En estos momentos se impone el respaldo irrestricto a la Asamblea Nacional. Respetamos la posición de varios distinguidos luchadores, que emplazan a su presidente Juan Guaidó a asumir la presidencia de la República para llenar el vacío de poder. En democracia ese sería el procedimiento correcto. En dictadura hay que considerar otros factores.

Maduro usurpó la presidencia y no puede ser reconocido por ningún demócrata, pero con el apoyo de un Alto Mando Militar servil y de los magistrados ilegítimos del Tribunal Supremo de Justicia asumió de facto la presidencia, lo cual fue un golpe de estado. Como cualquier dictador, Maduro ordenará la prisión de Guaidó o de cualquiera que designe la Asamblea Nacional e incluso de los diputados.

¿Están dispuesto los ciudadanos a protestar a las calles y exponerse a que la Guardia Nacional, la Policía Nacional, el Sebin y los paramilitares rojos los acribillen? ¿Hay consenso en una huelga general indefinida, corriendo los riesgos de saqueos por parte de los paramilitares rojos? ¿Son más valiosos nuestros diputados en la cárcel o en la Asamblea?

¿Qué posición asumirá Henry Falcón, Avanzada Progresista y quienes participaron en la farsa electoral de mayo?

Nos permitimos llamar a la sensatez. La lucha debe intensificarse y para ello no debemos insistir en que nuestros diputados se inmolen. Personalmente estaría de acuerdo con la línea dura de muchos compatriotas que arriesgan sus vidas y pertenencias; desde hace muchos años he escrito que los militares deben intervenir y, desde luego, con la rebelión popular. Lamentablemente, actualmente no percibo ambiente, ni recursos suficientes para materializar estas acciones.

Maduro asumió de facto, pero la crisis económica, las protestas a diario por escasez de comida, medicinas, gas, luz, agua e inflación, además de la presión internacional de países democráticos, no le permitirán sostenerse mucho tiempo. Los principales países de la OEA desconocieron el nuevo mandato de Maduro. La posición de México, Uruguay, El Salvador y de algunos países del Caribe de abstenerse en la votación de la OEA, evidencia que se dicen países democráticos, pero que no defienden la democracia. Nicaragua, Bolivia y Surinam no son democracias. Dominica, St. Vincent y Granadinas dependen de las dádivas de la dictadura.

En casi todo el mundo hubo protestas de los venezolanos. En Toronto, a menos 14 grados centígrados, la incansable Rebecca Sarfatti logró convocar un grupo para rechazar la usurpación de Maduro y apoyar a la Asamblea Nacional

Maduro está acorralado. Hoy más que nunca los demócratas debemos estar unidos. No importa que tengamos diferentes estrategias

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

1. ¿Cómo se mantiene todavía en el poder alguien tan incompetente como Maduro, deslegitimado por quebrar las normas éticas, legales y morales que debía respetar, con un entorno internacional cada vez más adverso y repudiado por la inmensa mayoría de los venezolanos?

Por complicidad del alto mando militar y gracias a la seguridad de estado instrumentada desde Cuba.

Chávez desmanteló el Estado de Derecho para reemplazarlo con un Estado Patrimonial, que confunde el patrimonio público con el de la jerarquía militar y civil en el poder. Afianzó un régimen de expoliación, es decir, un arreglo orquestado con base en relaciones de fuerza derivadas de la estructura de poder para depredar la riqueza social, en desapego a criterios de racionalidad económica. Por ende, no está sujeto a normas sino a transacciones de naturaleza política que truecan obsecuencia y lealtad por el derecho a participar en tal depredación. Favorece la formación de mafias que rivalizan entre sí en el despojo de lo que consideran “cotos de caza”. Condena al país a la mayor miseria y al hambre.

Su apoyo fundamental proviene de elementos hegemónicos de la Fuerza Armada, deliberadamente corrompidos para hacer de ellos cómplices: Vladimir Padrino López, Antonio Benavides Torres, Néstor Luis Reverol, Fabio Zavarce, Gustavo González López y otros, manchados con la sangre de los jóvenes asesinados por la represión desmedida que ordenaron y de las numerosas muertes por hambre o por no conseguir medicamentos, a consecuencia de la desidia del régimen del que se benefician. Junto a altos funcionarios, exmilitares y amigotes, constituyen una nueva oligarquía que controla nodos decisorios sobre buena parte de la economía venezolana, en particular, sobre las oportunidades de extraer rentas. Cuentan con el monopolio de los medios de violencia del Estado que complementan armando a bandas paramilitares delincuentes. En complicidad de un poder judicial viciado, ejercen un terrorismo de Estado en contra de quienes protestan o realizan actividades que amenacen su control sobre la población.

Esta oligarquía se ampara en simbolismos maniqueos de la mitología revolucionaria para erigir una falsa realidad que culpa a otros de sus desmanes y legitima su depredación, en nombre de un “socialismo del siglo XXI”. Su régimen es populista, pero teniendo en cuenta su militarización y afición por la violencia, un término más preciso es neofascista. Un locus de decisión muy importante reside en quienes están al mando del Estado cubano, con gran experiencia en materia represiva, quienes controlan a Maduro. La aquiescencia de la oligarquía con éstos, como con acreedores chinos y rusos, es traición a la patria, pues es a expensas del saqueo de recursos del subsuelo y de renunciar a reclamos territoriales.

2. ¿Cómo un país, otrora entre los más prósperos de la región y ejemplo de democracia en América Latina, pudo llegar a esto?

Chávez capitalizó la naturaleza populista, clientelar, de la democracia venezolana para arribar al poder.

El ingreso petrolero y el sesgo ideológico-político de quienes forjaron el régimen democrático devino en una economía y una sociedad tutelada por el Estado. El manejo de la renta petrolera enraizó un contrato social mediante el cual las mayorías apoyaban al gobierno a cambio de que mejorara en forma palpable sus condiciones de vida. Un modelo proteccionista orientado al mercado interno, con una moneda fuerte para importar insumos y equipos, rentabilizó la inversión privada, generando crecimiento y empleo, sujeto a que la renta siguiese aumentando. Cuando la crisis de este modelo impidió al gobierno cumplir con su parte del contrato, los que tenían poder de negociación con el Estado pudieron defenderse, pero muchos quedaron excluidos. En un país imbuido en el culto al héroe –Bolívar-- fueron presa fácil de alardes mesiánicos prometiendo cumplir. La renta fomentaba la ilusión de que, con voluntad, ello era posible, pero la partidocracia y la corrupción se interponían al disfrute de un mayor bienestar que, por derecho, le correspondía a cada uno. Tal demagogia encontró caldo de cultivo en la carencia de cultura ciudadana, en la cual los derechos no dependen del cumplimiento de los deberes, la tradición clientelar y porque primaba una cultura política de izquierda, estatista, donde nadie reivindicaba ser de derecha.

Los intentos de cambiar el modelo con CAP fueron incomprendidos. Sus costos iniciales, el malestar por el despelote del liderazgo político tradicional y la crisis financiera fueron capitalizados por Hugo Chávez, quien procedió a barrer con la institucionalidad democrática para acaparar de forma excluyente el poder.

3. ¿Cómo puede Venezuela superar la presente tragedia?

Cambiando de gobierno, y de modelo político y económico.

Esta verdad de Perogrullo tiene dos vertientes. El cambio de gobierno requiere de una correlación de fuerzas capaz de provocar la salida de la oligarquía depredadora. Ello implica resquebrajar sus bases de poder y fortalecer una opción democrática unida, plasmada de un proyecto alternativo libertario y de justicia capaz de entusiasmar a la población, bajo un liderazgo tenaz y consecuente. El Plan País, en sus dos versiones –La Venezuela que Viene y el Día Después—constituyen un buen comienzo. A través de su discusión entre amplios sectores de la sociedad, debe traducirse en lineamientos concretos que hagan suyos. Es necesario seguir fortaleciendo los nexos con la comunidad democrática internacional, entre ella el Grupo de Lima, para achicar las posibilidades de despojo de las mafias e impedir su disfrute. Pero sin esa gran fuerza democrática interna capaz de articularlo con otras acciones, no es suficiente.

A los militares hay que confrontarlos con la terrible tragedia de la cual son responsables por ser el sostén principal de Maduro. Los que no sean cómplices del infame crimen que se ha instalado deben pronunciarse contundentemente contra la farsa de su supuesta reelección para que las mafias entiendan que con ellos no cuentan. ¿Qué tienen que sobreponerse a la contrainteligencia cubana, poniendo en peligro su carrera, su libertad y hasta su vida?, ¡Sí! Pero ellos decidieron la carrera de las armas para defender la patria, no a la escoria que la traiciona. Que no mancillen el legado del Ejército Libertador pues, si no, ¿Qué los distingue de los asesinos fascistas que su anuencia perpetúa en el poder?

Una vez desalojados los criminales, debe instrumentarse un programa, con apoyo mayoritario, que eche las bases de una economía competitiva capaz de sostener el crecimiento con equidad. Es imprescindible un programa de estabilización con financiamiento internacional que derrote la hiperinflación y sustente un mercado cambiario único de libre concurrencia, con garantías a la propiedad y procesales para la iniciativa privada. Es menester forjar consciencia de que la defensa de conquistas laborales, de consumidores, ecológicas y de grupos vulnerables, pasa por cumplir deberes ciudadanos en resguardo de la institucionalidad democrática. La economía social de mercado debe reemplazar al PetroEstado. La renta petrolera no será manejada por los gobiernos, si no por fondos blindados en sus reglas de asignación y gasto, que la invertirán en función de objetivos consensuados: infraestructura, servicios, educación y salud, la consolidación de un sistema de seguridad social moderno y sostenible, y en otras externalidades que faciliten la transición hacia una economía competitiva con equidad.

Economista, profesor de la UCV

humgarl@gmail.com

Nicolás Maduro finaliza el 10E su gobierno y con ello muere el proyecto castrochavista, perverso y totalitario, que se propuso una revolución y destruyó casi por completo por completo la república. Si no fuera por el arraigo y valentía de la mayoría de los venezolanos, que por demócrata están dispuestos a potenciar la Transición Política Concertada. Transición política concertada por tanto el liderazgo con legitimidad de origen, y otros líderes en otros campos, han llamado al ciudadano para que a través de un proceso de socialización demuestren su preferencia por la democracia liberal. Democracia liberal que se fundamenta en la Constitución y en la simbología de la decencia política, coraje venezolanista de los venezolanos del siglo XXI.

Nicolás Maduro y su enjambre –el partido político en armas- culpables de la diáspora y la calamidad político-social, tendrán que entender que la voluntad general del 82% de los ciudadanos rechaza, pero además, desprecian las autocracia militarista responsable de una locura de la una revolución que muestra los más graves y dolorosos hechos de corrupción. Todos serán enjuiciados por la voluntad política general y la creatividad de la política venezolanista, que frente a la antipolítica como línea de pensamiento y acción, cuanto se nutrió en la Venezuela república, fue dolor, sufrimiento y el más grave desprecio por una grotesca tiranía y todos sus tiranos con uniforme.

Nicolás Maduro cierra el ciclo de más de cuarenta años de penetración y veinte años de gobierno catastróficos, que no pudieron detener ni desviar el gentilicio democrático del venezolano. Ustedes, los comunistas, leninistas y marxistas han fracasado y la resistencia civil ejercida por la vía de la transición política se encargará de hacérselos entender. Los demonios del castrochavismo culpable por la sociedad ahuecada, de la calamidad político-social y de la dolorosa diáspora merecen ser enjuiciados a partir del 10E, cuando Nicolás Maduro sea remplaza de acuerdo a la Constitución de la República de Venezuela.

La Constitución a partir del 10E de 2019 orienta sobre la voluntad general y la creatividad de la política en Venezuela para imponer el artículo 333 y el Estatuto que como ordenanza conducirá de nuevo a la república. La república y los repúblicos estimulan a que la ciudadanía se muestre como Participación Política Contendiente para tejer paso a paso, con el empleo de la política, la Transición Política Concertada. No hay espacio para la ideología o doctrina, sino para la política y la libertad con actividad propia, flexible y conciliadora que conduzca a un gobierno para una sociedad libre.

Sociedad libre donde los venezolanos ciudadanos democráticos, seremos los responsables por el consentimiento de la mayoría, de allí brota la importancia de la Transición Política Concertada. Transición como proceso, que conducirá a la sociedad a un rearme moral, que como fuerza política producirá energía, continuidad y crecimiento para que funcione el sistema político venezolano. Por ello, el ciudadano velará por el reconocimiento del otro, practicará encuentros, se preocupará por las instituciones y terminará por mostrar su deseo político para que haya un crecimiento y promoción de la sociedad democrática.

La sociedad redefinida será, entonces, será uno de los objetivos de la Transición Política Concertada. Se trata de un necesario cambio categórico, responsable, pero además muy necesario. Necesario para la nación, necesario para la acción política, es decir, un grande e importante reto. La sociedad redefinida reafirmará el concepto de nación política con leyes, límites y, sobre todo, apropiado funcionamiento de sus instituciones. Son las instituciones las que facilitarán la existencia de leyes justas y con ello la redemocratización de la democracia.

La Transición Política Concertada conducirá a la instauración de la democracia creando confianza desde el inicio de ese complejo proceso de socialización, que se incrementará desde el 10E y culminará cuando se logre el gobierno legítimo. La Transición Política Concertada como proceso inteligente unirá y servirá para vivir en una sociedad plena de virtudes, distantes de la pre-política que ha estado presente en esta barbarie militarista, cruel e ignara, donde la antipolítica y la ignorancia representaron la más bastarda forma de hacer política, el salvajismo del militarismo, el mesianismo de los mentirosos y la demagogia, todas abrazadas por la corrupción y la inmoralidad exponencial.

Es original,

Director de CEPPRO

Caracas, 8 de enero de 2019

@JMachillandaP

Con voz propia

Nació El Impulso en Carora bajo la dirección de Federico Carmona como el Diario de Intereses generales, de circulación vespertina, en el primer día del año 1904, en inicios del siglo XX. Gobernaba la nación el General de la Revolución Liberal Restauradora Cipriano Castro Ruiz (no el –Ruz de los cubanos Fidel y Raúl) y en el Estado Lara, entonces integrado con Yaracuy, el Doctor en Derecho y General Rafael González Pacheco, trujillano.

A 5 lustros de su creación, el 19 de noviembre 1929, el ya consolidado diario fue reubicado en Barquisimeto, convertido en periódico matutino con nuevo lema: Por la Patria y por el bien público. Cuatro años después la empresa editora abrió en la Capital de la República El Impulso Caracas, el primero en tener un tiraje vespertino con el denominado El Pueblo.

Transcurría el 1933 y consecuente con su consigna-lema, adoptó valiosa disposición a impeler –no imperar- la Democracia. Por eso padeció la clausura junto con su vespertino, que ejecutó la dictadura del General Juan Vicente Gómez quien ordenó prisión del director Juan Bautista Carmona.

Pero en Barquisimeto siguió vigente El Impulso, no obstante que en Lara fungía de Presidente -tal designaban al ahora Gobernador- el primo hermano del benemérito tirano, General Eustoquio Gómez. Por cierto, a pesar de su declarado anticomunismo, permitía la difusión del socialismo.

“El periódico que enseña a leer un pueblo”, tal definía a El Impulso el intelectual Cecilio (Chío) Zubillaga – “caroreño universal”, le describe su biógrafo Juan Páez Ávila.

Reconocido como un medio de comunicación escrita, con línea independiente al servicio de la comunidad, destacamos en el acuerdo que como diputado propusimos en la Asamblea Nacional en 2004, cuando arribó al centenario. Le calificamos del periódico laico más antiguo del país. Decíamos laico porque el decano de la prensa nacional era para la época el diario católico La Religión, fundado el 17 de julio 1890 y al dejar de circular este El Impulso asumió ese decanato.

Contra él y la prensa independiente que resistía los embates del régimen militar auto determinado socialista comenzó a cercenar el derecho a la información cuando a finales del 2013 se inició la regulación de la entrega de papel periódico.

Así, el 10 de febrero del 2018 expresó en editorial titulado: Hasta hoy se nos permite circular. El embate es contra los periódicos decanos de las diferentes regiones, incluido El Nacional con 75 años de existencia. Escapan los comprados por testaferros del régimen, como Ultimas Noticias.

Desde 2013 Espacio Público contabilizó 22 medios salidos de circulación de forma indefinida. En total, 69 afectados por la escasez de papel. Algunos cambiaron su circulación por tiempo parcial o indefinido, su formato o redujeron paginación. Caso relevante es el de El Carabobeño con 83 años, el cual dejó de circular el 17 de marzo 2016.

Es producto de la rescatada hegemonía comunicacional que vulnera el derecho a la información que –no escatimamos en reiterar- fue acreditado en la “Constitución Federal para los Estados de Venezuela” el 21 de diciembre 1811, la primera del mundo de habla hispana. Y que en la vigente aprobada en 1999 cuenta con las más amplias normas (13 en total) del mundo, que tuvimos el honor de proponer como Constituyente. Y derrotamos al régimen opuesto a su inclusión de la información veraz que, por voz del entonces Canciller José Vicente Rangel, “es una necedad y un peligro para la libertad de expresión”.

En defensa de esas normas saludamos al arribo a los 115º de El Impulso, del cual me complace contarme entre sus columnistas.

Al MARGEN. Al menos perturbado debe sentirse Nicolás Maduro con el mensaje del Papa Francisco al Presidente Iván Duque, en reconocimiento a Colombia en el apoyo a los migrantes venezolanos, víctimas del régimen. De acuerdo al Artículo 96 de Constitución de la hermana República, NM es paisa.

jordanalberto18@yahoo.com

El día 8 de enero de 2019[1], la Asamblea Nacional aprobó el anteproyecto de Ley Marco del Estatuto que rige la transición democrática y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, cuyo contenido la convierte en una hoja de ruta o guía para enfrentar el desafío que supone la existencia de un país sin Presidente constitucional legítimo.

A continuación, una revisión breve a ese contenido para comprender mejor su alcance y sentido.

1.- Los motivos que fundamentan la necesidad de ese proyecto de Ley

El proyecto de Ley de Estatuto expresamente reconoce en su motivación, que el mismo es consecuencia de una realidad política inédita, que es la inexistencia de Presidente y de la usurpación derivada del vacío de poder derivado de tal hecho.

Ese proyecto de Ley en su exposición de motivos, afirma expresamente que “el único problema al cual se enfrenta Venezuela el 10 de enero de 2019 no es solo la ausencia de Presidente electo. Es, además, la ausencia de Estado de Derecho y, más allá, la propia ausencia de un Estado funcional.

Se reconoce que el 10 de enero 2019, debería ser el punto de partida de una estrategia de presión simultánea, nacional e internacional que permita lograr el cese de la usurpación, la conformación de un Gobierno de transición y realización de nuevas elecciones presidenciales.”

La Ley de Estatuto aspira ser una herramienta jurídica y política útil para concretar o materializar la aplicación efectiva del artículo 333 de la Constitución, a los fines del restablecimiento del orden constitucional y democrático, facilitando el marco institucional para que la Asamblea Nacional pueda asumir su responsabilidad histórica en la recuperación de la democracia en Venezuela.

2.- La estructura del proyecto de Ley

El estatuto propuesto plantea 28 artículos, estructurados en 7 capítulos, identificados bajo los siguientes títulos:

1. Disposiciones Generales.

2. Sobre la actuación del Estado venezolano ante la comunidad internacional.

3. Sobre el Consejo Nacional para la Transición democrática.

4. Sobre la reinstitucionalización de los Poderes Públicos.

5. Sobre los lineamientos para la transición política y económicos.

6. Sobre las elecciones.

7. Disposiciones transitorias.

3.- La finalidad de la Ley de Estatuto.

El Estatuto pretende ser una hoja de ruta de la Asamblea Nacional para lograr alcanzar la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución y permite definir parámetros para valorar si la Asamblea Nacional cumple o no lo prometido este año 2019.

4.- Objetivos del Estatuto propuesto.

1.- Crear un marco legal para actuación de los Poderes Públicos en esta situación atípica, a tal fin el estatuto busca:

1.1-. Regular las actuaciones de la Asamblea Nacional y del resto de Poderes Públicos legítimos en Venezuela mientras dure la usurpación de la Presidencia de la República como consecuencia del vacío de poder originado por inexistencia de Presidente electo para el período 2019-2025.

1.2-. Adoptar las decisiones que permitan a la Asamblea Nacional restaurar el orden constitucional y democrático y la reconciliación nacional.

1.3-. Establecer los lineamientos conforme a los cuales la Asamblea Nacional ejercerá ante la comunidad internacional los derechos del Estado venezolano, hasta tanto sea debidamente solventada la ausencia de Presidente electo.

2.- Crear una instancia para la transición, en tal sentido se promueve la creación del Consejo Nacional para la Transición Democrática, con la finalidad de coordinar el conjunto de acciones que permitan el cese de la usurpación de la Presidencia de la República y la transición a la democracia.

3.- Definir lineamientos políticos y económicos en un período de transición, que permitirá guiar las acciones de la Asamblea Nacional necesarias para suplir la ausencia de Presidente electo y la transición democrática, hasta la celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible.

4.- Reinstitucionalizar a los distintos actores del Estado, permitiendo a tal fin el establecimiento de procedimientos orientados a designar a los titulares de los Poderes Públicos, como condición necesaria para el restablecimiento del orden constitucional y democrático, así como los lineamientos para rescatar el rol que la Fuerza Armada Nacional debe cumplir en el marco del artículo 328 de la Constitución.

5.- La Ley de Estatuto busca rescatar la Soberanía Popular, procurando ser un marco general para implementar las reformas orientadas a rescatar la soberanía popular, promoviendo de esa manera el traspaso del poder a autoridades civiles electas en comicios libres y transparentes.

6.- Atender la emergencia humanitaria, sirviendo a tal fin como marco general para atender esa compleja situación y recuperar la capacidad del Estado Venezolano de ejercer su soberanía en todo el territorio nacional.

5.- Los valores superiores en los que descansa ese Estatuto son:

La vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

6.- La actuación de la AN ante la Comunidad Internacional

Este capítulo busca desarrollar un poco más el papel que deberá jugar la Asamblea Nacional como único Poder Público Legítimo y en consecuencia, pretende claramente servir de base jurídica para esa respuesta política que debe asumir el Parlamento Nacional para enfrentar el desafío que se presenta ante la juramentación inconstitucional e ilegítima de Nicolás Maduro como Presidente de la República.

Esa actuación está definida en las siguientes áreas:

1.- Representación política ante otros gobiernos.

Designar a representantes del Estado ante misiones diplomáticas, organismos internacionales y demás sujetos de la comunidad internacional.

2.- Defensa y recuperación de activos.

Asumir la gestión y defensa de los activos de la República Bolivariana de Venezuela y de sus entes en el extranjero, especialmente en lo que respecta a cuentas bancarias, cobro de facturas y obligaciones, así como la gestión de la deuda pública externa, procurando lo correspondiente para la defensa del Estado venezolano ante Cortes extranjeras, Tribunales Internacionales, y Tribunales de Arbitraje Internacional.

3.- Investigación en DDHH

Contribuir en la investigación de las graves violaciones a derechos humanos, la investigación de las actividades ilícitas relacionadas con corrupción y lavado de dinero a los fines de asegurar la recuperación de los capitales derivados de tales actividades ilícitas.

4.- Apoyo a la emergencia humanitaria

Contribuir a la implementación de los mecanismos de cooperación internacional para atender la emergencia humanitaria compleja y la crisis de refugiados y migrantes, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario.

El proyecto de Ley plantea que el ejercicio de esas atribuciones deben estar orientadas a promover el proceso de transición democrática en Venezuela y a reinsertar al Estado venezolano en el concierto de las Naciones libres, especialmente, de conformidad con lo dispuesto en la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y los demás instrumentos de Derecho Internacional del sistema interamericano de derechos humanos.

7.- La creación de una instancia para la transición

El proyecto de Ley propone la creación de una instancia llamada: Consejo Nacional para la Transición, el cual se presenta “como el órgano superior de colaboración de los Poderes Públicos legítimos, a los fines de coordinar las decisiones que, en el marco del presente Estatuto, adopte la Asamblea Nacional para cesar la usurpación de la Presidencia de la República, promover la transición democrática y lograr el restablecimiento del orden constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.”

Ese Consejo Nacional para la Transición, procurará alcanzar los siguientes objetivos específicos:

1.- Suplir la usurpación de funciones. A tal fin, el texto plantea que esta instancia tendrá la responsabilidad de impulsar y coordinar las medidas de la Asamblea Nacional que permitan suplir efectivamente la usurpación derivada del vacío de poder por la ausencia del Presidente electo para el período iniciado el 10 de enero de 2019.

2.- Restaurar el orden constitucional y democrático asumiendo a tal fin las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional para promover la transición política y económica, en el marco del presente Estatuto.

3.- Promover la organización y promoción de la participación ciudadana para la legitimación de la transición democrática.

El capítulo sobre este Consejo no desarrolla la estructura formal de ese Consejo y no logra profundizar sobre el papel de la sociedad civil en el mismo.

En tal sentido, Juan Miguel Matheus, diputado ante la Asamblea Nacional, expresó que el mismo será liderado por el parlamento y servirá para la articulación con la comunidad internacional y los ciudadanos que conforme al 333 quieran servir a la causa de la libertad.[2]

Este Consejo asume un rol muy específico, pero que se define de forma muy general, tal vez no podía ser de otra forma; más si permite que el mismo sea el punto de debate y de encuentro entre los distintos actores de la sociedad civil, a los fines de identificar, lo que se ha buscado desde hace mucho tiempo, que es la inclusión efectiva del ciudadano en el proceso de cambio político.

La consulta legislativa podría ser un instrumento idóneo para que este punto del Consejo y sus atribuciones, así como la incorporación de la sociedad civil en su estructura logre una legitimación significativa y contribuya con la idea de la Unidad Superior.

8.- La tarea de restituir la institucionalidad del Estado

Hay un capítulo en el proyecto de Ley que desarrolla una serie de normas a través de las cuales se identifican los desafíos de la Asamblea Nacional en la tarea de restituir la institucionalidad del Estado, en consecuencia, la Ley exige:

La relegitimación del Poder Electoral y Ciudadano.

La reestructuración del TSJ y garantizar su autonomía.

El cese de usurpación de Maduro.

La disolución de la Asamblea Nacional Constituyente.

Por cierto, no menciona el proyecto de Ley a la Fiscalía General de la República.

9.- La ruta legislativa para acompañar la transición política

Según el proyecto de Ley la Asamblea Nacional tendría que dictar Leyes a través de las cuales se promueva la transición política de conformidad con el artículo 333 de la Constitución.

Tales Leyes atenderán a los siguientes objetivos:

1.- Orientar la función pública, en consecuencia, el contenido del proyecto de ley propone crear los incentivos jurídicos para que los funcionarios civiles y militares actúen apegados a la Constitución y no obedezcan las órdenes de quien usurpa la Presidencia de la República desde el 10 de enero de 2019, de manera que colaboran y participen en el proceso de transición y de restablecimiento del orden constitucional.

2.- Desarrollar el sistema de justicia transicional, orientado especialmente a rescatar la dignidad, la protección y reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo las medidas orientadas a establecer la verdad y promover la reconciliación nacional, de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados vigentes de derechos humanos.

3.- Acordar la amnistía de aquellos ciudadanos que se mantienen privados de libertad, civiles y militares, por delitos políticos o comunes conexos, de acuerdo con la Ley aprobada en este sentido en 2016, la cual será reformada para incluir a aquellos afectados desde ese año.

4.- Reformar la FANB, buscando así, el efectivo cumplimiento del artículo 328 de la Constitución y al rescate de la capacidad del Estado para asegurar la defensa de la soberanía nacional en todo el territorio, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza.

5.- Atender la emergencia humanitaria y a tal fin la Ley Marco del Estatuto exhorta a la Asamblea Nacional para que a través de las leyes en esta materia, se procuren alcanzar los siguientes objetivos:

5.1.- Recuperación económica. A tal fin las leyes a aprobar deberán:

5.1.1- Adoptar las medidas necesarias para la asistencia financiera internacional extraordinaria de organismos multilaterales, préstamos bilaterales, donaciones internacionales, reestructuración de sus compromisos de deuda externa y un aumento significativo de su producción petrolera.

5.1.2- Restablecer los principios constitucionales que rigen el ejercicio de las políticas fiscales, cambiarias y monetarias, como condición necesaria para abatir la hiperinflación.

5.1.3- Empoderar a la sociedad civil a los fines de satisfacer sus propias necesidades, a través de la eliminación de los controles centralizados y medidas arbitrarias de expropiación y otras medidas similares, incluyendo el control de cambio.

5.1.4 Sustituir el modelo centralizado de controles de la economía por un modelo de libertad y de mercado basado en el derecho de cada venezolano a trabajar bajo las garantías de los derechos de propiedad y libertad de empresa.

5.2.- Promover una nueva política social que se enfoque en cuatro áreas:

5.2.1- Programas de abastecimiento y acceso a alimentos básicos;

5.2.2- Atención a programas de salud;

5.2.3- Programas de atención especializada los sectores más vulnerables de la población.

5.2.4- Programas de promoción de empleos de calidad y protección del ingreso familiar

A tales fines, el documento aprobado por la Asamblea Nacional advierte que los programas sociales basados en subsidios indirectos, clientelares y corruptos serán sustituidos por subsidios directos transparentes que rompan los vínculos de dependencia social actualmente existentes.

5.3.- Rescatar la Administración Pública.

5.3.1- Adoptar las medidas que rescaten la capacidad de la Administración Pública para promover el desarrollo económico inclusivo basado en la autonomía de la sociedad civil para satisfacer sus propias necesidades.

5.3.2- Someter a las empresas públicas a un proceso de restructuración que asegure su gestión eficiente y transparente, incluso, mediante acuerdos público-privados.

5.3.3- Asegurar la correcta capacidad de la Administración Pública se implementarán medidas efectivas de lucha en contra de la corrupción y del crimen organizado.

5.3.4- Adoptar las medidas que permitan la recuperación de activos provenientes de la corrupción, los cuales serán preferentemente empleados para atender la emergencia humanitaria compleja y recuperar la economía venezolana.

10.- La recuperación del voto

El proyecto de Ley plantea que la Asamblea Nacional adoptará las medidas que rescaten las condiciones de integridad electoral y permitan la realización de la elección presidencial correspondiente al período que inició el 10 de enero de 2019, así como las demás elecciones libres y transparentes que correspondan.

11.- La validez de la Ley

El proyecto de Ley plantea que debido a la imposibilidad de acceder a la Gaceta Oficial debido al régimen de facto que impera en Venezuela, el presente Estatuto y las decisiones que se implementen serán publicados en los medios de divulgación que a tales efectos determine la Asamblea Nacional.

En términos generales, es un documento que además de reconocer el Plan País, introduce un tema al debate político nacional, capaz de facilitar el camino para una mayor concreción de una hoja de ruta nacional, compartida por todos los sectores de la sociedad, como consecuencia de un compromiso político y social, que pueda ser asumido como un pacto de unidad superior.

Ello exige abrir un debate, que debe ser facilitado por los diputados del sector democrático, en cada uno de sus circuitos electorales, de manera responsable y disciplinada, como estrategia no sólo para lograr un gran acuerdo nacional en función de la hoja de ruta para el cambio, sino también, que permita demostrar la legitimidad real que detenta la Asamblea Nacional y con ello facilitar la defensa activa y efectiva del único Poder Público constitucional y legítimo del Estado Venezolano.

9 de enero 2019

[1]Primicias24.com. Diputado Luis Parra: AN aprobó anteproyecto de Ley que rige transición democrática. 8 de enero 2019. Recuperado online en: https://www.primicias24.com/nacionales/210650/diputado-luis-parra-an-apr...

[2]Efectococuyo.com. AN prepara anteproyecto de Ley de Transición ante usurpación de la presidencia. 8 de enero 2019. Recuperado online en: http://efectococuyo.com/politica/an-prepara-anteproyecto-de-ley-de-trans...

https://estado-ley-democracia.blogspot.com/2019/01/una-mirada-para-enten...

Utilizó la interrogante que formuló el Diputado Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional (AN), al cerrar el pasado martes 8 de enero, el debate que se llevo a cabo sobre “la Transición política nacional y la pretendida juramentación inconstitucional de Nicolás maduro”, para iniciar la siguiente reflexión.

Probablemente él se refería a una corta e intensa discusión que se dio virtualmente en las redes sociales, provocada por el propio Guaidó días antes, cuando en su discurso inicial de asunción de la presidencia, con evidente énfasis, calificó la situación que rodea al ejecutivo nacional, no de vacío de poder -como creemos corresponde- sino de “usurpación”. Evado aquí la tentación que me produce explanarme en consideraciones jurídicas y constitucionales para referirme a ambos términos; baste señalar que el primer concepto, el vacío de poder, se refiere estrictamente a una situación política que afecta el orden constitucional, por ser consecuencia del abandono material, jurídico o formal de funciones públicas; y el segundo, la usurpación, a un vicio estrictamente jurídico que puede ser de orden constitucional –conocido como usurpación de poder o de funciones- o de orden legal -llamado también extralimitación de atribuciones- pero que a todo evento, en ambos casos, por la gravedad que encierran sus ocurrencias, anulan de manera absoluta cualquier acto o proceder dictado o desarrollado bajo ella.

Nuevamente, después de un largo tiempo donde hemos presenciado un absoluto desprecio del derecho y de sus formas jurídicas por un régimen criminal que se ha burlado de la Constitución y el resto del ordenamiento legal continuamente, podemos evidenciar el estrecho vínculo que existe entre el Derecho y el Poder. A primera vista, cualquiera pudiera pensar que la diferencia entre la calificación de la existencia de un vacío de poder y usurpación no trasciende pues, la importancia del ciudadano siempre estará volcada en precisar como sacamos políticamente del poder al régimen que nos desgobierna y comenzamos el montaje de un nuevo estado que satisfaga sus necesidades.

La situación que vivimos todos los venezolanos en estos momentos, es similar a la que enfrenta un Abogado cuando en el ejercicio de su profesión defiende a alguien que haya sido desalojado de su vivienda o propiedad inmobiliaria. En esos casos, teniendo un sistema de justicia independiente y autónomo, es sumamente importante precisar si se trata de un problema de titularidad o de posesión; es decir, si el despojante se considera propietario o por el contrario, es un invasor de la posesión pacifica de su cliente. En ambos casos, la acción judicial a tomar es distinta: en el primer supuesto, sería necesario entablar un juicio ordinario de reivindicación y en el segundo, una acción urgente de protección posesoria interdictal. Ambas acciones, distintas en cuanto a su naturaleza, comprometen distintos costos en tiempos de resolución y esfuerzos económicos.

Trasladando analógicamente este símil a la situación política que vivimos en relación con el régimen, la pregunta que debemos contestar para saber cómo calificar jurídicamente lo que ocurrirá después del 10 de enero en el país, es ¿nacerá automáticamente un nuevo periodo presidencial después de esa fecha? Si la respuesta es afirmativa, tendríamos que concluir que Maduro será un usurpador cuando pretenda arrogarse la titularidad de Presidente para permanecer otros 6 años queriendo valer los efectos de la farsa electoral del 20 de mayo del 2018; si por el contrario, consideramos que es imposible que válidamente se inicie un nuevo periodo presidencial, porque simplemente, al no reconocer el acto pretendidamente electoral del 20 de mayo como válido ni existente, no existe persona alguna que pueda calificarse de Presidente Electo, pues es evidente que tendríamos ante nuestros ojos una situación política –no estrictamente jurídica- de vacío de poder en una de las ramas del poder público. Ambas circunstancias -y aquí el meollo de la discusión- embargan salidas políticas distintas, con tiempos, riesgos y esfuerzos también distintos.

Por eso, no podemos fácilmente despachar la respuesta a la pregunta del Diputado Presidente de la AN, diciendo “no, no es legal el problema que nos acontece, es un asunto político el que hay que resolver políticamente”, como si la calificación jurídica que del momento constitucional que vivimos no fuere importante. Por el contrario, tan importante es que, con reservas observamos que al utilizar el Diputado Guaidó la “usurpación” y decir enfáticamente: “en Venezuela la Presidencia de la República no está vacante”, saca de la argumentación el vacío de poder que le permitiría constitucionalmente a él como Presidente del Parlamento, asumir temporalmente la Presidencia de la República mientras se crean las condiciones para unas nuevas elecciones.

Es evidente que ante los riesgos, no solo políticos sino aquellos referidos a la integridad personal del Presidente del Parlamento, este haya preferido utilizar una conceptualización jurídica que le abre una puerta hacia un pasillo de transito más cómodo: la búsqueda de un consenso político para ir desalojando a Maduro progresivamente o lamentablemente de “a poquito”. Los operadores que juegan a favor de esta tesis, podemos dividirlos en dos grandes grupos: los que creen de buena voluntad en este camino por ser para ellos políticamente realizable, lleno de complejidades pero más controlable que la declaratoria del vacío de poder (siento que en este primer grupo se encuentra el joven Diputado Guaidó); frente a los que apuestan a él simplemente porque es lo más conveniente a sus intereses personales, para ir construyendo sólidamente un nuevo y oculto puente de negociación con el régimen que les permita a largo o mediano plazo, un desplazamiento favorable de los factores del poder hacia ellos y así, sin importarles para nada el hambre, enfermedad y desolación que viven los venezolanos, co-administrar la permanencia de Maduro hasta donde sea posible. Afortunadamente, este segundo grupo es minoría pero, lamentablemente muy hábil.

Para desmontar la posibilidad de que triunfe la minoría que enferma y contamina la lucha democrática hacia la libertad y podamos mas prontamente recuperar un estado democrático social de derecho y de justicia en un momento en que –no me cabe duda- el régimen se desmorona pero que como toda fiera herida que se sabe en trance de muerte, presenta su lado más peligroso; es necesario serenamente poder identificar los elementos que en este momento nos permiten insertarnos en una corriente que nos conduzca rápidamente hacia la recuperación del orden constitucional.

Somos de la firme creencia que una declaratoria de vacío de poder a partir del 10 de enero, fecha en la que vence el periodo constitucional vigente, que permitiera a la Asamblea Nacional recuperar el poder político formalmente, cubriendo según lo ordena la constitución, el evidente vacío de poder que inéditamente se creará -como consecuencia de amanecer ese día sin Presidente Electo- manejada con una cadena consecutiva de acontecimientos sociales y políticos internos, con un evidente acompañamiento internacional favorable y con una sólida carga de coraje y valentía ciudadana, especialmente desplegada por los representantes partidistas de la disidencia venezolana, sería un innegable factor catalizante de los cambios políticos intensamente deseados por todos los venezolanos de bien. Dentro de esos acontecimientos políticos estaría la inmediata aprobación por nuestro órgano autónomo legítimo, garante de la soberanía del pueblo democrático, la AN, de un instrumento jurídico (el Derecho otra vez, necesariamente…) que rigiera los pasos de la transición a la democracia, con el propósito de restablecer la vigencia de la constitución de Venezuela y el tan anhelado orden constitucional.

Es innegable que dada la fuerza implosiva que institucionalmente a favor de la disidencia y en contra del régimen, tuviese una declaratoria de vacío como la que proponemos con las otras decisiones políticas complementarias y consecuentes que estamos mencionando (asunción del Ejecutivo por el Presidente del Parlamento, declaratoria de un Estatuto para la Transición, acciones institucionales declarativas de recuperación del orden constitucional, etc.,) necesariamente tendría como hilo invisible tejedor de los pedazos de institucionalidad democrática que han sido rotos por el régimen, nada más y nada menos, que la fuerza normativa del aún inexplorado artículo 333 constitucional, el más eficaz fundamento jurídico con el que cuentan los ciudadanos, “investidos o no de autoridad” para salvar el orden constitucional menoscabado.

Sin embargo, es evidente, dada la narrativa desarrollada tanto por el Presidente de la recién designada Junta Directiva de la AN, así como de la discusión llevada a cabo en la sesión parlamentaria donde se trato el tema de la Transición, que el camino que emprenderá el Parlamento Nacional, será a partir de la declaratoria, no de vacancia en la presidencia del ejecutivo, sino de usurpación de funciones que Maduro materializará a partir del 10 de Enero. Esta declaratoria, si bien es el más largo a nuestro entender, no excluye –y aquí lo importante a destacar- la conformación de una importante “alianza de las fuerzas políticas de la oposición” así como de todos los factores sociales que conforman la disidencia venezolana, para contribuir en pactar un Estatuto -que aparentemente se desea darle la formalidad de Ley- para la Transición democrática hacia la Democracia.

A pesar de que aparentemente –a la hora en que se redacta este artículo de opinión- todo denota la existencia de un acuerdo para arribar a el instrumento que norme la transición por un camino que estimamos largo y formalmente poco ágil, considero que es la posibilidad de reunirnos, no como una Unidad -pues para ello es necesario tener valores éticos de significación política común, lo cual es evidente no se comparten en la oposición- pero si como una GRAN ALIANZA POLITICA de factores no coincidente en lo ideológico pero que tal como ocurrió en 1958 con AD, Copei, PCV, URD y otros sectores y grupos en los que se incluyo también significativamente, a un grueso componente de la Fuerzas Armadas Institucionales, pueda tejerse el pacto de la Transición definitiva hacia la libertad.

@PerkinsRocha

Para el historiador italiano, Emilio Gentile, el pueblo soberano es simplemente una retórica constitucional, que se expresa en una democracia que asume al Estado como el escenario, a los gobernantes como los actores protagonistas, y al pueblo soberano como una comparsa ocasional, que solo entra al palco para la escena de elecciones, mientras que el resto del tiempo asiste al espectáculo en calidad de público.

Hace 20 años, un 19 de enero de 1999, dos sentencias de la entonces Corte Suprema de Justicia de Venezuela, abrieron el camino para que, a través de una consulta, el pueblo soberano decidiera sobre la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente como mecanismo para reformar la Constitución de 1961 y lograr el cambio político que en ese momento el país reclamaba.

En 1999, más de seis millones de venezolanos decidieron permanecer como espectadores en esa democracia de la que habla Gentile, a diferencia de otros electores que decidieron “entrar al palco”, participar y opinar sobre la vía constituyente y la reforma constitucional. Esos electores que participaron afirmativamente en las distintas consultas realizadas aquel año 1999, superaron los 3 millones de electores.

Por lo tanto, el silencio de la mayoría y la participación efectiva de una mayoría relativa, flexibilizó el procedimiento formal de reforma constitucional y entramos a un ciclo histórico-político que hoy lleva 20 años.

Aquella solución política, justificada jurídicamente mediante la interpretación de la Constitución y de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política por parte de la Corte Suprema de Justicia –y políticamente soportada mediante la consulta al pueblo soberano– hoy presenta saldos desfavorables, trágicos y lamentables para el pueblo venezolano.

Los venezolanos hemos perdido la República. Nos han confiscado la Constitución y nos han expropiado la soberanía popular. El régimen ha sido exitoso en lograr esos fines, al impedir efectivamente la solicitud por iniciativa popular del referendo revocatorio, al condicionar la participación a través de los órganos del poder popular y al promover la pérdida de confianza en el voto como mecanismo de participación directo, secreto y universal.

¿Seguimos creyendo los venezolanos en el pueblo soberano?

Algunos seguimos confiando en la visión histórica de Emilio Gentile, quien en su obra La mentira del pueblo soberano en la democracia, nos recuerda que en el mundo, el pueblo soberano representa una poderosa creencia colectiva como factor de movimientos y cambios históricos.

Para Gentile, el pueblo soberano es algo real, representa un mito y una suerte de ídolo, cuya existencia real resulta muy difícil de demostrar, pero que “ha impulsado a millones de hombres y mujeres a luchar para realizar la más grande de las empresas humanas: la construcción de una sociedad basada en la dignidad, en la libertad, en la igualdad civil y política de toda persona, sin discriminaciones de etnia, raza, nacionalidad, sexo, religión, condición social”.

Precisamente, reivindicar la creencia en el poder del pueblo soberano representa uno de los desafíos más importantes que impone la inconstitucional juramentación de Nicolás Maduro, supuestamente ante el TSJ, el 10 de enero 2019.

Ese desafío debe encontrar en la Asamblea Nacional, y particularmente en los diputados democráticos, a los principales facilitadores políticos de un proceso que debe conducir a restaurar la soberanía popular y facilitar que la misma pueda ser ejercida en los términos que señala la Constitución de 1999.

Para rescatar efectivamente la creencia en la soberanía popular, resulta importante que la Asamblea Nacional promueva la construcción de una hoja de ruta hacia el cambio político, que sea viable desde el punto de vista constitucional y político, y que tenga la capacidad de orientar al ciudadano para que, ejerciendo la soberanía con libertad, se convierta en actor y no un simple espectador en ese proceso de cambio.

Los artículos 4 y 333 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presentan dos argumentos jurídicos sólidos para recuperar la creencia en el pueblo soberano.

El primer artículo garantiza que la soberanía popular reside en el pueblo, quien la puede ejercer de manera directa, y el segundo artículo mencionado exige de los ciudadanos que, a través de es ejercicio directo de la soberanía, colabore con la restitución de la vigencia de la Constitución.

Por cierto, es oportuno acotar que ese artículo 333 que hoy todos convocamos como argumento jurídico, existía en la Constitución de 1961 y se reconocía como el artículo 250, pero en aquel momento la creencia en la constituyente le restó importancia y se ignoró.

El Plan País y la hoja de ruta que propone la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, representan los únicos elementos que, de manera oportuna, están a disposición de la Asamblea Nacional como guías o referencias útiles para asumir el liderazgo y la conducción de un proceso de cambio político, que le exige recuperar la confianza de sus electores y restituir la creencia en la soberanía popular.

Sin duda alguna, a lo largo de estos años, los venezolanos hemos demostrado el compromiso de asumir la defensa de la Constitución y la democracia, lo que supone no ser público espectador, como dice Gentile, sino, por el contrario, querer ser actor del cambio, para lo cual resulta fundamental la capacidad real de ejercer la soberanía popular de manera directa.

Hasta ahora, la lección aprendida ha sido que la brecha existente entre las expectativas de la sociedad civil organizada y la dirigencia política, no han permitido la articulación y canalización efectiva de esas expectativas, generando grandes frustraciones y desconfianza hacia la representación política.

El libreto de la obra llamada democracia pareciera estar casi listo. La fachada del régimen es insostenible, pareciera que solo queda que la Asamblea Nacional logre terminar la escritura de ese libreto y proceda a coordinar su ejecución.

Para que esa ejecución sea efectiva y exitosa, se requiere de una clara demostración de unidad política, capaz de generar la suficiente confianza en la sociedad civil, que facilite la cohesión social en función de ese cambio político que todos aspiramos, en un marco objetivo y viable, que garantice su sostenibilidad, y que sólo lo puede otorgar en estos momentos la Constitución de 1999.

8 de enero 2018

Politika UCAB

https://politikaucab.net/2019/01/08/el-momento-del-pueblo-soberano/