En Chile y República Dominicana el reconocimiento del municipio como actor del desarrollo encuentra un espacio en las Agendas Políticas de esos gobiernos. En el caso de Chile, la Agenda de Descentralización expresa, en su tercer pilar, el compromiso político con el fortalecimiento de los gobiernos locales[1]. Para concretar ese tercer pilar, el gobierno chileno presentó al Congreso una iniciativa de ley en mayo de 2015, con la cual se pretendió impulsar a las municipalidades para que logren efectivamente “transitar de administraciones a auténticos gobiernos locales”[2].

Como expresó el Subsecretario de Desarrollo Regional chileno, aquella iniciativa reconoce que no se puede plantear el fortalecimiento del municipio sin atender la situación de su capital humano, es decir, de sus propios trabajadores. La iniciativa legilativa presentada en 2015 se concretó el 6 de abril de 2016 a través de la Ley 20.922 sobre el Fortalecimiento de la Gestión y Profesionalización del Poder Municipal.

Por su parte, en República Dominicana, la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 plantea la necesidad de impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la participación de los actores y la coordinación con otras instancias del Estado a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales.

El Gobierno de la República Dominicana, atendiendo a ese planteamiento, creó en abril de 2015 la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal[3], la cual es presentada como un espacio de concertación entre gobierno central, gobiernos locales, sociedad civil, entidades gubernamentales y, en representación de los gobiernos locales, la Federación Dominicana de Municipios y la Federación Dominicana de Distritos Metropolitanos.

A esa Comisión Presidencial para la Reforma Municipal le corresponde principalmente la definición de los lineamientos estratégicos de la política integral de reforma y modernización de los gobiernos locales; pero además, debe asumir el reto de viabilizar, organizar, artícular la consulta de esos lineamientos con las organizaciones de la sociedad civil en los municipios, garantizando por un lado mayor particpación y por el otro, una mayor conciencia sobre la responsabilidad del ciudadano en el proceso de reforma municipal.

A diferencia de los Gobiernos de Chile y República Dominicana, en el caso venezolano, el Plan de la Patria 2013-2019 obvia la existencia de los Municipios y, en consecuencia, sólo lo reconoce a los fines de promover la transferencia de sus bienes, recursos y servicios a los órganos del Poder Popular, buscando así consolidar el modelo del Estado Comunal. El Plan de la Patria 2013-2019 es claramente una hoja de ruta que marca el camino progresivo y sostenido del Gobierno Nacional hacia el desconocimiento total de la Constitución vigente aprobada mediante referendo popular.

Resulta útil revisar las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que hace 30 años, específicamente en 1986, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) presentó al entonces Presidente Jaime Lusinchi, con la finalidad de valorar el impacto negativo que ha tenido el Socialismo del Siglo XXI en el fortalecimiento del Municipio como unidad política primaria.

La COPRE en aquél momento presentó 10 propuestas, algunas de ellas se han concretado a lo largo de estos 30 años, pero otras no. Precisamente con el anuncio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal por parte de la Subcomisión de Descentralización y Gobierno Local, aquellas que están pendientes cobran absoluta vigencia por ser aún necesarias y oportunas. Las propuestas formuladas por la COPRE fueron las siguientes:

Aplicación decidida del principio constitucional relativo al municipio como unidad política primaria y autónoma, superando el esquema transitorio de los Distritos Municipales. Se planteó la clasificación de los concejos municipales según sus realidades.

Promover la efectiva transferencia de competencia y de recursos a nivel local.

Promover una verdadera separación de poderes a nivel municipal.

Crear la figura del Alcalde electo popularmente como Jefe del Ejecutivo Municipal.

Incorporar un sistema de méritos que permita una administración municipal sana y eficiente.

Modernización del sistema tributario municipal y establecimiento de eficientes mecanismos de control.

Fortalecimiento de procedimientos que estimulen la participación ciudadana en la gestión municipal.

Renovación del mandato municipal, a mitad de período presidencial.

Fortalecimiento de la función municipal en materia de vigilancia y preservación del ambiente.

Régimen de revocatorio del mandato de concejales.

El municipio y la democracia desde lo local, 30 años después de aquellas propuestas, logran un espacio en la agenda política de la Asamblea Nacional a través del compromiso político expresado en el Acuerdo de Rescate y Profundización de la Descentralización en Venezuela, aprobado por la propia Asamblea Nacional el 30 de junio de 2016.

La propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se convierte en una expresión concreta de ese compromiso político con la descentralización, expresada en el Acuerdo de la Asamblea Nacional.

Esa propuesta de reforma que se anuncia desde la Subcomisión de Descentralización y Gobierno Local pretende rescatar la autonomía municipal, la figura de las Juntas Parroquiales, propone devolverle al ciudadano la independencia y libertad necesaria para participar en modelos como los Consejos Comunales y plantea la creación de una Comisión que permita a los alcaldes y concejales encontrarse para construir políticas públicas que faciliten la solución de los problemas existentes[4].

La Asamblea Nacional con su inobjetable legitimidad de origen, tiene la gran oportunidad de convertirse en el promotor y facilitador de un proceso político que logre construir consensos e identificar disensos para consolidar en un futuro cercano un nuevo Plan de Desarrollo Nacional, que asumiendo como ejes estratégicos la descentralización, y el fortalecimiento de los gobiernos estadales y municipales, pueda sustituir en el 2019, de manera definitiva, al Plan de la Patria 2013-2019.

Para el diputado Juan Pablo Guanipa (Zulia), no es viable pensar en el progreso de Venezuela sin el impulso de cada municipio del país[5]. ¿Piensa usted igual?

____________________

[1]Subdere.gov.cl. Descentralización más poder para las Regiones. 10 de octubre de 2016 online en: http://www.descentralizacion.subdere.gov.cl/tercerpilar/

[2] Subdebere.gov.cl. Presidenta Bachelet firma proyecto de ley que modifica normas sobre dotación de funcionarios municipales. 19 de mayo 2015. Online en: http://www.subdere.gov.cl/sala-de-prensa/presidenta-bachelet-firma-proye...

[3]Reforma Municipal. Comisión Presidencial para la Reforma Municipal. Recuperado el 10 de octubre de 2016. Online en: http://reformamunicipal.gob.do/coprem/

[4] Asamblea Nacional. Profundizan Municipalización en Proyecto de Ley Orgánica de Poder Público Municipal. Recuperado el 7 de octubre 2016. Online en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/16467

[5] Primero Justicia. Juan Pablo Guanipa: “La municipalización impulsará el progreso de Venezuela. 31 de enero de 2016. http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&...

Artículo escrito por Carlos Romero Mendoza para POLITIKA UCAB y publlicado el 14 de octubre de 2016

https://politikaucab.net/2016/10/14/el-municipio-en-la-agenda-politica/

Ante los anuncios tardíos, inconsultos y claramente inconstitucionales hechos por la ciudadana Presidenta del Consejo Nacional Electoral, la Mesa de la Unidad Democrática se pronuncia en los siguientes términos:

El tardío cronograma anunciado revela la gravísima irresponsabilidad institucional que caracteriza el accionar de la mayoría pro oficialista del directorio del CNE. Para cumplir con la Ley, con la Constitución y con el deseo de cambio del pueblo venezolano, las elecciones regionales tendrían que realizarse en diciembre del presente año. Posponer estas elecciones un semestre completo, sin argumentar ninguna razón para ello, constituye una clara falta a su deber de quienes componen la mayoría del directorio de ese organismo. La razón de ser del CNE es organizar y realizar elecciones, no posponerlas o tratar de impedirlas, como esta ocurriendo con las elecciones regionales y con el Referendo Revocatorio.

Decisiones como estas son también producto de la falta de autonomía del Poder Electoral. El CNE pretende llenar la agenda electoral del 2017 con comicios que son importantes y necesarios, pero pretende ignorar la consulta electoral que el pueblo venezolano reclama con más urgencia y que el Régimen mas teme, que son las elecciones nacionales adelantadas, posibles constitucionalmente de acuerdo al Referendo Revocatorio previsto en el artículo 72 de nuestra Carta Magna. Respecto a esto, manifestamos de manera categórica: La realización del RR esta en manos de lo que los venezolanos hagamos el próximo 26, 27 y 28 de octubre, y no de los malabarismos que en los calendarios puedan hacer los agentes electorales del oficialismo.

Denunciamos ante el país y el mundo que esta decisión del CNE se inscribe en el peligroso marco de un régimen colocado claramente fuera de la Constitución: Al posponer sin motivo las elecciones regionales, al presentar el Presupuesto 2017 en una instancia distinta a la Asamblea Nacional, al emitir la Sala Electoral una “sentencia” que exige para convocar al RR un requisito inexistente en la Constitución y en la práctica consuetudinaria del Estado venezolano, el Régimen se coloca expresamente al margen de la Ley y de la Carta Magna, por lo que su existencia se fundamenta hoy no en el derecho sino en la fuerza. Esto representa un severo peligro no sólo para los venezolanos, sino para todas las democracias de la región. Por ello solicitamos a todos los venezolanos y a la comunidad internacional redoblar los esfuerzos para lograr que en nuestro país se restituya la democracia y la vigencia plena del texto constitucional.

Por la Mesa de la Unidad Democrática,

LA SECRETARÍA EJECUTIVA

Caracas, 18 de octubre de 2016

Exactamente dentro de ocho días podremos estar en presencia de una jornada verdaderamente memorable. En el leguaje que usualmente emplea el CNE se estarían expresando “manifestaciones de voluntad”, nosotros más bien afirmaríamos que los venezolanos expresaríamos la firme decisión de revocar al actual mandatario, ello si constituye hoy por hoy “una tendencia irreversible”.

Los más connotados representantes de la macolla gobernante han inventado todo tipo de argumentos para oponerse al referéndum revocatorio, han interpuestos diversos recursos ante el Tribunal Supremo, están conscientes que la inmensa mayoría rechaza sus ejecutorias, perdieron el apoyo popular de antaño, intentan impedir cualquier medición electoral para evitar nuevamente una derrota rotunda que puede resultar decisiva.

Resulta paradójico que quienes frente a los señalamientos de las características autocráticas y el autoritarismo del régimen, con los apreciables signos de militarismo conocidos, siempre apelaban para defenderse a la “legitimidad de origen”, argumentando la celebración de elecciones casi anualmente. Ahora cuando se evidencia su condición minoritaria en la sociedad, niegan con “razonamientos” inverosímiles la realización de los comicios regionales -que debieran realizarse este año- aduciendo falta de recursos (contemplados en el presupuesto) o la inexistencia de voluntad para el reconocimiento de sus resultados.

Están en una encrucijada a casi una semana de la fecha fijada para la recolección del veinte por ciento -único requisito constitucional- para convocar el referéndum, no le resulta fácil producir una sentencia que invalide el proceso, miden el costo político nacional e internacional que una decisión de tamaño calibre significaría, y podría ser una contribución más aún a su aislamiento tanto en lo interno, como lo externo. Sin embargo, sabemos que son capaces de cualquier aberración, así hicieron con la negativa de presentar el presupuesto al único órgano competente constitucionalmente para aprobarlo, que es la Asamblea Nacional.

Por otra parte temen mucho -más que a la recolección de firmas- a la formidable movilización de millones de compatriotas en todo el país durante tres días, dispuestos a salvar todos los obstáculos para manifestar su disposición a revocar a Maduro, a rechazar las políticas del régimen y favorecer la alternativa de cambio.
La casta gobernante en su aislamiento se desconcierta, percibe el distanciamiento de antiguos partidarios, sus contradicciones se agudizan, el control de los poderes en que se apoya les resulta insuficiente ante la perdida de respaldo popular.

Las fuerzas democráticas para labrar el cambio político tiene que cumplir con unos requisitos imprescindibles conservar y consolidar la unidad de propósitos, la conducción unitaria y la concertación de las acciones. Hacerle frente a los desafíos de los tiempos inmediatos requiere igualmente actuar con entereza y tenacidad, combinada con la serenidad y el aplomo que exige la reflexión para adoptar decisiones en medio de las complejidades propias de situaciones inéditas. De realizarse la jornada el fin de mes, ella puede producir un cambio significativo en el actual cuadro, despejando el camino al cambio político que aspira la mayoría de los venezolanos.
Las transiciones suelen ser originales, aún existiendo elementos comunes siempre hay rasgos distintivos y peculiares a cada proceso. No se pueden depender exclusivamente de respuestas preconcebidas, aún previendo el estudio y análisis del desenvolvimiento en los posibles escenarios.

Las fuerzas políticas y sociales agrupadas en Mesa de la Unidad Democrática, tendremos que colocarnos a nivel de las exigencias del porvenir inmediato? La experiencia acumulada, los aciertos alcanzados -pese a las falencias y limitaciones- son elementos que posibilitan tener confianza en la conducción , frente a las eventualidades que puedan significar un punto de inflexión y las perspectivas de cambiar el rumbo del país.

Fuente:http://www.lapatilla.com/site/2016/10/18/la-unidad-y-la-coyuntura-politi...

A estas alturas del partido comienza a preguntarse uno qué cosa es esa entelequia tan extraña a la que llamamos pueblo si un gobierno que cuenta solo con el respaldo del 20% de la población, dice pisotear al 80% restante en nombre del pueblo.

Comencemos por ver que nos trae el DRAE:

Del lat. popŭlus.

1. m. Ciudad o villa.
2. m. Población de menor categoría.
3. m. Conjunto de personas de un lugar, región o país.
4. m. Gente común y humilde de una población.
5. m. País con gobierno independiente.

La multiplicidad de acepciones de la palabra contiene en sí misma la confusión que usualmente hallamos en torno al concepto. Pueblo puede ser toda la población de un país, o solo la gente pobre, también de una parte de él e incluso el nombre de una localidad. Pero al margen de estas distintas posibilidades, el pueblo como concepto, tiene una importancia capital para la idea de democracia, porque la noción de ésta conlleva que se gobierna en nombre del pueblo, es decir de la totalidad de éste, o al menos de la mayoría de éste.

La idea de pueblo entendida solo como “gente común y humilde de una población” cuando se usa con demagogia, es una noción de la que los malos políticos han sacado siempre buenos dividendos a la hora de decir que gobiernan en nombre de la totalidad. Por ejemplo, se entiende que cuando el gobierno dice que representa a la mayoría del pueblo, lo que trata de decirnos es que representa a la gente humilde y no al conjunto de los venezolanos, puesto que todas las encuestas dicen que la mayoría le adversa.

De lo dicho anteriormente se deduce aplicando la lógica aristotélica lo siguiente: la mayoría de los habitantes de Venezuela no es pueblo sino gente adinerada que está en contra del gobierno. Cuando este gobierno comenzó, hace 18 años, contaba con el apoyo del 80% del pueblo pobre,
este pueblo -que pasó a ser rico gracias a la excelente gestión de la revolución- ahora se ha vuelto en su contra. Si seguimos por este camino, la conclusión de aquel ministro era entonces exacta: “si los sacamos de la pobreza se volverán contra nosotros”.

¿Será esto lo que sucedió? Si es así se trata sin duda de un pueblo ingrato aquel que quiere revocar a quien le enriquece. En todo caso la realidad parece indicar que lo que vive la mayoría de los habitantes de Venezuela no es particularmente una situación
de desenfrenada abundancia, sino exactamente lo contrario, casi a niveles de crisis humanitaria.

Si entendemos el concepto pueblo como sujeto político y a la democracia como forma de expresión de este sujeto, solo nos queda un camino: la votación para elegir a los gobernantes o para cambiarlos y la existencia de la representación popular en los parlamentos, asambleas
o congresos, debidamente electa y donde están representadas la diversidad de las opiniones políticas de una nación. La noción de pueblo que quienes detentan el poder en Venezuela es bastante simple, a saber: “pueblo es todo aquel que me apoya, mientras me apoye.

Como nosotros representamos el camino correcto, todo aquel que se opone a nosotros o bien está equivocado o es un traidor, contrarrevolucionario, golpista, fascista y ahora -se agrega a la lista- terrorista, por lo tanto deja de ser pueblo, aunque sea mayoría. La Asamblea Nacional, por más que haya sido electa por la voluntad mayoritaria de eso que ellos llaman ‘pueblo’, no lo representa”.

Como puede verse, Venezuela ha vuelto a eso que se conocía en la edad media como “derecho divino de los reyes”. Ya no hay por qué elegir nada más, ni gobernadores, ni referéndum por más que lo contemple la constitución votada por el pueblo, porque como pueblo es ahora la voluntad
de quien tiene el monopolio absoluto de su representación perpetua, él y solo él sabe lo que el pueblo quiere por más que la mayoría no lo acepte.

Se nos trancó el serrucho, pues, porque una vez que uno elige democráticamente la no democracia (y parece que eso fue lo que hicimos los venezolanos) ya no puede votar cuando cambia de opinión. La mayoría de los venezolanos queremos volver democráticamente a la democracia, pero el dueño del pueblo no nos deja. No cabe duda, la soberanía reside en Miraflores.

Fuente: 14/10/2016. Editorial Tal Cual

“Los hombres no cambian, se desenmascaran”: Germain de Stael.

Vivimos tiempos complicados. En el país tenemos representantes de instituciones fundamentales que con descaro toman decisiones o hacen afirmaciones con la Constitución en la mano, cuando esta señala un curso diferente o expresamente lo prohíbe. Desde hace muchos años el gobierno viola con impudicia la Carta Magna y las leyes, pero en los últimos meses y días la escalada deja boquiabierto al más experimentado en estas lides. Ejemplos sobran.

Tiempo hace que vemos a los militares participando descaradamente en actividades partidistas, estando proscrita la política para los uniformados. Ahorcan financieramente a gobernaciones y Alcaldías no oficialistas al no enviarles el presupuesto, como lo establece la carta madre, con el solo objeto de hacerlos fracasar, sin importar que los perjudicados sean los ciudadanos de esas entidades. Crean entes paralelos con presupuestos millonarios y colocan allí a dedo a sus fichas. A uno de ellos lo llaman “el protector de Miranda”.

Igual estrangulamiento lo hacen con universidades, gremios, sindicatos, y cuanta organización se atreva a ser autónoma, o peor si son francamente opositoras, montándoles organizaciones paralelas que siguen los caprichos políticos de la oligarquía dirigente. A esas estructuras generalmente las llaman “Bolivarianas”. Todo esto es de larga data, y viola la práctica democrática en el mundo y, también, contraviene la decencia política.

Pero desde la derrota parlamentaria del 06 de diciembre, los cortocircuitos en los lóbulos cerebrales del oficialismo se dispararon. Nombraron a toda carrera un TSJ violando lapsos y requisitos que establece la Carta Magna. Isaías Rodríguez, Ex Fiscal General de la República, aseveró que los magistrados no tienen la capacidad para estar al frente de sus funciones, “Son bastantes, no uno o dos, estoy hablando de bastantes”, afirmó al referirse a los jueces investidos. Otros hacen señalamientos éticos de esos señores.

Lo cierto que desde esa designación el Ejecutivo Nacional y los otros poderes comenzaron a tomar múltiples decisiones, una tras otra, evidentemente inconstitucionales, haciendo que “la mejor Constitución del mundo” no exista. Para entender lo que pasa no es necesario ser abogado. Sobran los ejemplos, solo mencionemos algunos. Suspendieron a los Diputados electos del Edo. Amazonas, estando esa entidad desde hace nueve meses sin representación popular, y sin resolver el TSJ la supuesta irregularidad. De lo que tanto se jactó Hugo Chávez, el poder del pueblo, no tiene hoy ninguna importancia.

Las señoras del CNE no organizan las elecciones de gobernadores, cuyo período vence en diciembre de 2.016, porque en el gobierno resolvieron que no es prioritario. Del referendo revocatorio no se diga, las normas sobrevenidas y los lapsos máximos eliminaron el mandato de que el pueblo decidiera si continuaba un mal gobierno. Ellas prefieren dejar este, que es el peor de la historia. En ambos casos el mandato constitucional no importa.

La crisis económica, que es el resultado de las políticas públicas que han aplicado, cónsonas con la visión atrasada que tienen de la economía, la sociedad y el mundo, se propusieron enfrentarla con el “Decreto de Emergencia Económica”. Según la madre de todas las leyes, debe pasar por la Asamblea Nacional. Pero inventan que ello no es necesario. La sala constitucional del TSJ, cuyos miembros Isaías Rodríguez señala como no capacitados, asume la competencia para revisar y aprobar el decreto, y de paso le da prórrogas, más allá de las dos veces que establece el texto que ellos llamaron “la bicha”. No solo esa competencia le quitan a la AN: le sustraen todas, la anulan. Le impiden controlar a los poderes, elaborar leyes, interpelar a las autoridades, escrutar la rendición de cuentas de las instituciones, darse su reglamento interno, nombrar a los abogados para que defiendan al parlamento en los juicios que tuviere, le quitaron los salarios a los parlamentarios, y pare de contar. Luego dicen que se “autodisolvió”.

La última trastada del poder establecido es la aprobación del presupuesto de 2.017, facultad exclusiva del parlamento nacional. La autorizan en una pequeña asamblea frente al Panteón Nacional. Y le agregan otra novedad: que la tienen que firmar los Gobernadores y Alcaldes, de lo contrario no recibirán su presupuesto. Nunca en la historia del país las autoridades regionales y locales han firmado un presupuesto. Nunca. Y no se preocupe en buscar en alguna ley de dónde sacan ese exabrupto, no lo va a conseguir.

Hoy lo que dice la Constitución no existe. Ahora las normas las elaboran o cambian día a día los jefes del psuv, a su medida, con unos jueces a su servicio, con el solo interés de mantenerse en el poder. Eso no lo hace un gobierno democrático, este no lo es. Razón por la que afirmamos que el gobierno se quitó la careta.

La ruta para enfrentar la ruptura constitucional del gobierno es harina de otro costal, que deberá ser abordada y concertada por la dirigencia opositora, de cara y en alianza con el país.

La codicia insaciable de este Estado delincuente no tiene límites. Primero fue la renta petrolera producto de los precios mas altos que hayamos conocido. Más de 300.000 millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de la casta cívico-militar que desgobierna a la nación. Ahora Maduro y su entorno corrupto le han puesto el ojo a las reservas de oro, diamantes y coltán a través del proyecto Arco Minero del Orinoco. A espaldas del país, de manera opaca e ilegal – como ya es usual en este régimen – se está comprometiendo gran parte de la riqueza que aún le queda a Venezuela.

La creación del proyecto Arco Minero por decreto presidencial en febrero pasado fue rechazada por la Asamblea Nacional, que según los artículos 150 y 187 de la Constitución Nacional, debía aprobarla. Por lo tanto, los acuerdos por más de 10.000 millones de dólares firmados hasta ahora por Maduro con empresas de Canadá, Italia, China y Congo en agosto, son ilegales. Resulta insólito que entre ellas se encuentren por lo menos dos compañías extranjeras a las que el gobierno revocó concesiones en el pasado por prácticas contra el medio ambiente como Gold Reserve (oro- 2009) y Guaniamo Mining Co. Ltd. (diamantes -2003) y la controversial empresa suiza Glencore, de oscuro historial en Guayana en la explotación del níquel.

Tanto estas empresas transnacionales como las venezolanas que participan en el proyecto, fueron seleccionadas a dedo, sin concurso público, lo que constituye otra grave irregularidad. En el caso de las compañías nacionales que firmaron en el acto con Maduro, Merentes y el ministro de Desarrollo Minero y Ecológico Roberto Mirabal, ninguna tiene la experiencia, ni el capital ni los recursos humanos para emprender la explotación de los yacimientos en cuestión, en especial los de coltán, el metal estratégico más valioso del momento. Empresas de maletín mineras?

La Asamblea Nacional no es única que objeta el Arco Minero. Desde ecologistas y agrupaciones indígenas, trabajadores y defensores de derechos humanos hasta ex ministros del propio régimen, sostienen que el proyecto traerá más destrucción ambiental, enfermedades, violencia y delitos.

Los ecologistas denuncian que la deforestación masiva necesaria para las excavaciones ocasionará un proceso de desertificación del sur del país. El Arco Minero atraviesa las selvas de Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto abarcan más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, vitales para la producción hidroeléctrica del país, que se vería aún más perjudicada de lo que ya está debido a la corrupción.

Los trabajadores que entren a laborar en las diferentes empresas del Arco Minero, así como los que ya se dedican a la minería artesanal, lo tendrán difícil para reclamar sus derechos, al igual que los indígenas y vecinos de las zonas explotadas. El decreto No. 2248 de creación del Arco Minero, en el Artículo 25 indica que “ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”. De modo que quienes “ejecuten o promuevan actuaciones materiales o tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades producidas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.” Esto equivale a suspender las garantías constitucionales en un 12% del territorio nacional, como denuncia PROVEA.

Más grave aún son las denuncias del diputado Américo de Grazia sobre la matanza de mineros en Tumeremo (Estado Bolívar) a la que califica como de una operación de “limpieza” de minería ilegal que estaría ejecutando el régimen en la zona ofrecida a las trasnacionales. La verdadera causa de los asesinatos de 17 mineros en Tumeremo en marzo y de tres personas mas la semana pasada, no ha sido suficientemente aclarada por las autoridades quienes por el contrario, incrementan los operativos militares (OLP) en la zona.

Nada de esto importa a un presidente que viola la Constitución todos los días, que desconoce la voluntad del pueblo que pide a gritos el Referendo Revocatorio, que acaba de dar un golpe a la Asamblea Nacional y que está dispuesto a mantenerse en el poder a costa de lo que sea.

Es así como Maduro ha creado la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) que se encargará de administrar el Arco Minero del Orinoco. Una vez más, apela a la chequera para asegurar su permanencia en Miraflores, ofreciendo más prebendas a la casta militar que precariamente lo sostiene. La forma opaca, a espaldas de las instituciones y de la opinión pública, en cómo se inició el proyecto y el dudoso perfil de algunas de las primeras empresas involucradas, confirman las sospechas de corrupción.

El Arco Minero representa un importante dilema para las Fuerzas Armadas: Seguir siendo cómplice de la dictadura de la corrupción o ser garante de la plena vigencia de la Constitución.

Fuente: http://www.lapatilla.com/site/2016/10/17/carlos-tablante-las-minas-de-la...

La Federación Venezolana de Colegios de Abogados de Venezuela; Los Colegios de Abogados de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia; El INPREABOGADO; El Bloque Constitucional de Venezuela; FUNDECI; Foro Penal; Federación Interamericana de Abogados; Fondo de Acción Social y estudiantes de Derecho y de Comunicación Social, manifiestan:

1. Reconocer que la Constitución de la República documenta el pacto fundamental que sienta las bases de la convivencia pacífica entre los venezolanos; que en dicho pacto se dividen y ordenan los poderes del Estado, se garantiza la separación de funciones entre los mismos, se reconocen y se configuran los derechos fundamentales de los venezolanos para cuya realización es esencial la independencia del Poder Judicial.

2. Observar que la República vive una grave crisis institucional a causa de la violación intencional, pública, notoria y sistemática, de parte del Tribunal Supremo de Justicia, de la Democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. En particular:

a) suprimió el control político de la Asamblea Nacional sobre los estados de excepción, a cuyos efectos se desaplicaron normas de la ley que rige la materia y se soslayó la obligatoriedad de notificar las medidas de emergencia a los organismos internacionales de derechos humanos;

b) se anuló la facultad parlamentaria de interpelar a las autoridades de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, así como a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, con lo cual se afectaron los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas;

c) se afirmó que la mayoría calificada se alcanzaría, en todo caso, con 112 diputados, de modo que la oposición la habría perdido con la desincorporación de los 3 representantes de Amazonas;

d) se negó el control del Legislativo sobre el Banco Central de Venezuela y se acusó a la Asamblea Nacional de incurrir en desviación de poder y de atentar contra la estabilidad de la economía por haber procurado que existieran los debidos controles;

e) se sostuvo que en Venezuela no hay persecución judicial contra los opositores y que una Ley de Amnistía, como la sancionada, constituye una arbitrariedad;

f) se limitó a la Asamblea Nacional para debatir y decidir autónomamente sobre la convocatoria y desarrollo de las sesiones, la elaboración, modificación y aprobación de la agenda parlamentaria, y la presentación de informes por las comisiones;

g) se estableció que la Asamblea Nacional no puede aprobar una enmienda destinada a disminuir el período de un Presidente de la República en ejercicio, que tenga efecto inmediato;

h) se negó la iniciativa parlamentaria para legislar sobre la organización y funcionamiento de los poderes Judicial y Electoral, con lo cual cada uno de estos decidiría unilateralmente sobre las normas que los rigen;

i) se suspendió la facultad de declarar mociones de censura;

j) se centralizó en el Ejecutivo la elaboración y ejecución del presupuesto nacional sin posibilidad de control parlamentario; cuando tales competencias son exclusivas y excluyentes de la Asamblea Nacional, violentando con ello el Principio de Legalidad Presupuestaria que obliga al Presidente, de manera ineludible, a no realizar gasto que no haya sido previsto en Ley. La ejecución de un espurio presupuesto aprobado por la Sala Constitucional en estos términos, constituye una apropiación criminal de los fondos públicos;

k) se extendió el monopolio del uso de la fuerza pública a militantes del PSUV y organizaciones afectas al oficialismo, mediante la convalidación del decreto de estado de excepción;

l) se obstaculizó la elección de nuevos magistrados del TSJ;

m) se permitió al Ejecutivo firmar contratos de interés público y solicitar préstamos sin autorización de la Asamblea Nacional;

n) se declaró un inexistente desacato de los directivos del Parlamento con la amenaza de emprender contra ellos procesos penales;

o) se impidió la representación judicial autónoma de la Asamblea Nacional, a efectos de responder a todas las acciones que en su contra ha intentado el oficialismo, pues la Sala Constitucional determinó que debe ser defendida por abogados autorizados por la Procuraduría General de la República.

3. Advierte, por las razones que anteceden, la violación, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, al principio constitucional del Estado democrático, por cuanto el desconocimiento judicial, pero sin fórmula de juicio, de varias de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, así como la suspensión indebida de la inmunidad constitucional de los diputados del estado Amazonas y de la representación parlamentaria de dicho estado, dejan sin efecto la decisión adoptada por los venezolanos, en ejercicio de su derecho constitucional al sufragio, de elegir a sus representantes ante el órgano único del Poder Legislativo Nacional, y configuran la violación del principio de la soberanía popular; ha intentado impedir que la Asamblea Nacional verifique si se incurrió en la violación al procedimiento constitucional en la elección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo; ha contribuido a despojar a los venezolanos de su derecho fundamental a la justicia internacional en materia de derechos humanos (artículo 31 constitucional); ha desacatado sistemáticamente las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incurriendo así en la violación a la norma constitucional que obliga a su cumplimiento (artículo 31 constitucional); y ha privado a los venezolanos de su derecho fundamental a una justicia imparcial, autónoma e independiente (artículo 26 constitucional).

Advierte las privaciones ilegítimas de libertad, por violaciones al debido proceso de parte del Tribunal Supremo de Justicia, contra alcaldes del País.

Advierte finalmente que, por causa de las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia, se ha desmantelado el Estado de Derecho, por lo que el Sistema de Justicia ha cesado en su legitimidad por la falta de magistrados autónomos y por hallarse al servicio del Gobierno y no de los ciudadanos; y la vigencia misma de la Constitución se ha hecho incierta.

Por las razones que anteceden, las organizaciones mencionadas en el encabezamiento de este documento:

Exigen al Gobierno Nacional que cese en su actividad pública y notoria de impedir el ejercicio de las atribuciones que competen a la Asamblea Nacional.

Exigen a la Asamblea Nacional que sancione de urgencia las reformas legislativas que fueren necesarias para garantizar a los venezolanos una justicia imparcial, autónoma e independiente, así como para asegurar el ejercicio de sus propias competencias.

Exigen de la Asamblea Nacional la ejecución inmediata de la decisión de anular las designaciones de magistrados ocurridas en diciembre del 2015 y que se inicie la apertura del procedimiento de designaciones de quienes deben sustituirlos.

Exigen de la Asamblea Nacional inicie la apertura del procedimiento para la declaración de nulidad de los restantes magistrados y sus suplentes.

Insisten en la aplicación inmediata de la Carta Democrática.

Instan a desconocer, en cada circuito judicial y ante los palacios de justicia, a los sedicentes magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y las sentencias por ellos dictadas.

Se comprometen a dar inicio a una lucha por la defensa pacífica del orden constitucional de la República, del principio de la soberanía popular, de la división e independencia de los poderes públicos, por la libertad de los presos de conciencia y el cese de la persecución de los exiliados y disidentes políticos, así como en la tarea de recuperar y hacer efectivo para los venezolanos su derecho fundamental a una justicia imparcial, autónoma e independiente. El compromiso que precede y las denuncias que se han hecho se basan en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional.

Obtenido de: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/gremio-abogados-declaro-rebeldia-ante-actuacion-del-tsj_622801

Actualizado el 16 de octubre de 2016 09:34 AM