En enero de 2017 entra en vigencia un nuevo salario mínimo, el primero del año 2017 y el número 15 desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013.

Puede decirse que la fijación por el Presidente de la República se ha convertido en un elemento bastante común del sistema económico venezolano. Pero que se haya convertido en una política reiterada implica que deba valorarse su conveniencia, y para esto puede ser útil indagar cuándo y cómo comenzó a fijar el salario en Venezuela.

¿Cuándo el Ejecutivo Nacional de Venezuela intervino
de manera indirecta por primera vez en la fijación de salarios?

En el Artículo 21 de la Ley sobre contratos colectivos por ramas de industrias, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 25.818 de 21 de noviembre de 1958, se establecía que “el contrato colectivo en la convención obrero-patronal o el laudo arbitral podrá ser declarado por el Ejecutivo Nacional de extensión obligatoria para las demás empresas y trabajadores de la misma rama industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, a solicitud de la propia convención o de cualquiera de los sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores o de cualquier patrono, sindicato o asociación de patronos que sean partes en el contrato colectivo o laudo arbitral”.

¿Cuándo se fijó por primera vez el salario mínimo
por parte del Ejecutivo Nacional de Venezuela?

Sería a través del Decreto-Ley N° 122 de 31 de mayo de 1974, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 30.415 de 4 de junio de 1974, cuando se fijó por primera vez el salario mínimo nacional de modo directo por el Poder Ejecutivo Nacional.

Ese Decreto-Ley fue dictado en ejecución de la Ley Habilitante que el Congreso había sancionado a favor del Presidente Carlos Andrés Pérez, publicada en la Gaceta Oficial 30.412 de 31 de mayo de 1974. En el ordinal 10 del artículo 1 de esa Ley Habilitante se facultaba al Presidente de la República para “decretar salarios mínimos y los aumentos de sueldos, salarios y prestaciones requeridos para elevar el nivel de vida de la población y mejorar la distribución de los ingresos de acuerdo con la política general que defina el Ejecutivo Nacional. En ningún caso el ejercicio de esta facultad impedirá modificaciones de sueldos y salarios resultantes de los contratos de trabajo”.

Pues bien, en ese Decreto-Ley se fijaría el salario mínimo nacional para los trabajadores, salvo los del servicio doméstico, en 15 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 1). Para los trabajadores del servicio doméstico cuyos patronos tengan ingresos superiores a los 4.000 bolívares mensuales, se fijaría un salario mínimo nacional de 300 bolívares mensuales (Artículo 2).

Señalaría Héctor Valecillos Toro sobre esa primera fijación del salario mínimo:

“Considerada superficialmente, la medida parecía justificada, pudiendo verse como un arbitrio a favor de la justa participación de los trabajadores en la súbita riqueza petrolera. Sin embargo, vista menos emocionalmente, era claro que no convenía precipitarse en una medida que suele generar problemas de diferente tipo. Primero, porque ya bajo el gobierno de [Rafael] Caldera había comenzado a acelerarse el ritmo de la inflación (que, no olvidemos, había estado ausente del país entre 1950 y 1969) y no sería fácil eludir el impacto alcista sobre los precios de esa decisión. Segundo, y quizás principal, porque escogía el gobierno un mecanismo altamente inconveniente para la retribución salarial del personal, aquel que por definición desvincula remuneración y productividad del trabajo” [1].

Transcurrirían 5 años y en 1979 el Congreso de la República dictará una Ley general de aumento de sueldos, salarios, salario mínimo, jubilación y pensiones de vejez, invalidez y muerte (Gaceta Oficial N° 2.518 extraordinario de 3 de diciembre de 1979). Además de establecer un aumento general de sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones de vejez, invalidez y muerte, se fijó como salario mínimo nacional obligatorio para todos los trabajadores del país, la cantidad de 30 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 6), además de un salario mínimo nacional para los trabajadores dedicados a las actividades agrícolas y pecuarias de 25 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 7) y un salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores del servicio doméstico en 500 bolívares mensuales (Artículo 8).

A partir del año 1984, y hasta hoy, el Presidente de la República ha seguido dictando Decretos para la fijación del salario mínimo, en lo que se ha convertido en una tradición política y económica en nuestro país.

¿Cuántos aumentos de salario mínimo se han registrado en Venezuela?

Entre 1974 y 1998 se fijó el salario mínimo urbano en 13 ocasiones: menos de uno por año. En contraste, entre 1999 y enero de 2016 se han registrado 36 aumentos de salario mínimo: casi dos por año.

Resulta interesante notar que tal y como precisó Chi-Yi Chen en 1993:

“La intervención directa del Estado venezolano en la fijación de salarios refleja cierta posiciones tomadas. Estas son: a) El trabajador está siempre explotado; nunca recibe lo que le corresponde; b) El empresario se enriquece únicamente a través de la explotación del trabajo; c) Como consecuencia de las dos posiciones anteriores se concibe que el único mecanismo para repartir equitativamente el excedente de la sociedad productiva es imponer compulsivamente un determinado nivel de remuneración. La historia de la intervención estatal durante las últimas décadas refleja exactamente estas ideas, evidentemente influenciadas por la concepción marxista del capitalismo” [2]

¿Cuáles son los problemas asociados con la fijación de un salario mínimo?

Fijar un salario mínimo busca garantizar que los trabajadores formales de la economía tengan un ingreso mínimo mensual que —en teoría— cubra las necesidades básicas de su familia. Sin embargo, el mercado laboral de cada sector productivo tiene ofertas y demandas de mano de obra diferentes, por lo que el salario de equilibrio de cada mercado es, a su vez, diferente.

Si, por ejemplo, se fija un salario mínimo que se encuentre por encima del salario de mercado, aumenta la oferta de mano de obra, mientras que las empresas no tendrán incentivos para la contratación y, en consecuencia, aumentará el desempleo. En contraste, si se fija un salario mínimo que se encuentre por debajo del salario de mercado, las empresas querrán contratar más personal, pero los trabajadores no tendrán incentivos a ofrecer su mano de obra en el mercado formal.

En última instancia, fijar un salario mínimo que no corresponda con el salario de equilibrio del mercado generará distorsiones. El nivel salarial debe, por encima de todo, responder al nivel de productividad del trabajador.

Por eso, como se pregunta Chi-Yi Chen:

“El salario mínimo se ha convertido en un elemento importante de la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores menos favorecidos (…). Nos preguntamos si, ¿el salario mínimo ha jugado realmente el rol que le fue asignado, es decir, mantener un nivel de vida socialmente aceptable?”[3]

A partir de enero 2016, el salario mínimo venezolano se ubica en 40.638 bolívares fuertes y —por ahora— 63.721 bolívares fuertes en beneficios de alimentación. Mientras dicho salario no permite cubrir la canasta alimentaria familiar y mucho menos la básica, representa una carga sustancial para las empresas del mercado formal. Es irónico que el salario mínimo, que, en teoría, va dirigido a proteger la capacidad de compra del venezolano, en realidad (i) se convierte en una traba para hacer negocios formales, (ii) disminuye la oferta de empleos con calidad y (iii) genera incentivos para que trabajadores formales busquen mejores sueldos en el mercado informal.

Sin duda, el tema del salario mínimo es una de las reflexiones fundamentales que los venezolanos debemos realizar, sin prejuicios, sobre nuestro sistema económico y social.

♦

[1] Crecimiento económico, mercado de trabajo y pobreza: la experiencia venezolana del siglo XX, Caracas, 2007, p 258.

[2] “Estado y políticas de salario y empleo”, en Revista de la Facultad de Derecho Nº 46, Universidad Católica Andrés Bello, p. 50.

[3] Ibídem, p. 49.

http://prodavinci.com/blogs/cuando-y-como-se-comenzo-a-fijar-el-salario-...

Sin pitos ni glorias, pero tambien, sin plena libertad ni vigencia democrática, transcurrió el pasado lunes 23 de enero, el 58° aniversario de la caída de un tirano, que es fecha memorable en la historia política contemporánea de nuestro país. Pocos ya celebran la fecha de inicio del proceso democrático que permitió avanzar al país y que fue interrumpido en la elección presidencial del año 1999 y que se alarga hasta la fecha, con la constitución de un gobierno que desprecia los valores democráticos y se empeña en impedir el funcionamiento cabal de los partidos políticos opositores, el libre juego de las ideas y la libertad de expresión, así como la persecución de los dirigentes políticos. Precisamente, los aspectos políticos que iniciaron el derrumbe de la dictadura perezjimenista.

Hacen ya 58 años que fue derrocada la penúltima, y creíamos sería la última, dictadura, de las tantas que ha padecido Venezuela en su historia republicana. Entonces, habida cuenta de las contradicciones internas del régimen, la crisis económica de la época, el viraje en las relaciones internacionales del hemisferio occidental y el entendimiento de la fuerzas civiles y militares, aunado a la acción popular dirigida por un organismo clandestino y unitario que se llamó la Junta Patriótica, constituida por dirigentes de URD, Copei, el PCV y AD, dieron al traste con el régimen que gobernaba en nombre de las Fuerzas Armadas. No parece haber mucha diferencia con lo que ocurre hoy en el país. Nadie duda de las diferencias internas en el gobierno, ni tampoco la brutal crisis económica que maltrata sin piedad el bolsillo de los venezolanos, tambien el deterioro de nuestras relaciones internacionales, cada vez más disminuidas, salvo su dependencia de un gobierno miserable en una pobre isla y el respaldo que le brindan gobiernos como el de Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

El 23 de enero de 1958, encarnó el espíritu de la unidad para avanzar en el camino de la consolidación democrática, y a pesar de que siguen siendo polémicos los hechos posteriores a aquella fecha, por las profundas observaciones que se hicieron, no hay duda que el proceso de industrialización y el desarrollo de la producción agrícola nos permitieron vivir sin sobresaltos en cuanto a la provisión alimentaria y de medicinas; se crearon instituciones educativas a lo largo del país, con Escuelas, Liceos y nuevas Universidades. Hubo respeto para el debate político y el crecimiento del país fue indudable. El rompimiento de la democracia de partidos, -más allá de sus imperfecciones, y errores-, con la llegada de un gobierno de tinte militarista, sin ideología definida, con resentimientos acumulados y reñido con los más elementales valores de la honestidad administrativa, que ya media en los 18 años, ha estimulado los descontroles sociales que ha multiplicado el auge delictivo y la inseguridad personal, la aparición de nuevas formas de violencia social que no se detiene en el robo a las personas, sino que se ensaña con el asesinato.

La experiencia histórica del 23 de enero de 1958, hay que decirlo, se constituyó por la conjunción de esfuerzos y voluntades del pueblo y sus Fuerzas Armadas en razón de que los hombres de uniforme escucharon la voz del pueblo para restaurar la democracia, que a la par de ser un sistema de gobierno que debe regir nuestra vida republicana, es una forma de vida tallada para la convivencia política y la superación de los ciudadanos. A ello hay que sumar los aldabonazos que en su momento hiciera la Iglesia venezolana y que se manifestara con la pastoral de Monseñor Arias Blanco.

Hoy mucho tenemos que aprender de aquellas fechas y poco podemos diferenciar con las características del régimen que nos gobierna, una dictadura de nuevo cuño con los bemoles de las nuevas tecnologías y el cinismo propio de los embaucadores para engañar al pueblo con listas y carnets para ofrecer comida a cambio de votos para elecciones que el gobierno impide porque se sabe perdió la confianza de la gente.

La MUD no es, cierto, la Junta Patriótica, ni tampoco es clandestina; es un organismo conformado por partidos para participar electoralmente, pero debería ser el centro de gravitación de la oposición al gobierno; una entidad más amplia, pero no una asamblea, para la toma de decisiones, debe ser creativa y realmente unitaria para restaurar y generar la confianza de la sociedad civil, quien es la que consagra los liderazgos con sus votos y con su participación. Hay que salir de la costra de la pasividad, hay que movilizar y concientizar a la gente.

En la Junta Patriótica estaban todos. A la MUD, la de hoy, le corresponde la tarea pendiente de alimentar la esperanza irredenta de los miles de miles venezolanos que queremos salir de la pesadilla de ahora y vivir definitivamente en democracia. De nuevo, frente al fracaso de quienes nos gobiernan, por su burla a la gente y su incapacidad para administrar al país, el desafío es la unidad.

frusbet@gmail.com

El mandato que Donald Trump inaugura hoy muy bien podría ser juzgado en el futuro como el momento en el que EE UU inició el desmantelamiento del orden internacional que con tanto ahínco sucesivas Administraciones norteamericanas construyeron y sostuvieron desde 1945. Una toma de posesión, la de Trump, que se solapa en el tiempo con la formalizació n esta semana por parte de la primera ministra británica, Theresa May, de su intención de activar el proceso de retirada total y completo de su país de la Unión Europea. Una coincidencia temporal que plantea con toda crudeza la cuestión de si no estaremos asistiendo al fin, absurdamente autoimpuesto, de un largo y fructífero periodo histórico de hegemonía anglosajona.

Nada como mirar atrás para observar la profundidad de la falla geopolítica y económica que Washington y Londres están abriendo al renunciar voluntariamente a más a dos siglos de dominio político, económico, cultural y militar anglosajón. El “siglo imperial británico”, que comenzó en 1815 tras las guerras napoleónicas, concluyó en 1915, 100 años después, dejando a Reino Unido como única e indisputada potencia mundial.

En su momento álgido, inmediatamente antes de comenzar la I Guerra Mundial, el Imperio Británico ejercía su poder sobre 412 millones de personas, un 23% de la población mundial, ocupando sus dominios casi un cuarto de la superficie de la Tierra. Fue el británico, sin embargo, un poder imperial tan extenso como afortunado. Cuando fue relevado por EE UU, este lo hizo, de forma inédita en la historia —en la que los imperios entrantes suelen destruir a los salientes—, no solo de forma pacífica sino como continuador y renovador del proyecto liberal, político y económico que inspiraba la obra imperial británica. Así, vía los acuerdos de Bretton Woods, que fijaron las reglas del comercio y las finanzas; la Conferencia de San Francisco, que dio paso a la ONU; y el Plan Marshall, que rescató al continente europeo del hambre, la inseguridad y la miseria y forjó la alianza más exitosa de la historia, la alianza transatlántica, Washington formalizó ese relevo pacífico de poder imperial, diseñando y luego sosteniendo con sus recursos el orden político, económico y militar mundial que conocemos.

Pero ahora, estos dos hegemones, el británico y el americano, que algunos han calificado de “benignos” (más que nada en comparación a otros competidores como la URSS o la Alemania nazi, y no obstante el escepticismo de Gandhi sobre el empeño de Occidente en denominar el imperialismo como “civilización”), están adoptando un rumbo aislacionista en lo político, proteccionista en lo económico, y xenófobo en lo identitario y cultural, cuestionando los elementos fundacionales del orden global que tanto la pax britannica como la pax americana han compartido y articulado.

Lo paradójico es que tanto EE UU como Reino Unido tienen a su favor todos los elementos para seguir sosteniendo un orden multilateral liberal y beneficiarse de él con creces, como han hecho hasta ahora. Frente a las quejas que nos trasladan respecto a integración económica o la inmigración, lo cierto es que los dos países han superado la crisis de 2008 más rápido que sus rivales y, además, son un referente tanto en la integración de inmigrantes como en el fomento de la diversidad cultural y la tolerancia religiosa. Pese a los lamentos de Trump y de los partidarios del Brexit, sus países viven, en comparación a otros, y en comparación a otros periodos de su historia, una época dorada. Que los países más dinámicos, abiertos y exitosos tiren la toalla de la globalización no deja de resultar sorprendente de hasta qué punto vivimos una enorme anomalía histórica.

No sería, sin embargo, la primera vez en la historia que un imperio se suicidara. Entre 1405 y 1433, la marina imperial china, bajo el mando del almirante Zheng He, se paseó por todos los mares de Asia y África Oriental. La dinastía Qing fue capaz de organizar expediciones de hasta 300 barcos (algunos de 120 metros de eslora en una época en la que la Santa María de Colón solo tenía 26 metros) y decenas de miles de marinos. Pero a la muerte del emperador Yongle, justo coincidiendo con la época en la que los navegantes portugueses comenzaban a surcar los mares, sus sucesores decidieron poner fin a dichas expediciones, iniciando un largo periodo de aislamiento que cortaría el acceso de China a conocimientos y mercados claves en un momento crucial para su desarrollo, dejando al país en una situación de debilidad que posteriormente permitiría a Occidente doblegarla fácilmente y obligarle a abrir sus mercados. Que mientras Trump y May anuncian su intención de marcharse, el presidente chino, Xi Jinping, defienda la globalización desde el atril de Davos ofrece una pista muy clara sobre la profundidad del relevo de poder al que estamos asistiendo y vamos a ver profundizar.

Vivimos, a unos les gusta y a otros les pesa, en un mundo anglosajón. Esa cultura, o civilización, para quien quiera usar tal término, ha generado las dos instituciones que definen nuestro modo de vida: la democracia representativa y la economía de mercado. Las dos se derivan de una filosofía política, el liberalismo, en cuyo desarrollo el pensamiento anglosajón, desde John Locke en el siglo XVII a John Rawls en el siglo XX, ha tenido un papel esencial. Desde el catálogo de derechos arrancados en la Magna Carta por los nobles británicos a Juan sin Tierra en Runnymede en 1215 a la Declaración de Independencia proclamada en Filadelfia en 1776, pasando por la rebelión de Cromwell y el Parlamento contra el absolutista Carlos I durante la Revolución Inglesa, los hitos que jalonan el largo (aunque todavía incompleto) camino de la humanidad hacia la libertad son en gran medida anglosajones.

Un contraste despiadado el que se perfila entre todo aquello que debemos al liberalismo anglosajón y esa fotografía de diciembre pasado en la que dos sonrientes Trump y Farage posan ante el indescriptiblemente feo ascensor de la torre Trump de Nueva York, una instantánea que captura magistralmente el fin de época que parecemos estar viviendo. Duele convalidar la capacidad predictiva de un personaje tan repugnante como Nigel Farage, pero hay que reconocer que la pesadilla global que inauguramos hoy con la toma de posesión de Donald Trump comenzó a representarse ante nuestros ojos como verosímil cuando Farage, abanderado del movimiento para la salida de Reino Unido de la UE, predijo que la victoria de los partidarios del Brexit en el referéndum celebrado el pasado mes de junio no era sino un ensayo a escala europea de lo que habría de acontecer globalmente cuando Trump fuera elegido para la presidencia de Estados Unidos. Y así parece ser. El ensayo general ha acabado. Ahora sube el telón y comienza la obra de verdad.

El País, enero 20, 2017

http://elpais.com/elpais/2017/01/16/opinion/1484595953_620288.html

I.- Lo electoral en la agenda política de la Asamblea Nacional

Cuando la Asamblea Nacional declaró el 13 de diciembre de 2016 la responsabilidad política del Presidente y luego el 9 de enero de 2017 el abandono de las funciones del presidente Nicolás Maduro, entre sus argumentos estuvo la suspensión de la recolección de firmas para el 20% necesario para activar el referendo revocatorio y luego la justificación que el Presidente ha pretendido hacer para diferir el proceso comicial regional.

Durante el año 2016 la Asamblea ha dedicado 3 acuerdos políticos exclusivamente al tema electoral, motivado sin duda alguna por la realidad política del país, el primero fue el 11 de agosto de 2016, el mismo tuvo unos 7 considerandos y 7 acuerdos; el segundo fue el 4 de octubre de 2016, el mismo tuvo 16 considerandos y 8 acuerdos; por último el Acuerdo del 15 de diciembre de 2016 que contiene 12 considerandos y 5 acuerdos.

II.- La Asamblea Nacional levanta su voz institucional para reclamar cronograma electoral

A través del acuerdo para el emplazamiento al poder electoral por los cronogramas de las elecciones regionales y el referendo revocatorio, aprobado el 11 de agosto de 2016, la Asamblea Nacional expresa públicamente:

-Que el desarrollo de los procesos electorales son un derecho fundamental y consustancial con la democracia,

-Que ese desarrollo representa la garantía del ejercicio efectivo de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

-Que es obligación indeclinable del CNE de favorecer el desarrollo de procesos electorales, consultas y referendos. Sin obstaculizar ni dilatar ese ejercicio.

-Que el CNE es responsable de garantizar el ejercicio democrático de los derechos ciudadanos.

Además, la Asamblea Nacional, nos remite al artículo 62 de la Constitución para recordarnos que el Estado y la sociedad están obligados a facilitar la generación de condiciones más favorables para la práctica de los derechos políticos de todos los ciudadanos.

En ese acuerdo de agosto la Asamblea Nacional reclama el incumplimiento de los plazos constitucionales y reglamentarios, destacando que tal situación compromete la responsabilidad del CNE por no ajustar su actuación al mandato constitucional y advierte que tal situación podría llegar a comprometer penalmente a los rectores.

Así mismo cuestiona en primer lugar, que se haya vencido el lapso que el propio CNE estableció en su normativa para tramitación de la iniciativa del referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República; y en segundo lugar, que el CNE no haya presentado aún el cronograma para las elecciones regionales.

Esos argumentos sirvieron de fundamento para que los diputados acordaran los siguientes:

-Exigir a la Presidenta del CNE a que asuma su obligación constitucional de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política a través del referendo revocatorio.

-Emplazar al CNE para que formule y publique sin dilaciones indebidas, el cronograma electoral del referendo revocatorio y de las elecciones regionales.

-Instar a la Defensoría a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos políticos.

-Instar al Ministerio Público a intentar las acciones que corresponda para hacer efectiva la eventual responsabilidad legal en la que han incurrido los miembros del directorio del CNE por obstaculizar el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.

-Instar a organizaciones internacionales para que se pronuncien en este tema.

III.- La Asamblea hace un llamado a respetar el orden constitucional en materia electoral

Un segundo documento político se aprobó el 4 de octubre de 2016 y se tituló: Acuerdo sobre el derecho de los venezolanos a que se respete la constitución y tener el referendo revocatorio y las elecciones regionales en el 2016 en el cual la Asamblea Nacional de manera categórica recordó al CNE y a la sociedad en general lo siguiente:

-La obligación del CNE de actuar constitucionalmente bajo los principios de confiabilidad, imparcialidad, transparencia, celeridad y eficiencia, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de los electores.

-La buena fe y la convicción democrática que ha demostrado la oposición y los electores, cuando en cada proceso electoral que ha correspondido, se han sometido a las normas dictadas por el CNE, aun cuando las mismas, han limitado y condicionado el ejercicio del derecho a revocar el mandato.

En ese Acuerdo de octubre la Asamblea Nacional reclamó la omisión en la cual ha incurrido el CNE al no responder oportunamente a la solicitud de convocatoria del referendo revocatorio del mandato de Presidente de la República, destacando en varios considerandos las dilaciones y omisiones en que ha incurrido el CNE.

Además cuestionó que en las declaraciones públicas la Presidenta y rectoras del CNE se han expresado de una forma tal que atentan contra los derechos políticos del electorado.

En el texto hace comparación con los procesos referendarios del 2007 y 2008, intentando valorarla intencionalidad del CNE de impulsar u obstaculizar el proceso referendario solicitado en el 2016, que ya sabemos no se realizó.

La Asamblea Nacional advirtió y dejó muy claro en su documento político que el CNE se convertía en un actor clave, responsable de la paz y de la estabilidad política del país, y reconocía que en esta materia se está agotando la paciencia de un pueblo.

Expresamente en el Acuerdo los diputados asumen la responsabilidad de exhortar al CNE a que cumpla con la presentación de un cronograma para las elecciones regionales con el fin de realizarlas en el mes de diciembre 2016.

Esos argumentos llevaron a los diputados a los siguientes acuerdos:

-Exigir al CNE que anuncie los centros electorales habilitados para la recolección del 20% del electorado para el referendo.

-Exigir que se publique el cronograma completo de convocatoria y celebración del referendo. Así mismo exige el cronograma para las elecciones regionales.

En ese Acuerdo la Asamblea nuevamente solicita a la Defensoría del Pueblo a velar por el efectivo respeto y garantía a los derechos políticos y a instancias internacionales a observar la situación y a pronunciarse en consecuencia.

Por último, en ese Acuerdo se estableció el compromiso de la Asamblea Nacional en remitir el texto del mismo al TSJ para que se pronuncie sobre la responsabilidad de las rectoras.

IV- La Asamblea Nacional reclama la violación de los derechos políticos

Un último acuerdo aborda en su título el contenido del mismo, se llamó: Acuerdo sobre la violación de los derechos políticos y crisis del sistema electoral, aprobado el 15 de diciembre de 2016.

Ese acuerdo inició con el reconocimiento de algunos principios básicos a saber:

-El principio de la Supremacía Constitucional.

-El valor en Venezuela de los tratados internacionales.

-La obligación de los órganos del Estado en permitir y garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos.

La Asamblea Nacional recordó en el acuerdo que para toda democracia, es indispensable que su actuación se sostenga en los principios de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como también se hace necesario una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política, reconozca y abogue por los derechos todos.

Así mismo recordó en su contenido la misión y objetivo del Poder Electoral.

En ese acuerdo la Asamblea Nacional denunció:

-Que el Poder Electoral violó los derechos políticos de manera sistemática y ha obstaculizado los trámites para el referendo revocatorio, y también ha obviado la obligación de organizar y celebrar de manera oportuna las elecciones regiones.

-Que el Poder Judicial desatendió su rol de garante de la vigencia y goce efectivo de esos derechos político.

-Que la SALA Constitucional procedió arbitrariamente y sin fundamento a elegir a las rectoras principales del CNE.

-Que el Poder Judicial ha actuado como cómplice del Ejecutivo y del poder electoral en la violación de los derechos políticos, hasta ahora el CNE y el TSJ, han procurado buscar argumentos para negar el derecho a los venezolanos a ejercer la soberanía y los derechos políticos.

-Que la Sala Constitucional desconoce y usurpa las atribuciones que la Constitución confiere a las Universales nacionales, respecto a la postulación de candidatos, así como las funciones del Comité de Postulaciones Electorales y de la Asamblea Nacional en el proceso de designación de los nuevos rectores.

En sus considerandos, la Asamblea identifica en el Acuerdo varias sentencias a través de las cuales se ha vulnerado el derecho político de los ciudadanos y alerta que no hay garantía de acceso a los órganos de administración de justicia, ante quienes solicitar la tutela judicial de ese derecho político.

Con esos argumentos la Asamblea Nacional cierra su Acuerdo rechazando la usurpación de funciones y calificando de írrita la sentencia del 13 de diciembre del TSJ que designa a los rectores del CNE.

En el acuerdo se nos reitera que la Asamblea Nacional aprobó el informe final presentado por la Comité de Postulaciones Electorales el 5 de dic de 2016 y se acordó la designación de una Comisión Especial para reivindicar los derechos políticos y electorales de los Venezolanos que proceda a activar las denuncias que sean necesarias e iniciar los procesos que sean viables por violación de derechos políticos y libertades fundamentales. Esa Comisión está conformada por 5 diputados.

V.-El voto como herramienta encuentra a la Conferencia Episcopal con la Asamblea Nacional

El 9 de enero de 2017 cuando la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre el abandono de funciones constitucionales de la Presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros, expresó que “la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país y de contener el desmantelamiento de las instituciones republicanas es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales.”

La omisión del CNE en publicar el cronograma electoral y claramente de haber violentado la Constitución extendiendo el período de los Gobernadores de manera unilateral, llevó a un nuevo Acuerdo aprobado el 19 de enero de 2017 a través del cual la Asamblea Nacional reiteró la necesaria vigencia del derecho al voto de los venezolanos.

Por su parte la Conferencia Episcopal Venezolana en su Exhortación Pastoral Jesucristo Luz y camino para Venezuela aprobada el 13 de enero de 2017, expresa como una de esas luces para construir una nueva Venezuela la necesidad de contar con un cronograma electoral.En tal sentido la Exhortación dice:

“Tal y como lo declaramos en el Mensaje de la Asamblea Conjunta con los Laicos (08-09/01/17) estimamos que el pueblo clama por un cambio profundo de orientación política del país que sea producto de la decisión del pueblo soberano (CRBV 5): o el socialismo del Siglo XXI, ausente de la Constitución, o el sistema democrático establecido en la Constitución. El país exige un itinerario electoral, tal y como se acordó en la Mesa de Diálogo.”

En conclusión el voto es visto por ambos actores como una herramienta necesaria en la solución del conflicto político, económico y social que hoy sufre Venezuela.

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Fuentes:

Asamblea Nacional. Acuerdos. Recuperados el 15 de enero 2017. Online en: http://www.asambleanacional.gob.ve/documento/show2/id/58

Conferencia Episcopal Venezolana. Exhortación Pastoral: Jesucristo Luz y camino para Venezuela. Centésima Séptima Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano. 13 de enero 2017.

19 de enero 2017

https://estado-ley-democracia.blogspot.com/2017/01/los-acuerdos-politico...

Con voz propia

Hace 60 años los venezolanos perdieron el miedo instaurado por tiranía militar del General Marcos Pérez Jiménez (MPJ). El descarrío del pavor lo marcó la Iglesia Católica con una Carta Pastoral cuya elaboración atribuyen al padre Feliciano González, futuro Obispo de Maracay, pero como Arzobispo de Caracas Monseñor Rafael Arias Blanco, ordenó su lectura en todas las Parroquias el día 1ro de mayo del 1957. En ella se analizaban problemas de la clase trabajadora.

Consecuentes son sus postulados, los partidos políticos de Oposición: Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, Copei y el Comunista, echaron a un lado diferencias ideológicas y al mes constituían una Junta Patriótica. La presidía el periodista Fabricio Ojeda (URD), quien cubría fuente de información del Palacio de Miraflores para el diario El Nacional. Y en noviembre apareció el Comité Cívico Militar, coordinado por el farmaceuta Oscar Centeno Lusinchi y el teniente (Av) José Luis Fernández.

Un teniente coronel del Ejército, Hugo Trejo, comandó la insurrección que se produjo al amanecer del 1ro de enero de 1958. Al capitán (Ej) Luis Alberto Peña, se reconoce como unificador de movimientos castrenses conspirativos. En definitiva se sublevó la Guarnición de Maracay, la Aviación bombardeó Miraflores, pero el régimen dictatorial frustró el intento.

(Con los dos líderes insurgentes, envestidos con el grado de coronel coincidimos en la defensa jurídica de los insurrectos del 4 de febrero de 1992, presos en Yare. Trejo lo fue de Francisco Arias Cárdenas; Peña, de Ronald Blanco La Cruz y el suscrito de Hugo Chávez).

Producido “El fracaso del triunfo”, tal tituló su libro el sublevado de enero 58 Capitán Luis Enrique Sucre, huyeron a Colombia 18 alzados, en el avión presidencial Vaca Sagrada, piloteada por el mayor Martín Parada. En el mismo cuatrimotor, esta vez piloteada por José Cova Rey, lo hizo MPJ, familia y allegados la madrugada del 23 de enero de 1958, rumbo a República Dominicana.

La actividad democrática de la prensa vigente desde su instauración, se manifestó el 21 de enero de 1958. Acuerdo de periodistas y editores declaró una huelga contra la dictadura que usó su fuerza para frustrarla. La Religión, El Universal, La Esfera, Ultimas Noticias, El Nacional y El Carabobeño, no circularon y parcialmente lo hizo Panorama.

La acción de los 3 factores citados en rescate de la Democracia logrado el citado 23 de Enero, debe constituir un llamado a la reflexión.

Equitativo es reconocer que la Iglesia lidera también hoy la lucha contra la neo tiranía, es decir la imperante en los nuevos tiempos, contaminada con la narcocurrupción. La crisis humanitaria jamás registrada en la historia es una situación que mundialmente preocupa. Con motivada angustia se han manifestado El Vaticano, ONU y OEA.

La Conferencia Episcopal Venezolana expresó exhortación en el reciente documento Jesucristo luz y camino para Venezuela. Tal sucedió hace 60 años, es leída en todas las Iglesias y tuvo significativa fogosidad en la procesión de la Divina Pastora, que congregó a unas 4 millones de personas en Barquisimeto. Allí en su Homilía el arzobispo Monseñor José López Castillo, acusó al sistema totalitario del denominado Socialismo, el cual nos ha conducido a la miseria y al hambre.

“Tenemos que ayudarnos unos a otros para que desaparezca el fracaso y haya progreso para todos…la mayoría de nuestro pueblo no cree en el comunismo socialista. El pueblo no tiene comida, tiene hambre y se siente molesto”.

Al MARGEN. Elecciones de gobernadores, diputados regionales y alcaldes, debe ser reivindicación del liderazgo de Oposición. Su incapacidad permitió al régimen aplazar los dos primeros comicios..

jordanalberto18@yahoo.com.

Se me ha objetado llamar “fascista” al presente régimen en vez de castro-comunista. En realidad, se trata de dos formas de referirse al mismo fenómeno: el llamado castro-comunismo es simplemente una nueva expresión de fascismo, un neo-fascismo de finales del siglo XX y de principios del XXI. Esta precisión puede parecer banal -en fin de cuentas, es menos problemático el término totalitario-, pero tiene importantes implicaciones.

Para quienes tuvimos militancia comunista el fascismo se ubicaba en nuestra antípoda, pues era cruel, represivo, inhumano y retrógrada, características enfrentadas a nuestros ideales. A esta percepción contribuyó el hecho de que la URSS emergiera de la II Guerra Mundial como parte de las fuerzas aliadas, artífices de la libertad. Más aun, la doctrina profesada explicaba que el partido era una fuerza de vanguardia, comprometido con la construcción de la sociedad comunista, en la que las injusticias sociales desaparecerían por haberse suprimido la “explotación del hombre por el hombre” y en la cual la humanidad se liberaría de sus penurias materiales.

Cualquier ojo avizor hubiera advertido que la pretensión de imponer tal utopía inexorablemente conduciría a un régimen totalitario, pero nos obnubilaba la convicción de que este devenir se fundamentaba en la razón de la Historia (con mayúsculas), como había demostrado el análisis científico de Carlos Marx y, por tanto, era la genuina manifestación del progreso inexorable de la humanidad. No podía, por ende, sino resultar en mayores grados de libertad y justicia.

El fascismo, en contraste, era de “ultra-derecha”, un movimiento irracional que apelaba a las bajas pasiones, los mitos y las contraposiciones maniqueas para incitar al odio y justificar la violencia y la maldad contra todos aquellos que no compartían sus diatribas.

El tiempo fue mostrando que el accionar de ambos movimientos era muy similar, de vocación totalitaria. Pero quedaba la contraposición entre el supuesto fundamento científico, racional, del comunismo, con el carácter irracional y bárbaro del fascismo. Los crímenes cometidos bajo los regímenes estalinistas serían atribuibles a “errores” y/o a la crueldad de sus conductores: bastaba con la aplicación correcta de la doctrina por “revolucionarios de verdad” para que, ahora sí, las cosas salieran como profesadas. La distinción terminó por reducirse, por ende, a que el comunismo tenía una justificación doctrinaria, el fascismo no. La creencia en esa doctrina forjó un instrumento implacable de opresión en la forma de un partido de militantes abnegados, convencidos de ser portadores de la verdad (la única admisible) y, en virtud de ello, dispuestos a todo para lograr que prevaleciera, en nombre de los intereses supremos de la humanidad, los fines de la Historia. Por tanto, le asistía una razón “moral”: el fin justifica los medios.

Al quedar desmontada la pretendida fundamentación científica del marxismo (y de ese horror que se llamó marxismo-leninismo), se desnudó la naturaleza ideológica de la doctrina comunista. Se disolvía así la principal distinción que separaban al movimiento comunista del fascista. La excitación de pasiones a través de contraposiciones maniqueas construidas con base en mitos era ahora un expediente común a ambos para legitimar sus respectivas aspiraciones totalitarias.

Si entendemos a la ideología como una representación sesgada de la realidad para favorecer las aspiraciones de poder y de dominio de grupos políticos, sociales o religiosos, reconoceríamos que el fascismo (aun careciendo de doctrina) requirió también de ella para legitimarse ante los suyos y ante la sociedad. El fascismo clásico se valió de idearios patrioteros, ultra-nacionalistas, que invocaban épicas fundacionales -mitos- para justificar su accionar político como uno de batallas sucesivas contra los enemigos de la Patria o del volk.

La política se planteaba en términos excluyentes, de guerra, donde lo militar y el ejercicio de la violencia eran cruciales, porque no podía permitirse espacio alguno para fuerzas que contrariasen las verdades del líder indiscutido. Toda disidencia debía ser aplastada.

A pesar de lo repudiable que fueron sus ejecutorias, en sus momentos de auge el fascismo se bañó de un sentido de supremacía moral por sentirse, igual que los comunistas, instrumento de la providencia. Desnudados sus horrores, las primitivas elaboraciones del nacionalsocialismo alemán o de Mussolini no sirven hoy para fundamentar prácticas fascistas. Éstas se amparan, por tanto, en mixtificaciones que combinan la invocación original de pasiones patrioteras con una versión más pasable de justicia, ya no referida a la supremacía excluyente de una etnia (volk) o Nación, sino de agrupaciones sociales o religiosas específicas, dando lugar a híbridos fascio-comunistas e islamo-fascistas.

Los elementos de la doctrina comunista contribuyeron así a remozar los simbolismos maniqueos con que se construyen los imaginarios fascistas, pero con una importante contribución. Fortalecieron la visión moralista de todo movimiento populista -la voz única de un pueblo indiferenciado y homogéneo que debe imponerse [1]- con categorías discursivas que invocan la lucha de pobres contra ricos, de oprimidos contra sus opresores. El hecho de que en nombre de tales objetivos se hayan cometido las mayores injusticias y aumentado mucho más la pobreza no fue óbice para seguirlos esgrimiendo para “legitimar” sus atropellos. La “revolución” se afianzó en trincheras sectarias, mágico-religiosas -de ahí su sintonía con el islamo-fascismo- que repiten machaconamente sus verdades, no para convencer a otros sino para preparar a los suyos para el combate, para imponer su dominio.

De ahí los insólitos disparates referentes a la “guerra económica”, la reclamación de que el “pueblo” está con, no enfrentado a, Maduro, la supuesta conspiración internacional con los billetes de Bs. 100, hasta la perversa idiotez de la nueva ministra de Salud, Antonieta Caporale, quien afirmó que la “derecha” articula una campaña mediática internacional al declarar la existencia de una crisis humanitaria en el país (¡!).

La crueldad con que se burlan del sufrimiento de los venezolanos, de quienes mueren por no conseguir los medicamentos requeridos, de los muchos que escarban la basura en busca de alimentos, de los millares que a diario se humillan aguantando horas de cola al sol en espera de alimentos que muchas veces no aparecen, del atroz número de muertos a manos del hampa, de los presos políticos que se pudren en las ergástulas del régimen sin razón alguna, expresan esa terrible “banalidad del mal” de quienes abrazan ciegamente una perspectiva totalitaria que admite solo una verdad, la suya.

Y ello da lugar a la cruel paradoja de alegar su “supremacía moral” -avalada por la Historia-, para desconectarse del espantoso sufrimiento causado por sus acciones y disolver así, toda distinción real entre bien y mal. En este cuadro, denunciarlos de castro-comunistas los enaltece, pues en el imaginario que ello les evoca, el 80% de venezolanos que repudiamos la gestión fascista de Maduro estaríamos descalificados por enemigos del (verdadero) “pueblo”, burgueses, apátridas y pro imperialistas. Lamentablemente, esta peculiar legitimación hunde sus raíces en las corrientes políticas dominantes de nuestra historia reciente, salpicadas de anti-imperialismo, “revoluciones” y profesiones socialistoides.

Al designarlos como fascistas se les quita la hoja de parra de los mitos redentores del comunismo que tanto les reconforta. El terror que les causa quedar desnudados de fascistas los lleva a lo indecible para proyectar en otros su propia naturaleza. Nada consuela más a la conciencia de los Maduro, Cabello y El Aissami que poder sacudirse de tal oprobio señalando que quien es fascista es la oposición democrática.

Dada la similitud entre ambos, la única distinción hoy entre comunismo y fascismo tendría que basarse en que el primero está avalado por leyes históricas. Pero como ello no es así, se tiene que concluir en que, o bien el comunismo es una quimera que nunca podrá existir en la realidad sino en su forma estalinista -que traicionó sus postulados- o, como argumento, es simplemente neofascismo.

Economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

[1] What is Populism, Jan Werner Müller, University of Pennsylvania Press.

Evo Morales, el ex dirigente cocalero boliviano, enfrentó en el año 2016 un referéndum que le permitiría ir, una vez más, a la reelección presidencial. A la hora de solicitar el apoyo de la población a sus aspiraciones de continuar en el poder, Morales no recurrió a promesas vacías, como la de de continuar la implantación del socialismo del siglo XXI o la fundación de las bases de un estado comunal. El dirigente pidió el voto en función de su obra de gobierno, como es lo tradicional en una democracia. Argumentó, en consecuencia, que durante su mandato la pobreza se había reducido sustantivamente pasando de 38% a 18% y la actividad productiva había dado un salto, lo cual se reflejaba en el incremento del Producto Interno Bruto, el cual se había cuadruplicado ascendiendo de 8.000 a 33.000 millones de dólares.

Durante su mandato, los ingresos provenientes de los impuestos a las multinacionales que producen y exportan gas se habían multiplicado, gracias al incremento de las exportaciones a Argentina y Brasil y al aumento de los impuestos a dichas multinacionales. Los ingresos fueron utilizados para fortalecer la infraestructura del país en carreteras, hospitales, escuelas. Esto se dio en un contexto en el cual se produjo un manejo prudente de la economía lo que se tradujo en tasas de inflación relativamente bajas. Jeffrey Weber un politólogo canadiense señaló que “las tasas de inflación han sido contenidas a niveles que mantendrían a Milton Friedman descansando en paz en su tumba” (Friedman fue el fundador del monetarismo, una corriente muy influyente sobre el origen de la inflación).

La habilidad y prudencia de Morales en el manejo de la economía ha sido reconocida por la prestigiosa revista The Economist, contrastándola con los despropósitos de otros dirigentes de izquierda de la región, haciendo referencia velada a los líderes venezolanos.

Diversas publicaciones internacionales hablan de un milagro económico en la pequeña nación latinoamericana y se interrogan sobre las razones del éxito del ex dirigente cocalero, reconociendo como ciertos sus logros.

Según el influyente diario estadounidense The Wall Street Journal, la respuesta se encuentra en la habilidad de Morales de conformar un equipo económico, a la cabeza del cual se encuentra Luis Alberto Arce, quien se ha desempeñado durante la gestión de Morales como Ministro de Economía. Arce es un funcionario surgido de las instituciones económicas bolivianas, formado en el Banco Central de este país, donde ascendió e hizo carrera, llegando a puestos gerenciales. Arce es un hombre de izquierda, como Morales, pero en el plano económico se ha caracterizado por ser pragmático y ajustado a las pautas del liberalismo clásico en materia monetaria para el control de la inflación, flagelo este que diezmó a la economía boliviana a principios de los años 80.

Morales en su gestión tuvo que superar la tentación de confiscar y expropiar empresas, tal como lo hicieron sus correligionarios venezolanos. Aconsejado por Arce, lejos de hostigar a la empresa privada la apoyó, en particular a las empresas de capital extranjero, lo cual ha favorecido la inversión extranjera en Bolivia e incentivado la presencia de compañías extrajeras de diversa índole como: Petrobras, Repsol, British Gas, Canadian Energy, Starbuck’s, Hard Rock Café, KFC, y TGI Fryday’s. .

Morales y su equipo han sido previsivos y han aprovechado el incremento en las exportaciones de gas a fin de aumentar las reservas internacionales, previendo un descenso en el precio de las exportaciones de ese país o del volumen de las mismas. Las reservas internacionales se han elevado hasta representar una cifra cercana a 50% del PIB, uno de los índices más elevados del mundo.

Como lo hemos mencionado, el éxito económico de Morales se ha sustentado en la conformación de un equipo económico competente y a su capacidad de interactuar con los miembros de mismo y escucharlos, haciendo caso omiso de las tentaciones populistas. En ese sentido ha seguido el ejemplo de Ignacio Lula Da Silva, alineándose con la concepción de política económica seguida por el gobernante brasileño y concebida por el intelectual y ex presidente Fernando Henrique Cardozo. En consecuencia los dirigentes bolivianos se han movido, en el plano económico, en la órbita de influencia de la izquierda brasileña y no en la de la izquierda bolivariana venezolana, aunque aparentemente han copiado su discurso.

A la luz de la experiencia boliviana es necesario destacar, en el caso de nuestro país, la incapacidad de Maduro y su entorno de conformar un equipo económico que permita alcanzar logros similares a los del ex dirigente cocalero boliviano. Lejos de ello, la incompetencia de su equipo económico es uno de los elementos que ha contribuido a agravar la crisis que enfrentamos los venezolanos desde hace varios años. Dicha incompetencia se reveló recientemente, en la desastrosa manera como se llevó a cabo la sustitución de los viejos billetes de 100 Bs. por los de nueva denominación,

El reto que enfrenta Bolivia en la actualidad es de naturaleza democrática, dada la decisión de Morales de aspirar a la reelección, a pesar de haber perdido el referéndum. Sin embargo, dada la positiva obra de su gobierno, el gobernante boliviano no está solo en sus aspiraciones pues un importante sector de la población lo apoya.

El reto democrático en Venezuela es mayor, dada la desastrosa obra del gobierno de Maduro que ha empobrecido a la sociedad venezolana y destruido la economía; a pesar de ello mantienen sus aspiraciones de eternizarse en el poder en contra de la voluntad de más del 80% de la población.

Profesor UCV