¿Problema de la basura o estado de insalubridad?

Bastante se ha dicho y escrito sobre la grave y peligrosa situación existente en el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua; diversas han sido las maneras de referirse a ella, pero la más utilizada ha sido hasta ahora: “el problema de la basura”.

Para quien esto escribe, tal denominación se queda corta, permite ocultar el verdadero problema y evadir responsabilidades. El inadecuado manejo y disposición de los desechos sólidos constituye solo uno de los aspectos, ciertamente importante, de un conjunto de factores (aguas negras al aire libre, pésima calidad y suministro irregular de agua potable, obstrucción de canales y quebradas, zonas enmalezadas, proliferación de plagas, insuficiencia y/o carencia de planes de prevención y tratamiento de enfermedades, entre otros) que se suman e interrelacionan para producir unas circunstancias que inciden negativamente sobre el ambiente y terminan generando el grave ESTADO DE INSALUBRIDAD presente en esta entidad.

El ambiente es un conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan estrechamente; y en los cuales, se desarrolla la vida de los organismos. Está constituido por:

1. La flora, la fauna y los seres humanos representan los elementos biológicos.
2. El aire, el suelo, el agua y el clima que forman parte de físicos.

Al ser humano le corresponde por tanto, relacionarse con los otros elementos en términos de mutua dependencia y complementación, sin convertirse en único beneficiario de la naturaleza. Las personas tenemos una gran responsabilidad en cuanto al cuidado del entorno para la supervivencia de las generaciones futuras; es por ello, que debemos tener una clara noción sobre lo que debemos hacer para conservarlo.

Vamos a referirnos a la salud, como el estado de bienestar a nivel físico, mental y social de una persona (no es solo la carencia de afecciones o enfermedades). Evidentemente, esta condición no es la que predomina en nuestro municipio, donde los niveles de deterioro ambiental han ido incrementándose progresivamente, hasta llegar a conformar el actual estado de insalubridad; de manera tal, que el ambiente, la salud y la vida de los mariobricenses se encuentran en grave riesgo.

Una flagrante, descarada e impune violación de nuestros derechos humanos y constitucionales.

Según el Art. 127 de nuestra constitución vigente, es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho, individual y colectivamente, a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; y es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación.

De igual manera, en los Art. 83 y 84, se considera a la salud como un derecho social fundamental que debe garantizar el Estado como parte del derecho a la vida, y le obliga a promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud.

Asimismo, nuestra constitución reconoce que el derecho a la vida es inviolable; y que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas (Art.43, 46 y 75).

Deberes y derechos del Estado y los ciudadanos.

De lo anteriormente señalado podemos concluir, que los factores fundamentalmente involucrados en el cumplimiento de la CRBV en cuanto a los aspectos mencionados son: el Estado y los ciudadanos. Aunque existen diversas interpretaciones de lo que es el Estado, utilizaremos aquella que lo define como una forma de organización cuyo significado es de naturaleza política. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica delimitada. Se usa como sinónimo la palabra Gobierno. En una nación, el Estado desempeña funciones políticas, sociales y económicas. La población, el territorio y el poder son los elementos que lo constituyen. En este trabajo nos referiremos a los ciudadanos como individuos sujetos de derechos políticos; es decir, aquellos que intervienen en la vida política de su país y de su comunidad, ejerciendo dichos derechos y cumpliendo deberes y obligaciones. También entenderemos como sociedad al sistema organizado de relaciones que se establecen entre grandes grupos humanos que se diferencian entre sí por su función social; y como política, la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los Estados.

Los órganos del Poder Público deben garantizar los derechos humanos.

El Estado venezolano está en el deber constitucional de garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen (Art. 19). Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico en nuestro país (Art. 7).

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público (Art. 5); el cual se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales (Art. 158).

La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos (Art, 141); y los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna (Art. 145). Los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad (Art. 143).

El Estado está en la obligación de responder por sus errores.

El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley (Art. 139). El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública (Art. 140).

El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía (Art. 29). El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derecho habiente, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo (Art. 30).

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado (Art. 136)

Es de la competencia del Poder Público Nacional: el régimen de la administración de riesgos y emergencias; las políticas nacionales y la legislación en materia de sanidad, seguridad alimentaria, ambiente y aguas; las políticas y los servicios nacionales de salud; el régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas (Art. 156-9, -23, -24, -29). Es de la competencia exclusiva del Poder Público Estadal: la creación, régimen y organización de los servicios públicos estadales (Art. 164-8).

El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras, los Gobernadores o Gobernadoras, un Alcalde o Alcaldesa por cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley (Art. 185).

Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley (Art. 168).

El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo Municipal, integrado por concejales. Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales (Art. 174, 175, 176)

La participación de los ciudadanos: un derecho y un deber.

La participación de los ciudadanos en la vida pública es reconocida actualmente como un factor fundamental para lograr los cambios y transformaciones requeridos por sus respectivas sociedades. El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política.

Se precisa en el Preámbulo de la CRBV, que uno de los objetivos de la refundación de la República es el establecimiento de una sociedad democrática, participativa y protagónica. Este documento, que es la ley fundamental que rige la organización del Estado venezolano, fue aprobado en primera instancia por una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos integrantes fueron escogidos previamente por medio de un proceso electoral, y finalmente ratificada por el pueblo mediante un Referendo Aprobatorio en el mes de diciembre del año 1999. Ahora bien, detengámonos un momento a pensar en el significado de esta definición de nuestra sociedad. Democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo ejerce el Poder: participativa y protagónica implica, que para ejercer ese Poder el pueblo no solo debe involucrarse en la gestión de gobierno; sino, que además, debe ocupar un papel principal en ese proceso. En el Art. 62 se reconoce que: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, sea directamente o por medio de sus representantes electos. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”; y: “Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”. Pero, así como la constitución reconoce este derecho, también exige a cada persona: “El deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social” (Art, 132).

Apuntes para la ponencia presentada por el concejal Héctor Sánchez en el Foro: ¡Por la Salud y la Vida en MBI! (14-07-2016).

Fraude, drogas y prostitución son los ingredientes de la película El Lobo de Wall Street, nominada a cinco premios Oscar en 2014 en la que Leonardo Di Caprio interpretó a un corrupto agente de bolsa involucrado en un fraude con bonos.

A veces la realidad supera a la ficción. Riza Aziz, el productor del film, fue acusado la semana pasada por el Departamento de Justicia de EEUU de haber robado y lavado por lo menos mil millones de dólares del Fondo de Desarrollo de Malasia bajo el control de su padrastro Najib Razak, primer ministro de ese país. Uno de los métodos usados fue precisamente el de los bonos estatales. El volumen de la corrupción de este caso supera con creces el relatado en la película que, paradójicamente, fue financiada con el dinero robado al pueblo de Malasia.

El perfil del hijastro del primer ministro de Malasia recuerda demasiado a individuos de nuestro propio patio: inescrupulosos, amantes del lujo, el exhibicionismo y los excesos, como los tesoreros de la nación Alejandro Andrade, Carlos Erik Malpica Flores y Diego Salazar, el operador de los seguros de Pdvsa – cómplice y testaferro de su primo Rafael Ramírez – por cierto, todos ellos también expertos en defraudar con bonos y títulos de la nación.

El Fondo de Desarrollo de Malasia, similar al Fonden de Venezuela, fue creado para promover inversiones y proyectos públicos, pero bajo el control directo del actual primer ministro, se convirtió en una vía para desviar más de 4.000 millones de dólares a las cuentas de familiares, amigos y a las suyas propias.

Ahora, la justicia estadounidense recuperará los bienes adquiridos en su territorio con los recursos malversados, que incluyen mansiones en Nueva York y Los Ángeles, obras de arte y también parte de las ganancias generadas por la película.

En este esfuerzo de incautación y recuperación han participado autoridades de diez países ya que el dinero robado se movió por varios bancos internacionales que ahora están bajo investigación. Aún no hay medidas directas contra el primer ministro de Malasia pero seguramente se producirán a medida que avance la indagatoria.

El anuncio lo realizó la Procuradora General de EEUU Loretta Lynch quien resaltó que se trata del mayor decomiso civil, la mayor acción individual en la historia de ese país, dentro de un programa que han denominado como Iniciativa para la Recuperación de Activos de la Cleptocracia.

La confiscación civil en los Estados Unidos equivale al decomiso autónomo civil sin condenas. Se trata de un proceso legal en el que las autoridades decomisan dinero y bienes de personas sospechosas de estar involucradas en actividades ilegales. El procedimiento civil puede ir paralelo al juicio penal pero no necesita que el mismo haya concluido en una condena definitiva para proceder a incautar el dinero y los bienes involucrados. Para conseguir de nuevo lo confiscado, los propietarios deben demostrar que no provienen del delito. El caso del Fondo de Desarrollo de Malasia, junto a otros que se han producido en los últimos meses a nivel global, demuestra que el mundo avanza en el tema de la colaboración internacional para recuperar el dinero robado a los países.

Otra evidencia más de que Venezuela también podrá recobrar los fondos que se apropió la casta cívico militar que desgobierna, a costa del hambre y el sufrimiento de los venezolanos.

Recuperaremos el país a través del Revocatorio y también recuperaremos el dinero robado. Se hará justicia.

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Apreciación de la situación # 72

Durante las dos últimas semanas se pudo ver por los medios televisivos norteamericanos las convenciones nacionales de los partidos republicanos y demócratas para la nominación definitiva de los candidatos a la presidencia de USA en el periodo correspondiente 2017-2021. Por el partido republicano ganó la nominación un empresario asociado a la publicidad y a la televisión, escritor, sin mayor trayectoria política, por lo que prácticamente se está iniciando en la misma en una especie de representante de la anti política o de la política tradicional norteamericana.

Por el partido demócrata logró la nominación una mujer que, contrario a su oponente, tiene una dilatada actuación pública, primera dama por ocho años, ex secretaria de Estado del actual presidente y senadora por el estado de New York.

La actuación, hasta ahora, del candidato republicano, se ha caracterizado por un discurso tremendista y populista, fundamentado en lo que una gran parte de la población de los estadounidenses que se consideran una suerte de raza autóctona en razón de sus orígenes inmigratorios desea escuchar. El eslogan del candidato es “Hacer a América grande otra vez” (Make America great again) y para ello ha expresado que el país se ha debilitado por la presencia de minorías étnicas –que ya no son tan minorías- que han desvirtuado la esencia del norteamericano original y en consecuencia hay que revertir estos procesos restringiendo la entrada de nuevos inmigrantes al país, incluyendo la construcción de un muro a lo largo de frontera común con México, sin quedarse muy atrás con otras minorías acusa a la población musulmana, que reside en el país, de ser sospechosos o tener nexos con los grupos islámicos fundamentalistas y terroristas que actualmente están en guerra contra la cultura occidental y, así mismo, acusa al ejército norteamericano de ser el culpable de derrotas militares en las últimas dos décadas por malas conducciones políticas o por debilidades políticas en la toma de decisiones.

En fin, un discurso populista cargado con muchas medias verdades y exaltaciones patrioteras que la mayoría de los líderes políticos del propio partido republicano han rechazado y que se pensaban superadas por la clase política norteamericana, pero que, para sorpresa de la misma, ha calado profundamente en el electorado, a tal punto, que las últimas mediciones sitúan al empresario, ligeramente por encima de su eventual contrincante femenino demócrata.

Los seguidores de la candidata y del partido demócrata, han calibrado la peligrosidad del discurso populista del empresario para la estabilidad política del país y del futuro del mismo y, en consecuencia, han optado por elaborar un discurso fundamentado en los valores y principios que dieron origen al país, pero también en los valores y principios de la democracia y las libertades civiles e individuales que han sido el baluarte histórico del desarrollo de esa nación.

Han planteado y desmentido que a USA no hay que hacerla grande otra vez, porque actualmente la nación norteamericana es la más grandes en logros tangible en el planeta, es la primera economía mundial, es la que está a la vanguardia de los cambios y desarrollos tecnológicos, que tiene las mejores universidades del planeta y los mejores científicos, que tiene el ejército más poderoso del planeta con un elevado grado de moral y profesionalismo y así con otros muchos temas, todo eso se ha logrado con los hijos de muchos inmigrantes que llegaron para quedarse, pero también reconocen que hay mucho por hacer y que existen grandes deficiencias en la atención de los problemas sociales de un buen porcentaje de la población y la solución no está dividiendo a la nación y a sus minorías étnicas, el problema del terrorismo mundial no se va resolver expulsando a los musulmanes de USA, etc.

En síntesis, al discurso demagógico, populista, segregacionista y patriotero del empresario, que hasta ahora le ha dado buenos resultado a decir de las encuestas, la oposición demócrata no cayó en la elaboración de un discurso similar para atraerse el voto de esos simpatizantes autóctonos, sino optó por la defensa de los valores fundacionales de la nación y de la defensa de los principios y libertades ciudadanas que, sin duda alguna, han hecho grande al país del norte.

Y ¿qué tiene que ver eso con nuestra situación actual? Puede que mucho. En primer término, si la oposición política de finales de los noventas no se hubiera dedicado a competir con el discurso populista y redentor del ahora difunto eterno, ofreciendo un discurso similar pero con voceros diferentes, sino hubiera apelado al rescate de los valores y principios de la democracia, señalando errores y deficiencias, pero también cuales sus soluciones, siempre dentro del marco constitucional, posiblemente tampoco hubiera ganado las elecciones, pero seguramente los liderazgos que se mantuvieron, y los que luego surgieron, hubieran tenido mayores y mejores argumentos para enfrentar al régimen

En segundo término, a pesar de la lección de calamidades que ha dejado el régimen a lo largo de estos 16 años de desafuero, apenas ahora, pareciera, que algunos de los dirigentes de oposición democrática se han convencido de la necesidad de un discurso con el rescate de nuestros valores fundacionales como nación y de la necesidad de que los principios de la democracia y de las libertades individuales y colectivas no se negocian y deben defenderse permanentemente.

30 de julio 2016

La “Tormenta Perfecta” que asola Venezuela continúa su decurso demoledor. Las perspectivas no son de que amaine o cese, sino todo lo contrario, de que se profundice a extremos nunca conocidos por estos lares.

Los responsables de la misma – por todos conocidos- , lejos de corregir el rumbo, insisten en transitarlo. Para algunos de ellos lo conducente es radicalizar el modelo y mantener a toda costa y costo sus afanes continuistas.

La última de sus geniales jugadas, es concederle al general Padrino y por ende a la corporación castrense más poderes de los que ya disfrutan; como si la invasión de militares a la Administración Pública hubiese redundado en beneficios para el país. Una cosa es contribuir al desarrollo y bienestar de la Nación y otra muy distinta copar el aparato del Estado bajo la premisa – demostradamente falsa – de que los militares, por definición, están más y mejor capacitados que los civiles.

Mucho se ha especulado sobre la concesión de tan amplios poderes al citado General. Lo real y objetivo es que las competencias otorgadas trascienden la tarea que supuestamente debe cumplir el señor Padrino y lo convierten en un cuasi Presidente. Algunos jodedores rememoran lo que se decía del hombre de la Mulera y sus presidentes de paja: “el Presidente vive aquí, el que manda allá”.

La nomenclatura gobernante agotado su proyecto y carente tanto de ideas como del antaño apoyo popular de que disfrutó y de recursos para alimentar el clientelismo se refugia como “última ratio” en el poder de las bayonetas. Esto no debe extrañarnos porque los principales abrevaderos del ideario chavista son el militarismo y el castrismo cubano.

Más militarismo es menos democracia. Asistimos quizás a la última etapa del proceso para demoler, desde adentro, la democracia, iniciado en 1999 con el ascenso al poder de Hugo Chávez y que se aceleró en diciembre del año 2015 con la actitud del régimen ante los resultados de los comicios parlamentarios: reconocieron a regañadientes la derrota pero no aceptaron las consecuencias políticas, jurídicas e institucionales del resultado.

Si a la conversión del ministro de la Defensa en cuasi presidente le sigue el bloqueo ilegal e ilegitimo del referéndum revocatorio este año, la no realización de las elecciones regionales y Maduro no renuncia. Dictadura habemus.

En este cuadro tan complejo y lleno de riesgos las fuerzas democráticas tienen que cumplir su rol histórico de alternativa de cambio. Asumir con más seriedad el tema de la unidad, dejar de lado los “egos revueltos” y las miradas cortoplacista. Entender que los tiempos y requerimientos de la sociedad venezolana demandan un proyecto nuevo, una alternativa unitaria de naturaleza estratégica, con una visión de largo aliento destinada a reconstruir Venezuela y generar las bases para edificar un país libre, próspero, justo y seguro.

Esto lo escribo y demando como ciudadano por cuanto es fácil observar que la MUD, como coalición, no vive sus mejores momentos. Ha retrocedido en términos de cohesión, de unidad de mando y de acción lo cual es fatal para articular y aprovechar el colosal descontento existente contra el régimen.

La incapacidad para generar una mayor presión social a favor del referéndum revocatorio y lo acontecido en relación al diálogo abonan a favor de lo que digo. Ésta situación debe y tiene que cesar, lo que nos jugamos es demasiado.

Caracas, 25 de julio de 2016

Para la inmensa mayoría de los venezolanos, es indudable que tenemos un grave problema, en cuanto a la educación que se imparte en nuestras escuelas y el bajo nivel general que suelen obtener los alumnos. El problema es complejo, multifactorial y con interrelaciones que implican aspectos cognitivos, de organización, de disfunción familiar, de desestructuración social, etc.

Para hacer un corto análisis del tema, tomemos como punto de partida los aspectos clave de la educación en un país donde ésta está muy bien valorada.

El sistema de educación japonés tiene fama de ser muy eficiente y bien estructurado y es reconocido como uno de los mejores del mundo. La pregunta que al respecto surge es ¿a qué se debe este éxito? Para mejor entendimiento, destaquemos algunas de las principales características de este sistema educativo.

Para empezar, no hay posibilidades de ideologización política. Lo que si hay es mucha estabilidad curricular, alta preparación profesional, reconocimiento del esfuerzo y valoración de la meritocracia.

En Japón, la educación es mayoritariamente pública; además de obligatoria y gratuita, es de excelente calidad. A las escuelas no solo se va a estudiar; también se estimula en ellas el esfuerzo para lograr objetivos, la participa en actividades extracurriculares y se recibe formación en valores. Se estudia mucho, se complementan las clases con tareas y no se desperdicia el tiempo. La educación es un tema de prioridad de Estado y se involucran en el sistema educativo la escuela en su conjunto, la familia y la sociedad. Los maestros están muy preparados, solo llegan a ser docentes los mejores, y son muy respetados en la comunidad.

Como se puede observar, estamos bastante lejos de lograr un sistema educativo comparable con el japonés, o con el de otros países como Finlandia, Corea del Sur o Canadá, por mencionar algunos ubicados en distintos continentes. Sin embargo, no deben perderse las esperanzas; siempre es posible mejorar. Para ello tenemos talento humano que es básico e imprescindible para los grandes cambios que necesitamos.

Como guía para el enfoque de de una propuesta de estudio, a manera de decálogo para el análisis, que incluya acciones y consideraremos de algunos de los aspectos que deben constituir los primeros pasos básicos para la transformación de la educación en las escuelas de nuestro país, se pueden mencionar los siguientes.

1. Revisión y modificación del actual currículo; que debe ser de largo aliento, modernizado, equilibrado y despolitizado, desde el punto de vista ideológico-partidista.
2. Brindarle una preparación profesional actualizada y de primera calidad a nuestros docentes, en todos los niveles del sistema educativo.
3. Pagarles sueldos acordes con su importantísima función en la sociedad y dotarlos de un sistema de Seguridad Social de primer orden.
4. Establecer un sistema de selección con base en la preparación y los méritos.
5. Desterrar la política partidista de las escuelas. Las intenciones de ideologización política de niños deben tratarse como algo aberrante.
6. Fortalecer el sistema de educación pública. Garantizar realmente que sea obligatoria y gratuita. Ofrecer un sistema de comedores escolares eficiente.
7. Incluir, con carácter preferencial, asignaturas, implicadas en ejes transversales, que contemplen la formación en valores, tanto individuales como colectivos.
8. Establecer un sistema de evaluación y prosecución escolar justo y flexible, pero con un nivel de exigencia aceptable.
9. Contemplar actividades que involucren a los alumnos directamente con la comunidad educativa y la sociedad en general.
10. Educar para la formación ciudadana, el conocimiento, la cultura y el trabajo.

Profesión: Ciudadano

25 de julio de 2016

El Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS) se dirige a todos los trabajadores, a sus organizaciones sindicales y gremiales, a toda la sociedad venezolana, para dar a conocer a nivel nacional e internacional nuestras propuestas, como referencia sindical de los trabajadores en Venezuela.

La trágica condición de vida de la población venezolana es noticia diaria nacional y en otras latitudes por las características dramáticas que contiene: Pobladas asaltando supermercados y establecimientos en busca de alimentos, saqueo de transportes de productos básicos ante los altos niveles de escasez y desabastecimiento hasta de un 85%, movilizaciones de calle y confrontación con los cuerpos de seguridad del Estado en numerosas ciudades y pueblos del país, desde la capital hasta la provincia, por la desesperación y el hambre de la población ante la carencia de medicinas y productos de la dieta alimentaria.

Las escenas dantescas de hambruna recorren las redes sociales a nivel universal, pobladas hurgando en la basura de restaurantes y edificios, muerte y desmayos en las agobiantes colas, fallecimiento de pacientes por carencia de medicinas, niños que carecen de alimentos en los hospitales, aumento de la deserción escolar, en un contexto de inseguridad que arroja partes semanales de cientos de fallecidos en las morgues de las principales ciudades del país.

¿Qué pasó con la otrora nación de la prosperidad, plena de oportunidades en el continente americano?

Que el salario se fue disolviendo en las últimas tres décadas como consecuencia de políticas económicas equivocadas, al extremo que los trabajadores nos asombrábamos cuando sabíamos de países que en América Latina, en África, en Asia, vivían con un dólar diario. Pues bien hoy ya sabemos acá que es sobrevivir con esa cifra, ya que los venezolanos tenemos que lidiar con 27 dólares al mes, producto del modelo económico gobernante aplicado en los últimos 17 años y en pleno Siglo XXI.

La expropiación del Salario y el Empleo Digno como política de Estado

Jamás en nuestra historia republicana habíamos conocido las consecuencias y efectos, de la brutal ofensiva de gobierno alguno contra el ingreso de los trabajadores, como las sufrimos hoy, ante la cascada inflacionaria que ha pulverizado todo lo proveniente por salarios, a tal extremo que lo percibido por nómina, por vacaciones, utilidades o bonificación de fin de año, cajas de ahorro, es absolutamente insuficiente para alcanzar la canasta alimentaria cercana a 250.000 Bs. Mensuales y a una canasta básica de bienes y servicios que supera ampliamente los 300.000 Bs. Esta amarga realidad desactualiza los contratos colectivos que se logran en el sector privado, ya que en el sector publico irónicamente han sido suspendidos y desmantelados por el presidente obrero.

En materia de empleo la situación aún es peor, ya que el Estado se ha convertido en un aniquilador de las fuentes de trabajo, en el sector privado a través de expropiaciones salvajes sin indemnizaciones que han dejado en la calle a cientos de miles de trabajadores y por otro lado el ahogo en la negativa de entrega de divisas que a puesto en riesgo a mas de 500.000 puestos de trabajo dignos y estables, y en el caso de sector publico las empresas del Estado se encuentran en la ruina y a un 20% de su capacidad productiva.

En resumen las consecuencias de la política económica gubernamental, en un contexto de corrupción generalizada y de una administración pública penetrada por el narcotráfico y el pranato, generadora de índices de inflación para 2016 proyectados en 800% y para 2017 en 1.500% determinan una inmediata catástrofe para el sector formal de la economía que emplea a 7.800.000 trabajadores.

La desmoralización del concepto del trabajo digno como motor de la sociedad

El caos económico, la quiebra de los servicios públicos, la pérdida de institucionalidad en el mundo del trabajo mediante la aplicación discrecional del DLOTTT, los despidos por discriminación política siendo los más recientes por exigir el Revocatorio Presidencial, la intervención del pranato en la vida sindical y la ausencia de dialogo social, ha generado un estallido en el Sistema de Relaciones de Trabajo, que ha determinado el ausentismo generalizado hasta de un 40%, el sicariato de más de 500 trabajadores y sindicalistas, la búsqueda de ingresos extras en el mercado paralelo de “bachaqueros”, el aumento de la informalidad cercana a los 5.000.000 de trabajadores o simplemente el exilio de más de 2.000.000 de venezolanos, donde el 90% es talento joven menor de 30 años.

Ante esta catástrofe socio-laboral necesitamos reconstruir los sindicatos

En el peor momento de nuestra existencia como nación, cuyas calamidades actuales son comparables, a las que sufrió la población venezolana en las guerras civiles de independencia y federales del siglo XIX, necesitamos reconstituir las instituciones y centrales sindicales, en la misma dirección de ese sindicalismo que fue coparticipe hace 80 años en 1936, de la conquista de la democracia y la libertad de expresión. Por tanto FADESS promueve y participa en las iniciativas necesarias a lograrlo, sea en la Unidad de Acción Sindical (UAS) o en la iniciativa propia de proponer la inmediata movilización de los trabajadores ante la tragedia que padecemos.

Nuestras propuestas:

DECLARAR LA HORA CERO HACIA LA JORNADA NACIONAL DE PROTESTA

En base a los siguientes puntos:

A partir de la situación descrita proponemos la agenda contentiva de los diferentes componentes que integran la crisis:

1. Un cambio de gobierno pacífico, democrático, constitucional, y electoral. Al más corto plazo posible (REFERENDO REVOCATORIO)

2. Un cambio de política económica. Macroeconomía y economía de la producción.

3. Una política urgente de combate a la inflación.

4. Atención concertada de la crisis humanitaria:

~ Alimentos

~ Medicinas

~ Insumos quirúrgicos

5. Una política nacional de ahorro y de supresión de los gastos no prioritarios o superfluos:

~ Gasto militar

~ Propaganda oficial

~ Viajes

~ Ayudas Externas

6. Una política central anticorrupción y de recuperación de bienes de la nación

7. Un plan nacional concertado, de reconstrucción y recuperación de la infraestructura productiva:

~ Carreteras y puentes

~ Electricidad

~ Aguas servidas

~ Desechos sólidos (“Basura”)

~ Hospitales y ambulatorios

~ Escuelas y Universidades

8. Plan nacional para la recuperación del salario (Poder adquisitivo de 250 $, a la par de los vecinos de la región). En un año.

9. Un plan nacional concertado de industrialización y reindustrialización:

~ Recuperación de empresas

~ Las prioridades

~ Atención a las empresas expropiadas:

a. Las no pagadas

b. Las que se pagaron

~ El encadenamiento productivo venezolano

~ Producción sustitutiva de importaciones

~ Cese inmediato del acoso a las empresas

10. Constitución del Consejo Económico y Social, de consulta obligatoria

11. Gran acuerdo nacional que asuma consensuadamente el programa del trabajo decente de la OIT

12. Reestructuración global de PDVSA, y concentrar el esfuerzo en la producción, refinación y exportación de hidrocarburos

13. Evaluar, preservar y articular de mejor manera las políticas sociales llamadas misiones integradas a los sistemas nacionales de servicios públicos: Educación, Salud.

14. Renegociación urgente de la deuda externa; con nuevos plazos de pago y tiempos muertos que permitan liberar recursos para atender gastos económicos y sociales prioritarios

15. Esfuerzos compartidos para superar la crisis y también sacrificios compartidos para superar la misma. Sobre los trabajadores y los más pobres no puede recaer la mayor parte del costo social de la crisis.

16. Convocatoria inmediata a la negociación colectiva en el Sector Publico suspendida en los últimos 10 años, en gobernaciones, alcaldías, ministerios, fundaciones, institutos autónomos.

17. Convocatoria inmediata a la negociación colectiva en el Sector Privado, a partir de la actualización de los contratos colectivos, donde se incentive al trabajador en el contexto inflacionario a su inserción al trabajo.

18. En materia de Seguridad Social exigir a la Asamblea Nacional la discusión de los proyectos de Ley de Salud y de Jubilaciones y Pensiones en el contexto de la Ley Marco de Seguridad Social aprobada en Diciembre 2002.

19. Exigir al Ejecutivo Nacional el cese a la persecución por discriminación política y el reenganche de todos los despedidos desde 2002 hasta el 2016 hasta los despedidos por retaliación política.

20. Exigir a la Asamblea Nacional la Reforma del DLOTTT y elaboración del Reglamento del DLOTTT que permita superar el sesgo estatista que limita la libertad Sindical, igualmente el Proyecto de Libertad Sindical propuesto desde la UAS.

21. La instalación de Mesa de Dialogo Social de Empleadores Privados, Trabajadores y Estado, que aborde el urgente tema de Aumento general de Salarios, Empleo y Seguridad Social.

FADESS

Caracas, 22 de julio de 2016

El pasado domingo 24 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer su decisión en torno a la crisis que se generó con la publicación del Informe Mc Laren, que reflejaba la corrupción del deporte en Rusia y la participación de altos poderes del estado en un sistema diseñado para ocultar el dopaje de sus deportistas. La decisión, deja en claro la posición ¨Salomónica¨ de los miembros del COI, al trasladar la responsabilidad de suspender a los atletas involucrados en dopaje a las Federaciones Deportivas, y asumir por otro lado, el servilismo complaciente con el gobierno ruso, responsable directo de la organización y puesta en práctica del dopaje de atletas como una política de estado.

Al evadir sancionar a los gobernantes rusos, el COI deja muy en claro que su decisión ha sido negociada con el alto gobierno del Kremlin, representado por el Ministro del Deporte Vitaly Mutko y el propio presidente Vladimir Putin. Rechazando o dándole la espalda a la Asociación Mundial Antidopaje (AMA) que había solicitado al COI la exclusión total del país de los Juegos Olímpicos Rio 2016, como un castigo colectivo, a la altura de la gravedad de los hecho, para proteger la integridad del deporte.

En segundo lugar, llama la atención que la responsabilidad de las medidas disciplinarias fuese trasladada unilateralmente a las Federaciones Deportivas Internacionales, lavándose las manos el COI, como un ¨Pilatos¨ cualquiera. Posteriormente, con su cara muy lavada Thomas Bach, presidente del COI anuncia que: ¨Los deportistas rusos de las 28 especialidades olímpicas tienen que asumir las consecuencias de lo que puede considerarse una responsabilidad colectiva, por lo que no puede aplicársele el principio de presunción de inocencia¨. En otras palabras, esta supuesta responsabilidad colectiva es solo de los atletas. Putin y su combo quedan excluidos de la aplicación de cualquier sanción. No sería extraño, que en el día de mañana el Kremlin condecorara a Pilatos Bach.

La acomodaticia decisión del COI, también contempla que no podrán participar en Rio 2016, los atletas que alguna vez en el pasado hayan sido sancionados por dopaje aunque hayan cumplido su sanción. Esta medida, trae al recuerdo como diferentes comités olímpicos nacionales, como el británico, quisieron aplicarla con sus propios deportistas y como el Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS) les desautorizó considerando que no se puede sancionar a un deportista dos veces por una misma falta.

Pero, nuevamente la doble moral queda al descubierto. Justin Gatlin, el norteamericano campeón olímpico de los 100 metros en Atenas 2004 que, tras ser sancionado por dopaje cuatro años, ganó la medalla de bronce en Londres 2012 y !ahora va a competir en Rio! Al verse descubierto, Pilatos Bach se limitar a decir que la decisión del COI solo afecta a los rusos. Solo le faltó anunciar el nuevo paradigma de los Juegos Olímpicos ¨lo importante no es competir sino doparse sin ser descubiertos¨ y “si los descubren, los gobiernos quedan excluidos de responsabilidades”.

Para no dejar ningún cabo suelto, el COI también anunció la no aceptación en Rio 2016 de la rusa Julia Stepanova, la medio campista que primero denunció el sistema de corrupción en su país y que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) quería que compitiera como atleta neutral, como ya lo había hecho en los Campeonatos Europeos de Ámsterdam.

El argumento del COI es que no reconoce la figura de ¨Deportista Neutral¨, asumiendo con ello una posición antehistórica ya que en el mundo deportivo y político son ampliamente conocidos los casos de:

- Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cuando Yugoslavia se encontraba sancionada por Naciones Unidas debido a las guerras yugoslavas y sus atletas no podían participar en competiciones internacionales. El equipo de los Participantes Olímpicos Independientes, estuvo formada en aquella ocasión por deportistas de la República Federal de Yugoslavia y de la República de Macedonia.

- En los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, se designaron como Atletas Olímpicos Individuales a los cuatro deportistas de Timor Oriental

- En el año 2011 fue disuelto el Comité Olímpico de las Antillas Neerlandesas tras la desaparición de dicha colonia ocurrida en 2010. Sin embargo, los atletas de la ex Antillas Neerlandesa de Curazao, así como un atleta de Sudán del Sur, compitieron como Atletas Olímpicos Independientes. Así mismo, los deportistas de las antiguas Antillas Holandesas tenían la opción de competir bajo la bandera de Holanda (como por ejemplo Churandy Martina) o bajo la bandera de Aruba.

En el caso de la no aceptación de deportistas neutrales, Pilatos Bach también queda al descubierto con su doble moral, ya que el mismo fue quien propuso que en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, se designara como Equipo Olímpico de Atletas Refugiados a cinco deportistas de Sudán del Sur, dos de la República Democrática del Congo, dos de Siria y uno de Etiopía.

Pero, lo que sin lugar a dudas deja al descubierto la entreguista posición del COI frente al régimen de Putin, es que la atleta Julia Stepanova había sido acusada de traidora por las autoridades del Kremlin y en solidaridad complaciente Pilatos Bach presidente del COI excluye su participación en Rio 2016.

De rodillas y complaciente con el dopaje como política de estado es el nuevo espíritu olímpico de Thomas ¨Pilatos¨ Bach y su combo del COI.