En un orden democrático le son asignadas a las fuerzas armadas funciones destinadas a mantener el monopolio sobre el uso de las armas dentro del espacio de una nación. Su tarea elemental y primaria es la defensa de la soberanía nacional frente a todos quienes no la reconozcan o la amenacen o intenten menoscabarla. En ese sentido las fuerzas armadas constituyen uno de los pilares en la conformación de un Estado (de un Estado, no de un gobierno) en el marco asignado por la Constitución y las Leyes.

Como ha destacado Max Weber (Política como Profesión) quien a su vez sigue en ese tema a Thomas Hobbes, no existe Estado sin el histórico fundamento de la violencia. Eso no significa que el Estado sea una institución militar. Solo significa que su fundamento, vale decir, su instancia originaria, es militar. Pero desde el momento en que el Estado adquiere una forma jurídica-política, el Ejército pasa a ser una entidad instrumental del Estado. El Estado –quizás debe ser reiterado- es la representación jurídica y política de una nación

Los marxistas, sin habérselo propuesto, han definido correctamente la esencialidad del Ejército en una nación: el Ejército, afirman, es un aparato del Estado. Desde una posición liberal democrática, el jurista Herman Heller en su libro clásico, Teoría del Estado, ha señalado: “A diferencia del poder político, el militar es solo un poder técnico que recibe del Estado la determinación de sus objetivos ý su legitimación”. Ambas posiciones, la marxista y la liberal democrática están entonces de acuerdo: El Ejército está subordinado al Estado pero el Estado no está subordinado al Ejército.

Ahora bien, el monopolio sobre determinados instrumentos dista de ser una propiedad exclusiva de los cuerpos armados. Por el contrario: a cada profesión le es asignada un monopolio sobre la utilización de determinados instrumentos. En ese sentido toda profesión es monopólica.

Expliquemos: Practicar una profesión significa en gran medida ejercer un monopolio instrumental. Cada profesión supone, por lo mismo, la atribución de monopolios exclusivos. Practicar una profesión implica por lo tanto acceder a un determinado monopolio sobre el cual cada profesión mantiene su propia exclusividad. Ningún monopolio profesional puede reclamar para sí atribuciones que forman parte del inventario de otro monopolio.

A los cirujanos les es asignado el monopolio sobre el uso del instrumental quirúrgico. A los teólogos les es concedido el monopolio para interpretar los textos sagrados. A los astrónomos, los telescopios para escudriñar el universo. A un profesor, el monopolio para seleccionar y distribuir textos sobre determinadas materias. A los militares, el monopolio de resguardar la soberanía nacional mediante la utilización de armas no autorizadas para el uso civil.

Mantener un monopolio instrumental significa, a su vez, ejercer vigilancia para que ese monopolio no sea transgredido por y desde otras instancias. Así como un médico debe protegerse de brujos, charlatanes y curanderos cuando asumen funciones que solo están reservadas a la medicina, un militar debe velar para que ningún grupo, banda o sector social, adquiera acceso a armas que son de exclusivo uso militar. No puede haber militares aficionados así como tampoco puede haber médicos aficionados.

Quiere decir: un ejército que coexiste o mantiene contactos con otros grupos armados se degrada a sí mismo pues al renunciar al monopolio sobre la violencia armada legal se convierte en un grupo militar entre varios abjurando de la exclusividad que demanda el ejercicio de su profesión. Por lo mismo, un ejército que acepta la existencia de ejércitos o cuerpos armados paralelos, deja de ser UN ejército. Tarea del ejército es la de desarmar a grupos armados constitucionalmente no autorizados para usar las armas. Sobre esos temas, el ejército debe deliberar antes de actuar.

¿Deliberar? ¿No son las Fuerzas Armadas, en tanto aparatos técnicos del Estado jurídico-político instancias no deliberativas? ¿No esta consagrado en la mayoría de las constituciones democráticas del mundo el principio de no-deliberación de las Fuerzas Armadas? Esas preguntas precisan de una aclaración:

El principio de no-deliberación se entiende como no deliberación política, significado que obvian algunas constituciones al considerarlo como algo que de por sí se subentiende. Sin embargo, no es así. No son pocos los militares que consideran el principio de no-deliberación como una afrenta a su condición de seres pensantes. Y tienen razón. El humano, al ser pensante y hablante, es un ser deliberante.

Los militares en efecto, tienen y deben tener atributos deliberativos. No obstante, esos atributos -este es el meollo del tema- no pueden trascender el campo del ejercicio profesional en el cual actúan. En ese punto el principio de no-deliberación tampoco se diferencia del que prima en otras profesiones. Por cierto, la deliberación inter-militar está sometida a las normas que exigen la jerarquía y la obediencia. Pero si dejamos de lado algunas diferencias rituales basadas en ceremoniales arcaicos, la jerarquía y la obediencia son respetadas en todas las profesiones, aún en las más liberales.

En aras de buscar más precisión volvamos al ejemplo más recurrente, el de un médico en un hospital.

Un médico antes de operar suele deliberar (consigo y sus colegas) acerca del momento de la operación, acerca del estado físico del paciente, acerca de la calidad de los medicamentos. Con sus colegas puede deliberar, además, acerca de los horarios de trabajo, del número de enfermeros requeridos, en fin, de cientos de aspectos que tienen que ver con la profesión médica. Pero a un médico no le está permitido deliberar políticamente durante el ejercicio de su profesión.

Un médico que hace arengas políticas, agita consignas y reparte panfletos al personal hospitalario y a los enfermos, debe ser alejado cuanto antes de su lugar de trabajo. Del mismo modo, si un médico de derecha decide no atender a sus pacientes de izquierda, o a la inversa, estamos frente a un caso de alta criminalidad. En la profesión militar ocurre exactamente lo mismo.

Si un ejército brinda protección a un solo frente político en desmedro de otro ha transgredido la función encomendada por la Constitución. Significa simplemente que ese ejército ha sido convertido en fuerza pretoriana al servicio de un poder ocasional y transitorio. Si así ocurre, los miembros de toda fuerza armada se encuentran en la obligación de devolver al ejército al lugar que le corresponde dentro del orden institucional.

En estado de guerra los altos mandos deben deliberar sobre estrategias y tácticas a ser empleadas para derrotar a un enemigo. En momentos de disturbio interno pueden deliberar también acerca de como crear condiciones de tranquilidad sin arriesgar vidas ciudadanas. Dentro de los cuarteles a los soldados les está permitido deliberar sobre la calidad de la alimentación, sobre la dotación que reciben, sobre el número de los destacamentos y muchas otras cosas más. Pero al igual que a los médicos (podríamos decir, abogados, profesores, ingenieros) a los miembros de un ejército no les está permitido deliberar políticamente durante el ejercicio de la profesión.

Summa Summarum: con excepción de la profesión política ninguna profesión es políticamente deliberante durante los momentos que impone su ejercicio. Luego, los militares de profesión no pueden obtener más ventajas ni más desventajas que las que rigen a los profesionales en las demás profesiones.

Ahora bien, fuera del ejercicio de su profesión, con sus amigos, con su familia, con sus conocidos, los militares, siempre que no porten uniformes ni armas, vale decir, en tanto ciudadanos comunes y normales, tienen pleno derecho a deliberar políticamente. Esa es la opinión generalizada en la mayoría de los países democráticos.

¿Pueden afiliarse los militares en partidos políticos? En ese punto las opiniones están divididas. En la mayoría de los países democráticos no pueden hacerlo. Hay países en los que sí pueden, aunque con ciertas limitaciones. En Italia, Bélgica, Israel y otros, los contingentes no profesionalizados del ejército pueden participar activamente en política. No así los contingentes profesionales. La opinión general es que en democracia estos últimos no deben hacerlo por las mismas razones que no deben hacerlo los miembros del poder judicial.

El peligro de que una deriva autoritaria convierta a los militares y jueces en marionetas de un determinado gobierno, está siempre latente. La no filiación política de jueces y soldados profesionales permite por el contrario el ejercicio independiente de su profesión a diferencia de lo que sucede en regímenes dictatoriales (Cuba, Corea del Norte, Siria) en los cuales los militares y los jueces son obligados a ser miembros del Partido-Estado. En este último caso hablamos de pretorianismo.

El pretorianismo militar surge de la conversión de un gobierno en Estado. En los Estados pretorianos modernos, bajo el pretexto de una mayor participación política de las fuerzas armadas, son liquidados los derechos políticos de los militares como ciudadanos. No puede haber, en efecto, politización sin pluralismo político. Dentro de un orden pretoriano los jueces y los militares pierden su independencia política extra-profesional en nombre de una supuesta politización profesional.

La no afiliación política de jueces y soldados es según sus defensores muy importante para mantener, por lo menos formalmente, la independencia profesional puesta al servicio de un Estado que al ser Estado representa a todos los ciudadanos de una nación jurídica y políticamente constituida. Su objetivo no es uniformar las mentes de los soldados sino todo lo contrario: asegurar la independencia profesional e incluso política de los cuerpos armados. Esa es la razón por las cual las luchas democráticas de nuestro tiempo han incluido en sus plataformas la independencia política de todas las profesiones, incluyendo en ellas a las fuerzas armadas.

La no adscripción política de las fuerzas armadas es una garantía que asegura la neutralidad profesional de los militares en el ejercicio de su profesión así como la libertad política de los militares en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

@FernandoMiresOl

http://polisfmires.blogspot.com/2016/01/fernando-mires-notas-sobre-el-ej...?

En Venezuela, los tribunales se han convertido en escenario para resolver los asuntos políticos que se plantean entre gobierno y oposición, en confrontación absolutamente desigual, ante la realidad de un sistema de justicia que no tiene nada de sistema y menos tiene de justicia.

Hasta hace algún tiempo se cubrían algunas apariencias de legalidad en la designación de los jueces, en particular, en el Máximo Tribunal, pero ahora se ha llegado al extremo de elegir a 13 nuevos magistrados en Diciembre pasado, en los estertores de la extinta Asamblea, violando el debido proceso, sin atender a la comprobación de los requisitos para el desempeño de los cargos, sin conocer las credenciales de los candidatos y sin participación ciudadana, haciendo caso omiso a las impugnaciones presentadas, siendo el objetivo de esta maniobra la garantía de un tribunal al servicio de la “revolución”.

El dominio total del Tribunal Supremo de justicia se constituyó en la obsesión del Ejecutivo después de decisiones adversas con posterioridad a los sucesos de 2002, reformándose la ley para incrementar el número de magistrados a 32 y afinar en la Sala Constitucional un filtro y un respaldo para cualquier decisión política del Ejecutivo.

En el Supremo Tribunal solo gana el Gobierno, como lo demostró el trabajo de Canova, Herrera, Rodríguez y Graterol, “El Tribunal Supremo de Justicia al servicio de la Revolución” y oscuros “constitucionalistas” se encargan de llevar a la Sala Constitucional, en forma previa o sobrevenida, cualquier asunto que interese al Gobierno a los fines de “blindarlo” con argumentos que nada tienen que ver con el “buen derecho” que debe sustentar una decisión judicial.

Los gobernantes de otros tiempos, hábiles en el manejo político, a pesar de no haber dado el paso decisivo de sacar las manos de los tribunales, no se sirvieron de estos como de la llave maestra para conservar el poder, pero ahora, para asombro de nuestro pueblo, que cree todavía en la majestad de un tribunal, se recurre a la mise en scène de una sala de audiencia en la que solemnes togados, con cara de circunstancias, dan su veredicto, en lenguaje incomprensible, que concluye siempre dando la razón a los emisarios oficialistas, salvo el recurso al paso del tiempo para no decidir, declarando formalmente la pérdida del interés procesal, que no hay materia sobre la cual decidir o el carácter improponible de la acción intentada, sin dejar de mencionar que toda denuncia promovida contra el Presidente u otros altos funcionarios, por principio, resulta “desestimada” y por tanto no susceptible de investigación alguna.

El pueblo no puede entender que, ante la sistemática denegación de justicia, el archivo o el diferimiento eterno de casos graves en los que nada se resuelve y ningún castigo se impone, en cuestión de horas, el Máximo Tribunal, convertido en operador político, resuelve cualquier controversia que le plantee el gobierno, por sí o por personas interpuestas, ordenando lo que más le convenga a este, llegando hasta el extremo de que la Sala Constitucional, que no tiene competencia para conocer de la comisión de un delito, debiendo remitir el caso, al Ministerio Público, destituye a dos alcaldes y los manda a prisión después de un simulacro de audiencia o que otra Sala, competente en materia electoral, con una medida cautelar, sobre la base de una prueba ilícita, desconozca sin más la inmunidad parlamentaria otorgada por la proclamación de un diputado, producto de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y ordena “desproclamar” y no permitir el ejercicio de la representación popular garantizada por la investidura adquirida.

En síntesis, por una perversa manipulación, los jueces, en general, pero, en particular, de los que son designados para el Tribunal Supremo de Justicia, están llamados a desempeñar la función de actores políticos, por lo cual, en lugar de cumplir con el sagrado cometido de impartir justicia y resolver con estricto apego a la ley los asuntos que se le plantean, deben exhibir, fundamentalmente, la “credencial” de estricta fidelidad a los lineamientos oficialistas que le son impartidos.

El pueblo, el 6­D, votó por un país en el cual, por fin, se haga justicia y esta se encarna en hombres y mujeres de “reconocida honorabilidad”, como reza la Constitución, que resuelvan los asuntos que le son planteados sin subordinación a intereses políticos o influencias del poder.

aas@arteagsanchez.com

25 de enero 2016. En Nacional

Este 23 de enero celebramos 58 años de la gesta histórica que dio al traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En tal ocasión, el pueblo venezolano, bajo la dirección de una Junta Patriótica, conformada por la más amplia representación de los sectores políticos del país, manifestó a viva voz su descontento y su deseo de cambio y exigió un Gobierno de Unidad Nacional que, a las demandas de libertad y democracia, uniera sus anhelos de justicia social, soberanía nacional, progreso y bienestar para todos.

Hoy, los paralelismos históricos son inevitables: vivimos la más profunda crisis económica y social de las últimas décadas, como consecuencia de un gobierno autoritario y despótico que despilfarró los más grandes ingresos petroleros y fiscales de nuestra historia, cuyas políticas han quebrado la industria nacional y deteriorado gravemente las condiciones materiales y espirituales de existencia de todo el pueblo: carestía, escasez, inseguridad y crisis de los servicios públicos hoy agobian la vida de nuestra gente, la empobrecen aceleradamente y arruinan nuestro tiempo y salud.

Frente a esta situación el gobierno de Maduro propone un Decreto de Emergencia Nacional que es continuidad de la misma política que ha generado la crisis: refuerza los ataques al sector productivo nacional, incrementa el manejo discrecional de los ingresos públicos por parte del gobierno, elude el control del gasto por parte de la Asamblea Nacional, incrementa la presión fiscal y tributaria sobre productores y consumidores, apunta al aumento de los precios de todos los bienes y servicios y descarga el peso de la crisis sobre los hombros del pueblo. Vanguardia Popular (VP) rechaza dicho Decreto, así como cualquier medida que afecte los intereses populares y nacionales. Sostenemos que es posible y necesario superar la grave crisis actual sin sacrificar al pueblo ni entregar la soberanía nacional. Entre otras cosas urgentes, proponemos:

1. Reducción drástica del gasto militar y la compra de armas.
2. Reducción sustancial del gasto en servicio exterior
3. Renegociación de la deuda externa en función de diferir pagos y reducir su costo
4. Repatriación de los capitales fugados como producto de la corrupción
5. Intervención de las empresas de la CVG a fin de sanearlas administrativamente y relanzarlas productivamente
6. Reformulación integral de la política petrolera nacional, auditarla y asegurar su viabilidad productiva y financiera, sin desmedro de la nacionalización y en resguardo de la propiedad del Estado sobre PDVSA y sus filiales
7. Revisión integral del resto de las empresas del sector público que no pertenecen al área de las industrias básicas o estratégicas para evaluar su viabilidad financiera y productiva y tomar las medidas pertinentes en cada caso.
8. Reducción del sistema nacional de medios públicos, fuente de despilfarro y manipulación
9. Declarar la Emergencia Nacional en materia sanitaria y de salud pública, así como en el sector agroalimentario, en el marco de la cual debe atacarse de forma integral la compleja problemática que afecta a ambos sectores.

¡¡¡VENEZUELA RECLAMA CAMBIO DE RUMBO!!!

¡¡¡POR UN GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL PARA LA DEMOCRACIA, EL PROGRESO, LA SOBERANÍA Y LA JUSTICIA SOCIAL!!!

Declaración Política con motivo del 58 aniversario del 23 de enero de 1958

Caracas, 23 de enero de 2016

Pocas dudas deben de quedar que la política económica del gobierno responde al pragmatismo político puesto de moda por Eudomar Santos, famoso personaje de la telenovela venezolana de los noventas “Por estas calles”, que decía cuando se le preguntaba ¿Qué vamos a hacer? respondía sin inmutarse: “como vaya viniendo, vamos viendo…”. Tal parece ser la política del gobierno ante la crisis económica que el mismo creó.

El parapeto jurídico con el nombre de “Decreto mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional”, era imposible de aprobar por cualquier grupo colegiado medianamente sensato que entendiera un poco de principios de economía, mucho menos por la bancada opositora de la AN.

Lo que parecía una jugada del gobierno para ganar tiempo y crear mayor crispación política en el ambiente nacional para endosarle, a partir de ahora, cierta culpabilidad de la crisis económica a la oposición democrática, fracasó al no contemplar que en la nueva situación de la AN los ministros deberían comparecer públicamente ante la comisión creada para debatir el decreto y mucha información “secreta y sensible”, como los mismos voceros del régimen manifestaron, saldría a la opinión pública. Lo de un “reality show” montado por la bancada mayoritaria fue la excusa para no asistir a las interpelaciones y en consecuencia decretar, ellos mismos, la anulación del decreto.

La mala noticia para los venezolanos es que la política de “como vaya viniendo, vamos viendo…”, no aporta nada a la solución de las penurias y crisis económica que nos agobia. Las esperanzas de algunos, no muchos, de que ante semejante crisis el régimen buscaría una vía de entendimiento con la oposición para encontrar soluciones al menos para las medidas más urgentes, como por ejemplo, unificar el tipo de cambio y eliminar el control cambiario se esfumaron ante la actitud del gobierno.

A todas luces después de 16 años los ministros no tienen ni memorias, ni cuentas que presentar, y al igual que pasó con la la caída de los precios petroleros y la sorpresa de la perdida de la mayoría parlamentaria que aún no han asimilado, ahora les sorprende que deben rendir cuentas a la AN que nunca pensaron que deberían de rendir.

En consecuencia, no es de sorprender, que próximamente las comisiones delegadas comiencen a manifestar la no comparecencia de los ministros y sus delegados, y carencia de datos confiables aportados por estos entes gubernamentales mientras la crisis se acentúa. Cada día las palabras del presidente de la AN de buscar en los próximos seis meses una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para salir de este gobierno tiene más vigencia y ahora también, más urgencia.

23 de enero de 2016

Hay una gran preocupación sobre la inasistencia a la comisión parlamentaria que debe valorar el decreto de emergencia económica, de cuatro ministros del gabinete ejecutivo del señor Maduro. En Aragua en Red y los más de nuestros contertulios, nos preguntamos sobre las sanciones que pudieren aplicarse a este desacato.

Precisemos. Este es un asunto que toca a la política del gobierno, pero igualmente es un asunto de naturaleza jurídica. Nuestra legislación ordinaria impone sanciones a las faltas o delitos en que puedan incurrir particulares y funcionarios en el ejercicio de sus funciones públicas.

Si viviéramos en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, como lo establece el artículo 2 de nuestra Constitución necesariamente, un desacato a la comparecencia formulada, como el que recién ocurrió en el parlamento de los ministros, habría que aplicar las sanciones previstas en la ley sobre el régimen para la comparecencia de funcionarios y funcionarias públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional o sus comisiones; es decir, estamos hablando del acatamiento al ordenamiento jurídico de la nación, o dicho de otra manera, que ninguna actividad desarrollada por algún órgano administrativo puede eludir al Derecho, que en términos de la doctrina político administrativa, constituye la sumisión plena de la Administración, léase gobierno en este caso, a la Ley y al Derecho.

Sin embargo, no nos engañemos, el Poder Ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, personifica todo el quehacer nacional, con exclusión desde hace menos de un mes, del parlamento nacional, por ello, no me cabe duda, y aquí todos sabemos, en Venezuela es difícil echar por la borda a algún ministro que tenga el respaldo de quien está sentado de verdad en la silla.

Sin menoscabo de las sanciones administrativas, léase multas, que prevé la indicada Ley sobre el Régimen para la comparecencia de funcionarios y funcionarias públicos, que van desde trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.) a seiscientas Unidades Tributarias (600 U.T.), en el caso de los ministros es ciertamente letra muerta por la conducta arbitraria de este gobierno, tambien la ley previene, para los de a pie, arresto proporcional, por multa no satisfecha, a razón de un día de arresto por Unidad Tributaria, además de la pena accesoria de suspensión del empleo.

Por lo demás, el decreto no pudo aprobarse y dejará su vigencia, no solo porque los ministros no comparecieron, sin justificación legal alguna, a dar la información requerida por los legisladores a fin de formarse criterio y documentarse sobre el decreto de emergencia económica, tambien porque su contenido no previene en detalle, las medidas económicas para atender la grave situación económica que padecemos.

La Asamblea Nacional continuará trabajando para mantener su independencia y autonomía y dejar sentada su vocación democrática y pedagógica por un futuro luminoso para nuestro país.

Dip. José Gregorio “Cheo” Hernández,

Secretario Ejecutivo y demás miembros de la Mesa de Unidad de Aragua.

Por medio de la presente, nos es grato dirigirnos a ustedes para presentarles un cordial saludo y nuestros sinceros deseos de que tengan un año 2016 pleno de éxitos y satisfacciones, así mismo, aprovechar la oportunidad para hacerles algunas precisiones y propuestas emitidas por la Junta Directiva de Aragua en Red, en la primera reunión ordinaria del presente año.

Es indudable que el rotundo triunfo obtenido por nuestros candidatos a la Asamblea Nacional el pasado 06 de Diciembre excedió, en mucho, las predicciones más optimistas de diferentes analistas electorales y hasta de la propia MUD regional. En efecto, haber obtenido 8 de los 9 diputados en disputa en nuestro estado, cuna de la revolución chavista e ícono del régimen, es un logro de profunda significación política que debe leerse lo más objetivamente posible para poder situarse en la dimensión apropiada y cumplir con las expectativas del electorado.

Así mismo, el esfuerzo de cada candidato y su comando de campaña para alcanzar el triunfo, debe reconocerse sin ningún tipo de mezquindad política. La presencia de ellos en las comunidades, especialmente en las que la simpatía chavista prevalecen, permitió una conexión que ya habían perdido los oficialistas y antiguos candidatos de la oposición democrática. Sin duda esta posibilidad y estrategia asumida por los candidatos de la unidad, incluyendo a los suplentes, fue decisiva para obtener la importante victoria.

Pero también debe considerarse, y mantenerse permanentemente en cuenta, que la crisis económica generada por el propio gobierno y su evidente incapacidad para resolverla, convenció a la población, incluyendo a los simpatizantes chavistas, de la necesidad de buscar soluciones viables ante los reiterados intentos del régimen de buscar respuestas políticas a problemas económicos, por lo que el “cambio”, como oferta electoral de la unidad nacional, impulsó el triunfo opositor que ahora está obligado a satisfacer estas expectativas, si se quiere en un tiempo perentorio.

La “Unidad”, como factor electoral y político, también tuvo su peso específico decisivo en la victoria decembrina al monopolizar en una sola tarjeta y en un solo discurso el voto de la sociedad civil mayoritariamente opositora que no compró las ofertas de “terceras vías” patrocinadas por el propio régimen para restar votos a la unidad nacional.

Contacto directo con las comunidades, ineficiencia gubernamental, mensaje de cambio y Unidad nacional fueron, a nuestro entender, los factores decisivos para la victoria, en una magnitud no esperada, que obliga a administrar eficiente y eficazmente ese resultado. Por estas razones creemos, en Aragua en Red, que una vez instalada la Asamblea Nacional, juramentados los diputados y asignados a sus respectivas comisiones de trabajo, es imprescindible que los mismos recuerden de quienes son representantes y para que fueron electos; incumplir estos compromisos sería continuar con el viejo vicio político de olvidarse de los electores una vez alcanzado el triunfo electoral.

A fin de evitar estas situaciones nos atrevemos a sugerir a los diputados electos y a los propios partidos integrantes de la MUD regional algunas acciones que consideramos pertinentes:

1. Mantener el contacto permanente, logrado con las comunidades locales durante la campaña electoral, para informar de las acciones y actividades desarrolladas en la Asamblea Nacional, destacando aquellas que afectan o benefician al estado Aragua, a sus municipios y el quehacer diario de la gente; para esto consideramos que es necesario abrir y mantener al menos cuatro oficinas parlamentarias (una por cada circuito electoral) que les permitan a los diputados mantenerse en contacto con la gente o con las comunidades al menos una vez a la semana;
2. Efectuar una vez a la semana ruedas de prensa exponiendo las ineficiencias del gobierno, especialmente aquellas que tengan que ver con la crisis económica, el desabastecimiento, la inflación y las colas, y qué se está haciendo desde la AN para resolver estos problemas, así mismo, el tema de la inseguridad ciudadana debe abordarse con igual intensidad;
3. Informar periódicamente de la posibilidad de cambiar al gobierno mediante un método constitucional, democrático, pacífico y electoral, como lo informó el presidente de la AN en sus palabras de inicio de las sesiones parlamentarias, con la idea de ir familiarizando a la población en este tema;
4. En su momento, Aragua en Red entregó a los entonces candidatos, un documento denominado “La Aragua que queremos, de todos y para todos” donde se incluyen algunas iniciativas parlamentarias que afectan a nuestra región. Dentro de ellas destacamos el proyecto de “Ley orgánica para la recuperación y desarrollo sustentable de la cuenca hidrográfica del lago de Valencia” que es de capital importancia para el futuro de Aragua y Carabobo, ya que ambas entidades se ven afectadas por esta problemática. Creemos que ese proyecto podría aprovecharse para conformar un bloque parlamentario de 16 diputados de los dos estados que permita impulsar no solamente el proyecto de ley mencionado, sino otras iniciativas que serían de beneficio para las poblaciones de ambas entidades;
5. Finalmente, este año están previstas las elecciones para gobernadores y Consejos Legislativos, si la situación política, económica y social del país lo permiten. Creemos que esta actividad debe abordarse en el momento adecuado para evitar salirse de los temas que afectan a diario a la población y en todo caso el factor Unidad, y dentro de ella la realización de primarias para la selección de los candidatos, deben primar en función del acuerdo firmado en un documento antes del 06D por la MUD nacional.

La Junta Directiva de Aragua en Red, reafirma su compromiso de contribuir decisivamente con las actividades propuestas por la Unidad nacional y regional en pro de lograr la Venezuela y el estado Aragua que queremos.

Fdo.

Francisco Russo B. Santiago Clavijo A.

Coordinador General Secretario de la Junta Directiva

La Asamblea Nacional ha comenzado a saldar su descuido con las universidades nacionales. Han sido muchos años de indiferencia, demasiados si se toma en cuenta la relevancia que tienen para lo que puede ser este país en los tiempos que corren. De la mano del diputado Miguel Pizarro, de su verbo inteligente y persuasivo, hace unos días llego el tema al seno del parlamento. Buena noticia, sin duda, y también que se haya nombrado una Comisión Especial para que se ocupe de asuntos que, reitero, suelen estar, apenas, en un rinconcito de la agenda legislativa.

Sin embargo, es lamentable que haya sido por razones asociadas a la cuestión financiera, aunque es comprensible, pues, como se sabe, varias universidades públicas del país confrontan desde hace un largo rato graves problemas en cuanto los recursos que necesitan. Me ahorro explicaciones que pueden resultar latosas y me limito a señalar que una vez realizadas las tareas mediante las cuales los economistas sinceran los presupuestos llenos de ceros que ofrece el gobierno, el dinero que reciben no alcanzan para que funcionen ni siquiera a media máquina.

II.

Lamentable, reitero, que el tema haya ido al Parlamento por tales motivos, es decir, para discutir la sobrevivencia de las universidades, dicho sea casi sin exageración. O sea, para examinar asuntos que tienen que ver el cuido de su infraestructura, la reparación de los equipos en los laboratorios, la remuneración de sus profesores y empleados, las condiciones en las que estudian los estudiantes, en fin, situaciones de apremio que claman por soluciones casi inmediatas. Que sea para eso y no para afrontar los problemas de fondo, derivados de los nuevos contextos políticos, económicos, sociales, éticos.

Tales problemas de fondo están bien listados, son casi moneda de uso corriente, incluso fuera del ámbito estrictamente académico Entre otros muchos aspectos tienen que ver con la actualización de los programas y de métodos pedagógicos, así como el establecimiento de las nuevas capacidades y competencias que deben adquirir los alumnos. Con la transformación de una estructura organizativa a fin de hacerla idónea para albergar el necesario cruce de disciplinas, característica esencial que rige los nuevos modos de producción de conocimientos e, igualmente, las maneras de encarar la docencia. Con establecer esquemas efectivos de vinculación con la sociedad y sortear las dificultades y contradicciones que muchas veces derivan de allí. Con resolver la tensión entre la democratización del ingreso y el logro altos niveles de calidad. Con repensar la autonomía a fin de fortalecerla, dándole sentido en función de las realidades actuales. Tienen que ver, por mencionar un asunto más, con convertirse en una instancia de vigilancia tecno científica, imprescindible en la llamada sociedad del riesgo.

Los aspectos mencionados aterrizan de distinta manera de acuerdo al tipo de institución de la que estemos hablando. En efecto, hoy en día el país cuenta con un sistema de educación superior mucho más extenso que antes, tanto público como privado, de mayor complejidad y compuesto por instituciones muy heterogéneas en cuanto a tamaño, estructuras y fines.

III.

En fin, se entiende que la emergencia sea la tónica del debate propuesto la semana pasada en el parlamento. Pero ojala que por ello no desatendamos las transformaciones pendientes, requeridas para amueblar nuestras las universidades de acuerdo a las exigencias que pone sobre la mesa el siglo XXI. Desatenderlas es como si nos olvidáramos del futuro del pais.

HARINA DE OTRO COSTAL

El formato establecido para esta temporada de béisbol resulto algo confuso, por decir lo menos, y no solamente entre los aficionados, pues según el chisme al uso, hasta hubo managers que se enredaron con la novedad.

En efecto, no resulto fácil digerir el hecho de que los Cardenales de Lara no hubiesen clasificado a la etapa de post temporada, a pesar de haber ganado 33 juegos, dos más que los Tigres de Aragua y cinco más que los Bravos de Margarita, equipos que si lo consiguieron. Difícil de entender, por otra parte, que Los Leones de Caracas necesitaran 35 victorias para clasificar y que Los Tiburones de La Guaira hubiesen garantizado su pase a la siguiente ronda en la primera vuelta, independientemente de que en la segunda durmieran una larga siesta.

En suma, el desempeño a lo largo de la temporada no se reflejó con fidelidad en la clasificación de los equipos para la fase de post temporada, lo cual pareciera injusto. En este sentido, imposible no acordarse, guardando las debidas distancias, claro, de las elecciones parlamentarias, en las que, en virtud de la formato electoral vigente, un movimiento político con el 56% de los votos obtuvo el 65% de las curules y otro con el 40% de los sufragios logro el 32% de los escaños.

Para el cambio de la ley electoral, los ciudadanos tienen la opción de acudir a la Asamblea Nacional. Un amigo me pregunta que cual es la vía para modificar el presente esquema del béisbol profesional. ¿Qué le digo?

El Nacional, miércoles 20 de enero de 2016