Observación electoral, fundamental en las parlamentarias
Una decena de garantías ofrecidas por el gobierno apuntan a generar confianza ante la comunidad internacional sobre el proceso electoral 2020. El OEV las contrasta y hace sus apuntes: electores desconocen el sistema automatizado de votación, el ventajismo ya empezó a manifestarse en medios públicos y organismos desaconsejan la tinta indeleble en pandemia.
La observación electoral independiente está siendo un elemento de primer orden en el contexto electoral de Venezuela. Los tiempos y los debidos procesos, sin embargo, parecieran jugar en contra en el caso de los organismos internacionales convocados a las elecciones parlamentarias 2020.
La Unión Europea asomó a través de una portavoz, el 11 de septiembre, que “el tiempo ya es demasiado corto” para desplegar una Misión de Observación Electoral si la autoridad venezolana no retrasa la votación más allá del 6 de diciembre. Nicolás Maduro ya había dicho tres días antes que “llueva, truene o relampaguee estas elecciones tienen que hacerse de todas todas”.
Por lo general, y como se ha visto frente a otros procesos del mundo, la UE requiere alrededor de seis meses para su organización. Europa no observa un proceso electoral en Venezuela desde la elección presidencial de diciembre de 2006, cuando validaron el resultado electoral al tiempo que cuestionaron “problemas persistentes” de ventajismo a favor de la tendencia gubernamental.
Portavoces de la Organización de Naciones Unidas han precisado en el pasado que la observación electoral de la ONU requiere el mandato del Consejo de Seguridad o la Asamblea General. En el primer caso, el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que haría falta el voto afirmativo de nueve de sus 15 miembros, sin que ninguno de los cinco permanentes se oponga; en el segundo, conforme al artículo 18 de la misma carta, debe mediar el voto de la mayoría de los miembros presentes y votantes (de 193, en total).
La ONU no ha observado ningún proceso electoral nacional, aunque Venezuela le ha extendido antes la invitación, por ejemplo, para las cuestionadas presidenciales de 2018.
Existen otras figuras intermedias, como por ejemplo las veedurías técnicas de expertos, que también pueden estar sobre el escenario.
El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, envió el 1 de septiembre una carta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y a Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la cual los invitan “como observador y acompañante internacional” de las elecciones parlamentarias 2020. Venezuela lo hace con la seguridad -se lee- de que una serie de garantías acordadas serán consideradas como parte de las medidas de generación de confianza.
Garantías ofrecidas
En la carta se afirma que el Estado “ha convenido un marco de garantías para una participación electoral equilibrada, incluyente y democrática apegadas con el orden jurídico vigente”. De su lectura es posible listar las siguientes:
Una serie de auditorías previstas en todas las etapas del proceso electoral, profundizando en las referidas a los procesos de seguridad y confiabilidad del sistema automatizado de votación.
Una serie de ajustes al cronograma electoral que permitan promover la participación y la más amplia difusión de las ofertas electorales. Se da garantía del “estricto equilibrio en el acceso y la cobertura objetiva de la campaña y de estas ofertas electorales tanto en los medios de comunicación públicos como privados y procurándose lo mismo en las plataformas de redes sociales”.
Garantizan que cada partido político recibirá todos los elementos técnicos y logísticos necesarios para verificar la “pulcritud del proceso”, incluyendo la publicación del “resultado electoral, como siempre, centro por centro y mesa por mesa”.
Especial énfasis en “garantizar y facilitar de manera plena la libre movilidad territorial por cualquier medio de todos los involucrados en el proceso de elección”.
Se mantiene el protocolo de auditoría ciudadana establecido desde 2006.
En apego a la Constitución, se afirma que “no se utilizarán los recursos del Estado para actividades de corte proselitista en la campaña electoral”.
Sobre los electores integrantes de juntas y mesas, que ya fueron seleccionados, se promete que “serán convocados masiva y públicamente” y que, en caso de ausencia, “serán reemplazados de manera equilibrada”.
El gobierno acordó que los “puntos partidistas desplegados en las calles solo durarán hasta el cierre de la campaña electoral”.
Se lee que “se solicitará al Consejo Nacional Electoral la inclusión de la tinta indeleble”.
Se habla del establecimiento de una comisión “concertada y equilibrada” para monitorear el proceso y abordar los impasses e inconvenientes que puedan surgir. La Cancillería dice que estas garantías son resultado de un “intenso proceso de diálogo”.
El OEV presenta seis apuntes relacionados con aspectos específicos de la carta:
1. Sobre la observación electoral
Unas buenas elecciones requieren niveles razonables de confiabilidad. Y, para alcanzarlos, la observación electoral independiente ha llegado a ser, con el paso de los años, parte necesaria de los protocolos de los procesos electorales en el mundo entero.
En muchos países, los ciudadanos conforman equipos de observación electoral capacitados para evaluar exhaustivamente, con base técnica y sin sesgo político, distintas fases de los procesos electorales, para luego informarlos a la gente y así contribuir a una participación más consciente y responsable.
La observación electoral puede ser nacional, realizada por organizaciones propias del país debidamente acreditadas por la autoridad electoral; e internacional, hecha por misiones desplegadas en el país por parte de organizaciones internacionales públicas (como la ONU o la UE) o fundaciones privadas (como el Centro Carter, que tuvo actividad en Venezuela en la década pasada) invitadas por la autoridad electoral.
Para que se hable propiamente una observación electoral existen metodologías, protocolos, especializaciones y capacidad demostrada en procedimientos y técnicas electorales por parte de estas organizaciones.
La observación de procesos electorales se orienta a identificar y prevenir errores o distorsiones que puedan afectar su naturaleza y resultados. Es tarea irrenunciable de las organizaciones de observación electoral evaluar los procesos electorales, denunciar violaciones e irregularidades que ocurran en su marcha y exigir respeto al derecho al sufragio de todos.
En Venezuela, el Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales diferencia “la observación nacional electoral y el acompañamiento internacional electoral”, estableciendo que ambas tienen como propósito presenciar, de manera imparcial e independiente, la transparencia de los procesos electorales.
En la práctica, acompañamiento no es observación.
Los llamados acompañamientos internacionales terminan siendo más restrictivos, en tanto las misiones suelen llegar al país pocos días antes de las votaciones, sin hacer observación del resto del proceso electoral.
En comicios anteriores la autoridad electoral venezolana ha resuelto invitar a determinados ciudadanos provenientes de otros países que se han destacado por su conocimiento, trayectoria y reconocida labor en materia electoral para que sirvan como acompañantes. Difícilmente estas personalidades tienen margen para desplegar procedimientos y técnicas de observación electoral independiente.
En un escenario de equilibrio y respeto a la norma, la observación electoral, nacional e internacional, se complementan.
La observación electoral nacional cuenta con la fortaleza de que conoce el escenario nacional y despliega equipos en todos los estados del país. En el caso del OEV, ha desplegado desde 300 y hasta 700 observadores electorales y ha hecho observación electoral de tres elecciones presidenciales (2012, 2013 y 2018), dos elecciones de gobernadores (2012 y 2017), tres elecciones municipales y/o de concejos municipales (2013, 2017 y 2018), una elección parlamentaria (2015), además de otros procesos como el intento de convocatoria de un referendo revocatorio presidencial (2016), la consulta del 16-J (2017) y la validación de partidos políticos (2018).
Los organismos que hacen observación electoral internacional, entre tanto, tienen equipos permanentes de trabajo sobre los asuntos electorales, llevados de manera profesional, con técnicas y procedimientos electorales. Igualmente, la observación electoral internacional encuentra alta capacidad para difundir los mensajes de los resultados de esa observación.
La sinergia entre estos dos tipos de observación electoral resulta muy positiva para las elecciones, los sistemas electorales y la salud democrática de cualquier país.
En la actual coyuntura, las medidas que impone el contexto de pandemia también deben ser consideradas, desde luego, en la observación electoral de todo proceso.
En el cronograma de este proceso electoral 2020 no se contempla actividad alguna, por lo menos no de manera explícita, referida a la observación electoral nacional ni a la observación internacional. En el cronograma 2015, su actividad número 83 sí estuvo referida al “Programa de acompañamiento internacional electoral”. Entonces participamos cinco organizaciones nacionales junto a por lo menos tres internacionales.
2. Sobre las auditorías
El cronograma electoral del proceso parlamentario 2020 contempla 15 auditorías. A mediados de septiembre se han realizado dos, de acuerdo con la planificación establecida. Se ha informado que estas han tenido participación de representantes de los partidos políticos, pero se ignora si ha sido incorporada la observación electoral independiente, como en procesos anteriores.
En la carta de la Cancillería se afirma que se profundizará en las auditorías referidas a los procesos de seguridad y confiabilidad del sistema automatizado de votación. Sin embargo, luego del incendio de marzo de 2020 en Mariches que causó la destrucción de buena parte de las máquinas electorales, la opinión pública mantiene grandes interrogantes sobre el sistema automatizado de votación que se utilizará el 6 de diciembre.
En nota de prensa, el 1 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que había sido presentada en directorio la “nueva solución tecnológica electoral” que será utilizada en las parlamentarias. A grandes rasgos, se indicó que “fortalece nuestro sistema electoral”, que se podrá ejercer el derecho al voto “de manera segura y confiable” y que, de este modo, “se mantiene la confiabilidad y la transparencia del proceso electoral”, el cual es “verificable y auditable en cada unas de sus fases”.
Los venezolanos, sin embargo, están en el derecho de conocer de manera precisa y detallada sobre el proveedor de los equipos, las licitaciones, el software y el hardware, si se votará directamente en la pantalla o en una boleta electrónica, entre otras tantas dudas que persisten, a la fecha, en relación con el sistema automatizado de votación.
Siendo la primera vez que se usará este sistema, el escrutinio público de los distintos actores políticos y de la sociedad civil mediante estas auditorías cobra una importancia mucho mayor.
3. Sobre el equilibrio en medios
Por lo menos dos reuniones virtuales del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el 3 de agosto (1 hora y 35 minutos) y el 17 de agosto (2 horas y 16 minutos); otra videoconferencia pública con el movimiento de la alianza electoral oficialista Somos Venezuela, el 28 de agosto (1 hora y 17 minutos); el acto de presentación del comando de campaña de la coalición gubernamental Gran Polo Patriótico, el 8 de septiembre (2 horas y 16 minutos), y la juramentación de candidatos de la llamada Unidad Revolucionaria en Caracas, el 10 de septiembre (45 minutos) han sido cinco actos mediáticos recientes, de carácter partidista y electoral, que van configurando un patrón de acceso desigual a la promoción de ofertas electorales que contraviene lo ofrecido por el canciller Arreaza en su carta a la UE y la ONU.
Estos actos han sido transmitidos por el canal del Estado y retransmitidos por estaciones de radio públicas y, en algunos casos, por televisoras privadas, sin que medie en estos casos la figura de cadenas nacionales o transmisiones conjuntas de radio y televisión. Sobre el tema, el exgobernador y ex candidato presidencial Henrique Capriles criticó que “ahora simulan que no hay cadena, pero obligan a todos los canales a pegarse a la señal del canal 8; eso es inaceptable”, dijo en entrevista con Efecto Cocuyo el 8 de septiembre.
Tanto el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establecen que el Poder Electoral debe garantizar la igualdad e imparcialidad de los procesos electorales y que el proceso electoral se rige, entre otros, por principios de imparcialidad, equidad e igualdad.
La campaña electoral, según cronograma, no empieza sino hasta el 19 de noviembre; a la fecha, todavía no ha sido publicado el reglamento que la regirá. La autoridad electoral debe vigilar y exhortar a evitar los ventajismos en el acceso a difusión de candidaturas antes del inicio formal del lapso de campaña, que en este proceso parlamentario será de escasos 15 días.
Asimismo, sobre la garantía ofrecida de la no utilización de los recursos del Estado para actividades de corte proselitista en la campaña electoral, esta es una obligación no solo durante el lapso específico de la campaña, sino que debe ser extensiva a todo el curso del proceso electoral.
4. Sobre la publicación de resultados
La publicación de resultados electorales centro por centro y mesa por mesa fue incumplida en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, lo cual sumó nuevas dudas a un proceso electoral que arrastró inobservancias de la norma desde su convocatoria y diseño y hasta la auditabilidad de esa votación.
El OEV ya ha advertido que en el cronograma 2020 figura como una actividad la “Publicación de resultados electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela (www.cne.gob.ve)”, con una duración de 30 días siguientes a la proclamación. Pero en el cronograma 2015 fueron separadas como dos actividades distintas la “Publicación de resultados electorales en www.cne.gob.ve” (2 días, 6 y 7 de diciembre de 2015) y la “Publicación de resultados electorales en la Gaceta Electoral” (dentro de los 30 días siguientes a la proclamación).
5. Sobre los puntos partidistas
El OEV ha definido los puntos partidistas como la presencia de una fuerza política en los alrededores de los centros de votación en un tiempo prolongado durante la jornada electoral. No necesariamente tienen una estructura muy elaborada, pueden estar constituidos por pocos militantes con listas para registrar votantes, como grandes toldos con computadoras y artefactos para escanear el Carnet de la Patria (este último solo en caso de los “puntos rojos”).
Tienen como objetivo rastrear, movilizar o informar al electorado acerca de cómo votar por una de las opciones específicas. Y es, así mismo, una manera de llevar el control al momento sobre quiénes han votado y quiénes no.
El oficialismo ha convertido en regla y no en excepción el despliegue de los llamados “puntos rojos” durante jornadas de votación anteriores. En las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, durante su observación electoral el OEV documentó que en ocho de cada diez centros observados se evidenció la presencia de puntos partidistas a favor del oficialismo, mientras que solo en uno de cada diez se reportaron puntos partidistas opositores.
La solicitud del Carnet de la Patria, el registro de votantes y la orientación al voto hacia el candidato a la reelección fueron las principales actividades realizadas entonces en estos puntos oficialistas.
El OEV saluda el anuncio del gobierno de no desplegar sus “puntos rojos” durante la o las jornadas de votación de las parlamentarias 2020; una acción que, en procesos anteriores, ha añadido otra cuota de ventajismo y coacción a los comicios. Esperamos que ese ofrecimiento se materialice.
6. Sobre la inclusión de la tinta indeleble
En tiempo de pandemia, cada elección en el mundo implica la garantía de nuevas condiciones sanitarias que reduzcan los riesgos de contagio.
En su manual “Safeguarding Health and Elections”, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) dice que si se usa tinta indeleble para marcar a los votantes que emitieron sus votos, los árbitros deberían animar a los votantes a desinfectar sus manos usando algún método recomendado y secándolos completamente antes de aplicar la tinta en los dedos y las uñas.
En este caso, los votantes deben también permitir que la tinta se seque antes de desinfectar sus manos nuevamente para obtener mejores resultados. Las autoridades, dicen, deben considerar los productos de tinta que vienen en envases autoaplicables, como botellas, para evitar la necesidad de contacto entre trabajadores electorales y votantes.
La OEA, por su lado, llama a evaluar antes los riesgos. En su “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia” dicen que los órganos electorales debieran consultar a fabricantes, así como con expertos y autoridades de salud, los riesgos que supone la tinta indeleble. “Se puede explorar con ellos alternativas o modalidades que reduzcan las posibilidades de contagio o que evite que la persona deba apoyar su dedo directamente en la tinta”.
A diferencia de procesos anteriores, en el de las parlamentarias 2020 no figura auditoría de tinta indeleble en el cronograma.
En Venezuela se usó tinta indeleble en elecciones desde 1964 hasta 2015. Se dejó de emplear para la escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, luego de que la Universidad Central de Venezuela, fabricante del producto, cuestionara la naturaleza democrática de ese proceso. Tampoco fueron entintados los dedos de los votantes durante las más recientes elecciones de gobernadores y alcaldes de 2017, en las cuestionadas presidenciales de mayo de 2018 ni en las elecciones de concejales de finales de ese mismo año.
En resumen, se espera que en breve la ONU y la UE ofrezcan una contestación formal en términos más concretos a la carta de la Cancillería. El reciente adelanto extraoficial de la UE no niega de plano la posibilidad de enviar expertos, sino que sugiere que lo mejor es posponer la votación. “Se deben cumplir las condiciones mínimas para elecciones creíbles, inclusivas y transparentes” para el despliegue de una misión, dijo la portavoz. En todo caso, se prevé que cualquier observación electoral será, en gran medida, a través de la modalidad virtual.
Ni el chavismo ni la oposición que participa lograron perfecta unidad en sus alianzas
El Consejo Nacional Electoral anunció el 5 de septiembre que recibió “más de 3.300 postulaciones por parte de las organizaciones con fines políticos” y que igualmente fueron presentados los nombres de “más de 14.400 candidatos y candidatas” como opciones para que los venezolanos elijan el 6 de diciembre a los diputados a la Asamblea Nacional.
La actividad “Presentación de postulaciones” quedó fijada en el Cronograma Electoral entre el 10 y el 19 de agosto, pero el CNE la prorrogó 16 días más, hasta el 4 de septiembre. No fue informado de manera amplia ni oportuna en cuáles lapsos fueron reprogramadas actividades subsiguientes como la presentación y decisión de posibles recursos en contra de la admisión o rechazo de las postulaciones.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece (artículo 65) que los interesados “podrán interponer recurso contra postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral, dentro de los cinco días continuos siguientes a la publicación de la decisión en la cartelera electoral del respectivo organismo electoral”. Luego, (artículo 68) recibido el recurso contra postulaciones, la instancia sustanciadora del Consejo Nacional Electoral se pronunciará sobre su admisibilidad dentro de los cinco días continuos siguientes a su recepción.
El 9 de septiembre se efectuó en Caracas el acto de escogencia de posición en el instrumento de votación de los partidos políticos nacionales; por redes se conoció que el 11 de septiembre, en las oficinas regionales se cumplió el mismo procedimiento para los partidos políticos regionales.
Sin embargo, la primera versión del Cronograma Electoral (que no actualiza los ajustes necesarios derivados de las dos prórrogas dadas a la presentación de postulaciones), estableció que el lapso para la actividad “Acto de escogencia posición en la boleta electoral electrónica” era del 7 al 9 de septiembre.
¿Quiénes y cómo van a la cita electoral?
Tanto el oficialismo como los sectores de oposición que participan conformaron distintas alianzas que, a continuación, describimos:
Alianza Democrática: la conforman Acción Democrática (AD), con la mesa directiva ad hoc impuesta por el TSJ en junio de 2020, que encabeza Bernabé Gutiérrez; el ala del partido socialcristiano Copei que tiene como secretario general a Juan Carlos Alvarado, nombrado por el TSJ en diciembre de 2019; El Cambio, plataforma del ex candidato presidencial Javier Bertucci; Avanzada Progresista, cuyo líder es el ex candidato presidencial y ex gobernador de Lara Henri Falcón; y Cambiemos, la formación política de Timoteo Zambrano.
En rueda de prensa indicaron que inscribieron candidatos en todos los estados y en las 87 circunscripciones. Alianza Democrática no tiene tarjeta propia, pero Bertucci informó que lograron los mismos candidatos para ser votados en las tarjetas de estos cinco partidos.
Alianza Venezuela Unida: la encabeza el diputado de la Asamblea Nacional Luis Parra, vinculado a Primero Justicia (PJ), quien declaró a los medios el 4 de septiembre luego de presentar sus postulaciones. Lo acompañan legisladores que lo apoyaron el 5 de enero en la constitución de su junta directiva, entre ellos José Gregorio Noriega, a quien el TSJ entregó la conducción del partido Voluntad Popular (VP) en julio de 2020.
La tarjeta de Primero Justicia no aparece luego de la escogencia de posición en el instrumento de votación. El 4 de septiembre, último día de postulaciones, la Sala Constitucional del TSJ, en sentencia Nº 0128, decidió suspender la medida cautelar de tutela constitucional contenida en el numeral 2 del dispositivo tercero de su sentencia N° 0072, de fecha 16 de junio de 2020.
La referida sentencia fue la que intervino judicialmente la dirección nacional de PJ. El dispositivo suspendido fue el que acordaba el nombramiento de una junta directiva ad hoc presidida por el diputado José Brito, como coordinador nacional.
Se conoció que esta alianza se expresa en la boleta con las tarjetas de Venezuela Unida (con un diseño azul, que se asemeja a la anulada tarjeta de la MUD), Primero Venezuela (en tipografía aurinegra, colores de Primero Justicia) y la tarjeta naranja de Voluntad Popular, que está bajo control de la directiva ad hoc nombrada por el TSJ en julio de 2020.
Venezuela Unida y Primero Venezuela no estaban en la lista de las 30 organizaciones políticas nacionales vigentes para estas elecciones, en la más reciente actualización al 3 de julio que ha sido publicada en la web del CNE.
Alternativa Popular Revolucionaria: deslindado del Gran Polo Patriótico, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) divulgó un comunicado el 11 de agosto en el cual anunciaron la constitución de la APR junto a Patria Para Todos (PPT, intervenido judicialmente 10 días después, el 21 de agosto), Izquierda Unida (IU), Corriente Marxista Lucha de Clases, Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), MBR-200, Red Autónoma de Comuneros, Compromiso País (Compa) y Somos Lina, entre otras organizaciones regionales. En una carta, el 7 de septiembre, actualizan sobre la intervención del Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT), “cuya corriente principal que fue despojada de su tarjeta electoral se incorporó a la APR”.
Se definen como una alianza antiimperialista y verdaderamente socialista, dirigida a proporcionar un nuevo referente de izquierda para los venezolanos. Hablan, entre otros aspectos, del rescate de las “conquistas que fueron alcanzadas con Chávez -y que han sido desmontadas por este gobierno-”.
La Alternativa Popular Revolucionaria no tiene tarjeta propia. Cuando sus impulsores presentaron postulaciones en el CNE, el 26 de agosto, voceros informaron que inscribieron candidatos a través de la tarjeta del PCV, que figura en la tercera fila de la boleta.
Gran Polo Patriótico: la alianza oficialista está conformada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) junto a otras ocho formaciones aliadas: Patria Para Todos (PPT) y Tupamaro, ambos con las juntas directivas nombradas por el TSJ en agosto de 2020; Movimiento Político Alianza para el Cambio (MPAPC), Unidad Popular Venezolana (UPV), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Por la Democracia Social (Podemos) y el Movimiento Somos Venezuela.
Cada partido de estos nueve tiene su tarjeta y son las primeras que se leen en la boleta, porque la escogencia se hace tomando como referencia el número de votos lista obtenidos por las organizaciones con fines electorales en la última elección de cuerpos deliberantes. Para la más reciente cita de este tipo, la mayoría opositora declinó participar. Las nueve formaciones postularon a los mismos candidatos, en una propuesta unitaria nacional.
Destacan aquí como candidatos a diputados los nombres de ocho ministros del gabinete de Nicolás Maduro que recién se desincorporaron del Ejecutivo para ir a la contienda electoral; el ex gobernador del Táchira José Vielma, que encabeza la lista por Carabobo; Nicolás Maduro Guerra, primero en la lista por el estado La Guaira; y el ex gobernador de Carabobo Francisco Ameliach, que encabeza la lista por Lara, informó VTV.
Entre los candidatos por la nueva lista de adjudicación nacional de 48 diputados están los nombres de Diosdado Cabello, Cilia Flores, Iris Varela, Ilenia Medina, Didalco Bolívar, Fernando Soto Rojas y Mario Silva, entre otros dirigentes políticos del chavismo, presentados en acto el 8 de septiembre y reseñados en nota del canal del Estado.
La Fuerza del Cambio: abajo y a la izquierda quedó esta tarjeta, presentada para la elección presidencial de 2012 como una herramienta del entonces candidato opositor Henrique Capriles para acreditar testigos en las mesas. En 2018 un grupo de alcaldes de oposición reactivó esta tarjeta para la defensa de sus concejales en la elección de concejos municipales de ese año.
Capriles, uno de los fundadores de Primero Justicia, confirmó que a través de esta tarjeta, y en vista de que se terminaba el lapso de postulaciones y está en ejecución un cronograma, reservaron los espacios para no quedar por fuera. Aún condiciona que su propuesta llegue efectivamente hasta el 6 diciembre, “porque estamos peleando condiciones”, dijo el 8 de septiembre a Efecto Cocuyo. “No hay candidatos en este momento presentados, lo que hicimos fue llenar los espacios con gente de militancia que no va a ser los candidatos definitivos que se presenten”.
El propio Capriles no puede ser candidato, porque en 2017 la Contraloría lo inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta el año 2032.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales (artículo 63) establece que las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral. La sustitución de un candidato constituye una nueva postulación y, en consecuencia, cuando el postulado sustituto no sea un candidato previamente admitido, deberá cumplir con los requisitos de ley.
El Reglamento General de esta misma ley establece (artículo 162) que ninguna Junta Electoral tramitará sustitución o modificación de postulaciones bajo la modalidad nominal que se presente 10 días continuos antes del proceso de votación. Solo se permitirán modificaciones o sustituciones en las postulaciones a cuerpo deliberantes bajo la modalidad lista, hasta 30 días antes de la elección.
Según la primera versión del Cronograma Electoral (que no actualiza los ajustes necesarios derivados de las dos prórrogas dadas a la presentación de postulaciones), el 10 de septiembre fue la fecha tope para que las modificaciones y sustituciones se reflejen en la boleta electoral.
El lapso para las actividades de sustitución y modificación de postulaciones que no se reflejarán en boleta es del 11 de septiembre al 6 de noviembre para las candidaturas por lista y del 11 de septiembre al 26 de noviembre para las candidaturas nominales, según el cronograma.
Soluciones, Redes y aliados: Claudio Fermín, líder de Soluciones para Venezuela (SPV), forma parte de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, la misma que pactó acuerdos electorales con el gobierno sin la participación de la mayoría opositora. El ex candidato presidencial, sin embargo, no fue en alianza con sus pares. Crónica Uno informó que Soluciones inscribió sus candidatos propios y que irá en alianza con Redes, partido fundado por Juan Barreto, y otros sectores sindicales y campesinos, así como con “militantes decepcionados del chavismo y de la oposición”, dijeron voceros.
Redes fue invalidado por el CNE luego de la renovación de partidos de 2017; en consecuencia, los candidatos se postularon con la tarjeta de Soluciones.
Solos: otros partidos políticos con tarjetas habilitadas por el CNE anunciaron públicamente la presentación de postulaciones al margen de alianzas. Lo hizo el Movimiento al Socialismo (MAS), que también hace parte de la llamada Mesa de Diálogo Nacional; y Prociudadanos, de Leocenis García.
En el instrumento de votación también están las tarjetas de Unidad Político Popular 89 (UPP-89), Nueva Visión para mi País (Nuvipa), Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev) y Unión y Progreso, nueva tarjeta presentada por exdirigentes de Copei, como informó nota de TalCual.
En total, son 26 tarjetas electorales de igual número de organizaciones políticas nacionales las que han sido dispuestas en la boleta nacional. Junto al caso de Primero Justicia, otro vigente pero ausente en esta boleta es Un Nuevo Tiempo. En el instrumento de votación tampoco aparecen Alianza Del Lápiz, Partido Unión y Entendimiento (Puente, de Hiram Gaviria), Generación Independiente (Gente) y Acción Ciudadana en Positivo (ACEP).
En los últimos meses el TSJ decidió nombrar nuevas directivas que quedaron facultadas para utilizar cuatro de estas 26 tarjetas electorales (las de AD, Copei, PPT y Tupamaro), un partido (UPV) introdujo un amparo similar que a la fecha no ha tenido sentencia, y en un caso más (Nuvipa) la organización denunció que cambiaron el representante habilitado ante el CNE.
Entre tanto, en el llamado “Pacto unitario por la libertad y elecciones libres” Juan Guaidó y 37 partidos políticos de oposición se comprometen a “realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”. Enumeran, entre sus líneas de acción, la de “rechazar el fraude convocado por la dictadura para el 6 de diciembre y dedicar esfuerzos para su deslegitimación, dentro y fuera de Venezuela”, se lee en el documento presentado el 7 de septiembre.
Garantía de condiciones sanitarias, punto inobjetable en la agenda
Por lo menos 56 países del mundo han decidido posponer elecciones debido a esta pandemia de COVID-19. En el momento actual, al 15 de septiembre, Venezuela hace parte de otro grupo, de al menos 60 países, que han decidido celebrar elecciones nacionales o subnacionales según lo planeado originalmente, a pesar de las preocupaciones relacionadas con el nuevo coronavirus, según la documentación del IDEA.
De ese segundo grupo, al menos 41 países ya han celebrado elecciones nacionales o referéndums. La novísima experiencia de un proceso electoral en pandemia ha arrojado tanto buenos ejemplos de control de la epidemia como malos ejemplos de rebrotes posteriores, esto de acuerdo al país.
Al respecto, el OEV ha señalado que la garantía de condiciones sanitarias a lo largo del proceso electoral en curso debe ser un punto inobjetable en la agenda. En todo escenario, debe ser prioridad proteger la salud y la vida de los distintos actores que participan en la dinámica electoral.
En este mes de septiembre la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela publicó su Informe 2 sobre el “Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias”.
La Academia afirma que, en Venezuela, la epidemia de la COVID-19 “aún se encuentra en su fase expansiva con un potencial de crecimiento exponencial alto y no existen las condiciones mínimas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud para una flexibilización total”.
“Para la implementación de estrategias de flexibilización parcial se requiere de un sistema de rastreo y vigilancia sustentado en diagnósticos amplios y regulares para evitar un aumento de las tasas de contagio y, con ello, la intensificación de la epidemia”, concluye el informe. En tal sentido, la Academia reitera la necesidad de ampliar sustancialmente y descentralizar la capacidad diagnóstica.
La Academia asegura que “los casos que reportan diariamente las autoridades continúan sin reflejar el tamaño real de la epidemia en Venezuela”. Afirma también que el subregistro “se ha incrementado, debido a que la propagación del virus es más rápida que la tasa de aumento de la capacidad diagnóstica”. Al indicar que existe una “trayectoria ascendente de la epidemia”, advierten en este documento que, de no reducirse significativamente estas tasas de contagio, Venezuela “podría alcanzar” números incluso más altos que los actuales en los últimos tres meses del año.
Propuesta de aplicar la vacuna a candidatos
“Sería una buena idea ponerle la vacuna rusa a los 14 mil 400 candidatos y candidatas que se han inscrito, de más de 107 partidos, de todos los sectores de oposición y chavistas, para que hagan su campaña electoral con mayor seguridad”, dijo Nicolás Maduro el 8 de septiembre. “Es una propuesta para su evaluación técnica, científica, política e institucional”, explicó el jefe de Estado durante una alocución.
La pandemia en curso ha generado importantes desafíos sociales, políticos y legales. A medida que los Estados de todo el mundo adoptan medidas de emergencia para abordar la crisis, la ONU considera fundamental que sigan defendiendo el Estado de derecho, protegiendo y respetando las normas internacionales y los principios básicos de legalidad, así como el derecho a acceder a la justicia, los recursos y los procesos en curso.
El secretario general de la ONU, António Guterres, insta a los gobiernos a ser transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19 para garantizar que cualquier medida de emergencia sea legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria.
En una nota a propósito del Día Internacional de la Democracia, la ONU cita cuatro preocupaciones observadas, una de las cuales está relacionada con el tema electoral:
Distintas medidas para controlar la circulación de información y reprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa en un contexto donde ya se está reduciendo el espacio cívico;
El arresto, la detención, el enjuiciamiento o la persecución de opositores políticos, periodistas, personal médico y de salud, activistas y otros por supuesta difusión de “noticias falsas”;
La ciberpolicía agresiva y una mayor vigilancia en línea;
El aplazamiento de las elecciones, que plantea graves problemas constitucionales en algunos casos y puede provocar un aumento de las tensiones.
Boletín 49
Primera quincena, septiembre de 2020
https://oevenezolano.org/2020/09/boletin-49-observacion-electoral-fundam...