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Opinión

En verdad, revestirse de una apariencia de legalidad es la tentación de quien se encuentra en el poder y, como en el mundo globalizado un número importante de países se muestra de acuerdo con la apertura democrática, los gobernantes se exhiben como respetuosos del Estado de Derecho que sirve muchas veces como disfraz de un derecho de Estado, de fuerza o de imperio, no de la ley, sino de la voluntad de un hombre.

Pero, fuera de la propaganda oficial, la garantía de los derechos humanos y el equilibrio de los poderes es la clara señal de un sistema apegado a la ley, que exige, sin más, el absoluto respeto a la representación popular plural que se refleja en el Parlamento.

Este respeto no se concreta en simples formalismos, sino que demanda la más efectiva libertad para los parlamentarios elegidos y proclamados de manera tal –a mi juicio– que el talante democrático o autoritario de un régimen queda de manifiesto por el reconocimiento a la voluntad del pueblo a través del ejercicio, sin cortapisas, de la actividad de sus representantes, expresada a través de la protección conocida bajo el nombre de “inmunidad parlamentaria”, por la cual los diputados –en nuestro caso– no pueden ser coartados, de forma alguna, a los fines del ejercicio de sus funciones.

Por lo expresado, en el pasado y en el presente, al margen de los discursos de ocasión, se puede afirmar que hay plena democracia si se respeta la representación del pueblo en el Parlamento y se protege en forma amplia la inmunidad de los integrantes de la Asamblea; y no hay democracia, sino autoritarismo, cuando se desconoce la libertad plena de los parlamentarios.

Quienes hoy se desempeñan como gobernantes, no se cansan de hablar de las persecuciones y abusos de otros tiempos pero, a la vez, incurren en los peores atropellos contra cualquier disidente, por el hecho de serlo. Esto se manifiesta de manera evidente en el reconocimiento o desconocimiento de la inmunidad.

El gobierno de Betancourt, en los primeros años de la etapa democrática, en 1959, ante los ataques de factores de la izquierda radical que se asociaron con otras fuerzas para arremeter contra el sistema, trató de desconocer la inmunidad parlamentaria, inventando el artificio leguleyesco de una pretendida autonomía del delito militar, para hacer presos, sin antejuicio, por rebelión militar, a los senadores Pompeyo Marquez y Jesús Farías y a los diputados, todos adversarios políticos de “izquierda”, elegidos por el pueblo, Gustavo Machado, Simón Sáez Mérida, Domingo A. Rangel, Guillermo Garcia Ponce, Jesús María Casal, Jesús Villavicencio, Eduardo Machado y Pedro Ortega Díaz, tesis que fue descartada en 1976 por una sentencia de la Corte Suprema, en la cual, como lo relata la excelente obra de Rafael Simón Jiménez sobre la Inmunidad parlamentaria en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vadell Hnos. 2011), a propósito de los cargos que se le formulaban a los diputados Salom Meza Espinoza y Fortunato Herrera por la presunta colaboración en el secuestro de Williams F. Niehous, a petición del fiscal Ramón J. Medina, sentenció “que era indispensable el antejuicio no solo cuando se trata de delitos de derecho común, sino también de delitos de tipo militar”.

Ahora, lamentablemente, y no se qué dirán “amigos de la izquierda, hoy en el gobierno”, el nuevo TSJ ha limitado y degradado la inmunidad, afincándose en la literalidad de la expresión “en el ejercicio de las funciones”, haciendo caso omiso del tiempo y de su extensión desde la proclamación hasta el cese del mandato o la renuncia del mismo, y dándole a una pretendida flagrancia la fuerza que no tiene, para justificar el atropello al fuero parlamentario.

En una triste, desafortunada, oscura y retrógrada decisión, el TSJ, con los votos salvados para la historia de Levis Ignacio Zerpa, Pedro Rondón Haaz y Blanca Rosa Mármol, se ha pretendido sepultar la institución y se abrió el camino para negar una prerrogativa, no de un diputado, sino del pueblo soberano, a quien hay que devolverle el poder.

Levis Ignacio Zerpa, con absoluta claridad, como lo recoge Rafael S. Jiménez, deja constancia de contundentes e irrebatibles afirmaciones con las cuales sostiene la exigencia del antejuicio, aun en el caso de pretendida flagrancia, la necesidad de preservar el derecho a la defensa, la exclusiva competencia del TSJ para conocer de las imputaciones contra un diputado y, lo que considero de extrema importancia, el papel del máximo tribunal de la República que no tiene atribuciones, en ninguna de sus salas, para modificar o cambiar el texto de la carta magna, poder que solo corresponde al pueblo de Venezuela a través de una enmienda, reforma o Asamblea Nacional Constituyente.

Blanca Rosa Mármol y Pedro Rondón Haaz, igualmente, formularon atinadas observaciones al horrendo fallo “contra legem”. La primera se pronuncia en el mismo sentido de la exigencia del antejuicio de mérito para procesar a un parlamentario, incluso, en el caso de una supuesta flagrancia; y el segundo, con absoluta pertinencia, pone de manifiesto el error grave de la Sala al afirmar que la sorpresa infraganti supone la certeza procesal de la autoría de un delito, formula críticas por el adelantamiento de opinión sobre la inocencia o culpabilidad del procesado y, en definitiva, califica de grosera violación del debido proceso la decisión del caso sometido a la Sala.

Este debate sobre la inmunidad vuelva a estar sobre el tapete, con motivo de las amenazas contra diputados principales y suplentes y, de nuevo, el TSJ asoma su temible precedente como expresión de los juristas del horror desatado, no contra los diputados, sino contra la voluntad popular que ha querido proteger y resguardar de toda acción temeraria, interesada y antidemocrática a su legítima representación, aun a riesgo de algún caso de impunidad.

aas@arteagasanchez.com

23 de enero de 2017

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/izquierda-rebelion-inmuni...

 4 min


Fabricio Ojeda

Entre las numerosas preguntas que me han formulado últimamente, muchas insisten en saber si la familia de mi padre tiene una postura oficial sobre el traslado de sus restos para el Panteón Nacional.

No puedo hablar por mi familia pero postura oficial no hay, pues aparte de la coincidencia de considerar que sin duda se trata de un gran honor, como en todo grupo existen discrepancias que no vienen al caso mencionar aquí. Respeto mucho la opinión de cada pariente y si la decisión de la mayoría en el núcleo más cercano es aceptar que se exhumen nuevamente los restos de Fabricio Ojeda, esta vez para llevarlo al Panteón, pues la acato aunque no esté de acuerdo. Eso no tiene por qué fracturar la unión familiar en los demás aspectos de la vida.

Pero lo que sí tengo –como padre, periodista y como venezolano- es el deber de fijar mi posición personal, que es de absoluto rechazo a la utilización de la memoria y los restos de mi papá para hacerle propaganda a un gobierno que con sus políticas totalitarias, arbitrarias y equivocadas, ha puesto al pueblo a pasar hambre, a morir por falta de medicinas, a empobrecerse cada día más, y se niega a aceptar ayuda humanitaria para no admitir que en Venezuela la inmensa mayoría de la población sufre carencias elementales como nunca antes había ocurrido.

No estoy de acuerdo, no porque crea que no es una gran honra el hecho de que los huesos de mi viejo vayan a reposar a la tumba de los héroes, si no porque quien imparte ese honor, es el mismo sepulturero que ha despilfarrado nuestra enorme riqueza y enterrado al país en la más grave crisis de su historia, en tiempos que según el eufemismo debemos llamar “de paz”.

Un “honor” que no sé cómo lo hubiese tomado mi padre, ya que tras su injusta muerte, no podemos pedir su opinión. Sí, es cierto. En 1966 lo asesinaron esbirros similares a los de ahora, pero el dolor y la rabia que eso pudo haberme causado no deben servirme de pretexto para volcar resentimientos contra toda una nación.

No me atrevo a hablar por mi progenitor -y esto lo deberían hacer muchos- pero tengo dudas de que mi papá se hubiera dejado homenajear por un gobierno que ha roto todos los records perpetrando aquellas cosas contra las que él en sus tiempos luchó: corrupción, autoritarismo, falta de democracia, violación de los derechos humanos, injusticia, discriminación, persecución, desigualdad.

Para nadie es un secreto que la corrupción oficial en Venezuela se ha extendido y excedido tanto, que ya se siente en el plato vacío sobre la mesa. No es justo que en los últimos 17 años hayan ingresado al país más recursos que en el resto de su historia, y los hospitales estén peor que nunca, los servicios públicos no funcionen, los niños se desmayen de hambre en las escuelas, miles de obras estén inconclusas, la delincuencia mande en las calles, la inflación alcance la estratosfera y los salarios no alcancen para comer, mientras un pequeño grupo en el poder y sus familias exhiben, ostentan, nos restriegan en la cara –desfachatadamente- una vida llena de viajes, lujos y derroche, mientras pregonan el “socialismo”.

El 23 de enero se cumplen 59 años de la caída de la dictadura perezjimenista, violadora de los derechos humanos, por cuyo derrocamiento mi padre arriesgó su vida. Es curioso –o al menos hipócrita- que se elija esta fecha para hacer el traslado y la respectiva marcha hacia el Panteón, por un régimen cuyo “líder eterno” no solo mostró pública admiración hacia Marcos Pérez Jiménez y su modo de mandar, sino además le pidió personalmente consejos en Madrid.

Es irónico que quien organiza el acto sea el mismo gobierno antidemocrático que ha secuestrado a los poderes públicos; eliminado la soberanía popular -al desconocer a la Asamblea Nacional electa por voto directo y secreto en diciembre de 2015- y le ha arrebatado al pueblo el derecho que le otorga la Constitución de revocar a sus gobernantes. El mismo gobierno que persigue y encarcela opositores, que reprime violentamente protestas callejeras y los cuerpos de seguridad cometen ejecuciones extrajudiciales. El mismo cuyos principales líderes aseguran que en Venezuela ya no habrá más elecciones, pues ellos se quedarán para siempre, así el pueblo pase penurias y no los quiera.

Yo, que tengo sus genes y conozco su historia, no creo que si estuviera vivo mi padre apoyaría a un gobierno como este, pero con el traslado de sus restos al Panteón se pretende afirmar lo contrario. Homenajes así, en vez de enaltecer, mancillan.

Por mi parte, preferiría que sus despojos se quedaran ahí, en el Cementerio General del Sur, junto al pueblo por el que luchó y que todavía no ha visto el fruto de su sacrificio. O, al menos, que lo lleve al Panteón un gobierno decente, con moral para pontificar sobre moral.

Que lo dejaran en la modesta tumba que comparte con los sagrados huesos de mi madre. Que no los separen nuevamente, después de tantos años reposando juntos y en paz.

Notiminuto

http://www.notiminuto.com/noticia/el-panteon/#

 4 min


Lester L. López O.

Apreciación de la situación #94

Con descuidada elegancia los facilitadores, observadores o acompañantes internacionales del diálogo fueron llegando al país esta semana para tratar de que este diálogo, mayor y públicamente solicitado por el gobierno, se reinicie, ahora con la presencia del nuncio apostólico en sustitución del enviado papal, quien tiró la toalla al percatarse del bochinche imperante que es la política venezolana.

Aunque la unidad opositora, que todavía no se ha reestructurado, no ha renunciado al diálogo, también ha exigido que el gobierno cumpla con lo prometido en la última reunión de finales de noviembre para poder sentarse nuevamente en esa mesa; es lo mínimo que pueden exigir y esperamos que así sea.

Los representantes internacionales inician con buen pie los intentos de reunión al reconocer las plenas facultades de la Asamblea Nacional como poder electo popularmente y en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales, advirtiendo de paso, que una democracia sin parlamento no puede llamarse así, es decir, ese reconocimiento implica también reconocer que la fulana figura del “desacato” dictada por el TSJ desde mediados del año pasado no es aplicable a la AN.

Este acto de reconocimiento internacional no debería tomarse como “un saludo a la bandera” o como una mera forma para obligar a la oposición a acudir al diálogo, que en parte lo es, sino que tiene otras implicaciones para el gobierno, por ejemplo, la declaración del abandono del cargo por parte del presidente cobra legitimidad y reconocimiento internacional ¿Habrán pensado estos facilitadores en esas consecuencias? ¿Si la resolución de la AN es válida, los acompañantes del diálogo reconocerán al actual presidente como el legítimo? Hasta ahora eso como que no está planteado para ellos, pero parece que para la oposición tampoco.

Paralelamente otra parte de la oposición convocan a una marcha el 23 de enero al CNE para exigir un cronograma electoral, sin embargo, y quizás hasta previsible, no se observa gran entusiasmo por parte de la sociedad civil convocada para asistir a esta marcha. No es fácil levantarle el ánimo a la gente después del final desastroso del año pasado ¿O será que están haciendo cola para sacarse el carnet de la patria para asegurarse la comida, medicinas, viviendas, etc., que está ofreciendo el régimen a sus portadores?

En un país con carencias de todo tipo que afecta a la población en general, el gobierno se la pasa haciendo cadenas y carnetizando lealtades y la oposición está buscando, aún, un objetivo común para enfrentar al régimen; las salidas no se ven ni cercas ni buenas.

Razón tenía el enviado papal para salirse de este paquete.

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Luis Manuel Aguana

Deseo antes que nada hacer una aclaratoria pertinente. Las opiniones que emito desde este blog son de mi entera responsabilidad. No son de ningún grupo al que pertenezca o apoye. Y es pertinente porque desde que estoy escribiendo en relación al tema constituyente se han confundido mis opiniones con las del cuerpo colegiado al que pertenezco, la Alianza Nacional Constituyente. He agradecido a la ANC el respaldo que han dado a las propuestas que he formulado, respetando siempre mis apreciaciones en relación a la situación política del país y de aquellos a quienes considero responsables del agudo desastre que padecemos, apreciaciones que no siempre coinciden con las mías.

Es necesaria esta aclaratoria porque la ANC tiene su propia línea informativa y sus canales, en los que participo conjuntamente con extraordinarios venezolanos empeñados en cambiar a este país. Este es mi blog, no el de la ANC.

Hecha la aclaratoria, deseo entonces expresar mi opinión en relación al Mensaje a la Nación realizado ayer por la ANC, a cargo de su Coordinador Nacional, Enrique Colmenares Finol, acompañado con la distinguida venezolana Blanca Rosa Mármol de León (leer Mensaje a la Nación en http://ancoficial.blogspot.com/2017/01/mensaje-la-nacion.html). La he llamado entretelones de una propuesta porque quisiera remarcar las cosas que no se ven a simple vista pero que son fundamentales, y que a mi juicio resultan ser a veces lo más importante de lo que se quiere expresar.

La ANC tiene poco tiempo de fundada. El 17 de Marzo cumplirá un año de su lanzamiento público. Pero quienes acompañan la propuesta tienen muchísimo más tiempo que eso. Por ejemplo, Enrique Colmenares y su grupo del Táchira tenían desde el 2002 (¡15 años!) recorriendo Venezuela intentando convencer a los sectores políticos, sociales, académicos, y gremiales de la necesidad de ella. Yo me tope con esa propuesta en Abril del 2013 y escribí de ello luego del descalabro electoral de Henrique Capriles (ver La Hora de la Sociedad Civil, en http://ticsddhh.blogspot.com/2013/04/la-hora-de-la-sociedad-civil.html). En otras palabras, no acabamos de descubrir el agua tibia como ahora pretenden hacer algunos grupos de alumbrados, que están intentando confundir a los venezolanos con otra propuesta tapa amarilla de corte socialista, posiblemente salida de los laboratorios del régimen.

A veces las cosas no suceden por casualidad. Poco a poco los venezolanos han ido comprendiendo la necesidad de un cambio político. La ANC surgió como una necesidad organizativa para cumplir un solo propósito: discutir el cambio y el rumbo del país a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Originario. Ese propósito existía mucho antes de Maduro ser Presidente.

Antes de existir la Alianza, el grupo de Enrique Colmenares Finol recorría al país convenciendo a todo el que quisiera oír de la necesidad de un cambio estructural que solo es posible dentro de una Asamblea Nacional Constituyente. Esos cuadros ahora se conocen como Juntas Activadoras del Poder Constituyente Originario. Luego surgió la necesidad de un organismo superior que diera cabida a las más disimiles voluntades para lograr el propósito común de cambiar el modelo político de Venezuela a través de un proceso Constituyente. De allí surgió la ANC.

La primera vez que se realizó el lanzamiento público de esta propuesta, fue en Septiembre de 2013 en el Táchira, desde el seno de una universidad (ver video en https://youtu.be/qEQw16kzs-U), la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNET. También escribí sobre eso en su oportunidad (ver http://ticsddhh.blogspot.com/2013/09/desde-el-tachira-un-proyecto-pais-p...). Creo que ese fue el verdadero lanzamiento porque tuvo el bautizo de quienes son los herederos de Venezuela, su juventud. El Proyecto País Venezuela es para ellos.

Entonces el Mensaje a la Nación que escuchamos el 17 de Enero por parte de los principales voceros de la ANC no es nada nuevo. Es un hito de este largo convencer a los venezolanos de que no existe manera de salir del grave problema donde estamos si no lo hacemos entre todos, provocando nosotros mismos las transformaciones que necesita el país. Pero el mensaje va mucho más allá.

El planteamiento fundamental del mensaje está dirigido al desarrollo de la insurrección civil constitucional de la población. No se trata de un mero llamado a las calles porque el gobierno es pésimo. Es el llamado a los venezolanos a recuperar la conciencia dormida en nosotros que los gobiernos están allí porque nosotros los ponemos, pero también los sacamos. Y no por golpes o manifestaciones violentas sino por el ejercicio efectivo de nuestra soberanía. Una vez que el pueblo se manifiesta concretamente a través del instrumento que da la Constitución, ningún órgano del Estado, especialmente las Fuerzas Armadas, pueden mirar para otro lado, siendo estas las garantes de su seguridad y soberanía. Los civiles primero, los portadores de las armas de la Republica, después.

El mensaje de la Alianza Nacional Constituyente a Venezuela no solo refiere a la necesidad urgente de resolver el problema grave pero puntual del gobierno nefasto de Nicolás Maduro, sino a poner fundamentalmente de manifiesto que Venezuela necesita revisarse a fondo para resolver la destrucción a la que ha sido sometido el país.

La comparación del barco que hace aguas en el Mensaje, retrata la realidad mezquina de nuestros dirigentes políticos de preferir tener los galones del capitán antes de remar a favor de salvar a los pasajeros. Allí no se pueden hacer concesiones. Nuestra dirigencia opositora no está a la altura histórica del problema que tenemos. Demasiados errores lo demuestran. Y esto no es “anti política”, ¡es anti políticos!

Y no se trata de lanzar a nadie en sustitución de este liderazgo mediocre que conduce a la oposición, sino permitir que haya un proceso que haga surgir de las entrañas de este maravilloso país a las nuevas personas que conduzcan el nuevo rumbo que debe tomar Venezuela. ¡Esas personas existen en toda la geografía nacional, esperando que solo se les dé la oportunidad de dar lo mejor de sí en cada rincón del país! Y eso solo se logra cambiando las cosas desde el fondo, dándole a las regiones la oportunidad de desarrollarse solas. Ya es el momento de discutir los términos porque para nosotros ir a eso es un hecho indiscutible.

Algunos han advertido si esta pudiera ser una “nueva decepción” para los venezolanos, como si esto se tratara de un nuevo partido político que viene a salvarnos a todos. Algunos han puesto en duda incluso las motivaciones de sus principales promotores. Cada ladrón juzga por su condición.

Nadie se cree que en este país, que ha llegado a estos niveles tan graves de insuficiencia ética y moral, haya alguien que todavía diga, sin más interés que el bien de Venezuela, que tenemos que cambiar las cosas sin que medie en su accionar una candidatura para un puesto público asociada. Así de graves están las cosas en el departamento de Moral y Luces de Venezuela. Por eso nos han llamado “soñadores” como en una especie de descalificación. Pero les digo con toda seriedad: a Venezuela le hace falta que la sueñen. Y más allá de eso, que se haga algo concreto para perseguir ese sueño. Porque mientras más de nosotros lo persigamos más pronto dejará de ser sueño para convertirse en realidad.

Pues bien, eso es lo que le manifestaron Enrique Colmenares Finol y Blanca Rosa Mármol de León a Venezuela, la posibilidad de un país mejor pero ya no de manos de otro, sino de nosotros mismos. Hagamos entonces realidad ese sueño.

Caracas, 19 de enero de 2017

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 6 min


Perkins Rocha

El pasado lunes despertamos con un país extraño, con una agitada calma posterior a un fuerte aguacero, pero con el cielo aun gris oscuro, esta vez en el orden institucional. Con un presidente en situación constitucional de abandono, que decide diferir por tercera vez lo que consideraba al año pasado inaplazable (la salida del billete de 100 bolívares) y al mismo tiempo nos comunica que en su gobierno "ha bajado la pobreza"; un vicepresidente constitucionalmente como presidente interino de hecho –como consecuencia de aquella declaratoria formal –sin querer ejercer el cargo; un Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo inusuales funciones administrativas y no jurisdiccionales, tales como oír y luego –entiendo lo hará– aprobar un informe de gestión presidencial, tarea para lo que es absolutamente incompetente; y una Asamblea Nacional (AN), órgano de eminente naturaleza política, evadiendo su responsabilidad de ejecutar su trascendental decisión de haber declarado por primera vez –desde que esta figura entró dentro de nuestras reales posibilidades– el abandono del cargo a un presidente en ejercicio, mediante la ejecución de una orden dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE) de que proceda a llamar a una nueva elección presidencial dentro del plazo "(...) de los treinta días consecutivos siguientes (...)", tal como ordena se haga el artículo 233 constitucional, después que ella ha declarado el abandono del cargo.

En pocas palabras, amanecemos frente a un país con una institucionalidad vacía, desprestigiada y sin autoridad para hacer lo que ordenan los mandatos que juraron cumplir bien y fielmente, manteniendo una dinámica ficticia y a ratos hipócrita del hecho público, pues por un lado, el Sr. Maduro, que ya no es constitucionalmente Presidente, se dirige a un forzado auditorio de no más de 800 personas, poco representativos de las mayorías del país, integrados por sus funcionarios ministeriales, cónyuges y demás allegados directos, a rendir su informe de gestión –sin incluir entre sus logros el no haber hecho nada efectivo para impedir las casi treinta mil muertes violentas de venezolanos a manos del hampa durante el 2016– y por otro lado, la Asamblea Nacional, electa hace un año con una mayoría calificada innegable y con la mayor legitimidad que pocos órganos asamblearios tuvieron antes, absteniéndose de completar la ejecución de sus actos, omitiendo su papel político absolutamente legítimo, de precipitar otras decisiones políticas que la sociedad civil en su gran mayoría espera se hagan.

¿Que pueden los ciudadanos pensantes de este país, los que han decidido no huir a otros destinos, hacer frente a este estado de cosas que solo perfilan un mayor nivel de deterioro?; ¿estaremos condenados irremediablemente a presenciar el hundimiento de la nación y con ella, la muerte por hambre y violencia de nuestros semejantes, creyendo que vamos a sobrevivirle, porque nunca la fatalidad social tocara nuestra puerta?

Parece que el problema no nos lo resolverán nuestros representantes políticos, pues ellos no supieron desatar el nudo gordiano creado por el chavismo, mediante sus instituciones acólitas (TSJ, CNE, Fiscalía, etc.) para impedir las salidas democráticas. Parece que las salidas a este grave problema republicano, regresa nuevamente al ciudadano común y corriente, quien debe recuperar la confianza en su poder individual para aportar una o dos cosas realizables, no más. Una enorme ola –calificada por muchos como un tsunami social– se cierne sobre nuestro país. El ciudadano debe estar preparado ética y moralmente para soportarla. El efecto expansivo de esa ola, seguro se llevará no solo al gobierno, sino también a varios factores de la oposición. Quedaremos solos con los restos del país, obligados a reconstruir la República, luego que cese tal colapso o fenómeno social. Para ese momento debemos tener claro el significado de la máxima de Santo Tomás: una ley o decisión injusta, venga de cualquier autoridad, es una ley o decisión que se opone al bien divino.

(@PerkinsRocha)

El Nacional. 19 de enero de 2017

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/rara-calma-medio-una-temp...

 3 min


Esta semana que concluye nos permitió conocer un conjunto de situaciones y hechos que pudiesen ser calificadas de curiosos, si no fuese porque son trascendentales para el futuro inmediato de todos los venezolanos.

De manera muy reiterada por diferentes actores partidistas, vuelve a calificarse de antipolítica cualquier crítica o comentario que pueda generarse en relación a las actuaciones de la cada vez menos apropiadamente calificada como Unidad.

Criticar posturas y proponer correctivos no es atacar a la política; por el contrario, la intención de las que hemos escuchado proviene en su mayoría de organizaciones e individualidades que en su inmensa mayoría se reconocen como políticas aunque no militen en partidos, comprometidas notablemente con la búsqueda acordada de un país distinto y mejor para TODOS.

Señalar que existe incoherencia entre los que ejercen la dirección de la oposición no implica desdeñar la diversidad que es consustancial a la democracia, si no reclamar la necesidad de un discurso consensuado que evidencie unidad en los propósitos y en las formas de conseguirlos.

Solicitar abrir a otros factores de la sociedad civil, no obligatoriamente partidista, la participación en la plataforma llamada a tomar decisiones es precisamente la negación de la antipolítica y la confirmación de que todos somos políticos inclusive los que pregonan no serlo.

Asumir críticas puntuales como agresiones a la MUD o al Poder Legislativo e inclusive tomárselas personalmente, no pasa de ser una reacción defensiva ante la imposibilidad de rebatir lo que se plantea, válida pero innecesaria. Nadie desconoce lo hecho por la MUD o la Asamblea, así como lo que no han hecho o han hecho mal.

Es cierto que nuestros diputados trabajan en condiciones muy difíciles, lo reivindicamos, pero cuando los escogieron sus partidos y luego los elegimos los ciudadanos, aceptándolos a pesar de rechazar la forma e inclusive tener dudas sobre la idoneidad de algunos, conocían o debían conocer a lo que se enfrentarían, asumiendo así su cuota de la violación de derechos, que con muy distintas expresiones sufrimos todos.

En estos momentos en los que debemos estar poniendo en acción planes concertados concretos para seguir esta ya larga resistencia, vemos que carecemos de una estrategia común; cada partido o grupo tiene su propia “solución” y como consecuencia trabaja exclusivamente en función de ella, lo que se confirma y agrava ante la falta de una estrategia comunicacional efectiva.

Para colmo de males, ante las arremetidas de un gobierno que todos hemos coincidido en calificar de dictatorial, reclamamos “ingenuamente” respeto a derechos que hace ya muchos años nos fueron conculcados y para mencionar solo un ejemplo, propalamos que por haber perseguido el revocatorio presidencial perdimos la oportunidad de elegir nuestras autoridades estadales, en lugar de insistir que ambas acciones son absolutamente constitucionales, que era obligación de Estado haberlas realizado, pero que el régimen en ninguna circunstancia las hubiese permitido, ni permitirá, a menos que le represente algún beneficio en términos de su permanencia en el poder.

Ante una dictadura no se pueden estar esperando gestos democráticos y enfrentarla significa exigir lo que creemos nos corresponde y rechazar todo aquello que la beneficie, sabiendo que el éxito no está asegurado y que inclusive el no lograrlo debe convertirse en un incentivo para continuar la lucha.

Es inadmisible que los partidos se estén aprestando para “legalizarse” en sus actuaciones políticas, aceptando un reglamento diseñado para que ninguno o muy pocos puedan hacerlo, favoreciendo el juego de la polarización que solo beneficia a los económicamente capaces de lograrlo y que destruye a la verdadera democracia ahogando las voces de las minorías.

La concurrencia a este evento “legal”, ante la supuesta desacreditación electoral de la tarjeta de la MUD, sería un acto de complicidad con el régimen, que solo podría ser justificado si como instrumento de lucha se estableciese una nueva forma organizacional de conducir la acción opositora, forma que incluya a todas las expresiones de la sociedad civil, que se presente como una opción electoral circunstancial, con el apoyo de todos y con un objetivo superior, cambiar al país, recuperar a las instituciones y de paso, salir del régimen.

Por lo demás y convencidos de que dejar pasar el tiempo es la peor forma de complicidad, nos adscribimos a la única posibilidad real, constitucional, pacífica, política y electoral que nos queda, una constituyente surgida del poder originario, que no excluya a nadie y que puede ser aceptada por todos como la forma de reconstruir al país.

Que el régimen tratará de impedirla, seguro; qué los factores, de aquí y de allá, enemigos de un cambio le pondrán todos los obstáculos, por supuesto; pero al final y más vale que sea pronto, la sensatez privará y tendremos un “LIBRITO” que se constituya en las “REGLAS DEL JUEGO” que todos tendremos que acatar para poder alcanzar el futuro que soñamos.

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Desde la óptica de la oposición, comenzamos unidos el año 2016, tras un triunfo indudable y aplastante en las elecciones parlamentarias del 2015. Comenzamos el año 2017 desunidos, con una relación entre los partidos bastante distante y fragmentada y un importante alejamiento entre varios líderes opositores. Negar esto sería absurdo.

En 2016 no pudimos avanzar nada con relación al Refrendo Revocatorio, que asumimos desde principio de año como la gran opción y esperanza para resolver los problemas del país, desalojando del poder al Gobierno de Nicolás Maduro.

Comenzamos el 2017, con una vaga e imprecisa opción de la oposición con el “abandono del cargo” de Nicolás Maduro, que solo en sueños desquiciados es posible que se dé. Afortunadamente, debemos reconocerlo, esa aspiración onírica, es solo eso, un sueño utópico y lejano que la gran mayoría del país no creé, por lo cual es de esperar que se disipe el fantasma de una nueva y mayor frustración política.

El Gobierno ya ha fijado su estrategia: endurecer el proceso político, persiguiendo a la oposición y atemorizando el país, con amenazas de violencia y de “armar” al pueblo en inconfesable propósito; desconocer y negar la AN, buscando destruirla de manera definitiva; perpetuarse en el poder, desconociendo los mecanismos democráticos del voto y la consulta popular. Mientras, la oposición está en peligrosa mora en definir su estrategia.

No podemos seguir en el reconcomio de buscar los culpables de lo ocurrido y la oportunidad desperdiciada de 2016; sin duda se cometieron errores y errores graves que nos tienen en un estado de postración, del cual debemos salir. Es tiempo de lamerse las heridas y continuar, de “sacudir las sandalias del polvo del camino” y emprender cuanto antes la reconstrucción de la aspiración política de encontrar la salida que el país espera, en conocimiento de que el régimen está fuera de la constitución y no dudará en continuar desconociéndola. Esta es una condición que debemos enfrentar.

Hace ya más de un mes en otro artículo, (¿Y ahora, qué?: Acción de la Sociedad Civil, ND, 9 de diciembre de 2016), me referí a que ha llegado el momento de la Sociedad Civil de incorporase más activamente y de manera eficaz a la lucha política.

En aquel momento, como ahora, es preciso matizar esta afirmación. No quiero que se confunda mi planteamiento con algunas de las voces agoreras que denigran de la política y de los partidos políticos. Nada más lejano en mi ánimo, que considero a los partidos políticos como el elemento esencial de la lucha política para conseguir el poder y producir las transformaciones que la sociedad venezolana necesita. Pero son también un elemento esencial, imprescindible e insustituible en este proceso, los ciudadanos, la gran fuerza social, el país cívico, todos los que no somos gobierno ni fuerza pública.

Nuestra tarea, con nuestras organizaciones no gubernamentales, las defensoras de los derechos civiles, sociales, de los derechos humanos, los gremios técnicos y profesionales –médicos, maestros, abogados, ingenieros, trabajadores de la salud y la educación– y demás profesiones liberales, las organizaciones de transportistas, los sindicatos de todo tipo, las organizaciones estudiantiles, etc., tenemos que movilizarnos, mostrando nuestra realidad, haciendo propuestas y buscando la toma de conciencia de nuestros allegados y del pueblo en general, acerca de los graves problemas del país y quiénes son los responsable de los mismos: el Gobierno nacional, con todos sus órganos y sus cómplices del PSUV.

Decía también en el artículo mencionado, que esa incorporación activa de la SC a la actividad política debe abarcar también la lucha por la restitución del derecho al voto en Venezuela, lograr del irresponsable CNE un cronograma electoral para la elección de Gobernadores de Estado y los Diputados de las Asambleas Legislativas, pospuestas sin ninguna razón ni justificación en 2016, y también de la elección los Alcaldes y Concejos Municipales, previstas para este año, de acuerdo con la ley.

Pero debemos ser claros, los ciudadanos, la SC, en nuestra organizaciones, no estamos llamados a remplazar a los partidos en la lucha por el poder. Podemos movilizarnos, hasta masivamente, como se ha demostrado, pero no nos engañemos, nuestras organizaciones no tienen la capacidad de convocatoria y de coordinación para esas tareas, que sí tienen los líderes políticos y los partidos. A los partidos y sus líderes hay que ayudarlos a que sean verdaderamente democráticos, a que los partidos tengan procesos internos transparentes y que no teman al control ciudadano. Pero sin coadyuvar a la tarea de destruirlos que inicio Hugo Chávez Frías en 1998 y que ha continuado Nicolás Maduro.

Una cosa es la crítica, necesaria y responsable que debe existir siempre, que puede ser dura y hasta implacable, pero no confundamos papeles ni conductas, no le hagamos el juego a la antipolítica, tan de moda en el mundo contemporáneo y que la mayoría de las veces solo contribuye a agravar y perpetuar los males que pretende erradicar.

La SC, junto a los partidos políticos y sus líderes, tiene una responsabilidad importante en sembrar la semilla de la agitación social que el país necesita para sacudirnos de este adormecimiento, esta modorra que nos quita la esperanza de que es efectivamente posible un país distinto y mejor.

La estrategia diseñada por el régimen en abierto abuso de su poder y falta de escrúpulos, es para generar desesperanza, desconfianza en nuestros líderes, miedo a ser acosados y perseguidos, para que nos sintamos secuestrados, sin salidas, para que abandonemos nuestra justa y cívica lucha ciudadana para el rescate de nuestra democracia, nuestra forma de vida y de relacionarnos; aparentemente les está dando resultados, pero solo aparentemente, pues la realidad es que el país está en situación de caos y debemos crecernos, unirnos y seguir luchando juntos porque somos muchos más, muchísimos más y con la fuerza de la razón, la verdad y la justicia.

Hay una realidad a la que el régimen teme mucho: la fuerza del pueblo, de todo un país reclamando sus derechos y es a lo que el régimen trata por todos los medios de acallar, doblegar, descalificar y desconocer. Rendirse no es una opción.

Politólogo

21 de enero 2017

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