Crónicas del Olvido

1.-

Mi padre murió el 26 de octubre de 1968 en Guacara. Unos meses antes, en Valle de la Pascua, mi primo Carlos Hernández, para aquellos días teniente de la Efofac, le había regalado el libro “Leo Más allá de la anécdota”, escrito por Eduardo Montes y publicado por Ediciones Casa de la Cultura de Los Teques, estado Miranda, ese mismo año de 1968.

Recuerdo que mi padre, Baltazar Hernández Loreto, se empeñó en que yo lo leyera. Siempre, mucho antes de saber de Leoncio Martínez a través de esas páginas, él hablaba del poeta y humorista como si lo conociera. Me decía de sus dibujos en “Fantoches”, de sus textos humorísticos, pero sobre todo de su poesía.

También me decía de su rencor contra Rafael Caldera, quien se sintió ofendido por “Leo” y le dio una paliza al también periodista y escritor venezolano, agresión que lo llevó a la muerte, porque el autor de “Balada del preso insomne” nunca se pudo recuperar de los golpes recibidos por las hordas universitarias del FEI.

2.-

Es un librito de 45 páginas, un opúsculo, una joyita que conservo no sólo por Leoncio Martínez, a quien siempre he admirado, sino por el gesto que representó el que mi primo, un joven militar, le haya obsequiado esas páginas a mi padre. Y que él, mi padre, me lo haya acercado como parte de una herencia, pues está en mi poder, no porque yo quiera retenerlo sino porque ese libro es mi padre y él me lo confió.

Eduardo Montes cuenta parte de la vida de Leoncio Martínez, un autor cuya inteligencia define el carácter seriamente festivo y analítico del intelectual venezolano que pasó por la angustia de una terrible dictadura como la de Juan Vicente Gómez. Y quien no tenía temor de burlarse del poder, cuestión que le costó persecución y cárcel.

Por esa razón mi viejo, que no murió viejo, lo tenía tan cerca. Igual solía hablar de Francisco Pimentel, “Job Pim”, una suerte de “partner” de “Leo”. Un par de jodedores, cultos jodedores de una Venezuela terrible, muy parecida a la que nos circula por las venas hoy.

Mi hermano mayor, Hernán Hernández Marrero, lo conservó un tiempo. Solía declamar los versos de Leo, suerte que tuvo de estar cerca de esa poesía conversada que aprendió a declamar con los sonidos del violín del poeta Ángel Eduardo Acevedo en sus tiempos de estudiante en Valle de la Pascua, antes de marcharse a San Juan de los Morros.

Pero el libro me quedó a mí. Y desde ese mismo año lo he cargado en el morral, que es mi casa. Se me pierde, lo encuentro, lo extravío entre tantos libros y vuelve a aparecer, como hoy cuando les cuento esta historia que siempre me conmueve, porque así como “Leo” vivió el exilio a mí me tocó un poquito de eso a comienzo de los años 70, pero sin el dolor que sufrieron las generaciones anteriores en los tiempos de Gómez y Pérez Jiménez y el que viven muchos de nuestros compatriotas por la desgracia que le ha tocado sufrir a nuestro país desde 1999.

Tanto mi padre como Hernán solían leer en voz alta el poema “Balada del preso insomne”. Esa lectura me ha marcado siempre. Está en mis oídos. Está en este día a día que nos rasga en estos tiempos aciagos.

3.-

Para los lectores: Eduardo Montes no existió, era el seudónimo de alguien cuyo nombre no se ha sabido. Los trabajos que aparecen en el libro fueron tomados del diario El Nacional, según escribió en el preámbulo Benjamín Arocha, quien añadió:

“Que nos excuse el autor del documentado ensayo, a quien nos fue imposible localizar para pedir la debida autorización.

A Manuel Martínez y a Luis Peraza, fieles amigos y discípulos del humorista, le debemos el entusiasmo para que esta edición se lograra. Así como también nuestro reconocimiento a Iginio Yépez y a Gabriel Bracho Montiel”.

Seguidamente, una carta de Peraza a Arocha en la que agradece la publicación, y entre otras cosas: “Tu proyecto de llevar el folleto “Leo más allá de la anécdota”, escrito por Eduardo Montes para el gran diario “El Nacional”, es un acto de justicia venezolanista con ambición antialdeana”.

Una nota en la que Peraza cuenta episodios en los que Leo tiene presencia. Al final de la esquela, este trazo: “Como juego juvenil Manuel en Caracas y yo en Acarigua, empezábamos a reírnos de los caudillos tradicionales. Nosotros somos núcleos”.

El ensayo de Montes recoge la biografía de Leo. Pero el libro también contiene los poemas “Balada del preso insomne”, “El tren” y “Barataria”.

Un día, cuando toda esta locura pase, será necesario reeditarlo.

Aún oigo la voz de mi padre bajo el inmenso tamarindo de mi casa del Llano:

“¡Ah, quién sabe si para entonces,

ya cerca del año 2000

esté alumbrando libertades

el claro sol de mi país!”.

Queda a los lectores buscar este poema y leerlo completo con la fecha actual, con el mismo ánimo con que lo leía mi viejo antes, un poco antes de morir.

La abstención es una herramienta. Como tal, no es ni buena, ni mala. Todo depende del ambiente en que será utilizada, del trabajo a realizar y de la destreza de quien la maneje. En tiempos de democracia algunos no acuden a votar porque los candidatos no los convencen, pero ningún político hace campaña directa o indirectamente por la abstención. Bajo regímenes dictatoriales, líderes de partidos y opinadores suelen debatir sobre la conveniencia o no de votar.

En una dictadura se justifica la abstención como herramienta para derrocar al régimen: 1- Si existe un ambiente de rebelión popular, con gente masivamente dispuesta al sacrificio supremo, a permanecer indefinidamente en la calle o a participar en una huelga general contundente y de larga duración. 2- Si el ejército no está dispuesto a reprimir la protesta.

¿Están dados estos requisitos? Evidentemente no. Hemos presenciado grandes marchas, pero solo por unas horas; la huelga general no ha tenido gran acogida debido a la represión del régimen y la retaliación por parte de los paramilitares rojos, y la guardia nacional ha asesinado y atacado con saña a los manifestantes, con el visto bueno de los otros componentes de la Fuerza Armada.

En las parlamentarias del 2005 los partidos políticos llamaron a la abstención para intentar presionar cambios en el tramposo CNE, pero conscientes de que esa abstención no les causaría mayor daño político ya que, según sus cálculos, no podían obtener más de una docena de diputados. Es una falacia seguir insistiendo en que en esa oportunidad entregamos la Asamblea Nacional. Éramos minoría. Aunque esa abstención se justificó, tampoco logramos el objetivo.

Hoy somos mayoría, tenemos a favor la Asamblea Nacional y la opinión internacional. Abstenerse porque el CNE está parcializado, porque el régimen es ventajista e intentará hacer trampa para que ganen algunos de sus candidatos, porque inhabilitará a nuestros candidatos, le quitará funciones a los electos o los pondrá presos son motivos para seguir protestando, pero no para abstenerse ya que el voto es una herramienta de disconformidad.

Abstenerse porque votando estamos renunciando al mandato del 16 de octubre es no entender que en dictadura ese mandato era imposible de cumplir. Políticamente era conveniente esa consulta, como lo evidenció la opinión internacional, pero era una herramienta inapropiada para salir del régimen. ¿Nos engañaron sus proponentes? No! El objetivo era movilizar gente, reforzar la condena a la dictadura de Maduro por parte de países democráticos que ya estaban sensibilizados por la violenta represión en contra de nuestros héroes de la calle y evidenciar que somos mayoría.

Algunos critican que varios de nuestros dirigentes siembran esperanzas sin contar con la semilla adecuada, pero cualquiera que haya estado preso, exiliado o en malas condiciones se acuesta pensando que al día siguiente se resolverá su situación. La esperanza es lo último que se pierde y la herramienta de que disponemos para seguir en la agonía por la vida. Es decir, en la lucha diaria.

Es cierto que el régimen ha hecho trampas y ha puesto al servicio de sus candidatos todos los recursos del Estado, pero cuando hemos sido mayoría y contado con testigos no ha podido arrebatarnos el triunfo. Esto quedó demostrado en las parlamentarias del 2015 ¿o acaso alguien puede pensar que nos regalaron 212 diputados para aparentar que estamos en democracia?

En el referendo del 2007 sostuve, hasta pocos días antes, que no deberíamos someter a votación derechos que nos otorgaba la Constitución. Para ello esgrimí principios y valores. Sin embargo, ante el llamado de los obispos a ejercer nuestro voto para rechazar la infame propuesta roja, recapacité y declaré a favor del voto. Acaté el llamado porque consideré que era absurdo pensar que tenía más principios y valores que los integrantes de la Conferencia Episcopal. Ese referendo lo ganamos los demócratas.

Hoy, nuestros obispos y todos los partidos de oposición, salvo dos, instan a votar. Ojalá Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo se sumen al llamado. Somos inmensa mayoría y las circunstancias indican que solo contamos con la herramienta del voto. Cabe recordar a quienes no votan por ser indiferentes lo dicho por el gran líder judío Elie Wiesel "la indiferencia es siempre el amigo del enemigo, ya que beneficia al agresor, nunca a la víctima, cuya pena se magnifica cuando se siente olvidada". Si no votamos por indiferencia estaremos dando un mensaje desalentador a nuestros presos, exiliados y perseguidos. Alterando lo dicho sobre el asesinato del duque de Enghien, podría decirse que no votar sería un crimen y un error. Gustavo Tarre lo expresó muy bien: "Entre los dos bandos, sé muy bien cuál quiero yo que pierda".

Como (había) en botica:

La independencia de Cataluña sería un anacronismo. Felicitamos al ingeniero Diego González por su incorporación a la Academia de la Ingeniería y el Hábitat. Su trabajo de incorporación debe formar parte de la propuesta para un nuevo gobierno.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

Luego de más de 17 años de régimen revolucionario y siendo, según ellos, la cuna de la revolución bolivariana, Aragua lo único que puede demostrar al resto del país es un panorama desolador. El eslogan: “a paso de destructores”, que no de vencedores, se cumplió cabalmente en nuestra entidad.

En estos 17 años nuestra región ha estado dirigida por gobernadores y alcaldes de la revolución, así que no puede haber excusas para tal desastre, pues los pocos alcaldes de la oposición que ganaron en algún municipio, poco pudieron gestionar ante la supremacía roja rojita y del centralismo presidencial como política de la revolución.

No hace falta esforzarse mucho para constatar la magnitud del desastre. En el trayecto por la ARC entre Maracay y Las Tejerías, se puede observar como desaparecieron los cañaverales que antes fueron una referencia de nuestra región para los que pasaban por esa vía, en su lugar lo que volvió fue el monte y culebra que no se veía probablemente desde el siglo XIX. También podrán observar el mayor monumento mundial a la ineficacia, desidia y corrupción, caracteristicas del régimen, con las obras inconclusas del proyecto del tren que debía concluir en Cagua. Así mismo, desaparecieron como atractivo turístico las lagunas de Suata y Taiguaiguay convertidas ahora en depositos de desechos de todo tipo. Igualmente ha ocurrido con el sistema vial y toda la infraestructura de organismos oficiales incluyendo los centros educativos y de salud que existen desde antes de la revolución, ya que el inventario de obras de este tipo, hechos en revolución, en Aragua es pírrico.

Habría que hacer una excepción con los planes de vivienda que se han construido, ciertamente, pero de manera muy precaria y carentes de urbanismo, es dificil saber si realmente ha sido una solución para sus ocupantes o un problema para las comunidades adyacentes, pura improvisación, que es otra de las caracteristicas de la revolución.

Tanta desidia se puede constatar el ver el deplorable estado de las fachadas exteriores de la sede administrativa de la gobernación del estado que funciona en lo que otrora fuera uno de los íconos arquitectónicos de Aragua, el edificio de la extinta Corpoindustria. Solo nos queda pensar: si así está por fuera, como será por dentro.

Pero esto es la panorámica exterior del estado. Al interior de la administración regional y sus competencias, lo poco que funciona lo hace a medias, así los hospitales, escuelas, servicios públicos (Aseo, electricidad, agua, etc.) son otras calamidades públicas para recurrir a ellos ¿De cuál Aragua potencia hablan?

El 15-O tenemos los aragueños una nueva oportunidad para iniciar los cambios para mejor que todos anhelamos y merecemos, no es posible seguir negándonos estas posibilidades (y sueños) por puntos de vista coyunturales y muchas veces por no comprender o conocer las realidades de la lucha política que nos agobia. Votar por el candidato de la unidad para iniciar el cambio necesario es la única opción que tenemos, lo otro es colaborar con el proceso de demoledores que lleva 17 años, así de simple.

@lesterllopezo 09/10/17

En el año 2009 el “Pacto de Estambul sobre el Agua” reconoció a las autoridades locales y regionales como actores políticos en la implementación de un enfoque integrado y participativo para la gestión sostenible del agua y saneamiento, y en la promoción de acciones en la ciudad o región respectiva, orientadas a buscar el diálogo con todas las partes para establecer una visión común sobre las prioridades locales y planes de acción en el sector del agua.

Así mismo, a través de aquél pacto, autoridades locales y regionales del mundo se comprometieron a implementar planes de acción para mejorar los servicios del agua y saneamiento, incrementando la capacidad de adaptación local y regional frente a los desafíos mundiales.

En ese sentido, el año 2016 en Sincelejo, Sucre (Colombia) se realizó el I Congreso de Seguridad Hídrica de la Región del Caribe, en el cual los Gobernadores de la Región, acordaron y suscribieron lo que se llamó el Pacto por el Agua[1].

Ese pacto, firmado un 18 de mayo de 2016, se fundamentó en el reconocimiento expreso que hace la Corte Constitucional de Colombia, en el año 2011, al agua como un derecho fundamental, como servicio público y como elemento indisoluble para la existencia del ser humano.

La carencia y la mala calidad del agua –que impacta significativamente la agricultura, acentúa la inseguridad alimentaria, propicia delicados problemas de salud, engrosa los índices de pobreza y provoca en casos extremos desplazamientos que desembocan en conflictos que involucran poblaciones más vulnerables– fueron las razones que motivaron a los gobernadores a suscribir el denominado “Pacto por el Agua”.

El pacto, además, permitió a los gobernadores reconocer en el Consejo de Seguridad Hídrica Regional, un espacio formal e institucional para la discusión permanente de interacción entre niveles nacionales y regionales, a los fines de diseñar proyectos, programas y políticas públicas que atiendan el problema de la oferta, demanda y sostenibilidad de los recursos hídricos de la región.

Recientemente en España, la ministra de Agricultura y Pesca, anunció el inicio de conversaciones entre distintos actores a los fines de lograr concretar un Pacto Nacional de Agua, a través del cual se presenten acuerdos sobre los principales desafíos que presenta la gestión del líquido en España[2].

Según nota informativa, los puntos más relevantes del futuro pacto nacional son la atención al déficit hídrico, el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos y la activación de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación.

En ese marco, la Región de Murcia anuncia el 27 de julio 2017[3], que inicia una serie de acciones a los fines de construir un Pacto Regional del Agua en el cual se logre construir los consensos sobre los desafíos del agua en la Región, y así contribuir de manera mucho más efectiva con el Pacto Nacional del Agua.

¿En Venezuela es posible plantearse que las autoridades nacionales, estadales y municipales puedan asumir la responsabilidad de construir políticamente un Pacto sobre el Agua? Si hubiera voluntad política, pero además, reconocimiento a los gobernadores y alcaldes como actores institucionales políticos en el desarrollo integral de la Nación, claramente el ordenamiento jurídico existente hace viable la posibilidad de una iniciativa como las presentadas en este artículo.

En tal sentido, los gobernadores a ser elegidos el próximo 15 de octubre, pudieran asumir el reto de convocar a los alcaldes de su entidad federal y construir juntos una iniciativa política concreta que además permite incluir a la sociedad civil organizada de esa entidad local en el tema de la gestión integral del agua.

Recordemos que en enero y diciembre 2016 la Asamblea Nacional abordó el debate sobre la crisis del agua, logrando aprobar un Acuerdo sobre la materia al inicio del año, y luego a mitad del 2016 debatió un informe sobre la realidad de la crisis del agua específicamente en relación a la situación de los embalses.

Oportuno es señalar que por parte del Gobierno Nacional se impulsó un Consejo de Estado para el Agua en el 2014 y luego un Consejo Nacional Presidencial para el Agua en el 2015, pero sin que se hubieran planteado soluciones de fondo a la crisis del agua en Venezuela. En tal sentido, el racionamiento severo e irregular se mantiene vigente.

Los gobernadores y alcaldes son reconocidos en la Ley de Agua como actores e integrantes del Consejo Hidrológico Regional, creado legalmente como un espacio formal e institucional de consulta, concertación y toma de decisión; en el marco de un espacio que se define como plural, deliberante, analítico y promotor de una mejor gestión del agua.

El país fue dividido en 16 regiones y en cada una de ellas debería haber un Consejo Hidrológico Regional, que claramente se diseñó –como la misma Ley de Agua lo señala– como un espacio para la coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos estadales y municipales.

La Ley de Aguas reconoce el acceso al agua como un derecho humano fundamental y como un elemento insustituible para la vida, el bienestar humano, el desarrollo social y económico, constituyendo un recurso fundamental para la erradicación de la pobreza y debe ser manejada respetando la unidad del ciclo hidrológico.

Además, reconoce el legislador venezolano al agua como un bien social, cuyo uso y aprovechamiento debe ser eficiente, equitativo, óptimo y sostenible, bajo una gestión integral que además debe efectuarse en forma participativa. La descentralización y la desconcentración, así como la corresponsabilidad interinstitucional son algunos de los principios rectores de la gestión integral del agua reconocidos expresamente en el ordenamiento jurídico vigente.

Un pacto por el agua en Venezuela puede ser una iniciativa de los próximos gobernadores electos. Independientemente de los obstáculos que el régimen les pondrá en el camino –intentando anularlos e ignorando la voluntad popular– esta podría ser una iniciativa política que puede facilitar un elemento de cohesión que vincule a autoridades municipales y sociedad civil organizadas en la búsqueda de soluciones al problema del agua, que claramente tienen incidencias en la salud pública y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Un pacto por el agua, impulsado por los nuevos gobernadores, tendría que retomar el llamado al Gobierno Nacional que se hizo en el “Pacto por el Agua de Estambúl” en el 2009, a reconocer a gobernadores y alcaldes como actores en la implementación de un enfoque integrado y participativo para la gestión sostenible del agua y saneamiento, y en la promoción de acciones en la ciudad o región respectiva.

Estamos conscientes de los obstáculos que el régimen promoverá para anular a los gobernadores, y con ello desconocer, nuevamente, la voluntad soberana del pueblo, pero una iniciativa como un pacto político puede servir como herramienta de reivindicación del modelo federal descentralizado de Estado que representan legítimamente y encontrarse con la Asamblea Nacional para que, de manera conjunta, asumiendo la representación legítima que ostentan, incluyan a los ciudadanos en el reclamo constante, permanente y responsable por una óptima y sostenible gestión integral de agua en Venezuela, en el marco del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

PolitiKa UCAB

Octubre 6, 2017

El derecho a votar en Venezuela surge en el siglo XIX bajo el gobierno de José Antonio Páez. Esa prerrogativa del ciudadano a dirimir sus diferencias a través del sufragio, por primera vez aparece en la Constitución de 1830. Así lo estableció en su Artículo 13: Todos los venezolanos pueden elegir y ser elegidos para los destinos públicos, si están en el goce de los derechos de ciudadano, si tienen la aptitud necesaria, y concurren en ellos los demás requisitos que prescriben la Constitución y las Leyes. De manera que estas señoras tramposas del CNE no se saldrán con las suyas, en sus intentos por arrebatarnos esa conquista democrática. Por ello, salgamos a votar.

Votar siempre ha sido un objetivo en las luchas políticas de los venezolanos, y ese afán por la democracia también se verá reflejado en la Constitución Nacional de1857. Al respecto en su artículo 12, se avanzó en los requerimientos para el goce de los derechos ciudadanos. Ya no será exigida la clasista y odiosa condición de ser latifundista o tener bienes de fortuna. Al igual se estableció el requisito de los 18 años para tener derecho al voto. Hoy las malandras del CNE les negaron a cientos de miles de jóvenes la posibilidad de votar, al no abrir tal como lo establece la norma electoral, el registro de nuevos votantes para estas elecciones de gobernadores. Contra este atropello, salgamos a votar.

La institución del voto universal, directo y secreto para elegir las autoridades de la república, que así lo definiera la misma carta magna, quedará plasmada definitivamente en la Constitución de 1947 en su Artículo 79: La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio y por órgano de los Poderes Públicos. Hoy con la ANC surgida a través de mayor fraude electoral conocido en la historia republicana, el régimen de Nicolás Maduro, pretende devolvernos a los tiempos de la godorria oligarca, al tener entre sus planes el voto de segundo grado y la elección del presidente, diputados, gobernadores y alcaldes, a través de colegios electorales y sectoriales. Por esta razón, salgamos a votar.

Desde los primeros sufragios en la era democrática hasta esta próxima elección de gobernadores, jamás habíamos tenido un proceso tan viciado de las normas electorales y, no porque los actores políticos, como suele pasar, se excedan en trampas, triquiñuelas y otras marramuncias a la hora del voto. No, aquí en esta oportunidad, es el mismo ente electoral, dirigido por estas cuatro pilluelas mal llamadas rectoras, las que a estas alturas del proceso no han querido responder sobre los centros de votación que fueron eliminados, los creados y las reubicaciones administrativas de electores de forma inconsulta. Por eso, sin vacilación alguna, salgamos a votar.

Según el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, las sustituciones de candidatos pueden hacerse hasta 10 días antes de las elecciones. Pues bien, estas delincuentes electorales, en pleno agavillamiento con sus compinches del TSJ, terminaron violando la ley rectora de estos procesos y les han negado a las organizaciones políticas opositoras, el derecho a sustituir sus candidatos unitarios. Con esta conducta el gobierno pretende empujar a la MUD a la decisión errática de no participar en la elección, para así ellos imponer sus candidatos; contra este CNE delictuoso, salgamos a votar.

Salgamos a votar en todo el país en las tarjetas donde aparezca el candidato de la oposición, y aquí en el Zulia, por Juan Pablo Guanipa, votemos en la tarjeta de Primero Justicia o en la de Voluntad Popular. Seamos los primeros en salir a votar con fuerza y pasión para así iniciar el cambio en Venezuela.

El sufragio es un derecho que celosamente debemos cuidar en un sistema democrático, no solo en su materialidad, sino como forma de expresión libre de la voluntad ciudadana que se pronuncia así por quienes deben ejercer el mandato de servir en los cargos públicos.

La ley, por ello, se cuida de garantizarlo y con sobradas razones sanciona, incluso penalmente, conductas que desvirtúan su ejercicio libre, sobre todo ante perversiones y desviaciones propias de quienes detentan el poder y se aferran a este, en franco desconocimiento de las exigencias de un sistema de libertades.

Por ello, las normas que rigen los procesos electorales castigan las conductas que vulneran la transparencia de una elección, ante prácticas ilícitas que impiden el voto, pretenden desvirtuar su libre ejercicio o afectan las condiciones de igualdad, secreto y respeto absoluto a la voluntad de quien ejerce el derecho al sufragio.

La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1998 contenía una prolija enumeración de “delitos electorales” contemplados en una sección específica de ese instrumento normativo, además de la referencia a faltas o hechos punibles menos graves e ilícitos administrativos. Allí se preveían expresamente, entre otros, las conductas del voto doble, el voto por un fallecido o la obstaculización de la instalación o funcionamiento de una mesa. La vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009 omitió la referencia a los delitos electorales, limitándose a los ilícitos administrativos y en el artículo 228 dispone que lo concerniente a los delitos y faltas electorales no previstos en el texto de la ley será objeto de regulación mediante ley especial “que no se ha dictado”, aunque ello no impide que se apliquen las normas generales del código penal u otras leyes vigentes, en la medida en que sean pertinentes o que los hechos encuadren en sus previsiones.

En particular, el decreto por el cual se reformó la Ley contra la Corrupción, de 2014, sanciona con pena de uno a tres años de prisión al funcionario público que abusando de sus funciones utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político (art. 70), norma groseramente violada, desacatada e ignorada sin que intervenga el Ministerio Público, a pesar de que el instrumento que la establece dispone que la comisión de los delitos que prevé esta ley se consideren de “lesa patria”.

Vemos, pues, cómo, de una parte, en la esquizofrenia nacional, unos delitos desaparecen, sin ley que ahora los establezca de manera expresa y otros aparecen descritos en forma precisa en leyes vigentes aunque, con valor simplemente simbólico. Para seguir con el mismo ejemplo, funcionarios públicos que solo están al servicio del Estado y no una de parcialidad política, como reza la Constitución, se sirven de su cargo para perpetrar evidentes acciones de favorecimiento electoral, ante los ojos de toda la colectividad, una vez más, víctima del abuso del poder.

09 de octubre de 2017

@ArteagaSanchez

aas@arteagasanchez.com

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/delitos-electorales_206714

Se ha programado la instalación en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el próximo 13 de octubre 2017 en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington DC. Este es un paso de gran trascendencia jurídica, política y humanitaria para Venezuela y el mundo 1. Porque es un hecho inédito, primera vez que un tribunal de justicia, legalmente proclamado en su país, se constituye en el exilio debido a la persecución política desatada por el gobierno contra sus magistrados. 2. Porque al ser reconocido internacionalmente este tribunal podrá emitir decisiones con fuerza obligatoria cuya ejecución puede practicarse dentro de los mismos cánones de la jurisdicción universal, de la Convención de Palermo, es decir, de aplicación extraterritorial de sus decisiones dirigidas a combatir la impunidad en crímenes contra la humanidad, pero más que eso, también puede ejercer sus funciones en otras áreas de la justicia como la civil y la político-administrativa, todo con fuerza ejecutiva y posibilidad real de ejecución.

Esta instalación del más alto tribunal fuera de su territorio por razones de persecución política en el suyo es la más palpable de todas las pruebas de la existencia de un régimen tiránico en Venezuela, prácticamente es una sentencia internacional contra este que lo sindica y condena como autor de las más graves violaciones de los derechos humanos, pues impide el ejercicio de la legalidad que es precisamente el distintivo del sistema democrático. Ninguna otra denuncia se requiere para condenar a quienes mantienen en captura la democracia, la libertad en nuestro país y con lo cual han pretendido cometer toda clase de delitos individuales y colectivos sin preocupación por castigo.

Este TSJ en el exilio podrá, por ejemplo, juzgar a Nicolás Maduro mediante un antejuicio de mérito, también a Tareck el Aissami y a quienes ejercen como ministros, como procurador, como fiscal, como contralor, como defensor, como gobernadores, como oficiales generales y almirantes de la fuerza armada, también a los jefes de misiones diplomáticas del régimen, todo con apego al artículo 226 de la Constitución vigente. Y, según el trámite previsto, tales pronunciamientos corresponde hacerlos a Sala Plena de este TSJ en el exilio que, al declarar con lugar dicho antejuicio y previa autorización de la Asamblea Nacional, le corresponderá dictar sentencia final de destitución y castigo, también previa actuación de la fiscal general a quien corresponderá dar curso a la investigación penal.

Por solo poner algunas consecuencias prácticas de esta situación, podría ocurrir que cualquier avión del Estado, incluyendo el número 1, podrá ser inmovilizado en cualquier aeropuerto del mundo donde aterrice. Cualquier persona sobre la que recaiga orden de detención, incluyendo los agentes de la dictadura que usurpan cargos de representación diplomática, podrían ser arrestados en donde sea que estén; igual cualquier cuenta bancaria o activos de cualquier naturaleza; se podrá emitir una prohibición abierta a negociar con entes de Estado, etc.

La fiscal Ortega Díaz

El Ministerio Público representado por su legítima titular, también en el exilio, es la pieza que al engranar con ese mecanismo del TSJ constituirían el instrumento perfecto para una ofensiva mortal contra el régimen criminal y depredador que tiene secuestrado el poder político en Venezuela, y debería proceder igual: constituir sede en el mismo sitio, en la OEA, para así potenciar todos los esfuerzos que dentro y fuera se hacen para restituir un régimen de libertades y castigar a quienes lo han destruido. Y si existieran dificultades para que físicamente la fiscal se desplace a Estados Unidos podría designar un fiscal especial para actuar ante el TSJ, como lo dispone la ley, pues, en resumen, ella es la representante legítima del Ministerio Público, así reconocida dentro y fuera de Venezuela, condición que reafirmaría haciendo tal actuación.

En resumen

Este TSJ en el exilio pasaría a tener la poderosa fuerza de las leyes venezolanas y las internacionales que otorgan a la Corte Penal Internacional y a la Convención de Palermo unidas en el propósito de hacer justicia sobre la terrible catástrofe humanitaria que azota a nuestra patria por obra de la camarilla corrupta y narco-militar que la ahoga, y para esto se requiere que los magistrados entiendan que las circunstancias no son para ceñirse a actitudes escrupulosamente jurídicas, pues el solo hecho de estar constituidos en el exilio así se los deja ver, el ingrediente político ha de ser preponderantemente tomado en cuenta y deberán tener una intensa relación con las instituciones democráticas de todo el mundo y actuar con mucha audacia, con mucha imaginación, con mucha creatividad. Para situaciones especiales, soluciones especiales, esa es una máxima común que en las coincidencias del derecho y la política se producen para dar sosiego a una población atacada por abusos masivos de factores de poder.

No tengo dudas al afirmar que este Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, ambos en el exilio, pasarán a ser el centro de gravedad de la situación política de Venezuela.

En la Ciudad de Maturín a los 08 días del mes de Octubre de 2017.

Operador Político – Universidad Simón Bolívar (USB)