"El Gobierno tiene 288 empresas ligadas al sector de alimentos con un costo bárbaro y no producen. 60% del recurso humano con PhD se fue del país. Las propiedades catalogadas de ociosas eran fuentes de agua, de fauna, de flora. Todo eso se perdió."
Tras dos años en la Presidencia de la República, Hugo Chávez presentó al país el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 que incluyó entre sus metas “garantizar la seguridad alimentaria”, elevando la producción nacional y reduciendo la dependencia de las importaciones. Rápidamente surgió la idea de fortalecer los “rubros bandera”: arroz, maíz, café, cacao, palma aceitera y ganadería. Siguieron los fundos zamoranos, el desarrollo de conucos, cultivos organopónicos y los Sistemas de Asociaciones Rurales Auto-Organizadas (Saraos y Saraitos). El crédito fluyó como nunca antes y se aprobó la Ley de Tierras que facilitó el “rescate” de 3,6 millones de hectáreas que pasaron a manos del Estado.
No obstante, el 15 de septiembre de 2012, después de once años de planes y seis meses antes de su muerte, Hugo Chávez continuaba hablando en futuro y señalaba: “Uno de los grandes objetivos históricos de nuestra revolución es convertir a Venezuela en una potencia agrícola”. Hoy, el desplome de la producción nacional es inocultable al igual que el atraso tecnológico, la desaparición de la inversión privada en el campo y la escasez de insumos básicos para la siembra.
Carlos Machado Allison es una de las voces más autorizadas para analizar cómo fue posible que el país no avanzara en materia agrícola durante los últimos diecisiete años e incluso retrocediera en aspectos clave. Autor de numerosos estudios e informes técnicos, especialista internacional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y cargos tales como coordinador del Centro de Agronegocios del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y expresidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), forman parte de su extenso currículo.
El 19 de julio de 2015, Elías Jaua, exministro de Tierras, dijo: “Todas las tierras que fueron rescatadas durante mi gestión eran tierras ociosas, muchas de ellas hoy están productivas, muchas de ellas no han podido levantar el esfuerzo productivo pero esa matriz de que nosotros destruimos el aparato productivo de la agricultura es totalmente falsa”. ¿Por qué existía esa irregularidad en la propiedad que permitió el “rescate” de tierras?
Como país nacimos con un problema de propiedad y pertenencia de la tierra que se perpetúa hasta hoy. La Comisión de Indias durante la Colonia, el gobernador, el presidente, administraban una propiedad que pertenecía al Estado; por eso la solidez de los títulos en Venezuela sigue siendo precaria. Ni siquiera existe un catastro. En el tiempo de la Independencia, la tropa recibió tierras que luego vendió a los generales. Así se construyeron las grandes propiedades en Venezuela. La primera ley de tierras es de 1848 y obligó a todos los tenedores a registrarse, pero solo había una oficina en Caracas y la mayoría de las familias ni se enteró. Desde ese momento, los gobiernos obviaron el tema y cuando realizaron expropiaciones pagaron, como ocurrió durante la reforma agraria de 1961. Con esta reforma de 1961 hubo una gran manipulación política: mientras el Gobierno no entregaba los títulos definitivos los campesinos dependían del Gobierno. En 1995 se hizo un censo y solo 17% de los beneficiarios originales de la reforma estaban cultivando la tierra. En consecuencia, tenemos un país lleno de bienhechurías y posesiones poco regulares. Este Gobierno interviene y aprovecha esa situación. Hablan de expropiación y rescate de tierras. En todo caso, intervienen entre tres y cuatro millones de hectáreas. No hay precisión porque también hubo invasiones.
¿El Gobierno no tuvo razón en intervenir tierras ociosas?
Si las tierras eran o no ociosas no es asunto del Gobierno. La ociosidad de las tierras significa recursos para las próximas generaciones. Estados Unidos y Europa tratan de colocar en esta condición la mayor cantidad de sus tierras. Con mucha frecuencia las propiedades que fueron catalogadas de ociosas eran fuentes de agua, de fauna, de flora y servían a las universidades para el estudio del venado, la biología del chigüire, la cría de caimanes. Todo eso se perdió.
El Gobierno también argumenta que necesitaba combatir el latifundio.
El latifundio no es una extensión de tierras; es un modo de producción. Ya en Venezuela no existen latifundistas. Hay fincas pequeñas, medianas y grandes. Las fincas grandes son las que tienen menos conducta de latifundio. Cumplen con la ley, pagan prestaciones, bono de alimentación, no hay nada parecido a la tienda de raya.
¿No había un problema de falta de tierras para que el Gobierno llevara adelante sus planes de producción agrícola?
No. Con excepción de algunos lugares de Yaracuy, en el resto de Venezuela no existe lo que se llama sed de tierras. No hay una masa campesina como en Brasil, Perú, Colombia o Bolivia. Aquí la población rural es solo 9% del total, distribuida en todo el territorio nacional.
¿Tiene a manos cifras que nos den una idea del resultado de las políticas de la revolución bolivariana en el sector agrícola?
Las empresas socialistas, las cooperativas, los fundos zamoranos, absorbieron un enorme gasto y no producen. El desabastecimiento y la caída en la producción de maíz, arroz, ganado, hortalizas, café, es notoria. Venezuela ha tenido que importar arroz cuando llegamos a ser exportadores, y a importar ganado por una cantidad monstruosa de dinero tras la destrucción sistemática de fincas ganaderas en Guárico y Portuguesa. En Yaracuy, Lara y Aragua ha habido un daño muy grande en la caña de azúcar. Según mis cálculos, que se ajustan bastante a los de Fedeagro y al resto de los gremios, en 1998 la producción agrícola vegetal era de 780 kilogramos por persona al año, y en 2016 fue de 500 kilogramos. Para la seguridad alimentaria se necesitan 800 kilogramos por persona.
El exministro Elías Jaua también dijo en julio de 2015: “La revolución ha hecho un gran esfuerzo por levantar y recuperar la producción agrícola desarrollando políticas para el sector agrario: subsidios, exoneración del IVA, maquinaria agrícola, sistema de riego, creación del Banco Agrícola, del Fondo Agrario Socialista, pero dependemos de las importaciones porque a pesar de ese esfuerzo, nosotros no logramos alcanzar la línea de crecimiento del consumo”.
Está diciendo que fracasó. El Gobierno logró un período de crecimiento de la producción agrícola hasta mediados de la (primera) década de 2000. Hubo crédito barato, maquinaria, subsidios al consumidor, pero después dejaron de pagar, comenzaron a deberle a los productores que ya no hicieron más inversiones mientras que la población seguía aumentando. Gastaron mucho dinero en proyectos como los que se ven en las carreteras de Aragua para producir hortalizas. Esos son sistemas muy complejos de producción que requieren ingenieros agrónomos, químicos a cargo. En Europa son muy rentables. Aquí se pudrieron las mallas. Frente a la Hacienda Santa Teresa sembraron 50 hectáreas de maíz por órdenes de Elías Jaua, que quería tener una especie de vitrina. Se sembró el maíz y nadie lo recogió.
¿Por qué no se recogió?
No sé, es algo que hay que preguntarle al exministro Jaua. ¿Por qué los invernaderos nunca funcionaron? Porque requerían mano de obra calificada para ponerlos a funcionar y el conocimiento de la cadena.
¿Con las expropiaciones se apartó a quienes conocían el negocio y podían invertir para ser sustituidos por estructuras ineficientes?
Hay hatos que tenían diez mil cabezas de ganado y veinticinco mil chigüires como el Hato El Frío. Ahora no hay nada.
¿La expropiación de AGROISLEÑA, que pasó a ser la empresa pública AGROPATRIA, es un hecho importante en el fracaso de la producción agrícola?
AGROISLEÑA no solo era un eficiente vendedor de semillas y agroquímicos, sino que tenía más de cien ingenieros agrónomos que conocían el suelo y la demanda de fertilizantes y agroquímicos para cada cliente. Cuando los clientes no tenían una titularidad razonable, la empresa hacía el rol de intermediario con los bancos y le prestaba al productor. Además, coordinaba con la agroindustria para colocar la cosecha. Pues bien, se convirtió en algo donde de casualidad hay un fertilizante básico.
¿Qué otro camino ha podido tomar el chavismo para impulsar la producción agrícola?
Capacitación técnica, fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del país, no convertirse en un gobierno hipercontrolador: un pequeño productor está sometido a más de 200 normas y resoluciones. No ser un Gobierno que gasta sin miramientos. Por ejemplo, si compras tractores chinos tienes que asegurar los repuestos, la distribución. Hay tractores chinos e iraníes botados por todo el territorio nacional. Los mecánicos rurales conocen muy bien la tecnología de las marcas tradicionales, pero no conocen los tractores chinos e iraníes. El Gobierno tiene 288 empresas ligadas al sector de alimentos, eso tiene un costo bárbaro y no producen.
¿El manejo macroeconómico es también un factor a tomar en cuenta en esta discusión?
El control de precios, el control de cambio, el mal manejo macroeconómico, obviamente es una sombra que cubre toda la actividad. Se cree que el mundo agrícola es excepcional, que hay una excepcionalidad agrícola, pero en última instancia son las variables macroeconómicas las que influyen. Se estuvo importando carne a un tipo de cambio sobrevaluado, compitiendo de manera terrible con los productores nacionales.
Otro tema relevante es el atraso tecnológico en el sistema agroalimentario. ¿Desde su punto de vista qué tan grave es?
Es brutal el atraso tecnológico. Por ejemplo, Argentina, Brasil y México utilizan máquinas robotizadas, cosechadoras y sembradoras que se manejan con una computadora. Ya se utilizan GPS para hacer surcos y la evaluación de la cosecha se hace con drones, algo muy alejado de nuestra realidad. Nosotros nos quedamos en 1998. En América Latina se emplean camiones con compartimientos especiales para el transporte. En Venezuela seguimos utilizando el 350 "con cachucha" y el resultado es una pérdida de 30% en frutas y hortalizas, por el mal transporte de la cosecha hasta el punto final de venta. Cada mancha que encuentras en un plátano o un cambur es un golpe que determina una pérdida muy rápida de la fruta. Igual ocurre con los melones, las patillas, los aguacates. Vemos alcachofas con las puntas quemadas porque han sido transportadas a una temperatura no adecuada. O tomates dañados por ser transportados con cítricos que emiten etileno. Hay un atraso en técnicas muy básicas. Ve a Barinas y visita la famosa Academia de Agricultura que inventó J.J. Montilla.
¿Qué hay allí?
Los edificios.
¿Qué se debería hacer en el tema de la capacitación?
Se necesita una banda intermedia de capacitadores formados en las universidades para que instruyan a los productores. Y eso tiene que funcionar a nivel municipal. Esa reforma la hicimos en 1992-1993 pero los municipios querían pagarle a un ingeniero agrónomo el sueldo de un obrero. En Estados Unidos cada municipio tiene un centro de capacitación muy bien dotado y eso ocurre también en Argentina.
Llama la atención que hasta 2014 hubo un gran ingreso petrolero y se supone que el Gobierno invirtió en adquirir tecnología. ¿Se limitó a comprar tractores chinos que ahora ni siquiera pueden reparar? ¿No importamos tecnología de punta?
No lo hicimos. Venezuela tuvo una ruptura política y comercial con Estados Unidos y se peleó con media Europa. Sus compras estuvieron dirigidas a China, Cuba, Irán, países que están rezagados en muchas cosas.
¿Entonces lo que hicimos fue importar chatarra tecnológica en vez de aprovechar los recursos para dar un salto importante que impulsara la producción?
Así es, y al mismo tiempo 60% del recurso humano con PhD se fue del país. Si me preguntas por las dos personas que más sabían de ganadería en Venezuela, tengo que decir que una está en México y otra en Costa Rica. La generación que yo formé y la que le siguió, hablo de personas con cincuenta y treinta años con doctorados en universidades de prestigio, se fueron del país. Están en Puerto Rico, Australia, Colombia, Estados Unidos. Por ejemplo, Ecuador se llevó alrededor de cien profesores de la Universidad Simón Bolívar.
Usted ha mencionado que nuestras exportaciones agroalimentarias son, per cápita, las más bajas de la región. Nos superan países tan pequeños como Costa Rica, o tan pobres como Honduras, Guatemala o Nicaragua.
Llegamos a exportar 600 millones de dólares al año entre 1992-1997, cuando se corrigió la sobrevaluación de la moneda, y Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia descubrieron que Venezuela tenía una agroindustria muy moderna para la época porque los años de sobrevaluación permitieron la adquisición de bienes de capital a muy bajo precio. Entonces nuestra salsa de tomate, jugos, pastas, galletas, resultaron muy atractivas en el Pacto Andino. Polar llegó a exportar 50 millones de dólares en cerveza. A finales del segundo gobierno de Rafael Caldera el bolívar volvió a apreciarse y nuevamente fue difícil exportar.
Menciona que en ese período en el que la moneda no tuvo una gran sobrevaluación logramos exportar y eso se logró porque antes de ese período, gracias a las divisas baratas, compramos bienes de capital y creamos una agroindustria. Ahora hubo un período de gran sobrevaluación entre 2004-2014 y recientemente a los exportadores se les otorgó la tasa del Dicom que es competitiva, pero todo apunta a que estamos muy lejos de repetir un ciclo similar al de los noventa.
Hay un factor que es difícil de medir, pero es clave y se llama confianza. La agroindustria invirtió grandes cantidades en los años setenta y ochenta pero no lo hizo en los 2000. Por el contrario, si tienen 30% o 40% de capacidad instalada ociosa, ¿para qué van a invertir en nueva tecnología?
Ya no estamos en el Pacto Andino sino, con las observaciones del caso, en Mercosur. ¿Esto fue un error estratégico?
No era un error estratégico si Venezuela actuaba como cabeza del continente. Con una tasa de cambio competitiva y una capacidad agroindustrial importante pudimos ser un gran vendedor de productos elaborados y adquirir los commodities de Paraguay, Brasil, Argentina. Tener una conducta como la que tienen los holandeses que, por ejemplo, compran cacao y exportan chocolate. América Central, por ejemplo, vive de la producción agrícola y el comercio. Sabe del negocio. Conocí productores en Nicaragua que aprovechaban el vuelo Managua-Tegucigalpa-Miami para vender 600 mil dólares al año de retoño de maíz de seis semanas. Otro en San Pedro Sula que tomaba todo el plátano que ya no podía venderse porque tenía golpes, lo cortaba, lo empacaba al vacío y lo vendía en Miami para microondas.
Venezuela puede participar en negocios de esa naturaleza, pero desde Juan Vicente Gómez hasta la fecha la política ha estado dirigida a los commodities, a la sustitución de importaciones y no a la diversificación de la producción. Podríamos ser un paraíso productor de especias, tenemos las condiciones climáticas, se necesita la paciencia, la inversión y la visión para sustituir lo que llega aquí como marca Iberia o McCormick, que son especias viejas que ya no huelen a nada y tienen hasta tres años de antigüedad. Jamaica es un gran productor de especias, Guatemala exporta 60 millones de dólares al año de cardamomo. Aquí podríamos hacerlo.
¿Qué hacer para corregir la escasez en el corto plazo? Parece indispensable un plan de importaciones de emergencia.
En el corto plazo sí, no habría otra alternativa. Pero hay que saber lo que se va a importar. A lo mejor mandan a un general a importar semillas y compra lo que no debe. Hablar con la Asociación Venezolana de Sanidad Animal, porque no hay vacunas ni antibióticos. Tenemos un problema de mastitis en las vacas que es muy grave. Faltan agroquímicos y alimentos balanceados. Estamos hablando de cinco mil o seis mil millones de dólares que el Gobierno no tiene. El problema es gravísimo. Además, hay que saturar el mercado porque por la escasez todo el que tiene algo de dinero está almacenando.
¿Y con las tierras qué medida propondría?
Esa puede ser una fuente importante de ingresos para el Gobierno. Regularizar las tierras de la reforma agraria le generaría al Estado enormes cantidades de dinero. La gente pagaría por tener la titularidad. Casi todas las casas de Ocumare de la Costa están sobre tierras de la reforma agraria, por ejemplo. En el caso de las expropiaciones, explorar si es posible devolverlas a los antiguos dueños o venderlas.
¿Cree que es posible vender las tierras que fueron expropiadas y no están produciendo? ¿Quién estaría interesado en invertir en el negocio agrícola en Venezuela en este momento?
Allí caemos en el terreno político. Soy miembro honorario del Consejo Venezolano de la Carne, ha habido algunas transacciones de tierras entre ellos, pero ninguno estaría dispuesto a comprar más tierras para aumentar la producción de ganado porque están muy escarmentados, a la defensiva. Pendientes no solo de las invasiones, también del robo de bombas, transformadores. A quienes han tratado de efectuar el riego por goteo, que es la tecnología actual para la producción de hortalizas, les han robado los tubos y los dosificadores de fertilizantes. Existe un problema grave de inseguridad. Aun así, hay interesados en invertir. Allí está el caso de Dos Aguas y el de una empresa que produce patos para los restaurantes. Pero, ciertamente, nadie está dispuesto a jugársela a gran escala.