¿Perdimos la oportunidad de ejercer el sufragio de manera libre, directa, universal y secreta? La respuesta a esa interrogante dependerá de nosotros y de nuestra capacidad de organizarnos para canalizar de manera pacífica nuestra más enérgica resistencia a perder nuestra condición de ciudadanos. El verbo escrito y su expresión oral, el espacio público y el contacto con la gente en un país cercado mediáticamente, se convierten en las mejores herramientas para retomar la vieja tarea de hacer política en la calle y con la gente.

El Socialismo del Siglo XXI intentó arrebatarnos nuestro rol ciudadano cuando condicionó la libertad de asociación y de participación ciudadana al objetivo socialista vía Consejos Comunales, objetivo que no han logrado en muchísimos casos desde 2006. Además, también intentaron en el año 2007 modificar la Constitución para imponer su modelo político, social y económico. En ese momento, y con el ejercicio del sufragio, los venezolanos expresaron su rechazo y no permitieron la reforma de la Constitución de 1999.

No podemos olvidar que el modelo comunal buscó imponerse en lo local a través de la suspensión indefinida las elecciones de alcaldes y concejales en 2009 y no pudieron extender esa situación anómala más allá de 2013, cuando los venezolanos, ejerciendo libremente el sufragio, lograron reivindicar el modelo municipal del Poder Público.

El Socialismo del Siglo XXI no cesa en su intención de imponer un modelo político, social y económico diferente al previsto en la Constitución y ahora intenta sustituir nuestra cédula de identidad por el carnet de la patria y, además, pretende ignorar la legitimidad de origen que detenta la Asamblea Nacional. Utilizando la vía del TSJ nos arrebató el referendo revocatorio a finales de 2016 y ahora intenta robarnos las elecciones regionales, que debieron realizarse en diciembre del año pasado.

El gobierno nacional ha reconocido a través de varios actores que las regionales no son prioridad en estos momentos, ignorando intencionalmente que la convocatoria a esas elecciones es un mandato de la Constitución, es decir, su convocatoria no está condicionada al capricho del gobierno de turno, la misma debe responder a la finalización de un período constitucional que resulta del mandato del poder del pueblo soberano.

Hugbel Roa, actuando como diputado, en mayo de 2016[1] cuestionó a la Unidad por pretender buscar en soluciones electorales las respuestas a los problemas económicos del país y en agosto[2] Roa, ahora Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, afirmó categóricamente que lo electoral no podía ser lo prioritario para el país.

Más adelante Pedro Carreño, en septiembre de 2016[3], reiteró que no era prioridad para el gobierno las elecciones regionales y además advirtió que no habría revocatorio; luego, en diciembre de 2016, dos diputados del oficialismo, Héctor Rodríguez[4] e Ileana Medina[5], reiteraron que para el gobierno las regionales no eran prioridad.

Finalmente la voz del Presidente marcó la posición oficial y en octubre de 2016[6] reconoció que para el gobierno los procesos electorales no eran prioritarios, reiterando que el compromiso principal es rescatar la economía. Por cierto, no hay que olvidar que el propio Maduro se comprometió con el país a asumir durante 2015 la tarea de dedicar 24 horas al día a recuperar la economía del país.

Ahora, en febrero 2017, Maduro advierte que las elecciones no tienen fecha cierta, que las mismas están condicionadas al CNE y a la capacidad del PSUV de lograr una victoria política en el campo electoral[7]. La postura del gobierno encuentra su fuente en el objetivo 1.1 del Plan de la Patria 2013-2019, cuando advierte que los procesos electorales estarán orientados a fortalecer, consolidar y garantizar la continuidad de la revolución bolivariana.

Hace casi 60 años, el 7 de diciembre de 1959, Betancourt, en ocasión al primer año de elecciones presidenciales libres luego de la dictadura de Pérez Jiménez, reconoció que los venezolanos durante el trienio 1945-1948, en las tres oportunidades que tuvieron de ejercer el sufragio por votación directa, secreta y universal, y en la elección de 1958, se habían comportado con idéntico y ejemplarizador alarde de civilidad.

En aquél momento, Betancourt afirmó que los venezolanos sentían “en lo íntimo de su entraña como normal el libre debate de las candidaturas en las plazas públicas; la concurrencia en avalancha de los registros electorales en el momento de los comicios; el comportarse en la hora de elegir sin alardes de violencia, con unción alguna vez calificada por mí mismo como filiable en las místicas religiosas”[8].

A casi 60 años de distancia, ¿Hemos perdido el compromiso con el sufragio?. Como nunca antes, es urgente reivindicar aquellos valores que heredamos de nuestros más inmediatos ancestros y defender aquel hecho político que representó un gran avance hace 6 décadas: el ejercicio libre del sufragio a través del voto directo, secreto y universal.

No se trata de sólo presionar por la fecha de un proceso electoral, menos aun de discutir si el mismo se presenta con la modalidad de unas megaelecciones para el año 2018, si las mismas son o no válidas, se trata de exigir de manera contundente respeto y de no permitir que nos arrebaten nuestra condición de ciudadanos.

Es oportuno valorar en estos momentos tan oscuros de nuestra historia, la invitación que hiciera la Asamblea Nacional en uno de sus Acuerdos políticos de conformar un Movimiento cívico nacional en defensa de la constitución, la democracia y el voto. Es el momento que desde cada comunidad la sociedad asuma el compromiso de ocupar los espacios públicos para acompañar y defender a los partidos políticos como herramientas de participación democrática en este proceso complejo y peligroso de legalización, pero además, para lograr organizadamente reclamar con contundencia y de manera pacífica por nuestro derecho a elegir de manera oportuna y libre.

Frente al bloqueo mediático, nos quedan la organización ciudadana y el espacio público como herramientas efectivas de accción política. Tenemos distintas formas de expresarnos: manifiestos, declaraciones y acuerdos ciudadanos, a través de los cuales nos corresponde reivindicar el viejo arte de hacer política en la calle, con las ideas, nuestros valores y en contacto directo con los vecinos.

La reestructurada MUD juega un papel esencial como espacio político receptor de esa expresión popular de los ciudadanos organizados en Asambleas, facilitando así el camino para la construcción de redes cívicas que legítimamente consoliden un Movimiento nacional descentralizado en defensa del voto, la democracia y en la tarea de restaurar el orden constitucional.

Ya nos robaron el país que nuestros ancestros inmediato nos dejaron de herencia, no permitamos que nos arrebaten la oportunidad de ejercer el sufragio, pues entonces, perderemos

[1] Globovisión. Roa preocupa que oposición crea que crisis económica supera con evento electoral. 22 de mayo de 2016. Online en: http://globovision.com/article/roa-preocupa-que-oposicion-crea-que-crisis-economica-se-supera-con-evento-electoral

[2]Mangazodigial.com. Hugbel Roa. Em el país lo electoral no debe ser lo prioritario. 18 de agosto 2016. Online em: http://mangazo.digital/politica/hugbel-roa-en-el-pais-lo-electoral-no-debe-ser-lo-prioritario.htmhttp:/mangazo.digital/politica/hugbel-roa-en-el-pais-lo-electoral-no-debe-ser-lo-prioritario.htm

[3]Notiminuto. Pedro Carreño: las elecciones no son prioridad para el país. 21 de septiembre de 2016. http://www.notiminuto.com/noticia/pedro-carreno-las-elecciones-no-son-prioridad-para-el-pais/#

[4]Notitotal. El chavismo no tiene interés en elecciones, la prioridad es resolver el tema económico. 22 DE diciembre de 2016. Online en: http://notitotal.com/2016/12/22/chavismo-no-interes-elecciones-la-prioridad-resolver-tema-economico/

[5]El Universal. Medina: En la calle no hay interés o afán por un proceso electoral. 29 de diciembre de 2016. Online en: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/medina-calle-hay-interes-afan-por-proceso-electoral_633077

[6]El Universal. Maduro reitera que no habrá referendo revocatorio. 4 de octubre 2016. Online en: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/maduro-reitera-que-habra-referendum-revocatorio_613918

[7]El Nacional. Maduro: cuando vayamos a elecciones debemos tener asegurada la victoria. 20 de febrero 2017. Online en: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/maduro-cuando-vayamos-elecciones-debemos-tener-asegurada-victoria_81938

[8]Betancourt, Rómulo. Palabras conmemorativas del Primer Aniversario de la elección presidencial. En: La revolución democrática en Venezuela. Pág. 183.

Artículo escrito para Politika UCAB, 24 de febrero 2017

El pasado día 25 se cumplieron quince años de un hecho inédito en el mundo de los negocios. Nunca antes empleados bien remunerados habían hecho un manifiesto dirigido a sus a sus conciudadanos alertando del peligro que se cernía sobre una empresa del Estado. Eso sucedió en Pdvsa y cabe recordarlo por las consecuencias posteriores y porque algunas veces pasa desapercibido o es interpretado incorrectamente.

En enero del 2002 se acentuaron los rumores de que Guaicaipuro Lameda sería sustituido como presidente de Pdvsa por no ser complaciente con los rojos. Por ello, el 16 de enero del 2002 escribí un artículo en el diario El Universal, en el que señalé que ¨asombra que algunos piensen que manejar el petróleo es algo sencillo y que el negocio resulta rentable aun siendo mal administrado¨. En el mismo abogué por mantener a la directiva que escasamente tenía un año de gestión y advertí que ¨restringir recursos financieros e improvisar en la gerencia ocasionaría el doloroso derrumbe de Pdvsa y, al poco tiempo, del país¨.

El 8 de febrero Gastón Parra, profesor universitario sin experiencia gerencial y de extrema izquierda, fue designado presidente de Pdvsa. El 14 de ese mes le dirigí una carta en la que le manifesté que Pdvsa ya había perdido valiosos recursos humanos, que una buena señal sería mantener a los Directores, que podía contar con nosotros en un marco de respeto a la meritocracia y a normas y procedimientos, así como la necesidad de realizar las inversiones necesarias para la sustentabilidad y crecimiento del negocio.

Ante la inminente designación de cinco Directores internos con experiencia en la industria petrolera, pero sin credenciales para ser directores, los ejecutivos de mayor rango de Petróleos de Venezuela y sus filiales firmamos el documento ¨Salvaguardemos a Pdvsa¨, redactado por Luis Pacheco y publicado el día 25 de febrero en el diario El Nacional. En el mismo rechazamos las injurias en contra de la institución y sus trabajadores y alertamos al país sobre el peligro de introducir en la empresa la política partidista, señalando que ¨Rechazamos enérgicamente la ruptura de los esquemas de meritocracia … La sustitución de la jerarquía del conocimiento y los méritos profesionales, tan necesaria para sobrevivir en el complejo negocio de la energía, por la jerarquía de la afinidad política o la aparente lealtad a una facción o ideología, no hace sino resquebrajar la disciplina y coherencia interna. Con toda responsabilidad hacemos un llamado para que se retome el camino institucional y profesional de Pdvsa, senda que hoy está sitiada por la mezquindad de grupos políticos e intereses personales que pretenden violar los principios que nos rigen¨.

Este documento lo suscribimos los 34 más altos ejecutivos y posteriormente se sumaron otros tres que no estuvieron presentes en la reunión previa. El día 26 salió la gaceta oficial con la designación de los nuevos directores. De inmediato se produjo una reacción en cadena de respaldo al documento. Gerentes, personal profesional y nómina menor se organizaron en asambleas en Caracas y el interior, las cuales llevaron el peso de la protesta. Después de agotar las conversaciones y ante la jubilación obligada de dos gerentes, el 4 de abril iniciamos el paro petrolero que arrancó en la refinería de El Palito. El 7 de abril fuimos despedidos siete trabajadores, catorce fueron jubilados y cinco fueron puestos a la orden de la presidencia. La CTV y Fedecámaras se sumaron al paro el día 9. La marcha del 11 de abril fue convocada en apoyo a los petroleros. El régimen propició una masacre que tuvo como consecuencia que la Fuerza Armada le solicitara la renuncia a Chávez, la cual aceptó.

Cuando Chávez regresó a Miraflores nos pidió perdón y fuimos reincorporados. Gastón Parra y la directiva cuestionada renunciaron. Este movimiento fue en defensa de la meritocracia en la empresa. Posteriormente vino el paro cívico de diciembre del 2002 que ocasionó el despido de casi 23.000 trabajadores. Para los petroleros hubiese sido cómodo permanecer callados, pero nuestros principios y valores nos obligaban a realizar lo que estaba en nuestras manos para intentar evitar la politización de la empresa de todos los venezolanos y luchar por la democracia. Quienes opinan que debimos permanecer agazapados y ¨ofrecer resistencia dentro de la empresa¨ quizá no entiendan que en buenos ciudadanos no cabe el sabotaje, ni la sumisión, sino enfrentar a los arbitrarios más allá de consecuencias personales.

Los resultados están a la vista: totalitarismo, un país en ruinas, corrupción y Pdvsa prácticamente quebrada. Según la OPEP, hoy Pdvsa solo produce 2.004.000 barriles por día, mientras que en el 2001 produjo 2.831.000 barriles por día. La nómina actual petrolera y no petrolera en Venezuela es de 166.337 trabajadores, mientras que en el 2001 era de 69.284.

Como (había) en botica: ¿No les dará vergüenza a algunos magistrados del TSJ como Carmen Zuleta de Merchán y Calixto Ortega de haber votado por Maikel Moreno y trabajar bajo su presidencia? No tienen perdón quienes apoyan a un régimen que niega las medicinas al pueblo ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Una de las noticias de mayor impacto en la página de sucesos de los medios impresos que reflejan con crudeza y sin amarillismo lo que ocurre en la realidad que nos ha tocado vivir es el asesinato a golpes de una joven liceísta y la consecuencia de la muerte de la inocente criatura que se encontraba en su vientre.

Al homicidio, de máxima gravedad o “calificado”, le han sido atribuidas las agravantes de alevosía y motivos fútiles, a la vez que se ha estimado que fue cometido en grado de “complicidad correspectiva”, con el añadido -al parecer- de un agavillamiento sin sentido alguno.

Sin duda, la indefensión de la víctima y la superioridad en número quienes la agredieron, con las circunstancias de la mayor fragilidad de una mujer embarazada y la ausencia de riesgo en el hecho, explica la agravante de la alevosía, debiendo igualmente destacarse que, sin duda, se actuó por motivos fútiles, en la medida en que la cruel muerte por una golpiza -que exige mayor sañay trajo consigo segar otra vida, ajena a toda contaminación, esperanza de un futuro mejor- se produjo bajo el motivo insignificante de un reclamo por la no colaboración en un trabajo que debió hacer y presentar la víctima con su exclusivo esfuerzo.

Evidentemente, un suceso como este debe constituirse en ocasión para la más seria reflexión de todos.

La violencia se ha hecho parte de nuestra manera de ser y se encuentra a flor de piel para ofender con las más duras expresiones o convertirse en actos que reflejan los más primitivos sentimientos de odio, resentimiento y dureza de espíritu. Se mata por matar, acreditando que la vida no vale nada; y dar muerte a otro es señal de afirmación del poder que se identifica con el homicidio a sangre fría,ya sea para liquidar a otro físicamente o para asesinarlo moralmente.

Los protagonistas de este drama, víctimas y victimarios, son jóvenes que han crecido en un ambiente de confrontación, de descalificación, de permanente enfrentamiento y de identificación del poder con la fuerza y no con la razón y el espíritu

Se trata de un doble asesinato, trágico episodio que no puede desconocer la existencia de otro ser inocente, en las entrañas de la joven madre, sacrificado y con pleno derecho a una vida plena.

En la maraña del incomprensible lenguaje jurídico se ha calificado a las agresoras como “cómplices correspectivos”, figura o ficción de muy dudosa aceptación a la luz del derecho penal garantista que, en definitiva, sanciona con una pena atenuada a quienes han concurrido a la ejecución de un homicidio y no se puede descubrir quién es el autor o el ejecutor inmediato del hecho.

Pero, en este caso, si bien cabe plantear dudas sobre los autores materiales del horrendo crimen, marcados para toda su vida, creo que, con toda propiedad,debemos considerar como responsables a quienes hemos tenido la encomienda de encauzar y ser ejemplo en un país en desbandada, destruido moralmente, con la institución familiar deshecha, en el cual la generación que se levanta solo oye hablar de guerra, de enemigos,de violencia y de odios que no prescriben, aunque se pretendan esconder bajo una máscara de carnaval. aas@arteagasanchez.com

27-02-2017

Es conmovedor ver a altos funcionarios marxistas-leninistas preocupados por la división entre el Papa y los rebeldes obispos venezolanos. El defensor del pueblo (de los derechos humanos) censura al cardenal Urosa y lo acusa de llevar la contraria al Papa porque “no está facultado ni legitimado” para hablar del diálogo político en Venezuela, pues eso le correspondería al nuncio. Para que el defensor libre de su angustia pueda dedicarse a su responsabilidad de liberar a los perseguidos políticos, le informo lo siguiente: la denuncia de este falso “diálogo” vino del Vaticano por carta del secretario de Estado (01-12-16) en la que la Santa Sede, bien informada de lo que pasa en Venezuela y del sentir de nuestra Iglesia, afirma que no habrá diálogo verdadero ni cesarán las violaciones de la Constitución y de los derechos humanos mientras 1) el Ejecutivo-Judicial continúe anulando a la Asamblea Nacional electa, 2) el gobierno impida la ayuda internacional de emergencia de alimentos y medicinas, 3) no se fijen las debidas fechas electorales y 4) no se libere al centenar de presos políticos. Nuestra Conferencia Episcopal en su documento (13-1-17) hace suya esta posición vaticana. Por otra parte, los obispos venezolanos –como el Papa– defienden un verdadero diálogo y negociación con resultados para restablecer los derechos humanos y la Constitución violada y promueven una economía de vida, frente a la actual economía de muerte. Como bien dice el cardenal Urosa, el gobierno con este falso “diálogo” se ha burlado del Vaticano y de la Iglesia y continúa empeñado en engañar con palabras de diálogo y paz, mientras en los hechos sigue apretando sus políticas dictatoriales.

La responsabilidad de la Iglesia local

La Iglesia no es una supraestructura organizativa ni una burocracia central, sino que vive en el mundo en millones de comunidades de fe en Jesucristo, animadas por el Espíritu de amor. Es la Iglesia en Venezuela la que sufre la dura realidad con el conjunto del país. Los nuncios tienen restricciones impuestas por la naturaleza de su servicio eclesial y cargo diplomático. No fueron ellos los que en dictaduras latinoamericanas denunciaron y dieron la vida, sino miles de laicos, sacerdotes, religiosas y obispos –como el beato Romero en El Salvador–, perseguidos y asesinados por regímenes de opresión. Es la Iglesia local la que, en fidelidad al Evangelio, vive y sufre con todos los ciudadanos en regímenes de miseria y la que denuncia, analiza e inspira la construcción humanizadora de soluciones concretas para problemas específicos. Lo enfatiza el papa Francisco: “Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social o en la propuesta de soluciones para los problemas contemporáneos” (La Alegría del Evangelio n. 184). Y agrega Francisco una importantísima cita de Pablo VI en su Carta Octogésima Adveniens de 1971: “Frente a situaciones tan diversas, nos es difícil pronunciar una palabra única, como también proponer una solución con valor universal. No es este nuestro propósito ni tampoco nuestra misión. Incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su país”. Los obispos venezolanos escuchan el clamor nacional, consultan a sus comunidades, preguntan a los expertos –sean católicos o no– para aportar un poco de luz y esperanza en esta calamitosa oscuridad. El Papa les anima a hacerlo, aunque sabe que ello molesta a las dictaduras. Las respuestas serán diversas según países y circunstancias: no hay una “palabra única” “frente a situaciones tan diversas”. En unos casos la culpa es del afán de lucro como supremo dios y en otros de la falta de empresa privada y economía de mercado. Sería un disparate decir, por ejemplo, que la culpa del desastre cubano es de la inexistente libre empresa y economía de mercado; la causa está en su Estado dictatorial con partido único, educación única y economía estatal. En otros países y crisis aparecerá entre sus causas la economía especulativa con grandes consorcios capitalistas y corporaciones financieras actuando sin ética. En cambio, entre las amenazas ecológicas de la humanidad está la desenfrenada búsqueda de lucro, sin leyes ni control.

El Papa no impone, sino que exhorta a debatir y buscar soluciones guiados por unos principios humano-cristianos trascendentales. Es un hecho que hasta ahora no hay economía próspera sin libre empresa, y que tampoco existe economía capitalista con éxito humanitario y bien común si no es equilibrada por el Estado que orienta la dinámica de producción e interés individual al logro solidario del bienestar para todos. Mercado y Estado se contraponen y se necesitan, se complementan y corrigen mutuamente. No hace falta ser “comunista” para defender esto que hoy en Venezuela es de vida o muerte.

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/funcionarios-reganan-card...

A los venezolanos nos urge que se faciliten los trámites y procesos de la administración pública para poder acceder a los bienes y servicios que todos requerimos para tener una verdadera calidad de vida. Esta simplificación está relacionada con los planteamientos que hemos trabajado al hablar de gerencia y requiere de un elemento indispensable para garantizar la rapidez, seguridad y transparencia que nos piden: el principio de buena fe.

Hay instituciones que aun teniendo a las personas enfrente dándoles información, solicitan una fe de vida o cartas de residencia, considerando que mienten. Entendamos que cuando se asume el modelo de desconfianza se ajustan los trámites a lo difícil por cuidarse de los que pudieran cometer fraude, que no llegan al 1%, perjudicando al 99% imponiéndoles más requisitos, que pueden falsificarse, haciendo que la gente y los organismos pierdan tiempo y dinero.

Y por otra parte, cuando confiamos en los usuarios se simplifica al máximo, se agiliza, se logra la eficiencia. Aplicar el principio de buena fe permite ahorrar recursos, ganar horas para emplear en otros asuntos y proteger al ambiente utilizando menos hojas.

Existen muchas técnicas que permiten crear caminos más cortos, lo que nos conduce a un grado mayor de transparencia y seguridad, a beneficio de la gran mayoría. Debemos iniciar con un cambio cultural entre los ciudadanos y trabajadores, hacer un inventario de los trámites y procedimientos, eliminar los pasos y recaudos innecesarios y aplicarles una reingeniería a los que quedan, racionalizarlos y optimizarlos.

La propuesta es sustituir esos requisitos y migrar a una planilla de declaración jurada de datos, en la que los ciudadanos firmen y coloquen su huella. Dejar que el Estado aplique control posterior a los casos sospechosos, usando la in-teroperabilidad, bases de datos como las del Seniat o el CNE.

Los invito a transformar positivamente las instituciones, darle al pueblo la confianza y el respeto que merece. Actuemos de buena fe.

ne.danterivas@gmail.com

http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/buena_641688

Circula la carta que varios secretarios generales regionales del Colegio Nacional de Periodistas, entre ellos la del estado Aragua, licenciada Amira Muci Castillo, hacen llegar al Presidente del CNP, Tinedo Guía, juzgándolo y condenándolo por asumir responsabilidad e integrarse a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), según ellos, organización partidista que defiende los intereses políticos “de un solo sector de la sociedad venezolana…”, lo que desdice de su imparcialidad. ¿Habrase visto? Permítanme decirles a los dirigentes gremiales que los periodistas no podemos ni debemos ser imparciales entre el bien y el mal y que nuestra fundamental bandera de lucha es por la libertad y la democracia; además, la MUD no es un “sector de la sociedad”, es la sociedad civil misma.

A través de nuestra historia, que data desde el descubrimiento, los periodistas han narrado los hechos sucedidos desde entonces y hasta esta hora, y no precisamente por afán de registrarlos como tal sino que, apegados a los escasos principios morales de la época, dejaron testimonio del trato que se nos dio en ese tiempo.

Más recientemente recordamos a periodistas como Juan Vicente González, Antonio Leocadio Guzmán, Leoncio Martínez “Leo”, Andrés Eloy Blanco, Aquiles Nazoa, Ana Luisa Llovera, María Teresa Castillo, Fabricio Ojeda, Luis Evaristo Ramírez, Guillermo García Ponce y otros que desde la Junta Patriótica y la AVP (Asociación Venezolana de Periodistas) mantuvieron una férrea lucha contra la dictadura en defensa de las libertades y la democracia. Y no me vengan con el cuento de que estamos en democracia.

La posición blandengue y pusilánime de muchos periódicos y periodistas de prensa, radio y televisión es la que da oxígeno al nefasto régimen devenido en tiranía. Ya basta de apologistas y panegiristas entregados a las dádivas y a las cuñas “institucionales” que ninguna función cumplen porque todo el mundo sabe que este gobierno es pura paja, pura muela, pura bulla, pura coba. (JRD)

Ya basta de periodistas cuidadores del cargos, maduradores de cambur, calentadores de sillas, guardadores de arepas (que no hay, por cierto), escribidores de gacetillas que no llegan a ninguna parte y, si llegan, caen en el cesto de la basura porque esos medios ni regala’os tienen quien los lea, los vea o los oiga. Pura pérdida de tiempo, de recursos y de dignidad.

Tinedo Guía, tú no puedes ser imparcial entre el bien y el mal y estás en la obligación de guiar la acción periodística hacia la democracia, hacia la libertad, hacia la recuperación de la industria periodística (¡sí, industria!) y gráfica y hacia la recuperación de miles de empleos que se han perdido por la confiscación de uno de los más sagrados derechos del hombre y de la mujer, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información y de opinión y la libertad de trabajo.

joserosariodelgado@outlook.com

De acuerdo a los borradores de decisiones ejecutivas del Presidente Trump, la vida de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos va a ser muy complicada y muy difícil en los años venideros. Antes de haber comenzado con toda intensidad, la ejecución de las deportaciones ya es vista como una persecución implacable contra los inmigrantes indocumentados a lo largo de Norteamérica. Los mexicanos y centroamericanos, que componen el grueso de los ilegales, ya están empezando a vivir una vida llena de zozobra, han decidido mantenerse con el más bajo perfil posible, salen poco de sus casas, se abstienen de frecuentar los sitios de su vida social, algunos han decidido regresar a sus países o han iniciado una lenta pero constante huida hacia Canadá, país que está dispuesto, por lo menos por ahora, a recibirlos. Hasta el momento, esta actitud temerosa que reclama acciones de ocultamiento y huida está apenas en sus inicios pero se está acelerando día a día porque ya comenzó en la práctica la cacería.

Los agentes de inmigración, que antes se sentían constreñidos y limitados por las órdenes de Obama de solo deportar a aquellos ilegales a los que se les pueda comprobar faltas graves, ahora se sienten libres y confiados porque se les ha devuelto toda la libertad para actuar. Entre esos agentes hay muchos que cumplen su deber pero sin llegar a extremos, pero hay otros, los que uno de ellos calificó de dobermans cuando entramos recientemente en Estados Unidos, que están dispuestos, yo diría que gozosos, a aplicar la ley en todo su rigor y más allá. Recientemente, requisaron a todos los pasajeros de un vuelo de Delta que llegó a New York procedente de San Francisco porque sospechaban que había un ilegal a bordo. Otros agentes se van a las puertas de las iglesias a esperar a los fieles latinos cuando termina el oficio religioso para pedirles los papeles. O salen a la calle a las 4 a. m. a hacer las redadas entre los ilegales que salen temprano a trabajar, pero a veces tocan en las casas y se llevan a los padres esposados en presencia de los hijos. Si alguien cree que estoy exagerando le recomiendo que lea el New York Times del 25 de febrero de 2017. Es una verdadera cacería humana ante la cual los que apoyan a Trump se alegran, mientras que una porción cada vez mayor de la población se horroriza ante el espectáculo.

El fenómeno de la deportación de inmigrantes ilegales no es nuevo. De hecho, Obama deportó a 2.800.000 en sus ocho años de gobierno llegando a 430.000 en el año 2013, tanto así que algunos lo llamaron el presidente deportador. Pero, de acuerdo a los planes de Trump, las acciones a tomar por su gobierno van más allá de todo lo ejecutado por Obama. Este sostenía que solo iban a ser deportados los ilegales que hubieran cometido crímenes de cierta gravedad, pero ahora pareciera que ser inmigrante ilegal es de por sí un crimen y califica a cualquiera para ser deportado. Además, hay planes de aumentar el número de agentes de inmigración en 15.000, se van a construir nuevos centros de detención temporal mientras se realiza el proceso de deportación, se está facilitando este proceso reduciendo los trámites y haciéndolos más sencillos, incluso el gobierno está tratando que los agentes de las policías locales se conviertan también en agentes de detención y deportación. A esta última medida se oponen abiertamente los jefes de esas policías y los alcaldes de las llamadas ciudades santuario como Los Angeles, Chicago, New York, donde abundan los ilegales que van a ser protegidos por sus autoridades hasta donde puedan.

Creo interesante hacer una caracterización numérica pero también cualitativa del problema de los inmigrantes ilegales para poder comprender la magnitud y trascendencia del mismo. En 1990 había solo 3,5 millones de inmigrantes ilegales, número que llegó a 12,5 millones en 2007 y se calcula ahora en 11 millones. Últimamente, es mayor el número de mexicanos que salen hacia su país que el número de los que entran. En 2005, el Pew Research Center estimó que el 57% de todos los ilegales eran mexicanos, 21% de América Central, 13% de Asia, 6% de Europa y Canadá y 3% de Africa. La mayoría de ellos viven en California (2.350.000), Texas (1.650.000), Florida (850.000) y New York (775.000).

Es importante notar que por lo menos 8 millones de los ilegales forman parte de la fuerza laboral; no se puede decir que vienen a Estados Unidos a depender del Estado. Es voz común que todos los indocumentados son excelentes trabajadores, pero especialmente esforzados son los mexicanos y centroamericanos. Muchos de ellos han formado familias pero la mayoría tiene a sus parientes cercanos en Mexico y Centroamérica. Estos últimos tienen un solo objetivo: trabajar lo más duro posible para poder enviar buenas remesas mensuales a sus países de origen y si es posible volver a ellos después de algunos años de trabajo agotador que les ha permitido pequeños ahorros. Con este fin, muchos de ellos viven en condiciones precarias, varios de ellos apiñados en pequeñas viviendas para compartir los costos de alquiler y servicios. En 2015 el valor total de las remesas desde Estados Unidos a Mexico era de $25.000 millones, un poco mayor que el ingreso por venta de petróleo en ese país. Sin embargo, India y China reciben remesas mayores que Mexico desde Norteamérica.

¿En cuáles áreas trabajan los inmigrantes ilegales en Estados Unidos? Representan el 17% de la fuerza total de trabajo en agricultura, 12% en construcción, 9% en servicios de todo tipo en las áreas de hoteles, vacaciones, ayudas domésticas. Los ilegales son importantísimos, casi diría que indispensables, en las áreas agrícola y de la construcción. Los mexicanos y centroamericanos perseguidos por Trump fueron los que construyeron sus grandes hoteles y edificios. Muchos dueños de granjas agrícolas en California, Washington, Idaho y Florida han protestado las medidas de Trump, porque sostienen que sin los inmigrantes ilegales y su empuje laboral sus negocios quebrarían. La mayoría de los nativos de Estados Unidos no están dispuestos a trabajar en la siembra, cuidado y sobre todo recolección de frutas, verduras, y vegetales de todo tipo porque son labores muy duras y mal pagadas. Entre Orlando y Tampa, sobre todo en Plant City, hay un emporio de siembras de fresa y tomate donde los ilegales se doblan el lomo todo el día en la cosecha. En un artículo reciente del Washington Post fueron entrevistados varios de esos trabajadores que se muestran muy pesimistas porque sienten que la deportación es inevitable. Esto ha traído la ausencia casi total de muchos de ellos de los centros de diversión, supermercados, iglesias, e incluso ha elevado apreciablemente la inasistencia de sus hijos en las escuelas. Muchos de ellos, que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, están designando de una vez las personas o instituciones donde dejarían a sus hijos después de su deportación.

Casi todos los economistas sostienen que los indocumentados son positivos para la economía del país y que su disminución acelerada va a traer consecuencias indeseables, especialmente en las áreas agrícolas y de la construcción. No es cierta esa irresponsable afirmación del gobierno de Trump de que los indocumentados constituyen un rutinario perjuicio para los ciudadanos americanos. Se ha demostrado que los crímenes violentos son menos frecuentes entre ellos. Pero esos hechos no pararán a Trump que ha prometido desalojar del país a todos los inmigrantes ilegales. Falta saber si va a batir el record de deportaciones de Obama y si está dispuesto a asumir los enormes costos que esa inhumana medida significa.

Según el Center for American Progress, citado por CNN en 2015, el costo de detener, confinar, y finalmente deportar legalmente a todos los inmigrantes ilegales llegaría a una cifra cercana a los 200.000 millones de dólares y la construcción del muro entre Mexico y Estados Unidos podría costar $20.000 millones. Eso sin tener en cuenta el costo que significaría la radical disminución de la fuerza de trabajo y de su aporte a la economía yankee.