Venezolana de Televisión, la que se supone es la planta televisiva de todos los venezolanos, asegura en un programa especial sobre jóvenes que emigran, que la mayoría de los que se están yendo son “blancos” o “rubios”. Eso estaría por comprobarse, aunque no tendría relevancia en la motivación de quienes buscan un mejor futuro fuera de Venezuela, lo cual aunque pueda no gustarnos, resulta difícil de criticar; no conozco ningún organismo que lleve estadísticas al respecto.

Pero lo que si es cierto es que el mencionado programa hace un extraño y odioso énfasis en la discriminación, en la separación de los venezolanos por el color de su piel y, sospechamos, que esto es parte del perverso juego de utilizar la separación y el odio como instrumento de manejo político, por parte de autoridades gubernamentales.

Esa es otra forma de discriminación racial, intolerable como cualquier otra. Los blancos y rubios, al igual que los oscuros de piel, sean morenos o simplemente negros, así llanamente y sin discriminar; incluyendo el indio y todo tipo de mestizaje, TODOS, SI SON VENEZOLANOS LO SON POR IGUAL, SIN DISCRIMINACIÓN DE NINGÚN TIPO, NI POR ENCIMA NI POR DEBAJO DE NADIE, EN SU CONDICIÓN DE CIUDADANOS.

En VTV y EN LAS FILAS DE ALGUNOS PROPAGANDISTAS DEL PSUV, ES COMÚN ESTE TIPO DE DISCRIMINACIÓN. Los venezolanos, como dijera hace mucho tiempo atrás Sofía Imber, somos todos café con leche, unos más claros y otros más oscuros, pero todos venezolanos por igual.

Ser indio o negro no te hace más venezolano que un blanco catire, y lo contrario también es cierto. Somos una mezcla étnica producto de la fusión de tres fuentes comunes y principales: el indio, el blanco y el negro. La Constitución no hace distinciones, tal como insisten en VTV, como si fuera una política intencional del mal llamado gobierno revolucionario.

Profesión: Ciudadano

02 de febrero de 2016

En el país hay consenso de la gravedad del momento, de que no hay gobierno: Maduro no da para más. La escasez de alimentos, la carencia de medicinas, los salarios no alcanzan para nada, la impunidad se adueñó de Venezuela, el poder judicial está carcomido por la corrupción, 27.000 homicidios solo en 2015, peligrosos criminales se adueñaron de las cárceles, es decir, no hay gobierno. La palabrería, la mentira, la puesta en escena de utilería, son parte del teatro que trata de ocultar el fracaso más absoluto. Luego de despilfarrar y robar los recursos del pueblo ahora quieren imponer el “yo no fui” para ocultar su absoluta incapacidad y evadir el hecho de que Maduro y el chavismo son los responsables directos de la tragedia que padece Venezuela.

Los 112 diputados electos el pasado 6 de diciembre recibieron un mandato claro: la gente no aguanta más y exige un cambio político inmediato, es decir, la salida de Maduro y su clan.

Las opciones constitucionales nos permitirían activar de inmediato, por iniciativa de un partido político, la convocatoria a un referéndum revocatorio. A partir de marzo, con la recolección de las firmas y las huellas dactilares, estaríamos iniciando el cambio de rumbo que la nación reclama con urgencia. Así mismo, la AN debería revisar la conformación del CNE y designar a los rectores al no existir ya la omisión constitucional que le permitió al TSJ hacer la designación temporal de algunos de sus miembros actuales. Tenemos la mayoría calificada para hacerlo.

Llegó la hora de convocar con la mayor amplitud a una jornada de movilización, diálogo y de unidad nacional para lograr el cambio de gobierno que haga viable las soluciones que de manera inmediata deben aplicarse para evitar el colapso total de Venezuela.

La caída de los precios del petróleo ha puesto en evidencia, una vez más, las principales características de este fracasado modelo militarista y populista: improvisación, desorden, incapacidad y corrupción. Mientras otros países petroleros optimizaron sus ingresos con ahorros y buenas inversiones, logrando aumentar sus niveles de producción de crudo y derivados, diversificando sus economías y mejorando así la calidad de vida de sus ciudadanos, en Venezuela se impuso el despilfarro y el saqueo de los dineros públicos.

Estamos ahora en una situación de emergencia. Frente a la voluntad popular que exige cambio, Maduro responde con ataques y amenazas. El acto realizado en el TSJ con motivo del inicio del año judicial recuerda aquel nefasto episodio de jueces gritando “Chávez no se va!”. En lugar de sumarse al deseo mayoritario de cambio y rectificación, Maduro y sus jueces tratan de imponer al país una guerra de poderes.

En la MUD se han discutido otras opciones como la enmienda, la reforma constitucional y la convocatoria a una asamblea constituyente. Considero que lo más viable en este momento es la activación del referendo revocatorio.

Los 112 diputados están obligados a asumir el liderazgo de una gran convocatoria nacional de protesta por la escasez de productos esenciales para la supervivencia, por la caída del salario, contra la inseguridad, la violencia, contra el gran saqueo que sufre el país a través de la corrupción y la impunidad. Deben exigir que los que se robaron el dinero de los venezolanos sean castigados ejemplarmente y aprobar la Ley de Recuperación de Bienes vinculados a la Corrupción propuesta por el diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría y otros actores políticos, para recuperar los fondos robados por los corruptos y sus testaferros.

¿Dónde están los reales? Por ejemplo, sabemos dónde está lo que se robaron Roberto Rincón y Diego Salazar, por lo tanto, podemos llegar a la fortuna de Rafael Ramírez.

El referéndum revocatorio será una nueva rebelión electoral, mucho más contundente que la del pasado 6 de diciembre. El pueblo está bravo y no tiene miedo.

02 de febrero de 2016

www.carlostablante.com

@TablanteOficial

carlostablanteoficial@gmail.com

Es lógico que tengamos la mirada concentrada en la crisis económica. Mas o menos ya todos entendemos los desequilibrios macro económicos y sus consecuencias en la microeconomía nuestra de cada día. Y hasta manejamos con cierta familiaridad, aunque nos las oculten o maquillen, las cifras relativas a la inflación, las importaciones, la deuda pública, las reservas internacionales y otras cosas por el estilo y cualquiera es capaz, inclusive, de advertir el despropósito del Decreto de Emergencia Económica propuesto por el gobierno.

Cierto, pues, que las colas y el desabastecimiento no nos dejan pensar en otras cosas, mientras en el país cobra forma un proceso social de múltiples caras y graves consecuencias, al que, pareciera, le prestamos menos atención.

II.

Hace poco más de una semana asesinaron en Margarita a Teófilo Rodriguez Cazorla (a) El Conejo, de profesión narcotraficante. Su séquito de guardaespaldas no logró protegerlo de cinco balazos que perforaron su cuerpo al salir de una discoteca. Hacía poco tiempo que había sido puesto en libertad, luego de once años detenido en la cárcel de San Antonio, en donde se graduó de pran y, como tal, mandó hacer una piscina, una cantina, una sala de pool y una discoteca en la que se realizaban fiestas los fines de semana, con pernocta prevista para los invitados. Dispuso, además, de una oficina desde donde dirigía las actividades de su banda. Su entierro tuvo ribetes de celebración popular, incluyendo disparos al aire realizados desde el techo del penal, realizados por sus antiguas compañeros, utilizando para ello un arsenal de armas que ya hubieran querido para si los cuerpos de seguridad y cuya procedencia es asunto que se pelotean las diversas autoridades.

Para rubricar un relato largo que da para una novela o para un tratado de sociología, habrá que decir que, a propósito de su muerte, circuló una foto tomada años atrás en donde la Ministra Iris Valera, encargada de poner orden y concierto en nuestro sistema penitenciario, aparece abrazándolo, sentados ambos sobre la cama ubicada en una celda, en pose que muestra sin duda un gran aprecio entre ambos y cualquiera diría, sin pecar de exagerado, que hasta mucho cariño.

Todo lo anterior muestra, de manera trágica y a la vez grotesca, que el Estado no puede controlar las cárceles, en donde, por lógica, debiera ser imposible desafiar su monopolio sobre la violencia. Como se ha dicho casi hasta la saciedad, en nuestro país la cárcel es un estado dentro del Estado.

III

A su manera y en su ámbito, El Conejo deja ver el país que poco a poco vamos teniendo. El país en donde ocurren 27 mil homicidios al año y se cometen robos y secuestros que se registran en cifras escalofriantes. El país en donde en un barrio de Caracas se queman vivas a tres personas, presuntos delincuentes. En donde, a la salida del Metro de Los Ruíces, un joven asalta, cuchillo en mano, a una anciana para robarle dos bolsas de comida y al menos cinco horas de cola. En donde actúan colectivos armados a cuenta, dicen, de razones políticas. En donde el hampa sofistica sus esquemas de organización, mientras, a la vez, crece el delito atomizado. En donde la corrupción asalta a mansalva el erario nacional. En donde el “bachaqueo” es un modus vivendi. En donde el lenguaje político se expresa en clave de mentira y agresión. En donde se oculta la información sobre el país, alegando la protección de los ciudadanos. En los que el abuso de poder es costumbre. En donde las instituciones encargadas del arbitraje social no cumplen con el deber de ser imparciales. En donde la impunidad es vergonzosa. En fin, y para no alargar una lista que pudiera ser interminable, el país en donde los semáforos no implican una obligación, sino apenas una sugerencia.

IV.

El país de El Conejo entraña, pues, una marcha atrás en cuanto a patrones de civilización. Es así porque se han debilitado los hilos que cohesionan a la sociedad. Porque se han desdibujado las rayas amarilla, imprescindibles para poner límites. Porque se dejan ver brotes de anarquía y la anomia toma terreno. Porque la convivencia colectiva se ha hecho cuesta arriba y hay un déficit de compasión. Porque hay un relajamiento ético. Porque el afán de sobrevivencia hace que el prójimo no cuente. Porque, a pesar del palabrerío, hay una terrible carencia de democracia.

Ojala me equivoque, pero sin caer en la trampa de la nostalgia y creer que antes Venezuela era un suerte de Suiza sin nieve y con mucho calor, en nuestro último tramo de la historia nos hemos ido convirtiendo en un país menos amable, seguramente más cruel, tomado por el miedo y el susto, también por la desconfianza. Ojala me equivoque, digo.

HARINA DE OTRO COSTAL

La versión de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), promulgada en el año 2005 fue un instrumento (potencialmente) muy bueno a los fines de promover el desarrollo tecno científico nacional. Sin embargo, el Gobierno del Presidente Chávez lo remplazo por un nuevo formato en el año 2010 que elimino casi todas sus (potenciales) virtudes en aras de un centralismo reñido con la naturaleza de los procesos de innovación.

Por estos días, aprovechando la frescura de una nueva Asamblea Nacional, desde diversos lados se ha hecho evidente el propósito de elaborar un nuevo proyecto legal, a partir del esquema adoptado en el año 2005. Sea buena la ocasión, así pues, para revisar su concepción e implementación e indagar sobre las causas que impidieron que diera los frutos esperados. En efecto, sirvió para recaudar inmensos recursos (equivalentes al 2% del PIB), pero que guardaran poca relación con los resultados obtenidos. En suma, fue más números con muchos ceros, que nueces.

El Nacional, miércoles 3 de febrero de 2016

Los compatriotas rojos autores de frases para la historia no tienen la talla revolucionaria de un Robespierre, ni de un Lenin. La doctrina política de nuestros revolucionarios tampoco está tan pulida como la de la revolución francesa o la rusa. Sin embargo, no podemos descartar la valiosa contribución de los rojos vernáculos. Recordemos que somos hijos del gran Bolívar, no del devaluado signo monetario, sino del Libertador de varias naciones.

Pero dejemos al Padre de la Patria descansar en paz, ya que la jurungadera tuvo consecuencias graves para los jurungadores. Volvamos a nuestras frases célebres dignas de figurar en frontispicio de grandes obras. Como aquí no tenemos un Partenón, ni algo que se le parezca, postulamos que el presidente de facto ordene colocarlas en los portones de empresas y organismos que gracias a la revolución son hoy ejemplo de eficiencia. Hay que preservar la doctrina del Psuv que está contenida en varias de las frases que hemos escuchado y que se consignan a título recordatorio.

En el portón de Agroisleña, hoy Agropatria, lo apropiado es que trabajadores y visitantes sean bienvenidos con frase de Emma Ortega, defenestrada ministra de Agricultura Urbana: ¨Si un gringo se presenta le damos con un palo, le puyamos los ojos con un lápiz y le espichamos las bolas¨. Debe ser así porque esos malucos gringos se apropiaron de nuestras fincas, presionaron para que los precios del maíz, arroz leche, carne y otros alimentos que producen o producían nuestros agricultores se fijen por debajo del costo de producción, para que quiebren y los farmers norteamericanos puedan vendernos a precios especulativos.

En el portón de Fama de América y de Aceite Diana viene al pelo la frase de la nueva ministra Lorena Freitas: ¨ En Venezuela los anaqueles de supermercados están vacíos y las neveras de la gente llenas ¨. Este exordio incentivaría a la gerencia pública a producir aunque sea unos kilos de café y unos litros de aceite para que también se consiga en los supermercados y los ciudadanos no tengan que llenar sus neveras de productos caídos del cielo como el maná de la Biblia o hacerse la ilusión de que están atiborradas de alimentos.

En el portón de las Facultades de Odontología se impone la frase de Luisana Melo, la ministra de Salud: ¨No hay pasta de diente porque los venezolanos se cepillan tres veces al día¨. Además, los odontólogos deben declararla Miembro ( o Miembra?) Honoraria por propiciar que los sacamuelas tengan más trabajo. A menos que la Ministra esté consciente de que como no hay comida y la poca que se consigue está muy cara, al no poder satisfacer las tres papas, sino una y media, no tiene sentido cepillarse tres veces.

En el portón del Ministerio de Educación debe estar la célebre frase del exministro y hoy diputado Héctor Rodríguez: ¨La falta de productividad es culpa del pueblo analfabeta¨. Al frente de la Embajada de Estados Unidos una frase del mismo personaje para confirmarle a los gringos que tienen motivos para preocuparse: ¨El imperialismo sabe que estamos más cerca de convertirnos en una potencia¨.

En los portones de las cárceles nada más apropiado que citar a Iris Varela, la Ministra de Asuntos penitenciarios que se quedó sin conejo: ¨Aquí no hay armas, no hay drogas, hay total control, se acabaron los vicios¨.

En el portón de La Casona donde reside el yerno exvicepresidente y hoy ministro Jorge Arreaza: ¨No es necesario que el Vaticano envíe una comisión para comprobar los milagros de mi suegro¨. Efectivamente, al menos a él le hizo un gran milagro.

Es una frase del presidente de facto, pero no es para colocarla en portones, sino para enviarla a varios destinatarios, entre ellos a Rafael Ramírez, Alí Rodríguez , Eulogio Del Pino, Rangel Gómez y otros presidentes y expresidentes de empresas del Estado: ¨Vamos a recuperar las empresas públicas y cortar la cabeza a quien haya que cortarla¨. Para dar el ejemplo, ya Maduro inició su ascenso al cadalso.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

28 de enero 2016

Noticiero Digital y Runrunes

Extremadamente grave es el estado anómico de un país cuando violaciones flagrantes a los derechos humanos se convierten en el pan nuestro de cada día sin ninguna repercusión legal, sin que se abra una investigación y, por ende, sin responsable alguno que asuma las consecuencias de sus actos.

Como parte de la tragedia penitenciaria de la cual también ha dejado de ser noticia la cruda realidad del imperio de los “pranes” convertidos en autoridades, con su séquito armado hasta los dientes, a la luz del día y ante la mirada indiferente del “personal oficial”, todos los días se lleva a cabo la vejatoria e impúdica requisa de las madres, esposas e hijas de los encarcelados, “dignificados” ahora con el título de “privados de libertad”.

Esas requisas, auténticos tratos degradantes y crueles, previstos en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, constituyen una práctica intolerable y delictiva que ha debido desaparecer desde hace muchos años y que se mantiene como macabra rutina que adquiere características de la más cruel humillación en casos políticos, como ha ocurrido con Antonieta de López y Lilian Tintori, en presencia de sus hijos, ritual que, a veces, ve atenuado su carácter vejatorio con los familiares de los presos comunes, según las circunstancias del caso.

Por otra parte, igualmente, como medio o instrumento ordinario que los oficiantes del poder creen que se justifica por el hecho del suministro del material por parte de un “patriota cooperante”, escondido en el anonimato, se exhiben como pretendida prueba de “planes de un preso de conciencia”, como en el caso de Leopoldo López, grabaciones ilegales violatorias de la privacidad, de carácter delictivo, con las cuales el carcelero, que tiene bajo su poder al preso, entre rejas, sometido y vigilado hasta en su intimidad, pretende hacernos creer que el “privado de libertad” hostiga a su custodio, auténtica historia truculenta que aspira a convertir al victimario en víctima de un perseguido político sometido a injusta prisión.

A la luz de nuestras normas, estas prácticas aberrantes tienen un trato claro e incuestionable en la ley que, una vez más, aparece como letra muerta.

Las requisas impúdicas y humillantes deben desaparecer de un país que respete los derechos humanos y quienes las practican deben ser sancionados sin que valgan órdenes de superiores que igualmente merecen ser castigados.

Y por su parte, la Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones, vigente desde 1991, castiga con prisión de 3 a 5 años a quien arbitrariamente o en forma clandestina o fraudulenta, grabe o intercepte comunicaciones privadas; y con la misma pena sanciona a quien revele su contenido, aunque no sea el autor de la interceptación ilícita, procediéndose de oficio cuando se trata de funcionarios públicos, según lo previsto en esta ley.

Ante lo expuesto, debe quedar claro que no se trata simplemente de criticar o censurar políticamente a los autores y partícipes en estos hechos. El Ministerio Público y el Defensor del Pueblo tienen la obligación de actuar. No cabe el silencio cómplice, ni el olvido de estos hechos de graves lesiones a la dignidad humana y a los valores morales de un pueblo que no puede tolerar prácticas propias de los más oscuros y crueles regímenes que constituyen una afrenta para la humanidad.

aas@arteagasanchez.com

1 de febrero 2016 El Nacional

Dos Latinoamérica se encontraron cara a cara en la cumbre de CELAC

“Se dice que la década pasada ha sido una década de la izquierda en América Latina, una década de gobiernos progresistas. ¿Se puede decir que ha habido progresismo, progreso social de izquierda estos años?” Así comenzó Moisés Naím su programa, Efecto Naím, al que fui invitado junto con el ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga. “Eso si uno toma esas palabras como válidas”—repliqué, con más reflejos que reflexión—“las palabras de los gobiernos que se han definido a sí mismos como izquierdistas”.

“Izquierda dirán ellos”, agregué al final, esos quince segundos de televisión que obligan a omitir varios aspectos de esta discusión, comenzando por la propia definición de “izquierda”. La clarificación es oportuna, dadas las ambigüedades vigentes. Especialmente porque la contraparte del argumento es que quien se opone a esos gobiernos “de izquierda” termina siendo “de derecha”. Falacias por las que transcurre el no-debate, la incesante repetición de clichés que sustituyen la verdadera conversación. Es el fin de la política.

Ser de izquierda se basa en la convicción que la desigualdad no es pre política. Esto es, no está constituida ex ante, ni pertenece al orden natural de las cosas. Por el contrario, la desigualdad se entiende como la consecuencia de un conjunto de relaciones de clase e instituciones: las primeras le dan sustancia, las segundas la reproducen en el tiempo.

Ante eso, la estrategia del socialismo revolucionario fue la toma del poder, súbita y violenta, para desmantelar las relaciones capitalistas de producción y su superestructura jurídica. El problema fue que en el camino de la expansión de derechos sociales se eliminaron por completo los derechos políticos y civiles. El socialismo realmente existente terminó siendo el régimen del Estado-Partido y su burocracia. Resultó que para comer había que dejar de votar y dejar de hablar. Conocido pero falaz razonamiento, sobre todo si, en el largo plazo, tampoco se come.

Mientras ocurrían las masacres del estalinismo, asomaba otra versión de izquierdismo en Europa: el reformismo keynesiano y el Estado de Bienestar de la postguerra. Hacia los 70 el eurocomunismo rompía con Moscú, nótese, antes de la caída del Muro de Berlín. Surgió la izquierda socialdemócrata, que no rechazó la idea de mayor equidad social pero con el capitalismo—no contra él—y en combinación con la democracia competitiva.

La pobreza no se mide, la inflación es incierta, las cuentas nacionales, una ficción. Izquierda dirán ellos

Todo ello dio forma al progresismo, un izquierdismo superador, capaz de operar con un concepto más amplio de desigualdad. Más amplio porque para reducir la desigualdad tiene que funcionar el mercado, mecanismo que alienta la iniciativa, la creatividad y la toma de riesgo, la receta de la prosperidad. Pero también porque el mercado es socialización, genera pluralismo y sociedad civil, o sea, ese espacio autónomo de deliberación y agregación de intereses e identidades diversas: de clase tanto como religiosas, étnicas, de género y de orientación sexual. Y todas ellas superpuestas.

Es que en nuestras sociedades complejas y diversas tener políticas de ingresos no es más importante que tener normas para corregir asimetrías en la distribución del reconocimiento social de esas minorías. El progresismo, entonces, solo puede ser liberal-constitucional y, con ello, democrático.

Esta problemática ha sido ajena a la hipocresía de la auto proclamada izquierda de América Latina. Su retórica anti-capitalista no desmanteló el capitalismo. Ni mucho menos, tan sabroso botín para enriquecerse con los amigos. La redistribución no fue financiada con políticas de inversión sustentables y productividad creciente, sino con precios internacionales favorables que, ante el cambio de ciclo, comienza a revertirse. Su ignorancia económica ha producido una monumental distorsión de precios que, financiada con recursos fiscales, generó déficits a su vez financiados con emisión. La pobreza no se mide, la inflación es incierta, las cuentas nacionales, una ficción.

Izquierda dirán ellos. Ni hablar de los derechos identatarios. Esto no ha sido progresismo sino su opuesto, una arqueología del estalinismo modelada en la dinastia despótica de los Castro, tan venerados por los bolivarianos. Es un capítulo que llega a su fin, por la biología en Cuba, las elecciones en Argentina y Venezuela, las protestas contra la perpetuación en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y las marchas contra la corrupción en Brasil y Guatemala. Y por el cambio de precios en todas partes.

Como se vio en la Cumbre de CELAC, donde dos Latinoamérica se encontraron cara a cara. Una, la del dueño de casa (y del micrófono), es la de las consignas melancólicas y los clichés gastados. Es aquella del comandante tal o cual, la de una pseudo teoría de la dependencia, un anti-imperialismo impostado sin otro propósito que justificar la perpetuación en el poder. Es la América Latina que invoca difuntos, a los que busca canonizar, y a expresidentes procesados por corrupción, a quienes intenta restaurar en el poder.

La otra América Latina que se vio en Quito es la del pragmatismo, la que mira hacia delante, la que busca resolver los problemas de sus sociedades e imaginar soluciones ante una economía internacional incierta. Es la que busca atraer inversión y crear empleo frente al cambio de ciclo, los erosionados recursos fiscales y las decrecientes reservas del Banco Central.

Esa otra América Latina busca recuperar sus mejores tradiciones de derechos humanos, como en el auténtico progresismo de Gabriela Michetti, vicepresidente argentina, al recordarle a Maduro que debe respetarlos, habiendo sido Venezuela amparo de tantos exiliados. Esa es la América Latina de la democracia, la alternancia en el poder y las garantías constitucionales. Izquierda o derecha, esa es la única que tiene futuro.

@hectorschamis

El País. 30 de enero de 2016

Una de las más importantes características de los diecisiete años del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI” es, sin lugar a dudas, el elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada Revolución Bolivariana. Desde su propio inicio, se observó que existía un marcado interés en destruir todos los elementos de control que exigen obligatoriamente las Finanzas Públicas, para de esa manera lograr comprometer a los funcionarios públicos, por encima de la lealtad normal que debe existir con un gobierno, y al mismo tiempo permitir que los dineros públicos se manejaran, sin ningún control, para poder ser utilizados con absoluta libertad por el régimen en sus objetivos políticos.

En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos: Ministerio del Deporte y Presidencia del Instituto Nacional de Deporte han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como “El saqueo de los recursos presupuestarios”. Diferentes encargados de los puestos burocráticos, han permitido en sus gestiones que los dineros del deporte hayan sido malversados o apropiados indebidamente a favor de una minoría corrupta.

Bajo sus mandatos como gerentes de gobierno permitieron, de la manera más descarada, la firma de un leonino convenio con Cuba para la traída de 10.000 “Entrenadores” al país, que solo ha servido como una fuente inagotable de entrega de divisas al régimen dictatorial de los hermanos Castro.

La eliminación de los procesos de licitaciones para dar paso a la asignación directa de contratos para los servicios de alojamiento, alimentación, dotación de uniformes y transporte. Igualmente, vieron en la asignación de contratos para la construcción y reparación de las instalaciones deportivas una de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito. Ejemplo de ello, entre otros, lo constituyen los Juegos Deportivos Nacionales, el Estadio Iberoamericano de Maracay, el Estadio de Softbol en Fuerte Tiuna y los Estadios construidos para la Copa América de Futbol.

Al mejor estilo de la mafia siciliana o “Cosa Nostra”, transformaron el proceso de tramitación de divisas a Cadivi, en un mecanismo de estafa con la falsificación de expedientes y el cobro de peajes a los dirigentes deportivos para acelerar la entrega de recursos.

No podían, estos corruptos gerentes, dejar por fuera la compra de conciencias o silencios cómplices y para ello, como unos Antonini Wilson cualesquiera implementaron los maletinazos cargados de dólares para tales operaciones en el marco de los eventos internacionales.

Establecieron una política de persecución y cerco presupuestario contra las federaciones deportivas, con la finalidad de silenciar cualquier intento de protesta o reclamo. Además, mantienen en el limbo la legalidad del sector deportivo federado al no entregarles las Providencias Administrativas una vez culminado sus procesos electorales. La inseguridad del deporte se profundiza cuando las autoridades niegan o no responden a la presentación de los Programas Operativos Anuales de las federaciones.

Militarizaron, la organización de los Juegos Universitarios y procedieron a la asignación de sedes en base a criterios de identificación ideológica, interviniendo de manera descarada la autonomía de FEVEDES.

Los eventos deportivos internacionales, se transformaron en una mina de oro, por las divisas que emplean en su organización y posterior desarrollo, lo que motivó a las autoridades a solicitar cualquier cantidad de eventos. Mientras más grande sea mucho mejor será. No fue gratuita, la solicitud de la sede de los Juegos Panamericanos para Ciudad Bolívar o los Bolivarianos de Playa para el Estado Vargas o la Copa América de Futbol…..pidan que algo queda, era la consigna.

Pero la joya de la corona fue el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Deporte. Allí, el corrupto gerente, procedió a eliminar las reuniones del Directorio del IND para así tener plena y absoluta libertad en la administración de los dineros del fondo. En consecuencia, los 325.143.361 millones de bolívares aportados por las empresas al Fondo fueron dilapidados “discrecionalmente” sin que hasta el momento el ministro de entonces o quienes lo sucedieron en el cargo hayan presentado las cuentas correspondientes a los organismos contralores del Estado.

Después de ese festín de millones, al final nos conseguimos con la insólita suspensión de los Juegos Deportivos Nacionales 2015 ¡¡¡¡Por falta de recursos presupuestarios!!!!

Todo este andamiaje contó y sigue contando con la complicidad de los organismos Contralores del Estado que se han hecho la vista gorda frente a los desmanes de las corruptelas enquistadas en los organismos gubernamentales y olímpicos del sector deportivo venezolano. A manera de conclusión, en este expediente rojo, los hechos demuestran fehacientemente la concurrencia de hechos punibles tales como: peculado de uso, estafa, extorsión, chantaje, malversación, hurto, blanqueo de capitales, compras con sobreprecio, violación a la Ley de Licitaciones, ilícitos cambiarios, convenios leoninos etc., etc. Situación tipificada por el Código Penal como “El Concurso Real de Delitos”, que tiene lugar cuando el mismo agente o funcionario realiza uno o varios actos encaminados a fines distintos y ocasionan diversas infracciones, independientes las unas de las otras. Razón o razones que justifican, sin lugar a dudas, la interpelación del Ministro del Deporte y el Presidente del Instituto Nacional de Deportes por parte de la Asamblea Nacional, para que rindan cuentas de sus actuaciones u omisiones frente al país.

Queda claro, que para la dirigencia corrupta del sector deportivo “Hacer deporte es…Hacer dinero.”