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Opinión

Jesús María Casal H

La postura gubernamental de señalar públicamente que el reconocimiento por la oposición de la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, como instancia “plenipotenciaria”, es una de sus exigencias en la nueva fase de diálogo anunciada, es un grave error. En primer lugar, porque coloca ante la opinión pública de manera unilateral un asunto que, de haber sido planteado, debía mantenerse dentro de la confidencialidad de la etapa preliminar del ensayo de negociaciones. En segundo término, y esto es lo más importante, porque compromete de entrada su viabilidad y pone el acento donde no debe estar.

En una situación de extrema polarización y pugnacidad política como la que sufre Venezuela, que se ha prolongado por varios años y que ha sido estimulada por conflictos de gran intensidad y por la invocación oficial de una ideología totalizante que niega espacios legítimos para el pensamiento contrario, comenzar por una cuestión de principio vinculada a la expresión más reciente del antagonismo y de la fractura política es una demostración de insensatez o de ausencia de voluntad para la negociación.

La confrontación en desarrollo en el país es de tal calado que no resulta posible empezar por el reconocimiento de las manifestaciones más puras o radicales de las posiciones políticas de cada parte. Solo es factible partir de un arreglo práctico en el que los contendientes, sabiendo que de momento no pueden entenderse en relación con temas de fondo de enorme trascendencia, procuran identificar áreas de interés común en las que dar pasos coordinados, con el propósito de alcanzar una Paz verdadera, como iniciativa que acaso pueda conducir en un futuro a una reconciliación más amplia.

Cronograma y garantías
Por ejemplo, hay que discutir sobre el cronograma electoral, y acerca de las correspondientes garantías electorales, pues cabe suponer que ambas partes asumen como necesarias las consultas electorales pendientes de acuerdo con la Constitución y las que deben celebrarse en el 2018. También sobre el respeto a la Asamblea Nacional, pues no hay Democracia sin Parlamento, y así en relación con otros temas. El gobierno nacional, a su vez, considerará seguramente indispensable abordar asuntos económico-financieros ligados a la imperiosa obligación de detener la destrucción de las condiciones de vida de la población que avanza aceleradamente. En cambio, pedir a la oposición que sea reconocida la denominada Asamblea Nacional Constituyente es intentar doblegarla en uno de los planteamientos centrales de su denuncia nacional e internacional sobre la profundización de la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrida en Venezuela.

Una cosa es que dicho órgano, considerado con razón por buena parte de la nación como espurio, sea empleado por el gobierno para implementar acuerdos que deba cumplir en el marco del diálogo, lo cual puede ser asumido por la oposición como un hecho, sin que se entre en el debate sobre la legitimidad de ese órgano ni ello implique un reconocimiento, y otra muy distinta es que se quiera exigir a la oposición renunciar a principios sustantivos de su lucha para que pueda existir una negociación.

¿Confusión?
Pudiera aducirse que es contradictorio requerir respeto a la autonomía y atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y luego decir que es inaceptable solicitar a la oposición el reconocimiento de la supuesta Constituyente. Sin embargo, no deben confundirse estas demandas. La Asamblea Nacional no quiere ser “reconocida” por el gobierno, ya que su legitimidad no es controvertida, sino tan solo pretende no ser derribada por decisiones judiciales y gubernamentales arbitrarias que le impiden ejercer sus facultades constitucionales. A lo que aspira es a que la dejen trabajar, a que el Tribunal Supremo de Justicia le permita cumplir la función que es propia del Parlamento en una democracia.

Si hay buena fe en el llamado a la reapertura del diálogo, deben abandonarse las posturas inquisitoriales, en las que el progreso de las conversaciones se sustente en la abdicación por las partes de sus posturas de principio. Si la Paz que se pregona es verdadera, ha de comprenderse que ésta no puede lograrse buscando aplastar al adversario en las ideas que inspiran su acción, sino únicamente tolerándolas y esforzándose en hallar áreas de coincidencia en pro de un bien superior. El silencio y parálisis sepulcral que hoy se observa en las calles del país, que ni siquiera es tranquilidad pública porque la delincuencia hace de las suyas sin miramientos, está muy lejos de testimoniar la Paz que el gobierno dice haber logrado con la Constituyente y ojalá no sea un anticipo del tipo de diálogo que quiere llevarse a cabo y de sus consecuencias.

jesusmariacasal@gmail.com

 3 min


Carlos Raúl Hernández

Nuestros candidatos andan en los altos hornos de la campaña contra una maquinaria poderosa y abusiva, aunque repudiada e impopular. Pero también mordidos en las piernas por el malderrabia de los resistencios y calle-calle, doble ponchados en sus aventuras de estos dos dolorosos años, pero en extremo útiles al gobierno. Debería convocarse un Rosario en Familia para pedir que paren el malentretenimiento, el descrédito abstencionista contra los que se la juegan en serio en barrios y aldeas. 2018 toca el examen final del gobierno y no luce fácil eludirlo. La comunidad internacional está orientada a que haya elección presidencial y sea limpia, a los diálogos dominicanos, y eso intensifica con la cercanía de la dead-line. Desde arranque de los 2000 en la aurora del régimen, cuando se habló de prepararse para las elecciones pautadas entonces, sonó el canto pavoso: “¿esperar?… ¡el país no aguanta más!”.

“¡La solución es ya!” (y vino el calvario: RR contra Chávez, fracaso del paro petrolero y la marchitis, payasadas del 11 de abril, plazaltamira, retiro de candidaturas 2005). A quien invocara el sentido de la realidad, lo execraban “los gerentes” que quebraron empresas, salieron a quebrar la política y siguieron en eso para desventura de sus asesorados, que si no están presos los andan buscando. De no ser por la ominosa participación de la gerencia en la política, el chavismo tal vez sería hoy un recuerdo fastidioso. La locura recomenzó en 2014 y a quienes pedían prepararse y ganar las parlamentarias de 2015, les caía de nuevo el Niágara de frases de rigor, “colaboracionistas”, “con este CNE”, “quieren legitimar…” y nociones extraídas del país de Alicia, donde las distorsiones oníricas de la mente sustituyen la realidad, la reina celebra todos los días su no cumpleaños y los caminos no van a ninguna parte.

Intervención militar democrática
Ante la propuesta de presionar en 2016 por las elecciones regionales, la respuesta de la Reina fue ¡qué gobernadores ni qué niño muerto; vamos al revocatorio!, ¡Maduro vete ya! Igual soñaron en 2017 las elecciones generales y la intervención militar democrática. Quienes recordaban que el reto era asegurar las elecciones de 2018, que detrás de la prisa se escondía un áspid y una equivocada evaluación política, eran cómplices (hay unas y unos en el congelador, los sacan cada año a meter la pata, y los vuelven a esconder). Los resistencios creían tener la máquina del tiempo para adelantar todo: bastaba la frase mágica y genial: ¡el hambre no espera! y el mundo se desplomaría. En concreto hoy vamos a 2018 en el cuadro de la negociación. Al parecer los calle-calle y la gerencia regresaron del futuro con el DeLorean hecho chatarra y el gobierno sigue hacia la fecha electoral.

No luce tan descabellada la distopía de campamentos de refugiados en la frontera. ¿Aceptarán los vecinos semejante perspectiva? ¿Podría aparecer en Venezuela el nuevo Al-Azhad-Sadam-Fidel-Kim Jon Un-Mugabe, el dictador sanguinario del Estado fallido que desafía al mundo? Quizás pero con un costo social y político tal que la sacaría del cuadro de las naciones civilizadas (del que está de salida). ¿A cambio de qué y para qué cargarían Rusia y China con la responsabilidad de una especie de Somalia en Latinoamérica, cuando dependería de ellos una intervención humanitaria de la ONU? Y no es descartable que no salga de este contexto un Al-Ashad sino otro Milosevich. Por eso es de vida o muerte seguir las conversaciones, que los candidatos asistan si la constituyente los convoca, y no se haga nada que salve al gobierno de su sino.

¡Regresa Isabel!
Resistencios y gobierno llevan 18 años de fracasos, sin el más mínimo pudor, ni siquiera una exigua capacidad de auto reflexión. Desde que comenzó la pesadilla revolucionaria, el desenfreno se hizo modo de vida. Toda revolución impone como paradigma social la falacia y la exageración, contra la democracia cuyo centro político debe ser relativamente sobrio, porque si no lo es y cae en manos de irredentos, se acaba. La tragedia ya asomaba sus fauces y las bielas del sistema traqueaban cuando en el Parlamento de los 90 se exhibían en varas las cabezas cortadas de los “corruptos” sin pruebas, y unos diputados-gladiadores, como el Podemos que amenaza la democracia en España, sin el pudor del saco, ni la hoja de parra de la corbata, paseaban sus propias barrigas exultantes por el Hemiciclo.

Sostienen que El Príncipe de Maquiavelo es realmente Isabel la Católica. Ella según sus palabras no tenía que “decir la verdad sino lo que convenía al Reino”. Churchill utilizaba el humor como navaja y en general los demócratas resaltan las buenas noticias para disimular las malas. A los políticos medios en general la cautela los enseña hablar sin decir, como satirizaba Cantinflas (“¡a ese señor yo ni lo ignoro!”). Al contrario Fidel, Pinochet, el Galáctico convirtieron la inmoderación, “el decir las verdades en la cara”, la carencia de entendimiento, la piratería, la irreverencia, el estilo zumbao y guapetón que cultivan los resistencios y los calle-calle, el extremismo mental y verbal, en el alien de este sistema político. Su imagen de culto con chaqueta de guacamaya tricolor y el librito azul en la mano mientras gritaba “verdades” -generalmente calumnias- nos marcó con yerro candente.

@CarlosRaulHer

 4 min


Equipo B de la Cátedra Simón Bolívar

El inicio de la campaña electoral para seleccionar a los Gobernadores de la República de Venezuela nos alerta a los demócratas, y en especial a los Operadores y Líderes Políticos Emergentes, para comprender y masificar la importancia del voto como el mayor instrumento democrático con el objeto de lograr cambios en un régimen autocrático-militarista cobarde, que desvió el Referéndum Revocatorio del 20 de octubre de 2016. Conducta cobarde y fraudulenta para instaurar una tiranía en Venezuela que terminó en la Guerra Civil de Venezuela en el siglo XXI. Los demócratas acudimos a la Resistencia Civil de manera heroica, fuimos capaces de entender a la Resistencia Civil como el método de lucha política colectiva basado en la desobediencia, para reinstalar la democracia. Y eso lo haremos con el voto del 15 de octubre.

El inicio de la campaña electoral nos llama a participar activamente y a colocar al ciudadano en el centro de la realidad política venezolana, para estimular su confianza en el voto. Reflotar el voto es priorizar la ciudadanía, reflotar el voto es fortalecer la Democracia, y reflotar el voto es apuntar hacia el Cambio Político que han negado bastardos politiqueros que sueñan todavía con instaurar en Venezuela un Estado comunal. Reflotar el voto es entonces la tarea de líderes y la masa ciudadana, que reconoce a la política como arte y ciencia, y con ello permitirá — con el voto — pasar de un Ambiente Político Electoral a un Ambiente Político Real Democrático.

Reflotar el voto — señores Líderes Políticos Emergentes y Operadores Políticos Regionales — es el más trascendental mensaje que enviará la mayoría como demócratas en Venezuela al continente y al mundo. Venezuela y sus demócratas mostrarán con ello la civilidad y la decisión política en la cual queda claro que es el ciudadano quien decide, y nunca más la cooptación y los partidos políticos. Reflotar el voto es entonces entender la política requerida de instrumentos analíticos, de líderes conscientes y de Operadores activos que nos muestren como hoy la mayoría somos demócratas y actuaremos en consecuencia en la reinstalación de la Democracia.

Reflotar el voto es lograr todas o casi todas las gobernaciones, hacer crecer la Participación Política Contendiente y reavivar la fe en la Democracia, con lo cual el 23 de Septiembre es el punto inicial para la gran tarea política de quienes creemos que los venezolanos nos merecemos un destino mejor. Un destino que anclado en el gentilicio venezolano, en la decencia, en la extraordinaria juventud de la Venezuela del siglo XXI ize las banderas de la virtud política para que se cimbre la voluntad de la mayoría. De la mayoría que además sepultará la perversión golpista del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992 generadores de la actual regresión política que de manera brutal y por la vía de la verticalidad y del mandato ha querido instaurar el Socialismo a juro. Reflotar el voto será en definitiva la voluntad democrática para la construcción de una patria decente que está dispuesta a vivir la democracia, a sentir la democracia y, como un virtuoso ciudadano, entenderse por encima de la Comunidad y del Estado

 2 min


Moises Naim

Una de las sorpresas que los historiadores estudiarán durante muchos años es la decisión de Estados Unidos de renunciar a su liderazgo mundial. Más aun, tendrán que explicar por qué lo hizo unilateralmente y sin que nadie le arrebatara el inmenso poder que acumuló durante el siglo pasado.

Esta abdicación no fue el resultado de una decisión específica, sino de un complejo y largo proceso. Y si bien la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca aceleró las cosas, la cesión de poder ya venía dándose desde hace un tiempo.

¿Qué tienen en común un agricultor de Iowa, un diseñador gráfico de Chile, un jubilado de Reino Unido y un trabajador en una cadena de montaje de China? Dos cosas: son miembros de la clase media de su país y están furiosos con sus gobernantes. Sus desilusiones están transformando la política y provocando acontecimientos sorprendentes, como la elección de Donald Trump, el Brexit, la defenestración de presidentes y una oleada mundial de protestas callejeras.

En muchos países del mundo desarrollado, la clase media está rebelándose contra el estancamiento o incluso el empeoramiento de su nivel de vida. La globalización, la inmigración, la automatización, las desigualdades, los nacionalismos y el racismo abren oportunidades para aventureros de la política que venden malas ideas como si fueran buenas.

Por supuesto que también hubo ricos y pobres que votaron por Trump en Estados Unidos y por el Brexit en Reino Unido, y que muchas personas de clase media votaron en contra en ambos casos. Sin embargo, no cabe duda de que, en los países ricos, y especialmente en EE UU, quienes tienen rentas medias forman el segmento que más perjuicios económicos está sufriendo.

Pero estas convulsiones no solo suceden en los países ricos. La clase media de Brasil, Turquía, China o Chile comparte las angustias que acosan a sus pares de Norteamérica y Europa occidental. La paradoja es que en las últimas tres décadas, cientos de millones de personas en Asia, Latinoamérica y África han salido de la pobreza y hoy forman parte de la clase media más numerosa de la historia. Pero esas personas tampoco están satisfechas y están protestando en las urnas y en las calles. Investigadores y diversas instituciones como el Banco Mundial definen la clase media como una franja con unos límites de ingresos muy amplios por arriba y por abajo, que pueden ir de 11 a 110 dólares diarios. Y las convulsiones en este segmento de población no son nuevas. En 2011 escribí que “la principal causa de los conflictos que se avecinan no será el choque entre civilizaciones, sino la indignación generada por las expectativas frustradas de una clase media que está en declive en los países ricos, y en ascenso en los pobres”. “Es inevitable”, escribí, “que algunos políticos de los países desarrollados achaquen el declive económico de su clase media al despegue de otros países”. Y advertía de que la prosperidad no siempre significa más estabilidad política.

La dimensión y la velocidad de la expansión de las clases medias en el planeta han sido verdaderamente espectaculares. El economista Homi Kharas, experto en la clase media mundial, calcula en un reciente estudio que hoy pertenecen a ella 3.200 millones de personas, es decir, el 42% de la población total. Cada año se incorporan 160 millones más.

Al ritmo actual de crecimiento, de aquí a unos años, la mayor parte de la humanidad vivirá, por primera vez en la historia, en hogares de clase media o superior.

Esa expansión ha tenido distinto alcance en diferentes países. Mientras que en EE UU, Europa, Japón y otras economías avanzadas la clase media crece a un mero 0,5% anual, en China e India ese mercado aumenta a un ritmo anual del 6%. Si bien ha alcanzado una dimensión sin precedentes en países como Nigeria, Senegal, Perú y Chile, la expansión de la clase media es un fenómeno especialmente llamativo en Asia. Según Kharas, los 1.000 millones de personas que se van a incorporar a la clase media en los próximos años vivirán, en su inmensa mayoría (¡un 88%!), en Asia.

Las consecuencias económicas son tremendas. En los países en vías de desarrollo, el consumo está creciendo entre un 6% y un 10% anual, y ya constituye un tercio de la economía mundial.

Las consecuencias políticas pueden ser igual de importantes. En Europa y en Estados Unidos son ya visibles en elecciones y referendos —Francia, Holanda, Reino Unido, Hungría, Polonia—, con la proliferación de candidatos y programas que antes eran impensables. Como escribióhace poco Bill Emmott, antiguo director de The Economist: “Vivimos en una era llena de turbulencias políticas. Sendos partidos con apenas un año de antigüedad se han hecho con el poder en Francia y en la enorme área metropolitana de Tokio. Un partido con menos de cinco años encabeza los sondeos en Italia. La Casa Blanca está ocupada por un neófito político, algo que causa un tremendo malestar entre los republicanos y los demócratas de toda la vida”.

Las turbulencias políticas también se hacen notar en países de rentas bajas y medias que están creciendo muy rápidamente. Cada vez que la clase media aumenta, sus expectativas y demandas lo hacen también. Unos actores sociales que están más conectados, que tienen más poder adquisitivo, tienen más educación e información, y son más conscientes de sus derechos, ejercen unas presiones inmensas sobre sus Gobiernos, que a menudo no tienen los recursos ni la capacidad institucional necesarios para responder a esas demandas.

Dichos países están empezando a mostrar fisuras similares a las de EE UU y Europa. En Chile —cuyos éxitos económicos lo han convertido hace tiempo en modelo para otras naciones y cuenta con una de las sociedades más estables de Latinoamérica— ha habido protestas violentas, abstención masiva en las urnas e incluso un asalto al Congreso porque los ciudadanos quieren expresar su decepción con un Gobierno que sienten que les ha fallado.

En China, los investigadores han observado que entre 2002 y 2011 se produjo una drástica caída de la confianza de la clase media en las instituciones legales, el Gobierno y la policía, a pesar de que fue un periodo de fuerte crecimiento y mejora de los programas sociales. El Gobierno chino está preocupado, sin duda. De hecho, muchos piensan que el vertiginoso crecimiento del país es un pilar fundamental de la estrategia de Pekín para aplacar a la clase media: ya que el Gobierno no te va a ofrecer una democracia constitucional, libertad de expresión y derechos humanos universales, al menos hará que tengas un mejor salario, o incluso que puedas enriquecerte. El riesgo es que una contracción económica prolongada podría desatar la agitación política que las autoridades tanto temen.

Los motivos del descontento en el mundo en desarrollo —a pesar de la mejora de los niveles de vida— son numerosos, pero sin duda el acceso a la información es un factor crucial. Las personas educadas e informadas son más difíciles de controlar. Es más, cuando miles de millones puede ver en su teléfono móvil cómo viven los demás, hay muchas más probabilidades de que se sientan insatisfechos con su situación. Seguramente piensan: “Trabajo tanto como ellos, así que también me lo merezco”. Ese “lo” pueden ser salarios más altos, sanidad más asequible, mejor educación para sus hijos, igualdad, mejores servicios públicos o libertad de expresión. Ahora bien, la “conectividad” barata y generalizada y la revolución de la información no son los dos únicos factores. También cuentan la urbanización, las migraciones, el aumento de las desigualdades, e incluso el nuevo entorno cultural y las expectativas sobre la corrupción, la autoridad y las jerarquías.

¿Qué va a pasar? El rechazo al “más de lo mismo” y los reacomodos políticos están siendo inevitables: Donald Trump y el Brexit no son más que dos manifestaciones, espoleadas en parte por la revuelta de las clases medias en los países ricos. La furia de la clase media en los países pobres y de rentas medias también está en ebullición. Sus consecuencias son imprevisibles.

El País

Septiembre 23, 2017

https://elpais.com/internacional/2017/09/22/actualidad/1506099055_571906...

Traducción de M. Luisa Rodríguez Tapia.

@moisesnaim

 6 min


Alberto Hernández

Crónicas del Olvido

1.-

Venezuela es un mapa arrugado sobre un charco de sangre. El país de los viejos caudillos retorna, gira como un carrusel, siempre regresa y se instala en el imaginario recurrente de quienes se encargan de trazarla, de revelar sus límites, de deshacerse del olvido para acomodar la tarima donde el populismo es la base de la demagogia.

Con ese espíritu ha sido escrita la novela “El reino de arena”, de Andrés Volpe, publicada por Oscar Todtmann Editores, Caracas, 2017.

El largo relato de Volpe deriva en una suerte de ensayo en el que la ficción roza la realidad, la del pasado y la del presente actual, porque siempre habrá un presente ataviado con el mal olor del pasado y con ciertos rasgos triunfalistas reservados al futuro. En el caso de Venezuela, todo lo que se afirme acerca del poder, fraguado por caudillos cuyos desenfrenos concluyen en la muerte, se asimila a los escrúpulos que podrían ser parte también de una añoranza: soñamos con el paraíso perdido, con el que siempre hemos fantaseado. Con el que solemos tener frente a nosotros como una vieja película muda.

Venezuela siempre será un regreso a la ilusión. A un reino que jamás ha sido liberado, a los feudos que nunca han sido desterrados del inventario colonial. Las páginas de Volpe nos llevan a sabernos protagonistas o testigos de aquella Venezuela en la que las guerras, desde las de Independencia, pasando por las del siglo XIX, nos trajeron a ésta en la que Bolívar continúa montado en su caballo blanco dando órdenes y gritando sobre las cabezas de un grupo de soldados y mercenarios.

Novela que refleja la Venezuela de la Guerra Federal, las de los liberales amarillos, la de Zamora, los Monagas, Crespo o Castro y la última de Juan Vicente Gómez, y tocada por la asignación de los nombres que hoy creen cabalgar en ese caballo que mira hacia otro lado. Esta borrosa capitanía general fue y es una rueda sin fortuna.

2.-

Venezuela es un mapa cuyos trazos borrosos animan a pensar que aún no ha consolidado su presencia en el concierto de las naciones, como suelen decir los diplomáticos e historiadores. Venezuela, desde estas páginas, es la imagen de una gran torta de la cual cada quien toma un pedazo. El federalismo fue un zumbido en el cerebro. Los andinos, los llaneros, los capitalinos, los zulianos, todos ellos, funcionarios del pasado remoto y del presente instalado en nuestras grietas, conforman el rompecabezas de una nación a punto de extinguirse o de refundarse como república. La ficción suele estar más cerca de la realidad que la realidad de la ficción.

Hoy, queda revisar los viejos cuadernos, los antiguos apuntes para poder entender que este país es la novela que el joven novelista Andrés Volpe ha puesto ante nuestros ojos.

Es el relato de una permanente confrontación. La narrativa de un cuestionamiento inacabable, porque la vida y la muerte siempre han encarado sus diferencias y las han usado como epitafio.

Los nombres de los vivos y los muertos en esta novela son los mismos nombres de los vivos y los muertos que nos han tocado conocer y enterrar. Desde la muerte de Bolívar hasta la agonía política de Nicolás Maduro. Desde la mitológica batalla de Santa Inés de Ezequiel Zamora hasta la canonización de Hugo Chávez. Desde el epiléptico Páez hasta el retaco Marcos Pérez Jiménez. Desde el brujo Guardajumo hasta aquel invento llamado el Negro Antonio. Desde el loco Funes hasta cualquier otro sociópata que se nos atraviese en el camino, Venezuela sigue siendo tierra de caudillos y engendros populistas. Parcelas de dictadores y delincuentes comunes. Ayer a caballo, hoy en motos. Ayer en barcos, hoy en aviones privados o arrancados del erario público.

Los años de democracia sirvieron de semillero para que estos sombríos personajes decidieran dividirse el país en caseríos, hatos, fincas, reinos, fundos, cuarteles, comandos, prostíbulos, regimientos y otros sustantivos que tocan la costumbre militar y la de sus aduladores.

3.-

Un reino en la costa cuyo jefe “revolucionario” enfrenta a los republicanos, a quienes acusa de caníbales. Cada región tiene un jefe caudillo. Cada caudillo tiene un ejército. Cada ejército está formado por asesinos, locos y desmirriados que delatan, traicionan o dan la vida por el analfabeta que los oprime. Medina, el “mocho” Medina, heredero de un tal Pinto, gobierna el reino de la costa. Caracas y las ciudades más cercanas han sido destruidas por las locuras de los revolucionarios bolivarianos. En los Andes andan otros que se reparten botines y alijos. Ciudades que ahora están en manos de los republicanos. Los enemigos externos, calificados de caníbales, suerte de metáfora del Imperio o de otros enemigos de la revolución, son sólo parte del discurso de quien se dice el mandamás de la libertad.

Esta es una novela que permite en el lector dos viajes: uno hacia el pasado y otro hacia el presente que vive en nosotros, sin descontar la posibilidad de que el futuro asome su hocico como una alternativa de salvación.

Es una novela apocalíptica en la que tanto distopía como utopía se pelean sus espacios. Un relato donde la desesperanza tiene asidero en el terror, en las torturas, cárceles y abusos de quien se dice el hijo heredero de un legado. Un país hiperbolizado, un país forjado por la exageración; un símil le ofrece a la realidad el sostén de su existencia.

Una novela que destaca un referente en unas mariposas amarillas que representan la muerte. El realismo mágico tiene sello en tres o cuatro momentos en el que las mariposas aparecen y podrían sortear sus vuelos en un homenaje a quien las creó en el trópico colombiano, ese Mauricio Babilonia que encarnó en García Márquez.

Una novela que nos exprime. Podrían sobrarle algunos relatos, pero que también sirven para sostener la posibilidad de un nuevo intento para que el lector imagine su destino personal. La realidad, como la lectura, es un experimento. La ficción es su sostén.

Y así como “Los desconsolados iban a la playa y le agregaban lágrimas al mar”, también –como cierre- tener en cuenta que “Este reino de arena sería despertado entre fuego y alarmas una vez que yo irrumpiera entre el silencio de la noche para dar comienzo a la misión”.

Y la misión es la libertad. Salir de un régimen de oprobio acompañado de todos los personajes, los vivos y los muertos, que respiran o se pudren en el imaginario de una historia que se prevé interminable.

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El 18 de agosto de 2014 la Asociación de Alcaldes de Venezuela advirtió que la salud financiera de la gran mayoría de las alcaldías en Venezuela estaba seriamente comprometida con una inflación que para entonces se proyectaba en un 70%.[1]

Las dificultades financieras que habían denunciado los alcaldes se fue agravando. El 4 de mayo de 2016 fue el tema de una reunión entre la Asociación de Alcaldes de Venezuela y la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, en donde se valoró el impacto de la inflación y de las decisiones laborales inconsultas del Ejecutivo Nacional, que trasladó incrementos de sueldos sin el respectivo dinero para afrontar esos nuevos compromisos.[2]

La situación económica del país se fue agravando y la salud financiera de las alcaldías fue complicándose cada vez más y ello llevó a la Asociación de Alcaldes de Venezuela a declararse en emergencia por falta de presupuesto el 13 de enero de 2017[3].

Un reportaje publicado por El Nacional, en agosto 2017[4], señaló que la crisis financiera que afecta las gestiones públicas municipales tiene como principales causas para ese momento:

El aumento del 30% decretado en mayo 2017.

El retraso en la entrega de dozavo por situado constitucional.

El rezago en la entrega de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial.

La inflación.

Esa crisis financiera que afecta a los gobiernos municipales encuentra una expresión concreta del impacto generado, a través de un Decreto aprobado el 11 de septiembre 2017 por el alcalde del Municipio El Hatillo, identificado como el No. 055/2017, mediante el cual expone con fundamento en los artículos 88 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y artículo 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública, lo siguiente:

Existencia de una situación que calificó de emergencia económica y financiera del Municipio.

Denunció como una de las causas del punto anterior, el incumplimiento del Poder Público Nacional de transferir los recursos para cubrir las obligaciones laborales que ha asumido la Alcaldía en razón de los incrementos salariales otorgados por el Ejecutivo Nacional.

Autorizó al Síndico para que procediera a llevar ante la jurisdicción contencioso administrativa al Estado Venezolano por no cumplir con sus obligaciones.

Ordenó a su equipo revisar la realidad laboral y priorizar el tema de obras y servicios públicos que están pendientes en la agenda municipal.

La causa que motiva el Decreto del alcalde de El Hatillo está claramente descrita en uno de sus considerandos, que expresamente señala:

Que la crítica situación derivada de la imposibilidad material y jurídica del Municipio de poder pagarle un salario suficiente, que es un derecho consagrado en el artículo 91 de la Constitución, se agrava aún más por el alto nivel de inflación que impide que la Alcaldía pueda cumplir la ejecución de las metas fijadas, sobre todo en el área de las obras públicas, pues con las partidas previstas en el presupuesto es materialmente imposible lograr dichas metas.

En este mismo sentido, el 15 de septiembre 2017 el presidente de la Asociación de Alcaldes en Nueva Esparta, José Ramón Díaz, denunció que las municipalidades dirigidas por la oposición no cuentan con recursos para pagar el nuevo aumento de salario integral[5].

Esa misma situación fue denunciada por el Alcalde de Mérida, quien calificó de irresponsable el aumento salarial decretado por el presidente Maduro a partir de septiembre 2017, pues esa decisión inconsulta llevó a su municipio a tener un déficit que supera los 4 mil millones de bolívares.

En el caso de Mérida, el alcalde alertó que la deuda existente equivale al 100% del presupuesto de la alcaldía, por lo tanto, afirmó que aun cuando el presupuesto municipal solo sea para pagar a los empleados, éste no hubiese alcanzado[6].

Esa crisis financiera provocada por el Ejecutivo Nacional, aniquila cualquier posible expresión de autonomía municipal, principio constitucionalmente reconocido al Poder Público Municipal y arrebata la capacidad profesional de cualquier alcaldía de lograr una gestión pública que satisfaga de manera efectiva las expectativas de sus vecinos.

Es importante señalar que esa realidad financiera que impacta negativamente a los gobiernos locales, también afecta a los gobiernos regionales; en tal sentido, un reportaje publicado en Tal Cual en el año 2016 denunció precisamente las dificultades que tenían entonces las gobernaciones para responder a las nuevas realidades laborales impuestas por el Ejecutivo Nacional.[7]

El tema laboral y el control centralizado de los recursos públicos arrebata el modelo federal y violenta el artículo 158 de la Constitución que asume expresamente la descentralización como política nacional.

Resulta oportuno destacar que el próximo 3 de octubre se celebra el Día del Vecino, fecha muy oportuna para que los propios vecinos asuman la responsabilidad de informarse, reflexionar y debatir sobre la realidad financiera del gobierno municipal, y con base en la información que puedan construir, valorar la importancia del Poder Público Municipal en los asuntos vecinales y de la descentralización como principio rector.

Pero también, es importante recordar que las autoridades municipales están llamadas a informar a sus vecinos sobre la realidad financiera del gobierno municipal, no sólo para intentar reorientar las expectativas de sus vecinos frente a la capacidad de respuesta de cada gestión local, sino también, para facilitar un proceso de comprensión de la crisis política, económica y social que pretende arrebatarnos el único espacio donde efectivamente podemos aprender a valorar lo que realmente significa la democracia y la importancia de las instituciones.

El 3 de octubre es sin duda alguna una oportunidad simbólica para reivindicar el significado de “vecinos” y principalmente valorar la existencia y el rol de las instituciones políticas municipales en el desarrollo, activación y fortalecimiento del espíritu y sentimiento vecinal.

Esa fecha resulta muy oportuna para que se eleve un reclamo contundente contra el abuso de poder, contra el centralismo impuesto por el régimen, y además para defender al Municipio como forma de organización del territorio nacional; pero también es una fecha apropiada para exigir la definición de un calendario electoral que permita elegir de manera conjunta a los alcaldes y concejales, reconociéndolos como actores claves en el fortalecimiento de lo vecinal.

Como vecino, ¿crees que es importante informarse y conocer la realidad de la crisis financiera de su municipio?

Si los gobiernos locales parecieran estar asfixiados financieramente por lo ya expresado, ¿nos unimos como vecinos en su defensa, o por el contrario, ignoramos esa crisis y seguimos avanzando, asumiendo la consecuencia de su sustitución en un momento determinado en el futuro?

¿Crees tú que los vecinos tienen algo que decir en esta materia?

PolitiKa UCAB, septiembre 22, 2017

https://politikaucab.net/2017/09/22/los-vecinos-y-la-crisis-financiera-q...

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El Observatorio Venezolano de la Justicia

La Constitución en su artículo 49 establece que toda persona debe ser juzgada por su juez natural y no por tribunales de excepción o comisiones creadas para tal efecto. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) creó el 8 de agosto, mediante Gaceta Oficial Extraordinaria n.° 6.323 la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Tranquilidad Pública; una especie de tribunal con poderes de investigación.

El objetivo de la instancia, en efecto, es investigar los “hechos de violencia por motivos políticos e intolerancia, así como las dinámicas colectivas conexas” ocurridos desde 1999 en adelante, para determinar las responsabilidades legales correspondientes e incluso las morales y políticas (artículos 3 y 11.9 de la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Tranquilidad Pública).

Para cumplir con esta labor, la ley que la crea establece en su artículo 7 que la Comisión de la Verdad estará integrada por catorce personas: tres miembros de la ANC; tres de las organizaciones de víctimas de la violencia política 1999-2017; el Fiscal General; el Defensor del Pueblo; un miembro de una organización venezolana de Derechos Humanos; dos personas designadas por su competencia profesional, integridad y ética, y tres diputados de la Asamblea Nacional nombrados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Como estos últimos no han sido designados por la MUD, por desconocer la constitucionalidad y legitimidad de la ANC, y por tanto de sus actos, la Constituyente procedió a nombrar a los restantes 11 miembros de la Comisión, todos los cuales tienen vinculación con el partido de gobierno o su ideología política, y asignó su presidencia a la misma titular de la ANC, Delcy Rodríguez.

Los informes de la Comisión de la Verdad, según el artículo 18 de su ley de creación son vinculantes (obligatorios), así como sus actuaciones en cuanto a investigaciones o solicitudes de información a funcionarios que en caso de que no sean atendidas pueden ser causal de destitución (artículo 13). Sin embargo, sus decisiones definitivas deben ser aprobadas por la ANC. También puede dirigir a la Constituyente todo tipo de recomendaciones: que dicte medidas cautelares o de cualquier otro tipo, que decrete amnistías o indultos, que tome medidas para garantizar la paz, entre otras (artículo 11).

Por otro lado, las actuaciones de la Comisión son confidenciales (artículo 14) y cualquier persona que sea llamada por esta debe atender la solicitud; en caso de negarse sin causa justificada puede ser obligada por la fuerza pública (artículo 15).

Como bien indica la ONG Transparencia Venezuela esta Comisión más que de la verdad parece ser de la venganza, ya que su objetivo verdadero es perseguir a la oposición política e incluso la diversidad de pensamiento. En este sentido, el propio Presidente ha expresado al respecto que “Por la vía de la comisión de la verdad se destape todo lo que ha sucedido y se investiguen los crímenes que se han conocido uno por uno, y los que no se han conocido y se abra un gran proceso de la búsqueda de la verdad y la reparación de la herida que la derecha le ha creado a Venezuela”. Las líneas de acción de la comisión también demuestran cuál es su verdadero objetivo.

Por si fuera poco, el artículo 4 de la ley de creación de la mencionada instancia de la ANC se refiere a la investigación de los hechos en los que se hayan violado derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, la libertad personal, la paz, el ambiente y el patrimonio público, pero no los relacionados con la libertad de expresión o el derecho de manifestación, a pesar de su importancia para que haya una verdadera democracia, tal como lo establece el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.

Vale aclarar que el marco legal completo bajo el cual actuará la comisión aún no tiene vigencia, ya que está pendiente la aprobación de la Ley para la Convivencia Pacífica y Contra la Intolerancia (conocida en los medios como la “ley del odio”), que contendrá la mayoría de los hechos a los que se refiere su ley de creación. Se ha advertido que el llamado proyecto de ley contra el odio prevé sanciones a personas que manifiesten en las calles "de manera intolerante" o a quienes graben insultos o críticas hacia funcionarios del gobierno, lo que demuestra que esta comisión no sólo no protege derechos humanos relacionados con la libertad de expresión, sino que los convierte en delito, lo que es propio de un régimen autocrático.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Transformar derechos constitucionales como la libertad de expresión en delitos y además seguir promoviendo una política de persecución y represión no nos lleva a nada, es más, conduce a mayor división y odio. Como bien dijo Gandhi: “Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”; así nos estamos quedando en Venezuela, cada vez más enredados en la dinámica política, sin ver dónde está la salida a una crisis cada vez más agobiante.

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