Me ha causado grata impresión la importancia que el australiano le confiere al consumo de café de alta calidad. Los puntos de venta de café son muy reconocidos y resultan como referencias.

En el centro de Sidney (la City) por ejemplo, todas las mañanas se observan colas de personas en numerosos puestos de venta que de manera casi exclusiva solo venden café. Estos sitios son atendidos por personas entrenadas como baristas y se manejan con la agilidad necesaria para satisfacer a una clientela exigente.

Hay cafés que son cadenas comerciales pero en su mayoría son producto de iniciativas personales. Entiendo que el margen de rentabilidad que permite la venta de café es sustancial (40 al 50%) lo que hace atractiva la aventura comercial y la competencia; de hecho el consumo por persona por año es de unos 3.0 kg de café.

Hay sitios en los cuales la venta de pastelería complementa la venta de café y se promueve la tertulia o con la disposición del mobiliario uno se entretiene con solo ver la gente en la calle. En muchos, el barista orienta al cliente sobre las características de los distintos cafés y sus mezclas con licores y aromatizantes que se ofrecen, lo que promueve el inicio del conocimiento de lo que posiblemente sea nuestra mejor mezcla de cafés.

Entrar a una buena cafetería en Australia sin duda resulta en una grata experiencia particularmente para el tomador de buen café.

julio 4, 2016

Pdvsa acaba de colocar en su página web una información chucuta que dice ser el Informe de Gestión 2015 de la empresa. Según Eulogio Del Pino, su presidente, la presentación de estos resultados fue posible ¨a pesar de la guerra de precios por barril de petróleo, de la guerra económica, de las adversidades y de los enemigos de esta Patria¨ ¡Bravo por ese tenaz y valiente gerente capaz de publicar algunas cifras de su gestión a pesar de tantas adversidades!

Como logro, Del Pino destaca que los ¨trabajadores y trabajadoras plantean la transformación y construcción del Socialismo en Pdvsa¨. Mientras tanto, la producción continúa cayendo y las refinerías están en el suelo. El Informe señala que la producción promedio del 2015 fue de 2.863.000 barriles por día (b/d), incluyendo los líquidos del gas natural. En sus Informes del 2014, 2013, 2012 y 2011, Pdvsa reportó 2.899.000 b/d, 3.015.000 b/d, 3.034.000 b/d y 3.129.000 b/d, respectivamente, de crudo más los líquidos del gas natural. Es decir, que del 2011 al 2015 la producción de Pdvsa cayó 266.000 barriles por día (b/d), o sea que el año pasado la producción fue de 97.090.000 barriles menos que en el 2011. ¿Cómo puede Del Pino afirmar que la producción está estable si su propio Informe indica que está en picada?

El Informe menciona que en la empresa laboran 114.259 trabajadores en Venezuela, pero oculta el número de contratados y el de trabajadores en actividades no petroleras, que en el 2014 eran 25.698 y 30.320, respectivamente.

Los ingresos por venta de crudo y productos fueron de solo 55.339 millones de dólares y los costos y gastos de 61.511 millones de dólares, es decir un déficit de 6.172 millones de dólares, que fueron cubiertos con un ajuste contable, producto de la devaluación, por un monto de 16.830 millones de dólares. Cabe mencionar que la empresa tuvo que desembolsar 22.965 millones de dólares para importar petróleo crudo y sus productos, parte de ellos adquiridos al ¨imperio¨.

En dicho Informe, los auditores dejan constancia de que ¨Pdvsa realiza investigación sobre ciertos hechos de los cuales fue objeto en relación con su proceso de procura internacional de bienes y servicios que se realiza a través de una de sus filiales. Su posible efecto sobre los resultados de las operaciones y de la situación financiera no se puede determinar con suficiente precisión en este momento¨. Dicho en criollo, los casos de corrupción en Bariven detectados en Estados Unidos y de los cuales ya se declararon culpables los corruptores y dos empleados corruptos de la empresa, pero Pdvsa oculta los nombres de los directivos y gerentes involucrados.

Sin necesidad de apelar a otras fuentes de información que ofrecen un panorama más grave, el mismo Informe de Pdvsa evidencia la hecatombe de la empresa.

Como (había) en botica:

Hoy, Día de la Independencia, cabe recordarle al Alto Mando Militar que con su aval los rojos permitieron a Guyana la exploración petrolera en aguas que reclama Venezuela. Si no hubiesen expulsado a la Exxon Mobil de la Faja del Orinoco seguramente esta empresa no habría realizado actividades exploratorias en esas aguas, con resultados positivos. Este Alto Mando no defiende los intereses de la patria, pero masifica los ascensos de oficiales. Solo en el ejército ascendieron 28 nuevos generales de división y 41 generales de brigada. La mayoría de la oficialidad seguramente rechaza esta proliferación de generales. Entre los nuevos generales de brigada del ejército, ascendieron J. M. T., J. M. B. y M. F., quienes se graduaron en la Escuela Militar en los puestos 207, 189 y 184 de una promoción de 214, respectivamente ¡Viva la meritocracia! Lamentamos el fallecimiento de Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y defensor de los Derechos Humanos. El vejamen a que sometieron a cuatro seminaristas en Mérida evidencia, una vez más, la baja calaña de los rojos. El hampa común ¿o política? asaltó la residencia y agredió al distinguido amigo Alfredo Coronil Hartman a quien expresamos nuestra solidaridad ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

El propósito central del informe, presentado ante el Consejo Permanente de la OEA el 23 de junio, fue hacer una evaluación del carácter democrático del gobierno de Nicolás Maduro. A tal fin se partió de la definición de democracia contenida en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana donde se enumeran los elementos esenciales de una democracia. Tomando como referencia estos elementos, en el informe se define la democracia en primer lugar como un régimen de libertad, libertad de expresión, de asociación, de reunión, de prensa. El concepto incluye también una ciudadanía empoderada, una judicatura independiente. Una estructura de seguridad que tenga la confianza del pueblo y que rinda cuentas. Es además el ejercicio del poder dentro de un Estado de derecho. Los gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos, de proveer seguridad. Dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos y rendir cuentas.

Tomando el concepto de democracia ya señalado como marco de referencia, el Secretario General de la OEA aborda el análisis de la crisis social y humanitaria que atraviesa Venezuela, la violencia y corrupción desenfrenada y finalmente las restricciones a la libertad y la precaria separación de poderes que existe en el país. Hicimos una síntesis del Informe que dividimos en dos partes a fin de facilitar la lectura; en la parte I incluimos la crisis social y humanitaria, la violencia y la corrupción. Las restricciones a la libertad y la separación de poderes las abordamos en la parte II, que serán difundidos en un segundo artículo. En esta segunda parte incluimos las conclusiones a las que llegó el Secretario General de la OEA sobre el carácter democrático del gobierno venezolano. A continuación insertamos la síntesis, las frases entre comillas son citas textuales del texto.

1.Precariedad de los derechos sociales:

El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra enfrentando niveles de pobreza sin precedentes. Venezuela ocupa el 9° lugar mundial con la peor tasa de desempleo. 73% de los hogares y 76% de la población se encuentran en situación de pobreza (año 2015). El salario mínimo equivale a 13,75 dólares al mes lo que equivale a 50 centavos de dólar por día. La escasez de alimentos alcanzó a 82% en enero del 2016. 87% de los venezolanos declaran que no tienen el dinero suficiente para comprar los alimentos que necesitan. Se requieren 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia. Una cuarta parte de la población vive con menos de dos comidas al día. La desnutrición afecta a los más vulnerables. La tasa de mortalidad infantil se está incrementando, así como los problemas de crecimiento en los niños.

2.Crisis humanitaria:

-La falta de agua y electricidad se ha tornado común limitando la prestación de servicios de las instituciones públicas.

-Falta de insumos básicos y sustancias como el cloro para el tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.

-Sistema de salud enfrenta serios problemas por carencia de equipos, doctores y medicinas. Servicios médicos debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que se agrava todavía más por la escasez de medicinas e insumos. Los pacientes deben aportar los insumos en caso de tratamiento en los hospitales públicos, si estos se acaban deben interrumpir el tratamiento.

-La inestabilidad ha dado lugar a la inmigración masiva de profesionales de la salud. Han cerrado la mayoría de los centros de salud cuyo personal era de origen cubano

-En enero de 2015 la Cámara Farmacéutica reportó deuda de 6000 millones de dólares con proveedores internacionales. Farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos.

-El 5 de abril la Asamblea Nacional (AN) promulgó una ley para atender “la crisis humanitaria de salud”. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la declaró inconstitucional.

3.Violencia y delincuencia:

-Saqueos: la violencia ha estado aumentando en el periodo reciente en la medida que se agudiza la escasez. Se han reportado más de 250 casos de saqueo en todo el país. Los transportes de alimentos y bebidas al igual que los centros comerciales y almacenes han sido objeto de saqueos. También se han incrementado las protestas de la población por la escasez. La represión de las protestas ha ocasionado víctimas mortales.

-La delincuencia ha alcanzado niveles históricos. El gobierno reconoció que, en el año 2015, ocurrieron 58,1 homicidios por 100.000 personas. La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100.000 personas. En el año 2015 el número de muertes violentas fue superior al registrado en Afganistán.

-“La policía, la GN, los jueces, la fiscalía y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada”.

-El gobierno ha establecido una fuerza paramilitar para reprimir a la delincuencia organizada que ha sido acusada de ejecuciones sumarias.

- En los últimos cuatro años murieron 1320 integrantes de las fuerzas policiales y militares a manos de los delincuentes. La mayoría de ellos no estaban de servicio a la hora de su muerte.

-“Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil”.

4.Corrupción:

-La Comisión de Contraloría de la AN ha estimado gastos del gobierno por 69.000 millones de dólares, por presunta corrupción.

-Ex integrantes del gabinete del difunto presidente Chávez señalan la desaparición de ingresos petroleros por el orden de 300.000 millones de dólares.

-Transparencia Internacional clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a corrupción. Es el caso más extremo de la región latinoamericana. Los países que están debajo de Venezuela son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.

-75% de los venezolanos creen que la corrupción es generalizada.

5.Comentario final

Como se ha visto, el concepto de democracia implica que los gobiernos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos, de proveer seguridad y dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos y rendir cuentas. Lejos de esto el gobierno venezolano ha contribuido a crear una crisis social y humanitaria sin precedentes y elementos del mismo han estado involucrados en la delincuencia organizada. Como lo ha postulado el Secretario General de la OEA “el gobierno se ha olvidado de defender el bien mayor, el bien colectivo”. Adicionalmente, mientras el país se hunde en una crisis social y humanitaria y la violencia se disemina con la complicidad de las autoridades, la corrupción prospera sin control alguno. Ello lleva a Almagro a insistir en el tema ético. A este respecto señala que aquellos que han elegido representar al pueblo en funciones de gobierno deben estar conscientes de que esto “es un servicio público… no es un negocio donde las personas buscan un beneficio”. A lo largo de su exposición el Secretario General insiste en que “lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política” debido a la corrupción generalizada del régimen chavista-madurista.

(El Informe presentado por Almagro fue culminado en mayo de este año, tiene 132 páginas; la presentación del 23 de junio es una versión actualizada y condensada del documento previo que tiene 17 páginas de extensión. Para la elaboración de esta síntesis hemos tomado como base la versión de la presentación del informe difundido por El Nacional)

Profesor UCV

Hernando Grisanti Aveledo, verdadero maestro del derecho penal venezolano, profesor de la Universidad de Carabobo, tratadista reconocido, agudo crítico y hombre de fino humor, acuñó la expresión que sirve de título a este artículo para aplicársela a “corredores de presos” y manipuladores de artículos del Código Penal, ignorantes de su verdadero significado y alcance.

Se trata, sin duda de pretendidos penalistas a los que corresponde el nombre porque “dan pena”, desconociendo los principios y el razonamiento que inspira la rama más bella del derecho, en la que está en juego la libertad del hombre por las transgresiones más graves a la convivencia en sociedad.

A esta nota de vergüenza, habría que añadir que por todas partes afloran sedicentes penalistas, que no solo dan pena, sino que infunden terror en la colectividad, esgrimiendo y sugiriendo a políticos de oficio el recurso a la justicia penal, apelando a la letra tergiversada de artículos impertinentes con los cuales se amenaza a los adversarios, contando, para complemento, con el auxilio de funcionarios dispuestos a practicar detenciones sin orden judicial, bajo el alegato de una flagrancia inexistente o a ejecutar ordenes de captura sin fundamento alguno.

Estas prácticas se han convertido en el arma más eficaz del gobierno para neutralizar a los declarados como “enemigos del sistema”, con la amenaza de encarcelamiento en depósitos que sirven de prisiones en los cuales se cumple, de inmediato y sin término, el encerramiento y aislamiento carcelario, bajo el argumento carente de todo sentido, de haber incurrido en pretendidas “conspiraciones”, de “ acciones desestabilizadoras” o haber “instigado al delito”, “a la desobediencia de las leyes” o haber causado pánico o mantenido en zozobra a la colectividad, todo ello, con el añadido ya usual o formar parte de un grupo de delincuencia organizada.

Por supuesto, para que tengan efecto las amenazas, debe contarse con órganos de la administración de justicia absolutamente plegados a quienes detentan el poder, dispuestos a actuar de manera expedita y efectiva, aplicando de inmediato la pena anticipada de la prisión preventiva.

Los penalistas que dan pena han ascendido a penalistas del terror, provistos de códigos o decretos-leyes, armas letales con capacidad para hostigar, acorralar y tratar de destruir las resistencias del amenazado y las reservas morales de su familia.

El empleo de la amenaza de un proceso penal, laberinto de horror signado por la incertidumbre, se convierte en el instrumento más eficaz para doblegar la voluntad, sin necesidad de recurrir a la fuerza bruta ni a las armas.

El derecho penal, conjunto de normas destinadas a proteger bienes fundamentales para la vida social contra los ataques más severos que ameritan las máximas sanciones, se ha convertido así, entre nosotros, en el recurso ordinario para mantener el control de la disidencia.

Por supuesto, hablar de conspiración por redactar documentos que plantean el cambio político; hablar de instigación pública por el hecho de llamar al rescate de la democracia; calificar de asociación para delinquir la pertenencia a un grupo político; o considerar como legitimación de capitales la posesión de dinero en efectivo sin determinar su procedencia ilícita, son manifiestas aberraciones que merecen el más rotundo rechazo colectivo.

Estas maniobras, destinadas a la perversión de la legalidad penal, deben ser denunciadas y debemos tomar conciencia de que nunca más la lucha política debe estar en capacidad de contar con un “sistema de justicia” cuyos responsables se vean acorralados y aterrorizados, convertidos en instrumentos de la arbitrariedad y del abuso del poder.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional, 4 de julio 2016

Colombia y México han sido calificadas como potencias alimentarias en América Latina [1]. En el caso específico de Colombia, el Estado cuenta con una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y, además, ha registrado sus estrategias y acciones para garantizar la seguridad alimentaria en un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019.

El Estado Colombiano, en el Plan mencionado, se compromete a garantizar que la población disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad. Así mismo, y respetando las particularidades de cada región, reconoce al Municipio como uno de los actores corresponsables en garantizar la seguridad alimentaria a través de un diseño institucional que busca impulsar la cooperación y articulación de los distintos niveles políticos territoriales.

Un reciente estudio, realizado por la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, destaca que en Medellín se come menos y con menor calidad; además, ese estudio advierte que 31% de los ciudadanos tiene la percepción de que uno de los integrantes de la familia se acuesta sin comer o que la calidad de los alimentos ingeridos ha disminuido[2].

Para enfrentar el desafío que impone ese estudio mencionado en el párrafo anterior, la Alcaldía de Medellín se presenta con un Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2028, que además se complementa con la existencia de una Unidad de Seguridad Alimentaria en su propia estructura organizativa.

Mientras la Alcaldía de Medellín convoca a distintos actores locales de la sociedad civil para incluirlos en la labor de garantizar la seguridad alimentaria[3], en Venezuela se convoca a actores comprometidos con el Socialismo del Siglo XXI, como las UBCh, Frente Francisco de Miranda, UnaMujer, entre otros, para que junto al Poder Popular y la FANB, conformen lo que han llamado Consejo Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado mediante un Decreto de Estado de Excepción, que por cierto, fue rechazado por la Asamblea Nacional.

Para, Ericka Farías, los Clap son una “forma de lucha, nueva forma de organización, que nace en tiempos de guerra y que constituye un ejército de vanguardia revolucionaria para defender la Patria”[4], para nada menciona el tema de la seguridad alimentaria; por su parte, el gobierno define estas figuras como instancias del pueblo organizado que integra lo que han denominado Sistema Popular de Distribución de Alimentos, a través del cual pretenden que el Poder Popular garantice la distribución de artículos de primera necesidad.

Un paseo por los distintos medios de comunicación digital permite validar que el CLAP va más allá que una simple estructura para distribuir alimentos de primera necesidad, también se plantean como una forma de organizar políticamente a los seguidores de la revolución y adoctrinarlos, por lo que amenaza con ser una herramienta para ejercer mayor control social y político sobre las familias y las comunidades donde opere el CLAP.

Recientemente, en Carabobo, un representante del Instituto Nacional de Nutrición (INN) en el taller de formación de formadores del CLAP, reconocía el compromiso de estas figuras con la revolución; en ese mismo taller, la Escuela Venezolana de Alimentación, informaba que los integrantes de los CLAP serían también formados en temas como la ética socialista, contraloría social, seguridad y soberanía alimentaria, cultura alimentaria y nutricional, y política económica[5].

Los medios digitales registran la realización de varios talleres de formación a los CLAP en distintas ciudades del país en las últimas semanas, entre ellos, el taller celebrado en el Municipio Santiago Mariño, Nueva Esparta, reitera que la formación incluye contenidos ideológicos y políticos; en el caso de Tinaquillo, Cojedes, entre el contenido del taller se destaca un punto en el cual se plantea cómo modificar los hábitos alimentarios atendiendo a la situación de abastecimiento actual.

Es importante acotar que ese esquema de formar multiplicadores para luego formar a los integrantes de cada CLAP, cuyo contenido tiene un componente importante de adoctrinamiento, es una receta repetida, en el pasado lo hicieron cuando se dictaron las leyes del Poder Popular y cuando empezaron a impulsar las Comunas. La estrategia la repiten abusando de la necesidad de conseguir alimentos en un país donde la escasez y el hambre se transforman en política de estado.

La estrategia en la distribución de alimentos, trae consigo el intento de crear una estructura institucional paralela, contraria a la Constitución y que de manera centralizada, con un Estado Mayor del CLAP, intenta conformar una instancia estadal llamada Estado Mayor de Distribución, creado en Aragua, Zulia, Nueva Esparta y Táchira; otra instancia llamada Estado Mayor Municipal para la distribución de alimentos que, según los medios digitales, ya se ha creado en San Mateo, Aragua y Boconó, Trujillo; y en el caso de Caracas, se habla de un Estado Mayor Parroquial creado en el Recreo y en San José, respectivamente.

Esta creación de instancias recuerda mucho al diseño institucional de control sobre la organización comunitaria que pretendió imponer sin éxito la Ley de Consejos Comunales del 2006 con aquellas Comisiones Nacionales, Regionales y locales del Poder Popular, que también estaban bajo el control directo del Presidente de la República.

Resulta oportuno recordar que la revolución no pudo crear en 2008 lo que llamó Unidad de Abastecimiento Socialista, y que pretendía conformar uno por cada estado, con la finalidad de colocar la producción nacional de carne, pescado, frutas, legumbres y hortalizas, compradas directamente por el Estado a los productores y procesadas por el propio Estado a través de lo que llamó Corporación Venezolana Agraria. Por cierto, ese mismo año el gobierno también creó un Centro Nacional de Balance de Alimentos, entre cuyos objetivos estaba crear mecanismos de alertas tempranas, para evitar la inexistencia de los rubros alimenticios y no alimenticios.

Además, en ese año 2008, también se aprobó el Decreto Ley de Defensa Popular contra el Acaparamiento, Especulación, Boicot y cualquier otra conducta que afecte al consumo de alimentos o producto sometido a control de precio, el cual fue derogado en el 2010 por la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a los bienes y servicios.

Luego de todas esas iniciativas fracasadas, hoy el país enfrenta la escasez, el hambre y una grave crisis política, social y económica, frente a la cual el Estado responde con un Estado de Excepción, que facilita la imposición del CLAP como centro de distribución de alimentos y como corresponsable del orden público.

Luego de 16 años desde que se aprobó la Constitución vigente y con iniciativas gubernamentales como las señaladas, debemos preguntarnos primero: ¿el venezolano tiene la garantía de poder disponer de manera suficiente y estable de alimentos? y segundo: ¿puede el venezolano, sin discriminación alguna, acceder y consumir de manera oportuna y permanente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad, bajo condiciones que garanticen una vida saludable y activa?

Las respuestas podrán valorar los niveles de seguridad alimentaria que la Revolución garantiza a los venezolanos. Si el estudio sobre la seguridad alimentaria en Medellín reflejó que era una ciudad donde se come menos y con menor calidad ¿qué resultado arrojaría ese mismo estudio en las principales ciudades de Venezuela?

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[1]El País. Colombia declarada potencia alimentaria en América Latina. 18 de junio 2016. Online en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-declarada-pot...

[2]El Colombiano. Expertos definieron plan para que en Medellín se coma mejor. 17 de noviembre 2016. Online en: http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad-alimentaria-tiene-plan-e...

[3] Minuto30.com. Este Jueves se reúne en Medellín la primera mesa pública en seguridad alimentaria. 01 de junio 2016. Online em: http://www.minuto30.com/este-jueves-se-reune-en-medellin-la-primera-mesa...

[4] FONDAS. Despliegue del Estado Mayor verificará trabajo de los CLAP. 08 D EJUNIO DE 2016. Online en: http://fondas.gob.ve/index.php/2016/06/08/despliegue-del-estado-mayor-ve...

[5] Instituto Nacional de Nutrición. Taller de Formación de Formadores de Clap. 11 mayo 2016 http://www.inn.gob.ve/innw/?p=15108

1 de julio de 2016

https://politikaucab.net/2016/07/01/institucionalidad-y-seguridad-alimen...

Cada vez es más difícil encontrar alguna opción para negociar o dialogar con el jefe del régimen y sus adláteres porque ¿qué se puede negociar, o dialogar, con un gobierno que se hunde cada vez más por sus propios errores? Para el país, las opciones del gobierno son: no hacer nada para que las cosas empeoren por si solas o, hacer algo para igualmente empeorarlas, algo así como debatirse entre malo y pésimo, para infortunio de la gente.

Al parecer, cuando ganaron las elecciones presidenciales, los integrantes del régimen pensaron que deberían concluir su mandato en el 2019 y eso era de fiel cumplimiento para el resto del pueblo venezolano, independientemente del tipo gobierno que se hiciera y este, lo ha hecho muy mal. Pero también olvidaron el referendo revocatorio, previsto en la Constitución. Así que, para el gobierno, el RR es el obstáculo para llegar hasta el 2019, obviamente, y eso es, lo único que puede negociar.

Del otro lado, el de la oposición democrática, en la situación de crisis que tiene el país y la incapacidad manifiesta del gobierno para encontrarle solución, la única solución es el RR o la renuncia del mandatario y su gobierno, ya que son ellos el problema mayor para la solución del país, en consecuencia, tanto gobierno como oposición tienen, de inicio, posiciones no negociables.

Además de esta fecha de entrega, es muy difícil negociar con el gobierno algunos incentivos para que renuncien al 2019 y se sometan al RR. Un régimen que internacionalmente ya tiene, bajo fuertes sospechas, a muchos de sus dirigentes más connotados por violación de los Derechos Humanos, lavado de dinero y narcotráfico, todos ellos tipificados sin prescripción por la legislación internacional y nacional, cómo puede la oposición democrática, o los negociadores, ofrecer salvoconductos para que puedan irse a otros países sin correr el riesgo de que los detengan en las primeras de cambio. ¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Qué se queden en el país, bajo el acuerdo de que no se iniciará una cacería de brujas contra estos funcionarios? ¿Cómo se les explica al pueblo, que no se iniciaran acusaciones contra unos funcionarios que luego de recibir un billón de dólares en 15 años, lograron quebrar al país y lo dejaron en las miserables condiciones en que se encuentra? Y eso que aún no ha intervenido el “tiempo social”, el del hambre, que como que será el que defina la situación.

Mientras tanto, además de las trabas, cada vez más absurdas que inventa el CNE para impedir el RR, al mismo parece que se le olvidó que el último de junio debió convocar a las elecciones de gobernadores previstas para el mes de diciembre. Más olvidadizos parecen los de la MUD nacional al respecto, que estando comprometidos a elegir los candidatos mediante primarias, como que quieren hacerse los locos, para al final decir que no hay tiempo para hacer primarias. Aunque también pueden estar esperando que el “tiempo social” decida.

Apreciación de la situación política # 68

2 de julio de 2016

Para nuestro estado queremos un ejercicio de la política y unos poderes públicos como los que se delinean de inmediato.

Política

1. Entendemos por política la actividad humana que aspira la obtención del poder para un determinado grupo o tendencia, en el marco de una realidad concreta y con el objeto de adelantar con su ejercicio, acciones en la búsqueda del bien común. Ejercer la política con un sentido ético implica, adicionalmente, tener presente que en la sociedad existen grupos minoritarios que no pueden ser ignorados y a los cuales hay que garantizarles la preservación de sus derechos.
2. El actor fundamental de la política es el individuo, quien, mediante la emisión y defensa de sus opiniones en relación a lo que le concierne, hace en lo cotidiano un ejercicio constante de la misma.
3. Las afinidades y la necesidad de aunar esfuerzos en procura de objetivos de interés común, fomenta la aparición de agrupaciones de diversa índole dentro de la sociedad civil.
4. Entre ellas se crean, en el seno de las sociedades democráticas, los partidos políticos como instrumento indispensable para la canalización de las aspiraciones al ejercicio del poder, por la vía electoral y en competencia con grupos que tienen el mismo interés, pero visiones distintas de que hacer en caso de llegar a obtenerlo.
5. Los partidos deben ser expresiones contrastantes de posiciones ante las realidades que vive una sociedad. Dada la imposibilidad natural de la existencia de un pensamiento único, la búsqueda de consensos debe ser una de sus obligaciones fundamentales.
6. Los militantes de cada partido están en libertad de decidir la forma de conducir la actuación política de su organización, tanto internamente como en su vinculación con el entorno.
7. Aquellos partidos que se autodefinen democráticos, deben tomar sus decisiones trascendentales mediante la consulta directa a sus militantes y allegados.
8. Cuando la realidad y los intereses en juego obligan a la actuación conjunta con otros partidos y organizaciones de la sociedad civil, es indispensable precisar las reglas que demarcarán dicho accionar.
9. En el ámbito conceptual, la definición clara de lo que se aspira con las alianzas es un requisito ineludible, así como también lo es la selección de los representantes de todos, particularmente la de los aspirantes a cargos de elección popular, mediante la consulta a aquellos que se reconocen como partícipes del mismo interés, sean estos militantes o no de los partidos involucrados.
10. Por esta vía se puede facilitar el surgimiento de liderazgos apuntalados por el reconocimiento público, nacidos en el seno de la sociedad, con formación política y respaldo basado en su trabajo previo.
11. Todo lo anterior justifica que en una visión compartida de Aragua que queremos, no falte la recomendación de consultar a los electores potenciales sobre quienes deben ser sus representantes en los eventos comiciales por venir, como parte de un ejercicio transparente de la política.
12. Demandar posiciones públicas claras a los partidos y agrupaciones electorales, en relación con los problemas sociales, económicos y ambientales que nos afectan. Este planteamiento es una posición política ante los que aspiran a ser representantes de la sociedad y en ningún caso debe confundirse con un ataque a la política, ni a los partidos como instrumentos de actuación electoral en la misma.
13. Velar por el cumplimiento de las leyes en el funcionamiento de los partidos y particularmente en el financiamiento de sus campañas electorales, debe ser obligación exclusiva del Estado. La asignación y gasto de los recursos necesarios para el desempeño de las actividades partidistas, debe ser regulado y supervisado legalmente como garantía de equidad y respeto a la diversidad.

Poderes Públicos

1. Comprometidos con la autonomía de los otros poderes, la descentralización, la democracia como sistema político y la libertad como esencia del ser humano.
2. Encabezados por funcionarios electos democráticamente una vez comprobada su idoneidad para el desempeño de las responsabilidades de las posiciones a las que aspiran.
3. Al servicio de los ciudadanos y por lo tanto comprometido con los temas que le son de ineludible incumbencia, tales como justicia, honestidad administrativa, protección de los derechos humanos, servicios públicos, seguridad personal, ambiente, educación, salud, recreación y deporte.
4. Las Oficinas de Atención al Ciudadano deben ser obligatorias en las dependencias públicas, como entes orientadores y receptores de las expectativas de la gente y la constitución legal del Defensor de loa Derechos de los Usuarios es una opción a discutir.
5. Descentralizados mediante el uso de las estructuras formales de organización política y social que, por estar más cerca de las comunidades y sus realidades, deben ser más eficientes en el cumplimiento de las obligaciones específicas a encarar (concejos municipales, corporaciones estadales y municipales, juntas parroquiales, asociaciones civiles, juntas de vecinos, etc.).
6. Transparentes más allá de lo declarativo, estableciendo mecanismos formales que permitan que los ciudadanos ejerzan la supervisión de las actuaciones de los distintos niveles de actuación y puedan expresar sus necesidades y reclamos con la seguridad de que serán atendidos.
7. Participativos en la medida que la formulación de sus planes de actuación se construyan y ejecuten tomando en cuenta las opiniones de los ciudadanos a los que están destinados, para lo cual se crearán instancias formales de encuentro frecuente obligatorio entre el gobierno, los municipios y los diversos sectores sociales y productivos.
8. Eficientes gracias a la simplificación de los trámites y la automatización de los procesos.
9. Sujetos a contraloría social mediante la formulación de planes de actuación y a la periódica revisión de sus avances y formas de actuación, por parte de instancias jurisdiccionales competentes.
10. Vinculados con gobiernos y entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, en la búsqueda de actividades de cooperación que permitan captar y compartir experiencias exitosas en sus diferentes ámbitos de actuación.
11. Con funcionarios públicos honesto, capaces de desempeñar las exigencias de los cargos, seleccionados mediante concurso público, bien remunerados, con estabilidad, posibilidades para el desarrollo personal y protegidos en lo que a seguridad social se refiere. Las declaraciones de bienes de los funcionarios gubernamentales, de todos los poderes y niveles deben ser documentos públicos.