Las elecciones presidenciales turcas de mayo del 2023 fueron seguidas con pasión en Europa y otras zonas del mundo. Como afirmamos en un artículo anterior, toda elección local tiene hoy –sobre todo en tiempos de guerra– una connotación global. Más todavía si hablamos de un país como Turquía, miembro de la OTAN, puente cultural entre la Europa moderna y el mundo islámico.

Con un gobierno autoritario, tendencialmente autocrático, cada vez más parecido al de la Rusia de Putin, pero que económica y culturalmente ha integrado a valores y formas políticas de la Europa posmoderna, originando así una contradicción que ha llegado a ser parte de la vida cotidiana del país. Tradición en contra de la modernidad, dirán los seguidores de Max Weber. Pero la tradición es mucho más que el otro polo de la modernidad. Sobre eso, discutiré en este texto.

La Turquía de Erdogan

En Turquía colisionan todas las tendencias incubadas en la modernidad con la resistencia que ofrece su pasado histórico, contradicción no solo turca pero que se da con mayor claridad en Turquía que en otros países.

Las esperanzas de que esta vez Erdogan iba a ser desbancado no eran infundadas. Turquía padece una profunda crisis económica, una inflación desatada, un terremoto que no solo dejó ruinas sino, además, mostró ineficiencia administrativa para manejar la crisis. Por esas razones, las encuestas optimistas a favor de la Alianza Nacional representada por el político centrista Kemal Kilikdarouglu hacían suponer que el optimismo parademocrático estaba bien fundado.

Los resultados son conocidos. Pese a todas sus falencias, Erdogan logró imponerse en la primera vuelta bordeando la mayoría absoluta (49,5%). Todo hace suponer que, en la segunda, Erdogan aumentará su porcentaje pues los votantes del ultranacionalista Sinan Ogan y su partido ATA (5%) están más cerca del erdoganismo que de la opción de Kilikdarouglu. Definitivamente tenemos que llegar a una conclusión: la mayoría de la ciudadanía turca está con Erdogan.

Fraude no hubo. La campaña, cierto, no fue limpia, como no lo es bajo ningún gobierno autocrático. Pero con eso había que contar. De modo que la conclusión se mantiene: los votantes turcos prefieren un gobierno autoritario, uno que tiene las cárceles llenas de opositores, uno que restringe la libertad de opinión, uno que mantiene amistad con dictaduras islámicas y autocracias europeas, uno que ni siquiera ostenta números exitosos en el manejo de la reciente crisis económica. Pero todo eso –y es mucho– no debería asombrarnos si partimos de una premisa históricamente comprobada: Ningún pueblo, el pueblo turco tampoco, es democrático por naturaleza.

La opción democrática no es más que eso: una opción, y quienes no la eligen tienen razones a las que, sin estar de acuerdo con ellas, deberíamos por lo menos tratar de entender. Sobre todo, si consideramos que Erdogan está lejos de ser el primer autócrata que accede al poder para después mantener su apoyo popular. Los latinoamericanos sabemos algo de eso. Ni un Chávez, ni un Evo, ni un Bukele ni un Bolsonaro, y ni siquiera un Ortega o un Maduro, llegaron al poder por medios no democráticos. La autocratización viene después: es, si se quiere, posdemocrática.

La democracia es en ocasiones tan democrática que permite el acceso al poder de candidatos cuyo objetivo es restringirla. O como en los casos de Hitler ayer y Putin hoy, destruirla. Con mayor razón puede ocurrir en un país como Turquía, depositario de tradiciones a las que de ningún modo podemos designar como democráticas.

En clave weberiana podríamos decir que, entre el candidato de la tradición y el candidato de la modernidad, la ciudadanía turca se inclinó a favor de la tradición, pero de una tradición –y aquí abandonamos de inmediato a Weber– que no está en el pasado sino situada en un lugar del presente político.

Tradición es el pasado constituido, vivo en tiempo presente en instituciones que fueron creadas en el pasado. Un pasado-presente en donde el tradicionalismo, viniendo de ayer, vive en el presente con más fuerza que en el pasado de donde vino. Y es claro: la tradición del pasado nunca fue vista por quienes la vivieron, como tradición. La tradición es una invención del presente. Todos los tiempos han sido modernos para sus contemporáneos. De modo que un pasado-presente, es el fundamento de toda vida humana, sea individual o social.

O dicho a la inversa: La clausura del pasado, llamada de modo clínico amnesia, destruye al presente y conduce a la locura, sea esta individual o colectiva. Así nos explicamos por qué los movimientos que han pretendido hacer de nuevo a la historia, destruyendo a los fundamentos del pasado, han llevado a grandes catástrofes.

Erdogan es tradicionalista, y a su modo, Kilikdarouglu también lo es. Pero bajo Erdogan, no hay que olvidarlo, Turquía accedió a la economía y a la tecnología moderna. En la visión de sus electores, Erdogan ha conducido a su país a la modernidad sin romper con la tradición. Recordemos también que entre 2003 y 2007 la economía turca creció a ritmos inusitados hasta llegar a ser una semipotencia económica moderna. Turquía es hoy la 19. economía del mundo, con un PIB anual de 819.04 Usd millones, es miembro de la OCDE y del G20, y durante la guerra en Ucrania, su peso político internacional continúa aumentando.

Por cierto, Erdogan es un hombre profundamente tradicionalista. Su concepto de sociedad es patriarcal al extremo, las diversas tendencias que contradicen su visión del mundo, sean políticas o sexuales, no solo están prohibidas, son además perseguidas desde el poder. Su estilo de gobierno es personalista, no oculta su aversión por el debate parlamentario, y sus ideales de orden, familia y patria son rígidos.

En breve: Erdogan no es un dictador no porque no quiera, sino porque no puede. Así nos explicamos por qué la mayoría de la población de las grandes ciudades, sobre todo profesionales, intelectuales, más la juventud universitaria, son predominantemente occidentalistas y, por lo mismo, antiErdogan. El mundo agrario y suburbano, en cambio, es profundamente erdoganista.

No extraña entonces que gran parte de la ciudadanía haya reelegido a Erdogan en contra de una occidentalidad política y cultural frente a la cual imaginan sentirse amenazados en sus propios reductos internos.

Erdogan pertenece a un término medio turco. Económicamente es liberal, políticamente es antiliberal. De tal manera, quienes votaron por Erdogan votaron por la tradición, pero por una tradición modernizada bajo la tutela del mismo Erdogan. Además, es muy religioso. Y a la religión, no solo en el mundo islámico, pertenece la tradición. Verdad que aprovechó el ministro de justicia turco para plantear que la elección presidencial del 14 de mayo fue «entre creyentes e infieles». Evidentemente, no era así, pero no pocos votantes lo entendieron así.

Kilikdarouglu también es religioso, y a pesar de sus ideas sociales más que socialistas, es un hombre de corte conservador. No obstante; el bloque que lo apoya, formado por diversos partidos, dista de representar el orden de una manera tan monolítica como lo hace el Partido Desarrollo y Justicia de Erdogan (AKP).

Si damos un vistazo a los principales partidos de la coalición anti-Erdogan (CHP), veremos que ahí conviven no solo posiciones diversas, sino antagónicas: Partido Republicano Liberal, Centro izquierda «kemalista» (al que pertenece Kilikdarouglu, es más bien social demócrata), Partido Bueno (conservador y nacionalista), Partido de la Felicidad (islamista y conservador), Partido Demócrata (centro derecha). A ese abanico se sumó el partido nacionalista kurdo HDP, que más bien asusta a los sectores medios del país en lugar de ganarlos.

En fin, una bolsa de gatos. Así tenemos que mientras más grande es la coalición antiErdogan, mayor es la inviabilidad política que muestra. En cierto modo, lo único que une a todos esos partidos es el antierdoganismo, y eso no es suficiente para cuestionar el principio de autoridad encarnado en la persona de Erdogan.

En suma: La coalición de Kilikdarouglu, prometía más libertad, pero no prometía más estabilidad. Y, aunque no nos guste, tenemos que aceptar que las grandes mayorías de cada nación anhelan orden, seguridad y estabilidad.

Además, Erdogan no está solo y por lo mismo está lejos de ser un fenómeno singular. Por el contrario, puede ser visto como un miembro de una familia internacional formada por gobiernos como el de Hungría, Polonia, Serbia, y en los últimos tiempos, Israel. Todos abiertamente antiliberales y, por si fuera poco, confesionales. El triunfo de Erdogan no ha hecho más que seguir un curso dominante en la política europea y occidental ¿por qué no podía darse en una nación semieuropea, como es Turquía?

Los autócratas de nuestro tiempo han redescubierto a la religión y a sus instituciones como factor de poder. En la práctica forman parte, junto a la Rusia de Putin –cuyo autoritarismo ha derivado en la reconstrucción de un poder totalitario– de una contrarrevolución antiliberal, anti- parlamentaria, personalista y autoritaria de carácter planetario.

Sexualidad política

Hemos escrito «contrarrevolución antiliberal». Ese «contra» es muy importante. De hecho, da por supuesto que en Occidente tiene lugar una revolución. Efectivamente, así es, aunque para los occidentales, los cambios experimentados en los últimos tiempos no sean vistos como revolucionarios, de acuerdo a cualquiera definición, estamos viviendo una revolución en la que desde el momento en que tuvo lugar el fin del comunismo, aumenta la cantidad de países que adoptan la democracia no solo como forma de gobierno sino también como modo de vida, afectando no solo al orden social, sino también al interfamiliar e incluso al individual.

Nos referimos en este punto, a la revolución sexual del siglo XXI, una que ha hecho del cuerpo humano y no a la persona jurídica abstracta, un sujeto que, siguiendo la ruta trazada por Foucault, ha puesto en debate público esa parte más corporal de la corporeidad que es la sexualidad. Y aunque usted no lo crea, ese motivo, la irrupción de la corporeidad, tiene una importancia política que alguna vez deberá ser reconocida.

Al menos los ayatolas de Irán ya han entendido que la lucha en contra de la obligatoriedad del velo, asumida por mujeres, pero también por algunos hombres, tiene un potencial político altamente explosivo, y ese no es otro que sustraer al cuerpo humano de los dictámenes del patriarcalismo familiar, en los países islámicos base del patriarcalismo estatal y dictatorial. En Turquía esa obligatoriedad no existe, pero la presencia ostentosa de la siempre muy velada primera dama de la nación, indica claramente cual es el modelo a seguir, según Erdogan.

Las luchas feministas y femeninas (no es lo mismo) han impulsado a la lucha por la corporeidad, confrontándose con instituciones, sean estas religiosas o gubernamentales. De una manera u otra, puede decirse que en territorio occidental las reivindicaciones político-sexuales han logrado imponerse. Incluso ya están establecidas, normativizadas e institucionalizadas en leyes como son las de la permisión del aborto bajo determinadas circunstancias, o el matrimonio igualitario, y no, por último, en el derecho a cambiar de sexo.

Naturalmente, si esta nueva realidad despierta aversiones culturales en los países occidentales (sin la que fenómenos como el trumpismo, y otros exabruptos de extrema derecha serían impensables) con mayor razón aparecen de modo multiplicado en regiones y países en donde la palabra de la religión (o del partido, como en China) prima sobre la palabra de la Constitución.

Imaginemos por ejemplo a un campesino turco de Anatolia quien, después de la faena diaria, llega a su casa y enciende el televisor y de pronto se ve confrontado con escenas donde no solo es predicada sino además practicada la bi, la trans y la intra sexualidad. Naturalmente, si no se siente ofendido, deberá sentirse al menos desorientado. No será extraño entonces que ese campesino comience a clamar por la reconstitución del orden perdido, por la restauración de la vida familiar de tipo patriarcal que él consideraba natural (y lo es, de acuerdo a la economía campesina). Y bien, a favor de la recuperación de ese orden perdido está Erdogan y sus colegas internacionales, tanto en el mundo islámico como en el europeo del este y, por supuesto, en ese lejano occidente llamado América Latina.

Junto a la ampliación de las libertades y, por ende, de la democracia, estamos viviendo reacciones antiliberales y antidemocráticas, a veces muy virulentas. Es lógico que así sea. Muchos de los que votaron por Erdogan, lo hicieron en defensa de sus identidades patriarcales y autoritarias, incluso en contra de sus propios intereses. Y si hacemos un esfuerzo e intentamos ponemos en el lugar de esos votantes, podría suceder que, desde el punto de vista de ellos, encontraremos razones a las que hay que prestar atención. Hay, en efecto, multitudes de seres que se sienten desautorizados por los cursos de una modernidad a la que no pueden tener acceso. Que reclamen por el restablecimiento de lo que ellos creen ver como la autoridad perdida, tanto en la vida familiar como en la nacional, no es algo difícil de entender.

¿Qué es la autoridad?

Pero para decirlo con Hannah Arendt, no todas las posiciones que llevan a exigir el restablecimiento de la autoridad, son necesariamente autoritaristas.

En su texto ¿Qué es autoridad? (1957) hacía Arendt una fina diferencia entre poder y autoridad. El poder ejercido mediante la coacción y la violencia, afirmaba, es todo lo contrario al principio de autoridad. De la conservación constitucional e institucional de ese principio, aducía, depende la existencia del espacio político. Sin autoridad institucional, no hay política, es su deducción. Eso no quiere decir, entiéndase bien, que la política debe ser autoritaria. Quiere decir simplemente que –por lo menos en formato democrático- solo puede tener lugar en el marco de un orden institucionalizado y constitucionalizado.

Autoridad, orden, constitución, son pilares sobre los cuales reposa todo orden jurídico y político. En un mundo anárquico, en pleno desgobierno, en la lucha de todos contra todos, no puede haber política. Por eso decía Arendt que las legítimas luchas en contra del hambre y la miseria no llevan de por sí a un orden donde primará automáticamente una mayor libertad. Todo lo contrario, un orden democrático, institucional y constitucionalmente establecido, es la condición para que las luchas sociales tengan lugar de modo político, a través del debate y los representantes que elegimos. En ese sentido Arendt invierte la posición weberiana: entre tradición y modernidad no hay contradicción, afirma. Solo a través del reconocimiento de la tradición pueden ser creadas las condiciones que hacen posible las innovaciones, e incluso las rupturas con respecto a la tradición.

La pensadora política recurre para ejemplificar, al dictamen romano que dice: «el poder reside en el pueblo, la autoridad reside en el senado», distinguiendo claramente entre el origen (simbólico) del poder y la residencia (no simbólica) del poder. Pues bien, esa parte del discurso arendtiano nos invita a dejar de lado la arrogancia occidentalista y tratar de entender por qué, en determinadas ocasiones, el pueblo usa su poder para restablecer el principio de la autoridad perdida o simplemente amenazada.

Por supuesto, los pueblos también se equivocan. No son pocas las veces en las que, en el deseo de restablecer el principio de autoridad, vale decir, de recomponer esa necesaria conexión que debe darse entre presente y pasado, los pueblos eligen a dictadores que usurpan el poder del pueblo y con ello al propio principio de autoridad que los convirtió en gobernantes (quizás el ejemplo de Putin es el más claro).

Esa necesaria autoridad, aduce Arendt, es la que llevó a los antiguos griegos a instituir los consejos de ancianos, institución que hacía de nexo entre el pasado y el futuro. De acuerdo al espíritu genial de su tiempo, los griegos entendieron que sin pasado no hay futuro.

El ser no es un ser del presente, es un ser en el tiempo, pensaba Heidegger, en su intento compartido por Arendt de hacer revivir el espíritu griego. En la filosofía, según Heidegger. En la política, según Arendt.

La autoridad viene de la tradición, y sus sujetos principales no son las personas sino las instituciones a las que hay que preservar hasta que sea necesario removerlas y fundar en ese mismo espacio, otras. Esa es la razón por la que países económica y políticamente muy desarrollados de Europa mantienen vivo el principio simbólico de una monarquía cuyos reyes no mandan ni gobiernan, pero sí actúan como representantes de un pasado que ha hecho posible la existencia del presente. En algunos países –EE UU y Alemania entre otros – el Rey ha sido sustituido por el reinado de la Constitución. La idea es la misma: el presente no solo viene de la tradición: la tradición también forma parte del presente.

Puedo explicarme entonces por qué muchos jóvenes turcos residentes en Europa votaron por Erdogan. Puede que algunos hayan votado por “un padre” o incluso siguiendo a su propio padre. Decisión a la que no me atrevo a criticar. Para vivir en política, aun no estando de acuerdo con los diferentes, hay que tratar de entenderlos y también, si se da el caso, cuestionar no solo a ellos, sino a nosotros mismos.

Los cambios culturales y políticos que tienen lugar en Occidente son al fin un legado de la tradición de la Ilustración, de las reformas religiosas, de las revoluciones democráticas en EE UU y en Francia y, no, por último, de la revolución democrática que puso fin a las dictaduras comunistas en 1989-1990. No podemos exigir entonces el mismo comportamiento político a pueblos que han vivido otras historias. El camino que los llevará a la democracia (si es que alguna vez los lleva) no será el mismo que han recorrido los pueblos de occidente.

El camino que eligió Ucrania, para poner el ejemplo más quemante de nuestros días, lo decidieron los ucranianos el año 1991, cuando por aplastante votación (80%) optaron por ser parte del mundo occidental y no de una autocracia antioccidental, como es la dictadura de Putin. Del mismo modo, el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de mayo del 2023 que dieron el triunfo a Erdogan, fue una decisión política de los ciudadanos turcos cuyo mensaje puede leerse como un pronunciamiento en contra de lo que ellos ven como una pérdida del principio de autoridad. En los dos casos, la decisión fue política. Y la política, sobre todo la electoral -lo acepten o no los electores turcos- nació en Occidente.

Twitter: @FernandoMiresOl

Fernando Mires es (Prof. Dr.), Historiador y Cientista Político, Escritor, con incursiones en literatura, filosofía y fútbol. Fundador de la revista POLIS.

España pasea por un colapso económico-social, obra de la desopilante coalición PSOE-Podemos, y si volvieran a ganar, sería un naufragio crónico-recurrente como el argentino. Al Partido Popular tendrá enormes complejidades para sacarla del abismo, como a Giorgia Meloni, de flexibilidad, inteligencia y valor para lograrlo con el apoyo europeo. El consorcio ibérico Ferrovial se pira a los Países Bajos, donde la deuda pública está en baja, las variables económicas bajo control sin peligro de crack. Pero sicópatas totalitarios pretenden darle órdenes de quedarse a ver si quiebra, un triunfo “contra la burguesía. Luego de los brillantes gobiernos de Felipe González y Aznar, desde 2008 el despilfarro dispara la deuda pública, cuadruplicada hoy de 400 mil millones a 1 billón y medio de euros. Con Sánchez, España ingresa al club de los más endeudados del planeta y lo encabeza en la Unión Europea, con crecimiento económico 0. No se recupera de la pandemia, ni de los efectos de la guerra de Ucrania y puede llegar al punto de no pagar sueldos y pensiones, amenaza grave para la existencia del Euro y que no requiere solo ajustes, sino revertir estos cinco años desquiciados. Pero no hay razones para sorprenderse y hasta las palomas conocían la curva del neocomunismo- populismo, menos los tarúpidos que la trazaron. En 2008, Europa se modernizaba había dinero abundante para derrochar, pero a partir de la crisis financiera, en vez de de austeridad, España se endeuda para despilfarrar más. La quiebra de empresas destruía 10% de empleo privado, pero la irresponsabilidad oficial contrata 150.000 empleados públicos, pagados con impuestos, más deuda, sustracción recursos a la inversión en servicios, e inflación.

Más créditos para funcionar que hipotecan y empobrecen al país. En los días de esplendor, las acreencias eran moderadas, 35% del PIB, un cuarto de la actual (130%), y ante la amenaza a la existencia del euro, el Banco Central Europeo rescata España, Portugal, Italia y Grecia, “compra”-perdona la deuda en 2012. Como un amigo rico, asume la hipoteca, las vacaciones, el carro, el colegio y las tarjetas de crédito del derrochador. Luego Mariano Rajoy en 2015 la reduce relativamente con respecto al PIB, pero faltaba mucho, había que continuar los cambios y lo defenestran, luego de que libra a España de ser Grecia. Pedro Sánchez es presidente provisional desde junio de 2018 hasta enero de 2020, con Podemos en la calle, la bestia rugiente del populismo “indignado”. Luego de las elecciones de noviembre 2019, Sánchez pacta con el Diablo, entrega el alma por la investidura, 167 a 165 votos y se alía con todo bicho de uña y pezuña: anticapitalistas, antiespañoles, Podemos, PNV vasco, Esquerra Republicana, ecosocialistas, exterroristas y mete cocodrilos en la piscina. Alfredo Pérez Rubalcaba, dirigente histórico del PSOE, habló del “gobierno Frankenstein que pondría en jaque la integridad de España. Esa alianza de ultras realiza su desvencijada agenda, y los resultados son envilecimiento de la vida política y entropía social. Una perspectiva de eggs-head universitarios, sin sentido de la realidad, librescos, fanáticos, culturalmente primitivos, inventan problemas que no son, empeoran los que son y quienes no comparten sus alucinaciones son parásitos, ladrones, heteropatriarcales, tránsfobos, o cualquier otra ocurrencia imbécil.

Aumentan el salario mínimo en 50%, a 1080 euros, no por incrementar productividad y los dividendos, sino por populistas, con la consecuencia universal: si suben los costos de las empresas y bajan las ganancias, se reducen la inversión y la contratación. Antikapitalistas, su fin es la bancarrota de empresas y celebran que por primera vez en la historia española, se crean más empleos improductivos públicos, que en las empresas. A diferencia del resto de Europa, no se recupera del ingreso familiar en la post pandemia, pero si la tasa de inflación más alta de la UE. La ruina la pregonan los datos: 70% de los hogares, siete de cada 10, gasta más de lo que gana, no producen lo suficiente para vivir. De estos, casi la mitad consumen sus ahorros y se endeudan, clase media arruinada, rasgo propio del populismo. Para 2022, las familias redujeron su consumo básico en 25%. Y como en todo Frankenstein progre, la inflación reduce el salario e incrementa la riqueza de los dueños de activos, los ricos. Eso hasta la cubanización cuando los desequilibrios devalúen los activos y los ricos se empobrezcan, quedando “la casta”, la nomenclatura, que se beneficia porque el alza de precios aumenta la recaudación. La saña contra las familias se plasma en el impuesto sucesoral más alto del mundo, 81%. España es la última en Europa en creación de empleos y la primera en ruina de la clase media, aunque anda en redes una sopa de murciélago que pretende camufla la contratación burocrática como “empleo”, siendo un costo improductivo que paga la sociedad con impuestos e inflación.

El antikapitalismo quiebra a los trabajadores “autónomos” (emprendedores) y microempresarios. Los que producen 630 euros al mes pagan más de 40% de impuesto, para desnucarlos como pollos. En Francia, Alemania y Portugal estos pagan impuesto cero para estimular que la gente se gane la vida por su cuenta, con más razón si no hay puestos de trabajo. Un elevado componente de gasto fiscal en Europa son las pensiones de retiro, por las dinámicas demográficas de la sociedad moderna: envejecimiento, déficit de natalidad y bloqueo ideológico para enfrentarlos. La edad más frecuente en la población española es 43 años) en el ten top de las más altas “modas” etarias de los desarrollados. Además, 20% de la población es mayor de 65 años, hay 125 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 16. Pero la fresa de la torta: mientras el salario mínimo es de 1080 euros, las pensiones son de 1300. Encima la alta inflación se come los fondos de pensiones, lo que conocemos muy bien. Según los expertos, en pocos años, cuatro personas en edad de trabajar tendrán seis pensionistas a su cargo y decimos personas en edad de trabajar” y no “personas trabajando, porque 40% de los jóvenes está en paro, y la explosiva tendencia lleva a que cada dos trabajadores sostendrán a cinco pensionistas, tema sobre el que escribo desde hace varias décadas. Si España no entierra el sozialistsch con su fiebre impositiva que ahuyenta a los kapitalistas y fomenta el desempleo, va para Atenas o Buenos Aires. El presidente Macron tuvo el coraje de asumir el costo político de diferir la edad de jubilación (apenas) dos años y aplastar a las mafias, no de sindicalistas, sino de vividores sindicales, que creyeron asustarlo con un bochinche pirómano.

Para enfrentar los retos, envejecimiento, seguros, pensiones, salud, educación, y los trágicos efectos de la guerra, desindustrialización, fuga de empresas, precio de la energía, alto presupuesto militar, destrucción de la clase media, España tendría que cumplir condiciones, dos de ellas con dificultad 10 y la tercera, aberrante. 1) Desde el crecimiento cero actual, llevarlo a 34% al año 2) Incrementar la tasa de natalidad, la más baja de Europa, y crear empleos para ellos 3) Mantener estable la esperanza de vida, hoy la tercera más alta del mundo, para que no colapse el sistema de retiro. La herencia de los burros sozialistsch destruye la industria inmobiliaria. El alza de tasas de interés, la mayor desde que existe la zona Euro, hace crecer la cuota mensual de un crédito standard para vivienda de 150 mil euros, desde 532 a 778 euros, y casi imposibilita adquirir una. Esta cofradía de marimondas totalitarias comete desde crímenes graves: ley para que malvivientes y okupas confisquen casas de la gente normal, corrompen el oficio político, el erario público, invaden la vida privada, el hogar y hasta las camas de la gente; corrompen la evolución natural e íntima de los niños y su maduración existencial, fomentan las crisis de identidad, la pederastia; profanan tumbas para la falsificación stalinista de la historia. Y perpetran mamarrachos ridículos: la “Ley trans”, la “Si-es-si”, beneficio para mil abusadores sexuales, cursos para aprender a masturbarse, sobre “nuevas masculinidades”, “sexo no binario”, “sexualidades fluidas”. Cuestionan premio de una media maratón femenina “por machista”, hacen escándalo porque la mayoría abrumadora de mujeres prefieren amarse con un hombre que tocarse solas, y piden una cuota de gordos en la política. Viví la revolución con intensidad y entendí que sus impulsores se dividían en dos ramas: tiranos crueles, e ideólogos ingenuos-inútiles, pero nunca éstas marimondas burlescas.

@CarlosRaulHer

El próximo 5 de junio se inicia el período de Postulaciones de los candidatos que participarán en la elección primaria a celebrarse el 22 de octubre, de acuerdo con la reciente decisión de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) que prorrogó el inicio del Período de Postulaciones que estaba previsto para iniciarse el 24 de mayo.

Ya hemos hablado de los requisitos que deben cumplir los que aspiran a ser el candidato unitario de la oposición democrática a la Presidencia de la República para la próxima elección presidencial (https://bit.ly/3OuMbtg), corresponde ahora tratar el tema de cuál debe ser la conducta de esos candidatos −y sus seguidores−, para que todo discurra en armonía democrática y efectivamente salgamos con un candidato unitario.

Desde luego que la actitud de los candidatos durante el proceso que se desarrolle desde ahora y especialmente durante la campaña electoral hasta el día de la elección, es el elemento fundamental. Para que esto sea así, el Reglamento Marco (RM) de la Primaria y el Reglamento de Propaganda de la CNdP, definen unas normas muy sucintas y simples.

Principios del Reglamento Marco.

El principio fundamental es que todos los participantes, especialmente los candidatos, se comprometan a “…acatar las decisiones e instructivos de la CP, como órgano rector de la Primaria, a reconocer los resultados que esta proclame y a apoyar a quien resulte ganador.” (Art. 8.6 del Reglamento Marco). De igual manera el RM establece como atribuciones de la CNdP “…18. Vigilar el correcto desarrollo de las campañas electorales, dictar normas complementarias sobre la campaña electoral y aplicar cuando corresponda las sanciones allí previstas… 19. Exigir a los candidatos mantener una conducta enmarcada en los principios y valores de la competencia leal y democrática.” (Art. 16 del RM)

En el artículo 33 del mismo Reglamento se establece también, de una manera muy sencilla, los principios fundamentales que regirán la campaña electoral, y que ésta “… deberá realizarse conforme a los principios de convivencia, igualdad, respeto a las otras candidaturas y reglas acordadas, consideración por la ciudadanía, austeridad y equilibrio.”; y en el artículo 35 se establecen las condiciones y prohibiciones del proceso, de las cuales vale la pena recordar, el numeral 2: “No se permitirá la propaganda que atente contra la dignidad de las personas, ofenda la moral pública, ni que tenga por objeto promover la desobediencia de la Constitución y las leyes. No podrán utilizarse, con fines de propaganda electoral, los símbolos o la imagen de otro candidato sin su autorización.”

Reglamento de la Campaña Electoral de la CNdP.

Con base en esas normas del Reglamento Marco, la CNdP dictó recientemente las que podríamos llamar normas de conducta a seguir por los candidatos, que se recogen en el “Reglamento en materia de Propaganda, Publicidad y Mensajes Electorales en la Campaña Electoral de la Elección Primaria de 2023”, o Reglamento de Propaganda (RdP), del que destaco el enunciado del artículo 5, que repite la norma del RM: “La campaña electoral deberá realizarse conforme a los principios de igualdad, convivencia, respeto mutuo y consideración a las otras candidaturas y a la ciudadanía, observancia de las reglas acordadas, austeridad y equilibrio…”, y establece las directrices a seguir, que resumo a continuación:

“Equidad entre los participantes… Atenerse a la buena fe y a la verdad, abstenerse de promover noticias falsas…Rechazar todo tipo de violencia y no incitarla… Respetar el derecho de los electores a obtener información objetiva, veraz y oportuna… Respetar el derecho de los medios de comunicación a cubrir las campañas y difundir información… Facilitar el trabajo de los observadores electorales… Respetar la dignidad, privacidad, honra y reputación de personas y candidatos…Respetar las ideas, el pluralismo político y promover la transparencia, convivencia pacífica, la democracia y los derechos humanos... Respetar las instituciones.”

Sanciones morales.

Desde luego, la CNdP establece algunos mecanismos y sanciones para que esto se cumpla y para: “Procurar que los candidatos mantengan durante la campaña electoral una conducta enmarcada en los principios y valores de la competencia leal y democrática.” (Art. 8.d, del RdP); estas sanciones básicamente comprenden “… exhortaciones públicas o requerimientos individuales, dirigidos al autor del contenido inapropiado, destinados a recuperar el clima de tolerancia y mutua consideración entre los aspirantes que debe caracterizar la Primaria.” (Art. 9 del RdP), igualmente “…amonestación verbal o escrita…” (Art. 29 del RdP), “…suspensión temporal de la propaganda electoral…” (Art. 30 del RdP), y en caso de reincidencia grave, hasta la “…la descalificación de dicho candidato, no pudiendo mantener su candidatura en la elección Primaria.”

Por supuesto, esperamos que la simple advertencia de la CNdP de quebrantamiento de alguna norma, con lo que eso significa de sanción moral, sea suficiente para que se corrija de inmediato cualquier conducta inconveniente para el desarrollo del proceso, por parte de los candidatos o sus seguidores.

Pacto de Respeto y No Agresión.

Sin embargo, más eficaz que cualquier medida correctiva o sancionatoria, que la CNdP pueda definir, es el compromiso que los propios candidatos asuman, a solicitud de los propios electores, los ciudadanos, los venezolanos, que aspiran a un cambio político en el país, que nos libre del oprobio que padecemos.

En ese sentido, vale la pena destacar la iniciativa de un Pacto de Respeto y No Agresión para los Candidatos de la Primaria 2023, que fue presentado recientemente a la CNdP por Aixa Armas y el magistrado emérito, Román Duque Corredor, en nombre de las Asociaciones Civiles Mujer y Ciudadanía y Espacio Civil, participantes del Diplomado de Formación Política y Ciudadana de la Universidad Monte Ávila, que persigue «elevar el nivel de debate» entre los aspirantes a candidatos de la Primaria 2023.

Se trata de un documento simple y directo, que lo pueden ver en: https://bit.ly/3N1XIiQ

Según sus proponentes, la justificación del documento se basa en la preocupación por “…el inadecuado ejercicio de la comunicación efectiva entre líderes políticos y sociales en los diferentes ámbitos de la vida pública, el uso de calificativos peyorativos y estigmatizados que afectan directamente el debate político constructivo, lo cual desencadena en divisiones que afectan directamente la cotidianidad de toda la población, sobre la cual recaen las decisiones y políticas públicas”. Y establece que su base jurídica, no es otra que la Constitución Nacional (Artículos 2, 3, 5, 62 y 70), que “…constituyen a nuestro país en un Estado democrático y social de Derecho y justicia” (Art. 2 de la Constitución)

Compromiso en siete puntos.

Tras unos breves considerandos, proponen a quienes firmen el pacto que se comprometan en siete puntos, que podemos resumir de la siguiente manera:

1. Abstenerse de recurrir a la descalificación, falsedad, violencia física, moral y de género, y a intimidar, denigrar, discriminar o injuriar a otros contendientes, y procurar un lenguaje de respeto, reconciliación y reconocimiento del adversario político, en cada uno de los actos de la campaña.

2. Dar a conocer los acuerdos de gobernabilidad, propuestas y programas de gobierno, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y canales institucionales que facilite la CNdP.

3. Mantener un debate de alto nivel, basado en propuestas políticas, administrativas y programáticas; y propiciar que las ideas y los argumentos sean la base del diálogo.

4. Evitar que cualquiera de sus simpatizantes, seguidores o allegados, perjudique el normal desarrollo de la campaña electoral y que, por el contrario, desarrollen una campaña política pacífica, incluyente y sin discriminación.

5. Acatar y respetar el resultado de la Primaria, que anuncie la CNdP.

6. Rechazar públicamente y denunciar ante las autoridades competentes, con pruebas fidedignas, todo lo que afecte el ejercicio de la participación política, los valores democráticos y la transparencia durante este ejercicio electoral.

7. Promover y fomentar el ambiente necesario que estimule la participación electoral y la movilización política y ciudadana.

Conclusión.

Todos los venezolanos aspiramos a que este documento sea firmado por los candidatos que participarán en el proceso de Primaria y que hagan del mismo un verdadero ejercicio de democracia y tolerancia, que modele las características del cambio político que la oposición democrática le propone al país.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Los que tenemos como orgullo el habernos graduado y trabajado en la UCV, amanecemos este 27 de mayo con sentimientos encontrados producto de las fallidas elecciones que han debido haber producido la selección de nuestras autoridades académicas, después de un prolongado sobregiro de las actuales, por razones no atribuibles exclusivamente a la universidad, ya que indudablemente fue inducido por el gobierno, en su afán de debilitar a una institución que tradicionalmente ha sido el refugio que garantiza la sobrevivencia de la inteligencia en tiempos en los que la misma es subversiva.

La suspensión, muy tardía y una vez avanzado el proceso de votación, resulta inexplicable no en sus razones “técnicas”, que habrá que analizar, pero si en lo inoportuno, ya que la decisión ha debido producirse antes de que se comenzara a votar, lo que hubiese generado molestias y críticas, pero no las dañinas sospechas que hoy se ciernen sobre algunos connotados miembros de nuestra comunidad.

Lo ocurrido, que tiene y debe ser explicado y juzgado, no puede en ninguna circunstancia opacar la masiva y alborozada asistencia de los llamados a ejercer el derecho a elegir autoridades, muchos pertenecientes a sectores que lo practicaban por primera vez en el ámbito universitario.

En esta asistencia debería centrase el balance de lo ocurrido. Con ella, gente que indudablemente representa al país demostró que los venezolanos, más allá de las preferencias candidaturales, valoramos la oportunidad de elegir y que estamos dispuestos a ejercerla en paz, camaradería y me atrevo a decir que hasta con alegría, puesto que la democracia sigue siendo un valor presente en nosotros, sin distingos de edad ni responsabilidad laboral.

Por lo tanto, y por encima de los sentimientos negativos que hoy nos embargan, tomemos lo ocurrido en la UCV como una alerta con relación a la indispensable seriedad y capacidad técnica que demanda todo proceso eleccionario, pero, sobre todo, que el voto es el instrumento mediante el cual podemos influir sobre nuestro futuro y que el mismo tiene que ser defendido como el vehículo ciudadano que nos permite seguir buscando la libertad. Su ejercicio pueden hacerlo difícil e intentar desprestigiarlo, pero no arrebatarnos la intención de utilizarlo, aún en las circunstancias más adversas. La universidad y el país merecen que sigamos persiguiendo el cambio que tanto anhelamos y que debería ocurrir pronto para bien de todos.

Escribo estas notas de madrugada en Tierra Santa, meditando con una mezcla contradictoria de angustia y esperanza sobre lo que ocurrió ayer en la UCV con la suspensión de las elecciones y el caos que se presentó frente a una comunidad universitaria que acudió masivamente a votar, y frente a un país que asistía incrédulo al espectáculo de un proceso que debía haber estado pensado y protegido hasta el último detalle y que parecía colapsar ente dificultades técnicas y logísticas sobre las cuales es necesario exigir una explicación convincente y exhaustiva de la Comisión Electoral y las autoridades universitarias. Angustia, porque no es posible disimular la gravedad de lo acontecido con la suspensión de unas elecciones vitales para insuflarle energía al proceso de repensar y recrear una institución clave para el país, una que ha sido sometida a un acoso que ya se prolonga por más de 20 años, por parte de un régimen constructor de miseria y pobreza. Angustia, porque es mucha la frustración y el desaliento que existe en Venezuela, tanto por la acción inmisericorde de un gobierno enemigo de su propio pueblo, como por las dificultades manifiestas de la oposición en unificarse para salvaguardar y privilegiar los intereses de la nación por sobre los de los individuos y las parcialidades. Angustia porque el país necesitaba, y necesita, de demostraciones creíbles sobre el poder del voto como un elemento clave para transformar nuestra dura realidad.

Al mismo tiempo me embarga una esperanza que crece y se expande, porque al margen de la vergüenza que sentimos los ucevistas frente al país por lo ocurrido, está el hecho indiscutible de que el elemento esencial para el cambio democrático, que es la voluntad de la gente de participar y la decisión indiscutible de los candidatos por avanzar una campaña con propuestas y sin agresiones, está presente. La masiva asistencia a las mesas electorales de estudiantes, empleados y profesores revela una voluntad, un compromiso y una resiliencia extraordinarios de nuestra comunidad. Frente a ello, la suspensión de las elecciones pasa por ser solamente un tropiezo en la ruta por la liberación de Venezuela y por el renacimiento de la UCV. Por supuesto que es necesario hablar con la verdad por delante y exigir las explicaciones indispensables sobre porqué se tomaron ciertas decisiones técnicas, que en su momento fueran objetadas por destacados miembros de la comunidad universitaria con experiencia en procesos electorales, y por qué no se anticipó adecuadamente el volumen de votantes o la preservación del material, o cualquier otro elemento que clarifique la responsabilidad de la Comisión Electoral o de las autoridades universitarias. Pero más allá de eso, es indispensable estar preparados para navegar en estas aguas turbulentas del bochorno y la frustración para alentar la confianza en el voto y corregir lo que sea necesario corregir para que en una nueva convocatoria se produzca la magia inevitable del encuentro entre la decisión de la comunidad ucevista por participar, y la traducción de esa voluntad universitaria, en decisiones vinculantes para todos. Esa es la fortaleza indetenible de la democracia a la cual estamos obligados a apostar.

Son los tiempos de la arrechera y la voluntad de seguir. Arrechera y frustración porque se perdió una oportunidad dorada de darle un ejemplo a un país que exige cambios en la ruta de su empobrecimiento y destrucción, y que demanda el surgimiento de liderazgos confiables. Voluntad de seguir, porque los ucevistas estamos obligados a defender el poder del voto como elemento disruptivo en sociedades en crisis como la nuestra. La UCV tiene una oportunidad dorada para honrar su himno virtuoso y vencer las sombras que nos acosan, no solamente siguiendo el mandato de actuar con su “lumbre de fiel claridad” sino con la sabiduría política y la honestidad de rumbos que la nación nos está exigiendo. Como ucevista desde mi adolescencia, pasando por estudiante y luego profesor en la Facultad de Ciencias, estoy seguro de que vienen otros tiempos donde se recordará con agradecimiento en nuestra historia, la elección de la UCV que está por venir. Manos a la obra a todos quienes corresponde ejecutar este llamado.

27 de mayo 2023

La Patilla

https://www.lapatilla.com/2023/05/27/ucv-la-batalla-por-vencer-las-sombr...

Los futuros historiadores bien podrán decir que la segunda mitad de marzo de 2023 ha sido el momento en que verdaderamente comenzó la era de la inteligencia artificial. En el lapso de apenas dos semanas, el mundo fue testigo del lanzamiento de GPT-4, Bard, Claude, Midjourney V5, Security Copilot y muchas otras herramientas de IA que han superado las expectativas de casi todo el mundo. La aparente sofisticación de estos nuevos modelos de IA ha superado por diez años las predicciones de la mayoría de los expertos.

Durante siglos, las innovaciones novedosas -desde la invención de la imprenta y el motor a vapor hasta el auge del transporte aéreo e Internet- han impulsado el desarrollo económico, expandido el acceso a la información y mejorado marcadamente la atención médica y otros servicios esenciales. Pero estos desarrollos transformadores también han tenido consecuencias negativas, y el despliegue acelerado de las herramientas de IA no será diferente.

La IA puede realizar tareas que los seres humanos odian hacer. También puede brindar educación y atención médica a millones de personas que están relegadas en los marcos existentes. Y puede, en gran medida, mejorar la investigación y el desarrollo, abriendo potencialmente las puertas a una nueva era dorada de innovación. Pero también puede sobrecargar la producción y diseminación de noticias falsas, desplazar en gran escala la mano de obra humana, y crear herramientas peligrosas y disruptivas que podrían ser hostiles a nuestra propia existencia.

Específicamente, muchos creen que la llegada de la inteligencia artificial general (IAG) -una IA que puede adiestrarse a sí misma para realizar cualquier tarea cognitiva que pueden realizar los seres humanos- planteará una amenaza existencial para la humanidad. Una IAG cuidadosamente diseñada (o que esté gobernada por procesos de “caja negra” desconocidos) podría llevar a cabo sus tareas de maneras que comprometan elementos fundamentales de nuestra humanidad. Después de eso, el significado de ser humano podría estar mediado por la IAG.

Claramente, la IA y otras tecnologías emergentes exigen una mejor gobernanza, especialmente a nivel global. Pero los diplomáticos y los responsables de las políticas internacionales históricamente han tratado a la tecnología como una cuestión “sectorial” que es mejor dejar en manos de los ministerios de energía, finanzas o defensa -una perspectiva miope reminiscente de cómo, hasta hace poco, la gobernanza climática era considerada dominio exclusivo de los expertos científicos y técnicos-. Hoy en día, cuando los debates climáticos dominan la escena central, la gobernanza climática es vista como un ámbito superior que abarca a muchos otros, entre ellos la política exterior. En consecuencia, la arquitectura de la gobernanza actual apunta a reflejar la naturaleza global de la cuestión, con todos sus matices y complejidades.

Como sugieren las discusiones en la cumbre reciente del G7 en Hiroshima, la gobernanza tecnológica exigirá una estrategia similar. Después de todo, la IA y otras tecnologías emergentes cambiarán drásticamente las fuentes, la distribución y la proyección de poder en todo el mundo. Permitirán nuevas capacidades ofensivas y defensivas, y crearán dominios completamente nuevos para la colisión, la contienda y el conflicto -inclusive en el ciberespacio y el espacio exterior-. Y determinarán lo que consumamos, concentrando inevitablemente los retornos del crecimiento económico en algunas regiones, industrias y empresas, privando al mismo tiempo a otras de oportunidades y capacidades similares.

Es importante destacar que tecnologías como la IA tendrán un impacto sustancial en los derechos y libertades fundamentales, nuestras relaciones, las cuestiones que nos importan y hasta nuestras creencias más preciadas. Con sus circuitos de realimentación y su dependencia de nuestros propios datos, los modelos de IA exacerbarán los prejuicios existentes y tensarán los contratos sociales ya endebles de muchos países.

Eso significa que nuestra respuesta debe incluir numerosos acuerdos internacionales. Por ejemplo, en términos ideales, se deberían forjar nuevos acuerdos (a nivel de las Naciones Unidas) para limitar el uso de ciertas tecnologías en el campo de batalla. Un tratado que prohíba rotundamente las armas autónomas letales sería un buen comienzo; también serán necesarios acuerdos para regular el ciberespacio -especialmente acciones ofensivas llevadas a cabo por bots autónomos.

También es imperativo que se establezcan nuevas regulaciones comerciales. Las exportaciones ilimitadas de ciertas tecnologías pueden darles a los gobiernos herramientas poderosas para reprimir el disenso y aumentar radicalmente sus capacidades militares. Asimismo, todavía es necesario que pongamos mucho empeño en garantizar un campo de juego nivelado en la economía digital, inclusive mediante una tributación apropiada de esas actividades.

Como los líderes del G7 ya parecen reconocer, frente al posible riesgo que corre la estabilidad de las sociedades abiertas, a los países democráticos les debería interesar desarrollar una estrategia común para la regulación de la IA. Los gobiernos hoy están adquiriendo capacidades sin precedentes para generar consenso y manipular la opinión. Cuando se lo combina con sistemas de vigilancia masiva, el poder analítico de las herramientas de IA avanzadas puede crear leviatanes tecnológicos: estados y corporaciones omniscientes con el poder de forjar el comportamiento de los ciudadanos y reprimirlo, si fuera necesario, fronteras adentro y entre fronteras. Es importante no sólo respaldar los esfuerzos de la UNESCO por crear un marco global para la ética de la IA, sino también presionar por una Carta de Derechos Digitales global.

El foco temático de la diplomacia tecnológica implica la necesidad de nuevas estrategias de compromiso con las potencias emergentes. Por ejemplo, la manera en que las economías occidentales aborden sus alianzas con India, la mayor democracia del mundo, podría definir el éxito o el fracaso de este tipo de diplomacia. La economía de India probablemente sea la tercera más grande del mundo (después de Estados Unidos y China) en 2028. Su crecimiento ha sido extraordinario, en gran medida como resultado de sus proezas en el terreno de la tecnología de la información y la economía digital. Más concretamente, las opiniones de India sobre las tecnologías emergentes son de enorme importancia. De qué manera India regule y respalde los avances en IA determinará el modo en que miles de millones de personas la usen.

Interactuar con India es una prioridad tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea, como quedó en evidencia en la reciente Iniciativa de Estados Unidos e India para las Tecnologías Críticas y Emergentes (iCET) y el Consejo de Comercio y Tecnología UE-India, que se reunió en Bruselas este mes. Pero para garantizar que estos esfuerzos lleguen a buen puerto hará falta una adaptación razonable de los contextos e intereses culturales y económicos. Apreciar esos matices nos ayudará a alcanzar un futuro digital próspero y seguro. La alternativa es un sálvese quien pueda generado por IA.

23 de mayo 2023

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/ai-global-governance-urgent...

«Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica». Este mandato contenido en el artículo 56 de la Constitución de 1999 históricamente no se ha cumplido y, por ello, millones de venezolanos en algún momento de su vida han batallado para obtener documentos tales como la partida de nacimiento, fe de vida, la cédula de identidad y el pasaporte. En las últimas dos décadas se han anunciado e implementado distintas medidas para intentar solucionar el problema, la última se puso en marcha hace más de dos meses y genera preocupaciones.

A mediados de marzo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) lanzó un nuevo sistema, el cual obliga a los ciudadanos que aspiran tramitar el documento nacional de identidad a acudir a su página web para obtener una cita. Al agendarla, la persona deberá rellenar un formulario, en el cual deberá aportar información hasta ahora no solicitada por el organismo.

Así, además de confirmar que sus nombres y apellidos, fecha de nacimiento y número de cédula (en caso de quien vayan a renovar) estén correctos, también deberá suministrar datos sobre sus rasgos físicos (color de ojos, cabello y piel; peso y estatura; tipo de sangre, entre otros). Luego se le requerirá información sobre el lugar de nacimiento (el estado, municipio, parroquia y centro de salud donde nacieron) y también información de su partida de nacimiento (ubicación del registro civil, número de libro de registro, año y número de acta). Por último, el Saime solicita la dirección detallada y los números de teléfono del usuario.

Una vez entregados estos datos, la persona podrá escoger la oficina, fecha y hora en la que desea realizar el trámite, como se asegura en el video tutorial difundido por el organismo.

¿Por qué toda esta información? «Este sistema nuevo nos va a permitir la implementación de la nueva cédula. Con este nuevo equipo vamos a tener una nueva cédula, bien sea inteligente o digital», explicó el director del Saime, Gustavo Vizcaíno, en una entrevista, en la que aseguró que el sistema va hacia la total automatización.

Pros y contras

La exigencia de la cita previa en la tramitación de la cédula de identidad sin duda es un avance y puede agilizar los tiempos de espera y evitar las tradicionales colas a las que deben someterse los ciudadanos. No obstante, debe tomarse en cuenta a las personas que no sepan manejarse con las nuevas tecnologías, como es el caso de las personas de la tercera edad, y también aquellos que no cuenten con los servicios de internet o de luz eléctrica para realizar este trámite.

No es un dato menor que la mitad de la población no tiene acceso a internet, por lo que el Estado debe facilitar medios de acceso alternativos para los millones de venezolanos que no cuentan con ese servicio, cosa que hasta el momento no se ha anunciado, dejando en indefensión a un gran sector del país.

Las autoridades, sin embargo, le han salido al paso a estas objeciones, en la misma entrevista citada, Gustavo Vizcaíno afirmó

«Cualquiera desde su casa, desde su oficina o desde su móvil (puede pedir la cita). Casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente y el que no lo tenga puede venir aquí y en la Oficina de Atención al Ciudadano le prestamos la colaboración (para obtener la cita)».

El tiempo dirá si ese anuncio es efectivo.

Esas afirmaciones parecen ignorar a las poblaciones rurales, de acceso remoto, a los millones en estado de pobreza crítica y a las comunidades indígenas, para las que en la mayoría de los casos un teléfono inteligente es un lujo, más allá de las dificultades de conectividad que existen en tantas partes del país.

La cantidad de información adicional que el Saime requiere podría atentar con los principios de «celeridad, eficacia y eficiencia» que establece el artículo 141 constitucional, y también contra lo previsto en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, porque mucha de esa información ya está en manos de la administración pública, por no decir toda, sobre todo en el caso de las personas que han sacado su pasaporte o lo han renovado recientemente.

Un hecho grosero que pone en evidencia lo mencionado acerca del principio de eficiencia se observa en el sinsentido de que el Estado pida una copia de la cédula que él mismo expide para cualquier trámite.

El cuento del gallo pelón

Vizcaíno también anunció que su despacho está estudiando cómo será la nueva cédula, si tendrá un chip o un código de barras o QR que contenga la información de cada ciudadano. ¿Pero qué información albergará? «Pudieran ser del Instituto Nacional de Tránsito, de salud o bancaria», explicó el funcionario. Asimismo, dejó entrever la posibilidad de que el nuevo documento se cobre, algo que contrariaría lo previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Identificación.

Esta no es la primera vez que se habla de un nuevo documento electrónico nacional de identidad sin que el mismo llegue a buen puerto.

La primera propuesta seria bajo el chavismo de una nueva cédula se discutió durante la gestión de Luis Alfonso Dávila, el segundo ministro del Interior que tuvo Hugo Chávez. Durante su gestión, un consorcio en el que participaba la empresa coreana Hyundai ganó un contrato por más de 200 millones de dólares para poner en marcha el Sistema de Identificación y Control Ciudadano (Sinacoc). Sin embargo, esto no se puso en marcha.

Después, con motivo del referendo revocatorio presidencial de 2004, inició la llamada Misión Identidad, que entregó cédulas de identidad a millones de personas, muchas de ellas sin el debido soporte. En esta operación participaron empresas cubanas, las cuales recibieron contratos millonarios.

En su momento, el entonces director de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex), Hugo Cabezas, aseguró que 7 de cada 10 venezolanos poseían un número de cédula, pero carecían del documento laminado. Cabezas hoy está detenido en el marco de la última cruzada contra la corrupción.

Las firmas cubanas, en especial Albet Ingeniería y Sistemas, rostro comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana (UCI), siguieron recibiendo jugosos contratos para modernizar el sistema de identificación venezolano al menos hasta 2010, reportó Transparencia Venezuela.

Tras revisar las cifras disponibles en documentos públicos de Albet, en varias leyes de presupuesto y los contratos revelados, la organización calculó que la firma cubana se hizo con 1.400 millones de dólares en Venezuela. No obstante, de la cédula electrónica no hay rastros y, aunque la obtención del pasaporte se agilizó durante unos años, en los últimos ha vuelto a convertirse en un drama para muchos ciudadanos.

Durante la gestión del exministro Miguel Rodríguez Torres (2014-2015), el tema volvió a salir a relucir, pero con el mismo resultado.

Y ahora con código de vestimenta

Como si no bastaran las exigencias del Saime respecto a los requisitos para satisfacer el derecho a la identidad, nos encontramos con que, sin que exista base constitucional ni legal alguna, se impone a los ciudadanos un «código de vestimenta» que es esencialmente discriminatorio y, por tanto, violatorio de los derechos humanos.

Así, en un video hecho público en Twitter y que luego fue borrado, pero que puede verse en esta cuenta, se afirma que existe dicho código, el cual implica entre otras limitaciones, las siguientes: prohibición de «ropa informal», lo que se traduce explícitamente en ir en shorts, minifaldas, monos deportivos, leggins, camisas con escotes o pantalones con roturas.

La mayoría de estas prohibiciones son claramente contra las mujeres, y en nada se diferencian de las establecidos en aquellos países donde estas son ciudadanas de segunda categoría, en la medida en que se imponen para que las mujeres no «estimulen» o peor aún, «provoquen a los funcionarios, una concepción de la mujer como incitadora y que debe contenerse. Por eso, consideramos que estas exigencias configuran una especie de «burka criollo» al negarles a las mujeres la libre expresión de su identidad.

A partir de estos prejuicios, queda entonces en manos del funcionario determinar cuándo una falda es muy corta, si existe o no un escote o qué tan recatada es la vestimenta de una mujer, lo que otorga a los funcionarios del Saime una discrecionalidad para atender a una persona que, tristemente, siempre termina en arbitrariedad.

Pero la discriminación no termina allí, pues también se prohíben los pantalones cortos o shorts, lo cual, sin que sepamos por qué, también acoge a los bermudas, pantalón particularmente cuestionado por funcionarios a lo largo y ancho de la administración pública venezolana, y que son simplemente la expresión de un país en el que en algunos lugares tener 40° de temperatura es algo habitual. Por tanto, se trata de una prenda práctica, no una moda.

Lo dicho hace que también los hombres sean víctimas de este código carente de base constitucional y legal.

El Saime no se queda ahí: también agrega a su «código» las sandalias tipo playeras o similares, con lo cual, una vez más, niega nuestro carácter de país tropical y, sobre todo, la pobreza, pues para muchos venezolanos optar por un calzado diferente no es una opción. Se llega a tal nivel de discriminación que los indígenas, con su vestimenta habitual, no serían «dignos» de ser atendidos en estas oficinas públicas y que terminaría contrariando lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Identificación respecto a que «no se les obligará a fotografiarse con una vestimenta distinta a la que corresponde a sus usos, costumbres y tradiciones».

Esto último es lo más grave, pues cuando son los ciudadanos los que deben hacerse lo suficiente «dignos» para ser atendidos, entendemos que el mito de los llamados «servidores públicos» no es más que eso, y la prestación de servicios por parte del Estado es un ejercicio discriminatorio y represivo.

Lo exigido por el Saime no es más que la expresión oficial de una costumbre que lleva años, en la que además se incluye el color del pelo y muchas otras exigencias discriminatorias en las que el Estado impone una identidad al ciudadano, cuando debería limitarse a registrar la que este haya decidido.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La identidad es un derecho fundamental de los ciudadanos y es una obligación del Estado proveerles de los documentos que prueban quiénes son.

La cédula es imprescindible para la vida cotidiana de los venezolanos, pues es demandada para realizar cualquier trámite oficial o en el sistema bancario, y para ejercer derechos como el desplazamiento interno o el voto. Pese a ello, históricamente el Estado ha mostrado ser incapaz de otorgarles a todos los venezolanos este documento, aun habiendo ingentes recursos para ello y tras haber realizado innumerables promesas. Que además de ello, se exijan códigos de vestimenta discriminatorios habla del grado de ejercicio arbitrario del poder al que hemos llegado y que se pretende normalizar.

El derecho a la identidad no es una gracia del Estado, es su obligación, y este simplemente debe reflejar lo que el ciudadano decida como identidad y no imponerla, y mucho menos sujetar a la mujer a tratos ajenos a la dignidad humana.

24 de mayo 2023

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