Los actores políticos, especialmente los representantes del Estado venezolano, deben promover un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo.
Organizaciones de la sociedad llaman a insistir en la reconstrucción de la ruta electoral como vía insustituible para el logro del estado de Derecho y la democracia en Venezuela. El Alto Comisionado Volker Türk insta a que los próximos procesos electorales nacionales sean transparentes, inclusivos y participativos. Que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a la participación es una exigencia internacional.
El Diccionario de la Lengua Española dice que preocuparse supone intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Pero, en otra acepción, también supone prevenir a alguien sobre algo. Quizás con ambos sentidos, la palabra en cuestión se viene repitiendo en distintos ámbitos sociales y políticos durante el último mes, desde que una estrategia oficialista dinamitó, a mediados de junio, la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) justo a las puertas de un ciclo electoral que debería renovar todos los cargos de elección popular de Venezuela.
Decenas de países se mostraron preocupados por el asunto electoral de Venezuela durante el 53º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pasado 5 de julio, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos expresaron de manera conjunta su preocupación por la renuncia de la directiva del CNE y advirtieron que constituye una amenaza a las garantías electorales. Francia también expresó “profunda preocupación” por la renovación del CNE al tiempo que pidió respeto por los derechos políticos de todos porque, de lo contrario, las próximas elecciones podrían resultar iguales que las de 2018.
Las elecciones presidenciales de 2024 y las regionales, locales y legislativas de 2025 presentan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, pero la falta de garantías aumenta las preocupaciones. Así lo ven la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y otras cinco organizaciones internacionales que suscribieron un comunicado sobre el tema.
De preocupante también han calificado la coyuntura 24 organizaciones de la sociedad venezolana, incluido el OEV, en otro comunicado conjunto en el cual exhortan a los actores políticos y sociales venezolanos a denunciar, sin ambigüedades, esta nueva crisis de institucionalidad del ente electoral, así como advertir sobre los efectos contrarios a los derechos que esa acción tendrá en los venideros procesos electorales y, en general, en el proceso de reinstitucionalización en Venezuela.
Esas organizaciones demandan la designación de un CNE apegado a la legalidad, que cumpla con los preceptos constitucionales de independencia, autonomía, despartidización, imparcialidad y transparencia, al tiempo que invitan a rechazar cualquier intento de imponer una directiva subordinada a intereses particulares.
Mientras la Comisión Europea observa “una evolución sumamente preocupante” en el curso de la inhabilitación de opositores, el Parlamento Europeo condenó este 13 de julio la decisión “arbitraria e inconstitucional” de inhabilitar a políticos de la oposición venezolana, así como la interferencia del gobierno en el proceso electoral en el país.
Antes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en su actualización sobre Venezuela del pasado 5 de julio que sigue de cerca los acontecimientos relacionados con el nombramiento de un nuevo CNE desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos.
“Los próximos procesos electorales nacionales de Venezuela deben ser transparentes, inclusivos y participativos. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos; el pleno cumplimiento del debido proceso; y medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia”, expresó.
Avanza rápido proceso en la AN
Mientras se publica este boletín transcurren los últimos días del lapso fijado por el Comité de Postulaciones Electorales 2023 para recibir los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de rectores electorales.
El aviso que se publicó el 4 de julio dice que “el lapso de postulaciones tendrá una duración de catorce (14) días continuos a partir de la última publicación de esta convocatoria”. Se desprende, entonces, que hasta el 18 de julio, aunque en su declaración a los medios del pasado 4 de julio el presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), dijo que la recepción de los recaudos es hasta el 15 de julio.
La convocatoria, según establece la ley, va dirigida al Poder Ciudadano, a las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y a la sociedad civil.
El 30 de junio quedó instalado formalmente el Comité de Postulaciones Electorales 2023. Así se denomina la instancia que tendrá la responsabilidad de producir y entregar a la plenaria de la AN la lista de elegibles a integrar el nuevo CNE, luego de descartar aquellos postulados que no cumplan los requisitos contemplados en la Constitución y leyes electorales.
Un día antes, el 29 de junio, la AN ya había juramentado a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, después de haber aprobado la designación de los 10 miembros de la sociedad civil que lo conforman.
Comité de Postulaciones Electorales 2023
Diputados Sociedad civil
1. Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira)
2. José Gregorio Correa (AD/Nacional)
3. Desiree Santos Amaral (PSUV/Distrito Capital)
4. Cilia Flores (PSUV/Distrito Capital)
5. Nosliw Rodríguez (PSUV/Cojedes)
6. Didalco Bolívar (PSUV/Nacional)
7. José Villarroel (PSUV/Nacional)
8. Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista/ Nacional)
9. Miguel Salazar (Copei/Nacional)
10. Ricardo Sánchez (Alianza para el Cambio/Nacional)
11. Gloria Castillo (PSUV/Monagas) 1. Ricardo Bravo (sector religioso)
2. Dayairi Ruiz (sector indígena)
3. Carlos Boully (sector religioso)
4. Thaina Aristizabal (sector afrodescendientes)
5. Alexis González (sector discapacidad)
6. Marcos Guerrero (sector profesionales y técnicos)
7. Alfonzo Granadillo (sector adulto mayor)
8. Rosmely Flores (sector profesionales y técnicos)
9. Guillermo Hidalgo (sector trabajadores)
10. María Fernanda García (sector profesionales y técnicos)
Haremos dos consideraciones sobre el comité:
-Nueve de los 11 diputados repiten en funciones, puesto que ya formaron parte del Comité de Postulaciones Electorales que entregó la lista de elegibles de la cual surgieron los 15 integrantes del CNE ahora renunciante, designado en mayo de 2021. Incluso, como en 2021, preside la instancia el diputado Alessandrello (PSUV/La Guaira), y en la vicepresidencia lo acompaña el diputado José Gregorio Correa (AD/Nacional).
-La legislación electoral precisa que serán 10 los representantes de los distintos sectores de la sociedad, pero no especifica cuáles sectores. Esta escogencia de sectores que hizo unilateralmente la comisión preliminar de 11 diputados no tomó en consideración, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil ni a las organizaciones de observación electoral que postularon aspirantes para la conformación del comité, a diferencia de la selección del año 2021.
Cerraremos esta nota con una cita, que pretende ser disparadora de la reflexión. Corresponde a los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, y está contenida en las páginas de su libro ‘Cómo mueren las democracias’ (Ariel, 2018):
“¿Cómo hacen los gobernantes autoritarios para destruir las instituciones democráticas que se supone que tienen que limitarlos? Algunos lo hacen de un plumazo. Pero, con más frecuencia, el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina. Para muchos ciudadanos, al principio puede resultar imperceptible. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando escaños en el Congreso. Los periódicos independientes siguen circulando. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo en pequeños pasos. Cada uno de esos pasos individualmente parece insignificante —ninguno parece amenazar seriamente la democracia—. De hecho, los movimientos del gobierno para subvertirla suelen estar dotados de legalidad: son aprobados por el parlamento o declarados constitucionales por el tribunal supremo. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la corrupción, “transparentar” las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional”.
Boletín 109 |
Primera quincena, julio de 2023
https://oevenezolano.org/2023/07/boletin-109-preocupacion-dentro-y-fuera...
La institucionalidad electoral en Venezuela sufrió un revés con la renuncia simultánea y acordada de la mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Cuesta creer que esta crisis institucional del CNE no termine impactando las bases del próximo ciclo electoral 2024-2025.
En primer lugar, retrasa la actualización del Registro Electoral, no solo una tarea sobre la cual la administración debería trabajar desde ya sino, sobre todo, un derecho que actualmente afecta a varios millones de excluidos por la falta de una jornada masiva de inscripción y actualización dentro de Venezuela y por el cierre del sistema para los migrantes.
Suceden estos acontecimientos justo cuando el actual CNE se disponía a finiquitar y firmar las condiciones de apoyo técnico y logístico para la primaria presidencial opositora, un mecanismo democrático que se inscribe dentro del derecho constitucional a la asociación política y que, como proceso, también hace parte del próximo ciclo electoral.
Y, en tercera instancia, el escenario actual dificulta avances en torno a las posiciones acordadas por una veintena de países, en el marco de la reciente Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela: hablamos de la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021.
Desde el OEV esperamos que esta crisis se resuelva, primero, en el marco de la Constitución y las leyes electorales y, segundo, incorporando el necesario diálogo político entre los distintos actores, en aras de generar nuevos consensos.
1. Los tres desencadenantes, en perspectiva
En menos de 24 horas el oficialismo consumó la estrategia de implosionar el Consejo Nacional Electoral. La serie de hechos que revisaremos a continuación nos habla, una vez más, de la falta de separación de los poderes públicos en Venezuela, aunque la “plena independencia de las demás ramas del poder público” sea, precisamente, el principio que dictamina la naturaleza del CNE, según el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).
1.1. El orden del día:
Esta historia empieza con una filtración: la del orden del día propuesto para la sesión ordinaria del jueves 15 de junio en la Asamblea Nacional (AN). El segundo de los tres puntos de la agenda decía: “Aceptación de la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional y designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales…”.
La noche del miércoles 14 de junio esta agenda parlamentaria se regó con sorpresa en las redes sociales. Aunque la cuenta en Twitter de la AN no la publicó para oficializarla antes de la sesión, medios independientes confirmaron su veracidad.
1.2. La declaración:
El Consejo Nacional Electoral convocó a los medios a una declaración de su presidente, Pedro Calzadilla, el jueves 15 de junio a las 11:00 a.m. El rector principal leyó un texto que todavía sigue dejando más dudas que certezas, porque no termina de explicar suficientemente la motivación de esa decisión. Aquí, el párrafo central:
“Que Venezuela termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica, y la estabilidad política y social de las que fuimos ilegalmente desviados, depende en mucho del compromiso y de la vocación nacional de todos, quienes hacemos vida en nuestro país. Es por ello que, en aras de contribuir con este noble objetivo, quienes suscribimos esta declaración hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional”.
Suscribieron la declaración los rectores principales Pedro Calzadilla y Alexis Corredor, los rectores suplentes incorporados Leonel Párica y Carlos Quintero y los rectores suplentes Gustavo Vizcaino, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés. Los ocho, vinculados al oficialismo.
1.3. La sesión de la AN:
Media hora después de la declaración de los rectores poniendo sus cargos a la orden, la AN convocó a la sesión ordinaria en la cual, efectivamente, se dieron por informados de la novedad y aprobaron por unanimidad empezar desde cero la conformación de un nuevo CNE; esto es, mediante la designación de la Comisión Preliminar para conformar el Comité de Postulaciones Electorales.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, consideró urgente y fundamental la conformación del nuevo CNE, de acuerdo a las leyes. De hecho, empezando este año 2023, el 9 de enero, el diputado del partido de gobierno y titular reelegido al frente del Legislativo ya había asomado que considerarían la conformación de un nuevo CNE.
2. Un órgano sin quórum
Repasemos, en tres píldoras, la estructura de funcionamiento del CNE:
-Lo conforman 15 rectores, cinco principales y 10 suplentes.
-El directorio está integrado por cinco rectores electorales o principales.
-Tiene tres órganos subordinados, cada uno de ellos compuesto por dos rectores principales y por un rector suplente que pasa a llamarse incorporado.
El directorio ya venía cojeando: en abril de 2022 la rectora electoral Tania D’Amelio fue designada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Esto generó una vacante absoluta. Su primer suplente nunca fue ascendido. El Poder Legislativo nunca se preocupó por solventar esta falta. Ni siquiera hubo intervención alguna del Judicial, como en experiencias pasadas. En general, nadie en el alto gobierno dijo nada al respecto durante 14 meses. Hasta ahora.
Antes, en diciembre de 2021, ya había renunciado el rector suplente y expresidente de Fedecámaras Francisco Martínez, alegando razones personales.
Si sacamos cuentas quedaban, entonces, 13 rectores: descontando los ocho renunciantes, se abría una disyuntiva para los cinco restantes, vinculados a sectores no oficialistas: los principales Roberto Picón y Enrique Márquez, junto a los suplentes Griselda Colina, León Arismendi y Conrado Pérez. Con una estructura legal que exige ocho rectores en funciones, les hubiese resultado materialmente imposible continuar adelante. El quórum se había roto.
Roberto Picón renunció el lunes 19 de junio. “No para convalidar una situación que a todas luces es irregular”, aclaró en un comunicado, “sino para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente por la AN”.
Enrique Márquez puso su cargo a disposición de la AN el 20 de junio. “Lo hago a conciencia e inspirado por el mismo pensamiento que me trajo acá: el fortalecimiento de la vía electoral como única ruta para reconstruir nuestro país”, expresó en su comunicado.
3. Viaje al origen: ¿de dónde vienen los 15?
La Asamblea Nacional es, por definición constitucional, el poder público encargado de designar a los integrantes del CNE. Los actuales (porque se mantendrán en sus cargos hasta que lleguen los relevos) fueron designados por la AN el 4 de mayo de 2021. Ese día se acabó una racha de 15 años durante los cuales prevaleció el poder del Tribunal Supremo de Justicia para imponer rectores electorales.
¿Qué pasó, entonces, de diferente? Lo explica un comunicado del Foro Cívico, divulgado el 20 de junio, en el cual esta plataforma de organizaciones sociales y gremios profesionales recuerda que este CNE nombrado en 2021 fue el producto de un consenso entre actores de sociedad civil y políticos. Un consenso que, aunque parcial, permitió, entre otros logros que enumeran:
-Avances significativos en las garantías electorales, como una observación internacional plural materializada en el regreso de la Unión Europea y la materialización de un panel de expertos electorales de Naciones Unidas.
-La elección de 3.082 funcionarios públicos, en noviembre de 2021, con pleno reconocimiento nacional e internacional.
-Permitió conocer la dimensión de las distintas fuerzas políticas del país.
-Y alineó a la mayoría de los partidos políticos en la recuperación de la vía electoral.
El CNE de 2021, designado para un período de siete años, esto es, hasta 2028, vino también a representar estabilidad luego del cuestionado nombramiento de rectores de junio de 2020 por parte del Poder Judicial. Rectores que organizaron la también cuestionada elección parlamentaria de diciembre de ese año, a la cual no concurrió la oposición mayoritaria.
Antes de ese episodio, y por lo menos hasta la presidencial de 2018, el ente comicial demostró cierta tendencia a respetar los períodos de los rectores y a hacer las sustituciones de rigor, aunque el punto cuestionable aquí era que los nombramientos los solía hacer el TSJ, a falta de las dos terceras partes de la votación en el Parlamento por ninguna de las tendencias.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) calificó este CNE designado en 2021 como el más equilibrado de los últimos 20 años. “Muchos consideraron su nombramiento como la medida más importante para restablecer la confianza en el CNE después de que los partidos de la oposición no participaran en las tres elecciones nacionales anteriores”, dice su informe final de observación.
4. Los pasos que vienen
La crisis institucional generada por la renuncia simultánea de ocho rectores del CNE es un retroceso, luego de los incipientes avances descritos en la ruta de la reinstitucionalización electoral y la reconstrucción de la confianza en el voto.
Este golpe a la institucionalidad electoral está marcando, indefectiblemente, el tono con el cual empieza la construcción de las bases del nuevo ciclo electoral 2024-2025 en Venezuela, como avanzamos al inicio. De ahí la importancia de hacer el debido seguimiento al proceso de designación de rectores que acaba de empezar el Poder Legislativo.
Resolvemos cinco dudas frecuentes sobre este proceso:
4.1. ¿Por dónde vamos?
El viernes 16 de junio se instaló y empezó a sesionar la Comisión Preliminar, con los 11 diputados que la integran. Su objetivo es accionar el proceso y los mecanismos para incorporar a 10 ciudadanos postulados por la sociedad civil que, junto a los 11 diputados, integrarán el Comité de Postulaciones Electorales 2023.
4.2. ¿Quiénes integran la Comisión Preliminar?
Los diputados Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), quien la preside; Desiree Santos Amaral (PSUV/Distrito Capital), José Gregorio Correa (AD/Nacional), Cilia Flores (PSUV/Distrito Capital), Nosliw Rodríguez (PSUV/Cojedes), Didalco Bolívar (PSUV/Nacional), José Villarroel (PSUV/Nacional), Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista/ Nacional), Miguel Salazar Rodríguez (Copei/Nacional), Ricardo Sánchez (Alianza para el Cambio/Nacional) y Gloria Castillo (PSUV/Monagas).
Nueve de estos 11 diputados ya habían integrado la Comisión Preliminar y, posteriormente, el Comité de Postulaciones Electorales durante el proceso de designación de rectores del primer cuatrimestre de 2021. Los únicos dos debutantes en estas funciones son los legisladores Sánchez y Castillo. El mismo diputado Alessandrello ya había presidido esta instancia.
4.3. ¿Quiénes completarán la conformación del Comité?
Del lunes 19 al domingo 25 de junio transcurrió un lapso de siete días continuos dados por la Comisión Preliminar para que organizaciones de la sociedad y ciudadanos por iniciativa propia se postulen para integrar, junto a los 11 diputados de la AN, el Comité de Postulaciones Electorales 2023.
La Comisión Preliminar prevé presentar a la plenaria este jueves 29 de junio la lista sobre la que se habrán de seleccionar los 10 nombres, para su aprobación y posterior juramentación, de entre las 184 personas que presentaron sus credenciales.
4.4. ¿Los integrantes del Comité de Postulaciones elegirán al nuevo CNE?
No. Nunca ha sido así y esta vez tampoco será así, si se cumple el procedimiento de ley.
El Comité de Postulaciones Electorales tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la AN la lista de los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la LOPE. La encargada de designar a los 15 nuevos rectores es la plenaria de la AN, con base en la lista de elegibles que le suministra el Comité y con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.
La desinformación electoral se ha manifestado en torno a este tema. Verificadores como la iniciativa Es Paja han desmentido, por ejemplo, uno de los bulos más difundidos de los últimos días en las redes sociales: la primera dama de la República no estará al frente del nuevo CNE.
4.5. ¿En cuánto tiempo tendremos nuevos rectores?
Todo el procedimiento de designación de los rectores electorales está descrito en la LOPE. A juzgar por el proceso inmediato anterior, que empezó el 19 de enero con la designación de la Comisión Preliminar y finalizó el 4 de mayo de 2021 con la designación y juramentación de los 15 integrantes del CNE. Es decir, tomó tres meses y medio. En nuestro Boletín OEV 62 resumimos los 31 hitos que configuraron ese proceso de hace dos años.
Esta vez, el diputado Correa declaró a medios que tiene el deseo de que antes de 70 días podrían estar presentando a Venezuela los nuevos rectores electorales. En cualquier caso, los plazos de ley deben cumplirse.
5. Apunte final
En el OEV consideramos que las críticas esgrimidas en torno a esta crisis generada en el seno del CNE no significan que se deba dar la espalda a la participación en el proceso de designación de nuevos rectores, siempre en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales. Todo lo contrario.
Ahora más que antes resulta vital que la sociedad civil y los actores políticos sigan comprometidos con la ruta electoral y, en ese tránsito, por la insistencia de cumplimiento de las garantías y condiciones contempladas en la legislación de cara al próximo ciclo electoral. Al final del día, lo que reside en el centro de este asunto es el ejercicio del derecho humano a elegir.
Boletín 108
Segunda quincena de junio 2023
https://oevenezolano.org/2023/06/boletin-108-crisis-institucional-del-cn...
El pasado jueves 15 de junio el país fue sorprendido con una abrupta declaración emitida por ocho rectores, principales y suplentes, del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la cual ponían sus cargos a la orden ante la Asamblea Nacional (AN) “para contribuir al propósito de que Venezuela termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica y la estabilidad política y social de la que fue ilegalmente desviada”.
Ese mismo jueves la sesión ordinaria de la AN, con una celeridad igualmente sorprendente, abordó como segundo punto del orden del día: “Aceptación de la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Asamblea Nacional y designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales…”.
Estas sorpresivas decisiones ocurren en un contexto político complicado. No dejan claras cuáles son las razones ni los propósitos que las fundamentan. No es, desde luego, un buen mensaje el que se envía a la sociedad venezolana, de cara a futuros eventos electorales. Da pie a dudas y especulaciones. Además, son cuestionables desde el punto de vista legal, al ignorar varias disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Electoral.
Estos hechos pudieran comprometer desde su nacimiento la legitimidad de un nuevo CNE, mermando la muy necesaria confianza ciudadana en el Poder Electoral para el nuevo ciclo que debería iniciarse el próximo año con la elección presidencial.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) seguirá atento a venideros acontecimientos para señalar eventuales irregularidades y demandar el cumplimiento de la legislación vigente, para proteger la necesaria confianza ciudadana en nuestro sistema electoral y en el ejercicio del derecho al sufragio como mecanismo democrático, constitucional y pacífico de resolución de conflictos en Venezuela.
Observatorio Electoral Venezolano
Caracas, 17 de junio de 2023
Cuando María Gómez entró a la Universidad Central de Venezuela (UCV) por la puerta Tamanaco, pasó de la felicidad al desconcierto al escuchar de otra egresada que las elecciones del 26 de mayo estaban siendo suspendidas. Eran pasadas las 2:00 de la tarde. Llevaba montada en transporte público desde primera hora de la mañana, cuando empezó su travesía en Charallave, estado Miranda.
Si Gómez asumió que había perdido los 60 kilómetros de recorrido desde su casa hasta la UCV, María Mujica, egresada de la Facultad de Ciencias, rodó incluso el triple desde Valencia, estado Carabobo, para encontrarse con el mismo escenario: la sorpresiva paralización de las votaciones al haber transcurrido más de media jornada a marcha forzada.
La masiva participación de la comunidad universitaria, expresada en el ánimo de la mañana y en las largas filas de miles de electores que plenaron los alrededores de las 11 facultades, se vio empañada por los errores y las deficiencias en la organización del proceso de votación. El civismo imperó en las colas, a pesar de la molestia.
Durante la mañana y a mediodía, se constató cómo en facultades como Farmacia no había llegado material electoral para la votación de administrativos y obreros, mientras que la mesa contigua de los estudiantes funcionaba con pocas boletas. En Derecho, por citar otro caso, recibieron unas 400 papeletas, aunque el padrón esperado era de 1.500 estudiantes, y apenas 200 boletas para egresados, una población electoral que allí ascendía a 10.000 electores.
En Odontología permanecía estoica la fila de profesores, quienes nunca pudieron empezar a votar no solo en esa facultad sino en prácticamente todas las dependencias. Esta, la boleta de mayor ponderación a la hora de contar los votos resultó la más ausente de la jornada. Pero también faltaron sellos, cuadernos y otros elementos del cotillón electoral. Nunca se sirvió la mesa completa, sino algunos componentes en cantidades limitadas y con retraso.
Lo que se sabe, a cuentagotas
¿Qué pasó? Los ucevistas debieron abandonar el campus con la misma duda. Duda que se prolongó por lo menos por tres días. Y que, al cierre de este boletín, mantiene todavía varias incógnitas sin ser despejadas.
Según un informe presentado por la Comisión Electoral de la UCV el lunes 29 de mayo, a petición del Consejo Universitario, el cumplimiento del cronograma electoral se cumplió hasta el 12 de mayo, cuando se publicó el boletín de impugnaciones al registro definitivo y la lista de candidatos. Pero justo el 15 de mayo empezaron a salir las cosas mal.
Esa era la fecha pautada en el cronograma para la publicación del Registro Electoral Definitivo. Según el relato de la Comisión Electoral, ese día “se presentó la contingencia de la pérdida de la información debido a los errores cometidos por el personal de apoyo contratado por la Comisión Electoral para verificar toda la data de los registros electorales”.
Hablamos no de uno sino de, en realidad, cinco registros electorales que, unidos, conforman un universo electoral de más de 221.000 personas con derecho al sufragio, entre profesores activos y jubilados, estudiantes regulares de pregrado, personal administrativo y obrero tanto activo como jubilado y egresados de pregrado sin importar su tiempo de graduados.
Este hecho trajo como consecuencia que el personal técnico de la Comisión Electoral tuviera que rehacer nuevamente todo el registro y los procesos informáticos asociados, lo que perjudicó los procesos subsiguientes. En el Twitter de la Comisión, sin embargo, lo que se alegó en su momento para no publicar el Registro era la falta de internet en la sede del organismo. Un dato que, luego, no figura como limitante en el informe presentado al CU.
La tarea es compleja
Sin Registro Electoral Definitivo, por ejemplo, ¿cómo se elaboran e imprimen los cuadernos de votación? Resulta imposible. ¿O cómo se calculan cuántas boletas son necesarias para imprimir, en función del número de electores?
Pero, vamos más allá: si se decidió una elección única para 293 cargos principales, cada grupo de boletas amerita una especificidad: no puede ser igual el instrumento de votación para un profesor activo que para uno jubilado de Ingeniería, y tampoco es igual la papeleta para un administrativo o un egresado de esa misma facultad, porque el número de votos a emitir es distinto. Y, si miramos el panorama completo de 11 facultades y 37 escuelas, la oferta electoral también es diferente. Hablamos, en resumen, de más de 100 tipos de distintas boletas con diferentes opciones, que luego deben ser ordenadamente embaladas y dispuestas para una efectiva distribución por el campus.
El Registro Electoral Definitivo fue publicado el 23 de mayo, tres días antes de la votación. Ante la cercanía del proceso electoral, directivos de la Comisión Electoral preguntaron nuevamente al área técnica si podían cumplir con la impresión de cuadernos y boletas antes de la fecha prevista, a lo cual respondieron afirmativamente, según se narra en el informe.
“Desde ese mismo día, todo el personal de la Comisión se encontraba abocado a los procesos de impresión y elaboración de cotillones electorales, incluyendo actas, credenciales y demás material que interrumpió en algún momento la impresión general”, cuenta la Comisión Electoral en su informe explicativo.
En entrevistas varios candidatos a rector han criticado que, en el Consejo Universitario del 24 de mayo, dos días antes de la votación, la Comisión Electoral afirmara que todo estaba a punto y marchaba bien para la fiesta electoral del viernes 26.
Ante esto, la Comisión Electoral argumenta que, bajo el principio de buena fe, nunca tuvieron dudas sobre el trabajo y capacidad de su personal para llevar adelante el proceso, debido a que ya han ejecutado estos procedimientos en elecciones anteriores, sin inconvenientes. Y aquí, un mea culpa de la Comisión: “Reconocemos la supervisión inadecuada de los procesos, derivado de lo anterior y de la premura en los tiempos que nos acercaban al día de la elección”.
Un desorden en las mesas
En este informe también aclaran el porqué de la desorganización del material electoral que fue entregado a las subcomisiones por parte de la Comisión Electoral: si bien en Twitter informaron sin mayores razones sobre la postergación del inicio del proceso electoral una hora, la causa de fondo era que “no había finalizado el embalaje para el traslado del material al sitio donde iba a ser entregado a las subcomisiones en la UCV”. Es decir, el mismo día de la votación, a la hora de inicio de la votación, seguían embalando material electoral para trasladarlo.
Luego, una vez entregado el cotillón electoral, la Comisión Electoral dice que fue informada por las subcomisiones de las distintas facultades de que “el material estaba incompleto en los cotillones”, pudiendo comprobar solo hasta entonces los “errores” en su elaboración. Hablan de fallas en cuadernos y boletas electorales.
En un comunicado publicado el 28 de mayo, dos días después de la frustrada votación, la Comisión Electoral “lamentó profundamente” los hechos y se mostró “afectada profundamente” por la situación. Pidieron “sinceras y sentidas disculpas” a la UCV y al país. “Como ente organizador asumimos la responsabilidad ante la comunidad ucevista y ante el país”, se excusaron, al tiempo que agradecieron y reconocieron el trabajo “arduo y comprometido” de las subcomisiones electorales.
Mientras en la Ciudad Universitaria de Caracas las cosas salían mal, los procesos electorales llevados a cabo en las facultades de Agronomía, Ciencias Veterinarias, EUS de la Facultad de Humanidades y EDU de la Facultad de Arquitectura, en las regiones, se realizaron sin inconvenientes. Estas votaciones también deberán repetirse, según se informó en el Consejo Universitario del 29 de mayo.
Una comisión contralora
Para velar por la buena marcha de la diferida votación, todos los actores estuvieron de acuerdo en la designación de una Comisión Asesora de Apoyo Técnico, nombrada por el Consejo Universitario. La coordina el profesor Froilán Lozada y también la integran los docentes Norman Guzmán, Félix Arroyo y Alberto Fernández junto a la estudiante Patricia Briceño.
Su misión será supervisar el cumplimiento de la continuación del proceso electoral, y garantizar que se realice de forma efectiva la primera y la segunda vuelta.
El nuevo cronograma propuesto al Consejo Universitario y ratificado en la sesión del 31 de mayo contempla celebrar la primera vuelta el viernes 9 de junio.
El 26 de mayo falló también el ofrecimiento de información oportuna y veraz por parte de la Comisión Electoral a la comunidad universitaria y al país a través de los diversos medios de comunicación desplegados en la UCV.
Además del asunto transversal y fundamental de la información institucional, otros desafíos que, consideramos, tiene por delante la Comisión Electoral de la UCV son:
La revisión detallada de todo el material electoral que se imprima y embale.
La validación o los ajustes necesarios -si fuere el caso- al Registro Electoral Definitivo.
Una necesaria prueba técnica que compruebe el correcto funcionamiento de las lectoras ópticas una vez finalizada la jornada, porque las boletas durante el acto de votación apenas se introducen en una caja de resguardo de cartón y no se pasan de inmediato por las lectoras ópticas como erróneamente informaron algunos medios internacionales.
La participación del electorado, ahora más que antes, se alza como un aspecto fundamental. La comunidad universitaria espera que sea tan o más masiva que el 26 de mayo.
Boletín 106. Segunda quincena, mayo de 2023
https://oevenezolano.org/2023/05/boletin-106-las-causas-conocidas-del-di...
La desconexión con la política, la falta de alternativas en el liderazgo y la desconfianza hacia el sistema abonan a la desmotivación de los venezolanos, sobre todo los jóvenes mayores de 18 años, a la hora de cumplir con su deber de registrarse en el padrón nacional de electores y así quedar habilitados para ejercer su derecho al sufragio.
Un cruce entre el registro de cedulados y la base de inscritos en el Registro Electoral (RE) sugiere que, para el año 2024, 3,3 millones de personas con entre 18 y 30 años no estarán inscritos en el RE. Pero, si se traen las proyecciones de disminución demográfica producto de la migración, se debe asumir entonces que para esa fecha 2,4 millones de personas mayores de 18 años en Venezuela no estarán inscritas en el RE. Si no se implementan acciones pronto, claro está.
¿Por qué el desencuentro juvenil con el deber cívico de inscribirse en el RE y poder ejercer el derecho al sufragio? Porque tienen desinterés por la política. Porque sienten una profunda desconexión con la oferta de liderazgo disponible en Venezuela. Porque no ven alternativas. Porque aprecian que el sistema electoral está construido para dar la victoria siempre al mismo contendor; no confían, están llenos de mitos. Y porque opinan que el voto solo tiene valor en democracia.
Las anteriores afirmaciones son parte de los resultados de la investigación “Los jóvenes venezolanos y la política. Una visión cualitativa”, recién presentada por Estadolab, un centro de reflexión y acción social cuyo objetivo fundamental es contribuir a superar la fragilidad estatal en Venezuela y a transformar la crisis actual en una oportunidad de desarrollo. Este estudio fue realizado junto al Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno.
Esta investigación cualitativa se basó en cinco focus group en la región capital y en 21 entrevistas en profundidad a jóvenes menores de 30 años en varias ciudades del país que no están inscritos en el RE.
¿Quiénes componen esta parte de la población? Una generación pragmática, digital, que nació en la era Chávez, en tiempos de alta polarización política, y que creció en la era Maduro, con la inestabilidad económica, el desabastecimiento, el apagón y la pandemia. ¿Y qué buscan? Estabilidad. La mayoría trabaja para costearse los estudios y para apoyar en la casa. Han desarrollado, pues, gran sentido de la responsabilidad.
¿Qué sienten estos jóvenes sobre la política? Según la investigación citada, hallaron estas cuatro tendencias:
1. Desinterés. La describen como un esfuerzo agotador e inútil y como terreno del conflicto.
2. La participación, cuando se da, es una pantalla. Consideran que no son tomados en cuenta y que, cuando los llaman, es “para hacer bulto”.
3. La definen como un desastre. Sostienen que todos los políticos son iguales y que solo los mueve sus propios intereses y no el servicio a la gente.
4. La califican como el terreno del engaño y la dominación. Perciben la práctica política venezolana como algo muy distante de su razón de ser.
¿Qué opinan sobre la democracia? De nuevo la investigación resalta cuatro ideas, fundamentalmente positivas, con la madre y los abuelos como los grandes reservorios de memoria democrática:
1. La describen como un sistema que permite la participación plural, de todos.
2. La asocian a la presencia de oportunidades de calidad e igualdad en el acceso a ellas.
3. La entienden como la posibilidad de que las personas tengan libertad de elegir lo que quieren y lo que necesitan.
4. Advierten que en Venezuela está mal implementada. Ahí es donde se vierten inconformidades e ideas negativas, con la experiencia nacional, pero no con el concepto en abstracto.
¿Resignificar el voto?
La investigación encontró que los jóvenes consideran que el voto tiene la función única de elegir. No lo resignifican. Ignoran que, en otros contextos, el voto también ha sido un ejercicio social conducente a movilizaciones o desencadenante de eventos democratizadores.
En su línea de investigación de experiencias comparadas, el politólogo John Magdaleno ha hallado 44 casos en los cuales transiciones a democracia tuvieron lugar con motivo de elecciones que las facilitaron. “La elección sí puede funcionar si se la acompaña con otros instrumentos. No es una varita mágica”, expresa Magdaleno en un video reciente publicado por Estadolab.
Entre las recomendaciones para la acción que esta organización ofrece al cierre de su estudio cualitativo se cuentan la necesidad de apelar a la responsabilidad y al sentido del deber, presentar a los jóvenes el dilema estratégico de participar sin condiciones (se abren posibilidades) y de no participar (fracaso asegurado), presentarles la política como algo necesario y, por último, el de informarlos con argumentos racionales a ellos, que surfean mejor el fenómeno de la desinformación.
Pero la investigación también advierte una idea clave: el por qué los jóvenes venezolanos no quieren participar está lejos de explicarse por mera apatía. Hay barreras estructurales para la participación. Veamos.
La barrera que aporta el CNE
La más reciente Encuesta Nacional sobre Juventud (ENJUVE) hecha y publicada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) entrevistó a más de 8.000 jóvenes en 2021, el año de las más recientes elecciones en Venezuela. Al preguntarles a quienes dijeron ser abstencionistas por qué no votarían en las elecciones regionales y municipales de noviembre de ese año, 42 % de la muestra alegó que no estaba inscrito en el RE.
En junio y la mitad de julio de ese año, 45 días, tuvo lugar la más reciente jornada especial de inscripción y actualización de datos en el RE que haya dispuesto el Consejo Nacional Electoral (CNE), el administrador del registro de electores del país.
En la práctica no llegaron a 1.000 los puntos disponibles en toda la geografía nacional. De hecho, como demostró un análisis de Súmate, el 50 %, más de 500 de las 1.141 parroquias de Venezuela se quedó sin punto para registrarse en el RE. Y algunos otros puntos funcionaron en sedes de comunas, bases de misiones, edificios públicos y comandos policiales, alejados de los tres criterios que, según la legislación electoral, deben regir la ubicación de estos espacios:
1. Facilidad de acceso para los electores.
2. Presencia en sectores de difícil acceso / mayor concentración.
3. Garantía para todos los sectores de la población.
En la actualidad, el carácter continuo que define el RE apenas se observa en las 24 oficinas regionales electorales (ORE) del CNE, una por capital de estado. Ante el grande y creciente rezago existente entre la realidad poblacional y nuestro registro de electorales, los 24 puntos ahora disponibles se tornan absolutamente insuficientes, son una capacidad instalada absolutamente deficitaria en relación con las tareas de inscripción y actualización de datos en el RE que el CNE debe acometer de cara al próximo ciclo electoral.
En un país con recurrentes problemas de movilidad y precariedad en la prestación de servicios públicos, los tiempos de jornadas especiales del RE deben ser mucho más amplios y la disposición de puntos mucho más cercana a los electorales, como dicta la legislación. La municipalización y parroquialización del RE es, insistimos en esto, materia urgente.
Boletín 103
Primera quincena, abril de 2023
Las elecciones son procesos ciudadanos que hacemos entre todos. En este boletín 100 compartimos algunas pistas sobre a qué debemos prestar especial atención. Así, ponemos nuestra mirada sobre los acuerdos, el registro, el árbitro, los candidatos inhabilitados, los partidos desmembrados, la opacidad y la vigilancia. Detrás de cada uno de estos asuntos hay derechos que el Estado debe garantizar y los ciudadanos, estar en su derecho de ejercerlos
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) completa, con la presente entrega, una centena de boletines periódicos. Un esfuerzo sostenido de esta organización en sus últimos años, pensado con el ánimo de propiciar una comprensión más plural y socialmente responsable de los asuntos electorales en el país, la región e incluso del mundo.
No es, desde luego, asunto sencillo el de medir fuerzas con la desinformación, que también extiende sus tentáculos hacia lo electoral sembrando desconfianzas, reencuadrando realidades, alimentando mitos y, en suma, alejando aún más a la sociedad del desarrollo y resguardo de la democracia.
Llegamos al boletín 100 con nuestra lupa de observadores puesta en el futuro. Y lo primero que divisamos es que los venezolanos todos, junto a sus instituciones, debemos prepararnos mejor para encarar el próximo ciclo electoral: en los próximos dos años, 2024 y 2025, por mandato constitucional deberían ser renovados los 3.360 cargos de representación popular de la nación, desde la Presidencia de la República (un jefe de Estado), pasando por la Asamblea Nacional (277 diputados, tras las reformas de 2020), hasta las gobernaciones (23 gobernadores), los consejos legislativos (253 legisladores, a la fecha), las alcaldías (335 alcaldes) y los concejos municipales (2.471 concejales, según el diseño actual).
¿A qué debemos prestar atención?, ¿sobre cuáles aspectos deberíamos afinar esa mirada, para convertir el próximo ciclo electoral venezolano en una oportunidad aprovechada para un mejor futuro para el país? De seguro son más. No es menos cierto que en el camino irán apareciendo otros factores, pero, de entrada, vamos a aportar cinco elementos que vale la pena ubicar en la primera fila de los esfuerzos político-electorales necesarios en el futuro próximo.
1. Los acuerdos políticos
De lo siguiente estamos convencidos: para que las próximas elecciones en Venezuela salgan mejor, los actores políticos tienen que coincidir previamente en negociaciones para llegar a acuerdos.
Los más recientes procesos electorales pueden servir como ejemplos de cómo el acuerdo político sirve como catalizador.
Por un lado, la presidencial de 2018 y la parlamentaria de 2020 no salieron bien. La primera violó las reglas del juego democrático y derivó en un desconocimiento internacional del resultado que arrastró problemas de diversa índole. La segunda excedió la letra constitucional, al imponer un diseño arbitrario y distinto al de la legislación, y las consecuencias se evidenciaron, entre otros aspectos, en una mermada participación.
Por otro lado, la regional y municipal de 2021 detuvo el descenso de la curva de integridad electoral. Los acuerdos por una administración electoral menos desequilibrada, la habilitación de tarjetas electorales antes cooptadas y la apertura hacia una observación electoral internacional más plural despertaron una mayor participación entre actores y electores. Y ante el colofón ventajista de Barinas, la voluntad popular revalidó la viabilidad de la ruta electoral.
México es una puerta que por ningún motivo debería cerrarse. La hoja de ruta lleva rato trazada y aprobada por consenso, memorando de entendimiento incluido, con lo político y lo electoral como asuntos esenciales. En el entendido de que buena parte de las garantías y condiciones por definir se asientan, además de sobre la base de los acuerdos políticos, en el interés y la apropiación de la sociedad: las elecciones también las construye, las hace, las diseña la gente. Con sus demandas y su participación.
2. El Registro Electoral y el derecho a elegir
El más reciente corte del Registro Electoral (RE) del cual se tiene conocimiento público data del pasado 30 de septiembre. Son 21 millones 094 mil 629 electores. Pero faltan otros tantos millones.
Minimizar el amplio rezago, la creciente brecha existente entre la dinámica poblacional y migratoria con el padrón nacional de electores debe constituir una materia de primer orden porque, indefectiblemente, predispondrá el carácter de la próxima elección presidencial.
Dentro de Venezuela, una cantidad no despreciable de la población necesita actualizar su residencia y su centro de votación, mientras que el bono demográfico juvenil requiere inscribirse por primera vez. Fuera de Venezuela, los 107.878 electores que, a la fecha, aparecen registrados para votar desde el exterior no son sino una minúscula parte de los varios millones de migrantes que deben, primero, recuperar su derecho a la identidad para, entonces sí, seguir ejerciendo su derecho a elegir en esta, que continúa siendo su primera comunidad política de adscripción.
Conforme avanzan las semanas se eleva el apremio por una buena jornada especial del RE, que cumpla con los tres criterios establecidos en la legislación electoral: facilidad de acceso para los electores, presencia en sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración y garantía para todos los sectores de la población (artículo 33 de la LOPRE). El tiempo es ahora.
Desde agosto de 2022 espera discusión en el directorio del CNE un proyecto de reglamento del voto en el exterior. Una era la situación migratoria en 2009, cuando la AN aprobó la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales, que limita el voto migrante a aquellos con una residencia u otro régimen de legalidad de permanencia, y cuyo artículo 124 la legislatura actual debería reconsiderar. Y otra es la realidad 14 años después, cuando Naciones Unidas ha posicionado a Venezuela como uno de los países de mayores crisis migratorias del mundo.
El derecho a elegir pasa, finalmente, por el respeto al principio de calendarización: las fechas y los períodos de ley, los cronogramas electorales y el equilibrio entre los tiempos técnicos y los tiempos políticos predisponen a mejores elecciones.
3. El árbitro
Lo dicen las encuestas: la imagen pública del CNE mejoró, aunque parcialmente, con la actual administración, designada en 2021 por el Legislativo, el poder público al cual le corresponde este encargo constitucional. Y esto ha sido gracias a los acuerdos políticos. Los antecedentes nos enseñan un errático camino de autoridades comiciales nombradas por el Poder Judicial desconociendo los procedimientos claramente estipulados en la Constitución.
Los integrantes del órgano electoral serán actores fundamentales del próximo ciclo. Decíamos en 2021, cuando juraron en el Parlamento, que después de las regionales de 2021 los actuales rectores serían los encargados de llevar a cabo los destinos, por lo menos, de la elección presidencial de 2024, así como de las votaciones parlamentarias y subnacionales del año siguiente.
Pero el directorio ha cambiado. Injustificadamente, desde abril de 2021 no se ha materializado el reemplazo para la falta absoluta de una de las rectorías principales. No solo está incompleto el directorio, sino también dos de los tres órganos subordinados del órgano rector del Poder Electoral.
Por el bien de todos, para el próximo ciclo electoral se necesita un CNE completo y con la mayor independencia institucional posible, a pesar de que el Estado haya propiciado en el pasado muchas violaciones al principio de separación de poderes. Un CNE que refuerce su capacidad sancionadora ante arbitrariedades recurrentes en campañas electorales como el uso de bienes y recursos del patrimonio público con fines electorales y la aparición de altos funcionarios públicos en ejercicio favoreciendo parcialidades partidistas.
4. La participación política y el derecho a ser elegido
Corregir tanto desnivel acumulado, tanta pendiente, en el terreno de juego electoral pasa por sincerar quiénes pueden alcanzar o recuperar el derecho constitucional a ser elegidos.
Aquí hace falta hacer valer la carta magna, la cual establece que los derechos políticos únicamente pueden ser despojados mediante sentencia judicial firme. Y no mediante inhabilitaciones administrativas de la Contraloría, avaladas por una ley de cuestionada constitucionalidad.
La inhabilitación con aparente motivación partidista ha venido superándose a sí misma en las elecciones recientes: ya no es solo la denuncia del Partido Comunista, formación disidente de la coalición gobernante, de retiro de 15 de sus candidatos en 2021 sin investigación ni decisión previa, o el caso de su candidato a gobernador de Barinas quien sí pudo inscribirse para noviembre de 2021, pero no para enero de 2022, por otra súbita inhabilitación. Es también que, en Barinas, ocurrió la inhabilitación retroactiva del candidato inicialmente ganador de esa gobernación, al igual que la de su esposa, quien de paso nunca ha ejercido cargos públicos.
No por casualidad la segunda de las recomendaciones prioritarias de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) habla de suprimir esa prerrogativa de la Contraloría de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.
A las inhabilitaciones se une el tema, también irresuelto, de la entrega de los símbolos y de las tarjetas electorales de seis partidos políticos (no solo los opositores Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Movimiento Republicano, sino los oficialistas Tupamaro y Patria Para Todos) a facciones internas minoritarias. Y, ante esto, la primera de las recomendaciones urgentes de la MOE UE: evitar que el Poder Judicial invada las competencias del Poder Electoral.
5. La desinformación y la vigilancia social
Como decíamos más arriba, la sociedad hace buena parte del ciclo electoral: desde su motivación a inscribirse o actualizar sus datos en el RE, pasando por su participación como miembros de mesa, hasta su votación misma en la jornada electoral. Para participar del ciclo electoral, sin embargo, la gente precisa de información. Solo con datos verificados, confiables, veraces y oportunos los electores podrán tomar decisiones responsables y conscientes.
Además de un ecosistema mediático disminuido, el rigor de la censura y la opacidad en el acceso a datos públicos, Venezuela también ha padecido desinformación electoral. Hablamos de toda información falsa o maliciosa sobre los procesos electorales que afecten directamente el ejercicio del derecho al voto.
La lucha por el acceso a información veraz es una cruzada que requiere del concierto de todos, desde el árbitro, pasando por los actores políticos, hasta los electores. Se libra insertando políticas concretas contra la desinformación en los próximos cronogramas electorales, desde el CNE; evitando y siendo oportunamente sancionados quienes promuevan información maliciosa e intenten manipular la conversación pública, desde las candidaturas y los partidos; y haciendo mayores esfuerzos de alfabetización digital para saber con criterio más afinado qué huele a mentira, desde la sociedad.
La pluralidad de flujos comunicacionales también se fortalece permitiendo una observación electoral nacional e internacional diversa e independiente, capaz de advertir faltas con libertad, pero también de recomendar mejoras que redundan en el desarrollo y resguardo de la democracia.
La desinformación no es, sin embargo, la única nube oscura. Urge aclarar el uso del Sistema Patria y del carnet de la patria con fines electorales. Como también recomendamos desde la observación electoral en su momento, el terreno se desnivela menos si se da a conocer cuál es la institución responsable de la gestión de los datos de esta plataforma, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos y con qué fines, todo bajo el derecho constitucional de acceso a la información.
Terminamos como empezamos: enfatizando la importancia de que la sociedad exija, reclame y abrace los acuerdos políticos que deben surgir sobre las condiciones y garantías necesarias para transitar un próximo ciclo electoral lo más competitivo posible. Así como la naturaleza no da saltos, así también los procesos para lograr altos niveles de integridad electoral son graduales, incrementales. Trabajemos, con el concurso de todas las partes, con todos los venezolanos, en la construcción de una vía para avanzar en la reinstitucionalización del país hasta encontrarle puerta de salida constitucional, pacífica y democrática a la crisis que todavía determina nuestra cotidianidad.
Segunda quincena de febrero 2023
https://oevenezolano.org/2023/02/boletin-100-el-futuro-electoral-venezol...