contexto surgió una nueva propuesta de políticas agroalimentarias impulsadas por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), más cercana a la posición del sector agroindustrial; los cuales eran partidarios de un proceso de apertura comercial, en el contexto del cual era necesario incrementar la competitividad del SAV y de la agricultura en particular. El tema de una agricultura competitiva, planteado por Pinto Cohen, es retomado de nuevo. El planteamiento del ILDIS es, sin embargo, diferente de las ideas de Pinto Cohen, en el sentido que acepta la existencia de los sectores agroalimentarios importadores como el avícola, como un elemento estructural del SAV. En este sentido no insiste en la necesidad de incrementar el autoabastecimiento y reducir las importaciones, que son en buena medida insumos para los sectores agroindustriales importadores como el avícola. El énfasis se centra en reducir el desequilibrio de la balanza comercial agroalimentaria mediante el incentivo a las exportaciones, tarea en la que el sector avícola puede desempeñar un importante rol. Otro aspecto que se enfatiza es la necesidad de incrementar la ingesta calórica recurriendo a los subsidios al consumo de rubros como el arroz. En esta propuesta, el trigo conjuntamente con el maíz serían el soporte del consumo de cereales, sin dejar de enfatizar la necesidad de incentivar el consumo de arroz.

La propuesta del ILDIS se desarrolla como una plataforma programática que se presentaría al nuevo gobierno que se elegiría a finales de la década de 1980. El nuevo gobierno es encabezado por Carlos Andrés Pérez en una alianza de fuerzas que deja a un lado a los gremios agropecuarios. El nuevo ministro de agricultura proviene de la agroindustria, por lo que es proclive a la visión desarrollada por el ILDIS. La nueva política económica se orienta al replanteo del modelo rentístico petrolero y a implementar un proceso de reforma y apertura comercial, como herramienta para incrementar la competitividad de la economía. Se desmanteló la política de protección y subsidios al sector agrícola. Los gremios agropecuarios quedaron fuera del proceso de negociación de los precios lo cual se planteó como el resultado de negociaciones directas entre compradores y vendedores de las cosechas nacionales. Todo ello tuvo un impacto negativo sobre la producción agrícola relacionada con el “milagro agrícola”. Sin embargo logró incrementar la producción de los sectores potencialmente competitivos como cacao, café, arroz y frutas tropicales. La reforma comercial en el sector agroalimentario se mantuvo con altibajos durante toda la década de 1990; en una visión de largo plazo las medidas instrumentadas tuvieron un relativo éxito al aumentar las exportaciones agroalimentarias hasta un monto cercano a los 600 millones de dólares, al final de la década. Sin embargo esto no satisfizo las aspiraciones de los gremios agropecuarios, que se inscribieron en el rechazo que diversos sectores plantearon al gobierno de CAP y continuaron posteriormente en su labor de torpedeo de la reforma comercial incrementando la conflictividad al interior del sistema agroalimentario venezolano.

Ante la cercanía de un nuevo evento electoral, a finales de la década de 1990, los gremios agropecuarios se organizaron políticamente a fin de realizar una nueva apuesta, apoyando a Hugo Chávez en sus aspiraciones presidenciales. Una vez elegido Chávez las presiones de los gremios agropecuarios lograron desmantelar la reforma comercial en el sector agrícola y la política de precios concebida en la Agenda Venezuela. Ésta última fue sustituida por una política manipulable por los gremios, los cuales logran insertar en la agenda gubernamental una política favorable a los cereales que logra incentivar la producción de maíz hasta el año 2007, propiciando un desarrollo agrícola vulnerable, en base a rubros para los cuales el país no tiene condiciones para su producción óptima y competitiva. Se restauraron de nuevo los aumentos indiscriminados de precios, como los del “milagro agrícola”, sin considerar el impacto de estos aumentos sobre los consumidores de bajos ingresos. Ello fue posible gracias a que los elevados precios del petróleo permitieron la implementación de programas de asistencia alimentaria que amortizaron el impacto de los incrementos de precios sobre los sectores de más bajos ingreso. Sin embargo la alianza del régimen chavista y de los gremios agropecuarios era contra natura ya que el régimen era proclive a los intereses de los grupos de bajos ingresos, que eran su base electoral. Al final esta incompatibilidad de intereses aflora, la influencia de los gremios agropecuarios se desvanece y el control de precios se radicaliza, lo que unido a la inflación dio al traste con los beneficios de los productores, hundiendo a la producción de cereales en una profunda crisis del año 2008 en adelante.

Nota: un mayor detalle de esta análisis, así como los respaldos documentales y estadísticos de este escrito pueden encontrarse en: Rodríguez R., José E. 2018. Buscadores de renta y seguridad alimentaria en Venezuela, 1973-2012. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. Vol. XXIV, n°1., pp. 13-35 (Disponible en internet en el repositorio “saber ucv”)

Profesor UCV

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2007 se ha señalado como el inicio de las expropiaciones en el chavismo, pues fue el año en que el fallecido Hugo Chávez dio paso a un fuerte proceso de nacionalización de empresas que se extendió por años. Con la llegada al poder de Nicolás Maduro, el Gobierno cambió la modalidad al optar por ocupar, en lugar de expropiar.

En años recientes las autoridades han esgrimido dos argumentos para justificar la acción contra las entidades de trabajo: el abandono o incumplimiento del reinicio de actividades productivas o el que supuestamente la compañía está vinculada con la guerra económica que se viene denunciando desde 2010, y que en este caso supone el haber incurrido en acaparamiento o usura.

De acuerdo a la dinámica cumplida, se aplica un procedimiento de ocupación, toma o control de los activos de la empresa, en el que puede intervenir el más alto nivel del ejecutivo a través de su vicepresidente, pasando por el Ministerio del Trabajo, gobernador del PSUV del estado respectivo, o en ocasiones la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y otras carteras relacionadas con el área productiva, a fin de constituir una administradora especial, integrada por trabajadores y representantes gubernamentales como asesores técnicos.

Las causas que llevan a la empresa a la suspensión de sus actividades productivas son variadas, pero en casi todos los casos se presenta la falta de insumos o materia prima, así como los efectos de años de producir a perdida debido a un modelo económico basado en controles que impide, por ejemplo, el acceso a materia prima o repatriar capital para pagar a la casa matriz y proveedores.

Aunque al momento de tomar una compañía, el Gobierno la acusa de atentar contra el país, por mermar su capacidad operativa, las principales causas del cierre son los controles de cambio y precios; la no entrega de divisas para importar insumos, bienes terminados o repatriar dividendos; la inamovilidad laboral, la inseguridad jurídica y otras medidas de orden fiscal que mantienen al país en recesión desde hace cinco años, y en un proceso hiperinflacionario que está próximo a sumar 13 meses.

¿En qué consiste el proceso de toma de una empresa?

Son varios los escenarios que se pueden presentar para que el Gobierno adopte una medida de ocupación. Entre los principales están los siguientes:

Abandono por parte del propietario o sus representantes. La decisión procede luego de descartar otras salidas, como acudir a un proceso de atraso (falta de liquidez impide pago de compromisos, por lo que se procede a paralizar cualquier acción legal de cobro) o quiebra, venta de la compañía o reducción de personal, por lo que se decide abandonar la empresa y notificar a los trabajadores que las actividades han quedado suspendidas en ocasiones de forma temporal, y en otras de manera definitiva.

La empresa efectúa una notificación de cierre y pago inmediato de todas las liquidaciones o pasivos laborales a sus trabajadores, y repite el procedimiento con sus proveedores.

Conocida la nueva situación de la entidad de trabajo, el Ejecutivo ordena el reinicio de actividades, dando paso a la toma a través del Ministerio del Trabajo, el cual procede a publicar una resolución donde se ordena la ocupación y la entrega de la administración a una junta integrada por trabajadores y representantes gubernamentales con la supervisión de funcionarios militares.

En este caso no suele haber aprehensiones de directivos de las empresas, ya que la mayoría de las veces las compañías proceden a sacar del país a sus representantes antes de informar el cese operacional.

Supuesta vinculación de la empresa con el boicot y la guerra económica. Se la acusa de estar implicada en la guerra económica llevando a cabo acciones como omisiones que impiden la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes o servicios que son de interés y necesarios para la comunidad.

Ante esto, se ordena por la fuerza la toma de la compañía con todos sus activos, con el apoyo de la fuerza pública, que generalmente son la Guardia Nacional Bolivariana como principal apoyo y la SUNDDE. En estos procesos frecuentemente hay representantes de la empresa apresados o arrestados.

Ocupación temporal con el propósito de obligar al empresario a ajustarse a condiciones o parámetros en su proceso productivo o comercial. Es un sistema aplicado a mercados populares y mayoristas, empaquetadores de comida y/o distribuidores e incluso transportistas. Esta ocupación se diferencia por ser temporal, ya que cesa luego de pocas semanas o meses. Normalmente no hay directivos detenidos.

El viraje

La política de expropiación, confiscación y nacionalización impulsada primero por Chávez, y luego por Maduro ha dejado al Estado venezolano 441 empresas de las 576 compañías públicas inventariadas por Transparencia Venezuela, de las cuales muchas arrojan números rojos por la mala administración, corrupción e ineficiencia en las operaciones.

Las industrias cementera, eléctrica y de alimentos, así como las empresas básicas de Guayana y Conferry, son ejemplos de cómo el Estado venezolano no ha sido capaz de responder a la demanda que exige el manejo de unidades de producción, por lo que los propios dirigentes del PSUV, a través de los congresos del partido, han declarado que expropiar es contrario al ideario del socialismo del siglo XXI, porque no prioriza la participación de los trabajadores y la comunidad.

Aunado a esto, ha facilitado la transición de la expropiación a la ocupación; mientras la primera tiene rango constitucional y un procedimiento legal que debe ser agotado la ocupación no, por lo que este último método es más eficiente a los fines de controlar empresas sin tener que superar numerosas barreras legales y financieras. Esto último es clave, ya que la toma no demanda el pago de elevadas sumas por la compra de activos.

Sobre la base de este razonamiento, se estableció el método en la Ley del Trabajo de 2012. En el artículo 149 se estipula la “protección de las fuentes de trabajo y de los puestos de trabajo”, y se indica que la “administración y reactivación de la empresa” recae en los propios trabajadores y el Estado venezolano en los casos de cierre ilegal de una entidad de trabajo o debido a una acción de paro patronal.

Atendiendo a esto, aunque la ocupación es una figura que ha facilitado la toma de compañías por parte del Gobierno en años recientes (Clorox, septiembre 2014; Kimberly-Clark de Venezuela, julio 2016; Alimentos Kellogg’s, mayo de 2018), se debe advertir que al igual que la expropiación, la misma desestimula las inversiones, por el riesgo que supone no poder en un futuro cerrar la operación, salvo abandonando todo.

Igualmente, aunque la toma de activos privados podría verse como una medida menos severa que la expropiación, la realidad es que la misma tiene igual efecto negativo sobre la ciudadanía, porque las empresas tomadas no han conseguido recuperar su capacidad productiva ante la incapacidad de la nueva gerencia, pero también por la profunda crisis económica que padece el país.

También se debe advertir que los procedimientos de ocupación vulneran el legítimo derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho a la propiedad privada, la libertad económica y el principio de presunción de inocencia del propietario de dicha empresa, con respecto al supuesto cierre fraudulento que le es endilgado por el Gobierno al tomar las compañías.

La situación además se agrava para el representante de la compañía que enfrente el procedimiento, ya que corre el riesgo de ser afectado por una medida privativa de libertad, lo que ha llevado a varias empresas a sacar del país a sus directivos antes de la suspensión de actividades.

La prisión se encuentra establecida en la Ley del Trabajo, artículo 539, como arresto por cierre ilegal e injustificado de la fuente de trabajo con pena de 6 a 15 meses, y además la Ley de Costos y Precios Justos, establece en su artículo 140, prisión de 10 a 12 años.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Al igual que las expropiaciones en su momento, la política de ocupación de empresas impacta directamente en la calidad de vida del ciudadano, no sólo al restarle una unidad productiva de la cual surtirse en medio una severa espiral inflacionaria y de escasez, sino además por la violación de derechos constitucionales que supone esta acción, generando más desempleo y desabastecimiento, por lo que al final todos somos afectados.

Enlace a la nota: https://bit.ly/2FAv1IX

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Con voz propia

Nueve meses e igual número de días, duró en ejercicio como el Presidente de la República, el escritor y educador Rómulo Gallegos, elegido el 14 de diciembre de 1947, por primera vez de manera directa, secreta y universal. Obtuvo 871.764 votos de los 1.183.764 emitidos (80%), mayor porcentaje logrado en los comicios celebrados en la historia.

Asumió el mando el 15 de febrero de 1948, con la afirmación: “Quiero ser el Presidente de la Concordia”. Su Gabinete Ejecutivo lo formaron 12 ministros: Eligio Anzola Anzola, Andrés Eloy Blanco, Manuel Pérez Guerrero, Carlos Delgado Chalbaud, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Edgar Pardo Stolk, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Edmundo Fernández, Ricardo Montilla, Leonardo Ruiz Pineda, Gonzalo Barrios.

En mensaje al Congreso Nacional, resaltó lo que podría considerarse su lema: “Obra fundamental del Estado es la educación. Gobernar es educar”. En su corto mandato realizó obras que para reflexión del régimen dictatorial a la cual estamos sometidos en este siglo XXI, ni siquiera ha realizado en veinte años. Entre otras obras dio fuerte impulso a la Educación; amplió vías de comunicación, construyó 25 aeropuertos; fortaleció la Reforma Agraria; con planificada inmigración permitió la entrada de unas 20 mil ciudadanos de diversas nacionalidades.

Párrafo aparte merece la política petrolera. Al efecto decidió “Creación de una comisión para estudiar y planificar posibilidades de explotación petrolera con miras al establecimiento de una empresa nacional, que abarcaría además la industria de la refinación. Se logró, la duplicación de las entradas al fisco nacional, por concepto de la renta petrolera”.

Enfatizó la intención de trabajar por el sosiego de las relaciones de la Iglesia y el Estado, la búsqueda de la armonía, de conciliación y de respeto para todas las tendencias y todos los partidos. Y la lucha contra los totalitarismos, que en este 2018 priva.

Para Simón Alberto Consalvi, Gallegos “fue político, lo fue muy a pesar suyo, en todo caso fue (a su manera), sí no un político, sí un personaje de la política y un personaje de la historia”.

Su primer viaje al exterior lo realizó a Estados Unidos, el 1 de julio de 1948, correspondió a invitado por el presidente Harry S. Truman.

La visita duró once días y dejó encargado de la Presidencia al ministro de la Defensa, el Comandante Carlos Delgado Chalbaud. Su homólogo y Marcos Pérez Jiménez le sustituiría en el Despacho de las armas. Juntos con el Comandante Luis Felipe Llovera Páez, conformarían la macabra trilogía del 24 de noviembre.

En la Universidad de la población denominada Bolívar, en Missouri, donde ambos presidentes participaron en la develación de una estatua del Libertador, donada por Venezuela, Gallegos pronunció un discurso en el cual hizo énfasis en el carácter civilista de Bolívar.

También la OEA celebró un acto en homenaje a Gallegos. En su discurso, el mandatario venezolano expresó “Estamos urgidos de entendernos para prestarnos ayuda recíproca no solo en momentos críticos de peligro sino en los ordinarios también de la vida cotidiana”. La Universidad de Columbia lo declaró Doctor Honoris Causa

La ambición militar sobrevino el funesto 24 de noviembre de 1948, hace 70 años, con un llamado Golpe frío, esto es sin el uso de las armas. Se instauró la dictadura castrense por una década, mitad de la nar-corrupta que subyuga al pueblo al hambre. Junta militar formada por la trinca antes mencionadas. El Delgado Chalbaud, que Gallegos había alojado en su exilio de España, asumió la Presidencia. A los dos años pagaría con el magnicidio, en el cual se dio por implicado a Pérez Jiménez.

Al MARGEN. El aviador militar que aterriza en el ministerio de agricultura, se retrotrae al estruendoso fracaso de la zafra cubana de caña en 1970, y proclama la producción de 13 millones de toneladas. Ojalá asimile la lección del Imperio Chino: allá funciona la propiedad privada.

jordanalberto18@yahoo.com.

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Daniel Eskibel

En diciembre de 2015, mientras los españoles se disponían a votar en las elecciones generales, el periódico El Mundo se planteaba una pregunta inquietante: ¿qué le pasa por la cabeza a alguien para querer ser Presidente?

La pregunta desata cierta preocupación y desasosiego considerando que el liderazgo político tiene sus complicaciones secundarias: exceso de tareas, responsabilidades que pueden abrumar, problemas que se multiplican hasta el infinito, emociones negativas que se disparan, conflictos asegurados, críticas y ataques que inevitablemente se recibirán, stress en grandes magnitudes, rupturas personales y políticas, decepciones varias, frustraciones en buena cantidad, mayor riesgo de enfermedades y hasta cierto envejecimiento más acelerado…

¿Y entonces qué?

¿Qué tiene en mente el candidato cuando decide postularse?

¿Cuál es la psicología del líder político?

El reportaje de El Mundo comienza explorando las respuestas a esa pregunta brindadas por los cuatro principales candidatos de aquel momento:

Pedro Sánchez, del PSOE, dijo que pensaba en sus hijas y en el cambio climático.

Mariano Rajoy, del PP, dijo que ser Presidente era algo excepcionalmente destacado.

Albert Rivera, de Ciudadanos, dijo que para tener un país feliz hacía falta un país feliz y que él mismo era muy feliz.

Pablo Iglesias, de Podemos, dijo que se veía capacitado para el cargo y que alguien tenía que hacerlo.

Claro que estas respuestas son brindadas rápidamente y sin pensarlo demasiado, además de que son presionadas por el hecho de que van a ser publicadas y leídas. Son auténticas, sí, pero son solo una pequeña muestra de la dimensión motivacional que está detrás del liderazgo del dirigente político.

Por eso el periódico continúa su reportaje incluyendo las voces de algunos psicólogos entre los cuales estoy yo mismo. ¿El objetivo de escuchar voces profesionales? Pues ir más allá de las motivaciones conscientes de los propios líderes. Y tener una visión más cercana acerca de la psicología de este peculiar tipo de líder que es el político.

Motivaciones inconscientes del liderazgo político

El reportaje de El Mundo se titula ¿Qué le pasa por la cabeza a alguien para querer ser presidente del Gobierno? A continuación la transcripción textual de gran parte del mismo:

“…’Hay tres tipos de motivaciones que llevan a una persona a ser candidata: las motivaciones políticas, las que generalmente se expresan en entrevistas y tienen que ver con su ideología, su partido político y su visión de los problemas más importantes que hay que resolver; las motivaciones conscientes o semi-conscientes que van más allá de la política, que pueden ser pensadas por la persona, a veces habladas con su círculo familiar o amistoso, a veces fantaseadas… pero que por lo general no llegan al plano público; y las motivaciones inconscientes, desconocidas hasta para el propio candidato. Generalmente provienen de las zonas más primarias de nuestro cerebro y suelen girar en torno a los deseos de poder, dominio, jerarquía y aspectos similares que vienen desde el fondo de los tiempos impresos en nosotros mismos y en cierto oscuro y primitivo espíritu de manada que necesita producir líderes. Las tres se complementan y a veces luchan entre sí, como en todas las actividades humanas’.

El análisis es de Daniel Eskibel, experto en psicología política para campañas electorales y autor del blog Maquiavelo y Freud. Él identifica al menos seis tipos de personalidad política.

Las personalidades políticas

1. Autoritario. Es respetuoso con las jerarquías. Suele elogiar a quienes ostentan cargos más importantes que él, pero al mismo tiempo es muy competitivo con sus pares y dominante con quienes están por debajo. Valora la dureza, la resistencia y la agresividad política.

2. Narcisista. Busca ser el centro de atención en las noticias, en las reuniones y en todos los eventos políticos. Es convincente, seductor y carismático. Demanda lealtad de parte de los demás pero rara vez la concede en reciprocidad. Tiene un sentido de grandiosidad rayano en el exhibicionismo en cuanto a sus ideas, sus proyectos y su personalidad.

3. Manipulador. Es frío y calculador y generalmente no se deja detener por reparos éticos. Para él ganar lo significa todo, y lo demás es negociable: el fin justifica los medios. Es muy hábil para observar a las personas con las que interactúa. Y rápidamente descubre sus intereses y explota sus debilidades para poder obtener réditos políticos.

4. Obsesivo. Trabaja duro y es minucioso y preciso. Su capacidad de trabajo y su profesionalismo suelen brillar mucho más que su personalidad. Hace las cosas a consciencia y manteniéndose dentro de sus parámetros éticos. Su proceso de toma de decisiones es lento pero seguro. Toma en consideración factores complejos y hace esfuerzos extraordinarios para evitar errores.

5. Paranoide. Es reservado, desconfiado y muy atento a los posibles significados ocultos tras las palabras o las acciones de los demás. Muchas veces duda de la lealtad de quienes le rodean, y con facilidad cree que otros forman alianzas en su contra. Es frecuente que se sienta perjudicado por otros, y las teorías conspirativas le resultan generalmente razonables más allá de las evidencias.

6. Totalitario. Es raro de encontrar en los contextos democráticos porque demanda obediencia absoluta de parte de sus subalternos. Cree en su propia infalibilidad y ejerce el poder haciendo que le teman o le respeten casi religiosamente. Es un fanático, obliga a que hagan un culto de su personalidad y rechaza todos los hechos que contradigan sus ideas o decisiones.

No hay tipos perfectos y puros’, aclara Eskibel. Cada político tiene predominio más o menos claro de uno de los tipos con rasgos complementarios de otra categoría. El equilibrio (o no) define a cada uno.

‘Comparto la idea de los rasgos narcisistas, hasta me atrevería a decir, sociopáticos, de muchos políticos aunque no suele ser la característica más presente en los máximos dirigentes. Creo que hoy en día el mundo de la política gira en torno a la búsqueda de poder en detrimento de la ideología que la caracterizaba y motivaba antaño’, aporta Isolde Broseta, psicóloga especializada en terapia cognitivo-conductual.

Según Sergio García, psicólogo experto en intervención social, todas las personas tenemos ‘ciertos rasgos psicopáticos que nos ayudan a salir adelante’, y son buenos o malos dependiendo de la función que desempeñamos. ‘Que un actor sea exhibicionista es normal, que lo sea un loco no tanto. Un asesino en serie puede tener un rasgo que le empuja a despedazar un cadáver, el mismo que ayuda a un cirujano a extirpar un tumor. Lo mismo ocurre con el narcisismo o la autoestima de los políticos’.

Escribía el psicólogo americano John Gartner que unas elecciones siempre las gana el candidato más hipomaníaco, ‘las personas con la grandiosidad para creer que están destinados a liderar el mundo libre, la energía necesaria para montar una campaña implacable y el carisma para inspirar a millones de personas’.

García establece una diferencia entre el candidato que tiene un proyecto para el país y el que tiene un proyecto individual. ‘No es lo mismo querer cambiar tu país que querer ser presidente por el mero hecho de serlo. Es entonces cuando comienza el desgaste, hay más estrés, menos sueño…Y a eso contribuyen las estructuras del poder, la presión de la oposición, el nunca estar seguro del fuego amigo’.

La enfermedad del poder y el cerebro de reptil

‘Un buen día desconoces al político por el que tanto has trabajado. Ese mismo con el que hiciste tantos planes, con el que viviste tantas situaciones difíciles. Ese con el cual luchaste palmo a palmo durante tanto tiempo. Ese con el cual ganaste las elecciones y que ahora tiene un cargo de gobierno. ¿Qué pasó?’, se pregunta Eskibel.

La respuesta la bautizó David Owen como síndrome Hubris o la intoxicación del poder. Lord David Owen, neurólogo que fue también ministro de Sanidad y de Exteriores del gobierno británico, concluye que ‘las presiones y la responsabilidad que conlleva el poder terminan afectando a la mente’.

Escribió el libro En la enfermedad y en el poder e identificó los síntomas del delirio de los grandes líderes políticos: una exagerada confianza en sí mismos, desprecio por los consejos de quienes les rodean y alejamiento progresivo de la realidad. Aquí se llamó el síndrome de la Moncloa.

‘Llega un momento en el que uno piensa: Mi vida no es mía, pertenece a la función que ocupo’, explica Sergio García. Y cambia su forma de actuar.

‘Lo ves solo, aislado, sin escuchar, sin contacto con la gente, agresivo, cometiendo errores que nunca creíste que pudiera cometer, cada vez más rodeado por incondicionales que solo dicen que sí, incondicionales ciegos. Lo ves rumbo al abismo electoral y no sabes cómo ayudarlo. Menos aún sabes por qué diablos pasó eso. ¿Cuándo cambió? ¿Por qué?’

Eskibel se responde a sí mismo apelando a lo que algunos investigadores llaman el cerebro de reptil, una estructura cerebral idéntica al de cualquier lagarto que controla comportamientos primitivos, ‘que empuja hacia el dominio, la agresividad, la defensa del territorio, la auto-ubicación en la cúspide de una jerarquía vertical e indiscutida’.

‘El aislamiento del poder es una actitud donde pesa sobremanera el cerebro de reptil’, insiste el psicólogo uruguayo. ‘Este es mi territorio, acá mando yo, estoy por encima de todos, si llegué aquí es porque soy más capaz que ustedes, sí sé más que ustedes entonces no pierdo tiempo escuchándolos, y además no quiero que nadie llegue a amenazar este poder ni siquiera en el futuro, por lo tanto no dejo que nadie se acerque, solo dejaré que se aproximen aquellos que hagan los correspondientes rituales de sometimiento y sumisión’.

¿Se puede mitigar?

Tal vez sí, pero antes de que el cerebro de reptil asuma el mando. Lo antes posible.”

Así finaliza el reportaje del periódico español El Mundo.

En la mente del candidato

Por cierto, la mente del candidato es un universo fascinante. Y es complejo comprender por qué una persona lucha, a veces desesperadamente por conquistar un cargo que sabe que le traerá enormes problemas y dolores de cabeza.

Me refiero al que honestamente aspira a ese cargo, no al que conscientemente es impulsado por motivaciones corruptas o antisociales. Ese otro tipo de líder político tiene un perfil psicológico diferente que ya abordaremos en otro momento.

Lo cierto es que el candidato honesto tiene una serie de motivaciones conscientes que lo impulsan hacia la lucha por el poder. Y por detrás de ellas también tiene motivaciones inconscientes que desconoce en sí mismo. El poder es uno de los conceptos centrales que anudan muchas de tales motivaciones en su psicología.

¿Un consejo para candidatos derivada de esta introducción a la psicología del líder político?

“Conócete a ti mismo”, como dice el célebre aforismo atribuido a Sócrates.

Conoce no solo tus zonas iluminadas sino también, y especialmente, tus zonas oscuras.

Trabaja en equipo, además. Rodéate de los mejores. Escucha consejos. Medita tus decisiones.

Y cuídate siempre de tus impulsos primitivos, en especial cuando vas logrando posiciones de liderazgo y notoriedad en el mundo político. Recuerda que en el interior de todos los seres humanos espera agazapado nuestro cerebro de reptil, siempre dispuesto a dar un zarpazo buscando más y más poder.

Maquiavelo&Freud

https://maquiaveloyfreud.com/psicologia-lider-politico/

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I.

Los días anteriores a la fecha fijada para las votaciones, no presagiaban un proceso electoral tranquilo. Discursos agresivos y numerosos actos de violencia – armas largas y bombas lacrimógenas mediante -, instigados desde el oficialismo, se sumaron a la intervención directa del propio Gobernador del Estado, como si la autonomía universitaria fuera un adornito de Navidad, con el propósito de entorpecer de distintas maneras la realización normal del evento comicial, buscando favorecer abiertamente, sin reparar en los medios empleados, a una de las opciones en juego.

En el día de las votaciones encapuchados armados intentaron sabotear el acto electoral, irrumpiendo en distintas facultades con el propósito de llevarse las cajas que contenían las papeletas, agrediendo a varios grupos de estudiantes y amenazando a los testigos de mesa. Adicionalmente, estudiantes partidarios de una de las planchas, nombraron una comisión electoral paralela - de nuevo con visible apoyo gubernamental-, para que arbitrara el evento.

Las elecciones estudiantiles de la Universidad de Carabobo – que no se celebraban desde hace diez años – discurrieron, así pues, en una atmósfera hostil, de espaldas a las normas establecidas para garantizar el voto como expresión libre de cada estudiante y para asegurar la participación igualitaria de las distintas alternativas que se presentaron. Aun así, los estudiantes consiguieron designar, con una masiva concurrencia en las urnas, a sus representantes a la Federación de Centros Universitarios, a los Centros de Estudiantes, a los Consejos de Facultad y a los Consejos de Escuela

En suma, como lo señalaba el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) en su último comunicado, fueron éstos unos comicios irregulares, marcados por el atropello oficialista. Los venezolanos tienen derecho a preguntarse, entonces, si serán respetados los resultados obtenidos, claramente contrarios, no obstante lo ocurrido, a las aspiraciones oficialistas.

II

El Gobierna muestra, cada vez con menos disimulo, su talante autoritario puesto de manifiesto en cada vez más escenarios. La democracia protagónica no existe ni como cuento, según lo denuncian algunos chavistas refiriéndose a como se manejan las cosas dentro del PSUV o de la Asamblea Nacional Constituyente. Y las elecciones, cuando las hay, son amañadas, se trate de nombrar el Presidente de la República o a los directivos de sindicatos o de federaciones deportivas, también de consejos comunales.

Las universidades no son ajenas a la estrategia gubernamental de ocupar y controlar todos los escenarios por donde discurre la vida venezolana. Lo ocurrido con la Universidad de Carabobo es el último de muchos otros casos.

La subordinación de la universidades al gobierno y la subsecuente eliminación de la autonomía pareciera ser la idea central, casi obsesiva, de la política oficial y no, por ejemplo, la situación que hoy confrontan, cuyo diagnóstico revela una desmejora dramática en todos sus aspectos. Ni tampoco la agenda del cambio universitario de cara al Siglo XXI, la cual se nutre de las nuevas condiciones que marcan esta época, y cuya nuez radica en la importancia creciente de la generación, distribución y utilización del conocimiento tecno científico en todos sus formatos. Una agenda, en fin, concebida para encarar los asuntos vinculados a la emergencia de la llamada sociedad del conocimiento (y de la sociedad del riesgo, su otra cara), razón fundamental para repensar la misión de la universidad, así como sobre su estructura organizativa y esquemas de funcionamiento, conforme a los códigos que gobiernan estos tiempos.

III.

Imposible no destacar la importancia que lo ocurrido en la Universidad de Carabobo tiene en medio de la presente crisis política nacional. Imposible, por tanto, no subrayar la unidad que construyeron los distintos grupos y partidos para convertirse en una alternativa exitosa frente al oficialismo y, por otro lado, no señalar su apuesta democrática por el voto, ambas cosas en un escenario dibujado por condiciones cuya adversidad resulta difícil de exagerar

¿No sería bueno, piensa uno por no dejar, que el liderazgo nacional opositor mirara de cerca estas elecciones estudiantiles? ¿No habrá allí, guardando las distancias, claro, algunas señales que lo obliguen a analizar la manera como encaran la situación del país? ¿No encontrará en ellas razones para redimensionar las diferencias que se alegan para no estar estratégicamente juntos? ¿No se le hará evidente que el camino que se viene transitando tiene rostro de equivocación?

El Nacional, miércoles 20 de noviembre de 2018

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Zapatero divide a la oposición venezolana[1], así tituló El País de España el proceso de debate y votación de la Asamblea Nacional del Acuerdo del 6 de noviembre de 2018, a través del cual se descalificó a José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en la crisis venezolana. El Acuerdo fue aprobado con 53 votos a favor y 43 en contra.

De inmediato empezaron las descalificaciones por las redes, a tal punto que empezó a circular la lista de quienes votaron en contra de ese acuerdo. Lo irónico es que ese episodio lo único que logró fue validar la división entre la oposición, debilitando la confianza en los dirigentes políticos de la oposición democrática.

Sobre Rodríguez Zapatero, es importante destacar que el Ministro de Relaciones Exteriores de España, en su interpelación el 6 de noviembre 2018 en el Senado Español, afirmó que formalmente Rodríguez Zapatero no responde a un mandato del Gobierno español: es una gestión personal y privada.

En ese mismo sentido, la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, declaró el 26 de junio 2018 que Rodríguez Zapatero no actúa en representación de la Unión Europea, sino por el contrario, su mediación es promovida por la Unión de Naciones Suramericanas[2].

En tal sentido, es importante destacar que el acuerdo expresamente señala que para que haya un mediador adecuado, es necesario que el mismo garantice una inobjetable imparcialidad y que sea respaldado por su Gobierno de origen.

Ese debate parlamentario lo único que permitió validar es que Rodríguez Zapatero realmente divide a la oposición, a tal punto que la primera convocatoria a la sesión de la Asamblea Nacional para debatir el tema simplemente no se dio, por no haber el quorum[3].

El contenido del texto que cita a Zapatero está en dos párrafos de un texto de 13 párrafos cuyo título se refiere al respaldo del Parlamento Europeo a través de la resolución del 25 de octubre 2018.

Uno de esos párrafos es un considerando; en el mismo se denuncia que la participación de Rodríguez Zapatero en su presunta mediación ha generado lesivos efectos en la lucha democrática de los venezolanos.

Y en el segundo párrafo, que es en la parte de los acuerdos, se destaca que la mediación de Rodríguez Zapatero no es admisible, por demostrar su incondicionalidad y parcialidad a favor de los intereses del Gobierno y expresamente señala que para una mediación adecuada, quien corresponda, además de la incondicionalidad demostrada, debe tener el respaldo de su Gobierno de origen.

La diputada Delsa Solórzano afirmó que el debate en la Asamblea Nacional sobre Zapatero era una estrategia para mostrar y propiciar fisuras y su abstención en la votación se debió a no validar esa situación y menos aún contribuir a demostrar esas fisuras[4].

En ese contexto, pasó desapercibida ante los ojos de los venezolanos, y como argumento para el debate político, la posición que a través de acuerdos fijó la propia Asamblea Nacional sobre la nulidad del presupuesto presentado por Nicolás Maduro, y en consecuencia la inexistencia de un presupuesto nacional; la declaración de nulidad del nombramiento del Contralor General de la República, así como también el tema de la guerrilla y su presencia en Venezuela, simplemente pasaron a un segundo plano.

Esas demostraciones de división volvieron a repetirse en menos de 10 días, cuando se aprobó el 13 de noviembre de 2018 el acuerdo sobre la solución pacífica de la crisis venezolana, en cuya votación 18 diputados decidieron no votar, lo cual permitió a NTN 24[5] titular la noticia de ese debate de la siguiente manera: Entre divisiones: Parlamento declara ilegal presidencia de Maduro[6].

En este sentido, es importante leer el acuerdo del 13 de noviembre para validar que en ese texto no se utiliza la palabra “diálogo o negociación”, mas sí se hace uso en un par de oportunidades del término “solución política”.

El acuerdo del 13 de noviembre, así como sucedió con el acuerdo del 6 de noviembre, no logró el respaldo favorable de todos los diputados de los factores democráticos; ello es preocupante, porque demuestra división y falta de visión compartida en tiempos tan complicados y confusos, que exige mucho más a quienes detentan una legitimidad política inobjetable y ejercen una representación en el único poder político reconocido legal e internacionalmente.

Las diferencias internas impidieron que hubiera un espíritu de unidad en el sector democrático de la Asamblea Nacional, en dos acuerdos en los cuales uno brindó un respaldo al parlamento y el otro declaró la inconstitucionalidad del presidente Nicolás Maduro a partir del 10 de enero 2010 y la otra, en la cual se respalda al Parlamento Europeo

¿Cómo se puede exigir a los ciudadanos que defiendan la democracia y se organicen en esa defensa, si desde la Asamblea Nacional no se da el ejemplo de procurar trabajar las diferencias, debatirlas, llegar acuerdos y manejar sus niveles internos de comunicación adecuadamente, procurando con ello decisiones que fortalezcan una imagen coherente y de unidad en torno a principios y valores, frente a actores políticos internacionales y frente a la sociedad en general?

El debate es importante, la diversidad de opiniones fundamental, más aún cuando se asume estar en la esfera de un espacio democrático de confrontación de ideas y opiniones; pero hay formas de llevar ese debate y de construir consensos, cuando hay disposición y voluntad; más aún sabiendo que no estamos en democracia.

Viene un proceso sensible para los parlamentarios, que es la renovación de las autoridades de la Asamblea Nacional para el año 2019, que va a coincidir con el 10 de enero 2019, que marcará para la comunidad internacional el antes y después en la relación con Venezuela.

Para ese momento el país necesita una Asamblea Nacional donde sus fuerzas democráticas sean coherentes, generen expectativas adecuadas a la realidad y actúen articuladamente.

Lo único extraordinario que va a pasar ese día es que a partir de ese momento, la comunidad internacional acompañará a los venezolanos con mayor claridad en la exigencia de un proceso de cambio político necesario y urgente. Sobrevivirá la Asamblea Nacional, lo que supone que los diputados asuman el desafío con responsabilidad, sabiduría y sensatez, además de sentido común.

[1]El País. 8 de noviembre 2018. Online en: https://elpais.com/internacional/2018/11/08/actualidad/1541708953_816795...

[2]Europa Press. Mogherini aclara que Zapatero no representa a UE en mediación en Venezuela. junio 2018. Online en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-mogherini-aclara-zapate...

[3] El Pitazo. AN suspende sesión para declarar persona non grata a Zapatero por falta de acuerdo. 30 de octubre 2018. Online en: https://elpitazo.com/ultimas-noticias/an-suspende-sesion-declarar-person...

[4]NTN24. Delsa Solórzano, no me prestaré para auspiciar más divisiones dentro de la oposición. 13 de noviembre 2018. Online en: http://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/delsa-solorzano-no-me-pres...

[5]NTN24. Entre divisiones: Parlamento declara ilegal presidencia de Maduro desde 2019. 13 de noviembre 2018. Online en: http://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/entre-divisiones-parlament...

[6] Asamblea Nacional. Acuerdo con el objeto de impulsar una solución política a la crisis nacional, fortaleciendo las fuerzas democráticas del pueblo de Venezuela con respaldo de la comunidad internacional. 13 de noviembre 2018. Online en: http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-el-objeto-de-impul...

Noviembre 19, 2018

El Pitazo

https://elpitazo.com/opinion/opinion-las-divisiones-los-diputados-la-res...

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Supongamos que dos personas tienen opiniones diferentes acerca de una cuestión de política. ¿Es posible decir que una tiene razón y la otra no, o simplemente tienen distintas preferencias? Después de todo, ¿cuál es la diferencia entre una preferencia extraña y un error?

Una preferencia influye sobre una decisión que se espera consiga el objetivo que busca la persona que decide. Un error es una decisión que se basa en una creencia equivocada con respecto a la forma en que funciona el mundo, de modo que el resultado no es lo que esperaba quien tomó la decisión. Desgraciadamente, esta manera de aprender puede resultar muy cara. Además, puede que no sea concluyente, dado que siempre es posible atribuir las malas consecuencias del error a otros factores.

Ejemplo de lo anterior es la decisión tomada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de reducir los sueldos de los escalafones más altos de la administración pública, incluido él mismo, imponiendo un tope de US$ 5.707 mensuales. Esta decisión, anunciada en julio, fue acogida con gran satisfacción por mucha gente, puesto que demostraba el compromiso de AMLO con la austeridad fiscal y la igualdad de ingresos.

No obstante, lo que parece ser una preferencia bien formulada pasará a ser un grave error. Desgraciadamente, AMLO no se va a dar cuenta de esto hasta pasados varios años, y para entonces el daño sufrido por México será enorme.

Interferir con los precios del mercado para lograr equidad –idea que se remonta a Santo Tomás de Aquino e incluso Aristóteles –probablemente es una de las peores políticas económicas de la historia. Los gobiernos de muchos países suelen fijar precios, en especial los de la energía eléctrica, el tipo de cambio, o los créditos, en montos artificialmente bajos, lo que, de forma predecible, conduce a un bajo nivel de inversiones y a escaseces. Venezuela es un caso extremo que dramatiza las consecuencias de esto. ¿Serán las remuneraciones del sector público otro ejemplo de esta práctica?

La respuesta es más matizada. En general, los gobiernos pagan a sus empleados significativamente más, en promedio, que el sector empresarial privado, porque servicios gubernamentales como educación, cuidado de la salud, justicia y administración, suelen exigir una formación más alta. En consecuencia, los empleados públicos tienen niveles de escolaridad bastante superiores –cuatro años más, en promedio, en México–. Pero, incluso si se controla esto, un estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina CAF muestra que en esta región los salarios medios son más altos en el sector público. En México, en 2012, la remuneración de los empleados gubernamentales era el 13,5% más alta que la del sector privado.

El mismo estudio también muestra que los salarios del sector público son significativamente menos desiguales que en el sector privado. Esto significa que si bien el sector público paga más que el privado en la mediana, la situación se revierte en el nivel superior de la escala salarial. Este no era el caso en México, donde la prima del sector público cayó a cero, pero no llegó a ser negativa. Ahora, AMLO desea unirse al resto del continente.

La estructura salarial comprimida que va a introducir AMLO, típicamente significa que en el nivel inferior los empleos públicos son muy deseados: ofrecen una remuneración más alta, menos horas de trabajo, mejores beneficios (como pensiones y seguro médico) y mayor estabilidad. La rotación de personal suele ser muy baja y los partidos políticos procuran que sus partidarios reciban dichos empleos.

En contraste, en el nivel superior, los gobiernos con frecuencia luchan por atraer y retener personal altamente cualificado, pero no lo logran. En consecuencia, las agencias gubernamentales nunca desarrollan la profundidad de conocimientos, la memoria institucional y la competencia que necesitan para desempeñar sus funciones de manera efectiva. Los bancos centrales, con su escala salarial separada, suelen ser la excepción que confirma la regla.

Para hacer frente a este déficit de competencia en los países que son sus clientes, las instituciones multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, suelen crear unidades de gestión de proyectos administradas por consultores que reciben sueldos más altos, las cuales desmontan luego de terminado el proyecto. Estas soluciones alternativas no son ideales, dado que no desarrollan capacidades institucionales de largo plazo. En gran medida, México había sido una excepción porque pagaba salarios que permitían al gobierno atraer y retener burócratas de carrera con altos niveles educativos.

Los políticos como AMLO deberían preguntarse por qué las empresas que buscan maximizar sus beneficios no creen que ahorrar en los sueldos de sus altos ejecutivos conduzca a mejorar su resultado final. Al competir por personal con conocimientos especializados, las empresas hacen que los sueldos se eleven, lo que deja al sector público con empleados menos cualificados. Es claro que muchas personas jóvenes desean trabajar para el gobierno, impulsadas por un compromiso idealista con el servicio público y por la oportunidad de aprender. Sin embargo, cuando los salarios del sector público son bajos, esas personas lo hacen solo por unos pocos años, antes de formar una familia, y ciertamente no de por vida, que es lo que suelen requerir muchas agencias complejas del sector público.

¿Es este un problema? Los buenos gobiernos con razón desean que las empresas importantes y los ricos paguen los impuestos que les corresponden. No quieren que las empresas abusen de su posición de dominio el mercado, contaminen el ambiente, ni vendan productos inseguros. Quieren proteger a la ciudadanía contra bandas criminales. Desean una moneda estable e instituciones financieras seguras, de modo que los ahorros personales no corran riesgo y que los contribuyentes no tengan que rescatar a los bancos. Desean proyectos públicos que estén bien concebidos y estructurados, y procesos de adquisición que protejan el presupuesto contra proveedores oportunistas o corruptos. Desean que las concesiones petroleras y mineras sean asignadas de manera eficiente y maximicen los ingresos públicos.

Tratar de llevar a cabo todas estas valiosas tareas cuando se pagan salarios que están por debajo del mercado, equivale a ahorrar en lo nimio y dejar de lado lo importante. Los recaudadores de impuestos, los reguladores y los fiscales, necesitan recursos adecuados para triunfar en sus difíciles batallas.

La decisión de AMLO de reducir los sueldos de los empleados públicos ya ha llevado a muchos funcionarios de alto rango a buscar empleo en otros ámbitos. Quienes tienen derecho a una jubilación temprana, la están utilizando, en lugar de esperar los recortes de AMLO. Todo esto será motivo de celebración para muchos del partido político del propio AMLO, puesto que podrán llenar las vacantes con sus fieles partidarios. No obstante, estos beneficios resultarán a costa de un Estado menos competente y menos capaz de cumplir los objetivos más preciados de AMLO.

Intentar lograr mayor igualdad a través de una compresión de salarios obligatoria no es tan solo una preferencia extraña; es un error que producirá un Estado con menor capacidad para contribuir a una sociedad más justa.

14 de noviembre de 2018

Traducción de Ana María Velasco

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/mexico-mistaken-plan-to-low...

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