El tema del Foro Económico Mundial de Davos de este año es "Liderazgo responsable y receptivo". Sin embargo, una posible interpretación del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses es que hoy en día a los electores les importa menos la responsabilidad que la "autenticidad". Los votantes acogieron con beneplácito los comentarios temerarios de Trump sobre cuestiones delicadas porque estaba diciendo lo que pensaba y estaba siendo fiel a sí mismo. Los políticos comunes y corrientes, al decir siempre lo "correcto" parecen artificiales e insinceros.

Pero, ¿es necesario que la autenticidad implique temeridad? Por otra parte, ¿es posible que la conducta políticamente correcta constituya una forma de irresponsabilidad, en la medida en que evade cuestiones difíciles y no se enfoca en lo correcto sino en lo que es fácil de justificar? ¿Requiere la autenticidad enfrentar la ansiedad y la angustia que Jean-Paul Sartre consideraba eran las compañeras inevitables de la libertad y la responsabilidad?

Estas son preguntas importantes para los responsables de formular políticas económicas y también para todos los demás. Las autoridades enfrentan su labor de dos maneras fundamentalmente diferentes. Un paradigma considera las políticas económicas como el conjunto de las mejores prácticas universales. Mientras más se adopten, más inversores vendrán.

El otro paradigma considera las políticas como soluciones a problemas específicos. Puesto que cada sociedad tiene su propio conjunto de características, limitaciones y metas, las políticas necesariamente son idiosincráticas: se hace camino al andar. Esto no significa que se debería ignorar lo que se puede aprender de los demás; pero la imitación sin adaptación es receta para la ineficacia, o algo aún peor. Fácilmente puede conducir a que se importen soluciones a problemas que el país no tiene, permitiendo que se los problemas reales se agraven.

Colombia y Panamá ilustran el contraste entre estos dos enfoques. Durante buena parte del pasado reciente, la formulación de políticas económicas en Colombia ha estado impulsada por dos metas: celebrar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (en vigencia desde 2012) e integrarse a la OCDE (en negociaciones desde 2013). (En realidad, otras iniciativas importantes han sido el proceso de paz y la expansión de la red vial, si bien, estrictamente hablando, estas no son políticas económicas).

Mientras tanto, no se ha abordado el principal obstáculo al crecimiento que enfrenta Colombia, presumiblemente la falta de dinamismo en las exportaciones, dada la caída del precio del petróleo. A pesar del acuerdo de libre comercio –y una depreciación del 38% del peso desde 2014– las exportaciones a Estados Unidos no han ido a ninguna parte: en general, se han estancado, han caído en relación al total de exportaciones, y se han concentrado aún más en productos tradicionales, como petróleo, café, oro y flores.

Esto se encuentra en marcado contraste con el impacto que tuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre las exportaciones de México: entre su entrada en vigor, en 1994, y 2000, las exportaciones de México a Estados Unidos se triplicaron, pasando de US$ 50 mil millones a US$ 150 mil millones. En la década siguiente, en Vietnam se generó un boom de exportaciones incluso mayor, sin ningún tratado de libre comercio. Es evidente que el NAFTA fue crucial para México, pero sea lo que sea que impide que Colombia se transforme en un exportador más exitoso, no es algo que pueda solucionar un tratado de libre comercio.

Pero es altamente improbable que estas cuestiones se aborden a través de la integración a la OCDE, la cual exige una panoplia de reformas relativas a gobierno corporativo, mercado privado de seguros, política de competencia, estadísticas, salud, tecnología, agricultura y otros ámbitos de regulación. El que alguna de estas reformas engendre una nueva gama de industrias de exportación que pueda impulsar el avance de Colombia, es jugar a la lotería, para decirlo sin rodeos.

Ahora consideremos a Panamá, por mucho la economía latinoamericana que más creció durante el auge de los precios de los productos básicos, de 2004 a 2014. El aumento anual del PIB de Panamá alcanzó un promedio de 8,2%, pese a que este país no se benefició directamente de la bonanza de las materias primas que favoreció a Colombia y gran parte de América del Sur. Ahora que el auge ha terminado, Panamá continúa creciendo a un ritmo de 5%, mientras que Colombia se encuentra al borde de una recesión.

¿Cómo lo logró Panamá? Luego de que el control del Canal de Panamá pasara a la nación, en 1999, sus autoridades comenzaron a pensar sobre la forma de maximizar los potenciales impactos económicos del Canal. Decidieron convertir las bases militares estadounidenses en zonas económicas especiales. Otorgaron concesiones para construir nuevos puertos con el fin de facilitar las actividades de logística alrededor del Canal. Desarrollaron el aeropuerto para apoyar a COPA, la aerolínea privada local, a medida que ella se transformaba en líder regional. Invirtieron el 7% del PIB en la expansión del Canal, proyecto que finalizó en 2016. Crearon un régimen tributario y migratorio especial, destinado a atraer sedes regionales de empresas multinacionales. Autorizaron la construcción de un oleoducto para el transporte de petróleo a través del istmo, con un puerto en cada extremo.

Junto con la Zona de Libre Comercio de Colón y el Centro Financiero Internacional, que ya existían, el todo terminó siendo mucho más que la suma de sus partes. Las sinergias entre el aeropuerto, los nuevos puertos, las instalaciones de logística, los bancos y las sedes regionales, generaron un boom en la exportación e inversión en servicios, bases de su rápido crecimiento económico. Y con esta prosperidad vino la gastronomía, el arte y el turismo.

El auge en la construcción no residencial creado por este crecimiento ha contribuido no solo a absorber la fuerza laboral que estaba abandonando las zonas rurales, sino también a lograr una notable reducción de la desigualdad. En esta estrategia liderada por la exportación de servicios, la fuerza de trabajo altamente calificada no se transformó en una restricción importante al crecimiento gracias a una política de inmigración relativamente abierta, la cual permitió al país emplear a los talentos que Colombia, entre otros países, fue incapaz de retener.

La comparación entre estos dos enfoques es clara. Las autoridades colombianas han puesto esperanzas en que si adoptan marcos legislativos y regulatorios basados en las mejores prácticas, alguien habrá de llegar. Y de no ser así, de todos modos pueden disfrutar de los elogios que reciben de parte de organizaciones internacionales.

Panamá, en contraste, corrió el riesgo de imaginar algunas inversiones estratégicas clave orientadas a las exportaciones, y luego se enfocó en la creación de las condiciones necesarias para hacerlas realidad. En muchos casos, el sector privado tomó la iniciativa. Pero las autoridades no rehuyeron la responsabilidad de hacer grandes inversiones estratégicas públicas cuando fueron necesarias, como en el caso de la expansión del Canal y del aeropuerto. Es posible que el régimen tributario especial y otras de las políticas que adoptaron, no sean del gusto de la OCDE. Pero, probablemente, estas medidas contribuyeron a crear el ecosistema que hace que Panamá sea tan atractivo para tantas empresas del Fortune 500.

El liderazgo auténtico exige un compromiso con metas reales. Sin embargo, para alcanzarlas, no existen soluciones prefabricadas. El diseño de políticas que aborden problemas específicos, sin ignorar las lecciones provenientes del pasado o de otros lugares, conlleva riesgos, y todo líder responsable necesariamente sentirá la ansiedad que esto crea.

En el fondo, la autenticidad no requiere una temeridad a lo Trump. Pero renunciar a las metas económicas propias e imitar los medios utilizados por otros para alcanzar las suyas, no solamente es inauténtico: también es profundamente irresponsable.

Traducción del inglés de Ana María Velasco

https://www.project-syndicate.org/commentary/authentic-leadership-tailor...

Durante el desarrollo de la asamblea, convocada por la Asociación de Profesores, todos los docentes allí presentes manifestaban a viva voz su arrechera y preocupación por los continuos ataques del régimen contra las universidades. Resaltaban, en las intervenciones las acciones unilaterales que las autoridades gubernamentales aplicaban a los trabajadores del sector universitario: cerco presupuestario, colapso de los servicios de transporte, biblioteca y comedor, no aplicación de las Normas de Homologación, impedimento de realizar los procesos electorales, creación de Federaciones Sindicales paralelas y serviles, Convenciones Colectivas de Trabajo que excluyen a las genuinas representaciones gremiales y la pretensión manifiesta de eliminar a los Institutos de Previsión del Profesorado IPP al quitarles la administración de los seguros médicos para trasladarla de manera arbitraria e ilegal a la Empresa Horizonte.

El Presidente del gremio, en su intervención titulada por él mismo como “Horizonte de Problemas”, hizo un análisis general de la situación señalando que: la crisis del sistema universitario venezolano tiene diversas aristas, y va más allá de ser un mero problema presupuestario, económico o gremial. El marco legal regulatorio de la Universidad venezolana ha sido desnaturalizado, y en particular la autonomía universitaria ha sido negada por el gobierno nacional. El artículo 109 de la Constitución y la Ley de Universidades que establece la autonomía como principio y jerarquía para permitir a la comunidad universitaria la búsqueda de la verdad y el conocimiento para beneficio espiritual y material de la Nación, simplemente no se aplican. Además la Ley Orgánica de Educación establece el concepto del Estado Docente como herramienta de intromisión y violación de la autonomía universitaria, y sus normas se aplican en la medida en que no permita el libre desenvolvimiento de la Universidad en cuanto a sus procesos electorales. De tal manera, el Consejo Nacional de Universidades ha dejado de lado su papel rector de las políticas universitarias y se ha instaurado como un órgano de ejecución de las directrices políticas del ejecutivo nacional.

Otro profesor interviene para decir que los recursos financieros asignados a las universidades han mermado durante los últimos años como resultado de una política de reconducción del presupuesto universitario, y por lo tanto de reducción de los recursos de las universidades públicas. En 2010, la Asamblea Nacional modificó la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación para así reducir dramáticamente las contribuciones privadas al financiamiento de proyectos universitarios. Los bajos sueldos y el escaso financiamiento de proyectos de investigación siguen afectando a quienes quieren llevar adelante una decente y digna carrera docente y de investigadores. Se desconocen las Normas de Homologación de las remuneraciones del personal docente y se trata de debilitar los paros profesorales con la tentación de mejoras por vía de convenciones colectivas, pero sin que legítimamente se represente a los profesores universitarios.

Un jefe de Departamento, interviene para denunciar que se ha desmantelado la planta de profesores. Hay una emigración masiva de personal docente e investigación por la falta de equiparación de sus sueldos con el de sus pares latinoamericanos. Se ha implementado un cambio de pautas y criterios de ingreso a las universidades públicas para así conformar un sistema único de ingreso, sin importar calificaciones o habilidades del estudiante, a su vez obviando si existen o no las instalaciones y recursos necesarios para recibir a los estudiantes.

El Secretario de Reivindicaciones, interviene para exponer que se aprobó de forma inconstitucional el segundo contrato colectivo universitario único, con unos montos que no son reales y bajo premisas que atentan contra la autonomía universitaria, violando la reserva legal, ya que pretende introducir una reforma universitaria a través de un documento de rango sub-legal. Sigue vivo el problema no resuelto de la liquidación de los pasivos laborales de los profesores. Se ha regulado ilegalmente el aumento de matrícula de las universidades privadas a través de su estructura de costos, aplicando indebidamente de la legislación de control de precios, equiparando a la universidad a una empresa de tipo económica de prestación de servicios y sin considerarla una institución académica con fines docentes, investigativos y de extensión.

Una de las intervenciones más esperadas era la del asesor jurídico del gremio, quien manifestó que el desconocimiento del Gobierno de las Normas de Homologación no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia global de ataque contra las universidades que se manifiesta en la violencia, el cerco presupuestario y la ofensiva jurídica

En la Gaceta Oficial No. 32.539 del 17 de agosto de 1.982 se encuentran plasmadas las “Normas de Homologación” (NH), las cuales rigen desde entonces (y aún vigentes) los ajustes de sueldo y beneficios adicionales de los miembros del personal docente y de investigación de las universidades nacionales. Recalcando que esta estructura normativa habilita un instrumento legal para indexar o ajustar la remuneración mensual, no solamente de los profesores, sino de la misma forma a los otros sectores laborales universitarios (administrativos y obreros), de acuerdo al cambio del índice de inflación de cada dos años.

Una tras otra, se fueron dando las intervenciones de los profesores presentes en la asamblea para denunciar la problemática del Seguro HCM. Los profesores tenemos 2 planes de seguro, el Plan Complementario que pagamos nosotros la prima completa, y el plan básico, que los recursos están aprobados en la Ley de Presupuesto como siempre, en este caso en el 2017” añadió, e inmediatamente ratificó que siempre ha sido autonómico que estos recursos que se les asigna a las universidades, estas lo pasan a los institutos de previsión social.

“El 28 de diciembre 2016, recibimos una comunicación por parte del gobierno, indicando que el plan básico lo iba a manejar el gobierno nacional a través de Seguros Horizonte” argumentaron los docentes. Ahora, no tenemos el básico, nos mandan para Horizonte, allí no estamos registrados y no podemos acceder al complementario porque no hemos utilizado el básico……o sea estamos jodidos….este régimen acabó con la protección social de los trabajadores universitarios.

Un egresado de la especialidad de Castellano y Literatura, al escuchar todo aquello, se limitó a decir poéticamente: “Vemos el mismo sol / pero no el mismo horizonte. Si depositas/ todas tus expectativas/ solo en horizonte/ corres el riesgo de que tu vida sea efímera”

Al final, la propuesta de declarar el conflicto universitario fue aprobada por unanimidad.

Durante reciente visita al Uruguay Manuel Otero, candidato a dirigir el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura afirmo “El cambio climático es la mayor amenaza para el desarrollo agrícola a nivel mundial”, llamando a la reflexión sobre el papel que la agricultura debe cumplir como “parte de la solución para tener procesos productivos más limpios”.

Es evidente que el desarrollo de la agricultura actual, y futura en todo el planeta, se enfrenta a grandes retos que nos obligan a profesionales del agro y ciencias afines, productores agropecuarios y a los diferentes niveles de gobierno, repensar las estrategias que hasta el momento se han venido aplicando en este vital sector.

Entre estos retos, destacan el cómo hacer frente a los cambios en los patrones de lluvias y periodos de sequía que han venido ocurriendo que han originado desde dramáticas inundaciones con importantes daños en cosechas y cría de animales, hasta la disminución en la superficie de siembra y pérdida de cosechas, así como la muerte de rebaños, por escasas precipitaciones.

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) por Cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. El Banco Mundial ha señalado que algunos factores producto del cambio climático podrán agravar la producción alimenticia con la ocurrencia de masivas carestías, tan pronto como en 2030.

Particularmente para Venezuela los cambios que se están produciendo en el régimen de lluvias y temperaturas en el planeta debe ser motivo de especial reflexión por los efectos que este fenómeno pueda generar sobre la disponibilidad de alimentos para nuestro pueblo considerando la alta dependencia que tenemos de productos importados y de cómo el clima afectara la producción de los mismos en sus países de origen. Así mismo, es obligante destinar serios esfuerzos a evaluar cómo está afectando, y el riesgo de afectaciones futuras aún mayores que tendrán estas variaciones climáticas sobre la agricultura y ganadería nacional.

Según Juan Carlos Sánchez, profesor de la UCV, basándose en un estudio realizado por la Universidad de Hawai, el cambio climático pone a Venezuela en cuenta regresiva. Los estudios estiman que el país podría registrar un récord de temperaturas no visto en los últimos 150 años.

Un aspecto muy importante a considerar es el daño que se ha permitido en el país durante décadas en nuestras principales cuencas hidrográficas, deforestando grandes extensiones en zonas particularmente sensibles en lo que respecta al balance hidrológico, lo cual tiene un importante efecto en la agricultura de secano y de regadío. Es urgente, reflexionar, planificar y actuar.

Ing. Agr. M. Sc. Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

900%

Ya está a punto de cerrar el primer mes del año 2017. Un tema bastante común, especialmente para el seguimiento de la economía, es conocer la evolución de los precios. Dependiendo de su comportamiento, los actores económicos deciden sus acciones para las siguientes etapas. Con las facilidades de internet se puede en cuestión de minutos conocer la tasa de inflación de los países.

Tomemos por ejemplo, varios países de América Latina. Lo que se requiere es tener acceso a internet, el cual no es el más rápido en Venezuela. Pero dejemos ese tema de lado por los momentos. Seleccionemos primero a Perú, y vayamos al sitio web del Banco Central de Reserva. Justamente en la parte superior derecha de la página están las cifras. La tasa de inflación en los últimos 12 meses es 3,23%. Si, leyó bien. Y si se toma la tasa de inflación sin incluir los alimentos y la energía, entonces la tasa de inflación es 2,87%. Volvió a leer bien.

Vayamos ahora a Bolivia. En la parte derecha del sitio web del Banco Central se encuentra la cifra: 4% es el valor de la tasa de inflación en los últimos 12 meses. Para un país que experimentó una hiperinflación hace 30 años, la cifra lo dice todo. Sigamos finalmente a Colombia. También en el mismo sitio que los anteriores se encuentra un gráfico con la inflación mensual. En los últimos 12 meses la tasa de inflación de Colombia es 5,75%. También se indica en el gráfico que la cifra está por encima de la meta (2% mensual).

En todos los casos anteriores la información está completamente disponible, visible, incluso se pueden obtener los archivos históricos. Ahora tratemos de conseguir la tasa de inflación de Venezuela. La última información disponible es de diciembre de 2015, un poco más de un año sin un indicador fundamental sobre la marcha de la economía. Esto es más crítico cuando sabemos, en la práctica, que la inflación ha sido la más alta en la historia del país. Pero no tenemos información oficial ni dimensiones exactas sobre la gravedad de esa situación.

En estos casos, prácticamente cada ciudadano y cada empresa debe apelar a los medios que tenga a su disposición para ponerle tamaño a esta monumental crisis. Una práctica útil es que los ciudadanos obtengamos información sobre los precios. Es relativamente sencillo, especialmente con el uso de teléfonos que pueden almacenar información en cualquier archivo de texto. Se selecciona un bien de consumo frecuente y se anota el día de la compra y el monto que se pagó. No tiene que anotarse cada vez que se hace una compra, sino cada vez que varíe el precio (en estas circunstancias solo serán aumentos).

En mi caso seleccioné el pan, el cual no puede negarse que es un producto de consumo masivo. También es verdad que no puede decirse cuál es la tasa de inflación de un país con un solo producto. Sabemos que la inflación real es un promedio de miles de productos. Pero es una mera referencia, acentuada por la total falta de transparencia de las instancias encargadas de esta responsabilidad. Pues bien, examinando los precios de la compra dominical de pan, el estimado que resulta es una tasa de inflación de 900% en los últimos 12 meses. Este estimado resulta totalmente compatible con lo que se observa en la evolución de precios en otros productos y bastante cercana con los cálculos de organismos internacionales y de especialistas nacionales. Es entonces bastante evidente que estamos en la economía con la mayor inflación del mundo y con el gobierno más incompetente en la gestión económica en el planeta en el Siglo XXI. Una sugerencia final es que usted, amigo lector, también anote los precios de las compras de su elección. Elabore sus datos, estamos viviendo en un país en el que el gobierno dejó a los ciudadanos en el mayor abandono posible.

http://www.talcualdigital.com/Nota/136718/900

La actual crisis venezolana es en todas sus dimensiones una crisis estructural. Es difícil visualizar la posibilidad de un cambio en las perspectivas sociales, económicas o políticas, que cada vez están más íntimamente interrelacionadas, sin pensar en alguna transformación repentina que permita promover un nuevo comienzo. El país desea soñar un futuro diferente pero su realidad lo mantiene tortuosamente atrapado en el presente.

Es indudable que en el 2016, luego del sorprendente triunfo de la oposición en las elecciones legislativas, se llegó a pensar que la dimensión política de la crisis venezolana podría suministrar una renovada fuente de transformación histórica, sobre todo por lo que implicaba constitucionalmente que unas fuerzas de oposición obtuvieran una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la forma como el chavismo nombró preventivamente los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el apresurado anuncio inaugural del liderazgo parlamentario de una salida en seis meses del Presidente de la República, la abrupta suspensión del referéndum revocatorio, el quiebre de la mesa de negociación, la falta de coordinación del mundo opositor, el férreo control institucional del gobierno sobre el resto de los poderes públicos y la forzada desmovilización ciudadana, lograron poner en suspenso la capacidad de los agentes políticos de modificar irreversiblemente la situación nacional. Ahora el país padece una crisis de expectativas.

Una vez consumado el fracaso de la salida constitucional que prometía inexorablemente suceder a los sorpresivos cambios del mapa electoral venezolano, comenzó a hacerse evidente que la dimensión política del conflicto que padecemos carecía del poder suficiente para modificar un equilibrio, que si bien puede ser inestable, luce mucho más duradero de lo que hace unos meses atrás estábamos todos dispuestos a aceptar. El gobierno claramente no está plenamente consolidado pero sí ha logrado obtener su objetivo más preciado: sobrevivir. Lo ha hecho suspendiendo hasta nuevo aviso el derecho al voto y haciendo ver que cualquier convocatoria electoral futura será resultado más de una negociación política, todavía incierta, que producto del cumplimiento de unas normas constitucionales. Curiosamente, el costo político de semejante arbitrariedad lo ha pagado la oposición (envuelta en unas enconadas y absurdas diatribas internas que le han restado asertividad y credibilidad frente a sus grupos de apoyo); mientras que el gobierno ha logrado astutamente evadir la responsabilidad política de lo que supone unas acciones que son no sólo abusivas sino claramente inconstitucionales.

En el plano económico, la recesión continuó profundizándose ante la insistencia del chavismo de mantener a toda costa un modelo de controles de cambio y de precios que ha dejado al país dilapidado y exhausto. El gobierno siempre podrá realizar algunos ajustes a su actual esquema de controles pero serán simples modificaciones parciales (ni siquiera reformas) con poco impacto sobre la actividad productiva y mucho menos podrán detener la espiral inflacionaria sin un programa de estabilización creíble. Según las cifras no oficiales que se lograron filtrar del Banco Central de Venezuela, y publicadas a través de una agencia de noticias en el exterior, la contracción económica en el 2016 alcanzó más de 18 puntos del PIB y la inflación superó el 800 por ciento. Lo que para muchos analistas era una constatación anecdótica se ha convertido en una certeza estadística: estamos sumergidos en el peor colapso económico de la historia contemporánea de Venezuela.

Algunos aducirán que un precio petrolero que para el 2017 parece estar en franca recuperación, como resultado de los acuerdos de recortes de la OPEP, y un costoso ajuste externo en materia de importaciones que cerró el año en 18 mil millones de dólares, debería en teoría permitirle al gobierno un poco más de margen de maniobra financiera. Ciertamente, el gobierno tendrá mayor holgura pero tampoco lo suficiente como para reimpulsar el país. Es evidente que Venezuela, sin un programa económico que le otorgue acceso inmediato a los mercados internacionales y que le ayude a atraer inversión privada, continuará siendo un país con mayores presiones inflacionarias y una caída continua del crecimiento. El Fondo Monetario Internacional anticipa que mientras América Latina va a crecer a una tasa de apenas 1.2 por ciento en el 2017, Venezuela se contraerá en 6 puntos del PIB y experimentará una aceleración hiperinflacionaria debido al creciente financiamiento monetario de su déficit fiscal.

Ante esta realidad, PDVSA probablemente no pueda financiar las inversiones que necesita para estabilizar su producción petrolera y detener la caída de más de 200.000 barriles diarios que experimentó el año pasado. La razón es que los compromisos de pago de deuda externa en el 2017, que aún siendo menores que en el 2016, seguirán siendo cuantiosos y por lo tanto el flujo de caja de la petrolera estatal se mantendrá muy ajustado. Bajo este escenario, el sector privado continuará sin tener los incentivos para invertir en el país pues deberá seguir lidiando con la falta de acceso a divisas y tendrá que mantenerse haciendo piruetas para superar todo tipo de barreras regulatorias. Tan sólo una transformación en la política petrolera que le permita a los socios privados de PDVSA —bajo el actual esquema que establece la legislación en materia de hidrocarburos— tener un mayor control directo sobre las operaciones, un sistema cambiario competitivo y un renovado foco estratégico en los campos marginales, podría llegar a modificar en el corto plazo esta triste tendencia. Para el sector privado no petrolero, las perspectivas lucen aún más complicadas pues su futuro depende de un giro en el modelo productivo y en la remoción definitiva del resto de los controles sobre la economía. Algo que difícilmente llegará a suceder frente a un gobierno que insiste en esconder sus deficiencias utilizando la excusa de ser víctima de una absurda guerra económica.

Tan sólo queda la dimensión social como potencial factor de cambio y su verdadera incógnita: los niveles de conflictividad.

Las protestas sociales como consecuencias de la crisis económica y el rápido empobrecimiento de los venezolanos, sobre todo en el interior del país, han venido aumentando significativamente. Los eventos del año pasado en Cumaná, Tucupita, San Félix y Ciudad Bolívar mostraron una población desesperada ante las consecuencias de una política económica que profundizó el desabastecimiento, pulverizó el salario y aumentó la inequidad. Hasta ahora esta conflictividad ha estado focalizada en centros urbanos de menor tamaño con poco impacto en zonas de mayor densidad como Caracas, Maracaibo, Valencia o Barquisimeto. Tan sólo protestas de cierta magnitud, que logren filtrarse hacia zonas urbanas de mayor escala —pero sobre todo hacia la zona metropolitana—, podrían hacer que el gobierno enfrente una situación de emergencia que desborde sus capacidades. Algo que claramente todavía no ha ocurrido y que hasta ahora ha sido contenido de forma efectiva por las fuerzas de seguridad. Esto no quiere decir que los ciudadanos no estén dispuestos a protestar. Lo hacen cada vez más intensamente pero todavía de una forma relativamente aislada.

El gobierno anticipa este riesgo y es por ello que profundiza la implementación tanto de los CLAPs como la entrega del Carnet de la Patria. El primero como un mecanismo asistencialista en materia de alimentos para garantizar un control territorial sobre los sectores de bajos ingresos y el segundo como un subsidio directo que probablemente sea condicionado clientelarmente para tratar de recuperar la base electoral del chavismo que se ha visto seriamente disminuida. Es evidente que este esfuerzo tendrá algunos réditos pero también es verdad que sin modificaciones profundas en la política económica estos esfuerzos van a ser poco duraderos. La razón es que esta política social —que supone en términos reales una expansión importante del gasto público—, no puede ser financiada responsablemente al menos que haya una nueva política cambiaria así como un aumento del precio de la gasolina. Sin estos cambios en la política económica, las acciones para mejorar la compensación social de una forma directa, lo cual es necesario, van a profundizar las presiones inflacionarias y en poco tiempo estos distintos subsidios serán cada vez menos efectivos. Es por ello que para el Presidente Maduro repetir los efectos políticos que alcanzaron las distintas Misiones de Chávez en el 2004 será una apuesta difícil de emular, sobre todo bajo el actual contexto petrolero, y como consecuencia de las grandes distorsiones acumuladas de una política cambiaria, monetaria y fiscal claramente disfuncional.

Es así como hemos entrado en un escenario de estabilidad negativa. El gobierno ha actuado de una forma efectiva al profundizar su lógica de supervivencia política a cambio de terminar de desinstitucionalizar lo que quedaba del sistema electoral y de sacrificar el bienestar material de todos los venezolanos. Curiosamente esta lógica le permitió suspender el cronograma comicial sin incurrir en mayores costos tanto en el plano doméstico como internacional. El Presidente Maduro con 18 por ciento de popularidad supera los números de aprobación de Santos en Colombia, Peña Nieto en México y Bachelet en Chile. La oposición, en un contexto social y económico cada vez más complejo ante la profundidad de la crisis, que le debió haber sido políticamente más favorable, y que le hubiese dado la oportunidad de conectar con nuevos segmentos de la sociedad, incluso con el chavismo, perdió credibilidad debido a sus divisiones internas para enfrentar oportunamente la suspensión del referéndum revocatorio. La decisión posterior de la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo del Presidente de la República, sin poder ejecutarlo en la realidad, fue un ejercicio de pura ficción que le resto aún más credibilidad política.

Pero este interregno tiene un tiempo finito: las elecciones presidenciales. Durante este nuevo periodo de hibernación la espera será larga y probablemente los actores también serán otros. Es improbable aunque tampoco imposible que el gobierno logre justificar la suspensión de esta contienda aunque seguramente continuará dividiendo a la oposición a través de distintos estratagemas: persecusión a los sectores más radicales, anulación de la tarjeta de la Unidad, incremento en los requisitos de legalización de los partidos políticos y más inhabilitaciones políticas. En ese contexto, el reto de la oposición será fortalecer la unidad y establecer una verdadera coordinación tanto en el plano nacional como internacional para impulsar las elecciones, ampliar la coalición hacia nuevos sectores sociales, incluyendo al chavismo, para promover un acuerdo nacional transitorio. Algunas fuerzas dentro de la oposición harán esfuerzos loables por convocar unas elecciones regionales y locales en el 2017, que muy probablemente continuarán siendo postergadas, pues su realización dependerá exclusivamente tanto de la voluntad gubernamental como de la presión social e internacional. Durante los próximos meses, la comunidad internacional insistirá en la conveniencia de una salida negociada pero el gobierno continuará sin voluntad real de cumplir con sus compromisos y la oposición vacilará ante la pertinencia de un acuerdo. En el fondo ambos actores desean lo imposible: una negociación que implique una victoria aplastante frente al otro; lo cual es intrínsicamente contradictorio. Hipócritamente ambos actores niegan lo evidente: el país requiere un pacto de gobernabilidad con garantías mutuas que ante la falta de árbitros nacionales tan sólo puede ser facilitado por esa misma comunidad internacional de la que tanto desconfían.

La sociedad venezolana en este escenario quedará desorientada. La población, quizás en un acto de desesperación espontánea, altere repentinamente el futuro del país. Pero semejante apuesta es un acto de fe más que una certeza política. El 23 de Enero hizo ver que la calle no existe sin coordinación política. Es por ello que en estos momentos tan complejos lo que el país requiere es un liderazgo social responsable, es decir, con transparencia y sinceridad en el discurso y que transmita amplitud y solidaridad. El gobierno para poder seguir sobreviviendo continuará levantando un muro de contención para atrincherarse. Y para superar este obstáculo, la sociedad venezolana deberá crear nuevas formas de articulación social que le permitan canalizar sus expectativas de cambio. Solo una sociedad dispuesta a presionar organizadamente tanto al gobierno como a la oposición —pero también que esté dispuesta a abrir nuevos canales de comunicación con todas las fuerzas vivas del país, independientemente de su carga valorativa— logrará materializar una salida electoral. Este es el reto para Venezuela. Y ese reto supone la restauración de una verdadera convivencia democrática.

http://prodavinci.com/2017/01/24/actualidad/el-nuevo-interregno-la-estab...

Crónicas del Olvido

1.-

Los mitos “ideológicos” nunca desaparecen, por eso regresan. Se mantienen ocultos, como animales al acecho de un descuido de la víctima. Los engendrados por el imaginario popular forman parte de la vida diaria de un país. De mitos y leyendas están hechas las culturas de los pueblos. Los creados por conveniencia son distintos a los que no han sido macerados por el tiempo, por la sangre y las ideas de un grupo o comunidad que ha recorrido el ritmo de la historia.

Ninguna ideología hace cultura. Ninguna forma parte del imaginario. Es decir, las ideologías no tienen asidero axiológico. No son valores. Los mitos creados por la gente sí se revelan como símbolos de la cultura. Por ejemplo, ni Mao ni Fidel son cultura. Forman parte de la larga lista de personajes mitificados que obligan a la invención de la contracultura, de los movimientos undergrounds, favorecedores de la rebelión de las masas.

Precisemos, como afirma Paramio, cercano a Gillo Dorfles, “el mito es algo presente en la cultura contemporánea. Así, la tesis de que simultáneo al proceso de obsolescencia de los mitos tradicionales aparece entre nosotros un proceso de mitificación, casi siempre inconsciente e irracional, y del que serán consecuencia una nueva serie de mitos y símbolos”.

2.-

Si como dice Mircea Eliade, el mito cuenta una historia sagrada, que ha tenido lugar en el tiempo fabuloso de los comienzos, los de hoy son propuestas que obedecen a la necesidad de justificar la presencia de un poder. De allí que el poder político se valga de mitemas, que son unidades simbólicas de una cierta complejidad, que supera el de los monemas lingüísticos.

En cristiano, un mito, pese a ser propios de la lengua, van más allá de ésta y se insertan en el inconsciente colectivo para crear toda una mitología. Como sistema de comunicación, como mensaje, los mitos representan la esencia de la cultura.

Contrario a lo anterior, los símbolos mitologizados por la ideología conforman todo un esquema de manipulaciones. Estos símbolos penetran la sensibilidad y los sentimientos de los pueblos y los hacen obedientes sufragadores de ideas que no le pertenecen. Una “cultura” que desdeña la historia y favorece lo que el marxismo llama falsa conciencia.

En estos días venezolanos en los que la imagen de Cristo viaja al lado de una gandola de gasolina, somos testigos de impertinencias en las que la positividad, negatividad y ambigüedad mitológicas revelan la pérdida de la personalidad individual. Es decir, el sujeto afecto a esa imagen es un factor de comunicación atado al contenido de un discurso falso.

Es decir, a través del discurso ideológico se puede desdibujar la cultura de todo un pueblo para conveniencia del poder político. Los mitos tradicionales pasan a ser instrumentos de opresión, de aplastamiento. Bolívar, por ejemplo, es un personaje de la historia. Sus ideas no abrevan en un planteamiento ideológico, ciertamente, pero para lograrlo es preciso transformarlo en un mito.

Despojado del imaginario primigenio, el Bolívar que ahora recibimos arropa todas las acciones ejecutadas por el régimen. Digamos, ya no es Bolívar, es una herramienta. Deja de ser personaje para hacerse mensaje decodificado ideológico. Bolívar articulado con la intención de borrar la memoria de la cultura. El Bolívar que pronuncia el poder, es otro Bolívar: se trata de un mito-mensaje de “mecanismo iterativo”. Bolívar es una repetición verbal. No es espontáneo, no es la linealidad histórica, no es sincrónico.

3.-

En lenguaje llano, lo que está sucediendo en Venezuela es la ruptura de la memoria. La suplantación de una imagen pero sin contenido histórico. Sólo interesa “presentizar” para lograr el objetivo inmediato.

Se trata entonces de un Bolívar divino, capaz de re-crear el mundo, de inventar de nuevo el universo, olvidando sus gestores que el “Padre de la Patria” era capaz de ir al baño y hacer el amor con Manuelita Sáenz. O de que ésta le pusiera los cuernos.

El sistema de comunicación del poder se vale de los mitos, hasta que el mismo usuario de ellos se convierte en mito. Por eso, el tratamiento que los seguidores de Chávez (ahora de Maduro) le dan se aproxima a la idolatría. Santón, salvador de la patria de los pobres, respiramos el aire de Robin Hood, el de los Tres Mosqueteros, pero también el de Raskolnikov, porque es un mito vengador, armado de un arma que decapitará la historia, la cultura, la memoria.

El mito encarnado por Carlos Andrés Pérez estuvo vigente en la Gran Venezuela, en la captación del interés de una América políticamente lúdica. El de Chávez es el vengador con ansias continentales. Es decir, Bolívar hecho en Chávez. Un regreso que pesa demasiado, porque podríamos retornar también al “Decreto de Guerra a Muerte”.

Las raíces de un proyecto que se revisa en dos mitos más: Simón Rodríguez y Zamora. De allí a la mitomanía, sólo un brinquito glorioso. Dios y la Constitución, como para colocarlo en el Escudo nacional. Mito y Güere.

Y así, para el final de la película, el silbido de Maduro, un simple silbido, tan dañino con las zancadas de su padre mitológico.

Desde hace tiempo el régimen nos envenena gradualmente al no permitirnos el acceso a medicinas, ni a los alimentos requeridos. Ahora, la prensa reporta que han fallecido menores y muchos ciudadanos han tenido que ser hospitalizados en Monagas, Anzoátegui, Lara y Zulia por consumir yuca amarga, la cual solo es apropiada para producir casabe, en cuyo proceso se destruye el venenoso cianuro. En el pasado este evento ocurría muy esporádicamente. Hoy se ha multiplicado. No somos amigos de elucubrar sin base sobre las causas de estos lamentables sucesos ¿Acaso es por hambre? ¿Será que, ante la escasez de yuca dulce, vendedores inescrupulosos colocan en el mercado yuca amarga?

Sin duda que lo citado es trágico y debe investigarse, aunque conocemos de sobra que las averiguaciones de los rojos llegan hasta donde la ¨revolución¨ lo permite. Hay otros tipos de envenenamiento cuya responsabilidad es directa del régimen totalitario Siglo XXI. El más grave es el fallecimiento de nuestra democracia, envenenada por las violaciones a la Constitución del ex presidente de facto, con el aval de los ¨magistrados del horror¨

Nuestra juventud está siendo envenenada no solamente en las aulas, sino a través de los numerosos medios de comunicación en manos del oficialismo. Este adoctrinamiento se refiere no solamente a inculcar determinada ideología política, sino a la constante prédica del odio de clases y difusión de principios y valores contrarios a los tradicionales que heredamos de nuestros padres. Los jóvenes están siendo envenenados, ya no con yuca amarga, sino con los malos ejemplos de los trúhanes rojos que están en Miraflores, en los tribunales, en el CNE y en las dependencias oficiales.

La salud de nuestra población está envenenada por no conseguir las medicinas que nuestros excelentes médicos recetan para controlar infecciones y otras dolencias. Las empresas del Estado están envenenadas con la ineptitud y corrupción de gerentes rojos que las tienen quebradas. Nuestra agricultura está envenenada por la política de control de precios por debajo del costo de producción y por la escasez de insumos, mal que también afecta a los otros sectores de la economía.

Nuestra Fuerza Armada fue envenenada con la designación de Altos Mandos sumisos a quienes no les importa la influencia castro-comunista. Tenemos la esperanza de que esta intoxicación no haya afectado al resto de la oficialidad, la cual sufre de los mismos problemas de los civiles y que, además, constata que sus miembros están siendo asesinados por un hampa protegida o al menos tolerada por el régimen.

¿Será posible revertir estos envenenamientos que afectan a instituciones y a personas? Confiamos en que sí. Ayer, hace 59 años, pueblo, dirigentes políticos y Fuerza Armada dieron una demostración de pundonor al obligar a que el dictador Pérez Jiménez agarrara las de Villa Diego. Los venezolanos de hoy estamos conscientes de que esta dictadura es peor que la derrocada en 1958, ya que afecta negativamente no solo a nuestros derechos políticos, sino que nos ha empobrecido y está comprometiendo nuestro futuro.

Adecos, comunistas, copeyanos, intelectuales, profesionales, militares y pueblo en general dijeron en ese entonces ¡Ya basta! Ahora solo esperamos que la dirigencia actual actúe sin egoísmos, unida frontalmente en contra del régimen y que termine de depurar y reestructurar a la MUD, como han prometido varias veces.

Ante la coyuntura actual, es justicia recordar el papel desempeñado en el derrocamiento de la penúltima dictadura por los estudiantes, la Junta Patriótica, cuyo único sobreviviente es el aguerrido doctor Enrique Aristiguieta Gramcko, así como por los tenientes coroneles Martín Parada y Hugo Trejo, capitán de Navío Vicente Azopardo y otros. Desde luego no podemos olvidar a los caídos en la resistencia, entre ellos, Leonardo Ruíz Pineda, Pinto Salinas, capitán Wilfrido Omaña y teniente León Droz Blanco.

Como (había) en botica:

Aunque el anterior fue a destiempo, salimos perdedores y enfriamos la calle, el diálogo es necesario, pero teniendo claro los objetivos que deben ser acatar y cumplir la Constitución y negociar un gobierno de transición; para ello requerimos nuevos negociadores de parte nuestra e incorporación de otros mediadores no parcializados hacia el régimen. El documento presentado a la MUD por los actuales mediadores para reanudar el diálogo es inaceptable, ya que en la mayoría de sus partes tiene un sesgo muy claro hacia los intereses del régimen y en otras deja puntos en el aire. Según el diputado `por AD Edgar Zambrano, la oposición también es responsable de que no venga al diálogo el delegado del Papa, monseñor Celli. Evidentemente Zambrano juega en el mismo equipo que Timoteo, es decir no en el nuestro. Repudiamos el bárbaro asalto a las instalaciones y archivos del Palacio de las Academias, así como las piedras arrojadas a la Catedral ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!