Los abstencionistas y los que se abstuvieron sin serlo (¿?) hablaban de “deslegitimar” para hacer solemne una de las novatadas más espectaculares de la historia política, tanto o peor que la lucha armada de los sesenta. Entonaban “deslegitimar” con tanta ceremonia como cuando Hegel dijo “todo lo real es racional y todo lo racional es real” y quedamos tratando inútilmente de entender. Pese al terrible drama de su “ilegitimidad”, Maduro hace lo que le da la gana, le importa un comino la hiperinflación, trae a los chinos y los rusos, hace tragarse un burro al Grupo de Lima, reinicia acercamientos con Trump, va a la ONU.

Todo el mundo reniega de la “¿intervención extranjera yóoo… Estás loco?”. Gracias a los abstencionistas y a los que se abstuvieron sin serlo, la oposición desapareció del territorio, ya no existen partidos y el deslegitimado va sin freno. Hace unos meses, antes del 20 de mayo, escribí que la abstención nos llevaría a una larga travesía por el desierto rojo. Mientras tanto los responsables de la hecatombe no dicen nada, o publican documentos banales y simpáticos pero no debaten con honradez para rectificar el error. Piensan que si pasan agachados al país se le olvidará lo ocurrido (en unos veinte años) y alzará majestuoso el zamuro fénix.

Tal vez partidos y opositores prospectivos tendrán poco que ver con lo que conocimos. Antes cada uno de los principales hablaba a nombre de miles o millones de votos encajados. Hoy cada vez que se mencionan sus siglas o nombres, los mismos ciudadanos escupen. Triunfaron los radicoides que siempre anduvieron por el hombrillo con su prédica demente, mientras los partidos construían una gran autopista que quedó hecha en diciembre 2015, pero ya es escombros.

Estrategia y auyama

El desvarío era patrimonio de minorías pero se apoderó de todo. En esta temporada e insensatez, como dice @Karla-ngj, desapareció la más elemental capacidad de razonamiento político, y la negatividad radicoide como un agujero negro, se traga todo. Discursos -listas de mercado con quejas sobre cómo la hiperinflación impide conseguir una buena auyama y enumeración de males que nos acongojan, como si nadie lo supiera. Los pobretólogos ilustran cuántos millones exactamente comen de la basura, cuántos ingieren carne una vez al mes, cuántos zancudos pican a los venezolanos.

Eso no es un plan estratégico sino un llanto. La segunda parte del discurso es una impostura, un sketch teatral, la farsa de una supuesta ética superior sin que haya nada en sus vidas que respalde eso. Caricaturesco que con tal declaración de moralidad, se dedican a la inmoralidad: calumniar, mentir, desacreditar, ensuciar a otra parte de la disidencia por no compartir sus acciones infantiles, retóricas y suicidas. En la vagancia e inactividad, su tiempo lo ocupan en inventar canalladas y enjuagarse con un republicanismo circense.

Pero parece que no saben muy bien qué es eso. Ya liquidaron las fuerzas opositoras y ahora apagan cualquier llamita que sobreviva, e intentan difamar, con su discreta inteligencia que poco usan, a cualquiera que siquiera utilice alguna de las palabras prohibidas (voto, diálogo, negociación, candidatos). Son un tribunal de Inquisición de manetos, inútiles, tullidos del alma, una corte de los milagros que no existe en ninguna parte sino en su jerga escatológica y lupanaria. En sus sueños vespertinos de la siesta hasta las 5 de la tarde, imaginan que “la transición” los llamará para ofrecerles el poder.

Rebolledo y Alzuru

Las cabezas vacías del radicalismo y los chavistas comparten su falta de moralidad, la afición por métodos revolucionarios y que ambos implantan o implantarían dictaduras para hacer lo que se les ocurra. Lo acaba de demostrar esa parte de los magistrados del exilio que actuó bajo órdenes del S.G. Almagro, exactamente igual que el tesejota gobiernero, con lo que se baldaron de por vida. Y nada menos que preparaban la trapisonda para nombrar una “junta de gobierno” que habría que desconocer inmediatamente en el supuesto de que llegara a nombrarse. Semejante metidas de pata nos pondría en ridículo ante el mundo y afianzaría aún más a Maduro.

Maquiavelo llamaba a tener cuidado con las informaciones emanadas de quienes habían sido expulsados de sus países, porque la pasión privaba su juicio de serenidad. Los procedimientos del abogado que encabeza a los magistrados de Miami son exactamente los mismos que los del que preside el TSJ local. No hay diferencias éticas ni jurídicas. Solo políticas al servicio del sector más atolondrado e inepto de lo que fue la oposición. La desincorporación de los magistrados Alejandro Rebolledo y Thomas Alzuru, frenó la nueva tracalería en ciernes.

A la “deslegitimación” de Maduro la comunidad internacional “procedería”, dijeron y está en los archivos, pero no le han explicado a la sociedad que dejaron huérfana por qué no hubo intervención militar ni golpe de Estado. Más bien, Maduro, si tuviera un mínimo de responsabilidad como gobernante y se ocupara de hacer la reforma económica sin piraterías, podría instalar un régimen al estilo del PRI en México. Basta de tonterías que ya van suficientes. Hay que prepararse para las elecciones municipales y recuperar la fuerza.

@CarlosRaulHer

Me llegó una interesante historia que comparto con ustedes porque nos ilustra sobre la erosión de nuestro signo monetario: Se trata de un niño que nace en Venezuela el 25 de octubre de 2000. En enero de 2001 fallecen trágicamente sus abuelos paternos en un accidente aéreo y dejan un testamento debidamente autenticado donde otorgan a su nieto una cuenta bancaria de ahorros con la cantidad de Bs. 10.000.000.000.- (diez mil millones de bolívares), con la única condición que el nieto la pueda disponer a los 18 años de edad. Entre tanto llegamos a 2008 y la cuenta con la capitalización de los intereses alcanza la suma de Bs.12.000.000.000.- (doce mil millones ). Ocurre la primera reconversión monetaria y le quitan tres ceros, la suma en cuenta de ahorros se reduce a Bs. 12.000.000.- (doce millones). Transcurre el tiempo y en agosto de 2018 la cuenta registra en su haber Bs. 26.000.000.- (veintiséis millones) que con la reconversión última al quitarle cinco ceros se reduce a Bs. 260.- (doscientos sesenta).

Al paso de dieciocho años , el niño que nació con una astronómica suma de dinero ahora solo cuenta con Bs. 260.- Es posible que ocurra otra reconversión y esos bolívares se transformen en céntimos.

De miles de millones de bolívares a dos centenares en los últimos diez años es una pulverización de nuestro signo monetario verdaderamente brutal e inimaginable tiempo atrás. La súper hiperinflación originada por una errática política económica produce no solamente la pérdida de la capacidad adquisitiva de nuestra moneda si no que empobrece a todas las familias, muchas en estado crítico.

El sacerdote jesuita economista Manuel Pernaut nos dijo en la Universidad Católica Andrés Bello que en tiempos de inflación tener real guardado era como meter una panela de hielo en una gaveta, al abrirla solo encontraríamos agua. Así ocurrió con este niño nacido en octubre de 2000, tenía una inmensa y robusta panela de hielo y ahora lo que tiene es agua.

Urge por el bienestar de todos un cambio radical en la conducción del Estado y por supuesto abandonar para siempre la desastrosa política económica que tanto daño, deterioro y perturbación trae al aparato económico productivo del país como a nosotros mismos.

El modelo económico que el régimen persiste en adelantar fracasó en todos los países donde se intentó. Salvo que se quiera ex profeso causar mal a la población no se entiende que no exista el más mínimo gesto de rectificación.

Nuestro deber histórico es la lucha por el cambio y la rectificación que lo lograremos cuanto antes en la medida que seamos capaces de UNIRNOS y marchar a pie firme con convicción y entrega

Los tiempos son muy duros y reclaman UNIDAD para superar esta situación y para la recuperación nacional, esperamos con fervor y atención que la clase dirigente escuche el clamor popular y se coloque en sintonía con él.

Este año se conmemora medio siglo de los Juegos Olímpicos México 68. La competición estuvo salpicada por distintos movimientos sociales. Diez días antes de la inauguración, una protesta pacífica de estudiantes se convirtió en una matanza en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en Ciudad de México, por parte del Gobierno mexicano. 50 años después de la masacre aún no hay una cifra oficial de víctimas. Un informe desclasificado de la Embajada de Estados Unidos señaló que entre 150 y 200 personas perdieron la vida. Oficialmente, solo se han documentado 50 muertes. Algunas organizaciones de desaparecidos han llegado a afirmar que la cifra asciende a más de 300.

El 16 de octubre de 1968, durante el desarrollo de las pruebas de atletismo, el estadounidense Tommie Smith gana la carrera de los 200 m en los Juegos de México con un tiempo de 19,83’ récord del mundo que se mantendría 11 años en pie. El australiano Peter Norman es segundo y John Carlos, compatriota de Smith, de raza negra como él, se lleva el bronce. Tras la carrera, llega la historia. En la ceremonia de premiación, Smith y Carlos levantan sus puños, enfundados en guantes negros. Es el Black Power, la señal de protesta de los atletas afroamericanos contra la segregación racial. Norman, que simpatizó con la protesta de Smith y Carlos, Aunque “no levantó su puño, pero levantó su voz", portando en el lado derecho de su uniforme, un pequeño distintivo en el cual se leía: “Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos (OPHR siglas en ingles)”, una organización establecida en un año previo para oponerse al racismo en el deporte.

Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional, en ese momento, lo consideró un gesto de política interna inadecuado para el “apolítico” foro internacional de los Juegos Olímpicos. Como respuesta inmediata a sus acciones ordenó la suspensión de Smith y Carlos del equipo olímpico estadounidense y pidió que fueran expulsados de la Villa Olímpica, poniendo en evidencia su hipócrita conducta para condenar algunos actos y otros no.

En su doble moral, Brundage, que había sido presidente del Comité Olímpico Estadounidense en 1936, no hizo ninguna objeción en contra del saludo nazi ni a las racistas y antisemita Leyes de Núremberg en la Alemania nazi durante los Juegos Olímpicos de Berlín.

Smith y Carlos fueron condenados al ostracismo en su país en los años posteriores y además, fueron criticados por sus acciones. La revista Time mostró el logo olímpico de los cinco anillos con las palabras "Angrier, Nastier, Uglier" (Más furioso, más sucio, más feo), en vez del clásico "Faster, Higher, Stronger" (Más rápido, más alto, más fuerte). De vuelta a casa, fueron objeto de abuso y tanto ellos como sus familiares fueron amenazados de muerte.

Peter Norman, al regresar a su país fue reprendido por las autoridades olímpicas y marginado por los medios de comunicación australianos. No fue elegido para los Juegos Olímpicos de Munich 1972, a pesar de terminar tercero en las pruebas clasificatorias. Continuó practicando atletismo, pero contrajo gangrena tras una lesión en su tendón de Aquiles en un entrenamiento y su pierna derecha estuvo a punto de tener que ser amputada. Tras ello, cayó en depresión y se volvió adicto al alcohol. Sufrió un ataque cardíaco y falleció el 3 de octubre de 2006 en Melbourne a los 64 años. En el funeral, Smith y Carlos anunciaron que la organización de pista de Estados Unidos había declarado el día de su muerte como el “Día Peter Norman”; la primera vez en la historia de la organización que se le ha dado ese honor a un atleta extranjero.

La lucha comenzada por Smith y Carlos ha sido heredada por algunos jugadores de fútbol americano, quienes han desafiado la discriminación racial arrodillándose cada vez que suena el himno estadounidense en los partidos de la liga de EEUU. Colin Kaepernick, quien fue hasta hace dos años el quarterback de los 49ers de San Francisco, se convirtió en el símbolo de las protestas por la violencia policial en contra de los negros. A su causa se le unieron más jugadores ante el rechazo absoluto de Donald Trump y su Gobierno al igual que lo hizo el nazista Avery Brundage en su momento.

El gesto del `puño en alto, levantado en contra del racismo, fue la imagen que dio la vuelta al mundo y todavía hoy “El Podium de la dignidad” es considerado como uno de los grandes iconos del deporte.

En la novela de Ernest Hemingway El sol también se levanta, de 1926, a un personaje se le pregunta cómo cayó en la bancarrota. "De dos formas", replica. "Primero gradual y luego repentinamente".

Esta es una buena descripción del colapso de la economía venezolana. El régimen del presidente Hugo Chávez gastó mucho más allá de sus medios, precisamente cuando el precio del petróleo iba en descenso y los ingresos fiscales se estancaban, para luego comenzar a decaer, como consecuencia de la contracción económica. De manera que Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, se endeudaron todo lo que pudieron, hasta que en 2013 los prestamistas privados dejaron de prestar.

En los últimos dos años, el declive ha adquirido una velocidad vertiginosa. Ahora, cuando la imprenta es la única herramienta de financiamiento disponible, el Fondo Monetario Internacional anticipa que la inflación llegará a 1.000.000% en 2018; la contracción del PIB eclipsa a las de la Gran Depresión, la Guerra Civil Española, y la reciente crisis griega; el 87% de los venezolanos vive en la pobreza; y varios millones han abandonado su país.

"Primero gradual y luego repentinamente" también puede describir el eventual término del régimen. Si bien nadie en Venezuela o en el exterior puede tener certeza sobre el modo en que Maduro dejará el poder, cada vez parece más claro que sí lo va a dejar.

La incertidumbre acerca de lo que pasaría el día siguiente es una de las razones por las cuales Maduro se ha mantenido en el poder. No se puede responsabilizar a los atemorizados ciudadanos de clase media que creen el dicho favorito de reyes y dictadores: después de mí el diluvio. Sin embargo, está comenzando a surgir una visión de lo que sería Venezuela post-Maduro, y ello debería acelerar la desaparición del régimen.

Por sobre todo, la Venezuela post-Maduro debería ser democrática. Lo que empezó como un régimen populista, aunque elegido democráticamente, en los últimos años ha degenerado en un autoritarismo clásico. Las instituciones venezolanas, desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta el Consejo Nacional Electoral y el Banco Central, han dejado de tener autonomía. La Asamblea Nacional (el parlamento unicameral), en la que la oposición tiene una mayoría de dos tercios, ha sido despojada de la mayor parte de sus atribuciones. Las elecciones presidenciales que se realizaron en mayo, que ratificaron a Maduro, fueron una farsa, como lo afirmaron sin ambages un gran número de democracias a través del mundo.

Mucho tendrá que cambiar en los ámbitos político y económico para garantizar la libertad de los venezolanos. No hace falta tener un título de la Universidad de Chicago ni seguir las huellas de Adam Smith para darse cuenta de que el colapso de la producción en Venezuela obedece en gran parte a la intromisión cada vez mayor por parte del Estado, la que ha hecho prácticamente imposible producir. Maduro parece empeñado en poner en práctica su propia versión de la máxima de Ronald Reagan: si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlala; y si deja de moverse, nacionalízala. Hoy día, el gobierno posee 457 empresas, muchas de ellas poco más que cascarones vacíos. La joya de la corona del Estado venezolano, la gigantesca petrolífera PDVSA, produce un tercio de lo que producía en 1998, cuando fue elegido Hugo Chávez, el antecesor de Maduro.

Restituir los derechos de propiedad y reformar esta red de controles y regulaciones será una tarea jurídica y política colosal, más parecida a las transiciones que ocurrieron en Europa Oriental y en la ex Unión Soviética que a los episodios previos de estabilización y reforma en América Latina. No obstante, una de las lecciones de las reformas pro mercado de la región en los años 1980 y 1990 parece relevante: la privatización debe ir acompañada de competencia genuina. De no ser así, el resultado podría ser un estancamiento económico (los monopolios pueden obtener altas ganancias sin innovar) y una violenta reacción política (los votantes que están conscientes de esto se alteran notable y rápidamente).

Asimismo, es preciso evitar el capitalismo de compadres de muchas economías postcomunistas. Cuando los administradores a quienes se encarga la restitución de bienes a sus dueños originales terminan por ser los dueños de esos bienes, el cambio meramente reemplaza una elite corrupta por otra, en lugar de devolver poder a los ciudadanos.

Otra prioridad para los líderes de la Venezuela post-Maduro será asegurarse de que el Estado haga lo que se supone debe hacer. El Estado venezolano tiene cerca de tres millones de empleados y, según un cálculo, más de 4.200 instituciones, sin embargo fracasa rotundamente a la hora de cumplir sus tareas más básicas, entre ellas, proporcionar educación, salud, y seguridad.

Tomemos la salud: las clínicas y hospitales públicos se están derrumbando y carecen de medicamentos (cuyas importaciones apenas llegan a un tercio del nivel de 2012). Los resultados de una encuesta revelan que el 79% de las instalaciones ni siquiera tiene agua corriente. Estas precarias condiciones se han traducido en la reaparición de enfermedades latentes desde hace mucho tiempo, como malaria, difteria, sarampión y tuberculosis.

O consideremos la seguridad, que ha colapsado de tal forma que Venezuela se encuentra al borde de ser un estado fallido. Abundan amplias zonas tan alejadas de la ley, que ni siquiera las fuerzas policiales y, en algunos casos, el ejército, se atreven a entrar en ellas. En los grandes centros urbanos, la tasa de asesinatos se ha elevado de tal manera que ha colocado a Venezuela dentro de los primeros lugares de los ránkings mundiales de homicidios, por debajo solamente de El Salvador y Honduras, y muy por encima de Brasil, Colombia y México.

Venezuela va a necesitar un Estado más reducido pero mucho más fuerte, enfocado en aquellos ámbitos en que la acción gubernamental es irreemplazable. ¿Cómo financiar la reforma de gran alcance que será necesaria? Y, ¿cómo financiar la indispensable recuperación económica?

El país se encuentra enormemente endeudado (la proporción entre la deuda pública externa y las exportaciones es la más alta entre todos los países para los cuales tiene datos el Banco Mundial) y ha agotado sus divisas. En consecuencia, el total de importaciones per cápita llega al 15% del nivel de 2012, lo que acarrea una escasez no solo de alimentos y medicinas, sino también de los repuestos necesario para volver a poner en marcha los camiones y la maquinaria del país.

Un plan que permita a Venezuela importar y funcionar nuevamente como una economía normal ha de tener por lo menos tres componentes. Primero, la comunidad internacional debe reconocer sin demora que se necesita una sustancial reducción de la deuda, en lugar de dilatar la solución del problema por años, como lo hizo con Grecia. Segundo, se necesitará un programa del Fondo Monetario Internacional con préstamos para financiar la balanza de pagos, de cuantía no muy diferente de los que acaba de obtener Argentina. Y, tercero, será necesario un componente de donación, que los expertos venezolanos estiman en 20 mil millones de dólares, para cubrir las necesidades humanitarias de emergencia y para evitar el error de Argentina de permitir que la deuda externa se acumulara demasiado rápidamente justo después de una reducción de la deuda.

El gobierno de Venezuela ha emprendido en una guerra contra su propio pueblo. Lo menos que puede hacer la comunidad internacional es ponerse, con generosidad, del lado de las víctimas. Al hacerlo ayudaría a evitar que Venezuela se transforme en un estado fallido, y de este modo minimizaría el impacto sobre la estabilidad regional y global de la crisis humanitaria del país y de las masivas salidas de refugiados –por no hablar del creciente tráfico de drogas y lavado de dinero–.

La transición de Venezuela a la democracia y a la economía de mercado estará llena de peligros y dificultades, y exigirá mucho sacrificio. Los líderes de la nueva Venezuela deberían reconocer esto y hacerse eco de Winston Churchill cuando prometió "... trabajo, sudor y lágrimas". Ese esfuerzo compartido engendrará un futuro nuevo y mejor. Más temprano que tarde, el sol también se levantará para todos los venezolanos.

Traducción de Ana María Velasco

3 de octubre de 2018

Project Syndicate

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El concepto filosófico de “naturaleza humana” tiene una larga historia. En la cultura occidental, su estudio comenzó con Sócrates en el siglo V a. C., pero fue Aristóteles quien sostuvo que la naturaleza humana se caracteriza por atributos únicos, en particular, la necesidad de socializar y la capacidad de razonar. Para los estoicos de la Grecia helenística, la naturaleza humana daba significado a la vida, y contribuyó a su adopción del cosmopolitismo y la igualdad.

Antiguos filósofos chinos como Confucio y Mencio creían que la naturaleza humana es innatamente buena, mientras que Xunzi pensaba que es malvada y carente de brújula moral. En las tradiciones judeo‑cristiano‑islámicas, se considera que la naturaleza humana está fundamentalmente corrompida por el pecado, pero que podemos redimirnos aceptando a Dios, a cuya imagen hemos sido creados.

Los filósofos occidentales modernos que escribieron en los siglos XVII y XVIII ampliaron estas ideas. El filósofo inglés Thomas Hobbes sostuvo que nuestro estado natural conduce a una vida que es “solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve”; por eso necesitamos una autoridad política centralizada fuerte (el así llamado Leviatán).

En cambio, Jean-Jacques Rousseau creía que la naturaleza humana es maleable, pero que en nuestro estado original no tenemos razón, lenguaje o comunidad. Concluyó que la inadecuación entre la condición primitiva y la civilización moderna es la causa de nuestra infelicidad, y propugnó un regreso a la naturaleza en sentido literal. El siempre razonable y moderado David Hume propuso que los seres humanos se caracterizan por una combinación de altruismo y egoísmo, y que esa combinación se puede moldear parcialmente para bien (o para mal) mediante la cultura.

Las investigaciones de Charles Darwin a mediados del siglo XIX volvieron insostenibles muchas de las primeras visiones “esencialistas” de la naturaleza humana. La idea de que los seres humanos poseemos una reducida serie de rasgos exclusivos no se condice con el lento y gradual avance de la evolución darwinista. Aunque el Homo sapiens evolucionó como una especie particular dentro de los primates, eso no implica un quiebre claro entre nuestra biología y la de otras especies.

El debate filosófico sobre la naturaleza humana continúa, actualizado con los hallazgos de la biología. Hoy algunos filósofos interpretan a Rousseau y Darwin en el sentido de que la naturaleza humana misma es inexistente y qué aunque la biología ponga límites al cuerpo, no restringe la mente ni la volición.

Los psicólogos evolutivos, e incluso algunos neurocientíficos, dicen que eso es absurdo. El mensaje que extraen de Darwin (y en parte de Rousseau) es que estamos mal adaptados a un contexto moderno: básicamente, somos monos del Pleistoceno que de pronto nos encontramos equipados con teléfonos móviles y armas nucleares.

Como biólogo evolutivo y filósofo de la ciencia, mi visión es que la naturaleza humana sin duda existe, pero que no se basa en ninguna clase de “esencia”, sino que nuestra especie, igual que cualquier otra especie biológica, se caracteriza por un conjunto de rasgos dinámico y en evolución, que son estadísticamente típicos de nuestro linaje pero ni están presentes en todos sus miembros ni ausentes en todas las demás especies.

¿Qué importancia tiene esto para alguien que no sea científico ni filósofo? Se me ocurren al menos dos buenas respuestas. Una es personal; la otra es política.

En primer lugar, la interpretación que hagamos de la naturaleza humana tiene amplias implicaciones para la ética, en el antiguo sentido grecorromano de un estudio sobre cómo hay que vivir. Alguien que sostenga una visión judeo‑cristiano‑islámica de la naturaleza humana estará naturalmente inclinado a adorar a Dios y guiarse por los preceptos religiosos. En cambio, alguien que siga una filosofía existencialista según los lineamientos de Jean‑Paul Sartre o Simone de Beauvoir pensará que puesto que “la existencia es anterior a la esencia”, somos radicalmente libres para moldear nuestras vidas según nuestras propias elecciones, y no necesitamos la ayuda de Dios en el proceso.

Además, las ideas sobre la naturaleza humana afectan las concepciones éticas. Y en la actualidad, nuestra situación ética es un desastre. Un estudio reciente en Estados Unidos calificó la presidencia de Donald Trump como la “más antiética” de la historia estadounidense; y la encuesta anual de Gallup en el mismo país sobre cuestiones éticas habla de una erosión permanente de los valores morales. Si todos nos tomáramos un momento para analizar dónde nos situamos en el debate sobre la naturaleza humana, podríamos obtener una valiosa comprensión de nuestras creencias, y por extensión, de las creencias ajenas.

Personalmente, me inclino hacia la ética naturalista de los estoicos, para quienes la naturaleza humana limita y sugiere –sin determinar rígidamente– lo que podemos y debemos hacer. Pero cualquiera sea la orientación religiosa o filosófica de cada uno, la reflexión sobre quiénes somos –en sentido biológico y en general– es un buen modo de hacernos más dueños de nuestras acciones, un ejercicio que (no hace falta decirlo) le vendría bien a más de uno.

Traducción: Esteban Flamini

1 de octubre de 2018

Project Syndicate

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Hace ocho años, en los primeros días del mes de octubre del año 2010, se inició la expoliación de la empresa Agroisleña, C.A. por parte del régimen socialista del siglo XXI, que impera en la Venezuela actual y está empeñado en la destrucción total de este país, favorecido con ingentes recursos naturales. Este movimiento del régimen llevó a Agroisleña, C.A. a la quiebra bajo el nombre de Agropatria, C.A., y consecuentemente, la agricultura venezolana se ha visto seriamente afectada por la falta de insumos, de financiamiento, de servicios de asistencia técnica, de transporte, de centros de recepción y almacenamiento de cosechas, en fin, de todo lo que el productor del campo necesita para ser exitoso en su labor, tal como decía el lema de la empresa: “Agroisleña, C.A. Todo para el agricultor”.

Agroisleña, C.A. nace hace más de sesenta años con la venta de semillas de hortalizas de calidad, en las alturas de El Tocuyo en el estado Lara. Fue creciendo progresivamente, ampliando su oferta de insumos a los agricultores, actualizándose constantemente y modernizando su estructura en función de los cambios y adelantos tecnológicos mundiales.

De semillas de hortalizas se amplió a semillas de otros cultivos, principalmente cereales, en los cuales no solo se vendieron semillas, sino que se participó en programas de mejoramiento para la creación de nuevos cultivares y una planta para el procesamiento de semillas certificadas. Se incorporó la oferta de herbicidas, insecticidas y fungicidas, con una variedad tan amplia, que posiblemente se podía atender satisfactoriamente todas las situaciones de daño que se pudieran presentar en los campos cultivados. Se dispuso de plantas propias para la producción y formulación de muchos de estos agroquímicos.

Llegó el riego localizado o riego por goteo a la agricultura, con sus grandes ventajas para los agricultores, y Agroisleña, C.A. incorporó la oferta de estos sistemas de riego con diversidad de emisores para aplicar la fertirrigación, especialmente en cultivos hortícolas. Paralelo a los equipos de riego se incluyó la oferta de invernaderos y de los fertilizantes especiales requeridos para que la fertirrigación sea eficiente. Estos fertilizantes eran importados por la empresa, pero Agrosileña, C.A. emprendió un programa para producirlos evaluando muchos componentes nacionales, instalando además una planta para su formulación y producción.

Se incorporó la oferta de fertilizantes hasta que el régimen permitió su importación por particulares. Se colocaron en el mercado productos innovadores como los nitrogenados con inhibidores de la nitrificación, proyectándose la construcción de una planta para producir estos productos ecológicos en Venezuela, aprovechando que nuestra industria petroquímica fue líder en la producción de urea. Sumado a esto, para adaptar mejor la oferta de abonos a las regiones y diversificar las fórmulas NPK/Mg S, se estableció una moderna planta para producir mezclas físicas según las demandas regionales.

Tradicionalmente, la empresa ofreció una variada gama de equipos agrícolas, pero más recientemente había incorporado la oferta de maquinarias, tractores para las diversas labores de campo y combinadas para la recolección de las cosechas.

Los agricultores enfrentaban muchas veces problemas por transporte insuficiente y escasez de sitios para colocar las cosechas, con la urgencia de evitar que sus productos se deterioraran. Para contribuir en este aspecto, se facilitó una flota de vehículos para transporte y se construyeron centros de recepción y almacenamiento distribuidos en las regiones de mayor movimiento de cosechas, superando la capacidad de los silos oficiales.

Paralelo a todas esas facilidades, se iba contratando personal de alto nivel para cada área, se hicieron programas de mejoramiento profesional, se realizaron talleres y seminarios internos para actualización de conocimientos de los técnicos de la empresa, y en muchos casos, para la atención de agricultores que tuvieran que enfrentar alguna práctica especial o usar un producto nuevo, desconocido. Por supuesto, esto representaba tener un servicio de extensión y de asistencia técnica ejemplar para el necesario intercambio entre agricultor y empresa.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar los planes de financiamiento de Agroisleña, C.A. para atender las necesidades de los productores antes, durante y después de cada ciclo de cultivo.

Toda esa riqueza generada en el transcurrir de los años para la atención de los productores del campo, todas las industrias conexas dedicadas a la producción de insumos y equipos agrícolas de última generación, toda la formación de un personal capacitado para apoyar nuestra producción de alimentos, todas esas oportunidades de empleo para miles de personas, ha dejado de estar presente en nuestros campos. Todo eso se acabó, fue destruido con la expoliación de la empresa, y se ha afectado profundamente la agricultura venezolana.

05 de octubre de 2018.

Por más que Nicolás Maduro y su círculo de poder se esfuercen en negarlo, el colapso institucional, económico y humanitario de Venezuela traspasa todo límite tolerable. No en vano se estima que 2,3 millones de venezolanos han abandonado el país escapando del desastre. Los datos hablan por sí solos. Las malas decisiones del régimen han destruido el aparato productivo y llevando al país a la hiperinflación. El FMI estima que esta llegará a un millón por ciento al cierre del año, mientras que el PBI nacional habrá caído a casi la mitad respecto de 2013.

La escasez de alimentos y medicinas azota a la población, excepto a una élite de pocos miles cercanos al poder. Las cifras son alarmantes: se estima que el número de venezolanos infra-alimentados llega a los 3,7 millones y que 55% de los niños menores de cinco años sufre malnutrición. Así las cosas, Cáritas estima que 300 mil personas mueren de hambre en el país cada año.

A pesar de los ofrecimientos internacionales, el régimen siempre se opuso a recibir ayuda humanitaria para paliar la situación. A medida que el chavismo se consolidaba en el poder, Venezuela se fue transformando en un Estado totalitario, sin ley y sin libertad, donde funcionarios civiles y militares comandan bandas dedicadas al narcotráfico y a otras formas de crimen organizado, como el Cártel de los Soles. Hoy se estima que el 60% de la droga que se produce en Colombia se exporta vía Venezuela.

Asimismo, a través de sus relaciones estrechas con Irán y otros países de Medio Oriente, el país se ha convertido en puerta de entrada del terrorismo islámico de Hezbollah y Hamas en América Latina, lo que representa una amenaza de índole regional.

La injerencia del castrismo desde el inicio del Gobierno de Hugo Chávez ha sido tal que muchos consideran a Venezuela como un país ocupado por el ejército cubano, con la presencia de más de veinte mil efectivos ubicados en cargos estratégicos, de inteligencia y como entrenadores de los llamados colectivos que controlan a la población. La intimidación y la persecución feroz han llevado en los últimos años a 15 mil detenciones arbitrarias y 280 mil muertes violentas. En este sentido, el reciente informe de Amnesty International indica que, entre 2015 y mediados de 2017, tuvieron lugar 8200 ejecuciones extrajudiciales.

En paralelo, la situación institucional se ha deteriorado a tal punto que órganos de gobierno legítimos como la Asamblea Nacional, hoy de carácter opositor, han sido reducidos a la irrelevancia o funcionan en el exilio como el Tribunal Superior de Justicia. Tales instituciones han sido reemplazadas por sucedáneos, obviamente funcionales al régimen.

En vista de la dramática situación, una posible intervención internacional humanitaria gana adeptos día a día, dentro y fuera de Venezuela. Los muchos defensores de esta posibilidad argumentan que la vía democrática está agotada y que la resistencia civil y militar en el país no puede sola contra un régimen que ha robado a los venezolanos el presente y el futuro, la vida, la esperanza y los sueños.

En esa línea se han alzado voces como la del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien semanas atrás, desde Cúcuta, un punto candente de la frontera entre Colombia y Venezuela, dejó la puerta abierta a una intervención militar dentro del marco de la legalidad. Donald Trump hizo lo propio en su reciente paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como antes lo habían hecho el senador Marco Rubio y otros altos funcionarios de los Estados Unidos. El presidente de Colombia, Iván Duque, también se mostró abierto a la posibilidad de una acción colectiva y no unilateral. Una de las voces más firmes en esa línea ha sido la del ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ferviente activista por la vuelta a la institucionalidad de Venezuela.

Con una visión contrapuesta, 11 de los 14 países del Grupo de Lima expresaron “preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza”. A su vez, reafirmaron “su compromiso para contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país, a través de una salida pacífica y negociada”.

Admitiendo que la salida para Venezuela es que Maduro, sus adláteres y aliados externos abandonen el poder, cabe preguntarse si resulta realista pensar que una dictadura de tales características se avendría a retirarse en forma pacífica y negociada, como propone la declaración del Grupo de Lima. Lamentablemente, las experiencias históricas ponen en duda esta hipótesis.

Las violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales en Venezuela han quedado debidamente documentadas en informes de organismos multilaterales tal el de la OEA y el del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Sobre estas bases fácticas se sustentó la reciente remisión de la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional por parte de seis Estados: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

Los que sostienen la postura de una intervención internacional humanitaria resaltan, como lo han hecho Almagro y Ledezma, la necesidad de aplicación de la doctrina de la responsabilidad de proteger. Tal doctrina, que fue aprobada por consenso en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005, plantea un compromiso político global que busca prevenir genocidios, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad.

La aplicación de la responsabilidad de proteger en el marco de la ONU habilita a los Estados a actuar colectivamente interviniendo en un país, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, cuando las autoridades nacionales fallan en el cometido de proteger a su población de la violencia sistemática y la persecución, o bien la generan.

Conceptualmente, cuando se han agotado todos los medios pacíficos, la comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad, puede ordenar el uso de la fuerza. Esto implica en la práctica el consenso entre los cinco miembros permanentes con derecho a veto, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Tal acuerdo difícilmente se logre en el caso de Venezuela, con aliados como Rusia, su principal proveedor de armas y China, su principal acreedor externo.

La responsabilidad de proteger es un concepto que genera fuertes controversias. Se lo contrapone con el principio de no intervención en aras de la preservación de la soberanía de una nación. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó: “Si una intervención humanitaria es un asalto a la soberanía, cómo se debe responder a las groseras y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que ofenden nuestra percepción de humanidad”.

La ilegitimidad de la elección de Maduro de 2013, y consecuentemente de su presidencia, que fuera dictada por un fallo del Tribunal Superior de Justicia en el exilio, abre una segunda opción legal de intervención que no requiere el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. En efecto, los órganos legítimos de Venezuela cuentan con sobrados elementos como para destituir a Maduro y nombrar un gobierno, un nuevo gobierno legítimo, dentro o fuera del país, con reconocimiento internacional, que podría requerir asistencia externa para restaurar el orden constitucional y también aceptar la imprescindible ayuda humanitaria.

Aunque la posibilidad de intervención humanitaria dentro del marco de la legalidad está abierta, es claro que los Estados de la región han optado hasta ahora por la vía de la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Tal actitud se puede explicar por las experiencias adversas de ciertas intervenciones del pasado en las que argumentos humanitarios encubrieron intereses de poder o económicos de algunos de los actores clave.

Sin embargo, debemos preguntarnos si los millones de personas sufrientes en Venezuela pueden esperar los tiempos que marcan los procedimientos en la Corte, que se miden por años. Y si resultara en una condena de Maduro, cuáles son los mecanismos que permiten en la práctica detener tales crímenes. Casos como el del dictador de Sudán, Omar al Bashir, que continúa en el poder aún con órdenes de arresto emitidas por la Corte, abren dudas acerca de la efectividad para resolver la situación de los países afectados. En las tragedias humanitarias cabe reflexionar que los tiempos del hambre y la enfermedad no son los tiempos de la ley.

Como conclusión, la intervención internacional humanitaria bajo la responsabilidad de proteger puede realizarse en el marco de la legalidad, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas. Si se realizara en forma colectiva y no unilateral, con objetivos claros y espíritu de reconstrucción democrática, permitiría detener en plazos cortos el genocidio en cámara lenta que hoy vive Venezuela y del mismo modo se avanzaría hacia una rápida vuelta a la institucionalidad.

Por otra parte, un dictamen en contra del régimen de Maduro en la Corte Penal Internacional llevaría una condena moral y a la asignación concreta de responsabilidades a los causantes de la tragedia.

La crisis venezolana ha llegado a un punto tan crítico que todos los caminos planteados son dolorosos y requieren de un gran coraje y sacrificio por parte de los venezolanos en Venezuela, de sus compatriotas en el exterior y de la comunidad internacional, todos orientados hacia un mismo fin.

La gravedad de la situación demanda decisiones concretas y firmes con la mayor celeridad posible, ya que cualquier demora representa hoy la dolorosa e inaceptable pérdida de incontables vidas.