De conformidad con la proyección de población realizada por la Dirección General de Estadística y Censos, la pirámide poblacional 2016 nos revela una composición de grupos etarios realmente impresionante. Resulta que unos 3,200,000 salvadoreños están en el segmento de 0 a 24 años, aproximadamente 1,000,000 en el segmento de 25 a 34 años, y el resto, unos 2,300,000 son mayores de 34 años. Eso significa que una cantidad muy grande de personas, casi la mitad de la población total del país (49 % para ser exactos), no había nacido cuando terminó la guerra. Si a esa cantidad agregamos el grupo etario de 25 a 34 años, tenemos que más de cuatro millones de nuestros compatriotas (4.200.000, el 64.6 % de la población actual de El Salvador) no habían nacido o tenían menos de 10 años cuando se firmó el Acuerdo de Paz.

A estos jóvenes menores de 34 años, que no vivieron en absoluto el enfrentamiento armado, o estaban demasiado pequeños para vivirlo de manera consciente y recordarlo ahora de manera más o menos lúcida y articulada, cualquiera les dice que estamos igual o peor que antes, que la paz "solo" fue la terminación de la guerra, como si eso fuera algo carente de valor o de importancia para la vida de cada uno y para la situación del país.

Tal apreciación es, sin duda, equivocada. Sin restar importancia a la violencia de pandillas que ahora abate a tanta gente, es obvio y debe establecerse claramente que la guerra y la violencia política generalizada es incomparablemente más dura y más grave que la violencia delincuencial. Una guerra afecta a todos, sin excepción. Además de los muertos -que siempre son muchos más de los que las partes reconocen y los medios registran- deja decenas de miles de lisiados y mutilados; destruye carreteras, puentes y otras infraestructuras; incendia bosques, praderas y sembrados, arrasa comunidades y caseríos, produce matanzas de pobladores atrapados en las zonas de conflicto y expulsa de sus hogares a cientos de miles de personas. La guerra no se hace con armas cortas, la gente sufre, sobre todo en el campo, con los bombardeos aéreos y el fuego de artillería. La gente sufre con los atentados y las explosiones en cualquier momento y en cualquier parte. El nivel de destrucción material y la distorsión de todos los circuitos sociales es descomunal.

El enfrentamiento armado interno, igual que los conflictos internacionales, termina otorgando poderes extraordinarios a los gobiernos, incentivando la prepotencia de los ejércitos enfrentados, esgrimiendo razones de Estado para justificar toda suerte de excesos, abusos y violaciones a los derechos humanos; termina imponiendo el estado de sitio, restringiendo todas las libertades de los ciudadanos, produciendo temor e incertidumbre, generando desconfianza entre las personas, dividiendo a las familias, envenenando la convivencia y sumiendo en la desesperanza a casi toda la población.

Nosotros no olvidamos los años aciagos. Que nadie venga a decirnos ahora que terminar con la guerra y con todas las formas de violencia política no fue un hito de gran trascendencia en la historia del país. Si vivir en paz -en esta paz que "solo" es ausencia de guerra y de violencia política- no es importante, habría que preguntar si están de acuerdo con semejante ligereza a los pueblos que en los últimos 25 años, mientras nosotros vivíamos en paz, sufrieron la continuación interminable de sus conflictos internos o el estallido de guerras terribles.

Los que no valoran la paz como fin de la guerra, que vean el inmenso sufrimiento de millones de personas en zonas o países como la franja de Gaza, Afganistán, Irak, Bosnia, Georgia, Somalia, Burundi, República Democrática del Congo, Ruanda, Chechenia, Kosovo, Siria, para solo citar algunos de los conflictos más sangrientos de los últimos años; o el tremendo desasosiego en ciudades como Nueva York, Madrid, Londres, Bruselas, París, Estambul, Bali, Argel, Mumbai o Casa Blanca, que sufrieron atentados terroristas demenciales, como forma extrema del odio, la intransigencia y la violencia.

Definitivamente no tener una situación de guerra, de amenazas terroristas o cualquier otra forma de violencia política es una inmensa bendición. Por eso conmemoramos y celebramos el XXV aniversario de nuestro Acuerdo de Paz.

Por eso y por otras razones importantes, porque el Acuerdo de Paz, además del cese del enfrentamiento armado, produjo una reforma fundamental del sistema y un cambio crucial en la convivencia política. En este sentido, conviene recordar, por ejemplo, que algunas de las libertades que ahora se dan por obvias y garantizadas no existían o estaban muy restringidas, especialmente en las dos décadas anteriores al conflicto armado y, por supuesto, en la propia década del enfrentamiento. Hubo tiempos en los que se ponían cargas de dinamita en las instalaciones de imprentas, periódicos y radiodifusoras para amedrentar o suprimir la información alternativa o el pensamiento disidente. Con el mismo fin, incontables intelectuales y opositores políticos fueron perseguidos, encarcelados y en muchos casos torturados, desaparecidos o asesinados. ¿Cómo no vamos a celebrar la libertad de expresión irrestricta de la que gozan ahora todas las personas y todas las corrientes políticas, aunque no siempre se haga un uso responsable de la misma?

En aquellos tiempos los militares hacían uso de las armas para determinar el curso de los acontecimientos políticos; y los insurgentes, a su manera, también. El Acuerdo de Paz zanjó esta deformación histórica y estructural del poder mediante una amplia reforma institucional del sector militar. A partir de tal reforma pudo conminar a la Fuerza Armada advirtiéndole que podía conservar las armas, pero sin intervenir en la política; y a los insurgentes, que podían participar en la política, pero debían dejar las armas. ¿Cómo no vamos a celebrar ahora el crucial atributo democrático de una Fuerza Armada profesional, apolítica, subordinada realmente al poder civil y respetuosa de la voluntad popular, hasta el punto de ser motivo de orgullo nacional?

Conmemoramos y celebramos también la renovación institucional de la Corte Suprema de Justicia emanada del Acuerdo de Paz. Tal vez haya tardado algunos años en comenzar a hacer más visibles y más relevantes los frutos de su reforma, pero es indudable que mucho de la necesaria y esperanzadora lucha que ahora libra el Estado contra la corrupción y la impunidad tiene su origen en la independencia política de la Corte Suprema, de la Fiscalía General y de otras instituciones creadas, fortalecidas o renovadas por el Acuerdo de Paz. No todos van a estar de acuerdo, por supuesto, con cada sentencia judicial. En ese sentido, será siempre lícito opinar o disentir, pero lo decisivo para la democracia, el gran salto histórico y cultural en nuestro país, es que la justicia sea independiente del poder político -a diferencia del pasado- y que los otros poderes hayan tenido que acatar sus resoluciones como manda la Constitución.

La reforma política pactada en el Acuerdo de Paz transformó también el poder electoral. Este fue un logro de incalculable valor histórico para la estabilidad y para la convivencia nacional. Volviendo a la pirámide poblacional, unos 4.950.000 salvadoreños -casi cinco millones- tienen ahora menos de 44 años. Eso significa que el 75 % de la población actual no había nacido cuando se produjo el gran fraude electoral de 1972. El fraude se repitió en 1977 y amplios sectores llegaron a la conclusión de que era imposible acceder al poder por medios pacíficos y democráticos, es decir a través de elecciones libres. En los últimos años hemos tenido errores administrativos -algunos importantes-, reclamos, denuncias y calenturas poselectorales, pero no ha estado realmente en juego -como en el pasado- la legitimidad del poder emanado de las urnas. ¿Cómo no celebrar semejante desarrollo democrático?

Por estos y otros cambios históricos conmemoramos el XXV aniversario de una gesta casi fundacional, pero entendemos que ahora mucha gente, como en otros países, no está satisfecha, sino más bien frustrada, por lo que siente o ve como escasos dividendos de la democracia y de la paz.

El Acuerdo firmado en enero de 1992 resolvió los problemas políticos más agobiantes de ese momento, pero no podía resolver, ni siquiera imaginar, los problemas que tendríamos 25 años después. Tampoco pretendió el Acuerdo dar una solución, que tendría que haber sido casi mágica, al problema de la pobreza, o definir de antemano, de manera obligatoria para los siguientes cinco gobiernos, las políticas que debían generar el crecimiento y desarrollo económico y social. El acuerdo nos legó una reforma del sistema político acorde a ese período, unas reglas de juego democrático, unas instituciones públicas más modernas y un compromiso de todos los actores de renunciar a la violencia como recurso en la lucha por el poder o por la implantación de los modelos o idearios de cada quien.

En ese sentido, el Acuerdo nos legó un escenario nuevo para representar una obra nueva, pero no podía dejar escrita la obra, cuyos autores debían ser, a partir de ese momento, todos los salvadoreños, especialmente los intelectuales de diversas profesiones liberales, las fuerzas políticas, los líderes gremiales, los medios de comunicación y las elites económicas del país. En este desafío hemos acumulado una deuda histórica, especialmente con los más pobres y los más vulnerables; una deuda de lucidez, de solidaridad, de eficacia, de apertura al diálogo, de disposición al entendimiento y de compromiso para sacar adelante a nuestro país.

A la luz de este reconocimiento, hacemos votos para que el XXV Aniversario de la Paz nos obligue a reflexionar como nación y a recuperar el espíritu de aquella histórica negociación.

11 enero 2017

elsalvador.com

http://observador.elsalvador.com/obp/articulo.aspx/71059/11107126/por-qu...

1,- Reconocer que la Unidad e Integración del componente opositor debe fundamentarse en la inclusión y participación de todos los sectores.

2.- Que dicha integración tiene como objetivo principal al país y que este nos pertenece a todos sin excepción.

3.- Instituir y promover el Proceso de Primarias como modelo de selección de los Candidatos Unitarios para los cargos de elección popular.

4.- Organizar y promover actividades de protestas relacionadas con:

Exigencia del cronograma electoral al CNE.

Alto costo de vida

Desabastecimiento

Inflación

Inseguridad

Hambre

Presos políticos

Respeto a la institucionalidad de la Asamblea Nacional

Respeto a los acuerdos logrados o negociados en el diálogo

Desarrollar y promover activismo de calle desde el epicentro de los Centros de Votación con los integrantes del Padrón Electoral

5.-Establecer enlace directo con la Iglesia para los asuntos inherentes a la política nacional y conveniencia del país

6.-Instituir una Estructura de Análisis y Consulta que coadyuve en la toma de decisiones

7.-Establecer una Estructura de participación de las MUD Regionales con al menos tres (3) integrantes por c/u.

8.-Establecer enlaces de coordinación con los diputados y concejales estatales

9.-Restablecer Comisiones de trabajo relacionadas con:

Estrategia

Organización

Programática

DDHH

Asuntos Sociales

Asuntos Internacionales

Movilización

Descentralización

La Sociedad Civil

Electoral

Educación

Trabajadores

Deporte

Universidades

Sector Estudiantil

Ex secretario ejecutivo de la MUD Aragua, directivo de Aragua en Red y miembro de Foro Cambio Democrático.

En verdad, revestirse de una apariencia de legalidad es la tentación de quien se encuentra en el poder y, como en el mundo globalizado un número importante de países se muestra de acuerdo con la apertura democrática, los gobernantes se exhiben como respetuosos del Estado de Derecho que sirve muchas veces como disfraz de un derecho de Estado, de fuerza o de imperio, no de la ley, sino de la voluntad de un hombre.

Pero, fuera de la propaganda oficial, la garantía de los derechos humanos y el equilibrio de los poderes es la clara señal de un sistema apegado a la ley, que exige, sin más, el absoluto respeto a la representación popular plural que se refleja en el Parlamento.

Este respeto no se concreta en simples formalismos, sino que demanda la más efectiva libertad para los parlamentarios elegidos y proclamados de manera tal –a mi juicio– que el talante democrático o autoritario de un régimen queda de manifiesto por el reconocimiento a la voluntad del pueblo a través del ejercicio, sin cortapisas, de la actividad de sus representantes, expresada a través de la protección conocida bajo el nombre de “inmunidad parlamentaria”, por la cual los diputados –en nuestro caso– no pueden ser coartados, de forma alguna, a los fines del ejercicio de sus funciones.

Por lo expresado, en el pasado y en el presente, al margen de los discursos de ocasión, se puede afirmar que hay plena democracia si se respeta la representación del pueblo en el Parlamento y se protege en forma amplia la inmunidad de los integrantes de la Asamblea; y no hay democracia, sino autoritarismo, cuando se desconoce la libertad plena de los parlamentarios.

Quienes hoy se desempeñan como gobernantes, no se cansan de hablar de las persecuciones y abusos de otros tiempos pero, a la vez, incurren en los peores atropellos contra cualquier disidente, por el hecho de serlo. Esto se manifiesta de manera evidente en el reconocimiento o desconocimiento de la inmunidad.

El gobierno de Betancourt, en los primeros años de la etapa democrática, en 1959, ante los ataques de factores de la izquierda radical que se asociaron con otras fuerzas para arremeter contra el sistema, trató de desconocer la inmunidad parlamentaria, inventando el artificio leguleyesco de una pretendida autonomía del delito militar, para hacer presos, sin antejuicio, por rebelión militar, a los senadores Pompeyo Marquez y Jesús Farías y a los diputados, todos adversarios políticos de “izquierda”, elegidos por el pueblo, Gustavo Machado, Simón Sáez Mérida, Domingo A. Rangel, Guillermo Garcia Ponce, Jesús María Casal, Jesús Villavicencio, Eduardo Machado y Pedro Ortega Díaz, tesis que fue descartada en 1976 por una sentencia de la Corte Suprema, en la cual, como lo relata la excelente obra de Rafael Simón Jiménez sobre la Inmunidad parlamentaria en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vadell Hnos. 2011), a propósito de los cargos que se le formulaban a los diputados Salom Meza Espinoza y Fortunato Herrera por la presunta colaboración en el secuestro de Williams F. Niehous, a petición del fiscal Ramón J. Medina, sentenció “que era indispensable el antejuicio no solo cuando se trata de delitos de derecho común, sino también de delitos de tipo militar”.

Ahora, lamentablemente, y no se qué dirán “amigos de la izquierda, hoy en el gobierno”, el nuevo TSJ ha limitado y degradado la inmunidad, afincándose en la literalidad de la expresión “en el ejercicio de las funciones”, haciendo caso omiso del tiempo y de su extensión desde la proclamación hasta el cese del mandato o la renuncia del mismo, y dándole a una pretendida flagrancia la fuerza que no tiene, para justificar el atropello al fuero parlamentario.

En una triste, desafortunada, oscura y retrógrada decisión, el TSJ, con los votos salvados para la historia de Levis Ignacio Zerpa, Pedro Rondón Haaz y Blanca Rosa Mármol, se ha pretendido sepultar la institución y se abrió el camino para negar una prerrogativa, no de un diputado, sino del pueblo soberano, a quien hay que devolverle el poder.

Levis Ignacio Zerpa, con absoluta claridad, como lo recoge Rafael S. Jiménez, deja constancia de contundentes e irrebatibles afirmaciones con las cuales sostiene la exigencia del antejuicio, aun en el caso de pretendida flagrancia, la necesidad de preservar el derecho a la defensa, la exclusiva competencia del TSJ para conocer de las imputaciones contra un diputado y, lo que considero de extrema importancia, el papel del máximo tribunal de la República que no tiene atribuciones, en ninguna de sus salas, para modificar o cambiar el texto de la carta magna, poder que solo corresponde al pueblo de Venezuela a través de una enmienda, reforma o Asamblea Nacional Constituyente.

Blanca Rosa Mármol y Pedro Rondón Haaz, igualmente, formularon atinadas observaciones al horrendo fallo “contra legem”. La primera se pronuncia en el mismo sentido de la exigencia del antejuicio de mérito para procesar a un parlamentario, incluso, en el caso de una supuesta flagrancia; y el segundo, con absoluta pertinencia, pone de manifiesto el error grave de la Sala al afirmar que la sorpresa infraganti supone la certeza procesal de la autoría de un delito, formula críticas por el adelantamiento de opinión sobre la inocencia o culpabilidad del procesado y, en definitiva, califica de grosera violación del debido proceso la decisión del caso sometido a la Sala.

Este debate sobre la inmunidad vuelva a estar sobre el tapete, con motivo de las amenazas contra diputados principales y suplentes y, de nuevo, el TSJ asoma su temible precedente como expresión de los juristas del horror desatado, no contra los diputados, sino contra la voluntad popular que ha querido proteger y resguardar de toda acción temeraria, interesada y antidemocrática a su legítima representación, aun a riesgo de algún caso de impunidad.

aas@arteagasanchez.com

23 de enero de 2017

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/izquierda-rebelion-inmuni...

Entre las numerosas preguntas que me han formulado últimamente, muchas insisten en saber si la familia de mi padre tiene una postura oficial sobre el traslado de sus restos para el Panteón Nacional.

No puedo hablar por mi familia pero postura oficial no hay, pues aparte de la coincidencia de considerar que sin duda se trata de un gran honor, como en todo grupo existen discrepancias que no vienen al caso mencionar aquí. Respeto mucho la opinión de cada pariente y si la decisión de la mayoría en el núcleo más cercano es aceptar que se exhumen nuevamente los restos de Fabricio Ojeda, esta vez para llevarlo al Panteón, pues la acato aunque no esté de acuerdo. Eso no tiene por qué fracturar la unión familiar en los demás aspectos de la vida.

Pero lo que sí tengo –como padre, periodista y como venezolano- es el deber de fijar mi posición personal, que es de absoluto rechazo a la utilización de la memoria y los restos de mi papá para hacerle propaganda a un gobierno que con sus políticas totalitarias, arbitrarias y equivocadas, ha puesto al pueblo a pasar hambre, a morir por falta de medicinas, a empobrecerse cada día más, y se niega a aceptar ayuda humanitaria para no admitir que en Venezuela la inmensa mayoría de la población sufre carencias elementales como nunca antes había ocurrido.

No estoy de acuerdo, no porque crea que no es una gran honra el hecho de que los huesos de mi viejo vayan a reposar a la tumba de los héroes, si no porque quien imparte ese honor, es el mismo sepulturero que ha despilfarrado nuestra enorme riqueza y enterrado al país en la más grave crisis de su historia, en tiempos que según el eufemismo debemos llamar “de paz”.

Un “honor” que no sé cómo lo hubiese tomado mi padre, ya que tras su injusta muerte, no podemos pedir su opinión. Sí, es cierto. En 1966 lo asesinaron esbirros similares a los de ahora, pero el dolor y la rabia que eso pudo haberme causado no deben servirme de pretexto para volcar resentimientos contra toda una nación.

No me atrevo a hablar por mi progenitor -y esto lo deberían hacer muchos- pero tengo dudas de que mi papá se hubiera dejado homenajear por un gobierno que ha roto todos los records perpetrando aquellas cosas contra las que él en sus tiempos luchó: corrupción, autoritarismo, falta de democracia, violación de los derechos humanos, injusticia, discriminación, persecución, desigualdad.

Para nadie es un secreto que la corrupción oficial en Venezuela se ha extendido y excedido tanto, que ya se siente en el plato vacío sobre la mesa. No es justo que en los últimos 17 años hayan ingresado al país más recursos que en el resto de su historia, y los hospitales estén peor que nunca, los servicios públicos no funcionen, los niños se desmayen de hambre en las escuelas, miles de obras estén inconclusas, la delincuencia mande en las calles, la inflación alcance la estratosfera y los salarios no alcancen para comer, mientras un pequeño grupo en el poder y sus familias exhiben, ostentan, nos restriegan en la cara –desfachatadamente- una vida llena de viajes, lujos y derroche, mientras pregonan el “socialismo”.

El 23 de enero se cumplen 59 años de la caída de la dictadura perezjimenista, violadora de los derechos humanos, por cuyo derrocamiento mi padre arriesgó su vida. Es curioso –o al menos hipócrita- que se elija esta fecha para hacer el traslado y la respectiva marcha hacia el Panteón, por un régimen cuyo “líder eterno” no solo mostró pública admiración hacia Marcos Pérez Jiménez y su modo de mandar, sino además le pidió personalmente consejos en Madrid.

Es irónico que quien organiza el acto sea el mismo gobierno antidemocrático que ha secuestrado a los poderes públicos; eliminado la soberanía popular -al desconocer a la Asamblea Nacional electa por voto directo y secreto en diciembre de 2015- y le ha arrebatado al pueblo el derecho que le otorga la Constitución de revocar a sus gobernantes. El mismo gobierno que persigue y encarcela opositores, que reprime violentamente protestas callejeras y los cuerpos de seguridad cometen ejecuciones extrajudiciales. El mismo cuyos principales líderes aseguran que en Venezuela ya no habrá más elecciones, pues ellos se quedarán para siempre, así el pueblo pase penurias y no los quiera.

Yo, que tengo sus genes y conozco su historia, no creo que si estuviera vivo mi padre apoyaría a un gobierno como este, pero con el traslado de sus restos al Panteón se pretende afirmar lo contrario. Homenajes así, en vez de enaltecer, mancillan.

Por mi parte, preferiría que sus despojos se quedaran ahí, en el Cementerio General del Sur, junto al pueblo por el que luchó y que todavía no ha visto el fruto de su sacrificio. O, al menos, que lo lleve al Panteón un gobierno decente, con moral para pontificar sobre moral.

Que lo dejaran en la modesta tumba que comparte con los sagrados huesos de mi madre. Que no los separen nuevamente, después de tantos años reposando juntos y en paz.

Notiminuto

http://www.notiminuto.com/noticia/el-panteon/#

Apreciación de la situación #94

Con descuidada elegancia los facilitadores, observadores o acompañantes internacionales del diálogo fueron llegando al país esta semana para tratar de que este diálogo, mayor y públicamente solicitado por el gobierno, se reinicie, ahora con la presencia del nuncio apostólico en sustitución del enviado papal, quien tiró la toalla al percatarse del bochinche imperante que es la política venezolana.

Aunque la unidad opositora, que todavía no se ha reestructurado, no ha renunciado al diálogo, también ha exigido que el gobierno cumpla con lo prometido en la última reunión de finales de noviembre para poder sentarse nuevamente en esa mesa; es lo mínimo que pueden exigir y esperamos que así sea.

Los representantes internacionales inician con buen pie los intentos de reunión al reconocer las plenas facultades de la Asamblea Nacional como poder electo popularmente y en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales, advirtiendo de paso, que una democracia sin parlamento no puede llamarse así, es decir, ese reconocimiento implica también reconocer que la fulana figura del “desacato” dictada por el TSJ desde mediados del año pasado no es aplicable a la AN.

Este acto de reconocimiento internacional no debería tomarse como “un saludo a la bandera” o como una mera forma para obligar a la oposición a acudir al diálogo, que en parte lo es, sino que tiene otras implicaciones para el gobierno, por ejemplo, la declaración del abandono del cargo por parte del presidente cobra legitimidad y reconocimiento internacional ¿Habrán pensado estos facilitadores en esas consecuencias? ¿Si la resolución de la AN es válida, los acompañantes del diálogo reconocerán al actual presidente como el legítimo? Hasta ahora eso como que no está planteado para ellos, pero parece que para la oposición tampoco.

Paralelamente otra parte de la oposición convocan a una marcha el 23 de enero al CNE para exigir un cronograma electoral, sin embargo, y quizás hasta previsible, no se observa gran entusiasmo por parte de la sociedad civil convocada para asistir a esta marcha. No es fácil levantarle el ánimo a la gente después del final desastroso del año pasado ¿O será que están haciendo cola para sacarse el carnet de la patria para asegurarse la comida, medicinas, viviendas, etc., que está ofreciendo el régimen a sus portadores?

En un país con carencias de todo tipo que afecta a la población en general, el gobierno se la pasa haciendo cadenas y carnetizando lealtades y la oposición está buscando, aún, un objetivo común para enfrentar al régimen; las salidas no se ven ni cercas ni buenas.

Razón tenía el enviado papal para salirse de este paquete.

Deseo antes que nada hacer una aclaratoria pertinente. Las opiniones que emito desde este blog son de mi entera responsabilidad. No son de ningún grupo al que pertenezca o apoye. Y es pertinente porque desde que estoy escribiendo en relación al tema constituyente se han confundido mis opiniones con las del cuerpo colegiado al que pertenezco, la Alianza Nacional Constituyente. He agradecido a la ANC el respaldo que han dado a las propuestas que he formulado, respetando siempre mis apreciaciones en relación a la situación política del país y de aquellos a quienes considero responsables del agudo desastre que padecemos, apreciaciones que no siempre coinciden con las mías.

Es necesaria esta aclaratoria porque la ANC tiene su propia línea informativa y sus canales, en los que participo conjuntamente con extraordinarios venezolanos empeñados en cambiar a este país. Este es mi blog, no el de la ANC.

Hecha la aclaratoria, deseo entonces expresar mi opinión en relación al Mensaje a la Nación realizado ayer por la ANC, a cargo de su Coordinador Nacional, Enrique Colmenares Finol, acompañado con la distinguida venezolana Blanca Rosa Mármol de León (leer Mensaje a la Nación en http://ancoficial.blogspot.com/2017/01/mensaje-la-nacion.html). La he llamado entretelones de una propuesta porque quisiera remarcar las cosas que no se ven a simple vista pero que son fundamentales, y que a mi juicio resultan ser a veces lo más importante de lo que se quiere expresar.

La ANC tiene poco tiempo de fundada. El 17 de Marzo cumplirá un año de su lanzamiento público. Pero quienes acompañan la propuesta tienen muchísimo más tiempo que eso. Por ejemplo, Enrique Colmenares y su grupo del Táchira tenían desde el 2002 (¡15 años!) recorriendo Venezuela intentando convencer a los sectores políticos, sociales, académicos, y gremiales de la necesidad de ella. Yo me tope con esa propuesta en Abril del 2013 y escribí de ello luego del descalabro electoral de Henrique Capriles (ver La Hora de la Sociedad Civil, en http://ticsddhh.blogspot.com/2013/04/la-hora-de-la-sociedad-civil.html). En otras palabras, no acabamos de descubrir el agua tibia como ahora pretenden hacer algunos grupos de alumbrados, que están intentando confundir a los venezolanos con otra propuesta tapa amarilla de corte socialista, posiblemente salida de los laboratorios del régimen.

A veces las cosas no suceden por casualidad. Poco a poco los venezolanos han ido comprendiendo la necesidad de un cambio político. La ANC surgió como una necesidad organizativa para cumplir un solo propósito: discutir el cambio y el rumbo del país a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Originario. Ese propósito existía mucho antes de Maduro ser Presidente.

Antes de existir la Alianza, el grupo de Enrique Colmenares Finol recorría al país convenciendo a todo el que quisiera oír de la necesidad de un cambio estructural que solo es posible dentro de una Asamblea Nacional Constituyente. Esos cuadros ahora se conocen como Juntas Activadoras del Poder Constituyente Originario. Luego surgió la necesidad de un organismo superior que diera cabida a las más disimiles voluntades para lograr el propósito común de cambiar el modelo político de Venezuela a través de un proceso Constituyente. De allí surgió la ANC.

La primera vez que se realizó el lanzamiento público de esta propuesta, fue en Septiembre de 2013 en el Táchira, desde el seno de una universidad (ver video en https://youtu.be/qEQw16kzs-U), la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNET. También escribí sobre eso en su oportunidad (ver http://ticsddhh.blogspot.com/2013/09/desde-el-tachira-un-proyecto-pais-p...). Creo que ese fue el verdadero lanzamiento porque tuvo el bautizo de quienes son los herederos de Venezuela, su juventud. El Proyecto País Venezuela es para ellos.

Entonces el Mensaje a la Nación que escuchamos el 17 de Enero por parte de los principales voceros de la ANC no es nada nuevo. Es un hito de este largo convencer a los venezolanos de que no existe manera de salir del grave problema donde estamos si no lo hacemos entre todos, provocando nosotros mismos las transformaciones que necesita el país. Pero el mensaje va mucho más allá.

El planteamiento fundamental del mensaje está dirigido al desarrollo de la insurrección civil constitucional de la población. No se trata de un mero llamado a las calles porque el gobierno es pésimo. Es el llamado a los venezolanos a recuperar la conciencia dormida en nosotros que los gobiernos están allí porque nosotros los ponemos, pero también los sacamos. Y no por golpes o manifestaciones violentas sino por el ejercicio efectivo de nuestra soberanía. Una vez que el pueblo se manifiesta concretamente a través del instrumento que da la Constitución, ningún órgano del Estado, especialmente las Fuerzas Armadas, pueden mirar para otro lado, siendo estas las garantes de su seguridad y soberanía. Los civiles primero, los portadores de las armas de la Republica, después.

El mensaje de la Alianza Nacional Constituyente a Venezuela no solo refiere a la necesidad urgente de resolver el problema grave pero puntual del gobierno nefasto de Nicolás Maduro, sino a poner fundamentalmente de manifiesto que Venezuela necesita revisarse a fondo para resolver la destrucción a la que ha sido sometido el país.

La comparación del barco que hace aguas en el Mensaje, retrata la realidad mezquina de nuestros dirigentes políticos de preferir tener los galones del capitán antes de remar a favor de salvar a los pasajeros. Allí no se pueden hacer concesiones. Nuestra dirigencia opositora no está a la altura histórica del problema que tenemos. Demasiados errores lo demuestran. Y esto no es “anti política”, ¡es anti políticos!

Y no se trata de lanzar a nadie en sustitución de este liderazgo mediocre que conduce a la oposición, sino permitir que haya un proceso que haga surgir de las entrañas de este maravilloso país a las nuevas personas que conduzcan el nuevo rumbo que debe tomar Venezuela. ¡Esas personas existen en toda la geografía nacional, esperando que solo se les dé la oportunidad de dar lo mejor de sí en cada rincón del país! Y eso solo se logra cambiando las cosas desde el fondo, dándole a las regiones la oportunidad de desarrollarse solas. Ya es el momento de discutir los términos porque para nosotros ir a eso es un hecho indiscutible.

Algunos han advertido si esta pudiera ser una “nueva decepción” para los venezolanos, como si esto se tratara de un nuevo partido político que viene a salvarnos a todos. Algunos han puesto en duda incluso las motivaciones de sus principales promotores. Cada ladrón juzga por su condición.

Nadie se cree que en este país, que ha llegado a estos niveles tan graves de insuficiencia ética y moral, haya alguien que todavía diga, sin más interés que el bien de Venezuela, que tenemos que cambiar las cosas sin que medie en su accionar una candidatura para un puesto público asociada. Así de graves están las cosas en el departamento de Moral y Luces de Venezuela. Por eso nos han llamado “soñadores” como en una especie de descalificación. Pero les digo con toda seriedad: a Venezuela le hace falta que la sueñen. Y más allá de eso, que se haga algo concreto para perseguir ese sueño. Porque mientras más de nosotros lo persigamos más pronto dejará de ser sueño para convertirse en realidad.

Pues bien, eso es lo que le manifestaron Enrique Colmenares Finol y Blanca Rosa Mármol de León a Venezuela, la posibilidad de un país mejor pero ya no de manos de otro, sino de nosotros mismos. Hagamos entonces realidad ese sueño.

Caracas, 19 de enero de 2017

http://ticsddhh.blogspot.com/2017/01/entretelones-de-una-propuesta.html?m=1

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El pasado lunes despertamos con un país extraño, con una agitada calma posterior a un fuerte aguacero, pero con el cielo aun gris oscuro, esta vez en el orden institucional. Con un presidente en situación constitucional de abandono, que decide diferir por tercera vez lo que consideraba al año pasado inaplazable (la salida del billete de 100 bolívares) y al mismo tiempo nos comunica que en su gobierno "ha bajado la pobreza"; un vicepresidente constitucionalmente como presidente interino de hecho –como consecuencia de aquella declaratoria formal –sin querer ejercer el cargo; un Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo inusuales funciones administrativas y no jurisdiccionales, tales como oír y luego –entiendo lo hará– aprobar un informe de gestión presidencial, tarea para lo que es absolutamente incompetente; y una Asamblea Nacional (AN), órgano de eminente naturaleza política, evadiendo su responsabilidad de ejecutar su trascendental decisión de haber declarado por primera vez –desde que esta figura entró dentro de nuestras reales posibilidades– el abandono del cargo a un presidente en ejercicio, mediante la ejecución de una orden dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE) de que proceda a llamar a una nueva elección presidencial dentro del plazo "(...) de los treinta días consecutivos siguientes (...)", tal como ordena se haga el artículo 233 constitucional, después que ella ha declarado el abandono del cargo.

En pocas palabras, amanecemos frente a un país con una institucionalidad vacía, desprestigiada y sin autoridad para hacer lo que ordenan los mandatos que juraron cumplir bien y fielmente, manteniendo una dinámica ficticia y a ratos hipócrita del hecho público, pues por un lado, el Sr. Maduro, que ya no es constitucionalmente Presidente, se dirige a un forzado auditorio de no más de 800 personas, poco representativos de las mayorías del país, integrados por sus funcionarios ministeriales, cónyuges y demás allegados directos, a rendir su informe de gestión –sin incluir entre sus logros el no haber hecho nada efectivo para impedir las casi treinta mil muertes violentas de venezolanos a manos del hampa durante el 2016– y por otro lado, la Asamblea Nacional, electa hace un año con una mayoría calificada innegable y con la mayor legitimidad que pocos órganos asamblearios tuvieron antes, absteniéndose de completar la ejecución de sus actos, omitiendo su papel político absolutamente legítimo, de precipitar otras decisiones políticas que la sociedad civil en su gran mayoría espera se hagan.

¿Que pueden los ciudadanos pensantes de este país, los que han decidido no huir a otros destinos, hacer frente a este estado de cosas que solo perfilan un mayor nivel de deterioro?; ¿estaremos condenados irremediablemente a presenciar el hundimiento de la nación y con ella, la muerte por hambre y violencia de nuestros semejantes, creyendo que vamos a sobrevivirle, porque nunca la fatalidad social tocara nuestra puerta?

Parece que el problema no nos lo resolverán nuestros representantes políticos, pues ellos no supieron desatar el nudo gordiano creado por el chavismo, mediante sus instituciones acólitas (TSJ, CNE, Fiscalía, etc.) para impedir las salidas democráticas. Parece que las salidas a este grave problema republicano, regresa nuevamente al ciudadano común y corriente, quien debe recuperar la confianza en su poder individual para aportar una o dos cosas realizables, no más. Una enorme ola –calificada por muchos como un tsunami social– se cierne sobre nuestro país. El ciudadano debe estar preparado ética y moralmente para soportarla. El efecto expansivo de esa ola, seguro se llevará no solo al gobierno, sino también a varios factores de la oposición. Quedaremos solos con los restos del país, obligados a reconstruir la República, luego que cese tal colapso o fenómeno social. Para ese momento debemos tener claro el significado de la máxima de Santo Tomás: una ley o decisión injusta, venga de cualquier autoridad, es una ley o decisión que se opone al bien divino.

(@PerkinsRocha)

El Nacional. 19 de enero de 2017

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