La “democracia económica” no aparece como tal en la Constitución Nacional, pero existen artículos que la configuran como se observó en nuestro escrito anterior. Diferente sucede con la participación, mencionada taxativamente en 49 oportunidades y presente entre líneas cuando se habla de corresponsabilidad social en el artículo 326.

Con estupor y profunda indignación he leído la sentencia de la Sala Constitucional, en ponencia conjunta, que oculta a su proponente, en la cual se declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada por la Asamblea el 29 de marzo de 2016.