La nutricionista Susana Raffalli alertó que la población con necesidades humanitarias ya no tiene capacidades para resolverlas en un entorno precario, sin servicios básicos ni sistemas de salud. Organizaciones humanitarias podrían desaparecer ante la reducción de aportes de cooperación internacional.

La emergencia humanitaria venezolana sigue siendo muy profunda y compleja a medida que, pese a que algunos indicadores nutricionales y económicos parecen mostrar cierta mejoría, la desigualdad se agudiza y la población se va quedando sin medios para resolver sus necesidades, ante la inacción del Estado.

Para la nutricionista y asesora de respuesta humanitaria de Cáritas Venezuela, Susana Raffalli, la crisis venezolana vive una nueva escala en la que las personas ya no tienen mecanismos para hacerse cargo y afrontar sus necesidades y la precariedad que viven.

“Sigue habiendo necesidades humanitarias muy complejas. No solamente el hambre, sino el desgaste, el haber quedado sin medios de vida, haber agotado todas sus posibilidades. Puede estar el alimento y no tener gas para cocinarlo, ni leña o agua; no tienes servicios eléctricos, el niño cae en desnutrición y lo llevas a un hospital que está desabastecido”, dijo la especialista en un evento de perspectivas sociales organizado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham).

Raffalli aseguró que, en escala, han mejorado algunos indicadores de la emergencia humanitaria compleja, como la desnutrición o la inseguridad alimentaria, pero otros factores se han agravado respecto a 2016 y 2017, cuando estaba empezando la crisis.

Un venezolano con necesidades humanitarias, en 2016, podía todavía echar mano a recursos, a un familiar, a mandar a sus hijos a casa de la abuela, de ahorros o de vender sus cosas. Eso se acabó, se agotó. Si esto empeora, lo que va a redundar es en más migración o en más muerte”, advirtió Raffalli.

Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), en 2022 la pobreza multidimensional y la pobreza por ingresos cayeron por primera vez en siete años. Sin embargo, factores sociales y de infraestructura como vivienda, servicios y educación aumentaron su impacto en el índice de pobreza.

Se estima, por ejemplo, que más de un millón y medio de niños, niñas y adolescentes quedaron fuera del sistema educativo en el último período escolar, según la Encovi. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), en 44 % de los hogares venezolanos hay fallas eléctricas de una a seis veces por semana y en nueve de cada 10 hogares almacenan agua ante las fallas del servicio por tuberías.

Disminuye la cooperación humanitaria

Raffalli advirtió, en el encuentro de VenAmCham, que los planes de respuesta humanitaria se están empezando a quedar sin financiamiento internacional y que “van a empezar a desaparecer organizaciones humanitarias pequeñas que dependían de esa financiación”.

En 2022, según información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), la respuesta humanitaria alcanzó a 2,8 millones de personas en el país y se recibieron $309,6 millones para la asistencia (39 % de los fondos requeridos). Para este año, el plan requiere $720 millones, pero al 21 de abril apenas se habían recibido (9 % del total).

Además de la disminución en los fondos de ayuda humanitaria, Raffalli alertó sobre otros problemas operativos que dificultan las labores de las organizaciones humanitarias, como la falta de servicios públicos que los obliga a viajar a las zonas vulnerables con bidones de agua y hasta de gasolina, ante la crisis de combustible en las regiones.

Tenemos oficinas en el terreno que no tienen electricidad; tenemos puntos de cuidado con jornadas de vacunación, citología para las mujeres o desparasitación en lugares donde no hay agua”, dijo.

La asesora y especialista en respuesta humanitaria admitió que entre las organizaciones humanitarias les “preocupa mucho la amenaza constante por parte del Estado” de criminalizar sus labores y amenazar con mecanismos de control a las ONG y la cooperación internacional, como los que está debatiendo la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.

Sigue latente la crisis sanitaria

El médico y coordinador de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), Julio Castro, alertó en el panel de VenAmCham que Venezuela sigue viviendo una situación de salud “delicada y crítica”, en medio de la emergencia humanitaria, con fallas de servicios en los hospitales y altas prevalencias de enfermedades transmisibles y no transmisibles que no están siendo monitoreadas.

Indicó que en indicadores como la mortalidad materna, mortalidad infantil y cobertura de vacunas “todo lo que ganamos desde los años 40 hasta finales del siglo XX, lo perdimos en los últimos 20 años”. La mortalidad general, por ejemplo, sigue en ritmo ascendente y se estiman alrededor de 370.000 venezolanos que fallecieron, por fallas del sector salud o asociadas a agua, electricidad, desnutrición y otros factores en las últimas dos décadas.

A pesar de que el abastecimiento de medicinas ha mejorado respecto a hace cinco años, Castro destacó que en los hospitales públicos del país la situación sigue siendo crítica con más de 50 % de escasez de medicamentos en las salas de emergencia, sumado a 60 % de recintos que no tienen servicio de agua potable.

El experto resaltó la alerta de potencial aumento de enfermedades transmisibles como el dengue y la chikungunya, dada la situación que se avecina con las lluvias y a la alta circulación de ambos virus en Latinoamérica.

18 de mayo 2023

Crónica Uno

https://storage.googleapis.com/qurium/cronica.uno/familias-ya-estan-desg...

En diferentes agrupaciones de personas, luego de los anuncios económicos formulados por Maduro, comenzaron a presentarse discusiones sobre los alcances que iban a tener los mismos sobre la difícil situación económica-social que hoy se vive en el país.

-Esos bonos no tienen ningún impacto sobre el salario mínimo de los trabajadores, sostenían algunos. La bonificación solo busca evadir los derechos contractuales que han logrado conquistar los trabajadores a lo largo de sus luchas y el régimen, al no modificar el salario mínimo, tiende o solo busca eliminar o reducir progresivamente el pago de las utilidades, el pago de las vacaciones, aguinaldos o las prestaciones sociales.

-Otras personas expresaban que, el régimen quedó al descubierto en lo relacionado con la Cesta Ticket ya que la misma según lo establecido en la ley se calcula en base a 15 Unidades Tributarias UT por día y si elevaron el costo de la UT de 0.4 a 9 bolívares entonces le corresponden a cada trabajador por ese concepto un pago mensual de 450 UT es decir 4.050 bolívares y no los 1000 bolívares que les acaban de pagar.

-Los anuncios del régimen no resuelven la precaria situación económica de los trabajadores, señalaban algunos. Según la OIT el umbral de la pobreza extrema se considera cuando un trabajador genera ingresos diarios inferiores a 1,90 dólares diarios. En este momento con el dólar cercano a los 30 bolívares por unidad el salario mínimo se ubica en alrededor de 4 dólares mensuales lo que, significa un ingreso diario de¡¡¡ 0.13 centavos!!!

-En este debate, no podemos dejar de señalar lo relacionado con el salario y el costo de la Cesta Básica Alimentaria que según lo establecido en la constitución deberían ser iguales. Pero, la realidad es otra, el costo de la Cesta Básica alcanza ya los 500 dólares y el salario sigue en su progresiva caída y anda por el orden de los 4 dólares. O sea, un trabajador requiere en este momento 125 salarios mínimos para poder cubrir la cesta básica de alimentos para su familia.

-La burla más grande entre los anuncios formulados es el del Bono por el Día de las Madres cuyo risible monto fue de 12,5 bolívares que ni siquiera alcanza para un pasaje en autobús. Mayor irrespeto fue esta agresión burlesca contra los trabajadores.

-Lo que sí dejó claro este régimen en su Gaceta Oficial es que las bonificaciones no tendrán incidencias en los derechos adquiridos en las contrataciones colectivas. En otras palabras, el régimen avanza en su pretensión autoritaria de desconocer los derechos laborales y pretender la desaparición que le corresponde a los trabajadores para los cálculos de sus vacaciones, antigüedad, utilidades, aguinaldo y prestaciones. Extendiendo este robo de los derechos laborales a los pensionados y jubilados.

En lo que todas las apreciaciones de las personas coincidieron fue en señalar el camino seguro e irreversible del régimen hacia el modelo de la dictadura cubana. Si los tiranos hermanos Castro y ahora su títere Díaz Canel implementaron la “Libreta de Racionamiento” para tener el control social de la población y los Comités de Defensa de la Revolución CDR para el control policial –represivo de la población, en la copia de ese modelo dictatorial, en estos 23 años de la revolución del siglo XXI, se impusieron en el país las políticas de Barrio Adentro, El Carnet de la Patria, las Bolsas CLAP, las Unidades de Batalla Hugo Chávez, los Bonos y el Sistema Patria para instaurar un control dictatorial sobre la población.

Las palabras de Jorge Giordani ministro de planificación de Chávez, describen la orientación primaria del régimen en cuanto al sostenimiento de la pobreza: “Los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así, hay que mantenerlos pobres y con esperanza”.

Posteriormente Héctor Rodríguez actual gobernador del estado Miranda expresa el mismo concepto del régimen en torno a el mantenimiento de la pobreza:

“No vamos a sacarlos de la pobreza para que se vuelvan escuálidos”.

El Sistema Patria es ahora el arma principal dictatorial para el control social, es la nueva Tarjeta de Racionamiento Revolucionaria; quien no esté registrado allí y quien vote en contra nuestra, no tendrá derecho a los bonos que dadivosamente otorgará Maduro cuando le dé la gana… y sin incidencia salarial. Progresivamente también se ira implementando la eliminación de los contratos colectivos hasta llegar a un Contrato Marco Único para todos los trabajadores que será firmado sólo con las Federaciones Bolivarianas y Revolucionarias del Siglo XXI.

En fin, todos los participantes en estas conversaciones coinciden en que solo con un cambio de gobierno se podrá avanzar hacia una alternativa gubernamental que haga posible la superación de la pobreza en el país.

Hemos recibido un sin número de opiniones acerca de esta controversia que, de alguna manera, está “empañando” el ambiente de las elecciones de primarias que debe llevar a cabo la oposición democrática para lograr un candidato único que se enfrente al candidato gubernamental en el 2024. De ese gran número de opinión nos queda la gran duda de cuál de los planteamientos es el más adecuado y conveniente y hay que reconocer que ambos bandos tienen buenas razones detrás de su defensa.

Sin embargo, para optar a uno de ellos, como lo haremos al final de estas notas, nos permitimos colocar un par de criterios que podrían ayudar a despejar las dudas que aún nos asaltan. Por una parte, vamos a apelar al mundo de los principios y, por el otro, al mundo de la eficacia.

¡Si de principios se trata!

Hace tiempo, diría que bastante, desde los tiempos de una de las tesis de Maquiavelo que la política abandonó el mundo de los principios para acogerse al de los intereses y, no nos cabe la menor duda, que este se ha ido imponiendo en Venezuela. Más todavía si de lo se trata es de cómo mantenerse y monopolizar el poder político. Lejos estamos de aquellas ideas que, si bien equivocadas y fundamentadas en arcaicas teorías, esbozaba Chávez. Lejos estamos de aquella visión y aquellos programas que dieron a luz una AD, un COPEI y un MAS, porque de allí en adelante no le conocemos principios, ni programas a los que los sucedieron después, incluyendo al partido que aún nos gobierna.

Por esa razón, invocamos este criterio para evaluar la controversia pues, ¡Si de principios se trata!, estos deberían regir la decisión. Recatamos la autonomía y la privacidad para que los opositores puedan expresar su opinión en este importante momento político y lejos están ambos de la presencia y participación de un CNE, cuya percepción general es que tiene el poder del Estado para imponer reglas, normas y, según muchos, resultados. Que sea o no cierto no es el punto, lo que lo es, es una comprobada experiencia de elecciones dirigidas en sindicatos, gremios, universidades, con un Poder Electoral que tiene la ultima palabra. Por consecuencia ¡Si de principios se trata!, nos acogemos a proteger la autonomía de este evento político.

Rescatamos también la privacidad para el elector la cual, como bien se sabe queda en el medio de la automatización, la telefonía y el teclado. Si un principio fundamental debe estar protegido en esas elecciones es este y si él puede ser defendido y garantizado por todos los participantes, podríamos tener, digamos, unas elecciones genuinas e idóneas que corresponda a la entrega y participación de la gente en asistir y realizarlas, pero decimos: No basta con principios hay que garantizar eficacia.

Hacerlas eficazmente

Uno de los argumentos más preconizado por quienes promueven la participación del CNE es que con este se obtiene la mayor eficacia en su realización, ya que tiene todos los recursos. Por esa razón, hay que preguntarle a quienes la adversan si de verdad pueden, si no garantizarla, al menos procurarla hasta convencer que posee una eficacia equivalente, porque si bien la autonomía y la privacidad deben ser defendidas, esas elecciones tienen que poder ser realizadas con la mayor participación posible. Y en ese sentido, preguntamos:

1. Tendrán posibilidad de hacerlo todos aquellos que todavía no se han inscrito en el Registro Electoral o ¿puede ponerse este al día, sin el CNE?,
2. ¿Es posible maximizar la participación de quienes ese derecho entre los venezolanos que están en el exterior?,
3. ¿Si es voto no es automatizado y se utiliza otro expediente, se garantiza la privacidad del elector?
4. Y, lo más importante, ¿es posible evitar manipulaciones extrañas que avalen y confirmen que votos y actas de votación coincidan?

Finalmente, si quienes defienden unas primarias sujetas a esos principios y a las condiciones de eficacia que señalamos, pueden responder esas preguntas, nos inclinamos por hacerlas sin el CNE. Sobre todo porque su respuesta debería apoyar una mayor participación ciudadana y multiplicar la confianza de una gran mayoría de venezolanos en un evento digno de la defensa de nuestra democracia. ¡Imaginemos unas primarias realizadas de esa manera!

Venezuela no se arregló. La ligera recuperación que experimentó el país a partir de 2021 se detuvo en seco durante los primeros meses de este año y existen temores de una nueva recesión.

Entre 2014 y 2020, el país vivió una de las contracciones más agudas que ha afrontado una economía en el mundo al perder 75,5% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Hasta que en 2021 la economía registró un leve repunte, que obedeció a la recuperación de la producción petrolera y al auge de consumo.

Tras siete años de números negativos, el país experimentó un crecimiento que alcanzó13,3%, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

Y algunos venezolanos empezaron a ver luz.

"En diciembre pasado vimos escenas que teníamos tiempo sin presenciar", cuenta a BBC Mundo Alexa Gómez, una abogada que vive en Caracas. "Mucha gente en las calles. Pero, sobre todo, mucha gente comprando. Se sentía cierta tranquilidad. Había una falsa creencia de mejoría".

Ese espejismo estaba alimentado por la apertura de grandes tiendas de ropa importada, de carros de lujo, la reanudación de eventos culturales, la reactivación de conciertos de artistas internacionales y por la desenfrenada inauguración de restaurantes de alta gama, como aquel que vendía una experiencia suspendidos en una grúa.

Pero, a partir de este año, esa sensación de prosperidad se esfumó.

"Ahora ves poca afluencia en Las Mercedes", comenta Gómez, quien hace referencia a una zona del este de la capital, caracterizada por la presencia de bares, restaurantes y discotecas. "Bodegones y restaurantes vacíos. Comercios haciendo remates. Mucha gente angustiada y comerciantes desesperados", acota.

Las cifras así lo confirman. El pasado febrero, el FMI (Fondo Monetario Internacional) adelantó que el crecimiento real del PIB en Venezuela durante 2023 sería de 6,5%. Una proyección que luego fue corregida a la baja a 5,0%.

Los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) ahora revelan que, durante el primer trimestre de 2023, la actividad económica registró una caída de 8,3% en comparación con el período anterior.

La inflación, según el FMI, apunta a cerrar a 400%.

El gobierno sigue culpando de los problemas económicos a las sanciones de Estados Unidos, pero ¿qué hay detrás de este frenazo económico? Aquí te explicamos cuatro factores.

1. Los límites de la dolarización desordenada

Las transacciones en Venezuela se habían hecho siempre en bolívares. Pero la hiperinflación que se instaló en 2017 y se mantuvo por cuatro años, diluyó tanto el valor de la moneda oficial, que los billetes terminaron sirviendo más para decorar que para comprar.

En respuesta, los venezolanos comenzaron a utilizar el dólar para hacer sus pagos. Al principio, de una manera informal, casi clandestina, por las consecuencias penales que implicaba el uso de divisas desde los tiempos de Hugo Chávez.

Hasta que el gobierno de Nicolás Maduro en 2018 permitió que los comercios empezaran a anunciar de forma abierta sus precios en dólares, lo cual abrió paso a una dolarización de facto.

El uso de una moneda más estable inyectó un poco de certidumbre al mercado, impulsó la actividad del sector privado y dio un respiro incluso hasta las clases más bajas. Sin embargo, la ausencia de normas para su implementación impidió que la dolarización resultara efectiva.

"La dolarización en Venezuela fue un proceso espontáneo. No se trató de una política económica de Estado", explica el economista Giordio Cunto. "Se hizo de una manera desordenada y al margen de las instituciones financieras. Lo que complicó aún más el sistema de pagos en el país".

Los clientes pagan con dólares en efectivo, pero los comerciantes no tienen billetes de baja denominación para dar cambio. Y se hacen transacciones a través de amigos o familiares en Estados Unidos ante la imposibilidad de los venezolanos de mover dólares entre cuentas en bancos locales.

En marzo de 2022, el gobierno aprobó una reforma a la Ley de las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), la cual implicó un impuesto de 3% a las operaciones en divisas realizadas por personas naturales y jurídicas. Una medida que desestimuló el uso del dólar.

"Después de siete años de recesión, la economía del país no estaba preparada ni lo suficientemente fuerte para esta carga tributaria", opina el economista José Manuel Puentes. "Fue una decisión económica errada, que tuvo un impacto de enfriamiento", agrega.

En su opinión, el gobierno de Maduro implementó una dolarización de forma incorrecta y luego quiso volver a imponer el uso del bolívar.

"Aplicó una técnica de stop y arranque, arranque y stop, lo cual generó impacto en las transacciones. Al final, la falta de medidas de estabilización económica por parte del gobierno hizo que la dolarización fuera menos efectiva".

2. La dependencia del sector comercial

El rebote que experimentó la economía venezolana resultó limitado, porque se apalancó en un solo sector productivo: comercio y servicios.

Según cifras publicadas por Bloomberg, el año pasado se abrieron 200 restaurantes en la capital, la mayor cifra en al menos una década. Casi la mitad estaba dirigido a un público de alto poder adquisitivo, con capacidad de pagar más de US$50 por comida.

Pero el repunte de la inflación, aunado a la abrupta devaluación de 25% que ocurrió en agosto de 2022, desestimuló el consumo y los comercios se fueron vaciando.

"La dinamización de la economía sobre la que se sostenía ese rebote era muy desbalanceado", explica Cunto.

"No involucraba otros sectores más productivos y de mayor valor agregado como la construcción, la minería, la industria manufacturera, que quedaron rezagadas. Eso no era sostenible, porque estaba impulsada por el consumo. Al caer el consumo, el rebote se quedó sin combustible".

La cifra que revela Iván Puerta, presidente de la Asociación de Restaurantes, en una entrevista publicada por Bloomberg muestra la dimensión del descalabro: alrededor de 60% de los nuevos locales de comida cerró tras un exceso de entusiasmo inicial.

En consecuencia, la contracción de las ventas comerciales respecto a enero del año pasado fue de 17%, de acuerdo con el economista Asdrúbal Oliveros. "En términos económicos es la peor contracción en los últimos tres años", asegura.

A su juicio, hubo otro factor que también tuvo un efecto negativo sobre el consumo: la caída de 15% en las remesas producto de la crisis pospandemia, pues tres de cada diez hogares en Venezuela dependen de las divisas que mandan sus familiares que viven en el exterior.

3. La dificultad de vender el petróleo

Durante el primer semestre de 2022, la producción petrolera de Venezuela registró un repunte, en virtud de la recuperación de la actividad de su principal empresa: PDVSA.

Luego de estar en los niveles más bajos de su historia, la estatal petrolera alcanzó para mayo de ese año los 735.000 barriles diarios, según cifras de la OPEP.

Ese impulso representó un aliciente para un sector estratégico de la economía venezolana que había sido afectada por las sanciones ordenadas por el gobierno de Donald Trump y la pérdida del control de activos petroleros en Estados Unidos.

En medio de ese escenario, la invasión de Rusia a Ucrania abrió para Venezuela la oportunidad de vender más crudo.

Sin embargo, el país no logró aprovecharla del todo.

"Ese conflicto tuvo un efecto neto positivo sobre Venezuela por ser un país petrolero, pero no pudo sacarle mayor provecho por su incapacidad actual de aumentar su producción", comenta José Manuel Puentes, quien recuerda que PDVSA en el pasado llegó a producir tres millones de barriles diarios.

De paso, las sanciones a Rusia trastocaron la reducida capacidad de Venezuela de comercializar su petróleo. Una circunstancia que, de cara al gobierno, se tradujo en dificultades para obtener más divisas.

En paralelo, otro factor les jugó en contra: los problemas de cobro.

"Venezuela vende su petróleo en condiciones muy opacas", asegura Cunto. "No todo el valor termina llegando al país, lo cual dificulta el acceso a los recursos con los que puede contar el gobierno".

Esa falta de liquidez, al final, le impidió a la administración de Maduro mantener controlado el mercado cambiario. Amén de sus bajas reservas internacionales.

Y ante la merma de ingresos, expandir el bolívar terminó siendo la salida.

4. La persistencia de problemas estructurales

La corta duración del rebote económico que experimentó Venezuela responde, en opinión de los especialistas, a la persistencia de los problemas estructurales del país.

"En una economía con una profunda crisis estructural como la de Venezuela toda mejora tiene un techo", afirma el economista Asdrúbal Oliveros.

"Tenemos un Estado colapsado que no puede generar ingresos. Una economía sancionada que mantiene al país aislado. Sin posibilidad de crédito. Con problemas de servicios públicos… En ese escenario, cualquier signo de mejora se diluye", añade.

Cunto coincide en afirmar que la fuerza de la recuperación económica fue muy tenue, porque no contaba con una base sólida. Incluso, opina que el error fue sobrevalorar la recuperación, a partir de las expectativas que estaba generando en la población.

"Tenemos una economía muy improductiva, poco competitiva. Eso limita su crecimiento y la diversificación", agrega.

Un futuro no tan desalentador

¿Qué esperar en los próximos meses?

El economista José Manuel Puentes no se muestra muy optimista.

"Si volvemos a registrar números negativos en el trimestre abril, mayo y junio, entraremos técnicamente en una recesión, con base en las cifras extraoficiales. Eso es muy preocupante", comenta.

Oliveros, en cambio, considera que, si bien se está en un escenario de desaceleración, no cree que el país vuelva a la crisis económica que experimentó en 2017.

"Ahora tenemos una economía dolarizada. Un sector privado que ha ganado independencia y un gobierno más pragmático. Tendremos un segundo semestre menos malo y podríamos cerrar el año con un crecimiento de 5%. Pero dependerá de que comencemos a ver signos de estabilización".

Esa visión la comparte Cunto, quien asegura que el frenazo económico se seguirá sintiendo, pero sin rayar en un cuadro crítico. "Todavía existe mucha vulnerabilidad en la política monetaria, pues no se mueve de forma independiente sino atada al Ejecutivo. Así no creceremos más de 5% al cierre de este año".

Con ese panorama, sugiere ser más conservadores en cuanto a la magnitud del rebote y explorar actividades de mayor productividad. "Hay que ser más ágil para adaptarse a las condiciones de este entorno tan volátil. Lo cierto es que no podemos confiar en un salto cuántico".

17 de mayo 2023

BBC

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65490101

Durante siglos, Latinoamérica ha sufrido la explotación indiscriminada de sus recursos naturales para ser exportados como materias primas que han impulsado sobre todo el desarrollo económico de países industrializados. Esta explotación, acompañada de prácticas sistemáticas de despojo de tierras, ha dejado graves consecuencias sociales, ambientales y económicas para la región. En el siglo XV, los barcos europeos llegaron en busca de oro para financiar el progreso de los colonizadores; en el siglo XIX, la fiebre del caucho esclavizó brutalmente a las comunidades indígenas de la Amazonia; y en el siglo pasado, la economía fósil replicó el modelo extractivista e hizo a muchos de nuestros países dependientes económicamente de hidrocarburos como el petróleo, y minerales como el carbón.

Pero la dependencia no termina ahí. Mientras los países productores exportaban combustibles fósiles, la mayoría volviéndose dependientes de los ingresos fiscales asociados, la economía mundial por su parte se hizo cada vez más dependiente de su uso como fuente fundamental de energía para la industria, el transporte, el consumo doméstico, y como base en la producción de plásticos y químicos. La demanda de estos productos y sus materias primas impulsa un modelo de explotación desmedida de los recursos naturales que han dejado al mundo al borde del colapso.

Cambiar este modelo económico es el principal reto que enfrentan hoy los países para limitar el aumento de la temperatura promedio global a máximo 1,5°C, y a la vez fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades frente a los impactos presentes y futuros de un clima cambiante. La respuesta, en buena medida, está en lograr una transición energética justa. Y para ello, Latinoamérica tiene un rol fundamental que debe jugar estratégicamente con miras a garantizar que esta transición sea planeada, justa y que traiga a la región beneficios distribuidos con base en la equidad.

Latinoamérica ya es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático; y de allí proviene la tendencia regional de aumentar su compromiso climático en muchos de sus países. Sin este grado de ambición, sería imposible lograr las metas del Acuerdo de París y evitar perder nuestra riqueza natural por las presiones generadas por el mercado internacional. El reto como región no es menor. No podemos permitir que la historia se repita y sigamos condenados a una economía extractivista. La urgencia no puede llevarnos a tomar decisiones a la ligera y dejar vacíos que le pasen facturas más grandes a las próximas generaciones.

La mayoría de los países de América Latina tiene una participación de más del 30% de energías renovables en la matriz de energía primaria, y 60% en la matriz eléctrica. Es decir, tenemos un punto de partida más favorable que el de otras regiones para lograr una generación eléctrica basada 100% en renovables. Además, la región tiene una ubicación estratégica con condiciones climáticas favorables para generar energía a partir de fuentes como la energía eólica y la solar. Según el informe de Renovables 2022, de la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la capacidad instalada de generación de energía renovable no convencional en Latinoamérica aumente un 45% (+130 GW) en 2027.

Pero, no es el único potencial. La región cuenta con importantes reservas de zinc, cobre, cobalto y litio, entre otros minerales estratégicos, que son necesarios para la producción de tecnologías que permitan generar, distribuir, almacenar y usar la energía proveniente de fuentes no convencionales. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía un escenario de transición, alineado con los objetivos del Acuerdo de París de cambio climático implicaría un aumento en la demanda de litio de unas 42 veces; y la de cobalto y grafito se incrementaría más de 20 veces comparadas con datos de 2020. La forma en que la región decida posicionarse ante la necesidad de estos minerales determinará el modelo económico y de desarrollo para su extracción y comercialización.

Sería un error desaprovechar el potencial que tiene la región para generar, incluso para exportar energía renovable a partir de fuentes no convencionales, pero sería una catástrofe aprovecharlo de manera no planeada y sin establecer unos límites que nos permitan proteger a nuestras comunidades, nuestra economía y nuestra biodiversidad en medio de la transición.

Ni los proyectos de energías renovables ni la extracción de minerales necesarios para la transición están exentos de impactos. Frente a la implementación de renovables, por ejemplo, en Colombia ya se presentan conflictos entre comunidades indígenas, empresas y el Gobierno por el uso y tenencia de la tierra que se necesita para el desarrollo de estos proyectos. En el caso de los minerales, varias comunidades de la región de Arequipa, en Perú, se han declarado en huelga para pedir mejores condiciones de vida en las zonas de explotación de cobre; en Chile, el agua escasea en las zonas de explotación de este metal; y en la zona conocida como triángulo del litio (ubicada entre Argentina, Chile y Bolivia) ya se están viendo los impactos de su extracción, pues para producir una tonelada métrica se requieren aproximadamente 500.000 galones de agua. Y la lista continúa.

Frente a este panorama, es imperativo que los gobiernos garanticen las más altas salvaguardas sociales y ambientales tanto en la minería, como en la generación de energía renovable. Esto incluye lineamientos y procedimientos de monitoreo y sanción para evitar el vertimiento de residuos peligrosos en fuentes hídricas; garantizar la correcta participación de las comunidades locales; atender y manejar el estrés hídrico que derive de la extracción de estos minerales; evitar o atender la generación de mayores emisiones de gases de efecto invernadero; evitar la vulneración de derechos humanos y la degradación de ecosistemas, y al mismo tiempo, desarrollar políticas de reuso y reciclaje de los minerales, solo por mencionar algunos puntos que deberían estar en las hojas de ruta y la estructura de gobernanza que se desarrolle.

Los gobiernos de Latinoamérica deben leer y entender muy bien el contexto geopolítico al momento de decidir cómo y para quién van a producir los minerales necesarios para la transición y las energías renovables, y cómo usar sus ventajas comparativas de manera estratégica, pues no pueden olvidar que su misión también es descarbonizar sus propias matrices energéticas y eléctricas. Lograr todos estos objetivos representa un reto financiero inmenso, que requiere de un papel activo y consciente de la cooperación, de los inversionistas y de una Banca Multilateral enfocada en ayudar y no en endeudar más a los países.

Nos queda definir si la aceleración de la transición energética que caracterizará este siglo, así como el futuro que tengamos como sociedad, continuará con las dinámicas del pasado, o si hemos aprendido de nuestra historia y tendremos la visión y el ejercicio de responsabilidad que nos corresponde para garantizar procesos ambientalmente sostenibles, socialmente justos y responsables, y que posibiliten una cooperación y desarrollo regional.

17 de mayo 2023

El País

https://elpais.com/america-futura/2023-05-17/esta-latinoamerica-condenad...

El proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) se antoja largo, y no solo por factores como la complejidad y magnitud de los crímenes de la lesa humanidad a investigar, por el hecho de que los investigadores se encuentren en un continente y el lugar de los sucesos y las víctimas en otro, o por la falta de recursos que aquejan a los órganos de la justicia internacional, sino por la actitud de las autoridades venezolanas.

El Gobierno de Nicolás Maduro parece no tener la más mínima intención de dejar a un lado su estrategia obstruccionista y dilatoria frente al juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), a pesar de que el 4 de mayo sufrió una nueva derrota cuando la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado rechazó la solicitud que hiciera el 26 de abril para poder responder a los señalamientos y acusaciones realizadas por las más de 8.900 presuntas víctimas de torturas, detenciones arbitrarias y masivas, persecución y violación, entre otros crímenes de lesa humanidad.

«La Sala no otorgará a Venezuela la autorización (para replicar) en el presente caso», anunció la instancia de la CPI en el auto de siete páginas que fue publicado el 8 de mayo.

Pese a la nueva derrota, las autoridades nacionales no cambiarán de estrategia; así lo dejaron en claro en un comunicado publicado por el ministro de Relaciones Exteriores publicado el mismo 8 de mayo, en el cual se lee:

«La República Bolivariana de Venezuela ratifica, una vez más, que continuará haciendo uso de las acciones y mecanismos previstos en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, frente esta ofensiva que utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser».

Obstruyendo desde el inicio

Casi desde el momento en que la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que tenía motivos para creer que en el país se habían cometido alguno de los delitos competencia de la instancia, las autoridades nacionales comenzaron una serie de maniobras para dilatar el proceso.

El 15 de junio de 2021, al finalizar su mandato, la funcionaria debía anunciar si iniciaba o no una investigación por lo ocurrido en Venezuela, pero eso no ocurrió porque el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, presentó a última hora un recurso en su contra ante la Sala de Cuestiones Preliminares, lo que demoró la decisión.

En el ínterin, el Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Asamblea Nacional (AN) y el Gobierno continuaron adoptando una serie de decisiones para hacer creer a la instancia que estaban haciendo justicia y, sobre todo, tomando medidas para evitar que estos hechos se repitieran. No obstante, estas maniobras fracasaron y en noviembre de 2021 el nuevo fiscal, Karim Khan, pasó el caso venezolano a la fase de investigación.

Ante esta decisión, el Gobierno venezolano le solicitó a la Sala en abril del año pasado que suspendiese la investigación alegando que en el país se estaban juzgando y sancionando a los responsables de violaciones de derechos humanos, todo ello dentro de un discurso que niega la comisión de crímenes de lesa humanidad.

En respuesta a esa solicitud, en noviembre de 2022 Karim Khan pidió permiso para proseguir sus pesquisas, por considerar que en Venezuela no hay ni voluntad ni capacidad para hacer la tarea. Esta decisión ahora está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares, luego de la presentación del informe de las víctimas en el pasado mes de abril, y ya está analizando si la petición está justificada o no.

Causas de la nueva derrota

¿Por qué la Sala rechazó la petición venezolana? Porque los funcionarios «no identificaron de manera persuasiva ningún aspecto específico del informe (de la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación) que requiera una respuesta», se lee en el auto.

El 21 de abril, la CPI difundió el reporte que la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación (VRPS, por sus siglas en inglés), en el cual se compiló la información contenida en los 1.875 cuestionarios que venezolanos enviaron entre noviembre y marzo pasado. En dicho documento se concluye que las víctimas venezolanas respaldan “abrumadoramente” la solicitud que el fiscal Khan hiciera a la Sala para que le permitiera reanudar sus investigaciones en relación con lo ocurrido en Venezuela.

Las víctimas, sus familiares y representantes consideran que las averiguaciones hasta ahora conducidas dentro del país son insuficientes, porque solo han están dirigidas contra los autores materiales, en su totalidad funcionarios de bajo rango, pero no contra los posibles autores intelectuales ni contra la línea de mando. Asimismo, dudan que esto ocurra porque la justicia está cooptada por el Gobierno.

Solicitud inoportuna

El Gobierno, por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, había solicitado a la Sala que le concediera hasta el 30 de mayo para responder al informe de la VRPS, por considerar que «presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas, incluso los perpetradores podrían haber sido sancionados ya o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial venezolano».

«Ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta solicitado por Venezuela no se justifica en la etapa actual», replicó la instancia de la CPI, la cual agregó: «En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento». Esta respuesta deja en claro que el momento de las réplicas y contrarréplicas no es ahora.

Las autoridades venezolanas intentaron convertir su derrota en una especie de victoria y para ello resaltaron que «hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte».

El Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado previamente citado afirmó:

«Con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional».

Tal interpretación no tiene sustento, pues, aunque ciertamente la Sala habla de «víctimas potenciales», esto se debe a que todavía no se ha iniciado la averiguación para determinar un hecho, a sus perpetradores y a sus afectados. Recordemos que es común en un juicio penal ordinario, que cuando se juzga a una persona, se le califique como «presunto perpetrador» porque no ha habido sentencia condenatoria, y ese mismo principio aplica para las víctimas. A esto se limita la afirmación de la Sala debido a que todavía no ha habido condenas porque no se han presentados casos ante esa instancia, precisamente, por las acciones dilatorias del gobierno venezolano.

Asimismo, la Sala tampoco declaró que en el país no hayan ocurrido las graves violaciones a los derechos humanos que la Fiscalía de la CPI sospecha que fueron cometidos, pues ese no era el tema de la sentencia en la que se negó la solicitud del Gobierno.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La actitud de las autoridades confirma las sospechas de que el castigo de los crímenes ocurridos en el país, al menos a partir de 2017, y la reparación de las víctimas no figura en su agenda ni es algo de su interés, pero demuestra algo más grave: que cuando tiene un revés como el descrito ante la Sala de Cuestiones Preliminares, su único recurso es mentir y tergiversar lo dicho por esta. Con ello, queda de manifiesto lo precario de su situación ante esa instancia.

16 de mayo 2023

https://accesoalajusticia.org/gobierno-maduro-derrotado-cpi-pero-continu...

Este martes (16.05.2023), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentó un informe que plantea un camino para reducir drásticamente el volumen de plástico que acaba en el medio ambiente.

El informe se basa en un marco de técnicas cuya eficacia para hacer frente a la contaminación por plásticos ha sido comprobada, y llega a la conclusión de que, con cambios sistémicos, se puede reducir la contaminación en más de tres cuartos hasta 2040, creando, además, cientos de miles de empleos y ahorrando billones de dólares.

Actualmente, el mundo produce anualmente alrededor de 350 millones de toneladas de basura plástica, lo que afecta la salud global, el suministro de alimentos y la biodiversidad.

¿Qué debe pasar?

El informe propone prohibiciones y acuerdos para eliminar los plásticos innecesarios y problemáticos, como aquellos que no pueden ser reciclados, reusados o compostados, al igual que los empaques exagerados o los plásticos que contienen químicos nocivos para la salud.

Asimismo, presenta un enfoque basado en la reutilización, el reciclaje y el cambio a materiales alternativos.

Con medidas de reutilización, como las botellas rellenables, las bolsas reusables, la compra al por mayor en los supermercados o el retorno de empaques, se puede reducir la contaminación por plásticos en un 30 por ciento hasta 2040.

Una isla de basura en el mar

Actualmente, el mundo produce alrededor de 350 millones de toneladas de basura de plástico anuales.

A fin de mejorar las tasas de reciclaje, se podrían implementar estándares de diseño más estrictos y prohibir los aditivos y polímeros. Además, de acuerdo con el informe, eliminando los subsidios al combustible, sería más barato reciclar que producir plástico virgen. Incrementando el reciclaje, se podría reducir la contaminación por plásticos en un 20 por ciento.

A través de incentivos, por ejemplo, en México, las tasas de reciclaje subieron del 8,8 por ciento, en 2002, al 56 por ciento, en 2018.

La contaminación por plásticos se podría reducir en otro 17 por ciento al optar por otro tipo de materiales que reemplacen las envolturas, bolsitas y artículos para llevar.

No obstante, pese a estos esfuerzos, los humanos seguirían produciendo cerca de 100 millones de toneladas métricas de basura plástica procedente de productos de corta vida.

Esta basura debería ser desechada de manera más responsable para evitar el plástico en los océanos. A fin de combatir los microplásticos, por ejemplo, el informe propone cambios en la producción textil, así como limitar los kilometrajes para restringir el desgaste de las llantas.

Los beneficios económicos

De acuerdo con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con los cambios presentados, se ahorrarían unos 4,1 billones de euros en 2040.

Mientras que algunos costos se ahorrarían produciendo menos plástico no reutilizable, actualmente, la mayoría de los gastos están relacionados con la salud humana y las iniciativas de limpieza.

Según se señala en el documento, con la implementación de todas las recomendaciones, se podrían crear cerca de 700.000 empleos adicionales.

¿Adiós al plástico?

En entrevista con DW, Steven Stone, vicedirector del departamento de economía del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, asegura que la meta del informe no es eliminar el uso de los plásticos, sino acabar con la contaminación por plásticos.

"Cuando se siguen usando, los plásticos alcanzan su mayor valor. Son robustos, ligeros, se usan en autos, en aviones, tienen funciones muy específicas para la sociedad que son de gran valor", sostiene.

Para Stone, la meta es crear incentivos económicos para las empresas para que se unan al proceso. Y es que "los plásticos parecen baratos, pero en realidad no lo son. Los costos han sido externalizados ya sea al futuro o a aquellos que no necesariamente usan los plásticos, pero pagarán los costos de estar expuestos a ellos".

16 de mayo 2023

DW

https://www.dw.com/es/acuerdo-global-podría-reducir-la-contaminación-por-plásticos-en-un-80-por-ciento/a-65650021?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&r=17270542911132191&lid=2549191&pm_ln=202191