El modelo populista rentista, responsable del pobre desempeño económico de los últimos 40 años, llegó a su fin. Urge sincerar el debate político y económico, darle contenidoEl populismo es el peor de los males que ha sufrido América Latina. La oferta de que el gobierno se va a hacer cargo de los ciudadanos es la causa principal del subdesarrollo.
El liderazgo político desde hace mucho tiempo en lugar de promover la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la creatividad y del emprendimiento, ha cultivado la idea de que el Estado debe, con la renta petrolera, proveer todos los bienes y servicios que hacen falta. Los venezolanos somos los únicos habitantes del planeta que no pagamos la luz. Arabia Saudita produce tres veces más petróleo y el precio de la gasolina es 23 veces mayor y en Noruega, el país con mayor igualdad social del mundo de acuerdo con el índice Gini, el precio es 150 veces mayor.
El modelo populista-rentista, responsable del pobre desempeño económico de los últimos 40 años, llegó a su fin. No hay manera de mantenerlo con el aumento significativo de la oferta que se ha producido a partir del desarrollo de nuevas tecnologías y del cambio en la matriz energética que cada vez se inclina más hacia el desarrollo y consumo de fuentes de energía menos contaminantes.
Urge sincerar el debate político, darle contenido, discutir el tema económico con profundidad antes de convertirnos en una república bananera sin bananos. La oferta de “legalizar las misiones” que hizo nuestro candidato en las últimas elecciones presidenciales o la Ley de Rescate del Salario, propuesta por un diputado nuestro, para que “los trabajadores perciban su salario en bolívares teniendo como referente un monto equivalente en dólares” son actos de demagogia que no tienen como financiarse. El aumento de las pensiones hecho en los tiempos de bonanza petrolera se está volviendo sal y agua y la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados, recientemente aprobada, es un espejismo.
El gobierno apuesta desesperadamente a una recuperación de los precios del petróleo que no se ve por ningún lado. Pese a que el mercado petrolero es altamente especulativo, el anuncio de un acuerdo Arabia Saudita-Rusia para recortar la producción no produjo ni siquiera un aumento circunstancial de unos centavos. Todo lo contrario.
Y desde la oposición se apuesta a lo mismo. Varios de los precandidatos a la presidencia han ofrecido aumentar la producción petrolera a 7 millones de barriles diarios. Esa oferta es irrealizable. Haciendo todo bien, con una Pdvsa eficiente y un esquema que incentive la inversión privada, lo más que puede aumentar la producción de crudo en Venezuela es a 150.000 barriles por año. Eso significa que en un periodo constitucional la producción llegaría máximo a 3 millones y medio. El petróleo va a ser la palanca más importante para impulsar un modelo de desarrollo sustentable, pero ya no podrá darnos casa, comida, luz eléctrica, gasolina, etc.
Estas cosas hay que debatirlas en el país con honestidad. La oposición no necesita hacer demagogia en este momento para ganarle cualquier elección al gobierno. Para superar la crisis económica y social el cambio de gobierno es una condición indispensable pero no suficiente. No se van a acabar las colas, ni se reducirá la inflación con la salida de Maduro porque en el país no se produce nada y no tenemos divisas suficientes para importar lo que hace falta. Eso va a requerir tiempo, esfuerzo y sacrificios y a la gente hay que prepararla para eso.
Uno debe decir la verdad siempre, no solo porque lo ordena el octavo mandamiento, sino porque es un buen negocio, sobre todo en política.
Carlos Andrés Pérez , en 1988, le hizo creer al país que su reelección como presidente provocaría el regreso a “La Venezuela Saudita” que vivimos con el boom petrolero de su primer gobierno, a pesar de que las circunstancias eran diametralmente distintas y el país estaba quebrado. Le fue bien desde el punto de vista electoral, ganó, pero la pago carísimo. Al día siguiente de anunciar el plan de ajuste económico que le imponían las circunstancias ocurrió el estallido social denominado “El Caracazo” y su gobierno quedó sentenciado a muerte. Sentencia que se ejecutó unos años después.
Pedro Pablo Fernández / PFernandez@ifedec.com / @PedroPabloFR
Obtenido: http://www.elmundo.com.ve/firmas/pedro-pablo-fernandez/la-verdad-es-buen...

El reciente anuncio de canje de los bonos de Pdvsa 2017 por otro con vencimiento en 2020, el cual pagará un rendimiento superior a los de los bonos que se pretende canjear, y respaldados con una garantía de pago constituida por 50,1% de las acciones de Citgo, es otra manifestación del alto costo que le ha implicado a Venezuela la errada y absurda política económica implementada en la última década, y más específicamente las políticas cambiaria y fiscal del período 2008-2012.
Como ya he explicado en artículos anteriores, después del colapso de los precios petroleros de la segunda mitad de 2008, Cadivi restringió notablemente el acceso a los dólares preferenciales. Ello forzó a múltiples importadores a migrar al mercado paralelo, donde se podían obtener divisas lícitamente a través de la permuta de títulos valores, pero a un precio mayor que el tipo de cambio oficial, este último artificialmente bajo y subsidiado.
En mayo de 2010 se ilegalizó el mercado paralelo, aduciéndose que la tasa de cambio libre era muy alta y especulativa, y se creó el Sitme, sistema según el cual la permuta de títulos valores sería ahora hecha exclusivamente a través del BCV. Eso complicó aún más las cosas, pues no solo siguió muy restringido el acceso a los dólares preferenciales, sino que los montos que se podían obtener a través del Sitme eran muy bajos, y no existía la opción para los importadores de acudir al mercado libre por ser este ilegal; ello generó cuellos de botella a múltiples productores, lo que agravó la escasez de bienes. Esa insuficiencia de moneda extranjera se dio a pesar de que los precios petroleros estaban en franco aumento, particularmente desde el último trimestre de 2010, y superaron los 100 dólares el barril en 2011, entre otras razones, debido a la sustracción masiva de divisas a Pdvsa y al BCV para nutrir al Fonden, fondo creado con el fin de financiar el desbocado gasto público, y para dar dádivas y préstamos subsidiados a países afectos al régimen.
Eso se tradujo en la necesidad de incrementar la emisión de costosos bonos denominados en moneda extranjera por parte de la República y de Pdvsa con el fin de nutrir al Sitme, lo que generó una carga financiera desproporcionada, ya que esos bonos eran vendidos en moneda local a la tasa de cambio oficial artificialmente baja de 5,30 bolívares por dólar, pero generaban unas obligaciones en divisas por demás costosas, debido a los elevados rendimientos que estos papeles tenían que pagar, en algunos casos superiores a 10% y a 12%, como producto de la alta percepción de riesgo que sobre Venezuela existía en los mercados internacionales. Resumiendo, el sector público incurría en un costoso endeudamiento de largo plazo en moneda extranjera a cambio de unos pocos bolívares, con el fin de venderle dólares artificialmente baratos al público. No fue sino en febrero de 2013 cuando altos voceros del gobierno reconocieron que el Sitme era un absurdo, a pesar de las múltiples advertencias que se le hicieron al respecto durante los tres años de vigencia de ese sistema.
Pues bien, ahora se están pagando las consecuencias de esas erradas políticas, pues están venciendo los bonos en dólares que se adquirieron en bolívares al bajísimo tipo de cambio oficial, lo que genera unas pesadas cargas financieras, precisamente en momentos en que los ingresos de divisas han mermado debido a los bajos precios petroleros actuales. Por ello ha surgido la necesidad de hacer costosas ofertas de canje de esos papeles con el fin de postergar los pagos de amortización, sin que aún estén claras las posibilidades de éxito de esos esfuerzos. No quiero ni pensar en un escenario futuro en el que persistan los bajos precios petroleros y comiencen a vencer los bonos que pagan rendimientos superiores a 10% y 12%, pues las posibilidades de canjearlos por otros con vencimientos más remotos serían muy bajas y altamente onerosas.
Obtenido de EN: http://www.el-nacional.com/pedro_palma/Alto-costo-politica-errada_0_9251...
palma.pa1@gmail.com/@palmapedroa
22 de septiembre 2016

A pesar de todas sus solicitudes y observaciones, amén de las supuestas recomendaciones internas y externas ¡esto es lo que hay!
¿Y qué hay?
Unas condiciones impuestas para provocar a la oposición, que no a la MUD exclusivamente, ante las cuáles cualquier respuesta, en un sentido o en el otro, está pensado para hacernos daño a lo interno.
Si aceptamos estamos avalando un hecho anticonstitucional, ante el cual algunos dirán ¿qué es una raya más para un tigre?, pero sobre todo, estaremos aceptando que si logramos superar los obstáculos, el referendo revocatorio se realizará en el 2017, generando, si no es que ocurre una renuncia previa por “dolor de barriga insuperable”, lo que se traduciría de cualquier manera, en la continuidad del régimen. Ante ello valdría la pena preguntarnos ¿qué gana el país? dado que demostrar que la mayoría cambió de sentimiento, no requiere pruebas adicionales.
Lo contrario, negarnos a demostrar que contamos con el 20% para convocar el revocatorio, le permitiría al gobierno decir que somos unos habladores de pendejadas, que le tememos al rechazo del pueblo y que en realidad la gente está disgustado con el gobierno, pero que no cree que con la oposición le vaya mejor.
Ante lo anterior es decir rechazar lo propuesto por el CNE, una unidad consolidada pudiese continuar su campaña de denuncia, desenmascarando al régimen, ya no solo en su conocida incapacidad, sino en sus redobladas muestras de autoritarismo dictatorial, lo que si bien no es sorpresa, conviene seguirlo asentando en la mente de los venezolanos.
Adicionalmente y mucho más relevante sería insistir en pedir, cosa que la MUD pareciera considerar secundaria, las constitucionalmente establecidas elecciones estadales para diciembre de 2016. Si lo que queremos es una muestra de fuerza electoral, no hay duda de que a falta de revocatorio este año, no habría ninguna otra expresión más contundente.
Si de ilusiones queremos seguir viviendo, aceptar lo decretado por el CNE, recoger el 20% con todos los riesgos implícitos y seguir pidiendo revocatorio para este mismo año, pudiese ser la salida “airosa” que algunos, quizás con otros elementos de juicio, pudiesen llegar a proponer. El común de los mortales sabe que en el mejor de los casos, eso significará convocarlo para el 2017 como ya fue anunciado por las “autoridades” electorales, lo que traería las consecuencias ya mencionadas.
Para correrle al “a título personal” me abstendré de culminar con mi posición al respecto, aunque me temo que mi opción se trasluce en lo escrito, pero eso sí, dejando sentado que continuaré concurriendo a cualquier llamado en contra del régimen, siempre pensando en la necesidad de construir La UNIDAD de TODOS.

¿Es políticamente correcto que a título personal un dirigente manifieste públicamente una opinión que afecta negativamente al grupo al que pertenece? ¿Si alguien toma esa iniciativa debe ser excluido o el grupo solo debe considerar que son acciones de un ¨enfant terrible¨, aunque sea de la tercera edad, que no se comporta ¨comme il faut¨? El caso de Timoteo Zambrano no es el único, pero el rechazo unánime debería servir de advertencia para quienes anteponen su ego o quizá sus intereses por encima de los demás.
La declaración de Timoteo criticando la decisión de Argentina, Brasil y Paraguay de suspender temporalmente de Mercosur al régimen de Maduro por su incumplimiento de las cláusulas de esta organización fue torpe e inapropiada por provenir del responsable de la MUD por los asuntos internacionales. Además, debilita la presión mundial en contra del totalitarismo que impera en nuestro país. Posteriormente, en su intento de aclarar una supuesta mala interpretación, fue muy claro ¨He mantenido que no podemos respaldar ninguna decisión que suspenda o expulse a Venezuela ¨.
Lo correcto hubiese sido que aplaudiera la decisión de esos países de defender las bases de Mercosur e instarlos a dar un tratamiento especial a los venezolanos en cuanto a visas y permisos de trabajo por las circunstancias especiales que vive Venezuela. Es decir, que retribuyan lo que hicimos con los ciudadanos de los países latinoamericanos cuando sufrieron dictaduras. Esa declaración de Timoteo ¨a título personal¨, como declaró Chuo Torrealba, amerita que la MUD no solo declare la reestructuración de la Comisión de Asuntos Internacionales, como decidió, sino que condene la declaración de Timoteo y lo expulse por no jugar del lado de la democracia.
Cabe recordar a nuestra dirigencia que, entre otras causas, el teniente coronel ganó las elecciones de1998 por declaraciones ¨a título personal¨ de dirigentes de Acción Democrática y Copei. Al respecto, como la memoria de nuestro pueblo es corta, recomendamos leer o releer el libro de Thaís Peñalver ¨La conspiración de los 12 golpes¨. Recuerda la acuciosa periodista que cuando el difunto estaba muy bajo en las encuestas, líderes de la oposición declaraban ¨El puntofijismo está muerto¨ ¨Se agotó el modelo de 1958 ¨ y descalificaban tanto a candidatos o precandidatos propios, como a Salas Römer.
Recordamos que en el pasado reciente algunos criticaron al expresidente Uribe por declarar en contra del régimen de facto que desde hace tiempo impera en nuestro país. Espero que Timoteo y otros no califiquen de injerencia las gestiones del gobierno chileno en defensa de los derechos de Braulio Jattar, quien tiene doble nacionalidad, preso político incomunicado por divulgar el cacerolazo a Maduro en Margarita.
Hay otros casos, no de la gravedad de la declaración de Timoteo, pero que no suman. Marquina es un buen parlamentario, pero al declarar ¨a título personal¨ que ¨el tema principal no es la eficiencia de que se produzca el revocatorio en el 2016…¨, debilita la exigencia de la MUD y de todos los demócratas. Esta declaración dio pie a que la valiente luchadora María Corina, respondiera por el peligroso twitter ¨Conmigo no cuenten si se acuerda el referéndum revocatorio para el 2017”, lo cual tampoco era oportuno, ya que la posición de la MUD ha sido firme de que debe ser en el 2016 y solo el régimen quiere posponerlo o bien impedirlo, aunque también puede haber algunos ¨a título personal¨.
Por su parte, el diligente Chuo Torrealba, quien realiza un buen trabajo y reconoce errores, en declaración en el programa de Nelson y Mariela, cometió el exabrupto de insinuar que el preso político Jon Goicochea actuó contrario a la Constitución, avalando implícitamente la imputación que le hizo el régimen. Ojalá la MUD expulse a Timoteo y que todos sus integrantes piensen dos veces antes de declarar. Cabe recordar que el que mucho habla, mucho yerra.
Como en botica:
Del Pino anunció que Venezuela y Ecuador evaluaron acciones para la recuperación del mercado petrolero mundial. Lamentablemente, entre estos dos países solo logran aportar algo más del 3% de la producción mundial. ¨La paz del mundo está en riesgo¨, declaró hipócritamente Rouhani, presidente de Irán, mientras ataca verbalmente a Israel y solo por presión internacional tuvo que suspender la construcción de una bomba nuclear. Evo Morales se refirió a que ¨el narcotráfico beneficia al capitalismo¨ (¿qué pensarán Maduro y Cilia?) y acusó que el pueblo palestino está sometido a una política de genocidio, distorsionando un conflicto en el que Israel debe enfrentar diariamente actos de terrorismo. En sus desvaríos acusó a Estados Unidos de discriminar a las mujeres, justo en un momento en que una dama es candidata y probablemente logre la presidencia. El 6 de octubre se inicia en la UCV el curso ¨Diplomacia petrolera y otras energías¨, promovido conjuntamente con el Colegio de Internacionalistas. Tiene nivel de Diplomado, diez semanas lectivas y será dictado por un selecto grupo de expertos. Contactar a ceremonialyp@gmail.co
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com

La aparente falta de urgencia y contundencia que hay en la oposición es preocupante. Da la impresión de que hay un consenso en torno a que el gobierno ha entrado en fase terminal y que el reencauzamiento de la democracia es inevitable, ocurra este año, el año que viene o en 2019. Eso sólo tendría sentido si se cree que el tiempo juega a favor de la oposición. Sin embargo, con un fuerte deseo de estar equivocado, tengo que decir que no es así.
El caudal de descontento generado por la pésima e inhumana gestión del régimen representa la mayor oportunidad de cambio que hayan tenido los factores democráticos en más de una década, pero esta oportunidad es finita y circunstancial. Si el liderazgo no la hace devenir en resultados concretos, el poder de cambio que hoy en día ostenta la oposición se esfumará ante una población crecientemente frustrada, amenazada y dependiente.
Una teoría sobre las transiciones
En su trabajo seminal, El Origen Económico de las Dictaduras, Acemoglu y Robinson proponen un modelo teórico de transiciones hacia la democracia según el cual existen dos tipos de poder: el poder de jure y el poder de facto.
El poder de jure es el poder formal asignado mediante instituciones políticas. En democracias, por ejemplo, un triunfo electoral le brinda al partido electo poder de jure. El poder de facto, por el contrario, se refiere a la capacidad real que tiene un grupo u otro para imponer sus preferencias, cuenten o no con el poder de jure.
En las dictaduras, la élite gobernante suele monopolizar tanto el poder de jure (mediante el control de las instituciones) como el poder de facto (mediante el control de las armas). Por eso las transiciones de dictadura a democracia sólo son viables cuando los ciudadanos acumulan suficiente poder de facto para representar una amenaza creíble al régimen.
Esto suele ocurrir por una articulación de factores como pueden ser una grave crisis económica aunada a una robustecida capacidad organizativa de factores opositores al régimen. En este escenario lo primero que buscará la dictadura es ofrecer concesiones que eviten un cambio de régimen. El problema está en que la amenaza representada por los ciudadanos movilizados es circunstancial y transitoria. Concesiones otorgadas hoy, pueden ser fácilmente revertidas una vez la dictadura no se sienta amenazada. La única manera de amarrar las concesiones obtenidas es mediante la transición a una democracia plena que le transfiera nuevamente el monopolio del poder de facto y de jure a la ciudadanía, sus legítimos dueños. Reconociendo esta realidad, la ciudadanía opta por exigir una transición. Si la amenaza es lo suficientemente creíble y costosa para la élite gobernante, el modelo predice que esta última preferirá negociar una transición antes que ser barridos por una revuelta popular.
Poder de jure vs. Poder de facto en el Caso Venezuela
Hay tres puntos que se deben subrayar del modelo propuesto por Acemoglu y Robinson.
El primero es que el poder de facto que puede tener la mayoría ciudadana frente a un régimen dictatorial suele ser circunstancial y transitorio. Esto implica que las amenazas creíbles contra el régimen suelen caracterizarse por ciclos y que las transiciones hacia la democracia ocurren cuando la ciudadanía logra aprovechar esas escasas oportunidades en las cuales tiene suficiente poder para forzar una transición.
El segundo es que para que un régimen dictatorial se vea obligado a negociar una transición hacia la democracia plena, la amenaza por parte de los ciudadanos tiene que ser creíble. Si el régimen percibe que las fuerzas opositoras no tienen la voluntad o la capacidad para proceder con su amenaza, el régimen no tendrá incentivos para negociar más allá de algunas concesiones poco comprometedoras.
El tercero es que las concesiones otorgadas por el régimen en momentos de debilidad que no consoliden el poder de facto y el poder de jure de la ciudadanía son vulnerables a ser revertidas (o simplemente ignoradas) el día de mañana cuando la amenaza haya desaparecido.
En Venezuela, en este momento, la oposición está en la cúspide de su poder de facto. No sólo porque la gran mayoría de los venezolanos demostró a través del sufragio que se opone al régimen, sino porque el grado de descontento es tal que esta mayoría es, en este momento, movilizable, como fue ampliamente demostrado el 1 de septiembre.
Existen razones para pensar que el poder de facto de la oposición no puede sino aumentar. La aparente incapacidad del gobierno para realizar los ajustes necesarios para revertir la grave crisis económica que enfrenta el país. La caída precipitada de la producción petrolera (con perspectivas poco alentadoras en torno a la recuperación de los precios del petróleo en el corto e incluso mediano plazo). El creciente aislamiento internacional del régimen, confirmado recientemente por el rechazo categórico de los países de Mercosur. Todo sugiere, y así parecen percibirlo la gran mayoría de los analistas, que el cambio de régimen ya no tiene vuelta atrás, incluso de no darse el Referendo Revocatorio este año o alguna de las otras variantes de mecanismos de transición.
Visto así, el tiempo está a favor de las fuerzas democráticas. Pero, si bien esto puede ser cierto, son varios los errores que se pueden estar cometiendo en este análisis de tendencia lineal.
El rechazo al Gobierno no equivale a Poder de Facto
Un primer error sería confundir “rechazo al gobierno” con poder de facto. Es cierto que en democracia el poder de facto está íntimamente ligado al apoyo popular, una relación que se formaliza a través de las instituciones políticas (es decir: el poder de jure), pero éste no es el caso en dictaduras.
En dictadura, la existencia de un amplio rechazo al gobierno en sí no representa una amenaza para el gobierno. Para que el descontento se traduzca en una amenaza creíble tienen que darse ciertas condiciones. Y entre ellas está que la gente debe estar dispuesta a mostrar abiertamente su descontento, que el descontento debe ser movilizable en masa para aumentar los costos de la represión y que el régimen debe percibir que de no negociar una transición la ciudadanía estaría dispuesta a movilizarse en búsqueda de un desenlace que no favorecerá al régimen.
En este momento las dos primeras condiciones parecen cumplirse. La tercera condición está menos clara. Tanto es así que incluso algunos líderes dentro de la misma oposición han planteado sus dudas en cuanto a la voluntad de presionar que tiene el bloque.
Cabe destacar que la voluntad de los ciudadanos puede ser muy diferente a la expresada por sus líderes y estos últimos pueden terminar siendo relegados a meros espectadores de los acontecimientos, dando cabida a escenarios mucho más inciertos y potencialmente traumáticos.
El Poder de Facto es circunstancial y transitorio
El segundo error sería pensar que la capacidad de la oposición para forzar un cambio no puede sino aumentar. Esta perspectiva en parte se debe al primer error que asocia descontento con poder de facto. Se cree que difícilmente el gobierno recuperará su apoyo popular, por lo que el poder de facto que le brinda ser mayoría a la oposición se consolidará en el tiempo.
Sin embargo, como ya resalté, existen ciertas precondiciones para que el descontento se traduzca en una verdadera amenaza para una dictadura. Estas precondiciones son menos estables en el tiempo, por lo que (incluso de ser cierto que los números del gobierno no mejorarán) el poder de facto que la oposición ostenta en la actualidad puede desvanecerse.
La psicología de la movilización
Los sentimientos de frustración y rabia son catalizadores de la movilización política. Las crisis económicas, al generar una brecha entre las expectativas de la población y una deteriorada realidad, suelen despertar sentimientos movilizadores.
Mientras mayor sea esta brecha, mayor será el potencial movilizador.
Si a esto se le añade la percepción de que un cambio de rumbo es viable y deseado por la gran mayoría de la población, la capacidad de acción colectiva se verá fortalecida.
Sin embargo, la brecha entre expectativas y realidad tenderá a reducirse con el tiempo, ya sea porque mejora la realidad o, lo que es más probable en nuestro caso, porque se ajustan las expectativas hacia la baja a medida que las personas se adaptan a su nuevo entorno.
Así mismo, la percepción de tener la capacidad de influir sobre el entorno para lograr un cambio tenderá a debilitarse a medida que las acciones realizadas en busca de un cambio no surtan efecto.
Y ambos efectos erosionarán el potencial de movilización.
Todo régimen invertirá en erosionar el Poder de Facto de su oposición
En una situación como ésta, todo régimen buscará mermar el poder de facto de la oposición usando todas las herramientas a su disposición.
En el corto plazo, estas herramientas consisten en usar su poder mediático para moldear las expectativas de la población en torno a la imposibilidad de forzar un cambio, a la vez que usa la represión para limitar la capacidad organizativa de la oposición.
En el mediano plazo, todo régimen buscará reforzar sus mecanismos de control basados en la distribución selectiva de la miseria, incluyendo la monopolización de la distribución de comida y medicinas (los CLAP son apenas un abrebocas), el acceso a los programas sociales y el empleo público, entre otras.
Paradójicamente, la estrechez puede aumentar el valor de las redes clientelares del régimen. No es lo mismo una bolsa de comida cuando estás pasando hambre que cuando tu nevera está llena. Algunos dirán que estos mecanismos no hacen sino agravar los problemas de desabastecimiento. Y es cierto. Sin embargo, el objetivo del gobierno no es ser eficiente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político: le basta con ser eficiente asignando la miseria de manera selectiva y notoria.
El fortalecimiento de estos mecanismos los estamos viendo en tiempo real con la distribución selectiva de los CLAP; con el aislamiento y represión en la Isla de Margarita luego de los acontecimientos de Villa Rosa; con los despidos masivos (sin consecuencias para el gobierno) de los empleados públicos que firmaron; con la expulsión de beneficiarios de la Misión Vivienda por mostrar su descontento caceroleando; y, por si acaso ello no envía una señal lo suficientemente contundente, con el encarcelamiento ilegal de aquellos que aun se atreven a disentir.
Visto así, no se trata de si los venezolanos pueden o no pueden reencontrarse nuevamente con la revolución, sino de que no les va a quedar de otra que hacerlo.
No podemos dejar de mencionar otro componente de la estrategia de mediano y largo plazo del régimen: el empobrecimiento premeditado o exilio forzoso de la clase media venezolana, comprendiendo bien que ésta representa la columna vertebral de toda democracia.
Cuidado con aquellas concesiones que no blinden el Poder de Facto
El tercer error sería pensar que cualquier concesión por parte del régimen es un éxito para la oposición.
Una vez que se reconoce que el poder de facto de la ciudadanía es circunstancial y transitorio, pierde credibilidad cualquier concesión que no limite el poder de facto del régimen a futuro y restablezca el equilibrio del poder de jure.
Una pregunta de muchas necesarias: ¿cuáles serían las concesiones, más allá de elecciones presidenciales y una renovación de todos los poderes públicos, que limitarían el poder de facto del régimen a futuro?
Algunos hablan de las elecciones regionales como una concesión, puesto que el régimen probablemente perdería el control de la mayor parte de los gobiernos regionales. Sin embargo, no se trata de una concesión, sino de un derecho y una obligación ya consagrada. Y la historia reciente nos ha enseñado que el régimen no tiene que ganar elecciones para cobrar.
En caso de perder el control de los gobiernos regionales, es de esperarse que el gobierno continuará con su práctica de escamotear los recursos a gobernadores adversos y le dará un nuevo impulso a su proyecto inconcluso de establecer el Estado comunal.
Y en cuanto a una posible renuncia de Maduro en 2017, en ausencia de otras garantías, eso sería más bien una concesión que la oposición le estaría dando al régimen al permitirle /lavarse la cara”.
No es “¡Ahora o nunca!, pero sí es “Ahora más que nunca”
Las dictaduras sólo negocian cuando se sienten amenazadas.
Los eventos sugieren que esto no ha ocurrido hasta la fecha, así qué sería un grave error pensar que el tiempo está a favor de la MUD. Ahora la MUD tiene la responsabilidad crucial de coordinar y darle voz a la protesta, pero es esencial que se sumen otros factores como los gremios profesionales, los sindicatos, el sector privado, los estudiantes, las universidades, las academias, las iglesias e incluso amplios sectores del chavismo que aspiran a una participación democrática en el futuro.
Ésta no será la última ventana de oportunidad, es cierto. Pero la demora tendrá costos muy reales: más presos políticos; más madres que dejarán de comer para alimentar a sus hijos; más pacientes que morirán por falta de medicinas; más familias que perderán seres queridos a manos de la violencia; más jóvenes (y no tan jóvenes) que se verán obligados a construir futuro en un país ajeno; una población más pobre, más dependiente e incapaz de imaginarse un futuro diferente.
Así que el tiempo apremia.
@prodriguezsosa.
Prodavinci | 21 de septiembre, 2016
http://prodavinci.com/2016/09/21/actualidad/quien-gana-con-el-paso-del-tiempo-el-gobierno-o-la-oposicion-por-pedro-luis-rodriguez/

El llamado Socialismo del Siglo XXI y su hoja de ruta, el Plan de la Patria 2013-2019, desconocen a los estados y a los municipios como actores políticos esenciales en el proceso de desarrollo integral de la Nación. El Plan de la Patria amenaza con un modelo federal de Estado que se construye a través del Poder Popular, es por ello que en su contenido no hay mención alguna al Poder Público Estadal y Municipal.
En Argentina, 4 notas de prensa, publicadas recientemente, permiten explorar cómo opera el reconocimiento de las Provincias, de los Municipios, de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno Central, como actores del desarrollo de la Nación; que además no se limita al proceso de toma de decisiones sino que, a través de espacios institucionales legalmente conformados, facilita el diálogo y debate permanente necesarios para construir mecanismos de cooperación y articulación interterritorial e interinstitucional.
Una primera nota de prensa, publicada el 26 de agosto de 2016[1], informa sobre la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente (COFELMA), que vienen a ser dos órganos que coexisten en función de garantizar un espacio en el cual los actores políticos concretan el Sistema Federal Ambiental, a través del cual se persigue la adecuada coordinación de políticas ambientales a los fines de alcanzar el desarrollo sustentable entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
La Ley General de Ambiente es el instrumento jurídico que crea el COFEMA y es presentado como el espacio institucional de cooperación interjurisdiccional de provincias y municipios, de éstas y la Ciudad de Buenos, y de la concertación de intereses entre la sociedad civil entre sí y de estos con la Administración Pública en materia de políticas ambientales.
El COFEMA, según su información oficial, es creado mediante un Acta constitutiva al cual se van adhiriendo formalmente las provincias y municipios. Su nacimiento fue iniciativa de las provincias a los fines de promover una Agenda Ambiental común.
El COFELMA es promovido recientemente por el propio Ministro de Ambiente, y se especializa en la labor legislativa ambiental. Sus integrantes son los presidentes y vicepresidentes de las distintas Comisiones de Ambiente de las legislaturas provinciales. Su función es estudiar, asesorar, elaborar y promocionar proyectos legislativos comunes en materia ambiental[2]. Su creación fue considerada como de “interés legislativo” por la Cámara de Senadores de Argentina el pasado mes de junio de este año[3].
Una segunda nota de prensa es fechada el 2 de septiembre y en ella se habla de un Consejo Federal de Seguridad Vial[4], que encuentra su fundamento legal en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial argentina, en cuyo contenido se presenta como un organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, orientado a la concertación y acuerdo de política de seguridad vial en Argentina; el mismo es integrado por cada provincia, un representante de la Ciudad de Buenos Aires y un representante del Poder Ejecutivo.
Una tercera nota, con fecha 1 de septiembre[5], habla del Consejo Federal de Inversiones, el cual fue creado en el año 1959, mediante un Pacto Federal y presentado como un organismo de las provincias argentinas, cuya misión es promover el desarrollo armónico e integral del país para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Este Consejo Federal de Inversiones está integrado por los Gobernadores de las 23 provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires[6].
Por último un quinta nota menciona la existencia de un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal[7]. Su fundamento legal está en la Ley titulada Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, Ley 25.917 del 2004, cuya misión es garantizar la coordinación entre distintos niveles de gobierno, que facilite la articulación necesaria para alcanzar consensos que garanticen la calidad en la transparencia en la gestión pública y en el comportamiento fiscal. Este Consejo está integrado por los Ministros de Economía y/o Hacienda, o cargo similar, del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires[8].
Mientras en Argentina, como se evidenció, el término Consejo Federal es utilizado como referencia a espacios institucionales creados para facilitar el encuentro entre autoridades de distintos niveles de gobierno, en Venezuela la Constitución vigente crea un Consejo Federal de Gobierno, responsable del proceso de descentralización y transferencia de competencias desde el Poder Nacional al Poder Estadal y Municipal, que apoyado con el Fondo de Compensación Interterritorial pretende cumplir la misión para el cual fue creado.
Cuando el país asuma la tarea de debatir la descentralización, claramente va a necesitar valorar y/o repensar la figura del Consejo Federal de Gobierno como promotor del modelo descentralizado que ordena el texto constitucional. Si bien es cierto su eliminación supone una reforma constitucional, su redefinición es mucho más fácil, pues está condicionada a una reforma legislativa.
Independientemente de si se mantiene o no la figura del Consejo Federal de Gobierno, lo que no tiene discusión es que en un diseño institucional para impulsar la descentralización se hace indispensable un espacio formal, legalmente reconocido, para el encuentro de coordinación y articulación entre gobierno central, gobiernos estadales y gobiernos municipales a los fines de construir acuerdos y consensos en la materia.
En el marco de la Constitución de 1961 y durante el proceso de descentralización experimentado en los años 90, el Gobierno de Ramón J. Velásquez creó, en el año 1993, el Consejo Territorial de Gobierno, como una instancia de colaboración, coordinación y cooperación entre el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Estadal en el desarrollo de los procesos de descentralización y desconcentración, así como en el diseño de políticas pública que involucraban a distintos niveles del poder público, en áreas tales como seguridad ciudadana, desarrollo económico, transporte, protección ambiental, ordenación del territorio y materias presupuestarias y laborales del sector público.
El debate sobre la descentralización y sobre el modelo Federal de nuestro Estado exige el reconocimiento de un modelo federal, en el cual los Estados y los Municipios sean incluidos como actores políticos del desarrollo integral de la Nación. Es necesario a tal fin ir pensando en la necesidad de un pacto político o de un acuerdo nacional, que incluya un plan o programa de descentralización que incluya a todos los niveles políticos territoriales, con mecanismos que permitan responder a cada realidad territorial.
Hasta ahora, esa labor de impulsar un Pacto o Acuerdo Nacional para la Descentralización, puede, en un futuro, encontrar en un nuevo Consejo Federal de Gobierno y en unos nuevos órganos de planificación estadal y local, los espacios institucionales e interterritorirales adecuados para aprobarlo, legitimarlo y desarrollarlo de manera efectiva.
[1]Ellitoral.com.ar El Consejo Legislativo de Medio Ambiente se reúne en Corrientes. 26 de agosto de 2016. Online en: https://www.ellitoral.com.ar/428903/El-Consejo-Federal-Legislativo-de-Medio–Ambiente-se-reune-en-Corrientes
[2]14 de junio 2016. http://www.asocruralchivilcoy.com.ar/node/157
[3]Catamarcatual.com.ar. Declararon interés legistlatio la creación del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente. 31 dejulio de 2016. Online en:http://www.catamarcactual.com.ar/politica/2016/7/31/declararon-interes-l...
[4]Fenix95.1.com.ar. El ministro Saul participó de la apertura de la asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial. 01 de septiembre 2016. Online en: http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=62328
[5] El Intransigente.com. Juan Manuel Urtubey firmó convenio con el Consejo Federal de Inversiones para fortalecer el turismo en Salta. 01 de septiembre 2016. Online en: http://www.elintransigente.com/politica/2016/9/1/juan-manuel-urtubey-fir...
[6]Consejo Federal de Inversiones. Recuperado el 1 de septiembre 2016. Online en: http://cfi.org.ar/institucion/
[7] Elcomercial.com.ar. Reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. 2 de septiembre de 2016. Online en: http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&...
[8] Responsabilidad Fiscal. Recuperado el 3 de septiembre 2016. Online en: http://www2.mecon.gov.ar/cfrf/index.php
PolitiKa UCAB, septiembre 16, 2016

La política, tierra de lo posible, aconseja no olvidar que la misma es dinámica y cambiante según su propia naturaleza y en consecuencia cualquier cosa puede pasar en este abonado terreno; el análisis de la coyuntura, la dimensión de las fuerzas en pugna, nuestro propio apresto operacional, las personalidades y aspiraciones de los dirigentes, llámese oposición, llámese gobierno, los aciertos y fracasos y todo lo que concierna al entorno, pasa porque la Dirección Política lo tome en cuenta y si acaso fuese necesario, dirimir los desencuentros entre nuestras propias filas.
Solo entonces es perfectamente válido intentar cruzar la raya amarilla del entendimiento previo a un primer encierro (reunión) de todos los actores de la oposición y cuyo punto de agenda sea el deslastre de las cargas emotivas (arrecheras) y donde cada uno de estos puedan decirle al otro, del mal que van a morirse (en algunos casos, es perfectamente válido, más no aconsejable, darse un careo de pugilato).
Este método es infalible, la catarsis drenan las desazones y seguidamente la lucidez vuelve al cerebro como la sangre vuelve al corazón cuando el médico aplica el D.E.A (Desfibrilador Externo Automático) o el electroshock como se le conoce popularmente
Seguro estamos que en la segunda encerrona, saldrán las Comisiones que abordaran lo concreto y lo eminentemente táctico circunscrito a las soluciones y resoluciones atinentes a las causas del retardo o fracasos en las metas planteadas y ¿por qué no?, dejando para más tarde los antagonismos internos.
A manera de ejemplo tenemos sobre el tapete el asunto del “dialogo”, unos dicen que si lo hubo, otros que jamás existió, ¡zape! yo no fui a esa reunión, en fin abordar el tema es entrar terreno minado, ya el mismo dinamismo de la situación se encargara de mostrar las verdaderas cara que se ocultan tras las caretas. Preferible es mostrar aquellos escenarios que nos presentan para ponerle fin a la larga pesadilla que representa el carácter autoritario, corrupto, ineficaz y bandolero del presente régimen.
Desde lugares más allá de nuestras frontera y desde un cómodo sofá, armados con su computador o móvil inteligente, nos envían audios, videos y mensajes alegóricos relacionados a la manera expedita de solucionar dicho problema (el fin del régimen) “¡Hay que sacar del poder al chavismo de raíz!” “exijamos la renuncia de NM” “¡A Miraflores!, ¡A Miraflores!” ¡Aja! ¿Y cómo puede sentarse la cucaracha si no tiene con qué? Mención aparte a que quienes hacen dichas propuestas (supuestos líderes) se encuentran demasiado alejados de la zona de combate, los necesitamos aquí, propongan de nuevo y ya veremos si le echamos ese camión de voluntad que tanto piden.
Otros, más originarios prefieren pasarle el testigo a la FANB y que ésta dentro del marco del espíritu democrático, asuma un pronunciamiento general, desconociendo al colombo – venezolano y rechazando la injerencia de los Castros en los asuntos internos del país; los proponentes de esta tesis aducen la existencia de una reserva moral dentro de la FAN (cosa que no dudo), pero que desde mi trinchera veo muy difícil que vuelvan a cometer el error de la Plaza Altamira. Aparte que, sublevarse para tomar el poder y entregarlo en bandeja de plata como que no es lo que mis congéneres tienen por norma hacer y mucho menos como algunos lo dicen, si es el propio Diodi el adalid de la misión rescate ya que su naturaleza es simple y abierta, tal cual como la del alacrán.
Un porcentaje bastante elevado de la población (+ del 80%) pide el RR como fórmula de solución a la salida de la crisis, el planteamiento es simple y sencillo, el método es constitucional y por tanto un derecho del ciudadano, como te subimos, te bajamos, con el mismo circuito nacional, con las mismas máquinas y dentro del lapso que establece la ley vale decir este mismo año, sin guarimba y mucho menos violencia.
Finalizo agregando que en este escenario ganamos todos, gana el país, gana la oposición y gana el régimen porque deja el terreno abonado para pasar a la oposición, eso sí, sin encapuchados Elías y sin militares Diosdi.
Maracay 14 septiembre de 2016