En días pasados se llevó a cabo la reunión anual del Foro Económico de Davos, organizada en torno a una agenda amplia, escrita con los problemas que más ocupan y preocupan a la humanidad en estos tiempos. Como se sabe, este encuentro presenta una suerte de resumen sobre el estado del mundo, elaborado desde el punto de vista de empresarios y líderes políticos, cuyas opiniones y acciones pesan mucho, para bien y para mal, en el destino del planeta.

En el encuentro se pasó revista, así pues, a los desafíos asociados con la Cuarta Revolución Industrial, tomando en cuenta, de acuerdo a lo declarado por Klaus Schwav su fundador, “el surgimiento de restricciones ecológicas, el advenimiento de un orden internacional cada vez más multipolar y una creciente desigualdad, asumiendo tales hechos como el comienzo de una nueva era de globalización, la 4.0, que debe ser más inclusiva, más justa y más sostenible ”.

La moral 4.0

El presente escenario internacional está marcado por múltiples vínculos de distinta naturaleza y entidad, en particular, aunque no solo, respecto a la crisis ambiental, según lo señaló Schwav. Dentro de este marco, la cooperación y la multilateralidad emergen como condiciones imprescindibles en la gestión de los gobiernos. Estos deben entender que no es el momento de hacer del ombligo nacional el asiento de la perspectiva para mirar las dificultades – y las oportunidades, desde luego -, que trazan la huella de la presente época.

Resulta, evidente, sin embargo, que no se tienen las instituciones capaces de manejar un contexto de tan intensas y diversas interdependencias. Y no solo no se dispone de la estructura organizativa ni de las leyes necesarias para ello, sino que ni tampoco se cuenta con los códigos éticos e incluso políticos, que sirvan de brújula y permitan considerar qué efectos tiene sobre toda la humanidad y su futuro, lo que se lleva a cabo en los espacios nacionales.

En ese afán que hoy nos agobia de digitalizar el lenguaje, en Davos se habló de la necesidad de una Moral 4.0.

El “patriotismo económico”

Las elecciones en varios países han llevado al poder a personas que retan ideológicamente al enfoque multilateral como medio de resolución de los problemas que se afrontan. Donald Trump y Jair Bolsonaro pudieran ser considerados los representantes más conspicuos de un nacionalismo desfasado que se expande y pretende marcar distancias de los procesos de globalización, haciendo caso omiso del hecho de que no se pueden gobernar cada país sin mirar el planeta y asomarse para ver cómo va a ser el mundo que viene.

Ambos, Trump y Bolsonaro, son, igualmente, ejemplo de la desatención, por decirlo de manera suave, con respecto al cambio climático, asumido en los discursos de los participantes en Davos, como el mayor desafío de la actualidad. Desgraciadamente, en este renglón las tareas realizadas hasta ahora han sido insuficientes de acuerdo a lo que reportan los científicos, cuyo juicio algunos han tenido, por cierto, el tupé de ignorar y hasta desmentir. No se ha estado, así pues, a la altura del que seguramente sea el problema más complejo de negociación al que se ha enfrentado la humanidad, vistos los varios asuntos que envuelve entre países y entre generaciones y desde luego por sus radicales consecuencias, todo, como dije antes, en medio de un enorme y peligroso déficit en cuanto al armado institucional que permita la gobernanza en clave global, como única vía de solventar los profundos desacomodos ambientales.

Los diversos informes elaborados por los expertos coinciden en señalar que solo se cuenta con alrededor de una década para tomar ciertas medidas imprescindibles con el propósito de evitar lo que califican como una catástrofe. Sin embargo, luce como si los terrícolas no se creyeran la gravedad problema Así las cosas, el “patriotismo económico” toma visos de doctrina, justificada en la consigna de que hay “recuperar el control nacional de las manos de las fuerzas globales”. En medio de tan graves circunstancias por las que atraviesan los seres humanos, pareciera que se está optando, como dirían algunos, por el “auto suicidio”

El Nacional, miércoles 30 de enero de 2019

El régimen chavista, devenido en una dictadura desde el 2016, confronta su peor situación en términos de gobernabilidad y estabilidad. Es rechazado por la inmensa mayoría de la sociedad por su responsabilidad en la crisis humanitaria en progreso y por negarle a la ciudadanía el ejercicio libre de sus derechos humanos, políticos y civiles. También concita el rechazo creciente de la comunidad internacional democrática, particularmente de los Estados de su entorno. Ese rechazo se viene traduciendo en una escalada de sanciones políticas y económicas que están afectando y afectarán seriamente la capacidad del Gobierno en materia económica. No estoy, ni mucho menos, afirmando que fatalmente está de salida.

El sostén básico y decisivo del régimen es su control del aparato del Estado y fundamentalmente el de la cúpula de la FAN y de los cuerpos de seguridad. Esos respaldos son a la vez una fortaleza (por todo lo que sabemos) y una debilidad porque esos sectores no son inmunes a la crisis sistémica del régimen, ya se han presentado manifestaciones (ciertamente pocas y de escasa relevancia todavía) de descontento hacia al Gobierno. Puede decirse al respecto que la procesión va por dentro.

El otro factor decisivo para la precariedad de régimen es que el movimiento democrático recuperó la iniciativa, la unidad, tiene liderazgo, política, una estrategia ampliamente apoyada y ha recobrado su capacidad de representar los deseos de cambio de la mayoría social. Logros todavía algo líquidos por las fuerzas centrifugas siempre al acecho.

El panorama arriba descrito le plantea al régimen un serio dilema, diríamos que cuasi existencial, creo que tiene básicamente dos opciones (aunque la política tiene la capacidad de sorprendernos por sus inesperados giros):

• Admite que el continuismo no es ya realista y por tanto decide negociar en serio. Acepta el puente de plata de las elecciones y la amnistía. La emergencia de ese escenario no es fácil por la vocación totalitaria y para comunista de la cúpula gobernante, por los intereses crematísticos existentes y por los naturales temores a perder la protección del poder. Sin menoscabo de lo afirmado, lo planteado puede ser la salida más honorable para el futuro del chavismo como fuerza política. De hecho algunos amigos del régimen como Pepe Mujica han sugerido fórmulas al respecto.
• Decide conforme al paradigma castrista resistir y mantenerse a toda costa en el poder apelando al terrorismo de Estado y reprimiendo masivamente, en otras palabras provocando un baño de sangre nunca visto en Venezuela y similar ¡qué paradoja! al impulsado por Pinochet en Chile en 1973. La misma por muchas razones supone un costo terrible para el país y para quienes la adopten, sobre todo porque hay sobre la mesa unas propuestas realistas y prácticas para esquivar ese despropósito.

Estamos ante un panorama volátil, dinámico y complicado en el cual los dirigentes del país deben hacer todo lo necesario y posible para superar constructivamente la situación.

Caracas, 29 de enero de 2019

El Estado Cuartel y su apéndice NM como la máxima expresión de perversión y regresión política en la historia de Venezuela, mostraron con sus tiros el domingo su predilección por la polemología, típica barbarie de un bestiario militarista que desconoce el contenido de la Constitución. El Estado Cuartel, es decir, un enjambre de militares convertidos en operadores políticos accionando, además, como gobierno y empleando la verticalidad como mandato, muestra a través de una exhibición de instrumental de guerra una “respuesta” al Estatuto de Transición Democrática emanado de la Asamblea Nacional legítima, con el objeto de hacer efectivo el artículo 333 de la Constitución.

El Estado Cuartel ese que se mostró el domingo 27 de enero del presente año, en un supuesto despliegue de tropas e instrumental de guerra que se confunde con un ejercicio táctico, es una burda expresión del elemento militar haciendo política. El Estado Cuartel mostró al elemento militar apoyando públicamente como partido político en armas a Nicolás Maduro declarado usurpador. Violando así la Constitución. Ese grupo de militares que se prestaron a esa farsa, e igual a la farsa del 20 de mayo de 2018, son el Estado Cuartel. Estado Cuartel que extrema su irresponsabilidad siendo culpable por crear una sociedad ahuecada, que convertida en Calamidad Político Social se muestra como la diáspora, vergüenza de este régimen comunistoide.

El Estado Cuartel, ósea los militares ministros, jefes de empresas, gerentes de bancos, gobernadores, alcaldes, constituyen la regresión mas vergonzosa de la política y de la imposición a rajatabla de la polemología, que hoy es despreciada y enjuiciada por la mayoría de los ciudadanos ante la desgracia, dolor y pobreza que vive la República. El Estado Cuartel obedece a la expresión de Nicolás Maduro de que la oposición política democrática no entraría a Miraflores, ni con balas ni con votos. Es tambien la ideología militarista ahora gobierno, es el militarismo como motor funcional de un régimen autocrático, ladrón y mafioso que ha comprometido a los hombres en filas a que se parezcan a un Partido Político en Armas , lo que es igual a un organización militar político-partidista. Ese Estado Cuartel y su prepotencia criminal para amenazar al ciudadano y jurar, de manera pública de espalda a la Constitución, que respaldan a un usurpador constituye la razón del más grave desprecio de todos los venezolanos, hacia quienes de manera inmoral y cobarde se han valido de su condición de hombres armados para atemorizar al ciudadano y violar abiertamente la Constitución.

El Estado Cuartel por ignorante no ha entendido que la mayoría de venezolanos demócratas respetamos la Constitución, y que a partir del 5 de enero se ha iniciado un proceso que conduce a que el Estado-nación venezolano como entidad política haga valer los artículos 233, 333 y 350 con lo cual se configura una realidad que obliga a la Teoría del Estatuto. La Teoría del Estatuto sirve como ley, ordenanza o pequeña Constitución para resolver la grave situación creada por Nicolás Maduro cuando pretende imponer su condición de presidente, que fue desconocida el 20 de mayo y, que en el peor de los casos, sufre el rechazo de la mayoría de los venezolanos.

En consecuencia, el problema no es jurídico, es político y en tal sentido es la mayoría democrática afectada por una guerra molecular la que asqueada, cansada y dispuesta políticamente se acerca a un proceso de Transición Política, en el cual se recupere la vigencia de la Constitución de 1999. El Estado Cuartel -los militares como gobierno- no tienen nada que hacer en la presente crisis que no sea respetar la Constitución. Ello significa que quienes se entienden como Estado Cuartel, los mismos que echaron tiros el domingo y mostraron su soporte a un usurpador, están obligados a cumplir con la Constitución. De violarla serán sancionados, tal como lo señalan el cuerpo de leyes de la República

Los demócratas venezolanos -la mayoría- no reconocemos al partido político en armas, no aceptamos el Estado Cuartel ya que es un militarismo aberrante con concepción marxista -leninista, amarrado a una revolución bonita cuyo resultado es la Sociedad Ahuecada, la Calamidad Político Social y la Diáspora, que ahora pretende para imponer o limitar el proceso de transición desatar la guerra molecular. No habrá guerra molecular, el Estado Cuartel como caporales y vasallos de las revolución bonita no saben de política, pero sí de plan de machete, de caudillo y caudillismo por cuanto nunca fueron líderes militares, ni líderes, ni jamás estadistas. Venezuela hoy requiere de Estadistas.

Los demócratas venezolanos estamos consientes de la fragilidad de la transición política, no obstante haremos de este proceso una escuela política. Escuela política nacional que insufle el deseo a participar, que permita crezcan líderes políticos vecinales que animen la Transición Política Concertada, para conseguir mediante la Resistencia Civil sin violencia, pero con clara idea política neutralizar al Estado Cuartel. El Estado Cuartel, entonces, no podrá echarle tiros a la transición y la transición, por la vía de la desobediencia civil, hará posible la reinstalación de la democracia como un derecho legitimo de una sociedad civilizada que merece vivir en paz, en armonía y alcanzar el desarrollo.

Es original,

Director de CEPPRO

@JMachillanda P

Caracas, 29 de enero de 2019

Hay una división tajante e insostenible a largo plazo. A un lado, una presidencia estatal sin pueblo pero armada hasta los dientes. Al otro, un presidencia simbólica y constitucional, sin posibilidad de ejercicio y totalmente desarmada, pero que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría ciudadana y con el también inmensamente mayoritario apoyo de los gobiernos democráticos del planeta.

Pocas veces la historia ha consignado una polarización tan radical como la que se da en Venezuela entre el poder de la fuerza y el poder de la política. Polarización que elevada hacia el plano internacional se presenta bajo la forma principal de contradicción entre dictadura y democracia. Maduro y Guaidó, Guaidó y Maduro, son efectivamente representaciones venezolanas de la contradicción principal de nuestro tiempo. Contradicción que está muy lejos de la que se dio en el pasado reciente, a saber, entre una izquierda y una derecha mundial. No hay que olvidar en ese sentido que los dos principales aliados internacionales de Maduro –Putin y Erdogan– no son precisamente de izquierda.

Dicho de modo grueso, la contradicción venezolana, expresión agudizada de una contradicción mundial, tiene solamente dos salidas: O una salida militar o una salida política. En aras de una salida política, la mayoría ciudadana de Venezuela y la mayoría internacional se encuentran frente a la misma muralla: las FANB, el ejército venezolano, el estamento militar convertido por Chávez, los Castro y Maduro, en una enorme guardia pretoriana al servicio de un gobierno minoritario, fraudulento y, por lo mismo, usurpador.

Pero – y aquí está la letra mayúscula del problema– en las manos de ese ejército están las llaves que abrirán o cerrarán las puertas de la democracia venezolana. La clave es entonces militar. Pero la salida es política. O, por el bien de todos, debería serlo

¿Cómo descifrar la clave militar? No es muy fácil pues no estamos frente a un ejército normal. Estamos hablando de un ejército que es parte de una fusión entre un sistema, un gobierno y un partido. En términos politológicos, el chavo-madurismo ha convertido a las FANB en una organización corporativa, eje fundamental de una nueva clase dominante de estado. Sin embargo, hay que seguir horadando el tema. ¿Cómo traspasar el muro militar?

Juan Guaidó ha presentado una hoja de ruta dividida en tres fases: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Sin duda la primera fase es la más difícil: cese de la usurpación significa, dicho en buen castizo, poner fin al gobierno de Maduro. Vale decir, si uno lee bien la línea Guaidó, estaríamos frente a una vía insurreccional sin que sean especificados los medios para transitarla.

Pero cualquier escenario que lleve al fin de la usurpación pasa por las FANB. Ya sea una lucha de desgaste, con alta participación masiva, que excluya el decrecimiento de las demostraciones y que incluya un alto número de cadáveres (reedición ampliada de las jornadas del 2017); ya sea un quiebre horizontal o vertical del estamento militar que lleve a un enfrentamiento entre militares (todas las guerras civiles han sido militares); ya sea una rendición del ejército frente a una invasión extranjera (la variable menos probable); ya sea combinaciones de lo uno o de lo otro, todas esas alternativas pasan por la hegemonía de lo militar por sobre lo político. Eso no quiere decir que la vía Guaidó sea incorrecta. Es correcta. El único problema es que, dada la correlación de fuerzas que se observa en suelo venezolano, está puesta en un orden incorrecto. Incluso, inverso.

Tal vez advirtiendo la incoherencia del orden discursivo de la línea Guaidó, cuatro gobiernos europeos, los de Alemania, España, Francia e Inglaterra, redactaron un ultimátum a Maduro. En términos escuetos el ultimátum dice así: si en el plazo de ocho días Maduro no convoca a elecciones libres reconoceremos como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. Al ultimátum se van sumando otros gobiernos europeos.

¿Intentan los gobiernos europeos dar una chance a Maduro? A primera vista pudiera entenderse así. Pero a través de una segunda mirada entendemos algo distinto. Se trata de una posibilidad destinada a instalar carriles políticos antes de que ocurra un descarrilamiento cuyas trágicas consecuencias no queremos siquiera imaginar. En otras palabras, la “entente” europea ha invertido el discurso de Guaidó. El orden de la línea discursiva, de acuerdo a los gobernantes de esos cuatro países, debería ser entonces: elecciones libres – transición – fin de la usurpación.

Probablemente los gobiernos europeos calculan con que Maduro no aceptará medirse en nuevas elecciones –las que evidentemente perdería– y al fin no les quedará otro camino que reconocer a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. O tal vez esperan una señal de Maduro antes de tomar la decisión definitiva.

Convocar, en efecto, no quiere decir llamar de inmediato sino, simplemente, aceptar la realización de elecciones libres en un plazo indefinido pero breve. Visto así, los tres gobiernos ofrecen un tema para un diálogo entre las fuerzas contrarias y al mismo tiempo un objetivo de lucha a la oposición. Con respecto al diálogo, entregan una materia concreta a negociar (una negociación o diálogo que no incluya la palabra elecciones no debe hacerse jamás) Con respecto al objetivo de lucha, una alternativa real y una posibilidad para reconectar el proceso iniciado el 23-E con el 6-D, día en que nació la actual AN sin la cual Guaidó no existiría políticamente. Esto vale para el caso en que Maduro acepte el ultimátum. Pero sobre todo vale –como probablemente ocurrirá– para el caso en que no lo acepte.

Si Guaidó es tan inteligente como hasta ahora parece serlo, debería considerar la estrategia de los gobiernos europeos. Más todavía si tenemos en cuenta que las democracias latinoamericanas, aparte de discursos pomposos no han sugerido nada concreto.

Queda, por cierto, la posibilidad de que Maduro acepte el ultimátum o algunos de sus términos. La posibilidad no puede ser del todo descartada. Astuto como es, conoce las taras de la oposición mejor que las propias. Sabe por ejemplo que hay dos palabras que dividen a la oposición. Esas palabras son: diálogo y elecciones. La oposición alrededor de Guaidó debería estar desde ya en guardia frente a esa posibilidad si es que no quiere ceder hegemonía a los extremistas del maduroveteya, en-dictadura no-se-vota, no-lo-llames elección y otras mieles similares. Por de pronto, debería tener nombres en vista hacia eventuales candidaturas para que no vuelva a suceder lo mismo que en los diálogos de Santo Domingo donde fueron a hablar de elecciones presidenciales sin tener un candidato (algo así como asistir a tu boda sin llevar a tu novia)

¿Y la clave militar? Cabe imaginar que la clave militar puede ser descifrada mucho mejor con votos contados y certificados, e incluso con el reclamo masivo frente a evidentes fraudes, que con batallas callejeras donde solo se puede perder, o con grandes manifestaciones sin posibilidad de ser mantenidas durante un largo tiempo.

El momento no es insurreccional, es político. Por esa misma razón -reiteramos- el orden del discurso debería ser: elecciones libres – período de transición – fin de la usurpación. No entender ese orden solo puede llevar a la oposición a tropezar una y otra vez con la misma piedra

Por supuesto, la historia no se repite. Pero las estupideces, sí.

1. Llega la noticia de que el régimen ya mandó “al carajo” el ultimatum. Con eso no hace más que abrir las compuertas para que aumente la presión nacional e internacional por “elecciones libres”. Por cierto, no faltarán los aguerridos que declararán por cerrada la lucha por elecciones libres y optarán por otra vía que nadie sabe cual es.

Tal como era reconocido en múltiples ámbitos, el país confronta la peor crisis de gobernabilidad que se pueda imaginar. No solo es la dimensión política, evidente y de amplia presencia en todos los escenarios internacionales. Es también la grave dimensión económica y sus repercusiones sociales. Los eventos políticos no hacen sino profundizar la dinámica de la hiperinflación, ya con una duración de quince meses. No hace falta resaltar que hasta que no se controle la hiperinflación, la debacle social seguirá aumentando de intensidad.

En estas circunstancias es importante enfatizar que la solución política debe fundamentarse justamente para resolver la crisis social y económica

De allí que un día más de prolongación de la situación, influye en aumentar las restricciones y dificultades. Ahora bien, la vía para resolver esta terrible situación no puede implicar la vuelta a los trechos conocidos, con la idea de que es necesaria una fase de “normalización” para luego considerar los problemas “estructurales”.

Abogar por la “normalización” puede estar basado en la idea de que los desequilibrios económicos del país requieren medidas macroeconómicas y que por “añadidura” se retomará el bienestar que supuestamente teníamos. En esa visión, el programa de estabilización de la economía lo resolverá todo, acabar con la hiperinflación y producir más petróleo. Con esos elementos, en un tiempo prudencial volvería la “felicidad”.

Esa visión desconoce totalmente que los problemas del país, agravados inmensamente en estos veinte años, tienen su raíz en la consolidación de una economía absolutamente dependiente del petróleo, y que, para remate, no generó las capacidades para crear valor cuando teníamos las posibilidades. Es decir, cuando teníamos las personas con las competencias para producir otros bienes. Ahora, cuando millones han dejado el país y han trasladado sus competencias a otros lugares, no se puede reiterar la causa central de todo lo que ha pasado.

Es clave examinar lo que ha ocurrido en el mundo del desarrollo, para tener dimensiones del retroceso que se ha experimentado en Venezuela. Hay que afrontar esa realidad. Hay que ponerle tamaño. So pena de actuar ingenuamente. Justamente porque en la medida que hemos retrocedido, otros han avanzado, y mientras Venezuela confronta la única hiperinflación en la segunda década del siglo XXI y tiene la crisis de gobernabilidad más grande en los últimos treinta años en América Latina (por decir solo un detalle), esos países están ocupados en aumentar la capacidad de innovación, en producir nuevas tecnologías, en ensanchar el mundo del conocimiento, en enseñar a todos sus niños a pensar y ser creativos. Actualmente en Venezuela para millones de niños no está garantizada ni la comida del día.

Entre 1922 y 1985, Venezuela superaba ampliamente a Corea del Sur en PIB per cápita. En 1950 Venezuela tenía cuatro veces más PIB per cápita que Corea del Sur. Pero, además, aunque sorprenda, Venezuela en ese año superaba a Japón en PIB per cápita. Teníamos el doble de Japón. A partir de 1961 nos desplazó Japón. Y dos décadas más tarde nos superó Corea del Sur. Hoy en día Japón es, desde hace décadas, la economía más diversificada del mundo. Corea del Sur ya le llega cerca.

Entonces, el retroceso no se resuelve con volver a las fuentes tradicionales de lo que producimos. Justamente en estos veinte años se quiso llevar esta premisa al límite, esto es, vivir del petróleo. Creer, según esta orientación, que el bienestar estaba a la vuelta de la esquina y se prolongaría por siglos. La realidad de estos años indica que no era así, que no ha sido de esa forma desde hace seis décadas, al menos.

Japón y Corea del Sur son países diversificados porque ese es el acuerdo de la sociedad. Porque han avanzado en la construcción de emporios de conocimiento, en los cuales la preocupación central es innovar y contar con recursos humanos de la más alta preparación.

En ese contexto, ¿Cómo se pueda avanzar en el desarrollo de Venezuela sin cambiar la orientación fundamental? ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de los venezolanos sin fijar un rumbo que apunte a la diversificación? ¿Cómo se puede progresar en la dirección que nos ha demostrado que no es la correcta? ¿Cómo plantear las mismas estrategias que aumentarán el retroceso? Definitivamente, los venezolanos, los de ahora y los del futuro, requieren una mejor interpretación de nuestro rol en el mundo. Un liderazgo con mayor compresión de nuestras posibilidades, un liderazgo del siglo XXI, no del pasado, un liderazgo con vocación para los altos retos

Una propuesta de futuro para los venezolanos debe colocar en el centro la aspiración de ser una sociedad de conocimientos. Con claridad, con ambición. En la cual el petróleo sea un medio, no un fin

Una alternativa con ganas. Sin complejos. Construida con el talento de los venezolanos. Esa visión tiene que plantear los retos del conocimiento para los niños que nacen hoy en cualquier sitio de Venezuela. Debe ser una plataforma para incorporarlos en la modernidad del siglo XXI. Con posibilidades para la innovación en empresas, grandes, medianas y pequeñas. También debe tener opciones para el talento que hoy se mueve en el mundo y quiere saber si puede desarrollarse en el país en el que se formaron. Esa visión debe tener respuestas para la universidad pública venezolana, hoy confrontada con la mayor pérdida de talento de toda su historia. Si esa propuesta no tiene ideas para esas inquietudes desde el primer minuto, será una respuesta para continuar en el pasado. Para mantener el retroceso.

marinojgonzalez@gmail.com

Los atletas, entrenadores, profesores y dirigentes deportivos, participamos activamente, en la jornada nacional de protesta del 23 de enero contra el usurpador y en solidario apoyo a la Asamblea Nacional porque tenemos claro, en primer lugar, que se trata de un deber, y los ciudadanos cumplimos los deberes con la misma fuerza con la que reclamamos el respeto a nuestros derechos. Así se construye una República y a esa costumbre debemos apelar todos si realmente queremos reconstruir moral, cívica, cultural, económica y socialmente a Venezuela.

La tragedia que estamos sufriendo no se soluciona con mesías o caudillos, para salir de esta situación es indispensable que los ciudadanos tomemos conciencia del momento, del daño causado y del enorme potencial que tenemos para superar la crisis, si todos remamos en la misma dirección

Si algo bueno pudiera dejarnos esta crisis, es que con ella podrán irse los viejos vicios y también los nuevos, los ladrones de ayer y los de hoy, los mentirosos y los egos que permitieron la llegada de esta revolución del mal y los que ahora con esas mismas prácticas tratan agónicamente de mantenerlos. El final de esta crisis está cerca y con ella debe morir la politiquería, –de ayer y de hoy venga de donde venga–, para dar paso el ejercicio de la política decente, transparente, clara y de cara al ciudadano. Y el nuevo ciudadano no puede quedarse, como ayer, pintado en la pared viendo como otros cobran y se dan el vuelto, es imprescindible que la ciudadanía, la Sociedad Civil toda, participe activamente y ello significa entender que también tenemos una alta cuota de responsabilidad en la reconstrucción nacional y que debemos estar vigilantes, exigir, supervisar, controlar y velar por un desempeño dentro del “deber ser”.

Mención especial merece que la Asamblea Nacional, su nueva directiva, decidiera reconstituirse y retomara el contacto con el país, con los ciudadanos, no solo para respetar lo establecido en los artículos 66 y 197 de la Constitución Nacional, referentes al derecho que tenemos los electores a que nuestros representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión y la obligación a mantener una vinculación permanente con los electores, mantenerlos informados y escuchar las sugerencias que se les pueda hacer … sino además, porque están dando respuestas al clamor nacional y están tratando de recuperar la legitimidad de desempeño que se ha perdido desde el 2016.

Por eso, hemos visto como la ciudadanía en número cada vez más creciente brindó su apoyo decidido a la realización de los “Cabildos” como mecanismo de información para el ciudadano y como herramienta para unificar y masificar el mensaje, cuya expresión concreta se vio en la multitudinaria marcha realizada el 23-E nacional e internacionalmente.

El camino de lucha ciudadana no termina este 23 de enero. La hoja de ruta, señala el camino democrático a seguir: 1.- Sacar a un gobierno incapaz, delincuente y usurpador. 2.- Superar un sistema económico y social empobrecedor e indigno. 3.- Echar las bases para establecer Constitucionalmente un gobierno de transición con un plan de emergencia nacional previamente acordado y dado a conocer al país, garantizando su gobernabilidad. 3.- Preparar una elección nacional. Transparentes, legal, legítima, Constitucional y finalmente, 4.- Manteniendo esa unidad de propósitos, ocuparnos sin exclusiones a reconstruir a Venezuela.

El tránsito por la ruta establecida requiere del ciudadano una actitud vigilante y una participación activa para alcanzar los objetivos propuestos. Entendemos que es necesario pasar por un gobierno de transición, pero debemos exigir las bases legales y Constitucionales que lo hagan posible, (haciendo más fácil el reconocimiento internacional), necesitamos una Ley de Transición y un acuerdo político que le de sustento a este proceso-.

El país quiere y requiere una elección presidencial, pero es necesario exigir que los responsables de llevar adelante los cambios y mecanismos que la hagan posible, se ocupen sin más dilaciones de hacerlo: Se requiere una renovación del CNE. Ocuparse de corregir los vicios legales que enturbian el proceso electoral y eso es URGENTE y tiene meses de retraso. Consolidar el “Derecho al Voto” a los millones de venezolanos que hoy se encuentran fuera del país y La Libertad de los Presos Políticos.

Hoy, la lucha contra una gestión de gobierno ideologizada, inepta y corrupta es una obligación y un deber ciudadano. Solo la Unidad de los ciudadanos nos permitirá la superación y derrota de un régimen autoritario, autocrático, centralista, militarista, totalitario y populista.

Finalmente, el sector deportivo manifiesta su reconocimiento y agradecimiento a la Comunidad Internacional (Grupo de Lima, OEA y la Unión Europea) por el apoyo prestado; y, el llamado es a que continúe la presión internacional, que ha permitido poner en evidencia al régimen de Nicolás Maduro sobre la violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos ante el mundo. Estamos seguros. Que este apoyo y la unidad de los venezolanos contribuirán a ponerle fin a esta situación.

El compromiso de lucha es por la Defensa de la Constitución, la Libertad de todos los Presos Políticos, por la restitución de la Dignidad Humana, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación de calidad, al Deporte, a la autonomía universitaria, por la defensa de las Contrataciones Colectivas, y la eficiencia de los servicios públicos indispensables (electricidad, agua, aseo urbano, gas, transporte público e internet)

NO A LA DICTADURA.

FUERA EL USURPADOR.

Una mirada al estatuto sobre la transición y restablecimiento de la vigencia de la Constitución para la segunda discusión en la AN.

1.- La realidad política del momento histórico recogida en el contenido del Estatuto.

Es inusual encontrar un texto normativo en el cual, algunos de sus artículos registren los hechos políticos que fundamentan el objeto del mismo, generalmente esa es la función de la exposición de motivos; ese es el caso del Estatuto que rige la transición y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución en Venezuela, en cuyo contenido hay artículos que registran los hechos que configuran la Usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro.

El Estatuto expresamente en su artículo 8 recuerda que el evento político celebrado el 20 de mayo de 2018, no fue una legítima elección presidencial, razón por la cual no lo califica como hecho electoral; por tal motivo, reitera expresamente, no existe Presidente electo legitimado para asumir la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025.

Y por tal motivo, el Estatuto reitera y ratifica el contenido del artículo 138 de la Constitución vigente, en cuyo contenido se establece de manera categórica que toda autoridad usurpada es ineficaz y en consecuencia, sus actos nulos.

Lo que quiere decir, para que no quede duda alguna, que a partir del 10 de enero de 2019 se consideran nulos e ineficaces todos los actos dictados por Nicolás Maduro.

En tal sentido, el Estatuto, reitera el llamado a todos los ciudadanos, investidos o no de autoridad, a no obedecer los mandatos de la autoridad usurpada; y a los funcionarios públicos, les recuerda los artículos 25 y 139 de la Constitución, en cuyo contenido expresamente se reconoce lo siguiente:

-Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados en la Constitución y la ley, son nulos. Y en consecuencia, los funcionarios que lo ordenen o ejecuten incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. (Art. 25 Constitución Nacional)

-La responsabilidad individual de los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones actúen con abuso, desviación de poder o en violación de la Constitución o la Leyes (135 Constitución Nacional).

Reitera el Estatuto, la obligación de todos los funcionarios públicos de observar el principio de supremacía constitucional, garantizado en el artículos 7, de atender al llamado del artículo 333 de la Constitución y de obedecer los mandatos de los Poderes Públicos legítimos en Venezuela, especialmente en lo referido a los actos en ejecución del Estatuto.

2.- El papel de la Asamblea Nacional en la transición.

Sobre la actuación de la Asamblea Nacional y su Presidente, el Estatuto recuerda de manera expresa la fecha de inicio y de culminación del período legislativo, reiterando que durante ese tiempo, la Asamblea Nacional tiene el deber de ejercer sus funciones constitucionales.

Así mismo, el instrumento jurídico hace mención a las elecciones parlamentarias, recordando que las mismas deberán realizarse para el último trimestre del año 2020, según lo establecido en las normas constitucionales y en las leyes electorales.

Así mismo destaca que la Asamblea Nacional podrá adoptar las decisiones necesarias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional, a los fines de asegurar el resguardo de los activos, bienes e intereses de la República en el extranjero y promover a la protección y defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano, todo ello de conformidad con los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales en vigor.

En el Estatuto se reconocen las siguientes atribuciones de la Asamblea Nacional:

1. Designación de jefes de misiones diplomáticas, reivindicando así el artículo 236, numeral 15 de la Constitución.

2. Función contralora. Mediante la cual se reivindica el papel de la Asamblea Nacional como el ente responsable de ejercer control político sobre la Administración Pública, los activos de la República Bolivariana de Venezuela y de sus entes en el extranjero.

3. Función de investigación. A través de la cual, la Asamblea Nacional está llamada a participar en la investigación de las graves violaciones a derechos humanos, la investigación de las actividades ilícitas relacionadas con corrupción y lavado de dinero a los fines de asegurar la recuperación de los capitales derivados de tales actividades ilícitas.

4. Promoción de cooperación internacional. A través de esta función la Asamblea Nacional debe promover la implementación de los mecanismos de cooperación internacional para atender la emergencia humanitaria y la crisis de refugiados y migrantes, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

5. Defensa de la soberanía. Lo que supone que la Asamblea Nacional deberá adoptar medidas que permitan el rescate de la soberanía estatal en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

6. Promoción de la participación ciudadana. Lo cual exige a la Asamblea Nacional articular acciones con la sociedad civil para promover mecanismos de participación ciudadana que legitimen el proceso de transición democrática y favorezcan la cesación de la usurpación de los poderes presidenciales por parte de Nicolás Maduro Moros.

Esa lista no es restrictiva, pues la Asamblea Nacional podrá asumir todas aquellas atribuciones que sean necesarias de conformidad con el artículo 333 de la Constitución, las leyes de la República y el propio Estatuto, atendiendo a los límites derivados de los Tratados y demás instrumentos internacionales de derechos humanos en vigor.

Por último y no por ello menos importante, el Estatuto reconoce que conforme al artículo 233 de la Constitución, el Presidente de la Asamblea Nacional es el legítimo Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

Y ratifica que los actos del Presidente encargado serán sometidos al control parlamentario de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 187, numeral 3, de la Constitución.

3.- Alcance jurídico del Estatuto.

El objeto del presente Estatuto es establecer el marco normativo que rige la transición democrática en la República Bolivariana de Venezuela.

La transición es entendida como el itinerario de democratización y reinstitucionalización del Estado Venezolano y encuentra su fundamentación constitucional en la supremacía constitucional prevista en el artículo 7 y por supuesto, en el artículo 333 de la Constitución, el cual, como ya se ha señalado, expresamente llama a todos los venezolanos, sin excepciones, a colaborar con la restitución de la vigencia de la Constitución.

La Asamblea Nacional presenta el Estatuto que se revisa para la segunda discusión, como un acto normativo en ejecución directa e inmediata del artículo 333 de la Constitución, que también sirve de fundamento para la validez de todos los actos dictados por los órganos del Poder Público para ejecutar los lineamientos establecidos en este Estatuto.

Por lo tanto, el Estatuto expresamente señala que las decisiones tomadas en el marco de esas normas, serán de obligatorio acatamiento para todas las autoridades y funcionarios públicos, así como para los particulares.

4.- Estructura del Estatuto.

Es un Estatuto que se desarrolla en 36 artículos agrupados en 6 Capítulos.

Capítulo I Disposiciones Generales.

Capítulo II Usurpación del Poder Ejecutivo Nacional.

Capítulo III De la actuación de la Asamblea Nacional y su Presidente.

Capítulo IV De la reinstitucionalización de los órganos del Poder Ciudadano, del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Capítulo V De la conformación de un gobierno provisional de Unidad Nacional.

Capítulo VI De las elecciones.

Capitulo VII Disposiciones Finales

5.- Objetivos del Estatuto:

Los objetivos que los legisladores persiguen con el Estatuto de transición democrática para la restauración de la vigencia de la Constitución son:

5.1.- Regular al Poder Público.

El Estatuto establece la obligación de regular la actuación de las diferentes ramas del Poder Público durante el proceso de transición democrática, de conformidad con el artículo 187, numeral 1 de la Constitución, que expresamente reconoce a la Asamblea Nacional como responsable de legislar en materia de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.

Por lo tanto, es precisamente en ese artículo citado, en donde el Estatuto identifica el inicio del proceso de restablecimiento del orden constitucional y democrático por parte de la Asamblea Nacional.

5.2.- Ejercicio de la Política exterior

El Estatuto persigue establecer lineamientos conforme a los cuales la Asamblea Nacional tutelará ante la comunidad internacional los derechos del Estado y pueblo venezolanos, hasta tanto sea conformado un Gobierno provisional de unidad nacional.

5.3.- Reconciliación.

Sentar las bases para iniciar el proceso ciudadano de reconciliación nacional.

5.4.- Gobierno de Unidad.

El Estatuto busca establecer los lineamientos políticos que guiarán las acciones de la Asamblea Nacional para la conformación de un Gobierno de unidad nacional que supla la ausencia de Presidente electo hasta tanto se celebren elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible.

5.5.- Reinstitucionalización.

El Estatuto busca definir los criterios de oportunidad y celeridad para designar o ratificar a los titulares del Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con la Constitución y las leyes.

5.6.- Reinstitucionalizar la FAN.

Por último, el Estatuto reconoce como objetivo el fijar los lineamientos para garantizar la integración constitucional de la Fuerza Armada Nacional en el proceso de transición democrática, de conformidad con las directrices del artículo 328 de la Constitución.

6.- Etapa de la transición:

El Estatuto reconoce la transición como un proceso que se desarrollará en tres etapas:

1. La liberación del régimen dictatorial, que ocurrirá con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moros.

2. La conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional que asegure restablecer el sistema democrático y convocar elecciones libres.

3. El restablecimiento del Estado democrático con la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas en el menor tiempo posible

7.- Fines perseguidos por la transición democrática.

1. Pleno restablecimiento del orden constitucional,

2. El rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres.

3. La reversión de la emergencia humanitaria compleja, con el propósito de rescatar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los derechos humanos.

8.- Valores que inspiran la transición:

1. La vida,

2. La libertad,

3. La justicia,

4. La igualdad,

5. La solidaridad,

6. La democracia,

7. La responsabilidad social,

8. La supremacía constitucional y, en general,

9. La preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

9.- Agenda de la transición.

Son 5 puntos los que deben ser abordados en lo que podría llamarse una Agenda por desarrollar en el marco del proceso de transición, esos puntos son:

1. Lineamientos para la transición política.

2. Lineamientos para la transición económica.

3. Reinstitucionalización de los órganos del poder público.

4. Gobierno provisional de unidad.

5. Elecciones.

1.-Lineamientos para la transición política.

La Asamblea Nacional, atendiendo su tarea legislativa, asume el compromiso de dictar las Leyes que promuevan la transición política de conformidad con el artículo 333 de la Constitución.

Esas leyes tendrán como objetivos centrales:

1.1-Respeto a la Constitución y a la legalidad.

Se propone crear los incentivos jurídicos y garantías para que los funcionarios civiles y militares actúen apegados a la Constitución y no obedezcan las ordenes de quien usurpa la Presidencia de la Republica desde el 10 de enero de 2019, así como de los demás órganos integrados inconstitucionalmente como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, de manera que colaboren y participen en el proceso de transición y de restablecimiento del orden constitucional.

1.2.- Desarrollo de justicia transicional.

Se plantea la necesidad de desarrollar el sistema de justicia transicional, orientado a rescatar:

· La dignidad humana,

· La justicia,

· La protección.

· La reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

· Las medidas para establecer la verdad.

· La promoción de la reconciliación nacional, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados vigentes de derechos humanos y en el artículo 30 de la Constitución.

El Estatuto plantea la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, una vez cesada la usurpación, la cual será independiente, encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos, proponer los lineamientos políticos y legislativos para la reparación de las víctimas y promover la educación democrática, la cultura de la paz y la reconciliación nacional.

1.3.- Decreto de Amnistía.

Se propone decretar las amnistías para aquellos ciudadanos, civiles y militares, que se mantienen privados de libertad por razones políticas, así como otorgar garantías de reinserción democrática a las personas que coadyuven al restablecimiento del orden constitucional, todo de conformidad con los artículos 23, 29 y 187, numeral 5, de la Constitución y los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

1.4.- Respeto a la Constitución por parte de la FAN.

En este sentido el Estatuto sólo se limita a señalar que se definirán las políticas orientadas al efectivo cumplimiento del artículo 328 de la Constitución y a la integración constitucional de la Fuerza Armada Nacional en el proceso de transición democrática.

2.- Lineamientos para la transición económica.

En esta materia, el Estatuto se limitó a señalar que estos lineamientos se dictarán para atender la emergencia humanitaria y que através de los mismos se promoverá el rescate de la economía venezolana, atendiendo al artículo 299 de la Constitución.

3.- La reinstitucionalización de los órganos del Poder Público.

En principio el Estatuto reconoce que la Asamblea Nacional es la responsable por determinar la oportunidad para efectuar total o parcialmente los trámites necesarios para que, en el marco del artículo 333 de la Constitución y de conformidad con las leyes, permitan recuperar la legitimidad de los Poderes Públicos.

Y expresamente señala que todos los ciudadanos y funcionarios públicos tienen el deber de colaborar con dichos trámites.

En virtud de los mecanismos de cooperación entre Poderes Públicos que establece la Constitución para la designación de los titulares de los mismos, la Asamblea Nacional procederá a designarlos o ratificarlos bajo el siguiente orden de prelación: titulares de los órganos del Poder Ciudadano, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Rectores del Consejo Nacional Electoral.

Estos Poderes Públicos legitimados de conformidad al Estatuto ejercerá funciones hasta el último semestre del año 2021. En ese momento, la Asamblea Nacional electa el último trimestre del año 2020, designará o ratificará titulares de los órganos del Poder Ciudadano, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Rectores del Consejo Nacional Electoral, los cuales ejercerán períodos constitucionales completos en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sobre la legitimación del Poder Ciudadano, se establece que mientras dure la usurpación de Nicolás Maduro, y sea imposible no sólo el funcionamiento constitucional y democrático del Consejo Moral Republicano, sino también, la convocatoria del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano será la Asamblea Nacional, que conforme a la aplicación del artículo 333 de la Constitución, establecerá los mecanismos para que la ciudadanía organizada a través de academias, universidades y organizaciones no gubernamentales postule de manera pública las ternas de candidatos para ser designados como titulares de los órganos del Poder Ciudadano, de modo que se cumplan los extremos establecidos por el artículo 279 de la Constitución.

Sobre la legitimación del Tribunal Supremo de Justicia, la norma establece que se reconocerán como Magistrados legítimos a los designados por esta Asamblea Nacional de conformidad con la Constitución y con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en sesión de fecha 21 de julio de 2017.

En tal sentido, la Asamblea Nacional efectuará el trámite de designación o ratificación del resto de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hayan sido designados en legislaturas anteriores a la Legislatura 2016-2021.

Una vez designados todos los Magistrados y provistas todas las magistraturas vacantes, los mismos deberán incorporarse al máximo órgano jurisdiccional de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Sobre la legitimación de los Rectores del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional ejercerá sus competencias establecidas en el artículo 295 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral para la designación o ratificación de los Rectores del Consejo Nacional Electoral.

El Estatuto asume como materia prioritaria, la designación de los Rectores del Consejo Nacional Electoral.

El Comité de Postulaciones Electorales ejercerá sus competencias con la mayor celeridad posible, de modo que la renovación del Consejo Nacional Electoral favorezca la realización de elecciones libres y competitivas sin dilaciones indebidas que, una vez cesada la usurpación y conformado el Gobierno provisional de unidad nacional, permitan la consolidación de la democracia.

4.- Gobierno Provisional de Unidad Nacional.

El Estatuto regula la dinámica de un Gobierno Provisional de Unidad Nacional. El cual deberá ser convocado, una vez que se verifique la inexistencia de condiciones técnicas para realizar las elecciones presidenciales en los 30 días conforme a lo previsto en la norma constitucional.

Además, de manera muy clara, advierte que esa verificación sobre las condiciones técnicas, debe ser realizada por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

Así mismo el Estatuto advierte que esas elecciones presidenciales, luego de ser verificada la imposibilidad técnica de ser celebradas en el tiempo que establece la Constitución, deben ser realizadas tan pronto lo permitan las condiciones técnicas dentro de un plazo máximo de doce meses.

El Estatuto asume la imposibilidad técnica para celebrar las elecciones en el tiempo que establece la Constitución, por tal motivo, la norma autoriza a la Asamblea Nacional a que adopte medidas necesarias para conformar un Gobierno de Unidad Nacional que dará inicio a la segunda etapa de la transición democrática.

Importante destacar, que el Estatuto recordando el fundamento del artículo 333, establece que el mandato de dicho Gobierno provisional culminará con la juramentación ante la Asamblea Nacional del nuevo Presidente electo en las elecciones libres y competitivas que a tal efecto sean convocadas y organizadas por el Poder Electoral bajo todas las garantías establecidas por los estándares nacionales e internacionales de transparencia comicial, dándose lugar a la culminación del período presidencial 2019-2025.

El Estatuto además, destaca que el Gobierno Provisional de Unidad Nacional, tendrá la responsabilidad de:

1.- Rescatar la soberanía estatal en el territorio de la República y a tal fin, lo faculta para solicitar la ayuda de la comunidad internacional a los fines de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República, previa autorización de la Asamblea Nacional de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 187 de la Constitución.

2.- Tramitar la cooperación financiera internacional de organismos multilaterales y países del mundo libre a los fines de iniciar el proceso de transición económica y de proseguir la reversión de la emergencia humanitaria.

3.- Solicitar el acompañamiento permanente de organismos internacionales especializados en la garantía y defensa de los derechos humanos a los fines de acompañar el proceso de transición democrática e informar a la comunidad internacional de la situación de dichos derechos en Venezuela.

5.- Gobernabilidad y programa mínimo de Gobierno.

El desarrollo normativo de esta materia, se inicia reivindicando la participación ciudadana, al destacar que la sociedad civil y las organizaciones con fines políticos serán consultadas por la Asamblea Nacional a los fines de apobrar mediante acuerdo parlamentario las reglas de gobernabilidad y las directrices del programa mínimo que, dentro de los principios de la economía social de mercado, ejecutará el Gobierno provisional.

A tal efecto se tendrán en consideración los lineamientos para la transición política y los lineamientos para la transición económica establecidos en el Estatuto.

Expresamente se establece que el programa mínimo respetará los principios del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía que están establecidos en el artículo 299 de la Constitución.

10.- La reinserción de Venezuela en la comunidad internacional.

El estatuto, establece como tarea, la reinserción plena del Estado venezolano en los organismos internacionales de protección de derechos humanos dejando sin efecto la denuncia de la Carta de la OEA, ratificando de nuevo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisdicción contenciosa obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como ratificar los demás tratados sobre derechos humanos en el sistema interamericano y en el sistema de Naciones Unidas.

11.- El Camino Electoral.

El Estatuto expresamente reconoce la necesidad de establecer el marco general para implementar las reformas orientadas a rescatar la soberanía popular a través de elecciones libres, competitivas y transparentes.

A tal fin, el Estatuto señala una serie de pasos que la Asamblea Nacional debe seguir, a saber:

-El rescate de las condiciones de integridad electoral que permitan la realización de una elección presidencial correspondiente al término del período presidencial 2019-2025.

-La renovación de los Poderes Públicos a los fines de adoptar medidas que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos a la libre postulación a cargos de elección popular y al sufragio, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en los estándares internacionales de integridad electoral.

-El fortalecimiento de las organizaciones con fines políticos, de conformidad con los términos establecidos en el artículo 67 de la Constitución y con el apoyo de los demás Poderes legitimados.

12.- Divulgación del Decreto.

Las Disposiciones finales, establecen que el Decreto será comunicado a la mayor brevedad a todos los actores de la comunidad internacional, y además, destaca que en virtud de la imposibilidad de acceder a la Gaceta Oficial debido al régimen de facto y a la usurpación que imperan en Venezuela, el presente Estatuto y las decisiones que se implementen serán publicados en los medios de divulgación que a tales efectos determine la Asamblea Nacional.

30 de enero 2019