Cada 15 de septiembre, desde 2007, se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Democracia. Desde su proclamación, Naciones Unidas lo entiende como una oportunidad para recordar que la democracia es un proceso y un objetivo, que debe centrarse en las personas y que debe ser entorno para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos.

El principio de celebración de elecciones periódicas por sufragio universal es, claro está, un elemento esencial de la democracia, de acuerdo con la ONU. Pero no el único. En muchos países, las clases políticas todavía quieren hacer creer a sus ciudadanos en aquella fórmula reduccionista “elecciones igual a democracia”; es decir, donde hay elecciones, sean como fueren en garantías y condiciones, automáticamente hay democracia, sin más.

Las elecciones, ciertamente, siguen siendo el centro de la democracia, no solo desde el punto de vista de la práctica política sino también desde el punto de vista teórico, aprecia, de entrada, el profesor del área de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Salamanca, Guillermo Boscán. “Sin elecciones no hay democracia”, abrevia.

Ahora bien, las elecciones tienen necesariamente que estar rodeadas de una serie de garantías y condiciones para ser válidas y considerarse legítimas. “No cualquier elección es suficiente”, advierte Boscán, venezolano y docente de la asignatura Teoría de la Democracia en la universidad más antigua de habla hispana.

En consecuencia, esta definición mínima de democracia (la electoral) no es suficiente. Podemos terminar de redondear esta discusión repasando que las elecciones periódicas, auténticas y competitivas (unas buenas elecciones, como solemos llamarlas en el OEV) son una condición necesaria mas no suficiente para la caracterización de los sistemas democráticos modernos.

En esta misma línea, Boscán toma en cuenta lo que los teóricos llaman “democracia de salida”, la cual se basa en las respuestas del sistema político a los problemas básicos de la gente. “No se trata de una cuestión ideológica, se trata de una cuestión operativa. Es en la resolución de los problemas de los ciudadanos en donde reside el centro de la legitimidad del sistema y su funcionamiento”, ilustra el académico, en entrevista con el OEV.

Modelo en crisis

Que la democracia como sistema está en crisis es una idea que descansa sobre evidencias tanto cuantitativas como cualitativas.

Cuantitativamente, el más reciente Índice Global de la Democracia de The Economist resulta demoledor: si hacemos énfasis en la región, el 98 % de los latinoamericanos no vive en una democracia plena. Las excepciones: Uruguay y Costa Rica. En el resto de los países latinoamericanos, muchas democracias son caracterizadas como defectuosas o híbridas y, en la cola, cuatro regímenes de la región calificados como “autoritarios”, incluida Venezuela, que en líneas generales ocupa el puesto 151 entre el total de 167 países del mundo evaluados.

Cualitativamente, el descontento social con la democracia tiene su raíz, según analistas, en la falta de resultados para la solución de los grandes problemas de nuestro tiempo, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia. Se añade a esto agravantes como la crisis de credibilidad de las instituciones, la creciente polarización afectiva, el potencial de la desinformación y el sistema de vigilancia social, que en Venezuela encuentra una expresión en el Sistema Patria.

Sobre por qué la democracia como sistema de gobierno está en crisis, Boscán coincide en la idea de la irresolución de los problemas básicos. “El momento en que nos encontramos presenta desafíos importantes desde el punto de vista humano, fundamentalmente, en el impacto de las nuevas tecnologías y las formas en que nos relacionamos. La democracia va con retraso en su proceso de adaptación ante los nuevos desafíos”, razona el profesor de Salamanca.

Pese a esto, Venezuela es el segundo país de América Latina con el más alto apoyo de los ciudadanos a la democracia, según el más reciente estudio de opinión pública Latinobarómetro, hecho en 18 países de la región por esta entidad basada en Chile.

Este reporte contextualiza que, el hecho de que en 2021 el 69 % de los venezolanos apoye a la democracia, se corresponde con los altos valores registrados en este indicador a lo largo de los años, que alcanzó su punto más alto en 2013, con 87 % de apoyo. “Parece una paradoja, pero tal vez el hecho de que el sistema democrático en Venezuela está cuestionado explique el persistente apoyo a esta forma de gobierno entre los encuestados allí”, interpretó CNN.

¿Se apoya, porque se percibe débil? Cálculos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con base en las mismas encuestas de Latinobarómetro, revelaron que 84 % de los venezolanos cree que el país “está gobernado en beneficio de los intereses de unos pocos”.

Es tendencia, de hecho, entre los latinoamericanos el rechazo a las “democracias capturadas” o, dicho de otra forma, al proceder de unas élites políticas y económicas minoritarias que defienden sus intereses desde los gobiernos en detrimento de las mayorías sociales de la región.

La herramienta de la observación

Con este marco referencial, los sistemas electorales parecen estar pagando la insatisfacción que está produciendo la no resolución de problemas sociales por parte de los regímenes democráticos. En el mundo actual se celebran votaciones en contextos cada vez más adversos.

Es entonces cuando herramientas de la sociedad como la observación electoral, nacional e internacional, se ofrecen como contribuyentes para elevar la calidad democrática de las naciones.

La observación electoral es fundamental para generar confianza en los procesos electorales, más en democracias en proceso de consolidación, valora el profesor Boscán. Sin embargo, matiza, no podemos olvidar que la observación electoral es una solución a un problema del juego democrático. Se imponen, entonces, más retos.

“Debemos seguir trabajando en la prevención del problema, en la generación de una cultura democrática de respeto y reconocimiento mutuo en la competición electoral. Debemos fomentar el desarrollo de una cultura cívica a largo plazo”, recomienda, desde el campo académico.

Haría falta, añadimos en el OEV, repoblar la política. Unamuno escribió que lo que define a una nación es un proyecto sugestivo de vida en común; los grupos nacionales, añade, “no conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo”. En el marco de esta concepción podría decirse que se trata de tener conciencia de un propósito acordado colectivamente y del esfuerzo diario de todos para transitar una ruta que permita alcanzarlo. Hay, pues, que recuperar la palabra, extraviada desde hace demasiado tiempo. El diálogo y los consensos debieran signar el temperamento de nuestras sociedades, bajo los marcos del estado de Derecho y la separación de los poderes públicos.

En la América Latina de hoy la única vía reconocida por todos para acceder legítimamente a ese poder público es la vía electoral, sentenciaba este mes el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora, durante un evento del órgano electoral mexicano. “Esto hay que protegerlo a toda costa, y hay que protegerlo ahora, porque estamos viendo en algunos países de la región claros intentos por parte de algunos gobiernos y fuerzas políticas por debilitar la independencia y la credibilidad de las autoridades electorales”.

En esto, la observación electoral seguirá siendo clave. Ciertamente existen algunas democracias plenas del mundo que no gozan de una observación electoral robusta, de lo cual se desprende que no es el único descriptor de la calidad de la democracia. Pero, lo que nadie duda, es que la observación electoral sí constituye un indicador de calidad democrática cada vez más importante. Que un Estado se oponga a ella acarrea costos políticos, por lo general elevados. De ahí que concluyamos: la observación electoral es, en el mundo y la región contemporáneos, un blindaje para los sistemas democráticos.

Boletín 90. Primera quincena, septiembre de 2022

https://oevenezolano.org/2022/09/boletin-90-la-observacion-electoral-es-...

A pesar de la resiliencia que las democracias de la región han desplegado durante la pandemia, la calidad de la democracia continúa deteriorándose en las Américas. Más de la mitad de las democracias de América Latina y el Caribe muestran signos de erosión

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una organización intergubernamental que apoya la democracia sostenible en todo el mundo, presentó recientemente su informe “El estado de la democracia en las Américas 2021. Democracia en tiempos de crisis”. El documento ofrece un análisis del estado de la democracia en la región durante el año 2020 y el primer semestre de 2021, un período caracterizado por el desarrollo de la pandemia.

Sobre Venezuela, IDEA Internacional la califica como “régimen autoritario” desde el año 2017. Acompañan al país en esta categoría únicamente Cuba y Nicaragua.

Venezuela es uno de los ocho países que durante el período del informe experimentaron declives del indicador de libertades civiles, y uno de los tres países de la región (junto con El Salvador y México) que también destacan por el descenso registrado en el indicador de independencia judicial en los últimos cinco años.

Justo por estos días, Venezuela se mantiene expectante por la demorada designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), enmarcada en una reforma judicial adelantada por la Asamblea Nacional.

A IDEA Internacional le preocupa que las democracias de países como Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay se hayan erosionado. Brasil, agrega, registra el mayor número de atributos en declive del mundo y desde 2016 transita un proceso de retroceso democrático. En El Salvador, entre tanto, varios aspectos de la democracia han registrado declives.

En líneas generales, este informe presenta 10 hallazgos clave y conclusiones principales:

1. Pese a la pandemia, el número de democracias no ha variado en América Latina y el Caribe en los últimos dos años.

2. La pandemia ha afectado negativamente algunos aspectos de la democracia.

3. A pesar de la resiliencia mostrada durante la pandemia, la calidad de la democracia continúa deteriorándose en la región.

4. La mayoría de las democracias de la región están estancadas en un nivel de desempeño medio.

5. Las autocracias y los regímenes híbridos de la región se han afianzado.

6. Ecuador y República Dominicana destacan por los significativos avances de la calidad de sus democracias.

7. Los ataques a los organismos electorales en Brasil, El Salvador, México y Perú se han tornado más frecuentes en los regímenes democráticos de la región. Se trata de prácticas que amenazan la integridad de los procesos electorales.

8. La ciudadanía sigue desempeñando un papel activo en la defensa de la democracia.

9. Es necesario reforzar los mecanismos regionales de protección de la democracia para que complementen y apoyen a aquellos existentes a nivel nacional.

10. Es vital fortalecer la resiliencia democrática en América Latina y el Caribe.

Sobre esto último, a modo de cierre, la organización considera preciso implementar acciones y repensar cómo la democracia puede brindar respuestas a los viejos y nuevos desafíos que enfrenta la región, con el fin de evitar que sus reservas democráticas se agoten. Es necesario, entre otras cosas, rediseñar los mecanismos de deliberación y de participación ciudadana.

Boletín 81

Segunda quincena de marzo 2022

https://oevenezolano.org/2022/04/boletin-81-el-estado-de-la-democracia-a...

El Consejo Nacional Electoral (CNE) levanta un muro que es imposible de saltar. Con los tiempos, términos y condiciones acordados el 21 de enero, sobre el procedimiento de recolección de manifestaciones de voluntad para tramitar una eventual solicitud de referendo revocatorio presidencial, se está violando de nuevo un derecho constitucional de los venezolanos.

Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, consagra el artículo 72 de la Constitución. A partir del pasado 10 de enero, mitad del período presidencial en curso, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) promovió una solicitud a la cual se sumaron otras dos organizaciones en calidad de adherentes.

Independientemente de lo que cada uno opine sobre el referendo revocatorio y su pertinencia en estos momentos, la obligación del CNE, como ente rector de un poder público nacional, es facilitar el ejercicio de este derecho consagrado en la Constitución, y no bloquearlo. El cronograma aprobado en el directorio, con dos votos salvados entre los cinco rectores principales, dificulta radicalmente la posibilidad de tan siquiera empezar a ejercer el derecho constitucional a revocar.

En primer lugar, el CNE estableció que la jornada única de recepción de las manifestaciones de voluntad fuese el 26 de enero. Esto es, apenas cinco días después de la decisión, lo cual resulta un tiempo insuficiente tanto para notificar oportunamente a los electores sobre los puntos de recepción como para nombrar y acreditar a los testigos ante esos centros.

Más allá de esta logística fundamental, las propias Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular (Gaceta Electoral N°405, 2007), sobre las cuales se basa el CNE para su cronograma de 2022, permiten que esta recepción de manifestaciones de voluntad se realice por un máximo de tres días, y que el lapso para proponer los centros sea de hasta 15 días hábiles, tomando en cuenta las variantes geográficas y de población electoral.

En menos de 24 horas, el 22 de enero, apenas cuatro días antes de la fecha fijada para registrar las manifestaciones de voluntad, el CNE publicó en su web una lista de 1.200 centros a habilitar en el territorio nacional, en horario comprendido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Con base en lo que estable la Constitución, serían necesarias alrededor de 4,2 millones de firmas y huellas válidas en circunscripción nacional para activar un referendo revocatorio presidencial en 2022.

Siendo este el diseño, en promedio cada punto tendría que atender a cinco firmantes por minuto sin pausa durante 12 horas, disponiendo cada uno de los firmantes de 12 segundos, en promedio, para poner cuatro huellas dactilares y firmar en un cuaderno. Esta capacidad instalada implicaría el desplazamiento de electores entre municipios de su mismo estado, en un país con deficiencias de movilidad, acentuadas en tiempo de pandemia. Tenemos, en consecuencia, un número de puntos de recepción absolutamente insuficientes durante un lapso aprobado igualmente insuficiente.

Aun teniendo un número óptimo y bien distribuido de puntos, atenta contra el proceso el poquísimo tiempo disponible para que los electores puedan enterarse suficientemente de qué va esta acción ciudadana, quiénes la promueven, a dónde acudir o cómo acreditarse como testigo. Los electores venezolanos deben tomar una decisión al respecto, cualquiera que sea, y las decisiones responsables se fundamentan en información diversa y oportuna.

Persiste el CNE, por otra parte, en el error arrastrado del anterior intento fallido de revocatorio de querer contabilizar las manifestaciones de voluntad por cada una de las entidades federales del país. Si tan solo un estado no alcanzara el 20% de firmas de sus electores, se anularía automáticamente el proceso del revocatorio, con base en un fallo del Tribunal Supremo de Justicia del año 2016. El artículo 72 de la Constitución establece, sin embargo, que podrá solicitar la convocatoria un número no menor del 20% de los electores “inscritos en la correspondiente circunscripción”. En este caso, estamos ante una única circunscripción nacional por tratarse del cargo presidencial, con lo cual estaría el CNE violando una expresa disposición constitucional.

Todo lo anterior debe tomar en cuenta no solo el curso global y nacional de la pandemia de covid-19, sino el registro, en los últimos días, de los números de casos diarios de contagio más altos reportados por el propio gobierno desde el inicio de la emergencia sanitaria hace casi dos años. Las condiciones de recolección de voluntades establecidas por el CNE para nada consideran las recomendaciones internacionales de estos tiempos en materia de salud pública.

Desde el punto de vista de garantías técnicas, el cronograma aprobado para 2022 tampoco contempla las auditorías del Registro Electoral, de software de máquinas, de software de recepción, de producción de equipos y de resultados, a diferencia del cronograma del año 2016 que, en general, contemplaba ocho actividades más que ahora.

El Observatorio Electoral Venezolano seguirá atento al desarrollo de esta situación desde la mirada técnico-electoral que le compete. El OEV lamenta que la decisión tomada por el CNE imposibilite la activación del derecho constitucional a la revocatoria ciudadana y electoral de cargos de elección popular. Mas allá de la discusión que pueda darse con respecto a su pertinencia, es, sin duda, una mala señal de cara a la resolución de la ya larga crisis venezolana. Ante esta nueva lesión a la salud de la democracia, urge que los actores nacionales retomen negociaciones con miras a acuerdos políticos inclusivos y estables que sustenten la agenda electoral futura de la nación.

Caracas, 23 de enero de 2022

Una rápida sentencia del Poder Judicial, cuestionado en su imparcialidad por distintos sectores, enarbola una reciente y desconocida inhabilitación al candidato opositor. Las proyecciones lo dan como ganador a la gobernación del estado llanero y bastión del chavismo. Nadie, hasta una semana después de la votación, impugnó su postulación. El TSJ convoca a nueva elección y también fija la fecha, una atribución del Poder Electoral. Los hechos coinciden con las críticas que el alto gobierno ha lanzado contra la misión de observación electoral de la Unión Europea.

Dos sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dieron un giro inesperado al proceso de la elección regional y municipal 2021. Sus decisiones ensombrecen la ruta electoral, al desconocer la voluntad popular expresada el 21 de noviembre por los electores del estado Barinas.

La evaluación integral de un proceso comicial finaliza una vez terminan las actividades propias de la etapa poselectoral. En este caso, las órdenes del poder público que ejerce la jurisdicción contencioso-electoral afectan los esfuerzos que se venían dando en función de la restitución del voto como instrumento de cambio en democracia, materializados, entre otras cosas, con la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) más plural, el refuerzo de las auditorías, la actualización más amplia del Registro Electoral, la habilitación de tarjetas y el logro de una observación electoral más plural.

Este es nuestro recuento de los hechos:

1. Los boletines de resultados: sí y no

A la medianoche del 21 de noviembre, cuando el CNE emitió el primer boletín de resultados, dio como virtuales ganadores a los candidatos oficialistas a las gobernaciones de los estados llaneros Apure y Barinas, con la salvedad, como aclaró esa noche el rector Pedro Calzadilla, de que eran “datos todavía pendientes por ser confirmados con la transmisión restante”. Era entonces del 90% del total de sufragios emitidos.

La tarde del lunes 22, cuando el CNE divulgó el segundo boletín de resultados, con transmisión del 99%, dejó todavía en suspenso los resultados definitivos de Apure y Barinas. Después, la divulgación de cómputos en el sitio web del CNE zanjaría que el oficialista Eduardo Piñate era, finalmente, el mandatario regional apureño. No así el caso barinés.

2. La decisión del CNE que no pudo ser

Hasta una semana de retraso en la adjudicación del gobernador de Barinas y del alcalde del municipio Arismendi fue centro de polémica en la opinión pública.

El viernes 26 de noviembre, el CNE acordó encargar a la Junta Nacional Electoral (JNE) la totalización de las pocas actas faltantes. Actas de tres mesas del municipio Arismendi que, según trascendió, se mantuvieron en poder del Plan República, con el mandato demorado de su traslado a Caracas.

“La decisión, acordada por unanimidad, se tomó tras evaluar las condiciones complejas de los sitios inhóspitos a las que corresponden las actas faltantes y el vencimiento de los tiempos legales establecidos”, argumentó el CNE.

De injustificable calificó, por su lado, el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, el atraso en la totalización de estas actas.

El domingo 28 de noviembre, la JNE designó una comisión ad hoc encargada de totalizar las actas faltantes las cuales, se informó, estaban siendo recibidas ese día. La comisión totalizadora se instalaría el lunes 29 para totalizar el contenido de las actas. El país daba por descontado que el mismo lunes se conocerían los ganadores, cerrando así el episodio.

3. La primera sentencia

A las 2:00 de la tarde del lunes 29 de noviembre, la Sala Electoral, en sentencia Nº 78, admitió una acción de amparo constitucional con solicitud de medida cautelar interpuesta por Adolfo Superlano.

¿Quién es Adolfo Superlano? Candidato a la gobernación de Barinas en estos comicios, por tarjetas como las de MIN-Unidad, Movimiento Republicano y Movimiento Ecológico, según consta en la Oferta Electoral del CNE. Diputado a la Asamblea Nacional por Barinas en la legislatura 2015-2020, apoyó la elección de Luis Parra como presidente de la AN en enero de 2020. Según reseñas de prensa, ha sido sancionado por los Estados Unidos.

Adolfo Superlano denunció ante el TSJ la “presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y el sufragio”, previstos en la Constitución, “con base en los hechos públicos y notorios relacionados con el clima de tensión entre las militancias políticas que hacen vida en el estado Barinas, así como a la remisión por la Junta Electoral Regional de las actas de totalización a la JNE del CNE”.

El accionante también expuso la “supuesta existencia de procedimientos y averiguaciones administrativas y penales” contra el también candidato Freddy Superlano, “que cursan ante los órganos competentes del Estado”.

Se cita la Resolución N° 01-00-000334, de fecha 17 de agosto de 2021, dictada por la Contraloría General de la República, mediante la cual resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público a Freddy Superlano, el abanderado de la opositora MUD con quien se disputaba la gobernación el mandatario oficialista y aspirante a la reelección Argenis Chávez.

Hasta el 4 de septiembre el CNE admitió la presentación de postulaciones. El 3 de septiembre, Freddy Superlano declaró en una entrevista: “Estoy habilitado desde que recibí el indulto, ayer (2 de septiembre) se realizó el proceso de inscripción ante el CNE y no hubo ningún tipo de problema”.

Los ejemplos de un doble rasero en la admisión de postulaciones con opositores inhabilitados sobran. ¿Por qué el sistema de postulaciones del CNE permitió la candidatura de Freddy Superlano, si por esos días rechazó otras como las de Daniel Ceballos, en el Táchira, o Richard Mardo, en Aragua? En casos como el de Eduardo Samán, en Caracas, medios informaron que el disidente del PSUV se postuló el 9 de agosto con la tarjeta del PCV, pero el CNE esperó hasta el 5 de septiembre para notificarle su inhabilitación.

Así las cosas, en su primera sentencia del lunes 29 de noviembre en la tarde el TSJ le ordenó al CNE la “inmediata suspensión de los procedimientos y/o procesos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación del CNE” respecto de los candidatos al cargo de gobernador de Barinas “hasta tanto se decida el fondo del asunto”.

La JNE de inmediato suspendió los procedimientos, tras acatar la medida cautelar. ¿En cuánto tiempo el TSJ decidiría el fondo del asunto?

4. La segunda sentencia

El mismo lunes 29 de noviembre a las 10:30 de la noche, la Sala Electoral, en sentencia Nº 79, decidió:

4.1. “INHABILITADO” DESDE AGOSTO | Con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar, con fundamento en la Resolución del 17 de agosto de 2021 dictada por la Contraloría General, mediante la cual resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público a Freddy Superlano.

Hasta el 9 de septiembre el Cronograma Electoral contempló el lapso de presentación de recursos contra la admisión de las postulaciones, con base en el artículo 65 de la LOPRE. La inscripción y admisión de la candidatura de Freddy Superlano fue pública, notoria y comunicacional. ¿Por qué ningún actor en el estado Barinas ejerció el derecho de presentar el respectivo recurso en contra de esa postulación, en el lapso de ley?

Aún si no hubiere recurso, hasta semana antes de las elecciones algunos actores políticos denunciaron que, tiempo después de haber admitido sus candidaturas, el sistema de postulaciones las había rechazado. En la Oferta Electoral del CNE todavía es posible ver en algunos casos un círculo rojo con un signo de exclamación y el mensaje “Estatus: rechazada por inhabilitación” sobre algunos candidatos. Algunos ejemplos, todos del PCV, son los de las candidaturas de Guillermo Bernáez (Cajigal, Anzoátegui), José Noguera (Guanta, Anzoátegui); Carmen Saravia (Brión, Miranda) y Wilfredo Rivero (Cruz S. Acosta, Sucre). Sin embargo, junto al nombre de Freddy Superlano nunca apareció este aviso.

El rector principal del CNE Roberto Picón explicó el 30 de noviembre en un comunicado personal que la inhabilitación de Freddy Superlano era desconocida para el CNE al momento de su postulación.

Además de todo lo anterior, Freddy Superlano fue uno de los 110 opositores a los cuales el jefe de Estado, Nicolás Maduro, concedió indultos mediante un Decreto Presidencial de agosto de 2020. Hace un año y tres meses. La medida extinguió la acción penal que recaía sobre cada uno de ellos.

4.2. BORRÓN Y CUENTA NUEVA | La Sala Electoral dejó sin efecto todos los procedimientos y actos celebrados conforme al Cronograma Electoral, en el proceso realizado en el estado Barinas, en lo que respecta a la elección del cargo de gobernador, a partir de la presentación de las postulaciones, inclusive, “para garantizar los derechos colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de la entidad territorial”, exponen.

Es de esperar, en consecuencia, un cronograma electoral ad hoc a partir de la presentación de postulaciones, que era la actividad 39 de un total de 94 que conformaron la elección 2021. El CNE, entonces, debe disponer aproximadamente 40 actividades en un lapso de poco más de un mes, traspasado por los recesos navideños de la administración pública.

Ni el gobernador oficialista Argenis Chávez ni el candidato de la MUD Freddy Superlano serán candidatos. El primero declinó; el segundo, fue impedido por la vía judicial después de haber ganado. ¿Hay tiempos políticos suficientes para que los factores del gobierno y la oposición acuerden abanderados con los necesarios liderazgos que la situación amerita?, ¿cuáles candidatos competirán o se abstendrán en esta sobrevenida elección?, ¿qué decidirán los electores?

Con 959 de las 961 actas escrutadas, la abstención en el estado Barinas el 21 de noviembre fue de 54%, según la divulgación de resultados del CNE actualizada al lunes 29 de noviembre a las 6:24 p.m. Tres puntos más baja que la media nacional.

4.3. SUPERLANO, “INELEGIBLE” | La Sala ordenó la realización de un nuevo proceso electoral en Barinas para la elección del cargo de gobernador, argumentan, “a los fines de garantizar el derecho a la participación activa y pasiva de quienes acudieron al evento electoral para elegir a gobernador”.

Reconoce el TSJ que, aun cuando las “proyecciones consignadas por el CNE” -así las llaman- dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano del 37,60% con respecto al 37,21% de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez, consideran que la “condición de inelegibilidad” del candidato Freddy Superlano “violenta los principios de igualdad, equidad y transparencia en la participación de los candidatos y las candidatas en la oferta electoral, así como de los electores y electoras en el ejercicio del sufragio activo”.

Es decir, sin especificar votos absolutos por lo menos en el auto de la decisión, puesto que la sentencia todavía no ha sido publicada en extenso al cierre de esta nota, el TSJ reconoce que Freddy Superlano ganó la elección.

En sus declaraciones de reacción, el 30 de noviembre, Freddy Superlano aseguró que el “TSJ está deslegitimando al CNE” y que la repetición de elecciones es “un golpe de estado constitucional” en Barinas. “Cuando la Junta Nacional Electoral empezaba a totalizar y estábamos ganando, un poder del Estado le da la orden a otro poder diciendo que no podían totalizar, pero ya se había totalizado”, aseguró, citado por Efecto Cocuyo.

4.4. CON FECHA INCLUIDA | El TSJ le ordena al CNE, convocar para el 9 de enero de 2022 las elecciones de gobernador del estado Barinas.

Usurpa, además, la Sala Electoral atribuciones constitucionales exclusivas del Poder Electoral, al fijar la fecha de la nueva elección. El artículo 293 de la Constitución establece que el Poder Electoral tiene por funciones, entre otras, las de declarar la nulidad total o parcial de las elecciones y las de organizar todos los actos relativos a estas.

Antes, en el caso de la elección sobrevenida de gobernador en el estado Zulia, celebrada en diciembre de 2017 luego de que el candidato opositor se negara a juramentarse ante la cuestionada Asamblea Constituyente, la fecha de la votación la decidió el directorio del CNE. También en 2014, como consecuencia de la condena y destitución impuestas por el TSJ a los alcaldes opositores en ejercicio de San Cristóbal y San Diego, el directorio del CNE igualmente decidió la fecha de ambas elecciones sobrevenidas.

Sin protesto alguno, el CNE acordó el 30 de noviembre en la tarde convocar la elección del cargo de gobernador del estado Barinas. Junto con la convocatoria, también fue aprobado el cronograma electoral de este proceso, que será publicado este 1 de diciembre. Algunos hitos son:

Lapso de postulaciones para que las candidaturas se reflejen en boleta: del 2 al 6 de diciembre.

Lapso para que partidos postulantes puedan hacer modificaciones y sustituciones: del 18 al 30 de diciembre, pero estos cambios no se verán en la boleta.

Campaña electoral: del 22 de diciembre al 6 de enero de 2022.

Cuatro auditorías: de archivos de configuración de máquinas de votación; de producción de máquinas de votación; de puesta cero de los centros nacionales de totalización; y de telecomunicaciones.

5. El contexto

“Especialmente la falta de independencia judicial y el irrespeto del Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la imparcialidad y transparencia de las elecciones”, expresó el pasado 23 de noviembre la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) al divulgar su declaración preliminar.

La titularon “Un retorno a la mesa electoral de la mayoría de las fuerzas políticas con mejoras en las condiciones electorales, aunque con persistentes deficiencias estructurales”. Después de 15 años sin pisar el terreno en Venezuela, los observadores de la UE visitaron 665 centros de votación en los 23 estados y el Distrito Capital.

El 28 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro declaró que la misión de observación de la Unión Europea buscaba “manchar y alterar al sistema electoral y democrático de Venezuela”. Señaló que “la delegación espía de la Unión Europea no encontró elementos para criticar el sistema electoral (…). Esos no eran observadores internacionales, andaban por el país desplegados, libremente, espiando la vida social, económica y política”. Puntualizó también, citado por el Minci, que “jamás se había visto lo que nosotros vimos de la Unión Europea en 22 años con otras delegaciones”.

En una carta fechada el 30 de noviembre, la Unión Europea indica que a pesar de las declaraciones de Maduro, el hecho de que la misión fuera bien recibida por una gran mayoría de venezolanos en el terreno y que respondieran positivamente a su declaración preliminar, sugiere que la decisión de ir a observar fue la correcta. “Fue útil para el pueblo venezolano y permite a la UE y a la comunidad internacional evaluar mejor los hechos en el país”.

Cómo organizar elecciones libres y justas es, de hecho, uno de los temas clave para cualquier solución políticamente negociada a la crisis venezolana, diserta en ese texto el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

En el OEV consideramos que la observación de los procesos electorales en su ejercicio imparcial, responsable e independiente es una práctica común en cada evento comicial del mundo, orientada a identificar y prevenir errores, distorsiones y manipulaciones que afecten la naturaleza y los resultados del evento electoral. Como parte del respeto al Estado de derecho y en sintonía con los derechos humanos, la observación electoral debe ser respetada, por estar garantizada en declaraciones internacionales y legislaciones nacionales, y por permitir tanto a las administraciones electorales como a los ciudadanos obtener miradas técnicas, plurales e independientes acerca de los procesos electorales, para el bienestar de la salud democrática de las naciones.

Boletín 75

Segunda quincena de noviembre 2021

https://oevenezolano.org/2021/12/boletin-75-el-caso-barinas-ensombrece-l...

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) comparte con los electores las notas de nuestra observación a la auditoría de software de la máquina de votación rumbo al 21-N. De la revisión se desprende que funciona bien, es seguro y está configurado para que el voto sea secreto, y, sobre todo, auditable, con amplias herramientas para hacerlo

La auditoría del software de la máquina de votación se celebró del 30 de agosto al 10 de septiembre. Representantes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil realizaron durante estos días el proceso de observación y levantamiento de información del estado general de las aplicaciones que conforman el sistema automatizado de votación, configurado para las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) invitó al OEV a observar esta auditoría a través de plataformas virtuales. En esta nota presentamos a los electores un resumen de las anotaciones y conclusiones a las cuales llegó nuestra observadora Ana Morales Bezeira, profesora de la Escuela de Computación en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La profesora Morales es doctora en Ciencias de la Computación, mención Redes. Es jefa del Centro de Investigación de Comunicaciones y Redes (CICORE) y coordinadora del Laboratorio de Redes Móviles, Inalámbricas y Sistemas Distribuidos (ICARO) en la UCV.

El proceso de auditorías consistió en la revisión detallada de cinco softwares que conforman la estructura del sistema automatizado de votación. Ellos son:

Módulo de transmisión (ContingencyTransmissionTool).

Módulo de protección y seguridad de los datos electorales (DataProtector).

Módulo SAI (SAIUnlock).

Módulo de captura y validación de huellas dactilares (SessionLogsAndFingerprintsValidator).

Software de máquina de votación (VotingMachine).

El proceso de auditorías partió desde los archivos hash resultantes como definitivos del proceso de auditoría integral al sistema automatizado de votación realizada por 10 académicos, de reconocida competencia en estas materias, entre junio y julio, de la cual surgieron un conjunto de observaciones y modificaciones.

¿Y qué es un archivo hash? Es una especie de firma digital que se hace para proteger los archivos de un software. Es el resultado de una técnica compleja, que arroja un código único. Si se hiciera una nueva modificación a los archivos del software, este código ya no coincidiría.

Así, la auditoría integral de los académicos arrojó al final un código. Este fue recibido por los participantes de la auditoría del software, certificando que no hubo cambios al sistema entre esa fecha y esta. Luego de las respectivas mejoras de esta auditoría se generó otro código, que usarán los participantes de la auditoría de producción de máquinas, a partir del 26 de octubre.

Estos son 10 de los aspectos observados, en orden cronológico durante la auditoría, y algunas oportunidades de mejora resultantes de nuestra observación:

1.En la auditoría se mostró cómo las bases de datos en la máquina de votación se encuentran vacías, así como las validaciones de inicialización que hace el software de las máquinas al momento de su instalación. Esto se hace con la finalidad de garantizar que no existan registros previos de procesos de votación en esas bases de datos.

¿Qué significa lo anterior? que la máquina al inicio del proceso de votación empieza vacía, con cero votos, como es debido.

2.Se observó en la auditoría que, al momento del proceso de inicialización e instalación de las máquinas de votación, no se registra ni se valida la identidad de los miembros que abren la mesa.

Al respecto, los técnicos señalaron que ese registro se realiza de manera manual. Solo al final de la jornada electoral, cuando ya se cierra la mesa y la máquina de votación, es cuando el sistema permite agregar miembros de mesa para generar e imprimir el acta de escrutinio y cierre de la mesa.

Sobre este particular, el OEV sugiere que la carga de la información de identidad de los miembros de mesa en cada máquina también se podría realizar manejando una base de datos de miembros de mesa, ya que esta es una información que se conoce de manera anticipada al día de la votación. Esta sugerencia debe entenderse como una oportunidad para agregar valor al sistema; la manera como se hace ahora, sin embargo, no pone en riesgo el proceso.

3.En la auditoría se observó que, una vez instalada una máquina de votación, no es posible cambiar o modificar los archivos de su base de datos, ni los archivos de los electores de una máquina.

Es esta una garantía favorable para los electores.

4.Se observó que el tiempo máximo que tiene un votante de interactuar con el sistema de votación durante el proceso de selección de sus candidatos es de tres minutos; transcurrido ese tiempo el sistema de manera automática genera e imprime un voto nulo.

Se sugirió que se incremente este lapso a por lo menos cinco minutos, ya que el proceso electoral 2021 resulta complejo para el votante, y de muchas selecciones (se elegirán gobernadores, legisladores, alcaldes y concejales el mismo día), sobre todo si es decisión del elector hacer un voto cruzado (por más de una tarjeta). Los técnicos indicaron que se elevaría esa sugerencia a las autoridades del CNE.

5.En esta auditoría se presentaron observaciones y comentarios referentes a la forma en que son presentadas las opciones de voto a los electores. Esto, en palabras técnicas, se refiere a la interfaz de experiencia de usuario, partiendo de la interfaz principal con la tarjeta electoral en la cual salen todos los partidos, que llamaremos interfaz 1 para fines explicativos.

En la experiencia del voto, primero se debe seleccionar una tarjeta de un partido político; es decir, se ata todo el voto a esta primera selección. Luego, se va a la interfaz en la que se observan dos secciones: gobernador y consejos legislativos; y alcaldes y concejos municipales, del partido ya seleccionado. Si esto continúa así, se estaría entubando el voto.

Hacer un voto cruzado sí se podría técnicamente, pero resulta complejo para el elector: estando en la segunda interfaz le correspondería al votante deseleccionar alguna opción de voto, y volver atrás a la primera interfaz para realizar otras selecciones individualizadas de otra(s) tarjeta(s) de partidos políticos hasta completar su votación para todos los cargos.

6.Se explicó durante la auditoría las partes del código del software que se encargan de almacenar el voto en la base de datos. Una certeza: el orden en el que los votos se almacenan es aleatorio. Esto se hace con la finalidad de impedir el rastreo de sufragios en el mismo orden en el que lo realizan los votantes, y evitar asociar un voto de manera directa a un votante en particular, según su orden de votación.

¿Qué significa esto? que queda descartado el mito de que tecnológicamente la máquina revele por quién votó una persona en particular. No hay relación posible entre un elector y su opción de voto.

7.El sistema lleva un registro de los tiempos de votación empleados por cada usuario. Esto con la finalidad de, en el futuro, tener una mayor información del tiempo promedio que toma a los votantes interactuar con el sistema. Esta mejora es producto de la auditoría integral cumplida por 10 académicos venezolanos en meses anteriores.

8.En la auditoría se indicó que el acta incluye un código QR con información del escrutinio. Esta información puede ser utilizada por los partidos políticos para sus propias estadísticas e información requerida a través de aplicaciones desarrolladas de manera particular por las organizaciones.

¿Esto es positivo? sí, porque contribuye a la trazabilidad de los resultados e incrementa la trasparencia.

9.El representante de la MUD preguntó si al momento de la transmisión se vuelve a realizar un recálculo de los escrutinios. Se aclaró en la auditoría que no. Una vez realizados los escrutinios y creada el acta, momento en el cual se hacen los cálculos de resultados del proceso, este procedimiento de cálculos no se vuelve a realizar. La transmisión se hace únicamente con el paquete que se construye a partir de los escrutinios ya calculados una vez que se cierra la mesa de votación.

¿Que no se haga este recálculo es positivo? Sí; y también da certezas sobre la seguridad en la fase de transmisión de los votos.

10. El procedimiento a seguir en los casos de las personas con ausencia de miembros superiores, o problemas en las manos y ausencia de huellas es con asistencia e intervención del presidente de la mesa, quien debe intervenir utilizando su clave especial y sus huellas dactilares.

Finalmente, como resultado de la auditoría al software de la máquina de votación, el cuerpo técnico del CNE hizo mejoras y modificaciones al software final. El conjunto de modificaciones realizadas se resume en:

a) Cambios en los métodos de generación de claves, tanto las de los entes representantes del CNE, como para la generación de claves de los representantes de los partidos políticos. Asimismo, se asoció a cada clave el nivel de acceso (administrador, partido político…) al que pertenece. De igual forma, se modificó el código para que cada máquina de votación manejase una clave única.

En resumen, todo esto es positivo desde el punto de vista de la seguridad del sistema.

b) Cambios en el método que gestiona la lista de no duplicidad en las máquinas de votación.

¿Qué es la lista de no duplicidad? Es una suerte de “cola” en donde se almacena de manera aleatoria la huella de cada elector una vez que su proceso de votación se completa. ¿Y para qué se genera esa cola? Para garantizar que si luego el mismo elector pretende volver a votar, lógicamente con su huella, el sistema no se lo permita.

¿Cómo era antes? Solo se registraban las huellas que se captaban y validaban satisfactoriamente. ¿Por qué con el cambio ahora es mejor? Porque se incluyen también todas aquellas huellas captadas del votante (es decir, las llamadas “no match”; las borrosas o difíciles de identificar), almacenando no solo las ya enroladas en el sistema, sino las de nueva captura.

Se aclara aquí que las huellas en la lista de no duplicidad se almacenan de manera aleatoria; es decir, no coinciden con el orden en el que se registran las opciones de voto seleccionadas. Esto da garantías para el secreto del voto.

c) Se agregó en el acta impresa de escrutinios la fecha y hora de apertura, y hora de cierre de cada mesa.

En resumen, luego de conocer el informe y la valoración técnica de nuestra observadora en esta auditoría, podemos concluir que el software de la máquina de votación funciona bien y es seguro. Está configurado para que el voto sea secreto, se cuente y transmita bien y, sobre todo, sea auditable; en este sentido, los actores participantes disponen de buenas herramientas para hacerlo. El mismo sistema ofrece amplias oportunidades de auditabilidad que permiten detectar cualquier alteración o irregularidad en los procesos de votación, conteo y totalización.

Boletín 71

Septiembre de 2021

https://oevenezolano.org/2021/09/boletin-71-el-software-de-las-maquinas-...

El software cuenta bien los votos de cada candidato y partido. No hay manera de atacar el sistema vía internet al momento del escrutinio. Es parte del resumen de hallazgos del equipo plural de 10 acreditados académicos que, durante más de seis semanas, hicieron la auditoría integral al sistema automatizado de votación. Los resultados que ofrecen son positivos

Las principales características que desde el punto de vista técnico debe cumplir un sistema automatizado de votación son el secreto del voto, la transparencia del voto, la confiabilidad de las cuentas que se hagan y la seguridad del voto, que incluye la no comunicación de las máquinas de votación con un ente externo durante el proceso de votación y antes del escrutinio, y la no comunicación, ni por internet ni por otra vía, del dispositivo capta huellas y con las máquinas.

En el sistema automatizado de votación venezolano no hay fallas que pongan en duda alguna de estas principales características, dijo Robinson Rivas, magíster en Ciencias de la Computación y director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela.

Todas estas cosas fueron verificadas en la auditoría integral al sistema automatizado de votación que, de manera inédita, tuvo lugar durante más de seis semanas de trabajo continuo entre los meses de junio y julio.

Los 10 auditores académicos ofrecieron una rueda de prensa el 26 de julio para compartir el balance general de esta revisión científico-técnica. Además de Rivas, sirvió como vocero el también auditor Emilio Hernández, doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Southampton de Inglaterra y profesor titular jubilado de la Universidad Simón Bolívar.

Con base en sus declaraciones a la prensa, elaboramos esta lista de 10 preguntas y respuestas sobre la auditoría integral al sistema automatizado de votación de Venezuela:

1. ¿Es plural el equipo de auditores?

Ciertamente es plural, porque es fruto de propuestas y nombramiento por consenso entre actores del Poder Electoral provenientes de distintas corrientes del pensamiento. Todos se caracterizan por su alto profesionalismo y probados conocimientos en estas áreas.

Emilio Hernández: doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Southampton de Inglaterra. Profesor titular jubilado de la Universidad Simón Bolívar.

Robinson Rivas: magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad Simón Bolívar. Director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela.

Joali Moreno: doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela, en cuya escuela de computación es profesora desde el año 2003.

Alfredo Marcano: magíster en instrumentación de la Universidad Central de Venezuela. Físico graduado de esa misma casa de estudios, donde dictó cátedra.

Jorge Ernesto Rodríguez: doctor en Software de la Universidad Politécnica de Cataluña. Profesor titular de la Universidad de Carabobo, con 26 años de experiencia en docencia.

Antonio Russoniello: magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela. Profesor de la UCV e invitado de la Universidad Bicentenaria de Aragua.

Juan Carlos Villegas: doctor en Ciencias y profesor titular de la Universidad de Los Andes. Profesor de Física Moderna y Óptica, Termodinámica y Mecánica Estadística Avanzada.

Carlos Acosta-León: doctor en Informática de la Universidad de Edimburgo. Especialista en informática forense y gestión de la ciberseguridad. Profesor de la UCV.

Víctor Theoktisto Costa: doctor en Computación de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, e investigador asociado. Profesor titular de la Universidad Simón Bolívar.

Eugenio Scalise: doctor en Ciencias de la Computación y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Director del posgrado en Ciencias de la Computación de la UCV.

Un perfil profesional más amplio de ellos fue publicado en nuestro Boletín OEV 65.

2. ¿Qué es el sistema automatizado de votación?

Es un sistema que nació en el año 2004 con varios propósitos u objetivos: evitar las irregularidades que tenían los sistemas de votación manuales; dar un escrutinio preciso basado en sistemas de información y en sistemas de transmisión y de computación, y dar los resultados de forma rápida, el mismo día de la votación, lo cual contribuye a la paz social, explicó Hernández.

El sistema de votación es integral porque tiene muchas partes. Cuando un elector va a ejercer su derecho al voto en una máquina, allí está corriendo un software y ese se comunica con otro que está en el centro de totalización, a través de una red de comunicaciones prestada por empresas de telecomunicaciones. Algunos se van a comunicar de manera inalámbrica, satelitalmente, otros telefónicamente, detalló Rivas.

Pero, además, antes de que el elector llegue a la pantalla a votar hay una serie de procesos que garantizan que lo que está puesto allí ha sido configurado de manera correcta.

El sistema no es solamente el software, sino también la infraestructura, el hardware, la plataforma, los sistemas de transmisión, los procedimientos y otros elementos vitales para el cumplimiento de sus objetivos.

Los auditores tuvieron oportunidad de revisar a profundidad cada uno de los elementos del sistema integral.

3. ¿Cuál es la conclusión principal de la auditoría?

El sistema automatizado de votación cumple a cabalidad con los objetivos de dar un escrutinio preciso, de hacerlo de la manera más rápida posible, de garantizar la privacidad del sufragio y que no se sepa por quién votó cada quién, de garantizar en un altísimo grado de casi 100% que no haya suplantación de identidad y otros objetivos importantes que debe cumplir un sistema, enumeró Hernández.

“Tanto el software, como el hardware, como los sistemas de transmisión tienen un nivel de sobredimensionamiento del objetivo; es decir, es como si pudieran estar seguros de que con un vidrio blindado no pasa un proyectil… bueno, en casi todo el sistema no hay un vidrio blindado, sino tres o cuatro”.

Entre los elementos que conforman este sistema “altamente robusto (…) de alta disponibilidad y de alto rendimiento”, Hernández enumeró:

-Los sistemas de seguridad, con posibilidad de transmitir a dos centros nacionales de totalización para que, en caso de que uno falle, el otro se active.

-La posibilidad de que se comunican entre sí con sistema de fibra oscura, de fibra óptica, para garantizar que haya redundancia.

-La posibilidad de que, la transmisión que se realiza desde las mesas de votación, si no se hace de una manera existe un plan B y un plan C.

4. ¿Qué se dice sobre el software?

Que cumple con todos los objetivos y requisitos necesarios para que la votación sea exitosa y los resultados sean dados en el menor tiempo posible, declararon los auditores.

El software está dividido en dos grandes módulos principales: uno que va en la máquina de votación y otro que va en el centro de totalización. Los auditores los revisaron, así como su código fuente, e hicieron pruebas para ver cómo funciona por dentro.

Este software revisado parte del que se utilizó en las parlamentarias de 2020. “No hemos detectado irregularidades que invaliden algo de lo que hacía el software del que partimos como base, que es el del año pasado”, expresó Rivas.

Los auditores hicieron sugerencias para “minimizar la posibilidad” de que, por una vía que no sea la del software, algún funcionario de algún nivel tenga la suficiente autoridad como para, por ejemplo, evitar publicar algo o cambiar una alianza electoral en forma extemporánea. “Esas cosas no las permite el software, y en la medida en que el software dé menos libertades para hacer eso, va a ser más robusto”, expuso Rivas.

5. ¿El software que estará en las máquinas en noviembre será el mismo que los auditores revisaron, o hay oportunidad de hacer modificaciones?

El sistema usa las técnicas computacionales que se utilizan internacionalmente para garantizar que un software no ha sido alterado y que es el que los expertos han revisado. Los 10 auditores pudieron constatar que el software del sistema automatizado de votación venezolano efectivamente cumple con estas características. “Hay técnicas que garantizan de manera técnica que el elector, una vez que está frente a la máquina, este software que está allí está cumpliendo todo lo que se ha revisado”, aseguró Rivas.

6. ¿Qué se dice sobre el hash?

El hash es una especie de firma que se hace a un software. Para esto se aplica una técnica que arroja un código bastante complejo. Si se altera cualquier detalle (imagine que tiene toda la Biblia y le quita un solo punto), el código que genera es diferente.

Esta tecnología se utiliza de manera que, cuando un auditor valida un software, puede volver en cualquier momento futuro para saber si el software del presente es el mismo del pasado. Si el código es el mismo, significa que el software no se ha modificado.

Cada vez que hay una nueva mejora puntual (es decir, una mejora que no cambia el espíritu del software), se compara el software anterior con el actual, con el que tiene esa mejora. De esta manera se garantiza que el software ha sido el mismo que un auditor ya revisó. En las actas de las auditorías, que son públicas en la web del CNE, va quedando el hash.

7. ¿Revisaron cosas que no estaban previstas al inicio de la auditoría?

Sí. Los auditores afirmaron que tuvieron libertad de acción sobre cómo hacer las pruebas. Citaron tres ejemplos:

-No estaba previsto, en principio, ver la infraestructura de transmisión. Los auditores lo solicitaron, recibieron a los equipos del CNE, Cantv y Movilnet y lo revisaron en detalle. Así complementaron información sobre cómo se hace la transmisión, y se aseguraron de que hay réplica, de que si en algún momento falla un enlace hay otro, y de que no hay acceso a internet desde la plataforma, enumeró Joali Moreno Pinto, doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela.

Adicionalmente, solicitaron ver el sistema de producción de máquinas, lo cual no había sido concretado al 26 de julio.

-La auditoría integral empezó con una propuesta de plan de actividades, sobre la cual los expertos cambiaron la forma de hacer algunas de las pruebas, se dijo en la rueda de prensa.

-Cuando estaban viendo el software de las máquinas de votación, pidieron también adelantar las pruebas de comunicaciones con el centro de totalización, y así lo hicieron.

8. ¿Los auditores tuvieron contacto con los representantes de los partidos políticos para las próximas auditorías?

No. Y como dijo Rivas, “afortunadamente” no, porque el trabajo de estos 10 expertos fue desde el punto de vista técnico y académico. Ninguno representa a partidos políticos, sino en todo caso a las universidades venezolanas en las cuales ejercen la docencia y la investigación.

Los auditores también se reunieron con la misión exploratoria de la Unión Europea que estuvo en Venezuela en julio. Les presentaron el sistema e intercambiaron preguntas, comentó el auditor Antonio Russoniello (UCV).

9. ¿Cuáles recomendaciones hacen los auditores al CNE?

Ningún sistema es perfecto y siempre habrá cosas que se puedan mejorar, aclararon los voceros. El sistema funciona bien como está, pero a lo largo de las seis semanas de auditoría integral los académicos hicieron observaciones y sugerencias menores acerca de mejoras que permitan reforzar la seguridad y la confiabilidad de algunos procesos que siguen siendo manuales en términos de las elecciones. “En la medida que haya menos procesos que dependan de la autoridad de alguien de la institución, va a ser más confiable para todos”.

Las observaciones hechas en el momento fueron públicas, porque la auditoría se transmitió todos los días en directo vía streaming a través del canal del CNE. Los técnicos del CNE tomaron nota de esos cambios e incluso algunos eran tan menores que los hicieron en breve. Otros sí requieren una certificación del software, por lo que no estuvieron de un día para otro.

A largo plazo, la mayoría de auditores recomiendan una migración progresiva a software libre para que haya un mayor nivel de transparencia. “Para nada esto compromete el sistema actual por no tener software libre”, aclaró Hernández.

Otra, es pensar en un sistema que permita agilizar o hacer más fácil la verificación del software, como podría ser el uso de máquinas virtuales. “Es solo una sugerencia, que no desmerita en nada el software actual”, aclaró, por su lado, Rivas.

Sugirieron también, como innovación, la posibilidad de que en las actas que se imprimen al final del día de la elección se incluyan códigos QR que den información oficial y auténtica de los resultados en esa máquina de votación.

“Si todos los ciudadanos pudiéramos ver efectivamente lo que está ocurriendo en todas y cada una de las aproximadamente 30.000 máquinas en un proceso electoral en el país, el nivel de confianza del sistema electoral aumentará”, dijo Rivas.

Las recomendaciones y la memoria general de esta auditoría integral estarán contenidas en un informe final que los auditores entregarán al CNE. Los académicos desean que los detalles técnicos del sistema sean ampliamente conocidos dentro y fuera de Venezuela.

10. ¿Qué significa que hayan hecho la auditoría en este momento del proceso electoral?

La auditoría se hizo antes de las campañas electorales, incluso antes de que se sepa quiénes son los candidatos y en qué orden van a estar las tarjetas en la pantalla, dijeron los voceros.

Esto es importante y fundamental para la generación de confianza, porque el software de votación actúa de manera genérica, independiente de los candidatos que vayan a participar. “En este momento, que no sabemos el orden de las tarjetas, el software cuenta cuánto tiene el candidato 1, el candidato 2, el candidato 3… pero no se sabe quiénes son; es decir, no hay manera de anticiparse a un posible fraude”, afirmó Hernández.

Recordaremos, al cierre, que esta auditoría integral representa una garantía electoral inédita y adicional al conjunto de 14 auditorías ordinarias que se suelen hacer a aspectos puntuales de los procesos electorales en sus distintas fases, estas sí con participación de auditores designados por actores políticos participantes del proceso electoral en marcha.

Desde el OEV valoramos positivamente esta iniciativa del directorio del CNE de desarrollar una auditoría integral al sistema automatizado de votación, e insistimos en que la confiabilidad de las auditorías, así como en todo el proceso, reside en buena medida en la observación y vigilancia que se siga teniendo desde miradas plurales y heterogéneas.

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Disponer de casi 200 días contrasta con procesos pasados que fueron organizados hasta en menos de 50. Este pequeño bono de tiempo debe ser retribuido, sin embargo, en tres grandes desafíos: aglutinar más garantías en la elección más compleja de los últimos años, precautelar la salud de todos los actores en tiempo de pandemia y sortear los obstáculos que impone un contexto nacional signado por restricciones de movilidad y precariedad de servicios.

Serán, en todo caso, unos comicios distintos, con un número récord de cargos a elegir, para una administración electoral con rostros también diferentes y sobre un tablero político nacional en movimiento. Con sus primeros pasos, el CNE mantiene la rendija abierta

El diccionario define “prueba de fuego” como una prueba comprometida y decisiva, en la que es necesario demostrar que se está a la altura de lo esperado. Este es el reto de los recién designados integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) con la organización ya en curso de la elección conjunta regional y municipal 2021, que renovará a los gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y concejales de Venezuela; los niveles más próximos entre los ciudadanos y sus gobernantes.

La configuración de esta nueva administración electoral ha sido el resultado de la búsqueda de un entendimiento nacional entre el gobierno, sectores de la oposición política y de la sociedad civil.

El “Cronograma electoral elecciones regionales y municipales 2021” contiene 89 actividades desde el 13 de mayo pasado y hasta mayo de 2022, con la última de las labores de la etapa poselectoral. Tales actividades son las que se encuentran legalmente previstas para un proceso de esta naturaleza. El OEV presenta 10 claves tras su revisión técnica al documento:

1. Tiempos: la mayor antelación en años

2. Registro Electoral: jornada con más oportunidad

3. Auditorías: similares a 2020, con ampliación prevista

4. Postulaciones: récord de cargos a elegir

5. Campaña: breve, en pandemia

6. Grupos de electores: ¡a correr!

7. Veeduría: no explícita, pero acordada

8. Simulacro y feria: consecuentes

9. Votación: 21-N

10. Bioseguridad y otras actividades importantes

Finalmente, debe subrayarse la importancia de que los electores y la sociedad civil permanezcan atentos al fiel cumplimiento del cronograma, que traza las reglas del juego, mientras los actores participantes del proceso inciden en la configuración de las condiciones electorales. Son los hechos y las decisiones que se tomen en el CNE los que irán marcando el carácter de este proceso electoral. Ojalá se cumplan las leyes y procedimientos, bajo marcos de acuerdo y consenso. Nuestro deseo es que la agenda electoral arroje frutos favorables para la resolución de los conflictos y la estabilidad política nacional.

Leer el boletín completo en:

https://oevenezolano.org/2021/05/especial-diez-claves-sobre-el-cronogram...

¿Se imagina solo una mesa de cinco? Pues en otras instancias del ente electoral se agregarán de manera permanente tres más, los llamados suplentes incorporados. ¿Y si alguno renuncia en el futuro, como ya ocurrió? Los otros suplentes también son importantes. Aguas abajo, no pocas decisiones de los procesos electorales provienen de los organismos subalternos. De allí la relevancia de que la designación que hará el Parlamento sea equilibrada y dotada de contrapesos

Por estos días en Venezuela se buscan nuevos ocupantes para los cargos directivos del Consejo Nacional Electoral. Muchos evocan la postal de solo cinco rectores, los principales, pero igualmente deben ser ampliada la panorámica a los 10 suplentes. Serán designados 15 en total, y 8 de ellos pasarán a tener responsabilidades en lo inmediato, tomando en cuenta los tres suplentes incorporados.

Más allá de la mesa principal de las decisiones, el ente rector del Poder Electoral se arma de una arquitectura autónoma que incluye tres órganos subordinados los cuales suman bajo su mando hasta 10 organismos, juntas y oficinas subalternas, sin contar las 24 juntas electorales regionales.

No es poco lo que se juega el país con la venidera designación. Al CNE le corresponde constitucionalmente ejercer la suprema dirección, conducción, supervisión, vigilancia y control de todos los procesos electorales y referendos.

El siguiente es un abecé de esa estructura interna:

1. El directorio

Los cinco rectores principales, llamados en la ley rectores electorales, conforman el directorio. Allí las decisiones se toman con el voto afirmativo de por lo menos tres de ellos.

Ninguno de los cinco debería estar vinculado a partidos políticos.

Tres de ellos provienen de postulaciones de la sociedad civil.

Uno, de postulaciones provenientes de las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales.

Uno, del Poder Ciudadano.

Al día siguiente de su designación, los cinco venezolanos que resulten designados rectores electorales deberán realizar la sesión de instalación, en la cual de su seno elegirán al presidente, al vicepresidente y al secretario del CNE.

El presidente y vicepresidente podrán durar tres años y seis meses en el ejercicio de esas funciones, según el artículo 37 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE). Esto significa que les corresponderá directamente encabezar las próximas elecciones de gobernadores, consejos legislativos, alcaldes, concejos municipales e, incluso, la proyección temporal indica que permanecerían en estas funciones para mayo de 2024, cuando se completarán seis años exactos de la más reciente y cuestionada elección presidencial.

Son atribuciones del presidente del CNE las de ejercer la representación oficial del Poder Electoral y su órgano rector, presidir las sesiones y dirigir los debates, convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, girar instrucciones de obligatorio cumplimiento a los órganos subordinados y los organismos electorales subalternos, las oficinas regionales electorales y a cualquier persona en el ejercicio de sus funciones electorales, y designar y remover al personal de libre nombramiento y remoción.

El vicepresidente del CNE, comparativamente con menos atribuciones, suple las faltas temporales o accidentales del presidente, forma parte de los órganos subordinados del CNE en la forma que establece la ley y actúa por delegación del presidente en las materias asignadas o atribuidas a éste.

El secretario general del CNE es un venezolano distinto a los rectores designados, que debe ser abogado mayor de 30 años y con experiencia profesional mínima de cinco. Tampoco puede estar vinculado a partidos políticos. No tiene derecho a voto en el directorio. El secretario general puede ser designado y removido con el voto favorable de por lo menos cuatro de los rectores principales.

1. Los órganos subordinados

Debajo del directorio, el organigrama se divide en tres ramas: ¿qué son los órganos electorales subordinados? Son tres instancias del CNE que tienen carácter permanente, competencia nacional y despacho desde Caracas. Cada uno está conformado por tres miembros, y sus decisiones son tomadas con el voto afirmativo de por lo menos dos de ellos.

El primer órgano subordinado es la Junta Nacional Electoral: tiene a su cargo la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y referendos.

Entre sus funciones están las de planificar y ejecutar todos los actos relativos a las elecciones, elaborar las listas de elegibles a cumplir con el servicio electoral, proponer las circunscripciones electorales, fijar la fecha de la instalación de las juntas y las mesas electorales, y totalizar, adjudicar y proclamar candidatos que resultaren elegidos.

Otra función clave de la Junta es la de establecer el número y ubicación de los centros de votación y de las mesas electorales. Ha generado controversia en el pasado, porque estas decisiones se han tomado sin la suficiente transparencia, bajo criterios poco o nada conocidos por los electores y los actores políticos.

Debe presidir la Junta Nacional Electoral uno de los tres rectores principales postulado por la sociedad civil, junto a otro rector principal y a uno de los rectores suplentes de un rector principal distinto a los que conforman esta Junta.

La Junta Nacional Electoral tiene, a su vez, hasta cuatro Organismos Electorales Subalternos: la Junta Regional Electoral; la Junta Municipal Electoral; la Junta Metropolitana y la Junta Parroquial Electoral, cuando se crearen, y las Mesas Electorales.

El segundo órgano subordinado es la Comisión de Registro Civil y Electoral: está a cargo de la centralización de la información del registro del estado civil de las personas naturales, e igualmente asume la formación, organización, supervisión y actualización del registro civil y electoral.

Entre sus funciones están las de planificar, coordinar, supervisar y controlar el registro civil y electoral y conservar libros, actas y demás documentos correspondientes; proponer las normas y procedimientos para el levantamiento e inscripción del registro del estado civil de las personas; girar instrucciones a los alcaldes y otros funcionarios para la inscripción y levantamiento de las actas de registro del estado civil de las personas, y proponer las personas a ser designadas agentes auxiliares para ese levantamiento e inscripción.

Otra función clave de esta Comisión es la de depurar en forma continua y efectiva el Registro Electoral y publicarlo en los términos establecidos en la ley. Punto de polémica, porque uno de los reclamos hechos a su labor ha sido la falta de una auditoría independiente y profunda al RE.

Debe presidir la Comisión de Registro Civil y Electoral uno de los tres rectores principales postulado por la sociedad civil, distinto al anterior, junto a otro rector principal y a uno de los rectores suplentes de un rector principal distinto a los que conforman esta Comisión.

La Comisión de Registro Civil y Electoral está conformada, a su vez, por la Oficina Nacional de Registro Civil del Poder Electoral, la Oficina Nacional de Registro Electoral y la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación.

El tercer órgano subordinado es la Comisión de Participación Política y Financiamiento: a su cargo está promover la participación ciudadana en los asuntos públicos; la formación, organización y actualización del registro de inscripciones de partidos políticos, velando por el cumplimiento de los principios de democratización. Controla, regula e investiga los fondos de los partidos políticos, y el financiamiento de las campañas electorales de los mismos, de los grupos de electores, de las asociaciones de los ciudadanos, y de los ciudadanos que se postulen a cargos de elección popular por iniciativa propia.

Entre sus funciones también están las de crear los mecanismos que propicien la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, ordenar el retiro de toda publicidad con fines directa o indirectamente electorales que se considere violatoria de la ley y tramitar las credenciales de los observadores nacionales o internacionales, así como las credenciales de los testigos de las organizaciones cuyo registro le compete.

Otra función clave de esta Comisión es la de investigar el origen y destino de los recursos económicos utilizados en las campañas electorales de los partidos políticos, así como la de solicitar el inicio de averiguaciones administrativas por presuntas irregularidades que se cometan en los procesos electorales. En el pasado ha sido cuestionada la inacción del CNE frente al uso de recursos públicos con fines electorales por parte de la coalición oficialista, así como el ventajismo de Estado en el acceso a la promoción de candidaturas.

Debe presidir la Comisión de Participación Política y Financiamiento uno de los tres rectores principales postulado por la sociedad civil, distinto a los dos anteriores, junto a otro rector principal y a uno de los rectores suplentes de un rector principal distinto a los que conforman esta Comisión.

La Comisión de Participación Política y Financiamiento está conformada, a su vez, por la Oficina Nacional de Participación Política y la Oficina Nacional de Financiamiento.

Este repaso a cómo funciona el CNE lo terminan de completar las Oficinas Regionales Electorales: esta es la unidad de la administración electoral en cada entidad federal de Venezuela, adscrita al CNE. Tiene a su cargo la supervisión y coordinación de las actividades regionales de la Junta Nacional Electoral, de la Comisión de Registro Civil y Electoral y de la Comisión de Participación Política y Financiamiento.

Cada Oficina Regional Electoral tiene competencia regional, carácter permanente y su sede se encuentra en la capital del estado respectivo.

El director de cada Oficina Regional Electoral debe ser venezolano mayor de 21 años, con título universitario o de técnico superior universitario y no estar vinculado a partidos políticos.

1. Aritméticas y consensos

Mucho se comenta en la opinión pública sobre la relevancia de la selección de los cinco rectores principales pero, como ha quedado claro en la descripción de la estructura del CNE, tres de los 10 rectores suplentes, al incorporarse cada uno al equipo de tres dentro de cada órgano subordinado, también adquieren voz y voto, responsabilidades técnicas y políticas en sus respectivos órganos subordinados. Podemos hablar, entonces, de ocho rectores en acción, sin desmeritar la importancia de los otros siete que quedan prevenidos en banca. En agosto de 2020, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia desconoció su propia designación anterior y designó, luego de la renuncia del vicepresidente, a un nuevo rector distinto a los que habían sido designados como suplentes.

Desde que el TSJ empezó a designar rectores, en el año 2003, nunca hasta ahora el directorio del CNE ha mostrado una mayoría efectivamente independiente, hecho que han reclamado sectores de oposición. Durante este tiempo, sin embargo, la misma oposición también consiguió victorias electorales nacionales en 2007 y 2015, así como en varias elecciones regionales y locales.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral norman la obligatoriedad de un CNE independiente y autónomo, con rectores no vinculados a organizaciones con fines políticos. Un mandato que ha sido violado en directorios anteriores. En este contexto de polarización, en los corrillos políticos hablan de posibles fórmulas 3-2, 3-1-1 ó 4-1. En estas cuotas extraoficiales, llama la atención que no suelen incorporar las figuras de los tres rectores suplentes incorporados que también serán decisores dentro de los órganos subordinados, ni mucho menos del conjunto de los 15 rectores. Allí también se debe medir el equilibrio.

Tan importante como la aritmética del equilibrio de poderes es el acuerdo político entre los actores que exista y que se sostenga detrás de las decisiones que eventualmente tomará la plenaria de la Asamblea Nacional. Mientras más inclusivos sean la consulta y el diálogo, más saludable resultará para la democracia venezolana el próximo CNE. El escenario mejor es, en todo caso, el que produzca el consenso y la participación más amplios; el que termine siendo apoyado por más sectores de la vida nacional, incluidas voces disidentes.

El mes de marzo nos dejó esta idea de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet:

Bachelet

«El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones».

Debe ser nombrado un árbitro que asome la posibilidad de unas elecciones que le den bases a la resolución de la crisis política; origen, como se ha señalado insistentemente, de la crisis general que sufre el país en todos sus ámbitos.|

Boletín 60

Segunda quincena, marzo de 2021

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Resumen Ejecutivo

El 2020 es año electoral en Venezuela, por mandato constitucional. Corresponde la renovación, a través del ejercicio del derecho al sufragio, de los diputados integrantes de la Asamblea Nacional (AN) para la nueva legislatura 2021-2026.

Las elecciones presidenciales de mayo de 2018 resultaron ampliamente cuestionadas por sectores de la sociedad venezolana y por parte de la comunidad internacional, agravando el conflicto y la polarización entre los actores políticos. Partiendo de este antecedente, organizaciones, sectores y mediadores insistieron en la necesidad de alcanzar un acuerdo político amplio e inclusivo que hiciera viable la celebración de unas elecciones parlamentarias que abrieran caminos a la resolución de los problemas sociales, políticos, económicos, sanitarios y educativos que confronta la nación.

Un primer paso en esa dirección hubiese podido ser el nombra miento consensuado de un Consejo Nacional Electoral (CNE) creíble e imparcial, políticamente equilibrado, que mereciera la confianza de la opinión pública y que contribuyera a recuperar la confianza ciudadana en el voto como herramienta de la democracia.

En este punto radica el primero de 10 aspectos clave que caracterizan el proceso electoral parlamentario en curso:

1. La Constitución establece que los integrantes del CNE serán de signados por la AN con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la omisión legislativa en la designación de rectores del CNE. Lo hizo una vez más, en junio, como ha ocurrido por lo menos en cuatro oportunidades pasadas.

La decisión judicial se dio sin el consenso amplio de todas las fuerzas políticas nacionales y sin que el Comité de Postulaciones Electorales, constituido de manera plural en el seno del Parlamento, hubiese desarrollado su función de convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria la lista de los candidatos a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con la Constitución y la legislación electoral.

El Poder Judicial decidió además por los rectores los cargos directivos, aunque el artículo 296 de la Constitución establece que los integrantes del CNE escogerán de su seno a su presidente, de conformidad con la ley. Igualmente decidió por los rectores la distribución de sus tres órganos subordinados.

2. El TSJ también decidió desaplicar artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenarle al CNE que, como consecuencia de la desaplicación declarada, procediera a asumir el desarrollo normativo pertinente, de conformidad con lineamientos señalados en uno de los fallos de la Sala Constitucional.

3. El CNE hizo cambios al sistema electoral, a la composición de escaños de la AN y al mecanismo de selección de representantes indígenas, sin un proceso inclusivo de consulta previa, como ha declara do la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet.

En primer lugar, la facultad de legislar corresponde al Poder Legislativo. Además, las “Normas especiales para las elecciones a la Asamblea Nacional período 2021 2026” y el “Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020” son de fecha 30 de junio; adicionalmente, la reforma a este último Reglamento Especial tiene como fecha el 14 de agosto; y la reforma al Título XIV del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es del 14 de octubre. Tomando en cuenta que el día de la elección es el 6 de diciembre, con todas esas reformas se contraviene la Constitución en su artículo 298, que establece: “La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.

4. Los cambios en la composición de escaños, que elevan el número de cargos a elegir de 167 a 277 diputados, igualmente contraviene la aplicación del artículo 186 de la Constitución, a partir del cual se determina cuántos diputados tendrá cada legislatura. Teniendo Venezuela distintos números de población total en los años 2000, 2005, 2010 y 2015, el número de escaños siempre osciló entre 165 y 167 diputados en las anteriores cuatro legislaturas.

Para esta elección se creó una Lista de Adjudicación Nacional de 48 nuevos diputados, una novedad que carece de sustento constitucional.

5. El mecanismo de selección de la representación indígena ante la AN también sufrió cambios. Incluso, implicó una nueva reforma al reglamento aprobado por el CNE a menos de un mes de haberlo sancionado.

Partiendo del principio constitucional de que el sufragio es un derecho, que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, distintos actores coinciden en señalar que este sistema de escogencia no es directo, porque los electores de hecho ya votaron -en algunos casos, a mano alzada, dependiendo de la dinámica de cada asamblea por unos voceros, y serán estos quienes en definitiva sufraguen por los postulados a diputados -aquí, sí, mediante voto secreto, después de la reforma hecha-.

6. Un conjunto de decisiones del TSJ, mediante sentencias publica das entre junio y agosto, han “obstruido la libertad de selección de los representantes” de varios partidos políticos, como también ha llama do la atención la alta comisionada Michelle Bachelet. Son decisiones que, ha dicho, disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos.

La judicialización de los procesos internos de partidos políticos no solo ha afectado a organizaciones tradicionales de oposición y a formaciones que antes militaron con la alianza electoral oficialista, sino que impactan a todos los ciudadanos porque restringen la oferta electoral. Dirigencias suspendidas a través de estas medidas han calificado de acomodaticias e ilegítimas las direcciones impuestas y han exigido “respeto al desarrollo y ejercicio democrático de la vida orgánica de los partidos políticos”.

7. Esta elección parlamentaria 2020 permitirá el estreno de un nuevo sistema automatizado de votación, luego del incendio de marzo de 2020 que devastó la mayoría del parque tecnológico electoral venezolano. Faltando menos de 60días para la elección, en un contexto de amplias y razonables dudas entre el electorado, el CNE presentó las nuevas máquinas y los nuevos dispositivos de autenticación biométrica. Al cierre de este documento, están en desarrollo una serie de auditorías que deben ser rigurosas para garantizar el correcto funcionamiento del software, el secreto del voto y el principio de “un elector, un voto”, como efectivamente ha sido garantizado para procesos elec torales de años anteriores, como por ejemplo en las presidenciales de 2012 y 2013 y en las parlamentarias de 2015.

8. El Cronograma Electoral es una suerte de hoja de ruta del proceso, que contiene las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos. El cronograma de este proceso electoral parlamentario 2020 ha sufrido varias modificaciones en cuanto a los lapsos de ejecución de varias de sus 88 actividades. Si bien la legislación permite la introducción de modificaciones, en las cuales no se afecten los derechos de las personas, así como tampoco los lapsos de los procedimientos establecidos en la ley, el respeto al cronograma es otro indicador de integridad electoral que contribuiría a crear condiciones de transparencia.

9. La observación electoral independiente es un punto fundamental. La autoridad electoral ha cursado más de 300 invitaciones; las más notables, hacia la Organización de Naciones Unidas y la Unión Euro pea. Luce cuesta arriba que la ONU pueda desplegar una misión de observación electoral, por razones de tiempo y logística. Europa ya descartó venir por razones similares, ya que su solicitud de aplazamiento de la fecha de la votación acompañado por una mejoría de las condiciones democráticas y electorales no fue acogida. Entre tanto, el CNE reformó el título del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales relacionado con los hasta ahora denominados observación nacional electoral y acompañamiento internacional electoral, que fueron renombrados como veeduría nacional electoral e internacional electoral, bajo algunos cambios.

10. Todo este proceso electoral venezolano se halla transversalizado por el curso del nuevo coronavirus. La autoridad electoral ha diseñado un Plan Estratégico de Bioseguridad de cara a estos comicios, los primeros que asume la nación en tiempo de pandemia.

Los árbitros electorales del mundo tienen el reto de mantener e incluso ampliar las garantías técnicas y electorales, al tiempo que garantizar condiciones sanitarias suficientes a los electores y a todos los demás actores involucrados en la dinámica electoral, mediante la adopción de acertados protocolos de bioseguridad. El objetivo supremo a esca la global es que votar resulte un acto seguro, precautelando la salud y la vida, y que el acto masivo del sufragio presencial de ninguna ma nera implique un aumento de las curvas de contagio.

En resumen, esta mirada técnica sobre la trayectoria del proceso electoral parlamentario 2020, entre los meses de junio y octubre, que será desarrollada y documentada en las siguientes páginas, arroja un conjunto de evidencias empíricas que permiten concluir que una desmejora en las condiciones democráticas y electorales está afectando la elección.

Caracas, octubre 2020

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De cara a las elecciones parlamentarias de diciembre, el pasado domingo se desarrolló el Simulacro Nacional de Votación 2020. Una jornada calificada como masiva por la autoridad electoral, que comportó una doble finalidad: el primer acercamiento y familiarización de los electores con nuevas máquinas de votación, y el primer ensayo nacional de aplicación y cumplimiento de protocolos de bioseguridad al acto de votación en este tiempo de pandemia.

Dado que esta elección carece de consensos amplios por parte de todos los actores políticos para acometer el proceso, este viene acumulando irregularidades como la designación del árbitro electoral por parte del TSJ sin que la Asamblea Nacional agotara su procedimiento, la judicialización de procedimientos internos de partidos políticos, las modificaciones continuas al cronograma electoral y la inobservancia de aspectos de la legislación, como los cambios en la composición de escaños en contravención del artículo 186 constitucional.

En el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) desplegamos una vez más nuestra red nacional de observación electoral independiente. 353 observadores, distribuidos en los 23 estados y en Distrito Capital, asistieron a la jornada, la percibieron durante varias horas y en distintas franjas horarias del día y registraron sus impresiones, con rigor de veracidad e imparcialidad.

En términos generales, el 51% de los observadores del OEV calificó como bueno el desenvolvimiento del simulacro, 27% lo percibió regular y 13% lo encontró excelente.

Igualmente, el 55% de los observadores consideró buenas la organización y la logística durante el simulacro. Otro 25% las halló regular y 10% las calificó de excelentes, siendo las opciones de malo y pésimo, inferiores al 10%.

En un balance al término de la jornada dominical, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enumeró, entre otros aspectos, la extensión de la actividad hasta las 5:00 de la tarde, en virtud de la masiva afluencia de electores, así como la apreciación de que la llamada nueva solución tecnológica funcionó de manera eficiente y eficaz.

La muestra nacional recogida por el OEV coincide, en líneas generales, con ambas ideas. El 66% de los observadores estimó más de 40 personas en fila, mientras que otro 20% calculó entre 15 y 40 votantes. Del mismo modo, al evaluar cómo fue el funcionamiento de la máquina durante sus procesos de votación en el simulacro, 9 de cada 10 observadores coincidieron en que la máquina de votación no presentó ninguna falla o problema mientras participaron. En el mismo sentido, 8 de cada 10 de ellos no experimentó demoras o interrupciones durante su proceso.

El simulacro electoral, en consecuencia, funcionó bien. Casi tres cuartas partes de los observadores calificaron entre bueno y excelente el funcionamiento de la herradura. Pero como esta actividad del cronograma electoral, dos veces diferida, ha resultado útil para probar y poder fortalecer la plataforma y la logística electoral, asimismo, algunos hechos observados deben servir de indicador al árbitro para tomar correctivos a tiempo.

Más de la mitad (57%) de nuestra red observó que al centro al cual asistieron fueron trasladados electores con recursos públicos. Una proporción similar de observadores vio personas con vestimenta alusiva a algún partido político en los alrededores del centro, en su gran mayoría favorables al oficialismo.

El simulacro también debe servir para señalar y corregir las evidencias de ventajismo oficial que, de hecho, ya ha dado muestras en las últimas semanas, de modo de evitar que estas prácticas se repitan durante la campaña electoral, recién extendida en su duración a un mes exacto, ni a la jornada de votación del próximo 6 de diciembre.

El estricto equilibrio en el acceso y la cobertura de la campaña, la no utilización de recursos del Estado para actividades proselitistas y la ubicación de puntos partidistas desplegados en las calles solo hasta el cierre de campaña son garantías ofrecidas por el mismo Gobierno a través de la carta del canciller Arreaza a la ONU y la UE, el pasado septiembre.

Sobre los organismos de seguridad que se encontraban en el centro, la Milicia Bolivariana fue el más visto, por 92% de los observadores, mientras que los efectivos del Plan República fueron vistos por 87% de los observadores.

Casi un 10% de los observadores determinó que integrantes de la Milicia estaban dentro del recinto de las mesas o a dos metros del recinto. El acto de votación es eminentemente civil y las funciones del Plan República están claramente delimitadas.

En tiempo de pandemia, las medidas de bioseguridad implementadas durante el simulacro merecen una mención especial. La mayoría de los observadores del OEV las calificó de regular (35%) a bueno (33%), mientras que el 15% del grupo tuvo una experiencia excelente.

En muchas filas a las afueras de los centros, los electores no respetaron la sana distancia física de al menos metro y medio entre ellos, algunos de los cuales se quitaban o se ponían mal el tapaboca antes de ingresar a la instalación. Se trata de un comportamiento social que, a decir verdad, no dista mucho de lo que se puede observar en una cola cotidiana para acceder a un supermercado o a una farmacia en cualquier ciudad del país.

Durante la jornada, uno de cada cuatro observadores advirtió la participación de algún actor (votante, personal logístico, efectivos de seguridad, etc.) sin portar tapaboca, o haciendo uso incorrecto o erróneo (por debajo de la barbilla, en las orejas y/o sin cubrir la nariz). A la mayoría de observadores no les tomaron la temperatura, pero sí les fue suministrado gel antibacterial al participar en el simulacro.

En esta oportunidad fueron seleccionados 381 centros de votación en todo el país. Comparativamente, esto significó una reducción de los centros disponibles para los electores: para el simulacro de las parlamentarias 2015 fueron habilitados 749 centros y para la elección presidencial de 2018 se dispusieron 500 centros. A menos centros disponibles, más probabilidades de aglomeraciones.

Todos los electores deben comprender que son corresponsables en el mantenimiento de la salud pública; y las autoridades electorales, seguir avanzando en el desafío de que las garantías sanitarias y los protocolos de bioseguridad deben funcionar en perfecto equilibrio con la expresión ciudadana. Celebramos, como último dato de esta entrega, que la mayoría del personal logístico y/o electoral que coincidió con los observadores portaba mascarillas médicas, así como caretas o lentes de protección el pasado 25 de octubre.

Próximamente presentaremos una versión más amplia de los resultados y patrones que arrojó este monitoreo independiente. Agradecemos, como siempre, a nuestro comprometido equipo de más de 300 observadores, desplegados en toda Venezuela, que bajo estricta imparcialidad cumplieron una vez más con su misión responsable de observar, registrar y transmitir.

Caracas, 26 de octubre de 2020