Por lo general se achaca a los militares la mayor cuota de responsabilidad por los atropellos del régimen a la Constitución e incluso algunos llegan a plantear la conveniencia de que desaparezca la Fuerza Armada. Otros achacan la culpa al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, pero a nadie se le ocurre solicitar que, cuando cambie el gobierno, estos dos organismos deben desaparecer. La responsabilidad es individual y no importa cuán desprestigiadas estén algunas instituciones, siempre hay la posibilidad de enderezarlas.

Los militares no pueden ser quienes decidan cuándo la Constitución ha sido violada. Ello sería muy peligroso. Lo vital es que ellos acaten la Constitución. Esta no contempla que la Fuerza Armada sea socialista o chavista. Los oficiales superiores que prediquen esta aberración deberán ser dados de baja.

Hay un grupo de militares que ha violado los derechos humanos al reprimir manifestaciones, en donde han sido asesinados y torturados numerosos ciudadanos. En estos hechos están implicados elementos de la Guardia Nacional, tanto oficiales como guardias. El 11 de abril del 2002 fueron señalados cuatro guardias nacionales por varios asesinatos, el 1 de marzo del 2004 un pelotón de guardias permitió que paramilitares rojos asesinaran a José Manuel Vilas en San Antonio de los Altos, el 4 de marzo del 2004 un oficial asesinó a Evangelina Carrizo en Machiques, el 19 de febrero 2014 asesinaron a golpes a José Alejandro Márquez en Caracas y el 22 a Geraldine Moreno, en Valencia.

Entre los atropellos que tuvieron amplia cobertura en los medios de comunicación podemos señalar los casos de Estrella Castellano, el 30 de setiembre del 2002, Elba de Diamante el 17 de enero del 2003, Elinor Montes el 27 de febrero del 2004, los violentos desalojos de los campos residenciales petroleros y particularmente el de Los Semerucos el 25 de setiembre del 2003. El 27 de febrero del 2004 y días subsiguientes guardias nacionales arremetieron con inusitada violencia, lanzando lacrimógenas delante, en medio de detrás de los manifestantes y disparando perdigones a quemarropa. En el 2014 también la Guardia cometió desafueros en contra de los estudiantes y el 24 de febrero 2014 fue brutalmente golpeada Marvinia Jiménez en Valencia. Desde luego que hubo muchas otras violaciones a los derechos humanos.

A la par que señalamos estos casos bochornosos, cuyos autores deben ser enjuiciados, es justo mencionar que numerosos oficiales de la Guardia Nacional han mostrado su desacuerdo con el régimen, padeciendo prisión y exilio. Sin duda que en la Guardia Nacional hay muchos corruptos, pero es un cuerpo necesario que, previa depuración, tendrá que persistir. Hasta ahora, con contadas excepciones, efectivos del Ejército no han participado en la represión, pero el régimen parece dispuesto a utilizarlos para sobrevivir a cualquier costo. Ojalá todos recuerden que las violaciones a los derechos humanos no prescriben y que no es excusa la obediencia debida.

Desde un punto de vista institucional los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, de otros tribunales y de la Fiscalía son quienes tienen mayor responsabilidad en las violaciones a la Constitución por parte del Ejecutivo. La alcahuetería con la que han respaldado las actuaciones del régimen y la saña con la que han procedido en contra de los ciudadanos no afectos al régimen no tiene precedentes. Hemos tenido otras dictaduras, pero las mismas procedieron descaradamente solo apoyándose en la fuerza. Es inaudito que profesionales del derecho, muchos de ellos profesores universitarios se hayan prestado a tantos atropellos. También hay que incluir a las cuatro Rectoras del CNE.

Hay individualidades que han sido nefastas para el país y que deben citarse. José Vicente Rangel es una de las celestinas del régimen. Diosdado tiene una perversidad que desdice de su nombre. Sus mentiras son tan burdas que darían risa en otras circunstancias. La más reciente fue la de presentar un testigo chimbo para inventar involucrar a Coromoto Rodríguez en las acciones de unos jóvenes en contra de policías que arbitrariamente impedían una marcha. A Jorge Rodríguez el resentimiento le impide actuar con honestidad intelectual. Jaua no supera su etapa de tirapiedra y Bernal sigue con su mentalidad represora. Isturiz se vendió por un plato de lentejas. Padrino López es responsable de la profundización de la politización en la Fuerza Armada y el general Gustavo González López además de embustero es un pobre títere, como muchos otros civiles y militares.

Militares y civiles, con nombre y apellido, son los responsables de la situación actual. Las instituciones no lo son. Bienvenidos al ala democrática quienes ya no comulgan con el régimen, aunque hayan tenido sus pecadillos-

Como (había) en botica:

Impecable el comunicado de la MUD: ¨Revocatorio, libertad de los presos y exiliados políticos, atención a las víctimas de la crisis humanitaria, respeto a la Asamblea Nacional y a la Constitución: ¡ese es el “diálogo” genuino que interesa al pueblo venezolano!¨. Un principio básico es que ¨el enemigo de mi enemigo es mi amigo¨ y viceversa. Lula y Dilma son evidentes amigos del régimen. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

El país pasa por una situación de crisis inédita en la historia sanitaria, que no tiene analogía con algún conflicto en el pasado, por su extensión, su profundidad y por la falta de respuestas, o mejor aún, por el tipo de respuestas que ha ensayado el gobierno.

Nuestros hospitales públicos siempre han tenido fallas en la dotación de medicinas y material médico quirúrgico, en el equipamiento, la infraestructura, así como en el pago de los sueldos y salarios. Pero lo que hoy vivimos los médicos, pero sobre todo, lo que padecen los pacientes y sus familiares, es un infierno sin parangón. Es que el deficit es muy extendido: son numerosos los insumos que no se encuentran, los equipos dañados, los reactivos inexistentes, los problemas de la infraestructura y de saneamiento que dificultan el acto profesional. Esto ha durado el curso de este año, y ha venido profundizándose con el paso del tiempo.

No solo ha ocurrido la muerte del niño Oliver Sánchez, de ocho años, por falta de quimioterapia, es que continuamente nos enteramos de historias hospitalarias que generan desolación en el alma, con lamentable frecuencia. En un chat de médicos de nuestro Hospital Central de Maracay, podemos leer un texto espeluznante: “en estos duros momentos es bueno que nos reconciliemos con Dios. Anoche me tocó ver como moría un paciente durante la emersión de la anestesia, presentó signos de EKG de IM cara anterior (diabético e hipertenso) y sin siquiera un isordil que ponerle debajo de la lengua, ni morfina, ni lasix, ni siquiera una aspirina para triturarla y pasársela por sonda nasogástrica como antiagregante. A la hora ya estaba muerto sin que se pudiera hacer lo mínimo para salvarle la vida. Solo un EKG para hacer diagnóstico. ¡Es duro!”

Los médicos venezolanos no estamos acostumbrados a ver morir gente sin poder hacer nada por falta de insumos, ¡y nunca nos debemos acostumbrar! Estas historias se repiten en todo el país, lo cual explica los conflictos, con variantes, en cada estado y cada hospital. Los resultados son muertes y discapacidad evitables. Por eso el nombre de “crisis humanitaria de la salud”.

Pero lo peor son las respuestas que han ensayado los mandamases, también variables en cada entidad federal. En Aragua, la respuesta es el silencio. Aunque las autoridades sanitarias conocen de la grave situación, actúan como si nada pasara. Nada hacen, nada dicen, solo culpan a la ministra de salud. En Lara el poder ordenó, por medio de un tribunal, que no se hiciera un paro de médicos por 48 horas, público y privado, como protesta. Pero igual se hizo por el apoyo y presión de la sociedad larense. En Mérida, un grupo de valientes residentes del hospital universitario iniciaron una huelga de hambre, a la que sumaron varios especialistas, siendo amenazados de ser despidos por el funcionario que tiene la responsabilidad de dotar el hospital universitario. Luego fueron descalificados por el propio gobernador, señalados de desestabilizadores. El propio presidente Maduro tomó parte en el asunto al prohibir ayuda humanitaria de “Cáritas”. Pero todos siguen sin reconocer el problema, ni tomar las medidas específicas: dotar los hospitales y la red asistencial humanitaria gratuita.

Resulta sorprendente que sabiendo la gravedad de la crisis hospitalaria, insistan en mirar para el otro lado, en tapar el asunto de una u otra manera, a pesar de las consecuencias, en vidas perdidas. Más en aquellos que hablan de “sensibilidad revolucionaria”, “preocupación por los más pobres”, pero la verdad es que a los desvalidos, el poder los deja desamparados ante la agresión de una enfermedad. Sorprende tanta indolencia, tanta negligencia, tanto desamor.

¿Será que tienen miedo de reconocer que los hospitales carecen de los insumos mínimos para salvar la vida de nuestros pacientes, que aceptar que la infraestructura sanitaria del país está en el suelo, porque los inculpa? ¿Será que prefieren negar a toda costa esta crisis con tal de no reconocer que tienen toda la responsabilidad del asunto? ¿Será, peor aún, que no saben cómo resolverla?. ¿Será que mantenerse en el poder es más importante que salvar la vida de miles de venezolanos que padecen semejante drama?

El infierno descrito es la razón por la que hoy se extiende la protesta médica por todo el país. Se repite, con variantes, la historia de José María Vargas con Carujo. Hoy los descendientes del oficio de José María Vargas podemos decir a los Carujos de hoy, con nuestra lucha por la salud y por la vida de los pacientes: “El mundo es del hombre justo. Es el hombre de bien y no el valiente, el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia”.

Ex -Presidente de CorpoSalud-Aragua

¿Qué modelo de servicio policial quiere el venezolano? En el año 2008, un Decreto Presidencial impuso un nuevo modelo policial en Venezuela que luego fue ratificado a través de la Ley Orgánica del Servicio y del Cuerpo de Policía Nacional, aprobada a finales del 2009 por la Asamblea Nacional.

El Decreto Ley de 2008 justificó la creación de ese nuevo modelo policial en el resultado de encuestas, estudios de victimización, así como en las propias demandas de los ciudadanos y particularmente, como consecuencia de los cambios políticos, sociales y económicos que se imponían desde el gobierno nacional.

Esa misma exposición de motivos señaló que el objetivo del nuevo modelo policial, era garantizar el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos en materia de seguridad, pero también, destacó expresamente, que el mismo fue diseñado con la finalidad de proteger a los ciudadanos de las amenazas, riesgos y hechos que atentan contra la integridad física y/o bienes de cada uno de ellos.

Han pasado 8 años desde que se impuso el nuevo modelo policial y una valoración del mismo, tomando como referencia aquellos objetivos y fines previstos en el Decreto del 2008, ponen en evidencia el fracaso del modelo policial vigente.

Muchos vecinos recuerdan aquellos tiempos de descentralización, cuando bajo el modelo de la Constitución de 1961, la policía de Chacao, la policía del estado Zulia, por citar dos ejemplos, eran referencia obligada en materia de seguridad ciudadana y en políticas de descentralización.

No hay ponencia, foro o taller de seguridad ciudadana que no rescate aquella experiencia, pero a medida que el tiempo va pasando, la misma termina siendo un cuento de historia pasada y no una experiencia real y reciente, que funcionó.

La diferencia cualitativa entre aquél modelo descentralizado y el modelo policial vigente, reivindica sin lugar a dudas, la descentralización como política pública en materia de seguridad ciudadana, siempre y cuando los municipios y estados tengan las capacidades técnicas y financieras para prestar el servicio de policía a sus ciudadanos.

Hay una necesidad sentida de reformar el modelo policial venezolano. La Asamblea Nacional, ejerciendo su función legislativa, responde a esa necesidad con un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio y Cuerpo de Policía Nacional, que por su contenido, se convierte, al ser aprobada, en una herramienta jurídica útil en la tarea de enfrentar la inseguridad desbordada de estos tiempos.

La exposición de motivos de ese proyecto de reforma, afirma que con su contenido busca enfrentar y atender las deficiencias que hoy existen en el modelo policial y que hacen imposible que los funcionarios policiales logren cumplir a plenitud con el deber de proteger a los ciudadanos, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales.

Asimismo, el texto de esa exposición de motivos, reconoce expresamente el impacto negativo de este modelo policial en la descentralización y el menoscabo de las competencias constitucionales que sobre la seguridad ciudadana le son atribuidas particularmente a los Municipios.

Uno de los aportes que hace esta propuesta de reforma, precisamente tiene que ver con el reconocimiento de los gobiernos municipales y estadales como actores reales y efectivos en seguridad ciudadana, facilitando así la recuperación de importantes niveles de autonomía, que se habían perdido, lo que favorecería enormemente a una mejor gestión pública en esta materia.

Un segundo aporte, importante de destacar, representa el rescate y la ratificación de la naturaleza “apolítica” del servicio y de la función policial. Otro aporte, muy significativo, es la garantía del principio de pluralidad en la participación ciudadana en materia de seguridad ciudadana. En este sentido, la norma facilita la tarea de reconstruir la confianza entre los ciudadanos y sus cuerpos policiales, garantizando la inclusión del ciudadano en materia de seguridad ciudadana.

La reforma adecúa el modelo a los principios constitucionales de libre participación y libre asociación, pero quedó corta en este sentido, pues tal vez pudo haber profundizado en los mecanismos y formas de participación, o bien, pudo haber exhortado a estados y municipios a legislar en esta materia de participación ciudadana en seguridad ciudadana a través de sus propios instrumentos jurídicos.

Un cuarto aporte, representa un paso cualitativo importante, pues plantea de manera clara, la sustitución de un modelo policial, con alta dosis de control político a otro de cooperación entre los distintos cuerpos policiales, bajo lineamientos que garantizan niveles adecuados de autonomía; esa sustitución se expresa con el cambio del término “órgano rector” por “órgano coordinador” cuando se refiere a la máxima autoridad en materia de seguridad ciudadana.

Estos cuatro aportes mencionados, son algunos de los cambios previstos en el proyecto de reforma a la Ley que regula el sistema de policía nacional, el cual, abre una importante oportunidad para abordar de manera más efectiva la problemática de la inseguridad desbordada en Venezuela. Ese aporte de la Asamblea Nacional, reclama por un mayor acompañamiento de los ciudadanos en la labor de impulsar su discusión, su futura sanción y de velar porque el gobierno reconozca su constitucionalidad y proceda a promulgarla.

https://politikaucab.net/2016/05/27/la-seguridad-ciudadana-en-el-debate-...

El Bloque Constitucional de Venezuela comunica a la opinión pública nacional e internacional la urgencia en Venezuela de disponer de medicamentos e insumos médicos

Ante el grave incumplimiento cometido por el Gobierno Nacional de sus deberes constitucionales de promoción y ejecución de políticas públicas orientadas a elevar la calidad de vida del venezolano; lo cual se patentiza diariamente en el criminal e irresponsable abandono que del Sistema Público Nacional de Salud ha hecho, al no tomar decisiones efectivas destinadas a proteger la salud de todos los venezolanos y evitar el brusco deterioro que hoy presentan todos los centros clínicos y hospitalarios del país, ocasionando el crítico colapso de los servicios que en ellos se prestan; siendo uno de los efectos más evidentes de esta omisión o abandono público que del servicio de salud han hecho las autoridades nacionales, el doloroso padecimiento de millones de personas que han tenido que sufrir las inclemencias de enfermedades y trastornos físicos, quienes no han podido tratarse en centros de atención públicos y privados, por la inexistencia de insumos médicos y farmacéuticos –no solo complejos sino básicos- los cuales han dejado de producirse y de ingresar en nuestro país.

La falta de previsión de las autoridades competentes en esta materia; habiéndose reportado por fuentes públicas y privadas que gozan de credibilidad, la muerte de venezolanos de todas la edades y condiciones sociales, pero principalmente la de niños, madres y ancianos pobres del país, provocado por la grave situación de desabastecimiento y escasez de medicinas, reactivos e insumos médicos que actualmente existe en el país; y que igualmente, ha forzado a muchos profesionales de la salud y en especial de médicos, a prestar sus servicios en condiciones materiales, éticas y administrativas completamente contrarias a los estándares mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se lleve a cabo la atención de un paciente en cualquier parte del mundo; todo lo cual concreta hoy en Venezuela, la existencia de una población sanitariamente desguarnecida, así como, la existencia de un Estado que conducido por un Gobierno Nacional indolente y al margen de la Constitución, mantiene a las personas sin garantía en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.

El Bloque Constitucional de Venezuela, en este aciago momento que vive la República, cuando todo indica que sus máximos representantes ejecutivos no solo le han dado la espalda a los reclamos sociales de la mayoría de los venezolanos, sino que inconmovibles se muestran ante los últimos acontecimientos que han implicado el fallecimiento de niños y jóvenes venezolanos por causa de carencia de fármacos para tratar enfermedades crónicas -tal como le ocurrió el pasado martes 24 de mayo martes al niño venezolano de ocho (8) años Oliver Sánchez, quien falleció en un centro de salud privado, después de haber sido totalmente infructuoso conseguir cupo en un centro hospitalario público, luego de protestar cívicamente reclamando insumos para tratar su enfermedad (linfoma cancerígeno), contaminado por una bacteria contraída en el hospital Pediátrico Elías Toro de Catia- en virtud de todo lo anterior, considera como un deber ciudadano de ineludible cumplimiento, expresar lo siguiente:

Primero: nuestro pésame a las familias de todos los venezolanos fallecidos con ocasión del abandono que de sus elementales deberes de solidaridad social y ejercicio de competencias en materia de salud, ha incurrido el gobierno presidido por Nicolás Maduro Moros, quien irresponsablemente ha desacatado las normas constitucionales que juró cumplir, las cuales establecen la permanencia del derecho a la vida y la dignidad humana, como parte de las razones fundamentales de existencia del Estado de Derecho y de Justicia;

Segundo: denunciamos como responsable tanto de los terribles padecimientos de salud en que se encuentran actualmente los venezolanos, como de las muertes ocurridas con ocasión al inobjetable desabastecimiento y escasez de medicinas, reactivos e insumos médicos presente en el país, de manera directa y personal, tanto al Presidente de la Republica Nicolás Maduro Moros, como a su actual Ministra del Poder Popular para la Salud, ciudadana Luisana Melo, así como a todos los ciudadanos que han ocupado esta delicada cartera ministerial durante el ejercicio del presente gobierno nacional, por ser todos cómplices activos de la ejecución de políticas sanitarias erradas y de graves omisiones que de sus deberes constitucionales relativos a la preservación del derecho a la salud de los ciudadanos -garantizado por nuestra carta magna en su artículo 83- han cometido en menoscabo y detrimento de la calidad de vida de todos los venezolanos.

Tercero: exigimos a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que cumpla con su obligación de abrir de oficio una averiguación destinada a esclarecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas que rodean el fallecimiento del niño Oliver Sánchez y de miles de otros niños y venezolanos muertos con ocasión de actos que se relacionan directa e indirectamente con omisiones, demoras y deficiencias que han ocurrido en la prestación que de los servicios públicos de salud dispuestos por el Estado para atender el derecho de la salud;

Cuarto: exigimos de Tareck William Saab y Luisa Ortega Díaz, actuales titulares de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la República respectivamente, proceder inmediatamente a formularle al Presidente de la República de Venezuela y a todos los demás funcionarios del ejecutivo a quienes le corresponde ejecutar políticas sanitarias y de salud pública, las debidas advertencias sobre las faltas y omisiones en que han incurrido en el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales en relación a la competencia pública de salud, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 273 constitucional;

Quinto: hacemos pública nuestra solidaridad con los residentes del Hospital Universitario de la ULA-Mérida, quienes el pasado lunes veintitrés (23) de mayo, iniciaron una huelga de hambre para que las autoridades públicas competentes contribuyan al mejoramiento del sistema de salud. Tal proceder, los hacen dignos ciudadanos, legítimos herederos de venezolanos como José María Vargas y Luis Razzeti, pues hacen suyo, en cuerpo y alma el último mandamiento de su decálogo deontológico: dar estricto cumplimiento a los principios éticos de la profesión médica, “…procurando para los demás aquello que, en circunstancias similares, desearían para sí y para sus seres queridos…”. En este mismo sentido, hacemos nuestras las palabras que la iglesia venezolana a través del arzobispo Metropolitano de Mérida, monseñor Baltazar Porras Cardozo, pronunció en solidaridad para los médicos huelguistas. Al igual que lo considera el monseñor Porras, consideramos que la indicada huelga “…es muestra de una Venezuela muy herida, muy golpeada; donde todos nos vemos afectados por igual; es una manifestación de la descomposición social y la falta de políticas que orienten hacia el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno”; y,

Sexto: El Bloque Constitucional de Venezuela comparte enteramente las razones jurídicas, éticas y ciudadanas, contenidas en la demanda de amparo que por intereses difusos y colectivos las ONG Provea, Codevida, Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y otras sociedades civiles, legalmente registradas, dedicadas a trabajar tanto por la promoción y defensa de los derechos humanos, como por la promoción y protección de la salud de los seres humanos, introdujeron el pasado veintitrés (23) de mayo, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo protección a los derechos a la salud y a la vida de los habitantes de la República de Venezuela, exigiéndole al Tribunal Supremo de Justicia ordene al Ejecutivo Nacional aplicar de manera urgente e inmediata acciones para abastecer el mercado nacional y aceptar ayuda internacional inmediata que permita abastecernos directamente de medicamentos e insumos médicos y salir del colapso existente en los servicios de salud. En este sentido, los miembros del Bloque Constitucional de Venezuela, exhortamos a todos los abogados del país a contactar a todos los venezolanos que compartan el contenido de este reclamo, a que se organicen y por intermedio de ellos se adhieran procesalmente a la pretensión constitucional antes indicada, no solo dándole respaldo moral sino aportando a la causa todos los elementos fácticos que permitan que los juzgadores no tengan excusa procesal para no ejercer el mandato constitucional que la sociedad reclama: el debido restablecimiento del servicio de salud.

En Caracas, a los 28 días del mes de mayo del año 2016.

Por el Bloque Constitucional de Venezuela:

Román Duque Corredor Cecilia Sosa Gómez

Perkins Rocha Miguel Ángel Martín Juan Carlos Apitz

Por medio de la presente, Fundación Estudios Municipales (Fundesmu) y la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta (RedOrg Baruta) les extendemos la invitación a participar en la Consulta Pública de la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.

El proceso es muy sencillo, sólo deben acceder al siguiente link http://bit.ly/249kJQe donde además podrán dirigirse a la zona de descarga del proyecto de Reforma.

Asimismo, para este ciclo de consulta online buscamos posicionar a través de las redes sociales las etiquetas #ReformaPolicial y #MiSeguridadEsLey para brindar información detallada sobre lo que busca la ley de reforma y expresar opiniones y expectativas sobre el servicio policial.

¡Participa y apuesta a una democracia moderna

Foro

La protección y conservación ambiental es el futuro

Las Redes Locales de Gestión de Riesgos como mecanismo de incidencia pública para la reducción de desastres

Abelina Caro. Psicóloga Social UCV. Especialista en Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local Sostenible. Oficial de Proyectos de Gestión del Riesgo de Desastres del Grupo Social CESAP. Miembro Titular de la ONG Psicólogos sin Fronteras-Venezuela.

Implicaciones ambientales y sanitarias del trasvase del Lago de Valencia hacia el Mar Caribe

Jesús Castillo M. Ing. Agrónomo, Docente-Investigador Titular de la UPEL, Director de la ONG Agua Sin Fronteras.

La Cuenca del Lago de Valencia necesita protección jurídica

Santiago Clavijo A. Ing. Agrónomo. Profesor Titular FAGRO UCV. Secretario Ejecutivo de Aragua en Red

Miércoles 1 de junio

2:30 p.m.

Cámara de Comercio e industrias del Estado Aragua

Av. Las Delicias (frente a Wendy’s, FARMATODO y Banco Mercantil)

Fueron llamados los jueces del horror los que torcieron el derecho en Alemania para complacer a Hitler. Los miembros de la sala constitucional del tsj han superado a sus modelos. La G. O. número 40909 del 23 de mayo trae esta perla, cuando “…una persona ostente múltiples nacionalidades y una de ellas sea la venezolana será ésta la que tenga prevalencia en todo lo concerniente al régimen jurídico aplicable a la misma.”

La sentencia se pronuncia en un asunto que atañe a la nulidad parcial del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El fallo dice que su pronunciamiento es “con carácter vinculante”. Imagina el lector lo que quiso decir la sala de baño, que digo, la sala constitucional, con el ‘carácter vinculante’ y con ‘la prevalencia del régimen jurídico aplicable a la misma’.

Quiso decir que mientras ellos sean magistrados del tsj el artículo 227 de la constitución que establece que para ser elegido presidente se requiere además de ser venezolano por nacimiento “no poseer otra nacionalidad”, no se aplicará, pues su decisión ‘con carácter vinculante’ está por encima de la constitución; y el régimen jurídico aplicable al usurpador, será el de venezolano que puede ser presidente, aunque tenga otra nacionalidad, diga lo que diga la constitución. Son ellos, los miembros de la sala de baño, del pozo séptico, quienes están por encima de la constitución.

Desde luego que la cura en salud que la sala, o el pozo, le provee al usurpador se debe a que ya resulta inocultable la nacionalidad colombiana que posee, la quiera o no la quiera, e irrelevante la renuncia a ella que pudo hacer y que hoy es ineficaz.

También resulta evidente la complicidad del pozo con el usurpador para colocarse por encima de la constitución, más claro todavía, para lograr que la constitución deje de aplicarse, con actos de apariencia jurídica, que son sentencias de sumo horror y sumo error.

Para colmo, la sentencia no se dicta en virtud de una acción del usurpador solicitando la interpretación del texto del artículo 227, sino como un favorcito que el pozo le hace aprovechando la oportunidad mientras decide otro asunto. La aplicación de los artículos 333 y 350 de la constitución se hace cada vez más evidente ante la violación de la misma en concierto por el usurpador y el pozo de juristas del horror y del error, que más crasos y evidentes no lo puede ser.