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39 aspirantes repiten postulaciones simultáneas en el proceso de renovación del TSJ

TSJ

Un primer listado hecho público, integrado por los nombres de 395 preadmitidos y que fue difundido el pasado 5 de noviembre por el Comité de Postulaciones Judiciales, refleja que al menos 39 personas se inscribieron de manera simultánea en dos o tres de los cargos en disputa dentro del sistema de justicia.

Aunque la instancia parlamentaria difundió esta primera lista de preseleccionados, posteriormente la Asamblea Nacional extendió el proceso de recepción de credenciales y registros ante la alta demanda de aspirantes que buscaban ingresar a las convocatorias de la máxima instancia judicial, elevando el universo global de postulaciones por encima del millar de expedientes.

Un cruce entre la primera lista difundida —que abarca 334 aspiraciones a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 41 a la Inspectoría General de Tribunales y 20 a la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura— muestra que un sector importante de los preadmitidos busca asegurar un espacio en múltiples instancias del aparato judicial de forma paralela, un fenómeno que se repite en cada proceso de reestructuración de los poderes públicos en el país.

Del total de estas postulaciones cruzadas, nueve candidatos compiten de forma directa en las tres categorías abiertas por el comité de preselección: Alexander Enrique Blanco Reyes, Joana Luisa Dale Hernández, Orangel Fermín Requena Magallanes, Guillermo Blanco Vázquez, Durga Yhosebe Ochoa Juárez, Juan Bautista Mirabal Ascanio, Joel Darío Altuve Patiño, Josmary Angélica Páez Fonseca y Gledys Josefina Carpio Chaparro.

A ellos se suman 24 aspirantes inscritos de manera simultánea en dos listados para cargos de magistrados e inspectores de tribunales, entre quienes figuran Óscar Rafael Ceballos Jiménez, Leydi Nathalí Matute Velásquez, Neida Josefina Pérez Morillo, Antonio José Rivero Berríos, Uni Helen Urrieta López, Mariam Josefina Altuve Arteaga, Indira María París Bruni, Eleny María Malliotakis Rodríguez, Miguel Ángel Rhode Urbaneja, Ubencio José Martínez Lira, Isaac Rafael Nieves Luy, Milagros Coromoto Rengifo Rincones, Reinaldo Enrique Carvallo Machado, María Federica Eugenia Pérez Carreño Quintana, Dagoberto Antonio Quero Reyes, Vilma María Fernández González, Pedro Miguel Guédez López, Javier Alirio Girón, José Ernesto Ivkovic, Michael Mijail Rafael Pérez Amaro, Mario Vegas Rodríguez, Igor Enrique Villalón Plaza, Sergio Ramón Aranguren Carrero y Luis Armando Betancourt Gutiérrez.

Completan el grupo seis aspirantes que combinan la postulación a una magistratura con la aspiración a dirigir la Escuela Nacional de la Magistratura: Jonny Ildemaro Lanz Molina, Luis José Díaz Matos, Ángel Carmelo Prince Torres, María Elizabeth Gutiérrez Fernández, Ramón Carlos Javier Gámez Román y José Vicente Saavedra López.

El contexto político e institucional del Comité

Esta nueva fase de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se desarrolla tras los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo instalada en agosto de 2026, proceso que incluyó una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en Gaceta Oficial extraordinaria el pasado 15 de septiembre.

La modificación alteró la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, que quedó integrado por 23 miembros: 11 diputados de la Asamblea Nacional (que conforman la Comisión Preliminar) y 12 representantes de la sociedad civil preseleccionados por la propia instancia parlamentaria.

Organizaciones no gubernamentales, como Acceso a la Justicia, han advertido que esta estructura mantiene una contradicción de origen con el artículo 270 de la Constitución, el cual concibe al comité como un órgano ciudadano destinado a blindar la preselección de la influencia partidista.

Pese a que los representantes de la sociedad civil poseen mayoría numérica, el hecho de que su selección definitiva y la presidencia del comité recaigan en actores vinculados al Parlamento —bajo la conducción del diputado Giuseppe Alessandrello— ha generado suspicacias sobre el equilibrio real de fuerzas en el proceso.

A esto se suma la creación, como parte de los acuerdos políticos de la mesa de negociación, de un Consejo de Verificación de Credenciales y Requisitos integrado por siete expertos con perfiles diversos (entre ellos exmagistrados y académicos como Belén Ramírez Landaeta, María Bernadoni de Govea, Deyanira Nieves Bastidas, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio César Sánchez Zerpa y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo).

Este órgano externo opera en paralelo para elevar el rigor técnico, aunque subsisten dudas sobre su capacidad real de incidencia frente al peso político institucional del CPJ y del propio Parlamento.

El pasado 2 de noviembre, el CPJ hizo público el baremo de evaluación con una puntuación máxima de 100 puntos distribuidos en cinco áreas: formación académica y producción intelectual (28 puntos), experiencia docente (19 puntos), trayectoria profesional (19 puntos), experiencia jurisdiccional (19 puntos) y una entrevista final de carácter técnico, ético y de competencias (15 puntos). Si bien diversos sectores han valorado positivamente que se conozcan de antemano los criterios de puntuación —una exigencia contemplada en el artículo 73 de la ley.—, especialistas han señalado debilidades estructurales, tales como el peso otorgado a la antigüedad institucional frente al libre ejercicio, la falta de indicadores de evaluación diferenciados en las entrevistas y el tratamiento del ingreso a la carrera judicial en un contexto donde los concursos públicos de oposición se encuentran suspendidos desde el año 2003.

El listado oficial divulgado se limita estrictamente a registrar los números de expediente, nombres, apellidos, cédula de identidad y cargo al que opta cada ciudadano pero no detalla soportes curriculares ni el origen de las postulaciones. Fuentes parlamentarias consultadas por TalCual defendieron el procedimiento bajo el argumento de que los recaudos contenidos en las carpetas constituyen «documentos privados» y que el mecanismo cuenta con plenas garantías de seriedad institucional. Otras fuentes dijeron que una vez que se sepa quienes son los postulados definitidos es que deberían compartirse o hacerse públicas esas credenciales.

La posición choca con las exigencias constitucionales de transparencia y el derecho de los ciudadanos y gremios a ejercer la veeduría y la impugnación de los candidatos. Ante las restricciones para revisar detalladamente los expedientes físicos y las denuncias previas de integrantes del propio comité sobre la limitación en la digitalización de los documentos, el proceso transcurre bajo un escrutinio mixto.

Figuras del ámbito académico y gremial que buscan espacios

El hermetismo institucional sobre la cantidad general de preadmitidos contrasta con la visibilidad que han tenido destacados juristas, constitucionalistas, profesores universitarios y defensores de derechos humanos que decidieron hacer públicas sus candidaturas antes de las fases decisivas del proceso:

  • Magaly Vásquez: Doctora en Derecho y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, con más de 30 años de trayectoria docente en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde se desempeñó como decana encargada de la Facultad de Derecho y secretaria general. Formalizó su inscripción con el respaldo de organizaciones gremiales y académicas.

  • Tamara Adrián: Doctora en Derecho Comercial, profesora universitaria y exdiputada de la Asamblea Nacional (2016-2020), reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos. Consignó sus credenciales con el aval de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

  • Jesús María Casal: Abogado constitucionalista, doctor en Derecho y profesor titular de la UCAB, casa de estudios donde también ejerció como decano de la Facultad de Derecho. En 2023 presidió la Comisión Nacional de Primaria. Anunció su postulación con el objetivo de contribuir a la reinstitucionalización judicial.

  • Juan Carlos Apitz: Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV y profesor universitario. Fue magistrado de la extinta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo hasta su destitución en 2003, un caso emblemático examinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  • Juan Manuel Raffalli: Abogado constitucionalista, doctor en Derecho y docente en la UCAB, la UCV y el IESA. Confirmó la ratificación de su nombre tras haber participado en la convocatoria previa de mayo.

  • Nelson Chitty La Roche: Abogado, doctor en Ciencias Políticas, docente de la UCV y exparlamentario del Congreso Nacional (1984-1999). Formalizó su postulación al considerar que el baremo actual ofrece condiciones distintas a procesos pasados.

  • Joel García: Abogado penalista, magíster en Derecho Penal, doctor en Ciencias de la Educación y vicepresidente de Fundeci, con una extensa trayectoria en la defensa de personas detenidas por motivos políticos. Se postuló con el respaldo del Colegio de Abogados de Caracas.

  • Fermín Mármol García: Abogado penalista, criminólogo y director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Santa María, quien figura en los listados preliminares al igual que el exmagistrado Antonio José Marval y los constitucionalistas Tulio Álvarez y Gustavo Linares Benzo.

    Con la extensión del lapso de postulaciones anunciada por el Parlamento y el universo de más de mil registros acumulados entre magistraturas, inspectorías y escuelas de la magistratura, el proceso entra en su tramo definitivo. El reto fundamental para las próximas semanas consistirá en determinar si la preselección logrará superar la discrecionalidad política para dar paso a una verdadera meritocracia e independencia en la cúspide del sistema de justicia venezolano.


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