Criterios de justicia para la distribución del producto social

Para la teoría económica neoclásica, la justicia distributiva se sustenta en criterios basados en la competencia mercantil. En un mercado de competencia perfecta,1 cada quien debe obtener una retribución a su esfuerzo productivo igual al valor de su productividad marginal. Este valor lo determina(n) quien(es) consume(n) sus servicios, al pagar por ellos en ese mercado transparente y competido.

Emerge un constructo de justicia distributiva que no depende de la imposición o apetencias de personas u organizaciones específicas, sino de un criterio impersonal, “objetivado” a través de múltiples transacciones independientes. Nadie puede imponer su voluntad. Los epígonos del libre mercado sostendrían que ello corresponde a un estado ideal al que se debe tratar de aproximar, libre de interferencias ajenas que podrían trastocar la racionalidad y eficiencia de sus mecanismos. Mercados distanciados de la competencia generarán dinámicas distributivas perversas, pero sus intentos de “corrección” a través de controles o redistribuciones alejaría aún más la solución “ideal”. Una distribución más equitativa del ingreso dependería de la promoción de la competencia y de una mejor capacitación de quienes reciben bajas remuneraciones, de manera de elevar el valor de su productividad marginal. Un marco político inclusivo (Acemoglu y Robinson, 2012) contribuiría con el logro de estos propósitos. La corrupción se asocia a la percepción de ingresos por medios enfrentados a la racionalidad mercantil y violatorios de sus preceptos legales.

Pero el capitalismo real no se apega a los patrones ideales de la competencia. Marx y otros señalaron tendencias concentradoras y centralizadoras del capital como frutos de la lucha competitiva. Ello acaba con la competencia e introduce asimetrías de poder de mercado. Es decir, los grandes capitales gozan de un margen más favorable para imponerse. En la visión de Marx, la superestructura política que emanaba de las relaciones sociales de producción imperantes contribuiría a acentuar las iniquidades al defender a los capitalistas, iniquidades que, de paso, no se derivaban de la ausencia de competencia sino de la naturaleza explotadora del sistema. Pero esta visión determinista de Marx tampoco se aviene a la realidad, pues el estado es escenario del encuentro y contraposición de múltiples intereses. Por demás, esta postura marxiana se desdice con las abundantes denuncias de los inspectores de trabajo ingleses de los cuales se valió el alemán para criticar las condiciones de trabajo capitalistas en su obra magna, El Capital. Uno de los pocos marxistas que entendió lo de la “autonomía relativa del estado” fue Nicos Poulantzas, aunque desde una visión restringida por su apego a la lucha de clases.

El estado y la justicia distributiva

Sin entrar en consideraciones sobre lo que es o no es el estado, debe ser evidente para todos que, mientras más desarrollados, extensivos e inclusivos sean los mecanismos democráticos en un país, más difícil será que quienes manejan las palancas del poder político puedan defender intereses particulares. Esto de ninguna manera pretende argumentar que el estado es neutral. Siendo un organismo complejo, no siempre coherente o consistente en sus propósitos, y entrecruzado por múltiples intereses, sus decisiones tenderán a ser permeables a la influencia de quienes detentan mayor poder. Y aquí la palabra “tenderán” es muy importante, pues hay que considerar la actitud de individuos clave en la administración de la cosa pública. Es decir, la “autonomía relativa del estado” no sólo resulta de la miríada de intereses que lo entrecruzan, sino también del libre albedrío o, en todo caso, de la influencia de valores y hábitos, de individuos en posiciones decisorias que pueden contrariar los intereses de los poderosos.

Estas disquisiciones poco rigurosas buscan simplemente enfatizar el papel de las instituciones democráticas como contrapeso a la acumulación excesiva de poder. En el plano político, la autonomía y equilibrio de poderes propuesto por Montesquieu resultó en un marco institucional capaz de contener las apetencias autocráticas del jefe del Ejecutivo e, indirectamente, la sumisión del mundo militar a la voluntad soberana. En el plano económico, un estado permeable a las demandas y aspiraciones de sus ciudadanos tiende a responder a éstas, acotando el marco ante el cual discurren las actividades económicas. Históricamente podemos hablar de conquistas sociales y políticas que han redundado en derechos civiles, laborales, de los consumidores y ambientales, ante los cuales, en países con una institucionalidad fuerte, debe inclinarse la actividad mercantil. La distinción de Acemoglu y Robinson entre instituciones inclusivas y extractivas ilustra esta relación entre lo político y lo económico.

En conclusión, no existe la competencia perfecta que redundaría en una situación de justicia o equidad correspondiente a los criterios de la economía neoclásica. Por demás, la acumulación de capital, dejado a solas, resulta en crecientes iniquidades. El capitalismo, como sistema económico, ha demostrado ser muy eficiente -lo reconoció Marx al tildar a los capitalistas de fuerza revolucionaria de transformación-, pero no asegura un usufructo equitativo del producto social. La búsqueda de la equidad (según criterios sociales predominantes) debe provenir, por ende, de fuera de la esfera mercantil, del mundo político. Esta puede tomar dos formas. La primera, respetando los mecanismos mercantiles, pero poniéndole acotaciones a partir de las cuales puedan desenvolverse. La segunda, interviniendo o -en extremo- aboliéndolos, con base en criterios distributivos político-ideológicos para generar resultados diferentes a los que resultarían del libre accionar de las fuerzas de mercado. El primero aborda el problema de las condiciones para la equidad ex ante, el segundo lo intenta procurar ex post, alterando los resultados.

La economía social de mercado

Defendemos el rol de la democracia en hacer valer reglas de juego que, de manera ex ante, acoten el ámbito en el cual se desenvuelve la iniciativa privada, de manera de asegurar el respeto a los derechos civiles, laborales, de consumidores y ambientales, conquistados por la sociedad. La distribución del producto social seguiría determinada por los mecanismos autónomos, “objetivados”, del intercambio mercantil, pero -en la medida en que se ejerce una democracia efectiva, con transparencia de la toma de decisiones políticas y rendición de cuentas- dentro de un contexto que se encuentra fuertemente condicionada por las aspiraciones de justicia de la sociedad. Aunque los grandes capitales estarían siempre pendientes de sacarle provecho a su poderío, incluyendo el uso de medios ilícitos, estarían sujetos a medidas punitivas al descubrirse sus faltas, suponiendo un estado de derecho fuerte.

Cabe señalar que aquí no se está afirmando que un marco institucional que sustente la igualdad ante la ley garantiza la igualdad de oportunidades. El campo de juego, por más democrática, abierta e inclusiva que sea la sociedad, nunca estará totalmente nivelado. Individuos poco preparados y en minusvalía para ejercer sus derechos están en desventaja ante esta igualdad de oportunidades. Y siempre habrá circunstancias en las cuales el peso de los poderosos hará que se incline a su favor. Pero de ahí, precisamente, viene el desafío democrático liberal: una lucha permanente por rebajar estos privilegios y empoderar a los relegados en beneficio del ejercicio efectivo de esa igualdad de oportunidades. No hay fórmula mágica para la equidad, solo un medio para ella, la lucha democrática en un estado liberal de derecho.

El socialismo como solución mágica

Cabe señalar que en sus análisis de coyunturas políticas (La Guerra Civil en Francia, El 18 Brumario), Marx fue bastante más abierto y crítico que sus posteriores epígonos en relación con el rol instrumental que supuestamente tenía el Estado como defensor de las clases dominantes. Pero lo que prevaleció para la acción política de la izquierda radical en el siglo XX fue la visión simplista de que representaba el Estado Mayor político de la burguesía, resultante de su dependencia, como superestructura, de la base económica -aunque fuese solo “en última instancia” (Poulantzas dixit). De acuerdo con esta visión, la única manera de conquistar la equidad sería desplazando a la burguesía del poder político para convertir al Estado en instrumento (dictadura) del proletariado. La expropiación y socialización de los medios de producción convertiría automáticamente a éstos en instrumentos de la justicia distributiva: “de cada quien según sus capacidades, a cada quien según su trabajo”. Pero ello sería sólo mientras no se llegase a la sociedad de la abundancia que, en el pregón de Marx, sería el comunismo:

“cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá inscribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades!”2 (negritas mías, HGL)

El “derecho burgués” ahí referido se refiere no es otro que las reglas del intercambio mercantil. Solo que bajo el socialismo el intercambio sería equitativo por que se estarían transando bienes contentivos de iguales cantidades de trabajo (“socialmente necesario”). El problema es que, mientras no se lograba la sociedad de la abundancia habría escasez y, por ende, necesidades insatisfechas. En un plano menos abstracto, habría todavía pobreza e injusticia social. Como ello era inaceptable para la prédica revolucionaria, había que tomar atajos mientras se materializaba la anhelada jauja comunista. Esto implicaba intervenir los procesos de intercambio mercantil, sujetándolos a criterios políticos.

Como las revoluciones comunistas ocurrieron en países atrasados, donde las fuerzas productivas estaban poco desarrolladas, el imperativo de afrontar el problema de la pobreza y de la injusticia social era aún más apremiante. Se enfrentó cortando el nudo gordiano de la construcción del comunismo a-lo- Marx, instaurando desde ya el reparto según las necesidades, no según el trabajo. Se obvió la relación entre las fuerzas de mercado y el desarrollo de las fuerzas productivas, que estaban en la base del argumento marxiano. Para instrumentar estos mecanismos alternos de distribución del producto social había que desmantelar las instituciones -reglas de juego- que sustentaban el intercambio mercantil, el “derecho burgués” antes referido. Se obviaron los mecanismos “objetivados” e impersonales de distribución, sustentados en un intercambio mercantil en competencia y en el Estado de Derecho, para instaurar mecanismos políticos que no podían derivarse de otra cosa que no fuese la estructura de poder dominante. En la terminología de Acemoglu y Robinson, el control político excluyente del poder por parte de los comunistas se expresó en instituciones políticas extractivas que instrumentaron el desarrollo de instituciones económicas, también extractivas. Se tendió así la cama para todo tipo de prácticas corruptas, siempre y cuando pudiesen legitimarse ideológicamente.

El populismo

Pero estos “atajos” no eran prerrogativa exclusiva de regímenes comunistas. El populismo, por lo menos el latinoamericano, consideraba necesario intervenir los mecanismos de mercado con controles de precio y aumentos administrativos de salario. Supuestamente ello no tendría consecuencias negativas sobre el crecimiento, pues ampliaría el mercado para bienes básicos, “no sofisticados”, y estimularía la inversión doméstica, mejor posicionada para atender estas demandas. En un país petrolero como Venezuela, estas prácticas consiguieron amplio sustento financiero en la captación de formidables rentas en los mercados internacionales de crudo. En última instancia, los desajustes e insuficiencias podrían resolverse a “realazos”.

La arrogación por parte del Estado de decisiones estratégicas sobre el desarrollo, así como sobre la propiedad de industrias consideradas básicas, los controles de precio y la suspensión de las garantías económicas, dibujan un contexto institucional poco favorable al desarrollo de una economía de mercado basado en la competencia. Se asocia, más bien, a una basada en la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de funcionarios públicos, permeable a presiones y favoritismos de los poderosos. Por más que la ideología dominante de los gobiernos populistas venezolanos estuviese imbuida en la prosecución de la justicia social, las oportunidades de aquellos de torcer las reglas a su favor -dada la debilidad o plasticidad de muchas instituciones-, se traducían en resultados percibidos como injustos. Ello se torna aún más patente cuando, agotadas las posibilidades del desarrollo hacia adentro, el gobierno de Jaime Lusinchi refuerza los controles en respuesta a la crisis del sector externo y la inflación. Un mercado poco competido y sujeto a pautas que respondían a prioridades cambiantes, estimuló prácticas especulativas que premiaban, no el esfuerzo productivo, sino la astucia para sacarle provecho a estos cambios. Junto a prácticas clientelares con que se instrumentaron las políticas asistencialistas a los sectores más golpeados, se forjó un ámbito maleable al poder y a las influencias.

Paradójicamente, como lo reveló el rechazo de los intentos de corrección de estas aberraciones por parte del gobierno de CAP (II), los venezolanos se inclinaron, no por el fortalecimiento de las instituciones impersonales del Estado de Derecho y de la competencia mercantil, sino por un intervencionismo aún mayor, en la forma de un vengador justiciero que enderezaría las cargas a favor de quienes se habían sentido relegados, tanto por la crisis del modelo proteccionista anterior, como por las reformas introducidas para asignarle un papel más protagónico al mercado.

El socialismo del siglo XXI

La prevalencia del Estado como ductor de la economía encontró en las gestiones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro sus expresiones más acabadas. El gobierno de Chávez se caracterizó por articular un dispositivo macroeconómico para maximizar la disponibilidad de ingresos en manos del fisco para la prosecución de sus fines políticos, saltándose los controles sobre su usufructo y aplicación. Ello se enmarcó dentro de lo que el propio Chávez denominó “socialismo petrolero”. La formidable base financiera que se logró acumular se volcó en un gasto público discrecional, incluyendo la instrumentación de diversos mecanismos para transferir recursos a sectores de bajos ingresos a través de las misiones, que constituyeron su base política de apoyo por excelencia3. No puede negarse que durante los años de bonanza petrolera el consumo de estos sectores mejoró. Pero ello ocurrió en un marco de abatimiento de las instituciones del Estado de Derecho, en particular, las referentes a la rendición de cuentas, y a la acción contralora de poderes autónomos y de los medios de comunicación social, lo cual facilitó el usufructo de los recursos públicos en función de intereses particulares o grupales.

El desmantelamiento del Estado de Derecho se expresa en la centralización del poder y la toma de decisiones en manos de la Presidencia de la República, y la sumisión a él de los demás poderes. Se ha dado al traste con el equilibrio y autonomía de los poderes públicos, llegando al extremo de desconocer abiertamente las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y pretender suplantarla con una Asamblea Nacional Constituyente conformada con partidarios del gobierno, en violación de los mecanismos constitucionales existentes. Instrumental en este golpe de estado ha sido la actuación de un TSJ designado por la anterior Asamblea Nacional -dominada por el chavismo- para “avalar jurídicamente” el atropello al Estado de Derecho.

En el plano económico el régimen se ha arrogado la fijación de precios de los bienes y servicios, y de los canales a través de los cuales deben ser comercializados; decide quién contrata con el Estado y bajo qué modalidades, qué cosas importar y cómo, y a quiénes se les entregan dólares preferenciales. Asimismo, asume la prerrogativa exclusiva de asignar concesiones mineras y petroleras y se reserva otras a discreción, sin rendir cuentas y eximiéndose de la acción contralora de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación. Más allá, un TSJ írrito “valida” que se salten los controles y resguardos que establece la Constitución en materia presupuestaria: una patente de corso para ignorar cualquier limitación a la abierta expoliación de los recursos pertenecientes a todos los venezolanos por parte de quienes están en el poder. Por si fuera poco, Maduro le da cobijo a quienes están señalados afuera como incursos en hechos delictivos, nombrándolos a altos cargos públicos. No hay restricción institucional alguna, una vez abatido el Estado de Derecho, para evitar que los dineros públicos sean apropiados para cualquier manejo irregular que puede ocurrírsele a la oligarquía que detenta actualmente el poder. El país está sujeto a su libre albedrío.

Los resultados económicos de este arreglo han sido sumamente adversos. Además de la severa caída en la actividad económica y una inflación que, por mucho, ha sido la más alta del mundo por cuatro años consecutivos, el empeño del Ejecutivo de privilegiar el pago de la deuda externa, aun con la drástica caída en los ingresos por exportación del crudo, ha significado una reducción brutal de las importaciones, agravando severamente el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y avivando aún más las alzas de precio. En consecuencia, la población ha sufrido un proceso acelerado de empobrecimiento, con graves secuelas en materia de hambre y desnutrición, muertes por no conseguir los medicamentos y/o los tratamientos requeridos, incremento en la mortalidad infantil y de madres parturientas, además de la malnutrición y la morbilidad relacionada con distintos padecimientos.

El Estado Patrimonial

Al aumentar las medidas de intervención y de control de la economía, y al asignarse los recursos del rico estado petrolero a discreción del presidente, aparecieron inusitadas oportunidades de lucro que, en ese contexto de anomia e impunidad creciente, auspició la emergencia de complicidades entre “revolucionarios” atrincherados en los nodos decisorios del estado para sacarles provecho. Al amparo de la prédica socialista, se fue destruyendo el “estado burgués” para acomodar prácticas delictivas que fueron desarrollándose, en torno a los cuales se forjaron lealtades a cambio de participación: “póngame donde haiga”. Por esta puerta entró también la gerontocracia cubana, mentora ideológica de este desastre, para apropiarse de suculentas tajadas a cambio de asesoría en represión y seguridad de estado. El socialismo de precios y de tipo de cambio controlados, de leyes punitivas, confiscaciones arbitrarias “en defensa del pueblo” y de controles de fronteras ante la “guerra económica”, resultó ser la excusa perfecta para prácticas corruptas muy lucrativas: sobrefacturación de importaciones y empresas de maletín para ponerse en los dólares a Bs. 10; “contrabando de extracción” de gasolina y de productos regulados; monopolización de importaciones de alimentos y medicinas con escandalosos sobreprecios; contrataciones y otras negociaciones turbias de PdVSA; otorgamiento de concesiones petroleras y mineras en la sombra; apoyo a la guerrilla colombiana (narcotráfico); etc., etc. Hoy estas fortunas salen a la luz por los escándalos ventilados en relación con bancos anglo-suizos (HSBC), de Andorra, España, República Dominicana, Panamá, USA y Portugal (Banco Espirito Santo).

El discurso socialista permitió a una mafia apoderarse progresivamente del aparato estatal. Quebró sus líneas de mando y de rendición de cuentas, vulnerándolas y entrecruzándolas con lealtades de grupo para conformar mafias sectorizadas. Éstas fueron fagocitando “cotos de caza” que, a veces llevaba a que se presentaran conflictos entre ellas. El liderazgo carismático de Hugo Chávez y la enorme renta que captó el estado hasta finales de 2014 por la venta internacional de crudo -porque había real para todos- disolvieron muchos de estos conflictos. Cuando no era posible, se dirimían con denuncias de corrupción que sacaban del juego al menos “enchufado”.

Se “legaliza” abiertamente un Estado Patrimonialista (Max Weber, 1978) caracterizado por la confusión del patrimonio público de la Nación, con el patrimonio privado de quienes están al frente del Estado. En nombre del socialismo fueron privatizados los bienes públicos por parte de una oligarquía que detenta el poder para la prosecución de sus fines particulares. En su defensa desató una ofensiva ideológica que procuraba legitimar ante los suyos los desmanes ocasionados, bajo el pretexto de estar enfrentado “enemigos” que están al servicio del imperialismo, culpables de desatar una “guerra económica” contra la “revolución”. Las características de la ideología en este atrincheramiento del Madurismo en el poder, afrontan los preceptos constitucionales referidos a la alternabilidad democrática y el respeto por los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y sociales. Lamentablemente, las medidas de control y regulación sobre las que se fundamentan las acciones depredadoras de la oligarquía en el poder, así como el usufructo discrecional de la renta petrolera hecho posible por la violación de las normas establecidas en la Constitución y las leyes, se nutren de la cultura rentista a que se hizo referencia al comienzo. Por demás, la destrucción de la capacidad productiva doméstica y el rezago en el ajuste del tipo de cambio han exacerbado la dependencia del ingreso petrolero y, con ello, las apetencias por participar en su usufructo excluyente.

El Estado se arroga la potestad de determinar cómo deben abordarse las necesidades de la población, esgrimiendo un difuso proyecto “socialista” para ello. En el imaginario construido para justificarse ante los suyos, una “guerra económica” atenta contra las supuestas “conquistas” de la “revolución”, obligando al Estado a fijar precios de los bienes y servicios, y a determinar sus condiciones de distribución y comercialización. Los contratiempos y/o consecuencias negativas de este intervencionismo obligan, en el marco de este esquema, a reforzar aún más los mecanismos regulatorios y de control, y a complementarlos con medidas de expropiación o confiscación de activos privados, supuestamente para resguardar los intereses del pueblo. Desde esta perspectiva, el acoso al sector privado no sería tal, sino el resultado de su negativa a someterse a los cánones que definen el bien común, responsabilidad del Estado. Ella se ceba en la cultura paternalista y en las expectativas de muchos de que corresponde al Estado asegurar las condiciones de vida amenas demandadas, en desapego de criterios de corresponsabilidad para que éstas puedan generarse. La acción del Estado contra la empresa privada respondería, en este imaginario, a criterios de justicia social y de protección del débil. La conducta expoliadora de la oligarquía se nutre también de la precaria cultura ciudadana del venezolano, lo cual lo hace vulnerable a prédicas demagógicas que buscan someterlo a los propósitos de control de regímenes autocráticos. Como la empresa privada sólo persigue intereses subalternos, muchos de los cuales atentan contra las “conquistas” del pueblo, corresponde a los funcionarios públicos administrar directamente los asuntos económicos para ponerle coto.

Comentarios finales

No hay receta mágica para la justa distribución del producto social, pero sí mecanismos para avanzar hasta dónde sea posible en la prosecución de este fin: la promoción de la competencia en el marco de un estado social de derecho que vele por los derechos civiles, laborales, de los consumidores y ambientales. La profundización de la democracia es condición sine qua non para poder progresar en la justicia distributiva, conforme a los valores preponderantes de la sociedad. Dejar su instrumentación en manos de individuos preclaros, de sectas ideológicas que alegan ser los únicos garantes genuinos de la felicidad y la justicia humana, solo puede llevar a la autocracia y la imposición de criterios discrecionales. Estas suplantan los mecanismos objetivados e impersonales de distribución, propios de mercados competidos en el marco de un estado de derecho liberal, por mecanismos personales, vulnerables a las apetencias de intereses particulares. Los vericuetos que abren los intentos de control y regulación, así como la instrumentación de normativas punitivas, constituyen el mejor caldo de cultivo para la corrupción, sobre todo si logra ampararse de clichés “revolucionarios” para legitimarse ante quienes detentan el poder o, mejor aún, logran convertir a éstos en cómplices.

1 Implica movilidad de factores, información completa y simétrica, productos homogéneos, inexistencia de externalidades y múltiples agentes interactuando desde la oferta y la demanda

2 Crítica del Programa de Gotha.

3 Entre otras aplicaciones de estos cuantiosos recursos está la “compra” de aliados internacionales a través de ventas de petróleo generosamente financiadas, exoneraciones de deuda y otras ayudas.

Referencias

Acemoglu, Daron y Robinson, James (2012), Por qué fracasan los países. Ediciones Deusto, España.

Weber, Max (1978), Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, edited by Guenther Roth and Claus Wittich, University of California Press, Berkeley.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

La reinauguración del Hotel Maracay por parte de Nicolás Maduro, genero una fuerte discusión entre los colectivos de milicianos que hacen vida en el Psuv.

Un pequeño grupo perteneciente a la gobernación del estado, se mostraban solidarios y súper contentos con la apertura de ese tradicional hotel aragüeño. Pero, la gran mayoría de los Consejos Comunales de la región y en particular los del área del municipio Girardot, no ocultaban su malestar con el acto llevado a cabo por el camarada Nicolás.

No entiendo, expresaba furiosa una de las representantes de Paraparal, como es que se firma un convenio estratégico con la cadena imperialista Hoteles Marriott para entregarle uno de nuestros emblemas a una empresa capitalista, y para el colmo, gringa.

Comparto lo expresado por la camarada, intervino un miliciano de las Brigadas Rodilla en Tierra. Los dueños de esa cadena hotelera son la familia Marriott, que a comienzo del siglo pasado, fundaron el primer restaurante de la Costa Este de los Estados Unidos, especializado en servir a los clientes en sus automóviles, el primer motel y la primera cadena de hoteles pensando en personas que viajaban por negocios. De allí, que no entiendo ese convenio estratégico……quien coño viaja hoy en día para hacer negocios….será un hotel solo para los boliburgueses enchufaos del partido. A mi me huele a un quiquiriguique para meterse o lavar unos dólares.

La historia de esa familia Marriott es para coger palco, dijo uno de los representantes estudiantiles de la universidad bolivariana. Se han asociado y comprado grandes firmas hoteleras. Por ejemplo: En 1995 formaron parte del capital Ritz-Carlton y en el 2015 se fusionaron con la cadena Starwood propietaria para ese momento de los Hoteles Sheraton, generando un emporio cuyas ganancias anuales llegaron a superar los 12.000 millones de dólares con la administración de más de 5.700 hoteles alrededor del mundo…y ahora, vamos a aparecer los revolucionarios bolivarianos en ese guiso….esto huele a gato encerrao.

A mi, lo que me sorprende es el nombre rimbombante que le colocaron “Hotel Marriott Golf & Spa”, señaló molesto, uno de los fundadores del MBR-200. No me puedo calar, que a estas alturas del proceso revolucionario, venga el camarada Nicolás, a desconocer los principios que claramente nos dejó nuestro Líder Único, el Difunto Eterno. No olvidemos, sus orientadoras palabras que en el marco de la Lucha de Clases, definían al Golf como “Un Deporte Burgués” y que durante varios años de su gobierno, trazó políticas para acabar con ese mal llamado deporte.

Recuerdo su grito de guerra: “Los fairways, bunkers y greens de los campos de golf venezolanos, son escenarios de la batalla ideológica de la revolución socialista bolivariana contra el capitalismo y la burguesía”……y ahora, como si nada, nos vienen con el cuento chino de Maracay transformado en Marriott y el golf como deporte de la revolución….no me jodan…..este hotel, es una caricatura contrarrevolucionaria.

Al momento, de cortar la cinta, el jefe de seguridad de Nicolás, un agente del G-2 cubano, se le acercó para decirle al oído: Apúrese camarada, que allí viene una manifestación de personas afectadas por el desbordamiento del Lago de Los Tacariguas, gritando consignas: Casas Si golf No, El SPA que queremos es Spa-guetti, El Hotel es de Maracay No de Marriott.

La cinta y las tijeras quedaron en el suelo, Nicolás salió volando. Muy contrariado quedó Tareck El Aissami y su “caddy” Marcos Torres al no poder realizar la exhibición de golf que tenían programada, por la invasión del campo por parte de las personas que protestaban.

En una democracia verdadera, y valdría la pena preguntarnos si alguna vez conocimos una con ese calificativo, las leyes electorales debería incluir el voto en blanco como opción válida, contable y con igual valor decisorio que otros, es decir pudiese llegar a ser mayoría y con ella rechazarse cualquiera de las otras opciones incluidas en una consulta.

En el sistema que siempre hemos practicado, votar en blanco (no seleccionar ninguna opción) se ha hecho equivalente a un voto no válido haciéndolo igual en su valor práctico al de un voto nulo o sea, aquel producto de algún error de forma cometido por el elector voluntaria o involuntariamente, quitándole así al en blanco el importante significado de desacuerdo con todas las alternativas que se proponen.

Lo anterior, es decir valorar el voto en blanco, permitiría exigir con toda energía, que los ciudadanos entendieran y cumplieran con el precepto de que votar en un sistema democrático no solo es un derecho sino un deber y que para ser ciudadanos el hacerlo es un ejercicio de obligatorio cumplimiento.

Dejar de exigirlo como lo permite la legislación vigente es, lejos de una muestra de respeto a la libertad individual, un estímulo subliminal a que se diluya la universalidad de la participación y las decisiones queden en manos, a veces muy pocas, de grupos de electores motivados por muy diferentes estímulos, no siempre coincidentes con el bien común.

Esta posición, lejos de apoyar la indiferencia, tiene como orientación la necesidad de pensar lo que se le ofrece a los electores, quitarle a las elecciones el carácter de feria con circo incluido, y recuperar para los momentos electorales la importancia que tienen que tener las oportunidades en las que se nos consulta lo que nos concierne a todos.

En la Venezuela actual hablar de perfeccionar los mecanismos democráticos choca con la contundente realidad política nacional, por lo que para que discusiones como la que proponemos puedan tener una oportunidad de concretarse es indispensable un gran cambio, que hemos venido trabajando entre todos y que el 15 de octubre próximo tendrá un nuevo escenario de lucha y resistencia cívica.

En las elecciones para gobernadores 2017, nuestra concurrencia es indispensable y votar en contra del candidato oficialista debe ser vista como una obligación para con nosotros mismos, más allá de cualquier otra consideración por racional que esta pueda parecer, ya que si no aprovechamos para derrotar a este gobierno en cada oportunidad que se nos presente, alcanzar el país que queremos se nos hará cada vez más difícil y a un costo social mucho mayor.

En el libro de Dominique Lapierre y Larry Collins «O te vestiré de luto», que es una mirada a la España de post guerra civil a través de la figura mítica del gran torero Manuel Benítez «El Cordobés», se cuenta que una periodista, impresionada por la temeridad del matador, le preguntó: ¿Acaso no le duelen las cornadas de los toros?, a lo que respondió el entrevistado: «Duelen más las cornadas del hambre».

Pocas veces se han descrito tan acertadamente las urgencias que producen el hambre, la escasez generalizada y la incapacidad económica para obtener bienes de absoluta necesidad; quien fuera un golfillo mil veces apaleado por un cabo de la Guardia Civil, trastocado en próspero banquero a fuerza de regar con su sangre las plazas de toro de España, bien podría instruir a los políticos criollos que corren la arruga para proteger sus egoísmos, acerca de lo lejos que está «mañana» para el famélico, para el enfermo al que se le escapa la vida por la falta de medicamentos o para el niño que se adentra en el horror del cretinismo, al no recibir adecuada alimentación.

Para la gente de Venezuela, mañana puede ser demasiado tarde. El problema, de origen eminentemente político, es de tal magnitud que se ha convertido en una catástrofe humanitaria que requiere la inmediata intervención del mundo entero. La pregunta no es sobre del rumbo político del País y -mucho menos- acerca de candidatos y candidaturas; menester es indagar acerca de cuántos niños se acostarán esta noche sin haber probado alimentos durante todo el día, o cuántos accidentes cardiovasculares (ACV) acabarán la vida de los hipertensos que han tenido que sustituir sus inasibles medicamentos por cabezas de ajo, que muy pronto tampoco podrán comprar.

Hoy y aquí, millares de enfermos que podrían llevar una existencia normal con los debidos tratamientos médicos, sienten que el tiempo se les está acabando y en la tristeza de sus noches sin sueño, oyen cada vez más cercas las pisadas de la muerte y la sombra de su guadaña.

Desde hace tiempo el problema venezolano dejó de ser político, para ser humano. No son doctrinas ni teorías las que están en juego ni intereses internacionales los urgentemente comprometidos; son las vidas de decenas de millones de seres humanos las que peligran para el exclusivo beneficio de la tiranía cubana y de su sucursal criolla, el narco tráfico internacional y lejanos y absurdos intereses religiosos. Es gente de carne y hueso la que siente que la vida se le está poniendo estrecha, aplastada entre los muros de una oposición falsa y la perversión de un gobierno extranjero e invasor.

La historia indica que los pueblos crean sus problemas y paren sus soluciones, pero en estas horas venezolanas en que las máscaras se caen a montones y la verdad empieza a prevalecer sobre el engaño, la mentira y la traición, debemos reconocer la importancia de la ayuda internacional y reclamarla en nombre de la humanidad, pues nuestro problemas no es de origen doméstico, ya que fue modelado en tierras lejanas y ejecutado por apátridas que faltaron a la fe ofrecida en su juramento militar.

Estados Unidos de Norteamérica ha puesto sobre el tapete la posibilidad de una intervención militar para poner coto a este desastre, que a decir del presidente Trump y del vicepresidente Pence, involucra la seguridad de Estados Unidos. Evidentemente, una intervención militar extranjera no es buena y nos gustaría que no fuese necesaria, pero este criterio no debe ser ladinamente aplicado a una eventual acción de los marines estadounidenses, mientras se esquiva la realidad de las invasiones cubana, iraní, china, del narcotráfico internacional y de las FARC colombianas.

El asunto real consiste en que en Venezuela se desarrollan simultáneamente varias guerras de corte foráneo, que han convertido a las ciudades sobre un territorio de casi un millón de kilómetros cuadrados, en ghettos similares a los de Varsovia y –si seguimos por donde vamos– en campos de extermino como los de Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Dachau.

Parece ser cierto que los Estados no tienen amigos, sino intereses. Pero la heroica lucha del venezolano contra la tiranía que lo oprime, ha incitado la admiración y la solidaridad del mundo y puesto a prueba la subordinación de los gobiernos a los pueblos que los eligieron.

La ayuda a los venezolanos en su duro camino hacia la libertad es una obligación ética y moral para todos los seres de este mundo que tengan a honra llamarse humanos. Es hora de que muestren su disposición de impedir –a cualquier precio– un nuevo y horrendo holocausto: el holocausto del siglo XXI.

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

El 7 de julio de 2016 la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo para el rescate y la profundización de la descentralización en Venezuela a través del cual los parlamentarios exigieron al Ejecutivo Nacional cumplir de manera efectiva con el mandato que hace la Constitución y las leyes venezolanas en materia de descentralización.

La Asamblea Nacional en ese acuerdo cuestionó el centralismo que se ha venido implantando en el país y que ha llevado a concentrar el poder, las decisiones, las competencias y los recursos en el nivel nacional de Gobierno; además, reclamó el irrespeto del Ejecutivo Nacional a las normas constitucionales y legales que atribuyen competencias a estados, municipios y comunidades organizadas.

Así mismo, el Poder Legislativo venezolano denunció que a lo largo de los últimos años han entrado en vigencia leyes cuyo contenido atentan contra la descentralización y tergiversan conceptos universales como federalismo, sociedad organizada, descentralización, transferencia de competencias, entre otras.

El contenido del Plan de la Patria 2013-2019 evidencia el desconocimiento del artículo 158 de la Constitución vigente mediante el cual se reconoce a la descentralización como política nacional del Estado.

Es importante destacar que el Plan de la Patria 2013-2019 omite en su contenido el uso de los siguientes términos: descentralización, sociedad organizada, estados, municipios, alcaldes, gobernadores, legisladores estadales y concejales. Por lo tanto, como hoja de ruta política del régimen, advierte una orientación que está al margen del orden democrático y constitucional previsto en la Constitución de 1999.

Cuando en el año 2012 Francisco Ameliach[1], siendo candidato a gobernador de Carabobo afirmó que su rol sería facilitar la consolidación del Poder Popular para la búsqueda de las soluciones a los problemas estadales y luego en diciembre 2013, Jorge Rodríguez[2], una vez juramentado alcalde del Municipio Libertador, decidió aprobar el Plan de la Patria 2013-2019 como su programa municipal, se expresó un claro desconocimiento al modelo federal descentralizado de Estado que exige la Constitución vigente.

La actuación de los gobernadores oficialistas, a lo largo de estos años de gestión, han logrado volver al pasado, reivindicado aquella figura de los gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional y aniquilando la poca autonomía que la Constitución dice garantizar a los gobiernos estadales.

Las elecciones de gobernadores, previstas para el 15 de octubre 2017, representan una oportunidad política muy importante a los fines de valorar el rol que la Constitución vigente otorga a la descentralización.

Desde el punto de vista constitucional el artículo 158 presenta la descentralización como una herramienta para profundizar la democracia, acercar el poder a la población y crear las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la propia democracia, como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales. Ese mismo artículo reconoce que la descentralización en Venezuela debe ser asumida como una política nacional.

Los gobernadores que se elegirán el 15 de octubre de 2017 están en la obligación legal de promover e impulsar la discusión sobre el Plan de Desarrollo Estadal, en consecuencia, tienen la oportunidad de introducir el debate sobre el desarrollo estadal en el marco de un modelo de Estado Federal descentralizado, en coherencia con las normas constitucionales vigentes.

En los 100 primeros días los gobernadores, asumiendo la responsabilidad de abordar el desarrollo estadal, podrían diseñar una metodología participativa a los fines de incluir en ese debate a la sociedad civil, de manera que se pueda valorar el impacto de la centralización que se ha experimentado, enfocando el análisis en todas y cada una de las competencias que la Constitución reconoce como exclusiva de los estados que integran nuestro modelo de Estado Federal descentralizado.

Ese diseño de una estrategia de inclusión social en la valoración de la centralización y descentralización para abordar el desarrollo, haría que en esos primeros días de gestión, la legalidad existente les permita asumir un rol de facilitadores políticos de un proceso de reivindicación de la descentralización como herramienta útil para la restauración del orden democrático y constitucional de Venezuela, que hoy pretende ser sustituido a través de una fraudulenta Constituyente.

En consecuencia, mientras mayor sea la movilización electoral de los sectores democráticos, mayor será la legitimidad y la capacidad política de los gobernadores electos para reclamar, debatir e impulsar la descentralización como alternativa política real, viable y concreta para sustituir el Plan de la Patria 2013-2019 y restaurar el hilo constitucional.

En los 100 primeros días el debate que podrían abrir los gobernadores en cada entidad federal a la que representan, permitiría que de manera conjunta, incluyendo a alcaldes de la Unidad Democrática de cada entidad federal, puedan presentar al país, a sus electores y al mundo entero, una propuesta unitaria de Agenda Nacional para la Descentralización y el Desarrollo Sostenible, enmarcado en los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

En esa Agenda Nacional elaborada por los gobernadores y alcaldes de la Unidad Democrática, claramente se debería plantear una serie de reformas legislativas y la necesaria aprobación de nuevas leyes, algunas de ellas que ya la Asamblea Nacional adelantó en su Acuerdo de julio 2016.

La realidad financiera que ha generado los aumentos unilaterales del Ejecutivo Nacional, impactando negativamente las finanzas estadales y municipales, abre el espacio para el debate responsable sobre los recursos económicos en el diseño de un Estado Federal Descentralizado que pueda responder efectivamente a los desafíos del presente.

Claramente, en esa agenda y sin necesidad de hacer grandes inventos institucionales, menos aún de impulsar reformas constitucionales o enmiendas, se puede evaluar la posibilidad de reformar el Consejo Federal de Gobierno y el Sistema Nacional de Planificación, a los fines de poner esa institucionalidad al servicio de la descentralización, del desarrollo y de incorporar a Venezuela en el debate efectivo, serio y sostenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta corta campaña electoral qué oportuno hubiera sido la presentación al país de un Acuerdo Político para la Descentralización y la Desconcentración, presentándolo como alternativa viable, posible y concreto para enfrentar los desafíos que hoy tenemos para superar la profunda crisis que agobia a los venezolanos

La descentralización y las elecciones del 15 de octubre se encuentran políticamente a los fines de articular, a través del voto y la movilización, una forma concreta de reclamar y protestar contra el excesivo centralismo que nos ha arrebatado la democracia como modelo político.

PolitiKa UCAB. Septiembre 29, 2017

Con voz propia

Escasez de alimentos y carestía de los poquísimos conseguidos, consume fuerzas del venezolano. Especialistas hablan de pérdida de 8 kilos de peso y de paso, talla. “La dieta de Maduro te pone duro”, dice el Presidente que llevó al país a mayor índice de hambre en Latinoamérica. Según UCAB, unos 300 mil se alimentan de desechos buscados en la basura. Para Maritza Landaeta coordinadora de Investigación de Fundación Bengoa, lo que sucede con la comida constituye delito de lesa humanidad.

Por primera vez la OEA impulsa audiencias sobre crímenes de lesa humanidad y lo hace contra Venezuela, por iniciativa de su secretario general, Luis Almagro.

Vigencia tiene Declaración de Lima suscrita por 12 países, la cual analiza la crisis que padecemos. Se pronuncia por restablecer Democracia vulnerada con fraudulenta Constituyente impuesta para sustituir la Asamblea Nacional. Fue ratificada en Bogotá, donde se acordó incorporar otros países y crear organismos internacionales, para buscar salidas a esa crisis.

ONU urgió al Consejo de Derechos Humanos (DDHH) a abrir investigación. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, expresó ante la Asamblea General solidaridad con presos políticos en Venezuela. Otros mandatarios se pronunciaron sobre la situación, entre ellos Emmanuel Macron, de Francia; Donald Trump, EEUU; Michel Temer, Brasil; Juan Carlos Varela, Panamá; Juan Manuel Santos, Colombia.

El Papa declaró en Colombia su preocupación por la inestabilidad y crisis humanitaria de Venezuela, luego del encuentro con la Conferencia Episcopal.

Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario de Relaciones con Estados del Vaticano, expresó que la Santa Sede no descansará hasta que promesas sean cumplidas.

Presidente de EEUU aprovechó reunión de ONU en Nueva York, para hacerlo él con mandatarios de Brasil, Colombia, Panamá, y la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti. Les expuso que situación actual en Venezuela es insostenible.

NM le agradeció apoyo al diálogo, pero difunde el denuesto mensaje de Hugo Chávez: "Yanquis de mierda les declaramos la guerra, morderán el polvo y váyanse al mismo carajo”.

El mandatario estadounidense sí agradeció, pero a España en cuanto al apoyo en solucionar crisis que azota a Venezuela.

Durante rueda de prensa conjunta con Mariano Rajoy, quien le visitó en la Casa Blanca, respaldaron "una solución democrática y negociada que beneficie al pueblo venezolano... nos preocupa el empobrecimiento y la deriva totalitaria en Venezuela". También pidieron la liberación de presos políticos”.

Trump instó a la comunidad europea a la aplicación de sanciones a Venezuela, como lo ha hecho recientemente su despacho y Canadá, que lo hizo a 40 funcionarios del narcoestado, incluyendo a NM, al Vicepresidente Ejecutivo, miembros del gabinete, de FAN, TSJ y CNE.

Así se intenta enjuiciar por crimen de lesa humanidad que según el Estatuto de Roma es todo acto tipificado como asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación, tortura, encarcelación, abusos sexuales; violación, embarazo, esterilización (estos tres últimos delitos forzados e impunes se probaron en la jueza María Lourdes Afiuni, condenada a 30 años de prisión por HCH.

Desde su juramentado como Presidente, NM recurre a la denuncia del magnicidio. Emula a HCH, de quien se declara hijo desconociendo a su legítimo progenitor, prócer civil de Acción Democrática que padeció la dictadura militar de instaurada en 1948. Exiliado en Colombia contrajo matrimonio con una cucuteña y de esa unión nació en la vecina República el hoy Presidente de Venezuela.

Ahora NM pretende ocultar su condición genocida al victimizarse de magnicida. Atribuye a Trump la última de unas 20 acusaciones.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, mantiene al país en un eterno régimen extraordinario de medidas que supuestamente servirán para enfrentar la actual crisis que viven los venezolanos.

De nuevo, el mandatario nacional prorrogó el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional por 60 días más. El Decreto n.° 3.074 del pasado 11 de septiembre prevé la implementación de medidas extraordinarias en el ámbito social, económico y político.

Acceso a la Justicia advierte que la medida incumple los principios y las normas constitucionales por las siguientes razones:

Contradice las bases de la Carta Magna (artículos 337, 338 y 339) que permiten acordar el estado de excepción como un instrumento provisional o circunstancial consagrado para proteger el orden constitucional, y no para resquebrajarlo como lo hace el Ejecutivo; aparte que no es ni siquiera el mecanismo idóneo para resolver la dura crisis económica, política y social por la que atraviesa el país, donde es el propio Gobierno su propulsor por las continuas y erradas políticas públicas que ha venido implementando.

No establece cuáles son las garantías restringidas y sus límites, como lo impone la Constitución, ni tampoco refleja en los considerandos del decreto una valoración objetiva del motivo o causa que justifique la emisión del nuevo estado de excepción. Sólo se limita a sostener afirmaciones vagas acerca de la existencia de supuestos sectores nacionales e internacionales que buscan perjudicar los intereses del país.

El régimen de excepción impuesto insiste en violar la soberanía popular (artículo 5 de la Constitución) al desconocer a la legítima Asamblea Nacional (AN), sobre todo cuando omite —al igual que lo hizo con los decretos anteriores— todo pronunciamiento acerca de la remisión que debe hacer el Presidente de la República a la AN para la consideración y aprobación del decreto en que declare el estado de excepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 339 constitucional.

Vale acotar que el pasado 19 de septiembre el Parlamento acordó el rechazo y la no aprobación del mencionado acto de gobierno.

Además de esto, el desconocimiento a la AN por parte del Ejecutivo nacional se hace evidente en el numeral 22 del artículo 2, en el que expresamente dice que el Presidente de la República va a decidir “la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional”.

Es cuestionable y abierta la violación del principio de temporalidad, que es uno de los pilares fundamentales para dictar el estado de excepción y que consiste en imponer un tiempo determinado de duración de esta medida, con el propósito especial de impedir que se extienda su vigencia de forma indefinida o infinita.

El Gobierno viene extendiendo el estado de excepción desde enero de 2016, por lo que aplica dicha figura como una decisión permanente o eterna que busca suspender la vigencia del texto constitucional por un régimen paralelo con el que incrementa cada vez más los poderes del Ejecutivo y el control absoluto sobre las instituciones del país por el partido gobernante.

En medio del carácter protectorio que dice tener el estado de excepción en el contexto actual del país, para nada está dando tregua a la angustiosa y caótica crisis humanitaria que se vive. Lo que se revela con cada declaratoria de esta medida es el debilitamiento del Estado constitucional democrático y de derecho frente al fortalecimiento del Gobierno, que busca perpetuarse en el poder.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El porvenir de los venezolanos, lamentablemente, se vaticina poco esperanzador con un Gobierno tiránico que se ocupa sólo de aferrarse al poder a cualquier precio sin dedicarse a atacar la raíz de los males angustiantes que estamos padeciendo y ni siquiera encontrar las verdaderas fórmulas a la crisis que afronta el país.

En medio de la actual situación de escasez e inflación que padecemos, esta declaratoria de un estado de excepción pareciera significar, desgraciadamente, el desmoronamiento de la población venezolana.

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