La reciente elección presidencial de Chile, junto con la contienda del 26 de noviembre en Honduras, señala el comienzo de un ciclo electoral que durará todo un año en América Latina. Para finales de 2018, Colombia, México, Brasil, Costa Rica, Paraguay y quizá Venezuela habrán elegido a nuevos líderes. Como sucedió en Chile y Honduras, habrá sorpresas, pero sin duda ciertos temas serán vitales en estos países: la corrupción, la delincuencia y la violencia; una enorme y profunda insatisfacción con la democracia y una creciente frustración con los desempeños económicos mediocres o absolutamente terribles.

Estos problemas pueden llevar a resultados muy variados. En algunos casos —México, Brasil y Colombia—pueden impulsar a candidatos que no son parte de la política tradicional o que son percibidos como tal. En otros, pueden generar un sesgo simple, tradicional o contra el gobierno: quizá en la inesperada segunda vuelta de Chile; en Venezuela —si en realidad se lleva a cabo una elección—, y posiblemente en Colombia —donde un presidente exitoso es muy impopular—. Por último, en un puñado de naciones, la continuidad superará al cambio riesgoso o peligroso, ya que los electores prefieren al malo por conocido que al bueno por conocer.

Recientemente, algunos comentaristas han especulado sobre la resiliencia de las instituciones democráticas latinoamericanas en el contexto de este popurrí electoral. En cambio, otros analistas se han preguntado si la inseguridad, la desigualdad y la impunidad rampantes desde hace décadas en la región no tentarán a los electores a elegir a candidatos autoritarios. O quizá se inclinen en la dirección antidemocrática, si sus candidatos prometen —ya no digamos cumplen— contener esas plagas. Otros han hecho énfasis en el persistente retorno de la derecha: muchos de esos votos indicarán, como sucedió en Argentina o Perú hace poco, un movimiento pendular que se aleja de los regímenes progresistas o de la “marea rosada” que se ha visto desde el comienzo del siglo hasta 2015.

De hecho, aunque estas preguntas y sus respuestas concebibles son perfectamente válidas, a pesar de ser especulaciones, puede que haya menos ahí de lo que se ve a simple vista. Por fortuna, la democracia latinoamericana se está tornando normal y resistente a grandes turbulencias. Si hay un patrón en esta sucesión de elecciones presidenciales se trata de una novedad saludable: la naturaleza monótona de la mayoría de los posibles resultados. Estas son buenas noticias para la región.

Un rápido resumen de los resultados reales o predecibles, según las encuestas en cada país, parece corroborar este patrón. A pesar de la indignación con la élite política, la participación en Chile en la primera ronda de la elección del mes pasado fue muy similar a la de hace cuatro años –de 6,7 millones– aunque menor que en 2009. El candidato favorito, el expresidente Sebastián Piñera, ya no tiene la victoria garantizada en la segunda vuelta del 19 de diciembre. Sin embargo, si gana, Chile habrá sido gobernado de 2006 a 2022 ya sea por Piñera o por la jefa de Estado saliente, Michelle Bachelet, lo que no está tan mal en términos de continuidad.

Los mexicanos, por su parte, están hartos de un sistema corrupto de partidos políticos. Pero, pese al desprestigio y poca representatividad de los partidos, los candidatos independientes —a los que por primera vez se les permitirá participar en una elección presidencial— están enfrentando dificultades para reunir las firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral.

Los brasileños aborrecen a los políticos corruptos del Partido de los Trabajadores, que gobernó desde 2003 hasta el año pasado. Sin embargo, el expresidente y fundador del partido, Luiz Inácio Lula da Silva, está encabezando las encuestas de las elecciones del año próximo. Si se le permite competir a pesar de las serias acusaciones de corrupción, podría ser elegido para un tercer periodo.

Aunque Nicolás Maduro con cierta seguridad perderá una contienda presidencial en Venezuela en 2018, si se diera, su partido fue capaz de ganar o robar un número importante de gobiernos estatales. Sin duda, ha sorteado la tormenta creada por las protestas multitudinarias y las violaciones indignantes a los derechos humanos.

Por último, una contienda cerrada en Honduras ha dejado al mandatario actual en el limbo. El Tribunal Supremo Electoral anunció que un conteo especial le dio al presidente Juan Orlando Hernández una ventaja del 1,59 por ciento contra el candidato de la oposición, Salvador Nasralla. No obstante, la incertidumbre todavía nubla el resultado final: se sospecha un fraude generalizado, Nasralla exige convocar nuevas elecciones, los observadores internacionales exigen un recuento y el resultado final sigue en duda por la posibilidad de que el rival inconforme pueda conseguir todavía una victoria inesperada, tras haber contendido con una plataforma anticorrupción.

En Colombia, el voto —en las elecciones presidenciales de mayo— podría transformarse en un referendo sobre el acuerdo de Juan Manuel Santos con una organización guerrillera que desestabilizó al país durante más de medio siglo. De ser así, los defensores de ese acuerdo en la izquierda y en su propio partido podrían ser minimizados por los que apoyan al expresidente Álvaro Uribe, quien ha criticado con firmeza el acuerdo de paz. Sus sucesores podrían regresar al poder. Con todo, al margen de la guerra o la paz —que admitámoslo, no es un asunto menor —en muchos otros temas los candidatos de Santos y Uribe difieren solo en el tono. Habrá una novedad: los exguerrilleros de las Farc estarán en la boleta como el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Se espera que reciban un porcentaje tan pequeño de los votos que solo llegarán al congreso porque el acuerdo de paz les garantiza los escaños.

Solo en México y Brasil —que tienen un peso enorme en la región— existe un miedo fundado de incursiones de candidatos que se consideran externos a la política tradicional. Cinco años de corrupción generalizada; diez años de una guerra sangrienta contra las drogas —exorbitantemente cara e inútil—; y 25 años de un crecimiento económico decepcionante podrían llevar, finalmente, a los electores mexicanos a la desesperación y a Andrés Manuel López Obrador. En esta tercera ocasión como el candidato, esta vez por el partido Morena, López Obrador, el ex jefe de gobierno de izquierda de la Ciudad de México, competirá contra los candidatos deslucidos del PRI y el PAN, cuyos gobiernos recientes han desalentado a todos. Obrador se dice un político marginal, a pesar de que desde hace mucho tiempo es tan miembro de la clase política como sus opositores. De ganar las elecciones será la ocasión de comprobar si las instituciones mexicanas son tan fuertes como se piensa y si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue sagaz al avivar el fuego del nacionalismo mexicano. La probable elección de López Obrador es el único caso atípico en el horizonte electoral de la región.

El peligro en Brasil viene del lado opuesto del espectro político. Jair Bolsonaro ciertamente no es una figura externa a la política —ha estado en el congreso desde 1990—, pero pertenece a la derecha, autoritaria —es un exparacaidista del ejército autoritario— que piensa, al igual que muchos brasileños, que el país se debe gobernar con mano dura. Están exasperados por una recesión que ha durado casi tres años y un escándalo interminable de corrupción que ha conducido a una destitución presidencial, además de llevar a la cárcel a políticos de primera fila y a algunos de los empresarios más prósperos de Brasil.

Parece poco probable que Bolsonaro sea presidente, aunque quizás sea solo por el sistema de segunda vuelta que Brasil adoptó sabiamente hace varios años. Por otro lado, se pondrán a prueba las instituciones, que son aparentemente sólidas, si este candidato de extrema derecha —que está a favor de la tortura, la “reeducación” de los homosexuales y el régimen militar de antaño— se mantiene en segundo lugar en la mayoría de las encuestas. Al día de hoy, Lula, en caso de que se le permita participar en las elecciones, y Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña en 2006, tienen las mayores posibilidades de ganar. Ambos pertenecen a la élite política tradicional.

¿Este escenario inédito —la “nueva normalidad”— quiere decir que los electores están contentos con el statu quo? De ninguna manera. Encuesta tras encuesta en toda la región —la de Latinobarómetro de Chile, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad Vanderbilt— muestran que los latinoamericanos están insatisfechos con su democracia y su situación económica y social. También se percibe cada vez más resentimiento con Estados Unidos. Quizás no lo expresen en las encuestas, pero podrían volverse blancos de manipulación y explotación por alborotadores, mentirosos e incluso poderes extranjeros. Existen crecientes temores y sospechas de que, por ejemplo, Vladimir Putin, sus hackers y Russia Today estén tentados a inmiscuirse en las elecciones latinoamericanas: a favor del Partido de los Trabajadores en Brasil, el PRI o López Obrador en México y en apoyo a Maduro en Venezuela, si se lleva a cabo una elección.

Sin embargo, lo más probable es que las elecciones en América Latina el próximo año se desenvuelvan sin novedad. Y ese es un cambio bienvenido.

Ex secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003; profesor de la Universidad de Nueva York y miembro del consejo de Human Rights Watch.

6 de diciembre de 2017

The New York Times ES

https://www.nytimes.com/es/2017/12/06/hacia-donde-va-america-latina/?act...

En mi modestísima opinión, mientras haya un solo venezolano sufriendo los rigores del hambre, no hay nada que celebrar; en consecuencia, vaya esta elocuente estampa navideña del intelectual y humorista caraqueño Aquiles Nazoa , donde narra las dificultades que le ocurrieron a la Virgen y a San José, cuando trataban de conseguir un lugar donde María pudiera parir, y no lo consiguieron, razón por la cual se vieron obligados a dirigirse a un establo, es decir, al lugar donde duermen los animales que trabajan para el hombre, porque para el momento del parto, en Belén no hubo posada para María y su esposo José.

De su esposo en compañía
soñolienta y fatigada,
por ver si les dan posada
toca en las puertas María.
Él le dice “esposa mía,
ten calma, vamos a ver…
nos abrirán al saber
que te encuentras en estado
y un lecho busca prestado
tu Niño para nacer”.

Pues tiembla la Virgen bella,
él se quita en el camino
su paltocito de lino
para ofrecérselo a ella.
“Vaya mi linda doncella
con este manto abrigada”
dice con gracia forzada
mientras siente las diabluras
que hace el frío en las roturas
de su franela rayada.

De portón van en portón
suplicando humildemente
y en todos les da la gente
la misma contestación
“esta casa no es pensión”
o “cuánto van a pagar…”
y en uno que otro lugar
hay quien al ver a María
dice alguna picardía
para hacerla sonrojar.

Qué pobrecitos que son,
qué pena tan sin alivio,
todos tienen lecho tibio
pero nadie corazón.
De cansancio y aflicción
la Virgen se echa a llorar
y torna triste a mirar
que en la noche alta y desierta
la luna es como una puerta
que se abre de par en par.

A la casa de un pastor
van por fin José y María,
solo piden hostería
para que nazca el Señor.
Pero hay allí tanto amor
por los buenos peregrinos
que la pastora sus linos
abandona en el telar
y al punto les va a buscar
cuajadas, panes y vino.

Ya la Virgen tiende el manto
sobre la hierba olorosa
ya como delgada rosa
se dobla su cuerpo santo
y a través de un claro llanto
los ojos del buey la ven
llora el Niñito también
y la historia nos relata
que una estrella de hojalata
brilló esa noche en Belén.

Hace año y medio escribí el artículo titulado “La Pdvsa roja rojita de Rafael Ramírez”. Lo copio más abajo porque tiene total vigencia.

Pero antes quiero reiterar lo que hemos dicho siempre: quien tiene más poder, tiene más responsabilidad.

No puede Nicolás Maduro, al entregarle Pdvsa y el denominado Arco Minero a los militares, liberarse de las culpas y responsabilidades que tiene en la corrupción y la quiebra de la Pdvsa roja-rojita, sobre todo cuando ha tenido el control total de las finanzas de la petrolera por lo menos desde diciembre de 2014, cuando nombró a su sobrino político Carlos Erik Malpica Flores como Vicepresidente de Finanzas y Planificación, al mismo tiempo que ejercía el cargo de Tesorero Nacional, tal como lo denunciamos en el libro El Gran Saqueo.

Desde estos puestos claves, Malpica Flores, seguramente con el aval de sus tíos Cilia y Nicolás, ejecutó numerosas operaciones financieras irregulares con el diferencial cambiario, dentro de las cuales hay varias que han levantado las alarmas de las autoridades financieras internacionales, como por ejemplo, las realizadas con Eaton Global Services Limited, empresa de maletín registrada en Hong Kong.

Malpica Flores tuvo que abandonar ambos cargos por la presión del juicio de los narcosobrinos Flores, donde su nombre fue mencionado. Su posición en Pdvsa fue dividida en dos: vicepresidente de Finanzas y director interno de Planificación, al frente de los cuales, Maduro designó a dos personas de su entera confianza que eran coordinados por Malpica Flores desde su nuevo despacho en Miraflores, donde continúa teniendo una gran influencia en las finanzas públicas junto a otro ex Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Simón Zerpa, quien ocupa múltiples cargos en la administración de Maduro, entre ellos el de ministro de Economía y Finanzas.

Resulta evidente que Nicolás Maduro lo que busca es un mayor control del poder defenestrando a Rafael Ramírez y apuntando a cualquier otro que quiera disputarle el liderazgo del chavismo, con el foco puesto en mantenerse en el poder como sea, a través de la dictadura del hambre y la corrupción que le ha impuesto al pueblo venezolano.

Aquí mi artículo de agosto de 2016, La pdvsa roja rojita de Rafael Ramírez:

“Hay una responsabilidad política, porque los que manejan los destinos de la Nación, corren con la responsabilidad de todo cuanto aconteció… ” Esto lo dijo José Vicente Rangel en 1979 durante el debate parlamentario sobre el caso Sierra Nevada en el que su voto fue crucial para salvar la presidencia de Carlos Andrés Pérez. JVR no se acordó de su propia cita en la conversación televisada que sostuvo el domingo 14 de agosto con el ex presidente de Pdvsa.

Rafael Ramírez Carreño no puede decir que no tiene ninguna responsabilidad en el saqueo que sufrió Pdvsa bajo su mandato de diez años. Es mentira que ignoraba lo que pasaba porque tenía el control total a través de los familiares y amigos que colocó en puestos claves de la industria. La red incluía primos, sobrinos, hermanos, compañeros de estudios y parientes políticos. Los apellidos Ramírez, Salazar, Carreño, Sansó, Rodríguez, Luongo, conforman el entramado nepótico que arruinó a Pdvsa.

Aduce Ramírez que ni Pdvsa ni él tenían cuentas en Banca Privada de Andorra. No hacía falta. Las tenían su testaferro Diego Salazar y casi todos los integrantes de esta red de corrupción. Las millonarias cuentas fueron abiertas tanto en la sede central de Banca Privada de Andorra como en las sucursales de España (Banco Madrid) y Panamá, como está suficientemente documentado en las investigaciones de las autoridades financieras del Principado, EEUU y España.

El caso del desaparecido BPA y sus sucursales en Madrid y Panamá, así como la clandestina oficina que mantenía en Caracas, es especialmente relevante por lo que expone de la corrupción en Pdvsa.

En 2012 – tres años antes de la decisión del Departamento del Tesoro de EEUU que culminó con el cierre del banco- la unidad de inteligencia financiera de Andorra solicitó congelar las cuentas de la red de Ramírez acusando de lavado de dinero a sus miembros, entre ellos a Omar Farías – otro beneficiario de los seguros de Pdvsa – hoy enjuiciado en República Dominicana bajo el mismo cargo.

En ese momento, a Diego Salazar le bloquearon una cuenta personal con 200 millones de dólares. En ella recibía las “comisiones” de las empresas chinas contratadas a través del Fondo Chino-Venezolano bajo el control de Rafael Ramírez. Los acuerdos de préstamo de China a Venezuela obligan a la nación a comprar bienes y servicios a compañías chinas. Salazar era el “representante” de dichas empresas ante el Fondo, como él se definió durante el proceso para desbloquear las cuentas. En el Fondo Chino Venezolano no se movía una hoja sin pasar por las manos de los primos que se pagaban y daban el vuelto.

En 2014, con el apoyo de millonarios bufetes de abogados internacionales que pagó con el dinero robado a todos los venezolanos, Salazar logró que le descongelaran la cuenta e inmediatamente transfirió el dinero a un banco en Hong Kong. Las autoridades de Andorra no habían podido comprobar el origen ilícito del dinero debido a que en Venezuela no había ninguna investigación abierta contra Diego Salazar. Sin embargo, en 2016, las mismas instituciones andorranas emitieron una rogatoria a las autoridades francesas solicitando congelar cuentas y bienes de Salazar y Omar Farías en ese país. El caso sigue abierto.

Ramírez nunca explicó a la opinión pública su relación con el escándalo que se produjo en 2009 cuando su nombre apareció relacionado con unas cuentas del Ocean Bank de Miami. Niurka Sánchez, la oficial de cumplimiento del banco de dueños venezolanos, denunció ante la unidad de inteligencia financiera de EEUU – Fincen- varias operaciones sospechosas de las cuentas de un abogado venezolano que justificó el origen de sus millonarios fondos como “honorarios por consultas legales de Rafael Ramírez”. Los fondos eran depositados en el Ocean Bank y luego transferidos inmediatamente a cuentas en Suiza y Luxemburgo.

Ramírez también entregó a su primo y principal testaferro Diego Salazar Carreño las millonarias cuentas de los seguros y reaseguros de la petrolera. Los manejos delictivos en este área quedaron en evidencia con la tragedia de Amuay, donde la República tuvo que asumir millonarios costos porque Pdvsa no estaba apropiadamente asegurada para el momento. Es solo la punta del iceberg de las cientos de irregularidades perpetradas en este sector.

Como si fuera poco, Ramírez le dio a su primo Salazar y a su cuñado Baldo Sansó el control de las altas finanzas de la petrolera, lo que terminó en los conocidos fraudes con los fondos de pensiones de los trabajadores, con multimillonarias operaciones cambiarias irregulares y con oscuras colocaciones en bancos como el Espírito Santo.

Rafael Ramírez debe responder por todo lo que autorizó. No puede desentenderse de las irregularidades de Bariven, ni del desastre de Pudreval en la importación de alimentos ni de la incapacidad y corrupción con los contratos de la emergencia eléctrica, donde hay inclusive declaraciones de prensa de ex altos funcionarios acusando directamente a Ramírez de haber impuesto a contratistas involucrados en millonarios casos de sobornos e incumplimiento de contratos.

Como presidente de la empresa y ministro de Petróleo y Minería, Ramírez tiene toda la responsabilidad política sobre la ruina de Pdvsa. En la larga lista de culpas figura además el haber designado y mantenido en sus cargos a individuos señalados en actos de corrupción sin haber iniciado nunca una investigación interna de la que se tenga conocimiento.

No es un secreto que Ramírez tiene ahora aspiraciones presidenciales. Es lo que llaman “huir hacia adelante”, seguramente para evitar futuras investigaciones. Para impulsar su candidatura dentro de un chavismo agotado, y una Venezuela que se cae a pedazos, está utilizando a María Gabriela Chávez, también representante de Venezuela ante la ONU.

La Comisión de Contraloría de la AN preparó un informe sobre las irregularidades en la gestión de Ramírez que fue presentado en la plenaria y enviado al MP, al mismo tiempo que emitió un voto de censura contra Rafael Ramírez que fue luego desestimado por el TSJ. Todo ello fue promovido por el diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría, a pesar de las amenazas de demanda de Ramírez, que nunca concretó.

Uno de los peores actos de corrupción de Ramírez, siguiendo instrucciones de Hugo Chávez, es haber entregado Pdvsa a una parcialidad política. La Pdvsa “roja rojita” le permitió enriquecerse grotescamente. Venezuela recuperará lo que le robaron, de eso estamos seguros. Más difícil será recuperar a Pdvsa para todos los venezolanos.

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Es bien sabido que Karl Marx, el profeta de la revolución proletaria, gran creyente en las leyes y las etapas históricas, concebía esa revolución como la culminación de un proceso de desarrollo económico que produciría una creciente polarización social entre una minoría de riquísimos burgueses y una mayoría de proletarios empobrecidos. Sólo entonces, cuando un proletariado numeroso y avezado, al que se han incorporado muchos “intelectuales burgueses que, analizando teóricamente el curso de la historia, han logrado ver claro en sus derroteros”, y cuando “los progresos de la industria traen a las filas proletarias a toda una serie de elementos de la clase gobernante”, es cuando tiene lugar la revolución que acaba con el capitalismo e instaura el socialismo. Señalemos, incidentalmente, que sin duda Marx y Engels se identifican con esos “intelectuales burgueses” que analizan teóricamente el curso de la historia y predicen la revolución. El Manifiesto Comunista es como uno de esos cuadros donde el autor (o autores) se autorretrata discretamente.

El caso es que, contra toda la lógica del sistema marxista, la supuesta “gran revolución proletaria” tuvo lugar no en Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, como los seguidores de Marx esperaban, sino en Rusia, un país que, aunque su industria había crecido mucho en los 20 años anteriores, seguía siendo muy predominantemente agrícola, y donde por cada obrero industrial había veinte campesinos harapientos y analfabetos.

Hace un siglo, en 1917, en Rusia tuvieron lugar dos revoluciones, no una. La primera, en marzo, fue un levantamiento popular, en gran parte espontáneo, que forzó la abdicación del zar y la instauración de un gobierno provisional en el que Alexander Kerensky pronto asumiría la presidencia. Kerensky, socialista pero no bolchevique (los bolcheviques eran los seguidores de Lenin dentro del Partido Social-Demócrata ruso), proponía un programa reformista de izquierda pero no revolucionario y acabó siendo derrocado en noviembre (octubre en el calendario ruso de entonces) por un golpe de Estado bolchevique encabezado por Lenin y Trotsky. Este golpe de Estado fue la segunda revolución de 1917, y dio el poder a Lenin y sus secuaces, que se aferraron a él durante casi tres cuartos de siglo.

Esta segunda revolución en forma de golpe no estaba en los esquemas de Marx, pero sí en los de su seguidor más devoto, Lenin, que recurrió a métodos muy diferentes de los preconizados por la mayoría de los marxistas de entonces. De ahí que los bolcheviques (luego comunistas) acuñaran el término marxismo-leninismo para justificar los métodos de su jefe de fila. Para lograr hacerse con el poder en un país donde los comunistas eran muy minoritarios, Lenin tuvo que organizar su partido como una secta de revolucionarios profesionales (bien financiada con dinero alemán) y dar un golpe militar con apoyo de unas unidades de élite que simpatizaban con los bolcheviques. Éstos encontraron apoyo sobre todo entre los marinos, que desembarcaron en Petrogrado (hoy San Petersburgo), y amenazaron con bombardear la ciudad desde un crucero, el famoso Aurora.

Para conquistar el poder y mantenerse en él los bolcheviques aplastaron sistemáticamente todas las nacientes instituciones democráticas que los revolucionarios se habían dado desde la caída del zar: el gobierno de Kerensky, elegido por la Duma (Parlamento), y la recién elegida Asamblea Constituyente, órgano que iba a sustituir a la Duma, que era menos representativa, porque había sido elegida bajo la autocracia zarista.

La “democracia comunista” estaba basada en los soviets, consejos populares elegidos de manera irregular, que los bolcheviques controlaban mejor que la Asamblea, y que pronto se convirtieron en simples apéndices del Partido Comunista. Los otros partidos, en particular los mencheviques (el ala no leninista del partido Social-Demócrata), defendieron a la Asamblea y se opusieron a la violenta toma del poder por Lenin, Trotsky y sus secuaces. Tras el golpe, Trotsky, respaldado por los cañones del Aurora, dijo al líder menchevique, Mártov, que sus partidarios habían perdido y quedaban relegados «al basurero de la Historia». Esto lo recordaba en un artículo magistral Juan Pablo Fusi cuando la Unión Soviética estaba a punto de caer (El País, 9 de mayo de 1990), señalando que Mártov respondió algo así como: “Algún día os arrepentiréis”.

Este diálogo debieran tenerlo siempre presente los leninistas que aún quedan, porque revela la enorme responsabilidad histórica que recae sobre los hombros de aquel puñado de bolcheviques desalmados, que hicieron descarrilar la historia de Rusia y la metieron en una vía muerta de la que aún no ha salido.

No es cierto, que, como han dicho los defensores de Lenin, Rusia fuera diferente y que en ella sólo cupiera la revolución comunista. La existencia de los mencheviques y de otros varios partidos más o menos marxistas, más o menos democráticos, y la elección por sufragio universal de la Asamblea constituyente permiten sustentar la hipótesis de que, sin el putsch comunista, Rusia hubiera podido evolucionar por la senda social-democrática, según hicieron por entonces países europeos, como Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Francia, etc. Rusia tenía sin duda algunas peculiaridades: era -y es- un país enorme, y estaba subdesarrollado, aunque su economía creció espectacularmente desde finales del siglo XIX.

Lo realmente peculiar de Rusia era el zarismo, un régimen autocrático, absolutista, una verdadera antigualla política, gobernada por un matrimonio imperial aquejados ambos de una estupidez política rayana en la oligofrenia patológica. Y es verdad que el zarismo constituía una barrera a las legítimas aspiraciones de un pueblo en rápido crecimiento, lleno de figuras de talento tanto en las artes como en la ciencia, el pensamiento y la política.

Pero la realidad es que no fueron los leninistas los que derribaron el zarismo, sino que derribaron precisamente a los que habían librado a Rusia del zar y su camarilla. La revolución de octubre, tan elogiada en otros tiempos, fue un crimen sin paliativos. Fue uno de los primeros golpes de Estado de la historia contemporánea, que luego sirvió de inspiración a sus enemigos e imitadores, Mussolini, Hitler y sus secuaces fascistas. Lenin murió en 1924, y no pudo ver las últimas consecuencias del monstruo político que había creado. Las peores atrocidades se cometieron bajo la férula de su sucesor, Stalin, y, tras varias décadas de dictadura de partido, de represión implacable y de mediocre economía, el Estado leninista se vino abajo por su propio peso para dejar paso al régimen autoritario de Vladimir Putin. Se cumplió la advertencia de Mártov y fue el comunismo leninista lo que quedó arrumbado en el basurero de la historia. Lenin no será recordado como el padre de la revolución proletaria, sino como el hombre que desvió a Rusia de una posible trayectoria democrática y la metió en un siniestro callejón sin salida, en el que todavía se encuentra.

¿Y Marx? ¿Hasta qué punto es culpable de las fechorías leninistas? Como vimos, el marxismo-leninismo es una versión muy deformada de la teoría marxista de la revolución. Otras ramas del marxismo, como la social-democracia o el laborismo británico, sostuvieron que en las sociedades avanzadas los fines del socialismo podían alcanzarse por medios pacíficos y democráticos. Y así fue: tras la Primera Guerra Mundial, mientras Lenin imponía en Rusia una dictadura pretendidamente revolucionaria, la democracia fue introduciendo el Estado de Bienestar en Europa y dando acceso a sindicatos y partidos socialistas a posiciones de poder político compartido. A pesar de su truculencia retórica, el legado de Marx es mucho más defendible que el de su fanático seguidor, Lenin. Con todos sus errores y defectos, Marx es uno de los grandes pensadores de la edad contemporánea. Lenin no fue más que un astuto golpista y un dictador implacable.

Hace más de 80 años, un político de pocas luces se envanecía de ser llamado «el Lenin español». ¿Habrá hoy otro simple que aspire a tal título?

Economista e historiador, autor, entre otros libros, de Capitalismo y Revolución (Gadir, 2017).

Martes, 05/Dic/2017. El Mundo

https://polisfmires.blogspot.com/2017/12/gabriel-tortella-lenin-contra-marx.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/xSpmE+(POLIS)

El 10D todos los ciudadanos demócratas cargados de civilidad y en defensa de la democracia estamos dispuestos a ir a votar, para dejar claro nuestro sentido de civilidad. No podrá el bestiario militarista paralizarnos el 10D. Votaremos teniendo en cuenta que el liderazgo falló, pero como una gran expresión de responsabilidad política haremos valer el valor del voto, que nos permitirá decidir quiénes serán los Alcaldes democráticos surgidos de un hecho sabio y virtuoso de autorregulación, como lo es la política de participación democrática. Participación democrática contendiente con la cual aes liderazgo político incompetente que ellos no son tan importantes como se lo creen.

El 10D la ciudadanía democrática formada por jóvenes, adultos y no tan jóvenes, en cuenta de la ineptitud de un liderazgo miope comprobará que la civilidad ciudadana es superior a la endeble y frágil clase política, que sin sentido de la historia a veces pareciera estar cercana al bestiario militarista. Un bestiario militarista que hambrea y pretende hociquear el voto ciudadano, mediante el terror y apostando a una abierta dictadura cercana al fascismo, nutrida de una teoría marxistoide que niega la civilidad. Pero la civilidad se crecerá ante el amago y la presencia del partido político en armas como gobierno, y triunfará la decisión libérrima por el voto de la ciudadanía.

La ciudadanía el 10D amarrada a la civilidad mostrará su necesidad de recuperar la democracia en el espacio más importante de gobierno: el gobierno del Municipio, para lo cual atenderá y asistirá el hecho electoral sin compañía de partidos, pero cubierto con el manto de la democracia y con sobrada ética política para demostrar su fe inquebrantable como demócrata, amante de la paz social. El voto del 10D es una decisión de autorregulación de la ciudadanía, que muestra su madurez política y aprecia la importancia de la civilidad en el quehacer político.

La decisión libérrima del 10D explica, y le explicará a muchos, que en donde haya existido democracia siempre es posible recuperarla. En nuestro caso servirá de enseñanza al hasta hoy falso liderazgo civil venezolano, que pareciera a veces ser una expresión de la prolongación de los cuarteles abominables de esta desgraciada situación militarista. Revolución supuesta que se define por su enorme ineptitud, descaro y persecución en contra de los ciudadanos que, echando manos el 10D, mostrará sin duda ni equívocos una férrea y definitiva voluntad democrática empleando el instrumento sagrado del voto.

La sociedad civil se atreverá a ir sola y votar. Votar en masa. Votar para defender la democracia del Municipio, pero además defender el voto. No necesitará esta vez, y nunca más, una clase política para expresar su amor y convicción por una forma decente de vida política. Se atreverá a ir sola para demostrar su rechazo a la inmoralidad de negociadores, sin escrúpulos, cercanos a mafias, que han estado dispuestos a ser agentes de sociedades en mengua en la cual se privilegian cuarteles pervertidos de una dictadura corrupta, gran vergüenza de la historia nacional.

El voto del 10D probará que la civilidad del venezolano está por encima de un liderazgo fatuo, expresará el compromiso ético de demócratas y le quedará claro al país que los líderes torcidos no son tan importantes como ellos se lo imaginan. Lo que sí es importante es una civilidad dispuesta a contener la barbarie y la violencia que se instaló en el sistema político venezolano desde el 4F y el 27N de 1992. El voto del 10D será el más claro mensaje para que quienes aspiren a ser clase política en Venezuela hoy reflexionen sobre su ética y, sobre todo, su compromiso humano frente a la civilidad democrática que sí está dispuesta a derrotar al bestiario militarista empeñado -sin poder- enterrar la democracia venezolana.

El voto de la ciudadanía y su civilidad el 10D será prueba definitiva para la autoconstrucción democrática del venezolano, ese hecho político se inscribe como un rechazo a la violencia y al terror que ha querido imponer este régimen para el próximo 10D. El voto democrático será una expresión sólida, innegable y virtuosa que, además, demostró que no requirió de ningún liderazgo, sino que nación de la propia y real interpretación del ciudadano civilista. Este voto del 10D como expresión de la sociedad civil dibuja en alto grado y preeminencia que la civilidad está por encima de una supuesta clase política, que se ha quedado corta en comprender la valía, empeño y empuje del demócrata venezolano.

Es original,

@JMachillandaP

Caracas, 5 de diciembre de 2017

Recientemente el mundo deportivo fue sorprendido por la declaración de Leonid Tyagachev, el presidente honorario del Comité Olímpico de Rusia, quien en una entrevista de radio en Moscú, propuso ejecutar a Grigory Rodchenkov, el ex jefe ruso del laboratorio antidopaje de Moscú que ha huido a los EE. UU luego de poner en evidencia la “Política de Estado” para el dopaje sistemático de los atletas rusos.

"Rodchenkov solo necesita ser fusilado por mentiras, como lo hubiera hecho Stalin", dijo Tyagachev.

Tyagachev no es un loco delirante de la periferia de la sociedad rusa. Es un ex oficial de la KGB, profesor de esquí y aliado cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, y jugó un papel decisivo para asegurar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 para Sochi.

Sus palabras deben tomarse en serio, especialmente en el país donde dos antiguos oficiales antidopaje de alto rango murieron sorprendentemente en febrero de 2016: Vyacheslav Sinev. ex presidente y director ejecutivo de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA por sus siglas en ingles), y Nikita Kamaev.

Incluso el nuevo director de RUSADA, Yuri Ganus, ha sido tan valiente como para insinuar que estos dos posibles testigos no murieron por causas naturales:

…."Está claro que dos personas no podrían morir así... No tengo ningún hecho, y como abogado puedo decir que hasta que se demuestre lo contrario, no puedo decir nada. Entiendo que haya una situación, y toda la organización antidopaje fue descalificada, y en este sentido, este es un hecho extraordinario. "….

Lo que es realmente preocupante e inexcusable es que la franqueza de la amenaza de muerte ha provocado la falta de respuesta del movimiento deportivo internacional. El Comité Olímpico Internacional (COI), los supuestos guardianes de la dignidad humana y de una sociedad armoniosa, ha reaccionado como en tantos casos antes: con silencio.

Ni una palabra del presidente del COI, ni una palabra de la administración, ni una palabra del recién elegido presidente del comité de ética, el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.

¿No les importa? ¿Apoyan secretamente ese tono? ¿O tienen tanto miedo de su seguridad personal como los denunciantes rusos? ¿Por cuidar los multimillonarios negocios de los Juegos se transformaron en cómplices encubridores?

Hasta ahora, solo podemos hacer conjeturas. Pero es una de las señales preocupantes de que las tensiones políticas en y alrededor del deporte han alcanzado un nivel nuevo y perjudicial

Durante muchos años, las historias sobre corrupción, dopaje, homofobia, mala administración han sido y siguen siendo reportadas por los medios de comunicación en algunos países. Y luego no pasa nada. De nuevo, silencio.

Muchas preguntas que se consideraban tabúes hace diez años ahora están por todas partes: Doping, corrupción, partidos de futbol, béisbol o baloncesto previamente arreglados, gasto excesivo en mega eventos, discriminación de mujeres y minorías, abuso sexual, falta de acceso al deporte para todos los ciudadanos...

Hoy en día, las sociedades del mundo, comienzan a salir de su asombro frente a estos hechos y dan los pasos necesarios para “romper el olímpico silencio”.

El mundo entero eleva su voz de protesta. Más de 200 países miembros de la UNESCO en una carta revisada sobre actividad física y deporte reconocen en sus foros y reuniones la existencia de estos problemas en el mundo de los deportes y como consecuencia de ello han surgido diversas iniciativas para la conformación y aprobación de un Plan de Acción que permita romper el silencio cómplice que rodea a tan nefasto tema, y permita la aplicación de un conjunto de normas a escala universal que impidan la proliferación de los hechos negativos que hoy afectan a la actividad deportiva.

Uno de los adefesios jurídicos más notables de los últimos años en Venezuela es, sin duda, el acto sedicentemente constituyente denominado “ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” publicado en Gaceta Oficial el 8 de noviembre de 2017.

Sus dispositivos confusos, discriminatorios, ininteligibles, contrarios a derecho, de equívoca interpretación y ajenos al respeto a los derechos constitucionales, podrán ser citados en el futuro entre los más prominentes entuertos “legales” que, en definitiva, lejos de promover la paz, la concordia y la convivencia pacífica, la ponen en peligro, afectando la esencia de la democracia y el pilar fundamental que garantiza el ejercicio de otros derechos, como es la libertad de expresión.

En particular y por lo que respecta a la materia sancionatoria, utilizadas sus normas como mazo inclemente para golpear a los disidentes políticos del régimen, basta hacer referencia, apartando las amenazas y castigos anunciados contra los medios y comunicadores sociales, a los dispositivos penales reñidos con las exigencias garantistas del derecho penal, que ponen en riesgo inminente el bien más preciado después de la vida, como es la libertad.

No es verdad que una ley como esta encuentre antecedentes en la legislación europea, salvo en el nombre de los delitos o discursos de odio; ni es verdad que haya relación alguna con las penas de otras legislaciones; ni es verdad que en otras leyes hayan adoptado disparates tan notorios como los de este desafortunado instrumento que si cumplirá el cometido específico de constituirse en el arma que será utilizada a rajatabla contra todo sospechoso de algún acto de oposición política que debe quedar en la simple e impune categoría de una opinión o del libérrimo derecho a la crítica democrática en un sistema de libertades.

Dos normas, en particular, merecen ser destacadas por su manifiesta injusticia y que están destinadas a la aplicación arbitraria, complementadas con la “flagrancia” y “permanencia” adoptadas por el “sistema penal vigente”.

El Artículo 20 sanciona la incitación al odio con pena de 10 a 20 años, siendo así que pretendidos códigos inspiradores, como el de España, fija una pena de prisión de 1 a 4 años y precisa los motivos de discriminación, añadiendo la trivialización grave o enaltecimiento de los delitos de genocidio o lesa de humanidad y de sus autores.

Por su parte, la propia ley y la jurisprudencia ya se han encargado de aclarar, en Europa, lo que ha debido precisarse de alguna manera, entre nosotros, esto es, que un discurso de odio solo merece tal calificativo cuando, objetivamente, es denigrante, evidentemente discriminatorio y lesivo a la dignidad humana por contener elementos de segregación racista, sexual, antisemita, religiosa o ideológica, con manifiesta intención o a sabiendas de lo que se persigue, repudiado ese discurso por la conciencia de la comunidad de naciones que ha condenado las posiciones surgidas y auspiciadas por el nazismo y que es pronunciado en un contexto que no deja dudas sobre el significado y alcance del odio que se proclama, negando la condición humana digna y la igualdad de todos los ciudadanos.

Pero además, en norma carente de todo sentido, en el artículo 24, se castiga con prisión de 8 a 10 años al funcionario policial que se abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de los hechos punibles descritos en la sedicente ley o no detenga al responsable, con lo cual le impone la obligación de intervenir arbitrariamente ante sospechas de posible consumación de delitos o, lo que es tanto o más grave, de privar de la libertad, en ese caso, al igual que se amenaza con cárcel al personal de salud que omita o retarde la atención de una persona por razones de odio, discriminación o intolerancia, lo que equivale a una manifiesta apreciación subjetiva y a la más franca arbitrariedad.

Sin la menor duda, el nuevo instrumento aprobado, sencillamente, bajo el alegato de la discriminación y el odio, se propone castigar penalmente sospechas, sentimientos, opiniones o supuestas intenciones, lo cual, no es otra cosa, que autorizar “legalmente”, el castigo por cualquier manifestación de disidencia política, señal inequívoca de un evidente atropello al sistema de libertades.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional, 27 de noviembre de 2017

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