Hay un barrio bastante peculiar en el estado Aragua, al centro de Venezuela, en donde los habitantes deben obedecer extremas normas de disciplina. Los hombres no pueden salir sin franelas, los niños no pueden salir a la calle luego de las 6 p.m. y las escuelas públicas siguen un régimen casi tan estricto como las militares. En el barrio nadie puede vender drogas ni cigarrillos, y todas las casas deben tener su frente iluminado y decorado con una planta, sin excepción.

Incumplir alguna regla puede llevarlos a “juicio”, donde un “jurado” los sentencia a castigos que van desde ser exiliados del barrio hasta recibir disparos con armas de fuego, e incluso la muerte.

Las férreas normas de convivencia no son impuestas por una institución militar radical ni por el gobierno local, sino por la Fundación Somos el Barrio JK, una organización social que funciona como fachada de la megabanda más poderosa de Venezuela: el Tren de Aragua.

A través de la fundación, este grupo criminal decide sobre casi todos los aspectos, desde lo social hasta lo económico, de la vida de los habitantes de San Vicente, un amplio barrio ubicado en Maracay, la capital de Aragua. A media hora de allí está el principal centro de operaciones de la banda, la cárcel de Tocorón —como es conocido el Centro Penitenciario de Aragua— donde también imponen el orden y regulan la vida de miles de presos.

Tanto en San Vicente como en Tocorón, el Tren de Aragua se ha convertido en un Estado de facto.

“Tocorón ha sido como un reinado [...] El Estado entregó el control completo”, afirma Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Pero el grupo criminal no ha establecido su reinado solo. La ayuda de elementos del Estado que han creado alianzas para trabajar y coordinar sistemáticamente con la banda, en una especie de gobernanza híbrida que combina lo estatal con lo criminal, ha sido una de las claves de su éxito.

Tocorón, la fortaleza del crimen

La historia del modelo de gobernanza híbrida desarrollado por el Tren de Aragua empieza en Tocorón. La prisión está bajo control del grupo y su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño" Guerrero, desde la década de 2010, cuando una ola de violencia en cárceles de todo el país llevó al Estado venezolano a ceder parte del control sobre las prisiones a las bandas carcelarias para disminuir las muertes.

Una vez en control, los criminales aprovecharon los beneficios logísticos y económicos de controlar la prisión, especialmente con el cobro de “causas”, una cuota periódica que los presos pagan a los “pranes” o líderes carcelarios. Al mismo tiempo, expandieron su portafolio con extorsiones y otras economías criminales al exterior de la cárcel, llevadas a cabo tanto por los presos que salen y entran sin problema de Tocorón, como exreclusos y bandas aliadas que controlan territorios.

“Todo lo que genere dinero [en Aragua], de alguna manera debe pagar una cuota a la cárcel”, señaló un miembro del Tren de Aragua cercano a los líderes de la banda, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

Como buen gerente que vela por sus negocios, el Tren de Aragua ha mantenido a la población carcelaria en orden y al recinto funcionando, aunque no sin sus problemas. Reportes de asesinatos de presos enfermos en Tocorón contrastan con la vida de lujos que la banda ha, literalmente, construido para los presos, pues ahora la cárcel cuenta con parques infantiles y piscinas, un zoológico, gimnasios, un estadio de béisbol recién remodelado y una amplia gama de negocios donde presos y familiares pueden comprar.

“Para el Estado es más fácil que la mantenga 'Niño' Guerrero porque la ha sabido mantener”, comentó un exfuncionario del Ministerio de Servicio Penitenciario a InSight Crime bajo condición de anonimato.

El control de la megabanda va mucho más allá del simple mantenimiento del orden a cambio de la impunidad para sus operaciones criminales. El gobierno venezolano ha cedido tantas de sus funciones estatales penitenciarias que la situación podría considerarse una privatización de facto del penal, en donde la banda actúa como un contratista del gobierno.

Así, parte de la logística diaria de cualquier prisión, desde el despacho de suministros hasta la movilización de presos, ocurre gracias a la cercana coordinación entre el Ministerio Penitenciario, las instituciones judiciales y policiales y el grupo criminal.

El exoficial penitenciario, quien trabajó por años en Tocorón y tenía contacto directo con Niño Guerrero, explicó a InSight Crime el funcionamiento de este sistema y las funciones de los trabajadores ministeriales. Su explicación coincide con el mismo sistema que han explicado a InSight Crime investigadores de organizaciones no gubernamentales que estudian las prisiones y la violencia en el país.

La entrega de comida es un ejemplo perfecto. A pesar de que es el ministerio el que envía alimentos para toda la población carcelaria, cerca del 60% de esos recursos terminan en manos de la banda para comercializarlos dentro y fuera de la prisión.

“El pranato sabe todo lo que llega allí”, dijo.

Los traslados de presos funcionan de otra forma, explicó el exfuncionario. Si bien el ministerio puede ordenar traslados de presos desde los retenes policiales a Tocorón, como es la norma, la mayoría de los traslados ocurren cuando los familiares pagan al pran, quien pide a sus contactos en las instituciones llevarlos a cabo.

Si los presos en Tocorón buscan mudarse a otra prisión, también deben pagar al pran, quien coordina la mudanza con el director del penal y el jefe de traslados del ministerio. El pago debe incluir los viáticos del personal penitenciario y judicial involucrado.

Y aquellos presos que “se comen la luz” —como le dicen a violar las normas del pranato— también son trasladados por el ministerio a otros penales. Para que eso suceda, de acuerdo con el exoficial, el Tren de Aragua los lleva al techo de un edificio de la prisión, donde deben coserse los labios y pasar días sin comer hasta que sean recogidos por los oficiales.

Esta clase de acuerdos no son parte de la corrupción de bajo nivel que se ha vuelto usual en las cárceles del país, sino que viene desde los más altos niveles del gobierno.

“Niño” Guerrero muy poco se reúne. Él solo se reúne con el director y con los que están por arriba del director”, señaló el exfuncionario.

Con impunidad, corrupción y el apoyo de actores políticos, la megabanda hizo de Tocorón su base de operaciones y fortaleza criminal. Pero fue más allá y exportó su modelo de gobierno híbrido a las calles y a las comunidades.

La casa fuera de la prisión

La megabanda instaló su bastión extramural en el barrio San Vicente, que, con cerca de 25.000 habitantes, es uno de los más grandes de la parroquia Los Tacariguas del municipio Girardot.

El barrio ya tenía un historial delictivo debido a la presencia de pequeñas bandas criminales que peleaban por el control de plazas de droga, lo cual empezó a elevar la tasa de homicidios, según le contaron a InSight Crime investigadores académicos y de organizaciones no gubernamentales, policías y residentes de la zona.

En 2014, San Vicente fue incluido en las “Zonas de Paz”, una política que obligaba a las autoridades a suspender operativos policiales en ciertas áreas a cambio de que los grupos locales dejaran las armas.

El plan estatal, que tuvo como objetivo pacificar zonas altamente violentas a partir de mediaciones con las bandas, solo sirvió para fortalecerlas, ya que los criminales incumplieron su parte del acuerdo, mientras que muchas comisarías policiales quedaron desmanteladas.

Aunque no se conoce con certeza en qué momento el Tren de Aragua inició su conquista de San Vicente, es posible que la zona de paz camuflara su llegada. Desde entonces, los operativos de cuerpos de seguridad en búsqueda de criminales vinculados a la cárcel de Tocorón incrementaron. Los nombres de “Niño Guerrero”, “Johan Petrica” y “Larry Changa” eran los más mencionados por policías y reportes de noticias. Ahora, son conocidos como los líderes del Tren de Aragua.

A la par, los criminales llevaron a cabo una campaña de exilio y purga contra todo funcionario de seguridad que residiera en el barrio, ahuyentando a muchos oficiales y asesinando violenta y públicamente a aquellos que decidieron quedarse.

Las tensiones aumentaron a mediados de 2015 con la implementación de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), otro plan nacional pensado para disminuir el crimen, pero esta vez con extrema fuerza y que resultó en cientos de ejecuciones extrajudiciales en varios estados del país.

Los enfrentamientos entre las bandas y las fuerzas de seguridad continuaron por un año más, hasta que las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que incluían a los oficiales de Aragua, y múltiples protestas de residentes de San Vicente pidiendo el fin de la presencia policial, llevaron al fin de las OLP.

Con la renovada “paz” de San Vicente, un proyecto que plantaría las semillas para un gobierno híbrido empezó a tomar forma. En abril de 2017 fue lanzado el “Plan Ecosocialista Hogares de Paz” por la entonces ministra para el servicio penitenciario, Iris Varela. El plan consistía en que presos trabajaran como mano de obra para la comunidad con el fin de su reinserción social.

Tras su lanzamiento, el programa fue llevado a cabo en coordinación con una nueva fundación creada pocos meses después: la Fundación Somos El Barrio JK. A través de esta fundación legalmente constituida, el Tren de Aragua canalizó recursos, estableció alianzas con elementos del Estado y empezó a dictar reglas a la comunidad.

A la cabeza de la organización estaba Kenferson Sevilla Arteaga, alias “El Flipper”, uno de los lugartenientes de Niño Guerrero que sobrevivió a los enfrentamientos con la policía. Desde sus primeras apariciones en noticias, los medios lo identificaron como el “pran” de San Vicente.

La Fundación Somos El Barrio JK —por “Juventud Kilométrica” o por las iniciales de Kenferson y su novia, según fuentes— se ha convertido en la principal proveedora de servicios públicos como el funcionamiento del alcantarillado y la electricidad. También ha impuesto su orden en las escuelas, y ha tomado a su cargo los cuidados de la población al realizar visitas médicas casa por casa, organizar talleres de educación sexual, e incluso llevar a cabo campañas de vacunación.

“Ya ha llegado al extremo de que es otro gobierno (…) No puede haber algo que tu hagas dentro de la institución que no se enteren”, dijo a InSight Crime una profesora de San Vicente. Pero agregó que “la gente ha aceptado, ha preferido quedarse con este gobierno que sí le da, que ayuda, que cumple lo que dice”.

La fachada benéfica le ha ganado el favor de muchos de los habitantes que han visto en la Fundación el rol que el Estado ha dejado de cumplir. Pero detrás de ello se esconde el estricto manejo de la vida comunitaria, a la par de una vigilancia extrema, tanto a los residentes como a visitantes, y los violentos castigos que imponen a quien rompa sus reglas.

“Ellos hacen cosas que están en contra de nosotros. No estoy de acuerdo con normas como que nadie puede pelear, la música no se puede poner hasta determinada hora (…) Hay cosas con las que nos tienen atosigados”, manifestó una residente de San Vicente a InSight Crime.

Lograr este nivel de control no fue fortuito. Para ello, el Tren de Aragua, a través de la Fundación, aseguró alianzas con la estructura comunal del gobierno, que incluye los consejos comunales, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) —el principal programa de alimentos subsidiados por el régimen de Maduro— y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), un grupo político de organizaciones con múltiples miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dedicado a la defensa de la ideología bolivariana.

La Fundación ha conseguido un rol tan importante, que sus miembros han formado parte de las ruedas de prensa de eventos gubernamentales. Durante eventos relacionados con Hogares de Paz, representantes de la Fundación se han fotografiado con Varela y demás personalidades del gobierno.

Una investigadora local, que tiene décadas haciendo estudios sociológicos en Aragua, lo que le ha permitido acceso a instituciones gubernamentales, aseguró que ha identificado a miembros de la Fundación que también trabajan para la alcaldía de Girardot, y están dedicados a establecer vínculos entre ambos entes.

Pero su papel va más allá. En ocasiones, estas personas también actúan como voceros de la banda, e incluso como recolectores de información. InSight Crime conoció que los miembros del CLAP, quienes anuncian la llegada de la comida subsidiada, además transmiten las directrices de El Flipper por grupos de WhatsApp de la comunidad. Además, mantienen un censo actualizado de la población en el barrio, algo que las autoridades competentes no han hecho en años.

El control de la Fundación JK es tan profundo, que figuras políticas locales como concejales y alcaldes son poco conocidos en San Vicente. Sus nombres se escuchan únicamente durante elecciones, cuando la Fundación apoya públicamente a los candidatos del PSUV.

Paradójicamente, los residentes han conocido a políticos de envergadura nacional, como la diputada y ex ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela y el ex vicepresidente y exgobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, quienes por años han visitado el sector y llevado consigo regalos y música. Anteriores gobernadores, como Rodolfo Marco Torres, también eran invitados por la Fundación para hacer campaña política. A diferencia de los oficialistas, los candidatos opositores han tenido prohibida la entrada al barrio.

La réplica del modelo San Vicente

La llegada del Tren de Aragua a San Vicente no fue coincidencia. Controlar un territorio fuera de la prisión les permitía incrementar sus negocios criminales y esconderse de las autoridades cuando fuera necesario.

Para entender el éxito de esta estrategia solo hay que ver un mapa de San Vicente. Su ubicación facilita la movilización por el estado Aragua y por el Lago de Valencia, con el cual colinda. A través del lago se puede llegar fácilmente a Tocorón, o mover mercancías por Aragua y Carabobo, usando lanchas y motos de agua.

Además, en el sector se encuentra un pequeño aeropuerto regional, desde el cual aterrizan y despegan vuelos privados, una zona industrial, cuyas empresas han sido extorsionadas por la banda, y un vertedero de basura, usado tanto para conseguir chatarra que luego contrabandean al exterior, o como centro de acopio y escondite.

“San Vicente fue un experimento que resultó excelente, pero fue por su geografía […] El basurero es de ellos, y el lago de Valencia. Por eso ellos deseaban tener control total del sector”, explicó el miembro de Tren de Aragua que conversó con InSight Crime.

El control de la comunidad podría proveer otra serie de beneficios que potencian la actuación del grupo, como el acceso a una población joven para reclutar.

“Ellos tienen un caldo de cultivo muy bueno en San Vicente […] la gente ve al pran como el modelo a seguir. Él cuando viene aquí trae algo del Estado, trae diversiones, trae regalos, ‘por eso quiero ser como el pran cuando crezca’”, dijo a InSight Crime un antiguo criminal de Aragua.

Las férreas normas no solo sirven para mantener el control, sino también para educar a posibles reclutas más disciplinados y con mayor potencial de liderazgo, opinó la investigadora entrevistada por InSight Crime.

“Esa es la generación de relevo”, señaló.

El dominio del barrio fue tan beneficioso, que continuaron replicando el modelo.

Tanto integrantes del Tren y bandas afiliadas han conquistado sectores a lo largo de Aragua, según efectivos policiales y residentes, donde han implementado sistemas de gobernanza criminal similares a San Vicente, aunque menos radicales.

Las zonas elegidas suelen tener algún beneficio para sus operaciones criminales, como formar parte de rutas de transporte, estar cerca de lugares estratégicos como zonas industriales para extorsionar empresas, ser barrios populosos donde puedan mantener personas secuestradas, o incluso ser lugares despejados para entrenar sus reclutas.

La corrupción en las instituciones ha sido instrumental en la expansión del Tren de Aragua. Múltiples fuentes aseguraron que trabajadores gubernamentales, concejales y alcaldes trabajan de la mano del grupo a cambio de dinero y favores. Los cuerpos policiales también han sido cooptados por el Tren de Aragua. InSight Crime conoció al menos tres casos en que oficiales alegan haber tenido que liberar a criminales vinculados a la banda por órdenes de sus superiores.

Además, el control que ejerce la banda también beneficia al gobierno de Nicolás Maduro. El criminal, cuyo hijo estaba recluido en Tocorón, dijo a InSight Crime que una de las razones por las cuales el grupo existe es para controlar a las zonas chavistas, de la misma manera en que los colectivos reprimen a las comunidades.

“El Estado no puede controlarlo todo, aunque sea una dictadura (…) se sobreentiende que ellos fueron diseñados realmente no como algo económico, sino como algo político, es decir, el Tren de Aragua y los colectivos realmente obedecerían a un mandato exclusivamente político. Así lo ve el gobierno, pero en la realidad no es así”, dijo.

La investigadora coincide en lo mismo. “A ellos los mandaron allí a tener a la gente controlada, ¿Para qué? Para que con esta situación económica la gente del pueblo, que mayoritariamente son chavistas, no se levanten, sino que por terror al Tren de Aragua se mantenga controlado”, explicó a InSight Crime la investigadora local.

A pesar de los marcados factores que caracterizan al Tren de Aragua, otros grupos con diferencias sociales y políticas, como los colectivos o los grupos guerrilleros, han logrado imponer sistemas de gobernanza muy similares, principalmente gracias a los vínculos y la profunda cooperación y colaboración con estructuras del Estado.

“Nadie tiene idea del mundo paralelo que esto representa, hay mucha participación del gobierno”, dijo el miembro del Tren de Aragua a InSight Crime.

11 de julio 2023

https://es.insightcrime.org/investigaciones/gobernanza-hibrida-dominios-criminales-tren-aragua/

Este artículo hace parte de una serie de cinco entregas que describen la creación del Estado híbrido en Venezuela. Lea los demás capítulos de la investigación, el informe completo y la cobertura relacionada sobre Venezuela en el archivo anexo.

Hay un barrio bastante peculiar en el estado Aragua, al centro de Venezuela, en donde los habitantes deben obedecer extremas normas de disciplina. Los hombres no pueden salir sin franelas, los niños no pueden salir a la calle luego de las 6 p.m. y las escuelas públicas siguen un régimen casi tan estricto como las militares. En el barrio nadie puede vender drogas ni cigarrillos, y todas las casas deben tener su frente iluminado y decorado con una planta, sin excepción.

Incumplir alguna regla puede llevarlos a “juicio”, donde un “jurado” los sentencia a castigos que van desde ser exiliados del barrio hasta recibir disparos con armas de fuego, e incluso la muerte.

Las férreas normas de convivencia no son impuestas por una institución militar radical ni por el gobierno local, sino por la Fundación Somos el Barrio JK, una organización social que funciona como fachada de la megabanda más poderosa de Venezuela: el Tren de Aragua.

A través de la fundación, este grupo criminal decide sobre casi todos los aspectos, desde lo social hasta lo económico, de la vida de los habitantes de San Vicente, un amplio barrio ubicado en Maracay, la capital de Aragua. A media hora de allí está el principal centro de operaciones de la banda, la cárcel de Tocorón —como es conocido el Centro Penitenciario de Aragua— donde también imponen el orden y regulan la vida de miles de presos.

Tanto en San Vicente como en Tocorón, el Tren de Aragua se ha convertido en un Estado de facto.

“Tocorón ha sido como un reinado [...] El Estado entregó el control completo”, afirma Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Pero el grupo criminal no ha establecido su reinado solo. La ayuda de elementos del Estado que han creado alianzas para trabajar y coordinar sistemáticamente con la banda, en una especie de gobernanza híbrida que combina lo estatal con lo criminal, ha sido una de las claves de su éxito.

Tocorón, la fortaleza del crimen

La historia del modelo de gobernanza híbrida desarrollado por el Tren de Aragua empieza en Tocorón. La prisión está bajo control del grupo y su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño" Guerrero, desde la década de 2010, cuando una ola de violencia en cárceles de todo el país llevó al Estado venezolano a ceder parte del control sobre las prisiones a las bandas carcelarias para disminuir las muertes.

Una vez en control, los criminales aprovecharon los beneficios logísticos y económicos de controlar la prisión, especialmente con el cobro de “causas”, una cuota periódica que los presos pagan a los “pranes” o líderes carcelarios. Al mismo tiempo, expandieron su portafolio con extorsiones y otras economías criminales al exterior de la cárcel, llevadas a cabo tanto por los presos que salen y entran sin problema de Tocorón, como exreclusos y bandas aliadas que controlan territorios.

“Todo lo que genere dinero [en Aragua], de alguna manera debe pagar una cuota a la cárcel”, señaló un miembro del Tren de Aragua cercano a los líderes de la banda, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

Como buen gerente que vela por sus negocios, el Tren de Aragua ha mantenido a la población carcelaria en orden y al recinto funcionando, aunque no sin sus problemas. Reportes de asesinatos de presos enfermos en Tocorón contrastan con la vida de lujos que la banda ha, literalmente, construido para los presos, pues ahora la cárcel cuenta con parques infantiles y piscinas, un zoológico, gimnasios, un estadio de béisbol recién remodelado y una amplia gama de negocios donde presos y familiares pueden comprar.

“Para el Estado es más fácil que la mantenga 'Niño' Guerrero porque la ha sabido mantener”, comentó un exfuncionario del Ministerio de Servicio Penitenciario a InSight Crime bajo condición de anonimato.

El control de la megabanda va mucho más allá del simple mantenimiento del orden a cambio de la impunidad para sus operaciones criminales. El gobierno venezolano ha cedido tantas de sus funciones estatales penitenciarias que la situación podría considerarse una privatización de facto del penal, en donde la banda actúa como un contratista del gobierno.

Así, parte de la logística diaria de cualquier prisión, desde el despacho de suministros hasta la movilización de presos, ocurre gracias a la cercana coordinación entre el Ministerio Penitenciario, las instituciones judiciales y policiales y el grupo criminal.

El exoficial penitenciario, quien trabajó por años en Tocorón y tenía contacto directo con Niño Guerrero, explicó a InSight Crime el funcionamiento de este sistema y las funciones de los trabajadores ministeriales. Su explicación coincide con el mismo sistema que han explicado a InSight Crime investigadores de organizaciones no gubernamentales que estudian las prisiones y la violencia en el país.

La entrega de comida es un ejemplo perfecto. A pesar de que es el ministerio el que envía alimentos para toda la población carcelaria, cerca del 60% de esos recursos terminan en manos de la banda para comercializarlos dentro y fuera de la prisión.

“El pranato sabe todo lo que llega allí”, dijo.

Los traslados de presos funcionan de otra forma, explicó el exfuncionario. Si bien el ministerio puede ordenar traslados de presos desde los retenes policiales a Tocorón, como es la norma, la mayoría de los traslados ocurren cuando los familiares pagan al pran, quien pide a sus contactos en las instituciones llevarlos a cabo.

Si los presos en Tocorón buscan mudarse a otra prisión, también deben pagar al pran, quien coordina la mudanza con el director del penal y el jefe de traslados del ministerio. El pago debe incluir los viáticos del personal penitenciario y judicial involucrado.

Y aquellos presos que “se comen la luz” —como le dicen a violar las normas del pranato— también son trasladados por el ministerio a otros penales. Para que eso suceda, de acuerdo con el exoficial, el Tren de Aragua los lleva al techo de un edificio de la prisión, donde deben coserse los labios y pasar días sin comer hasta que sean recogidos por los oficiales.

Esta clase de acuerdos no son parte de la corrupción de bajo nivel que se ha vuelto usual en las cárceles del país, sino que viene desde los más altos niveles del gobierno.

“Niño” Guerrero muy poco se reúne. Él solo se reúne con el director y con los que están por arriba del director”, señaló el exfuncionario.

Con impunidad, corrupción y el apoyo de actores políticos, la megabanda hizo de Tocorón su base de operaciones y fortaleza criminal. Pero fue más allá y exportó su modelo de gobierno híbrido a las calles y a las comunidades.

La casa fuera de la prisión

La megabanda instaló su bastión extramural en el barrio San Vicente, que, con cerca de 25.000 habitantes, es uno de los más grandes de la parroquia Los Tacariguas del municipio Girardot.

El barrio ya tenía un historial delictivo debido a la presencia de pequeñas bandas criminales que peleaban por el control de plazas de droga, lo cual empezó a elevar la tasa de homicidios, según le contaron a InSight Crime investigadores académicos y de organizaciones no gubernamentales, policías y residentes de la zona.

En 2014, San Vicente fue incluido en las “Zonas de Paz”, una política que obligaba a las autoridades a suspender operativos policiales en ciertas áreas a cambio de que los grupos locales dejaran las armas.

El plan estatal, que tuvo como objetivo pacificar zonas altamente violentas a partir de mediaciones con las bandas, solo sirvió para fortalecerlas, ya que los criminales incumplieron su parte del acuerdo, mientras que muchas comisarías policiales quedaron desmanteladas.

Aunque no se conoce con certeza en qué momento el Tren de Aragua inició su conquista de San Vicente, es posible que la zona de paz camuflara su llegada. Desde entonces, los operativos de cuerpos de seguridad en búsqueda de criminales vinculados a la cárcel de Tocorón incrementaron. Los nombres de “Niño Guerrero”, “Johan Petrica” y “Larry Changa” eran los más mencionados por policías y reportes de noticias. Ahora, son conocidos como los líderes del Tren de Aragua.

A la par, los criminales llevaron a cabo una campaña de exilio y purga contra todo funcionario de seguridad que residiera en el barrio, ahuyentando a muchos oficiales y asesinando violenta y públicamente a aquellos que decidieron quedarse.

Las tensiones aumentaron a mediados de 2015 con la implementación de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), otro plan nacional pensado para disminuir el crimen, pero esta vez con extrema fuerza y que resultó en cientos de ejecuciones extrajudiciales en varios estados del país.

Los enfrentamientos entre las bandas y las fuerzas de seguridad continuaron por un año más, hasta que las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que incluían a los oficiales de Aragua, y múltiples protestas de residentes de San Vicente pidiendo el fin de la presencia policial, llevaron al fin de las OLP.

Con la renovada “paz” de San Vicente, un proyecto que plantaría las semillas para un gobierno híbrido empezó a tomar forma. En abril de 2017 fue lanzado el “Plan Ecosocialista Hogares de Paz” por la entonces ministra para el servicio penitenciario, Iris Varela. El plan consistía en que presos trabajaran como mano de obra para la comunidad con el fin de su reinserción social.

Tras su lanzamiento, el programa fue llevado a cabo en coordinación con una nueva fundación creada pocos meses después: la Fundación Somos El Barrio JK. A través de esta fundación legalmente constituida, el Tren de Aragua canalizó recursos, estableció alianzas con elementos del Estado y empezó a dictar reglas a la comunidad.

A la cabeza de la organización estaba Kenferson Sevilla Arteaga, alias “El Flipper”, uno de los lugartenientes de Niño Guerrero que sobrevivió a los enfrentamientos con la policía. Desde sus primeras apariciones en noticias, los medios lo identificaron como el “pran” de San Vicente.

La Fundación Somos El Barrio JK —por “Juventud Kilométrica” o por las iniciales de Kenferson y su novia, según fuentes— se ha convertido en la principal proveedora de servicios públicos como el funcionamiento del alcantarillado y la electricidad. También ha impuesto su orden en las escuelas, y ha tomado a su cargo los cuidados de la población al realizar visitas médicas casa por casa, organizar talleres de educación sexual, e incluso llevar a cabo campañas de vacunación.

“Ya ha llegado al extremo de que es otro gobierno (…) No puede haber algo que tu hagas dentro de la institución que no se enteren”, dijo a InSight Crime una profesora de San Vicente. Pero agregó que “la gente ha aceptado, ha preferido quedarse con este gobierno que sí le da, que ayuda, que cumple lo que dice”.

La fachada benéfica le ha ganado el favor de muchos de los habitantes que han visto en la Fundación el rol que el Estado ha dejado de cumplir. Pero detrás de ello se esconde el estricto manejo de la vida comunitaria, a la par de una vigilancia extrema, tanto a los residentes como a visitantes, y los violentos castigos que imponen a quien rompa sus reglas.

“Ellos hacen cosas que están en contra de nosotros. No estoy de acuerdo con normas como que nadie puede pelear, la música no se puede poner hasta determinada hora (…) Hay cosas con las que nos tienen atosigados”, manifestó una residente de San Vicente a InSight Crime.

Lograr este nivel de control no fue fortuito. Para ello, el Tren de Aragua, a través de la Fundación, aseguró alianzas con la estructura comunal del gobierno, que incluye los consejos comunales, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) —el principal programa de alimentos subsidiados por el régimen de Maduro— y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), un grupo político de organizaciones con múltiples miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dedicado a la defensa de la ideología bolivariana.

La Fundación ha conseguido un rol tan importante, que sus miembros han formado parte de las ruedas de prensa de eventos gubernamentales. Durante eventos relacionados con Hogares de Paz, representantes de la Fundación se han fotografiado con Varela y demás personalidades del gobierno.

Una investigadora local, que tiene décadas haciendo estudios sociológicos en Aragua, lo que le ha permitido acceso a instituciones gubernamentales, aseguró que ha identificado a miembros de la Fundación que también trabajan para la alcaldía de Girardot, y están dedicados a establecer vínculos entre ambos entes.

Pero su papel va más allá. En ocasiones, estas personas también actúan como voceros de la banda, e incluso como recolectores de información. InSight Crime conoció que los miembros del CLAP, quienes anuncian la llegada de la comida subsidiada, además transmiten las directrices de El Flipper por grupos de WhatsApp de la comunidad. Además, mantienen un censo actualizado de la población en el barrio, algo que las autoridades competentes no han hecho en años.

El control de la Fundación JK es tan profundo, que figuras políticas locales como concejales y alcaldes son poco conocidos en San Vicente. Sus nombres se escuchan únicamente durante elecciones, cuando la Fundación apoya públicamente a los candidatos del PSUV.

Paradójicamente, los residentes han conocido a políticos de envergadura nacional, como la diputada y ex ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela y el ex vicepresidente y exgobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, quienes por años han visitado el sector y llevado consigo regalos y música. Anteriores gobernadores, como Rodolfo Marco Torres, también eran invitados por la Fundación para hacer campaña política. A diferencia de los oficialistas, los candidatos opositores han tenido prohibida la entrada al barrio.

La réplica del modelo San Vicente

La llegada del Tren de Aragua a San Vicente no fue coincidencia. Controlar un territorio fuera de la prisión les permitía incrementar sus negocios criminales y esconderse de las autoridades cuando fuera necesario.

Para entender el éxito de esta estrategia solo hay que ver un mapa de San Vicente. Su ubicación facilita la movilización por el estado Aragua y por el Lago de Valencia, con el cual colinda. A través del lago se puede llegar fácilmente a Tocorón, o mover mercancías por Aragua y Carabobo, usando lanchas y motos de agua.

Además, en el sector se encuentra un pequeño aeropuerto regional, desde el cual aterrizan y despegan vuelos privados, una zona industrial, cuyas empresas han sido extorsionadas por la banda, y un vertedero de basura, usado tanto para conseguir chatarra que luego contrabandean al exterior, o como centro de acopio y escondite.

“San Vicente fue un experimento que resultó excelente, pero fue por su geografía […] El basurero es de ellos, y el lago de Valencia. Por eso ellos deseaban tener control total del sector”, explicó el miembro de Tren de Aragua que conversó con InSight Crime.

El control de la comunidad podría proveer otra serie de beneficios que potencian la actuación del grupo, como el acceso a una población joven para reclutar.

“Ellos tienen un caldo de cultivo muy bueno en San Vicente […] la gente ve al pran como el modelo a seguir. Él cuando viene aquí trae algo del Estado, trae diversiones, trae regalos, ‘por eso quiero ser como el pran cuando crezca’”, dijo a InSight Crime un antiguo criminal de Aragua.

Las férreas normas no solo sirven para mantener el control, sino también para educar a posibles reclutas más disciplinados y con mayor potencial de liderazgo, opinó la investigadora entrevistada por InSight Crime.

“Esa es la generación de relevo”, señaló.

El dominio del barrio fue tan beneficioso, que continuaron replicando el modelo.

Tanto integrantes del Tren y bandas afiliadas han conquistado sectores a lo largo de Aragua, según efectivos policiales y residentes, donde han implementado sistemas de gobernanza criminal similares a San Vicente, aunque menos radicales.

Las zonas elegidas suelen tener algún beneficio para sus operaciones criminales, como formar parte de rutas de transporte, estar cerca de lugares estratégicos como zonas industriales para extorsionar empresas, ser barrios populosos donde puedan mantener personas secuestradas, o incluso ser lugares despejados para entrenar sus reclutas.

La corrupción en las instituciones ha sido instrumental en la expansión del Tren de Aragua. Múltiples fuentes aseguraron que trabajadores gubernamentales, concejales y alcaldes trabajan de la mano del grupo a cambio de dinero y favores. Los cuerpos policiales también han sido cooptados por el Tren de Aragua. InSight Crime conoció al menos tres casos en que oficiales alegan haber tenido que liberar a criminales vinculados a la banda por órdenes de sus superiores.

Además, el control que ejerce la banda también beneficia al gobierno de Nicolás Maduro. El criminal, cuyo hijo estaba recluido en Tocorón, dijo a InSight Crime que una de las razones por las cuales el grupo existe es para controlar a las zonas chavistas, de la misma manera en que los colectivos reprimen a las comunidades.

“El Estado no puede controlarlo todo, aunque sea una dictadura (…) se sobreentiende que ellos fueron diseñados realmente no como algo económico, sino como algo político, es decir, el Tren de Aragua y los colectivos realmente obedecerían a un mandato exclusivamente político. Así lo ve el gobierno, pero en la realidad no es así”, dijo.

La investigadora coincide en lo mismo. “A ellos los mandaron allí a tener a la gente controlada, ¿Para qué? Para que con esta situación económica la gente del pueblo, que mayoritariamente son chavistas, no se levanten, sino que por terror al Tren de Aragua se mantenga controlado”, explicó a InSight Crime la investigadora local.

A pesar de los marcados factores que caracterizan al Tren de Aragua, otros grupos con diferencias sociales y políticas, como los colectivos o los grupos guerrilleros, han logrado imponer sistemas de gobernanza muy similares, principalmente gracias a los vínculos y la profunda cooperación y colaboración con estructuras del Estado.

“Nadie tiene idea del mundo paralelo que esto representa, hay mucha participación del gobierno”, dijo el miembro del Tren de Aragua a InSight Crime.

11 de julio 2023

https://es.insightcrime.org/investigaciones/gobernanza-hibrida-dominios-criminales-tren-aragua/

Este artículo hace parte de una serie de cinco entregas que describen la creación del Estado híbrido en Venezuela. Lea los demás capítulos de la investigación, el informe completo y la cobertura relacionada sobre Venezuela en el archivo anexo.

En los últimos años, la industria camaronera le ha dado una nueva cara a un lago ahora lleno de piscinas enormes en las que crecen camarones que terminan en restaurantes de muchos rincones del mundo

En las cercanías del Lago de Maracaibo, el más grande de América Latina, se desarrolla una industria que le está dando un pequeño impulso a la golpeada economía venezolana.

Gran símbolo de la «Venezuela Saudita», pues fue allí donde se encontró a principios del siglo XX un mar de petróleo que le permitió al país enriquecerse sobre todo en los años 70, el lago ha sido también un gran perdedor de la explotación del llamado oro negro.

Numerosos derrames lo han contaminado y le han dado un llamativo y preocupante color verde en algunas zonas.

Pero es allí donde, contra todo pronóstico, ha florecido la industria pesquera y camaronera del país.

«Su cuenca ofrece grandes virtudes y la temperatura de sus aguas es ideal para la producción de muchas especies», le dice a BBC Mundo Fernando Villamizar, presidente de la Asociación de Productores de Camarones de Venezuela (Asoproco)

«Hay variedades de camarones que son naturales del lago, como el camarón blanco, el camarón marrón o café, que se pueden pescar, pero nosotros cultivamos otras variedades como el camarón patiblanco», prosigue.

En los últimos años, la industria camaronera le ha dado una nueva cara a un lago ahora lleno de piscinas enormes en las que crecen camarones que terminan en restaurantes de muchos rincones del mundo.

Del lago provienen cerca del 80% de las exportaciones de camarones de Venezuela.

En el año 2000 un grupo de acuicultores venezolanos se dieron cuenta del potencial del cuerpo natural de agua y crearon la Asociación de Productores de Camarones de Venezuela (Asoproco), que desde entonces ha trabajado para promover el desarrollo de la industria del camarón.

Es uno de los pocos sectores que ha tenido éxito en un país que desde 2013 sufre una debacle económica jamás vista en un país sin guerra.

Entre ese año y 2021, su economía se contrajo en más de un 75% y al menos siete millones de venezolanos emigraron a otros países.

Un «milagro económico»

En una nación que en 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, producía unos 3,3 millones de barriles de petróleo diarios que generaban millones de dólares para el Estado y empleos en muchas otras industrias, la pesca no era vista como un negocio lucrativo.

Pero la decadencia del sector petrolero venezolano, que muchos economistas atribuyen a la mala gestión gubernamental de la empresa estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), hizo que la producción cayera a unos 700.000 millones de barriles diarios en 2022.

Es un declive que ha obligado a buscar relanzar otros sectores de la economía.

La industria pesquera es una de las pocas que se ha logrado mantener a flote durante los años más difíciles de la crisis y hoy representa un foco de esperanza para muchos habitantes del estado Zulia, cuya capital, Maracaibo, está a las orillas del lago.

Cabe destacar que el petróleo sigue siendo una de las principales fuentes de empleo de la región: el lago aún produce unos 200.000 barriles diarios, que le aportan a la economía venezolana alrededor de US$4.000 millones anuales.

Pero la importancia del petróleo zuliano es hoy la sombra de lo que fue durante la Venezuela saudita de los años 70, cuando la mayoría de las exportaciones de oro negro provenían de la región.

Mientras la actividad petrolera ha decaído significativamente en los últimos años, la producción pesquera creció en valor un 17% en 2021 en comparación con 2020 y un 219% desde 2016, según cifras del Foreign Agricultural Service (FAS), una agencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

La misma fuente afirma que la industria pesquera representó el 62% de las exportaciones agroalimentarias del país y aportó US$422 millones a la economía venezolana en 2022.

Sólo la industria camaronera generó poco menos de la mitad de ese monto.

Fernando Villamizar, de la Asoproco, afirma que varios economistas se le han acercado y han descrito la industria camaronera como un «milagro económico».

«Yo siempre les respondo: ‘El milagro económico no es la industria camaronera, el milagro se llama Venezuela’. Si no tuviéramos las condiciones naturales que nos ofrece este país, nada sería posible», añade el empresario zuliano.

Un buen ejemplo de ese «milagro» es el Grupo Lamar, el mayor productor de camarones de Venezuela, que emplea a unos 10.000 trabajadores.

Hace cinco años la empresa producía apenas unas 4.000 toneladas de camarones, pero este año espera elevar la producción a entre 50.000 y 60.000 toneladas.

Proyecciones

De ser un sector que «nadie conocía», según afirman varios productores, ha pasado a ser una industria que emplea a unas 300.000 personas directa e indirectamente, según Asoproco.

Hoy, el camarón venezolano se exporta principalmente a la Unión Europea, que es de lejos el mercado principal con 77% de las exportaciones, además de Estados Unidos, China, el Sureste Asiático y Turquía. Próximamente el producto llegará a Rusia.

Los camarones se han convertido en el segundo rubro de exportación del país, después del petróleo.

Villamizar asegura que si bien no reciben «incentivos», el gobierno venezolano los apoya con la documentación para poder exportar, recibir acreditaciones y certificados en los mercados internacionales.

Se estima que este año la producción supere las 80.000 toneladas y para el año 2029 el gremio espera exportar 600.000, una cifra que pondría a Venezuela dentro de los diez principales exportadores de camarón en el mundo.

Abigail Mackey, agregada agrícola del Foreign Agricultural Service en la embajada de EE.UU. en Bogotá, quien ha trabajado en varios reportes sobre la producción agrícola venezolana, espera que el crecimiento de la industria camaronera continúe, pero afirma que las proyecciones para 2029 son un poco ambiciosas.

«Si bien la demanda global está allí, puede que haya problemas estructurales para lograr esa meta», le dice Mackey a BBC Mundo.

Villamizar, de la Asoproco, reconoce que la escasez de gasolina y los cortes de electricidad, que se han vuelto una constante en Venezuela, pueden terminar afectando la producción.

La meta de producir 600.000 toneladas es ambiciosa, pero también es modesta si se compara con el primer productor mundial de camarones: Ecuador.

«Cada día hay más gente en el sector»

Mientras que Venezuela espera exportar 80.000 toneladas del marisco este año, Ecuador exportó más de 1.060 millones de toneladas el año pasado.

Esa comparación sólo les da a los productores venezolanas ganas de seguir trabajando.

«Ecuador nos lleva mucha ventaja. Tienen muchísimos más años de experiencia que nosotros, pero en Venezuela aún tenemos mucho espacio por explotar y nuestra ubicación geográfica brinda condiciones favorables para que sigamos creciendo», afirma Villamizar.

«Nos va a costar mucho llegar a los niveles ecuatorianos de producción, pero no es imposible».

A sus 32 años, Andrés Ávila ha trabajado 18 en la industria. Él es uno de los aproximadamente 20 productores de camarones que tienen su centro en el Lago de Maracaibo y asegura que el crecimiento de la industria ha cambiado su vida.

«Estoy muy feliz con el pronunciado crecimiento que hemos tenido, gracias a eso he tenido la oportunidad de viajar varias veces al extranjero a ferias internacionales, en las que he aprendido mucho más de la industria», le dice el presidente de la empresa Camalago a BBC Mundo.

«Además, me alegra que cada día haya más gente trabajando en el sector y beneficiándose de él económicamente».

Víctima de la industria petrolera

Sin embargo, en los últimos años no sólo ha habido buenas noticias para los productores de camarones.

«El lago ha sufrido por muchos años de abusos de la industria petrolera. Todavía hay derrames y fugas de petróleo. Nosotros tenemos que reciclar el agua y tratarla para que entre limpia a nuestros centros de producción», le dice a BBC Mundo Gianni Stathakis, gerente de la cadena de suministro del Grupo Lamar.

«Antes del camarón, la industria del cangrejo era la más importante en el lago, pero debido a la contaminación y la consecuente reducción de los volúmenes de cangrejos, la gente se volcó hacia el camarón», añade.

Para hacerle frente a la contaminación del lago, los productores han recurrido a la tecnología.

«Tenemos filtradores que funcionan dentro de un sistema de recirculación del agua. Nosotros no vertemos el agua al lago y sólo tomamos de allí lo que se pierde por evaporación», explica Fernando Villamizar.

«Nos encargamos de que el agua cumpla con las condiciones que requiere el cultivo para tener un producto de alta calidad».

Una industria moderna

El presidente de Asoproco asegura que han logrado que la industria florezca organizando el gremio, capacitando a los productores, ayudándolos a recibir certificaciones para que puedan exportar sus productos y ganando espacios, lo que ha incluido el reclutamiento de más productores.

Pero la tecnología y la productividad también han sido importantes.

«Gracias a los sistemas que hemos instalado logramos reducir la mortalidad y los ciclos de producción. Cuando empezamos teníamos cultivos cada 120 días, pero hoy cada 40-45 días ya tenemos camarones de tallas comerciales», agrega.

Abigail Mackey destaca la modernidad de la industria pesquera venezolana.

«A diferencia de otros sectores agrícolas, (los productores) tienen sus certificados para comercializar sus productos, tienen equipos técnicos y plantas instaladas para producir 180.000 toneladas de camarones», explica la agregada agrícola del Foreign Agricultural Servicede Estados Unidos.

«Tienen la infraestructura necesaria para crecer y alcanzar sus metas a corto plazo y también tienen acceso al mercado de soya de Estados Unidos, el mayor productor de soya del mundo», prosigue.

Según cifras del Departamento de Agricultura de EE.UU., Washington proporciona el 90% de la soya necesaria para producir los camarones venezolanos.

Las sanciones estadounidenses impuestas al régimen del presidente Nicolás Maduro no incluyen las transacciones relacionadas con la exportación de productos agrícolas y alimenticios.

Tampoco impiden la emisión de certificados de exportación. Son excepciones de las que el sector agrícola venezolano y los consumidores se han beneficiado.

Desde 2019 hasta la fecha, las exportaciones agrícolas de EE.UU. a Venezuela han crecido un 360%, alcanzando la cifra de US$809 millones.

Contratiempos

No obstante, la industria camaronera tampoco es inmune a los numerosos problemas que enfrenta el país.

Aparte de las dificultades para adquirir el combustible necesario para mantener y exportar su producción, los acuicultores del lago también se enfrentan a problemas de logística.

Pese a que algunos productores ya están certificados para exportar a Rusia, les ha costado conseguir navieras que recojan los contenedores en Venezuela y los envíen al puerto de San Petersburgo, al noroeste de la nación euroasiática.

«El cumplimiento de nuestras metas está sujeto a que podamos tener los servicios fundamentales para mantener el crecimiento. Al final, creo que la escasez de combustible podría terminar afectando nuestras proyecciones», admite Villamizar.

«Nadie puede entender que en un país petrolero pueda existir esta situación».

Por su parte, Andrés Ávila, de la empresa Camalago, asegura que para seguir creciendo hace falta que se agilice la obtención de financiamientos bancarios, un proceso sumamente complicado en la Venezuela actual.

Pero el trabajo para muchos de estos productores zulianos no termina con hacer de Venezuela uno de los mayores productores de camarones del mundo.

Villamizar, por ejemplo, ya tiene otros planes tan ambiciosos como ese.

«Uno de los últimos proyectos que comenzamos se llama ‘Un cocotal llamado Venezuela‘. Queremos construir una importante industria cocotera con 25 mil hectáreas de plantaciones de cocoteros».

«Este es un país en el que, con todas las calamidades que hemos vivido últimamente, todavía queda gente con ganas de salir adelante. Tenemos 6.068 kilómetros de costa para convertirnos fácilmente en una potencia pesquera y tenemos potencial en muchos otros ámbitos», concluye.

12 de julio 2023

BBC News Mundo

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65779767

Un fantasma recorre Venezuela, el fantasma del neomarxismo, pero no el de Karl, el viejo topo barbudo y amargado de Tréveris, sino el del bonachón y simpático de Manhattan, el recordado Groucho Marx.

En efecto, en estos últimos días, muchos opinadores dicen que lo que hay que hacer es encender la linterna de Diógenes (que buscaba incesantemente el hombre justo) y conseguir a uno que “sea aceptado por el régimen, que gane y que cobre”.

Ciertamente, quien sienta que no puede ganar unas primarias o que su candidato no puede hacerlo, está en todo el derecho de escoger la metodología que se alinee con sus intereses. Al final, a nadie puede obligársele a pelear enchiquerado.

Lo que sí debe merecer una reflexión es la posición según la cual el mejor candidato de la oposición sería aquel a quien el gobierno diera su aquiescencia. Así, iríamos, como en un casting, presentando los nombres, hasta que haya uno que merezca el papel, o como lo diría mejor Groucho Marx, “si no le gustan mis principios (o mis candidatos), no se preocupe, tengo otros”.

En apoyo a esta propuesta, muchos suelen invocar antecedentes como los de Patricio Aylwin, asumiendo (lo cual no fue verdad) que éste fue un candidato “negociado” con anterioridad con la dictadura.

Pues bien, debatamos sobre el tema. De una vez, presento mis excusas al lector si esta nota, por esas razones, resulta un poco larga. Pido su indulgencia a ver si tratan de llegar al final.

En el caso de Aylwin, nuestros argumentadores del consenso convenido plantean que éste era la persona a quien Pinochet, si le entregaría el poder. Al final lo entregó efectivamente, pero ese hecho no se puede explicar como una argucia de Lagos y un pacto previo con la dictadura para ver si Aylwin, le era potable. Lo razonable es averiguar cuáles fueron los polvos que llevaron a aquellos lodos.

Lo primero que hay que aclarar es que Pinochet nunca se presentó a unas elecciones contra Aylwin. Meses antes hubo en plebiscito en el que se preguntó a los chilenos si debía ratificarse, o no, el gobierno, dado que el mandato de 8 años, establecido en la Constitución pinochetista, llegaba a su fin.

Las bases de convocatoria de esa consulta eran sui géneris. Si ganaba el Sí, automáticamente quedaría reelecto Pinochet (porque se establecía que los altos funcionarios del Estado lo designarían presidente) y si ganaba el No, habría nuevas elecciones.

El cuento “largo corto” es que, cuando se conocieron los resultados, Pinochet convocó un consejo de ministros y les pidió a todos su renuncia, advertido, como estaba, de que no había apoyo para desconocer los resultados. Salió de Santiago y cuando comenzaba a urdir el golpe, el comandante general de la Aviación, mientras descendía de su vehículo, fue abordado por los periodistas y dijo claramente que había que respetar la voluntad popular y que los resultados del plebiscito eran claros. Fin de la película.

Pinochet no tuvo más remedio que aceptar la realidad y fue evidente que, desde ese mismo momento, bajó los brazos. No hubo una sola insinuación de no querer abandonar La Moneda después del varapalo. Incluso, en las elecciones del año siguiente, varias de las organizaciones que le apoyaban, postularon a un joven tecnócrata, Hernán Buchi, a quien dejó, como dicen sus propios partidarios, más solo que la una en medio de la campaña.

De manera que no fue cierto que hubo un concierto entre la oposición y el gobierno para escoger un candidato potable y único. Al punto que el partido socialista chileno se presentó con dos franquicias en aquellos comicios. Una, del Partido de Lagos, al ganador, Patricio Aylwin y, otra, a Errazuriz, del Partido Socialista Chileno que sacó la nada despreciable cifra de 16%, en una elección que podía ser muy reñida.

Otra cosa y otro debate es qué fue lo que hizo Aylwin para facilitar la retirada del dictador. Esa es harina de otro costal.

Lo interesante en este momento es saber cuáles fueron las cosas que ayudaron a crear las condiciones para impulsar una transición allá y que pueden hacerlo aquí. Sobre ello, no cabe duda de que la legitimación que nació del plebiscito y la que pueda salir aquí de las primarias son claves para avanzar en ese proceso.

De manera que llevar agua al molino de las antiprimarias es (ya lo dijimos) una estrategia comprensible para quienes no pueden ganarlas, pero no hay que estirar los argumentos al punto de decir que no tienen ningún valor y que no son necesarias y que hay que partir una lanza por el fulano “consenso convenido”.

Es obvio que todos estos argumentos de un sector de las élites políticas venezolanas se han exacerbado ante la incontrovertible realidad de que María Corina Machado ganaría estas primarias. En otras circunstancias, es muy probable que sus adversarios estarían argumentando otra cosa.

Finalicemos, no obstante, con dos preguntas que pudiera parecer ingenuas, pero que encierran lo medular del asunto:

¿No es más inteligente esperar que las primarias se realicen?

¿Es que acaso una oposición legitimada popularmente no tendrá infinitamente más probabilidades de crear capacidades y condiciones para tener unas elecciones libres, unas que abran la puerta franca a una verdadera transición?

¡Caramba, “un poquito de por favor”!

11 de julio 2022

https://www.elnacional.com/opinion/nuestro-neomarxismo/

El Gobierno de Nicolás Maduro ha vuelto recurrir a una de sus armas preferidas para neutralizar a sus opositores e incluso a disidentes del chavismo: las inhabilitaciones administrativas que impone la Contraloría General de la República (CGR). En esta ocasión, el blanco ha sido la opositora y fundadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado.

La decisión la anunció el despacho dirigido por Elvis Amoroso el pasado 30 de junio a través de una carta que le dirigió no a la afectada, como sería lo lógico, sino al diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Brito. Al respecto, llama la atención que unos días antes el legislador acudió ante ese organismo para preguntarle si tenía alguna averiguación abierta contra la opositora.

La respuesta de la CGR no se hizo esperar. «María Corina Machado Parisca (…) está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría», se lee en la misiva.

El organismo aseguró que la medida contra la líder opositora responde a dos supuestos: El primero, «errores (sobreestimaciones y subestimaciones) así como omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas» que Machado presentó cuando se desempeñaba como diputada de la AN entre 2011 y 2014; y entre ellas está la «existencia de fondos administrados por justificar que representó un porcentaje cerca del 50% de los fondos administrados en el período evaluado, constituidos por depósitos y notas de crédito».

En segundo lugar, están los «hechos públicos, notorios y comunicacionales» de que

«ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) que propició el bloqueo criminal a la República (…), así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo, con la complicidad de gobiernos corruptos».

Asimismo, fue señalada de solicitar «la aplicación de sanciones y el bloqueo económico que generó daños a la salud del pueblo venezolano, por cuanto la banca internacional no aceptó los fondos provenientes de nuestra nación».

Una revisión de la manera en que se llevó el proceso y de los argumentos permitió detectar por lo menos cinco vicios o irregularidades que, a criterio de Acceso a la Justicia, hacen nula la sanción impuesta a la opositora.

1. Falso supuesto de hecho

El falso supuesto de hecho es una irregularidad o vicio de un acto administrativo, como lo es el de la inhabilitación de la CGR contra María Corina Machado, que se verifica cuando se aplica una norma jurídica a un hecho distinto al previsto por esta última.

Así, el primer motivo para considerar ilegal la inhabilitación contra Machado es que ella no es funcionario público, es decir, no desempeña ningún cargo de elección o designación en el Estado ni recibe o administra fondos públicos, ni lo ha hecho desde su cargo como diputada que fue hasta inicios de 2014 por una decisión del presidente de la AN para ese momento, Diosdado Cabello, ratificada por el máximo tribunal.

La Ley Orgánica de la Contraloría, en sus artículos 2 y 9, deja en claro que su misión de «control, vigilancia y fiscalización» es sobre «los ingresos, gastos y bienes públicos» y, por lo tanto, están sometidos a ella quienes laboran en los órganos y entidades del Poder Público nacional, estadal y municipal, los institutos autónomos, el Banco Central de Venezuela (BCV), las universidades públicas, las fundaciones y asociaciones cuyos fondos en más del 50% salgan del erario y las personas naturales y jurídicas que contraten con el Estado.

Por su parte, el artículo 2 de la Ley contra la Corrupción señala que

«están sujetos a esta Ley, las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, los funcionarios públicos, las comunas, los consejos comunales, las asociaciones socioproductivas y las organizaciones de base del poder popular, así como cualquier otra forma de organización popular, cuando manejen fondos públicos».

Ser funcionario o pertenecer al sector privado y recibir recursos públicos o administrarlos es el primer requisito para que la Contraloría pueda actuar contra alguien. Como se ve, la legislación no permite actuar contra particulares a menos que hayan recibido o administrado fondos del Estado.

Con respecto al señalamiento de que Machado participó en el interinato, ello no parece ajustado a la realidad, pues la opositora no integraba la AN electa en 2015, ya que otra inhabilitación de la CGR le impidió reelegirse como diputada. Asimismo, su nombre no figura en ninguna de las designaciones hechas por el Parlamento o por Guaidó a la luz del Estatuto para la Transición, el cual sentó las bases legales del llamado Gobierno interino.

2. Fuera de lapso

En su misiva, el despacho de Elvis Amoroso asegura que mantuvo abierto el procedimiento contra Machado que en 2015 sirvió para inhabilitarla por primera vez por 12 meses (resolución n.º 01-00-000398 del 13 de julio de ese año), y que gracias a esto le impuso una nueva sanción, esta vez por 15 años. Las explicaciones no solo lucen desproporcionadas, sino que violan flagrantemente la ley.

El artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría señala que «Las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias derivadas de la presente Ley, prescribirán en el término de cinco (5) años, salvo que en Leyes especiales se establezcan plazos diferentes». Por lo tanto, el expediente relacionado con las presuntas irregularidades en las que Machado habría incurrido en su declaración jurada de patrimonio debió haber sido cerrado hace al menos cuatro años.

Esta norma aplica también para las sanciones que podrían derivar de la declaratoria de responsabilidad administrativa como puede ser la inhabilitación política y así lo declaró el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante su Sala Político Administrativa en sentencia n.º 642 del 19 de mayo de 2009:

«la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal no prevé expresamente un lapso de prescripción para la declaratoria de las sanciones accesorias contempladas en su artículo 105, luego de declarada la responsabilidad administrativa del funcionario de que se trate.

Por tanto, estima la Sala procedente en estos casos, dada la especialidad de la materia, aplicar el lapso general de prescripción previsto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, contando el término allí previsto a partir de la fecha de la declaratoria de responsabilidad».

3. Sin derecho a la defensa

Aunque la Contraloría asegura que prosiguió sus averiguaciones en contra de Machado, la opositora no se enteró de ello, quien en una entrevista afirmó lo siguiente:

«La inhabilitación es absolutamente inconstitucional, lo es en Venezuela porque por un acto administrativo no se puede inhabilitar a nadie, pero además todo lo que están planteando allí son unas cosas verdaderamente obscenas. A la gente le ha dado por burlarse, es una cosa verdaderamente trágica, porque el régimen ni siquiera está cuidando las formas».

Machado aseguró que no fue notificada y tampoco se le permitió presentar alegatos sobre los hechos u omisiones que supuestamente se le estaban investigando. Lo anterior representa una clara violación al artículo 49 de la Constitución, el cual establece que «el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativa».

La norma constitucional antes citada también establece que «toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad».

La CGR parece basarse en que ya tenía un procedimiento abierto por la inhabilitación aplicada en 2015, por lo que no era necesario notificarla ni darle la oportunidad de defenderse, pero se trata de nuevos hechos, por lo que a todo evento se debía abrir un nuevo procedimiento con todo lo exigido por la normativa para que sea válido, habida cuenta además de que ese procedimiento está cerrado desde el punto de vista jurídico por el tiempo transcurrido desde su apertura.

4. ¿Doble sanción?

El señalamiento de la CGR de que la inhabilitación contra Machado se produjo en el marco de un expediente que le abrió en 2015 viola lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 49 constitucional, que reza: «Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente».

No se puede olvidar que ya el organismo la inhabilitó en una oportunidad, por lo tanto, cualquier otra medida similar debería ser producto de otro procedimiento, el cual, según lo expuesto desde el despacho dirigido por Elvis Amoroso, no se ha producido.

5. Sin facultad para inhabilitar

El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría otorga a su máxima autoridad, el contralor general de la República, la posibilidad de imponer las inhabilitaciones para el ejercicio de los cargos públicos por hasta un máximo de 15 años. La aplicación de este mecanismo es una medida administrativa desproporcionada que impide a los inhabilitados ejercer plenamente sus derechos políticos durante ese tiempo.

Además, la mencionada disposición legal está en contradicción con la Constitución, que en sus artículos 42 y 65 señala que el ejercicio de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. En el mismo sentido, se divorcia del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo texto reconoce como legítimas las limitaciones a los derechos políticos que estén fundadas en una condena dictada por el juez competente en un proceso penal en el que se le imponga al condenado la pena accesoria de inhabilitación política.

El tribunal regional, al decidir el 20 de noviembre de 2015 sobre la inhabilitación de Leopoldo López, determinó que el artículo 105 violaba el Pacto de San José, porque

«se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, (cuando) debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana».

El juzgado con sede en San José, Costa Rica, exigió a Venezuela que eliminara esa figura y que les permitiera a los afectados participar en todo proceso electoral. Ninguno de ambos mandatos ha sido cumplido. Es más, a pesar del dictamen internacional, la CGR ha continuado imponiendo esta sanción y tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el TSJ han validado esta práctica, impidiendo así numerosas postulaciones a distintos cargos de elección popular.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El Gobierno no cesa en sus intenciones de diseñar una oposición a la medida de cara a las presidenciales de 2024. Así, no ha dudado en recurrir nuevamente a las inhabilitaciones para sacar del juego a figuras que pudieran suponer una amenaza para su permanencia en el poder, a pesar de la ola de condenas internacionales sobre estas acciones, incluso algunas de ellas provenientes desde sus mismos aliados, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

María Corina Machado, a quien las encuestas señalan como la política con mayores probabilidades de ganar las próximas primarias, en las que la oposición escogerá a su candidato único para las presidenciales de 2024, vuelve a incorporarse al grupo de inhabilitados políticamente, integrado por Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski, Juan Guaidó, Freddy Superlano y disidentes del chavismo, quienes a causa de ello no pueden competir en elecciones o ejercer cargos públicos.

La acción contra la exdiputada siembra dudas sobre la transparencia y confiabilidad de las próximas elecciones presidenciales.

10 de julio 2023

https://accesoalajusticia.org/cinco-vicios-hacen-nula-inhabilitacion-mar...

El martes 4 de julio, Nicolás Maduro denunció intentos de la oposición de dividir a la fuerza armada. Pidió a su eterno ministro de defensa, Vladimir Padrino López, que la FAN diera respuesta “al fascismo” --calificación que define mejor que nada a su propio régimen--, “al golpismo y al imperialismo, con unión, moral, en la calle, con fuerza y que les diga claramente que con la Fuerza Armada no se metan”. Fue un ruego a estamentos de la FAN bajo su control para que siguiesen sosteniendo su dictadura. Sin este apoyo, Maduro, en marcada minoría, repudiado por la mayoría de los sectores de la vida nacional y aislado de buena parte de la comunidad internacional, no puede mantenerse en el poder. Es el uso de la violencia oficial y/o la amenaza de usarla, la que ha evitado que la voluntad popular lo haya desplazado. Por tanto, su denuncia se traduce en que los militares que lo apoyan continúen violando los preceptos constitucionales que deberían fundamentar su conducta como institución al servicio de la nación, no a su persona (Art. 328):

“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Recordemos como Chávez, luego de su separación efímera del poder en abril de 2002, se dispuso a purgar a la FAN, alineándola con su proyecto político. Le añadió el epíteto de “bolivariana” y exigió lealtad a su persona, acosando a aquellos que insistían en una conducta institucional conforme al artículo de la constitución arriba citado. Maduro acentuó esta perversión. En la Ley “orgánica” de la FANB de 2014 –ley “orgánica” aprobada por él por decreto presidencial, contrario a lo establecido en la Constitución--, identifica claramente al cuerpo militar con su régimen y le confiere un protagonismo en la conducción de asuntos del Estado y en el manejo de actividades comerciales. Pero ello es apenas el paraguas formal de la apropiación efectiva del país por parte de militares cómplices que venía adelantándose desde Chávez. Para 2018 estaban al frente de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento y televisoras, entre otras actividades. Maduro les proveyó una Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg), para que intermediaran en negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país --oro, diamantes, coltán y vanadio. Manejaron, además, a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que controla las empresas básicas de esa región, los puertos y aeropuertos, y empresas públicas como, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. Actualmente, un militar es a su vez, Ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA.

Este apoderamiento militar de porciones de la economía se benefició del desmantelamiento del Estado de derecho que marcó la gestión de Chávez y de Maduro. La ausencia de contrapesos, de transparencia y de rendición pública de cuentas redundó en un ambiente favorable a todo tipo de irregularidades, muchas al margen de la ley, para capturar rentas provenientes de la exportación petrolera. El protagonismo de algunos militares inescrupulosos en estas prácticas permite señalarlos como artífices, por ende, del régimen de expoliación que, a la luz de la ausencia de controles, terminó instalándose en Venezuela al amparo de la prédica “revolucionaria”. En tal sentido, forman parte del proceso destructivo que acabó, bajo la gestión de Maduro, con los servicios públicos, la infraestructura y los medios de subsistencia de los venezolanos. Aunado a su activo protagonismo en la represión de las variadas protestas de la gente, lo anterior los convierte en actores abiertamente contrarios al interés nacional.

¿Cómo se explica que algunos militares hayan traicionado su misión, fungiendo, de hecho, como verdugos de la Patria? Obviamente el interés crematístico, facilitado por el quiebre del ordenamiento constitucional, ocupa un papel central. Hoy, su complicidad en la devastación de la nación, sometiendo a la inmensa mayoría de venezolanos a un régimen opresivo que los condena a niveles insólitos de pobreza, a pesar de los recursos petroleros de que dispone el país, se ve reforzada por los sueldos miserables que, formalmente, percibe la oficialidad castrense. Como el resto de los empleados del sector público, tal remuneración no les alcanza para vivir. Por tanto, su control de aduanas, aeropuertos, puertos y alcabalas, como su participación en la inspección o fiscalización de actividades económicas, ha hecho de la extorsión la fuente principal de sustento para muchos. Si bien tales actividades parasitarias son comunes en dictaduras militares, en Venezuela se amparan en el discurso chavista.

Desde la independencia, o gracias a ella, los militares se han arrogado la potestad de ser decisores activos de los destinos de la patria. El sacrificio de vidas y la sangre derramada constituía la credencial de honor con la cual reclamar su función tutelar sobre la sociedad. Pero la FAN de hoy nada tiene que ver con el Ejército Libertador. Tiene sus orígenes en la profesionalización de la carrera militar instituida bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, que acabó definitivamente con las montoneras que asolaban al país durante buena parte del siglo XIX. Pero Chávez, en los delirios iniciales con que arribó al poder, les dijo a los militares que eran los herederos del legado emancipador. Como tales, estaban llamados a conducir la patria hacia los destinos gloriosos que su liderazgo deparaba. Tan patriótico rol tutelar los convertía en genuinos dueños del país. Con base en el culto a Bolívar y una retórica antiimperialista que sustituía a la España de principios del siglo XVIII por EE.UU., hizo de la FAN una especia de Guardia Pretoriana a su servicio. Entre otras cosas, la llevó a apoyar a los insurgentes colombianos (FARC, ELN), permitiendo que traficaran drogas a través del territorio venezolano. De ahí surgió, como sabemos, el llamado Cartel de los Soles, en el cual se señala participación de miembros de la alta oficialidad militar. Y, con una prédica de odio contra quienes se oponían a su proyecto, fue moldeando conductas fascistoides entre los integrantes de la cúpula militar que lo apoyaban. ¡Patria, socialismo o muerte!

En este proceso, Chávez destruyó a la FAN como institución, sustituyendo el compromiso jurado de ésta con los supremos intereses de la nación, por la lealtad a su persona. Relevó de mando a quienes no asentían a esta sumisión y detuvo, con acusaciones frecuentemente inventadas, a aquellos que podían poner en peligro su ascendencia sobre el cuerpo castrense. Maduro, desprovisto de tal ascendencia, ha acentuado la represión de militares institucionalistas. Con participación de la inteligencia cubana, ha desatado, bajo la DGCIM y el SEBIN, un verdadero reino de terror en su seno. Más de la mitad de los presos políticos en Venezuela actualmente son militares, unos 150. Investigaciones de organismos defensores de los derechos humanos, de la ONU, la OEA y ONGs respetables, reportan que muchos han sido sometidos a torturas salvajes. Se registra la muerte del capitán Acosta Arévalo, Rafael Arreaza Soto y Gabriel Medina (policía), entre otros. El compromiso de integrantes de la cúpula militar con el régimen de expoliación que arruinó al país se ha traducido, además, en la feudalización de la estructura castrense en REDIs, ZODIs y ARDIs. Muchos han degenerado en “cotos de caza” repartidos a través del territorio nacional, a ser depredados por auténticas mafias.

Maduro anunció el 5 de julio, el reemplazo de los comandantes del ejército, la armada, la aviación y la milicia bolivariana, y otros cambios en la cúpula militar. No obstante, ratificó a Padrino López, quien lleva 9 años como ministro de defensa, y a Domingo Hernández Lárez en el Comando Estratégico Operacional de la FANB. Son anclas del fascismo castrense que busca consolidar. Algunos analistas señalan que estos cambios se deben al malestar e inquietud creciente dentro de la estructura militar, que no puede ser ajena a la tragedia que vive el país. A ello obedecería su denuncia sobre supuestos intentos de la oposición de dividir a la FAN. ¿Se desmorona el sostén castrense de Maduro? ¿Hasta cuándo se va a prestar el componente militar a servir de salvavidas a quienes tienen como finalidad la destrucción del país? Es lamentable que siga descomponiéndose lo que una vez fue una institución respetada.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Según refieren Plutarco y algunos historiadores posteriores, durante confrontaciones bélicas a veces el mensajero que portaba malas noticias era ejecutado. Si la información era favorable, lo elevaban a héroe. Uno de los más famosos, Filípedes, quien anuncio a los atenienses la victoria sobre los persas, perdura hasta nuestros días en la competencia de Maratón. Las religiones también tienen sus mensajeros que comunican a los hombres las decisiones de un Ser Supremo. Así, dos ángeles llevaron el mensaje a Lot de que debía huir de Sodoma porque sería destruida, y el arcángel Gabriel informó a María que tendría a Jesús. Hoy, millones de mensajeros llevan documentos, mercancías y comidas de un punto a otro de nuestras ciudades. En la política, la mayoría de los dirigentes de los países tienen sus mensajeros o portavoces. Mientras más mediocres, más mensajeros y de cualidades cuestionables.

Este mecanismo les permite comunicar sus decisiones a bajo costo, caso de que tengan rechazo. Algo así como tantear a la opinión pública. Caso de que no sean aceptadas, matan al mensajero, es decir lo destituyen o desautorizan. En los países democráticos hay pocos portavoces. En Venezuela, cualquier hijo de vecino tarifado es mensajero de Maduro, aunque también los hay en la oposición.

Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez son los mensajeros inescrupulosos de mayor rango inscritos en el PSUV. Entre los no inscritos, pero enchufados, están José Brito y Luis Ratti, porte-parole de menor rango que se hacen pasar como opositores.

Entre los demócratas, recientemente se ha dado a conocer Luis Florido, del partido Un Nuevo Tiempo y anteriormente de Voluntad Popular, quien declaró que “los candidatos inhabilitados por la Contraloría deben declinar su postulación en la Primaria”. Es decir, sin pudor acepta sumisamente lo que ha ordenado el régimen y, además, viola lo acordado por la Comisión Nacional de Primaria. Recordemos que, hasta ahora, los inhabilitados por orden de Maduro que esperan medirse en la Primaria son María Corina, Henrique Capriles y Superlano. Después podrán agregar otros.

Florido, en vez de decir que hay que rechazar la medida arbitraria y presionar para que sea revertida, prefirió bajar la cabeza. Mientras tanto, Manuel Rosales, el jefe de su partido guarda silencio. Resulta tentador pensar que Florido es su mensajero. A Rosales lo apoyamos cuando lanzó su candidatura presidencial y no hemos estado de acuerdo en las acusaciones de que es colaboracionista del régimen. Hemos pensado que es un político práctico, que para mantenerse en la gobernación, que no lo enjuicien o le eliminen el situado constitucional, ha tenido que llegar a ciertos acuerdos de convivencia. Eso podría entenderse, ya que es preferible que él sea el gobernador de ese importante estado y no uno rojo. Su silencio y su decisión de nombrar como candidato a la Primaria a un desconocido, inclinan a pensar que está como caimán en boca de caño, esperando que pueda ser designado a dedo como el candidato contra Maduro. Ojalá aclare su posición.

Delsa Solórzano, precandidata en la Primaria propuso “un debate para establecer un orden de sucesión en caso de que resulte ganador un aspirante inhabilitado por la Contraloría”. Extrañamente, en vez de luchar para que la Contraloría retire esas inconstitucionales inhabilitaciones, se inclina por dejar pasar esa arbitrariedad. Ambos deben entender que ninguno de nuestros precandidatos está inhabilitado legalmente.

Todo el sector político y la sociedad civil de oposición debemos elevar nuestra protesta ante instancias internacionales y en Venezuela, para que quien gane la Primaria sea quien confronte a Maduro. Nuestros candidatos a la Primaria deben tener comunicación directa con los ciudadanos, sin utilizar mensajeros. Es la vía para llegarle a los electores.

En Gente del Petróleo apoyamos la Primaria, pero respetando la diversidad de opiniones de nuestros afiliados, solo haremos campaña por quien gane esa elección.

Como (había) en botica:

La relativamente baja inscripción en la Primaria es explicable por varios factores. Sigamos adelante hacia el 22 de octubre como primer paso para salir del régimen.

Citgo estaba perdida en el 2019, por las demandas de empresas afectadas por las confiscaciones arbitrarias ordenadas por Hugo Chávez y Maduro. Las gestiones de las directivas ad hoc de Pdvsa presididas por Luis Pacheco y por Horacio Medina, así como las realizadas por los abogados han permitido que Citgo no haya caído en manos de los acreedores. En este tiempo, la gestión de Carlos Jordá y su equipo gerencial ha logrado recuperar las operaciones de la empresa, la cual se encuentra en óptimas condiciones. Sin embargo, sigue el peligro de que la perdamos por decisiones judiciales.

Felicitaciones a Antonio Ledezma, impecable su actuación ante la Fiscalía del Reino de España, en la que desbarató la encerrona del régimen de Maduro.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com