El presente escrito discute la construcción de una democracia capaz de proveer oportunidades de progreso para todos los venezolanos sin excepción, proceso que debería iniciarse tempranamente como parte de la Transición al Nuevo Estilo de Desarrollo, para evitar los riesgos que comentábamos en el artículo anterior, de perder nuevamente las libertades si al librarnos del régimen actual nos conformamos con reconstruir una democracia electoral. [1] Nuestra democracia puede renacer y desarrollarse con el apoyo de toda nuestra sociedad o marchitarse antes de florecer, dependiendo de si la orientamos a servir a toda nuestra gente o sólo a honrar las tradiciones electorales.

LIBERTAD, DESARROLLO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA, FINES DE LA DEMOCRACIA PLENA

Comencemos por afirmar que el desarrollo es un proceso que puede vivir la sociedad y no un estadio que ella puede alcanzar, y que su curso, cuando es virtuoso, muestra siempre dos caras, que son, por una parte la ampliación de la libertad de los miembros de la sociedad y de las oportunidades de todos ellos y sus generaciones futuras, y por la otra la reducción de la población que vive en la pobreza. Esta aseveración viene al caso porque lo que más distingue a una democracia plena de una democracia electoral es ser instrumento de la realización de las personas y el desarrollo de la sociedad.

En esa afirmación, el desarrollo comprende al crecimiento pero lo trasciende. En primer lugar porque envuelve ampliar las libertades de las personas, sólo posible si ellas progresan autónomamente; además porque incorpora la sostenibilidad, solamente viable si se da en paz social y en armonía con la naturaleza; y finalmente porque implica equidad en el disfrute por todos del progreso y la libertad.

Por otra parte, reducir la pobreza no es equivalente a incrementar los ingresos de grupos que viven en gran estrechez económica. Es pobre quien no progresa autónomamente por carecer de capacidades o de oportunidades para emplearlas en su propia realización, y no deja de serlo quien recibe auxilios para sobrevivir, lo que -por el contrario- suele asociarse a la exigencia clientelar de hipotecar su autonomía.

En fin, la Democracia Plena que construyamos debe corregir para siempre las cinco desviaciones de nuestra democracia que por casi cinco décadas han creado obstáculos para el desarrollo y la reducción de la pobreza: i) han restringido las libertades económicas limitando la inversión no estatal y con ello las oportunidades de trabajo decente para los venezolanos; ii) han dejado degradar la calidad de la educación a la que tienen acceso los hijos de los hogares populares, desmejorando sus oportunidades de lograr un futuro digno y superar la pobreza de sus padres; iii) han hecho inaccesible la atención de salud y la seguridad social para la mayoría de los hogares, que caen en precariedad cuando deben enfrentar una enfermedad delicada, otro suceso inesperado que las golpee o simplemente la vejez; iv) han descuidado los asentamientos humanos dejando que las familias vivan en su mayoría en medios precarios e inseguros en los que sus hijos crecen expuestos a la violencia y el malvivir; y v) han sembrado en la cultura pública la idea de que el Estado no tiene que respetar los derechos humanos porque él no está al servicio de los ciudadanos sino al revés, y han consolidado como práctica política aceptable el populismo clientelar que manipula a los más vulnerables e impide la participación real de los ciudadanos en las decisiones.

UN PACTO CON EL APOYO CONSCIENTE DE LA SOCIEDAD A CINCO PROGRAMAS NACIONALES

Los programas para la construcción de la democracia plena deben contar con un apoyo robusto de la sociedad y acrecentarlo generando “victorias tempranas”, en función de lo cual pareciera pertinente instrumentarlos mediante un Pacto que reuna en un empeño estratégico a los poderes públicos y a los partidos democráticos, las organizaciones laborales y empresariales, las ONGs y las Iglesias.

Se trataría de un compromiso para ejecutar -durante no menos de veinte años- cinco programas de reformas y políticas públicas cuya realización obligue a los órganos del Estado y propicie, mediante modalidades diversas, acciones coadyuvantes de los demás sectores; y para hacerles seguimiento a través de un Consejo del Pacto, órgano independiente de alto nivel político, que represente a la colectividad, la informe periódicamente de los logros y le recomiende ajustes de ser necesarios.

La reforma y el impulso inicial de la economía, el primer programa, tiene como fines incrementar la inversión productiva y la innovación, incentivar la complejidad de la producción, favorecer la sostenibilidad del crecimiento y crear muchos puestos de trabajo decente. Alcanzar esto requiere de un nuevo marco regulatorio que desaparezca el protagonismo estatal en la economía, que propicie Alianzas PúblicoPrivadas (APP) para la producción de bienes públicos como ciertas infraestructuras y que dé sustento a una economía de mercado orientada al bien común, mediante un sistema de incentivos que oriente hacia aquellos fines a la inversión, la tecnología, el capital humano y el uso de los recursos naturales.

En el marco de esas reformas regulatorias, deben ser prioritarias las que permitan abatir prontamente la inflación y atraer inversión privada para recuperar la exportación de hidrocarburos, iniciar nuestra transición energética y adecuar las infraestructuras (ver cuarto programa). Adicionalmente será prioritario alinear las nuevas reglas de toda la economía a las condicionalidades ambientales, sociales y de gobernanza ESG,[2] para facilitar el acceso de los proyectos públicos y privados al financiamiento.

Una educación para el progreso y la libertad, el segundo de los cinco programas, busca elevar la calidad de la educación a la que tienen acceso todos los niños y jóvenes; incrementar la oferta y la eficiencia de los sistemas de formación y capacitación que sirven a la demanda calificada de los Sectores Productivos y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; e incorporar en todos los niveles educativos la formación en valores para el progreso autónomo y la libertad, y para la responsabilidad, la convivencia en paz y la solidaridad.

Las líneas de prioridad inmediata del programa deberían ser cuatro. La primera es elevar la escolarización y la calidad en los niveles de educación inicial y básica para los hijos de los hogares populares, a través de reformas curriculares y de gestión, de la capacitación de docentes y la adecuación de sus remuneraciones, y del establecimiento de alianzas entre los sistemas públicos, por una parte, y planteles privados y organizaciones independientes de educadores, por la otra; la segunda es incrementar y adecuar tecnológicamente la oferta de capacitación técnica a través de APPs con empresas y gremios sectoriales; la tercera consiste en dar auxilio económico inmediato para salvar de la precariedad a las universidades autónomas a la vez que iniciar el estudio de opciones sostenibles para su financiamiento y una discusión en el seno de sus comunidades académicas, tendentes a definir los modelos deseables para su funcionamiento futuro, fase que daría paso a la consideración de las reformas pertinentes por el Poder Legislativo; y la cuarta es poner en marcha proyectos que involucren a redes de nuestra Diáspora de Talentos en las tres iniciativas anteriores y especialmente en las relativas a la Nueva Educación Superior y el relanzamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El desarrollo de un nuevo sistema de salud y seguridad social sería el tercer programa del Pacto. Un sistema que, partiendo de lo existente, incorpore modos de financiamiento e innovaciones de gestión y tecnología que permitan ir elevando progresivamente la eficiencia operacional, la cobertura poblacional y los niveles de prestación, hasta constituirse en un sistema universal financieramente sostenible, que asegure asistencia oportuna y de calidad a todas las familias que la requieran.

Las prioridades inmediatas del programa son tres y en todas ellas sería deseable la participación de redes de miembros de nuestra Diáspora de Talentos que han acumulado experiencias valiosas en la gestión de sistemas de salud y previsión social de otros países. La primera es atender las calamidades que deja la Emergencia Humanitaria Compleja, lo que requerirá de la movilización de un personal de salud hoy escaso y desincentivado por remuneraciones exiguas, y una adecuación de los equipamientos y la logística de los sistemas públicos, sólo posible con APPs y financiamiento internacional. La segunda es iniciar la reforma del sistema público de salud mediante proyectos que experimenten varios modelos de financiamiento y gestión en los diversos subsistemas de atención, para dar paso a un programa definitivo tendente por etapas a la cobertura universal. La tercera es iniciar las negociaciones que lleven a establecer un nuevo sistema previsional capaz de ofrecer protección de desempleo, invalidez y retiro, tratativas que deben incorporar a empresas, trabajadores y Estado teniendo como norte un sistema de prestaciones socialmente justas y financieramente viables, de gestión independiente y protegida de avatares políticos.

El cuarto programa, de adecuación de infraestructuras y asentamientos tiene también tres objetivos. Se trata de un esfuerzo ambicioso pero necesario si se quiere alcanzar niveles de crecimiento, empleo y progreso que muevan a la mayoría de la sociedad venezolana a apoyar a su democracia desde los primeros años de la Transición al Nuevo Estilo de Desarrollo. Las magnitudes de inversión implicadas sólo serán alcanzables si sus principales proyectos se realizan en APPs y reciben financiamiento internacional.

El primer objetivo es recuperar las redes de infraestructuras y equipamientos de servicios que deben apoyar a los asentamientos humanos y a la producción, lo que es indispensable para salvar prontamente la Emergencia Humanitaria Compleja y dar un primer impulso a la competitividad de la economía. El segundo es mejorar progresivamente las condiciones urbanísticas y de servicios de los asentamientos en los que vive una gran mayoría de la población, con miras a que en un horizonte de 20-25 años ésta disfrute de estándares típicos de zonas urbanas reguladas. Y el tercero es contribuir prontamente a una generación amplia de oportunidades de trabajo decente, en las que participen como demandantes los sectores inmobiliario y de la construcción y las redes de economía solidaria y emprendimientos populares, mientras alcanza vigor la economía productiva moderna como resultado de las reformas del primer programa, y mientras el segundo programa, de educación para el progreso y la libertad, da resultados cuantitativamente importantes para elevar la capacitación media de la fuerza de trabajo en general.

Poner el Estado al servicio del ciudadano, el quinto programa, se plantea dos propósitos principales que obligan a avanzar en varios ámbitos de la reforma del Estado.

El primero es maximizar las oportunidades de participación política efectiva para los ciudadanos en general, que implica por una parte revertir las reformas de contenido inconstitucional impuestas por el gobierno socialista tendentes al establecimiento del “poder comunal” y retomar la descentralización para profundizarla robusteciendo mecanismos para la participación ciudadana a nivel municipal; y por la otra, poner en vigor normativas que obstaculicen los mecanismos del populismo clientelar limitando legalmente los fines “sociales” a los cuales puedan aplicarse partidas presupuestarias, especialmente en períodos electorales; estableciendo normas estrictas para la transparencia de las contrataciones públicas, elevando el derecho de la sociedad civil organizada a ejercer contraloría ciudadana sobre el cumplimiento de esas normativas y creando sanciones ejemplarizantes para sus violaciones. El segundo objetivo es ampliar el acceso real de los ciudadanos y las comunidades a la justicia y en especial asegurar su protección frente a violaciones de los derechos humanos provenientes de funcionarios al servicio del Estado, lo que implica una amplia reinstitucionalización del sistema de justicia incluyendo a la justicia militar, los sistemas policial y penitenciario, tarea ardua y ambiciosa pero indispensable si en efecto se busca poner el Estado al servicio del ciudadano.

[1] Las propuestas de este artículo sintetizan el “Pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza” que despliega el libro “Venezuela, vértigo y futuro” (Miquilena, T. y W. Corrales; Ed. Dahbar y UNIMET, 2018).

[2] El sistema financiero mundial, incluyendo los bancos multilaterales, en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NNUU, está generalizando la exigencia de condicionalidades ESG (iniciales en Inglés de Ambientales, Sociales y de Gobernanza) para dar prioridad de acceso al financiamiento de proyectos públicos y privados.

Parte I/II: Los riesgos de sólo intentar volver a una Democracia Electoral

El presente escrito es el primero de dos artículos dedicados a discutir la necesidad de que los venezolanos nos planteemos algo más que regresar a la democracia electoral de finales del Siglo XX, una vez que logremos salir del actual régimen político.

Los dos artículos están motivados en el convencimiento de que nuestro país solo podrá progresar y disfrutar de libertad estable en el futuro si, además de producir el cambio de régimen, pone en marcha reformas y políticas que la lleven a vivir un Nuevo Estilo de Desarrollo, que implica en términos político-institucionales un sistema político que sea capaz de proveer oportunidades reales de progreso, libertad y seguridad para todos los ciudadanos, además de alternar los gobiernos por la vía de elecciones libres. A esa gobernanza nos referimos como una democracia plena, para diferenciarla de la incompleta democracia electoral a la que aluden distinguidos constitucionalistas venezolanos que califican así a una gobernanza en la que destaca un rasgo necesario pero insuficiente para caracterizar a una democracia que es cabal.

LA PRECARIEDAD SOCIAL EN LA PÉRDIDA DE NUESTRA DEMOCRACIA

La pérdida del régimen de libertades de la que los venezolanos son conscientes hace 23 años, tiene mucho que ver con la elevación de la pobreza que sucedió en las dos décadas previas a 1998, años que vieron crecer nuevamente la precariedad social que Venezuela había logrado reducir en los primeros veinte años de la democracia.

Para 1971 se estimaba la población pobre de Venezuela en menos del 30% del total (no más de 2.9 millones de habitantes), pero a partir del agotamiento del boom de los precios internacionales del petróleo y hasta 1998, esa proporción creció sostenidamente hasta un 64% (14,9 millones de personas), como resultado de varios factores, entre ellos una excesiva intervención del Estado en la economía y varios importantes errores de política económica que hicieron crónica la inflación y nos limitaron a un crecimiento muy débil del PIB y de la creación de empleos, factores que no comentamos aquí porque han sido analizados y debatidos in extenso por expertos y políticos a lo largo de cuatro décadas.

Lo que no ha sido destacado de la misma manera, y pareciera necesario que entiendan todos los liderazgos, es que casi todos los gobiernos de las dos últimas décadas del Siglo XX asumieron una línea de conducta política que es contraria a las lógicas del progreso y conduce a elevar la pobreza y multiplicar las oportunidades de corrupción en el Estado: derivaron hacia el populismo clientelar.

En pocas palabras, en los últimos veinte años de su vida, el régimen democrático de Venezuela fue incapaz de superar el estadio de democracia electoral que ya había alcanzado a finales de los años 60 porque no hizo lo necesario para convertirse en una democracia plena, una capaz de proveer oportunidades de progreso, libertad y seguridad a todos sus ciudadanos, además de elecciones periódicas libres para alternar a los gobiernos.

Permitir que la gobernanza se estanque en una democracia electoral contribuye a consolidar liderazgos populistas clientelares que ven a los miembros de la sociedad como electores a captar como clientes, más que ciudadanos cuya realización se debe propiciar, dirigentes que consideran necesaria la existencia de un “robusto sector público de la economía” desde el cual hacer política con los empleados y las contrataciones del Estado, y políticos proclives a prácticas impropias en el manejo de los recursos públicos.

En los últimos veinte años del Siglo XX la respuesta que dio la democracia electoral a la pobreza creciente fue subsidiar el consumo de los hogares populares esperando de ellos una conducta electoral favorable en los comicios, mientras descuidaba los sistemas responsables de crear bienes públicos, entre ellos los de educación, salud y seguridad social, que de mantener su calidad habrían ayudado a los miembros de aquellas familias a desarrollar capacidades de agencia, con las cuales construir autónomamente las vidas que cada quien hubiese tenido razones para valorar.

El incremento de la pobreza que derivó de esos veinte años de democracia electoral creó tensiones e inconformidades que aprovechó el chavismo para llegar al poder. La historia más reciente es muy conocida; el Socialismo del Siglo XXI exacerbó la manipulación clientelar sin reducir la pobreza, la cual se elevó a cifras exorbitantes, propició la violencia y sembró eficazmente el odio entre clases sociales, dramas que no mermarán automáticamente con la salida del socialismo del poder.

En 2021, después de más de dos décadas de un régimen que ha destruido las capacidades, las instituciones y la cohesión social de Venezuela, la mayoría de los venezolanos desea volver a la democracia. Pero lamentablemente no vemos en la mayor parte de los liderazgos democráticos señales de que quieran ir más allá de recuperar la democracia electoral.

Al juzgar las prácticas políticas de los líderes de hoy, la manera de confrontar a sus rivales, sus mensajes de campañas referidos al progreso y a lo social en general, debemos concluir que ellos, salvo honrosas excepciones, son populistas clientelares, a pesar de que casi todos dicen apoyar una reducción del exagerado rol del Estado en la economía, uno de los factores que -como hemos dicho- han impedido por cuarenta años nuestro progreso.

EL RIESGO DE CONFORMARNOS CON RECOBRAR UNA DEMOCRACIA ELECTORAL

Imaginemos qué podría suceder seis o siete años después de desembarazarnos del régimen socialista, si en ese período nos hemos conformado con regresar a la democracia electoral con la lógica populista clientelar de sus liderazgos. Si esa es nuestra meta referida a la democracia, dos motivos hacen que sea muy alto el riesgo de perder nuevamente el régimen de libertades en los primeros comicios normales que sucedan al final del período.

En primer lugar, el chavismo y otros neopopulismos de izquierda radical sobrevivirán a la recuperación de las libertades, continuarán sembrando odios y provocando tensión y violencia en todas partes, para desprestigiar a la democracia y llegar nuevamente al poder apoyados en sus discursos de redención social. En segundo lugar, en ese lapso no se producirá un milagro económico venezolano capaz de reducir sensiblemente la pobreza desde los niveles de 97% actuales, partiendo de una economía destruida y de una industria petrolera incapaz de obtener más del 20% de lo que producía a finales del Siglo XX, cuya recuperación a aquellos niveles tomaría aproximadamente siete años con inversiones de unos ciento cincuenta millardos de dólares.

Para que Venezuela pueda recuperarse como nación y para que sea capaz de conjurar los riesgos de retroceso que la acecharán en el primer período post-socialista, es necesario que se dedique, desde el primer día y febrilmente, a construir una democracia plena.

El segundo artículo de esta serie explica los componentes del Pacto para la construcción de una Democracia Plena al que alude el título de los dos escritos. Un pacto así deberá reunir las reformas y políticas que son necesarias para que Venezuela comience tempranamente a proveer para todos oportunidades de progreso y de realización autónoma, poniendo al Estado al servicio de los ciudadanos y no al revés como ha sido la situación en nuestras últimas décadas.

El cambio de régimen político que espera la mayoría de nuestros compatriotas es indispensable, pero no será capaz de asegurar el progreso y la expansión de las libertades de los venezolanos, a menos que rebasemos la crisis de desarrollo que empezamos a vivir hace cuatro décadas, cuando el populismo clientelar se hizo el instrumento principal del estilo rentista que comenzó a agotarse. Es indispensable que superemos ese estilo y nos desembaracemos de su legado cultural.

La sociedad venezolana y sus liderazgos deben tomar conciencia de que retomar una senda democrática y lograr progreso y libertad sostenibles en el futuro, exige ir más allá de programas y proyectos concebidos para inaugurar un nuevo gobierno, en los que parecieran concentrarse las propuestas que circulan bajo el auspicioso título de Plan País.

Requerimos asumir un nuevo estilo de desarrollo, que asegure permanentemente el funcionamiento de unas dinámicas sociales que conduzcan a resultados distintos de los que hemos cosechado en los últimos cien años:

1. un incremento incesante de las capacidades humanas de todos los venezolanos, para que cada quien pueda hacerse agente de su propia vida y no tener que hipotecar su autonomía;
2. un crecimiento económico vigoroso que no dependa del protagonismo del Estado, del que se beneficien todos los hogares, que genere muchos empleos en condiciones de trabajo decente y que ocurra en armonía con la naturaleza;
3. una cohesión social creciente, sustentada en que todos progresemos y en el reconocimiento mutuo y la cooperación entre grupos sociales;
4. y unas instituciones inclusivas que apoyen la lógica anterior, que estén efectivamente al servicio de los ciudadanos y que defiendan la libertad, la igualdad de oportunidades y los derechos de todos.

Consolidar logros en la dirección del nuevo estilo obliga a desaparecer las conductas clientelares y de persecución de rentas en las que han participado en el pasado los actores políticos y una buena parte de los actores económicos de nuestro país.

La pérdida que hemos sufrido en nuestras capacidades, la degradación de nuestras instituciones y la destrucción de nuestro tejido social son tres graves problemas que se nos hicieron crónicos por cuarenta años y que explican nuestro derrumbe actual. Los debemos resolver con unas estrategias que cambien dramáticamente las orientaciones que venimos siguiendo desde el siglo pasado.

Restituir la generación de capacidades

El primero de los graves problemas que nos llevaron a donde estamos es el decaimiento de las aptitudes, habilidades y competencias de que disponemos para generar progreso, como individuos y como sociedad. En efecto, por cuarenta años hemos mantenido tres tendencias negativas en la creación de capacidades, que se expresan en una reducción de la escala de nuestro aparato productivo, en la disminución del acceso de la población en edad escolar a la educación de calidad, y en un importante rezago en el dominio del conocimiento y su aplicación a la producción.

Para asumir el nuevo estilo, es necesario implementar una estrategia que promueva la robustez de los sistemas responsables de generar capacidades en Venezuela y una intensa interacción entre ellos y de ellos con el resto del mundo, para aprovechar en todo momento lo más valioso de las tendencias globales y lo mejor de nuestros valores y nuestra cultura.

Se trata de reformas y políticas relativas a la elevación de la calidad y la pertinencia de nuestra educación en sus diversos niveles; de políticas activas dirigidas a incentivar el desarrollo y la consolidación de un robusto sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación; y de un nuevo sistema regulatorio que afecte al aparato productivo, petrolero y no petrolero. Todas esas reformas y políticas deben avivar de forma permanente la creación de las capacidades que requerimos, y revertir los vicios que las han hecho mermar en las últimas décadas.

Una reforma institucional que ponga el Estado al servicio del ciudadano

El segundo gran obstáculo que ha derivado del agotamiento del estilo rentista de desarrollo es que a lo largo de los últimos cuarenta años nuestras instituciones se han degradado. La segunda estrategia para el establecimiento del nuevo estilo de desarrollo debe implantar una lógica de innovación permanente en las instituciones, que afecte -entre otros ámbitos- al ejercicio de la política, a nuestras relaciones con el resto del mundo y a la rendición de cuentas del Estado; a los sistemas regulatorios de la economía; a la fuerza armada, al sistema de justicia y de protección de los derechos humanos; a las instituciones responsables de la seguridad social; y a la educación superior.

Reconstruir el tejido social desecho, que pone en riesgo a la nueva democracia

Y nuestro tercer gran problema, derivado de los dos anteriores y a la vez coadyuvante para que aquellos no se resuelvan, es la pérdida de nuestra cohesión como sociedad, la cual ha venido asociada a la exclusión social que vemos crecer desde la década de 1980, agravada por la siembra de odios que implantó el régimen socialista desde 1999. Nuestro tejido social está deshilachado y a menos que lo reconstruyamos, la democracia que recobraremos estará en riesgo de perderse nuevamente frente al neopopulismo, que no desaparecerá al librarnos del regimen socialista.

Para enfrentar este tercer problema, la estrategia de reconstrucción del tejido social debe promover la reconciliación con justicia, por una parte, y por la otra la desaparición de los mecanismos que generan y perpetúan la exclusión social en nuestro país, a través de un Pacto de políticas públicas para el progreso de todos y la superación de la pobreza, que comprometa a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y laborales y las iglesias, entre otros actores, a ser implementado sin descanso por unos 25 años.

El Pacto debe asignar la más alta prioridad a un conjunto de programas apoyados en reformas institucionales y en políticas económicas, educativas, de seguridad social y de infraestructuras y mejora del hábitat popular, que se mantenga a través de sucesivos períodos presidenciales, dirigidos a la creación de capacidades y oportunidades para el progreso de todos, con logros específicos en los horizontes de largo, mediano y corto plazo.un pacto de políticas públicas.