Los placeres de la vida, aunque con ciertas limitaciones impuestas por las normas de convivencia humana, deben ser disfrutados plenamente. En eso consiste la libertad individual y el uso racional del libre albedrío. Es cada hombre o mujer de pensamiento racional el único dueño de su cuerpo y de su mente, por lo tanto, puede hacer con ellos lo que le de la gana mientras no cause daños a sus congéneres ni a la naturaleza, que en cierta forma es casi lo mismo.

Todos los placeres son saludables al organismo mientras sean disfrutados con moderación en cantidad, intensidad y extensión. Comer y beber lo que sea depende de ti, de tu estado de ánimo, de tu salud y de tu comportamiento social posterior.

La satisfacción de todas las necesidades humanas se constituyen en un placer tanto que, es un alivio y una fuente de felicidad momentánea la culminación de los actos uno y dos en el baño con toda tranquilidad.

La práctica del sexo constituye un placer divino y no un simple mandato reproductivo, disfrutarlo con responsabilidad es nuestro derecho. Nuestro deber es practicarlo con responsabilidad en cuanto a sanidad y consecuencias sociales se refiere. Con relación a esto último, surgen los temas de la anticoncepción y del aborto. No debe haber restricciones con relación a los métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora del día después.

Si ocurre un embarazo indeseado, es la mujer, que en pleno uso de sus facultades mentales y atendiendo a sus derechos naturales y legales y, de acuerdo a sus convicciones morales, religiosas y de otra índole, quien puede y debe decidir sobre la continuación o interrupción del mismo.

El feto, mientras se gesta, no tiene vida independiente y es parte del cuerpo de la futura madre. Solo al momento del nacimiento el ser ser cobra vida independiente y propia de él. Sobrevivirá, con la ayuda necesaria, aún en ausencia de la madre porque ella podría morir en el momento del parto.

Las leyes extremadamente restrictivas del aborto solo propician la clandestinidad y la ilegalidad. Solamente la educación en general y particularmente la educación sexual pueden evitar, o al menos disminuir, los embarazos indeseados y los potenciales abortos. En un tema tan fuerte y controversial, es la mujer preñada, con el acompañamiento de su pareja, si la tiene, de sus familiares, amigos y consejeros apropiados, quien ha de tomar la decisión final. Es su cuerpo, es su vida, es su derecho, es su responsabilidad, es su dolor.

En cuanto al consumo de sustancias actual o potencialmente nocivas para la salud, es también responsabilidad de cada quien su consumo o uso. Dar un no definitivo a la adicción o moderar la misma, dependerá del conocimiento que se tenga sobre los pros y los contras. Esto es así, porque hay sustancias, que aún no siendo drogas, están llamadas a no ser consumidas o a hacerlo con moderación. Entre ellas tenemos el azúcar, la sal, algunas grasas y condimentos y, en particular el tabaco y el alcohol. Mientras más se conoce al respecto más sabia será la decisión.

Lo anterior es valido respecto del consumo de drogas y estupefacientes. Porque es la educación, el buen consejo y la posición moral de las personas lo que lograría reducir el consumo individual y colectivo de las mismas. La prohibición incita al deseo y por lo tanto propicia el consumo. Que cada quien, a sabiendas de las consecuencias, consuma lo que le de la gana. Sus decisiones buenas o malas darán resultados a futuro. Su futuro.

Por tal razón, la lucha antidrogas debe trasladarse, al menos parcialmente, del combate armado, altamente punitivo, hacia una legalidad que haga énfasis en la educación y el conocimiento del problema, incluyendo la propaganda masiva útil al respecto.

Sería un gran golpe a los carteles internacionales de la droga la legalización y control oficial de las mismas, desde su producción hasta el expendio y consumo controlado. Parte del dinero que se gasta actualmente en las costosas campañas contra la producción y tráfico pueden dirigirse hacia la educación sobre ese tema y aún sobraría dinero para fomentar la salud y la suplencia alimentaria. Lo cual fomentaría en las poblaciones mas vulnerables el concepto de mente sana en cuerpo sano.

La buena fe, la honestidad y la educación son la clave del éxito de todo programa con buena intención.

Sunrise, Florida

10 de mayo de 2023.

El expresidente de los EE.UU. y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007, Al Gore, fue entrevistado por el Secretario de Agricultura de EEUU, Tom Vilsack, durante la apertura de la Cumbre de AIM for Climate (Agriculture Innovation Mission for Climate), el pasado lunes.

Gore es propietario de una granja de 160 hectáreas en Tennessee y preside una empresa de inversión enfocada en la sostenibilidad. La granja de Gore utiliza una serie de prácticas regenerativas, como la rotación de cultivos, el pastoreo rotativo, los suplementos de algas para reducir las emisiones de metano del ganado y siembra directa o labranza reducida.

Gore ve un enorme potencial en secuestrar carbono en el suelo. Los investigadores de su granja están trabajando en cómo medir cuánto carbono están secuestrando. El objetivo es pagar a los agricultores por la captura de carbono, lo que los incentivará a cambiar a prácticas más amigables con el clima, dijo.

A pesar de este optimismo, un número creciente de científicos dicen que la captura de carbono en el suelo puede no estar a la altura de las expectativas, y advierten que se necesita más investigación para determinar cuánto carbono se captura y en qué condiciones.

, dijo. Y agregó que espera que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cumpla con sus compromisos de detener la deforestación.

Pero si bien las innovaciones agrícolas pueden desempeñar un papel en la lucha contra el cambio climático, Gore dijo que la única solución real es detener las emisiones de petróleo y gas. «La crisis climática es realmente una crisis de combustibles fósiles», dijo. «El trabajo número uno es reducir la producción y el uso de combustibles fósiles».

Los humanos ya han causado un daño irreversible al planeta, dijo Gore, como poner en marcha el derretimiento del hielo ártico. Aun así, dijo que la humanidad puede lidiar con el daño causado hasta ahora, si podemos eliminar gradualmente los combustibles fósiles.

«Tenemos que dejar de fingir que habrá alguna solución tecnológica mágica», dijo. «Tenemos que obedecer la primera ley de los agujeros. Cuando estás en uno, deja de cavar».

Previo a la entrevista con Gore, Vislack aprovechó el evento para presentar nuevas inversiones y colaboraciones para abordar el cambio climático y la seguridad alimentaria a través de la innovación agrícola. Vilsack destacó que la iniciativa ha asegurado más de U$S 13 mil millones en inversiones públicas y privadas para la agricultura climáticamente inteligente, lo que refleja lo que llamó un «apetito global para acelerar la innovación».

Los sistemas alimentarios son responsables de aproximadamente un tercio de las emisiones de carbono de la humanidad y también enfrentan graves riesgos por los efectos del cambio climático, como el clima extremo y la sequía.

«El cambio climático continúa impactando las prácticas agrícolas de larga data en cada país», dijo Vilsack, «y se necesita un fuerte compromiso global para enfrentar los desafíos del cambio climático y construir sistemas alimentarios más sostenibles, equitativos y resilientes».

A medida que el cambio climático se acelera y la demanda global de alimentos aumenta, tecnologías más eficientes de fertilizantes, mejoras genéticas y otras innovaciones tecnológicas ayudarán a los agricultores a «producir más con menos», dijo el secretario.

Con ese fin, Vilsack anunció un adicional de U$S 1.800millones para 21 nuevos «sprints de innovación climática», colaboraciones que tienen como objetivo resolver un desafío específico del sistema alimentario o agrícola, como el desarrollo de bombas de riego neutras en carbono para pequeños agricultores, el desarrollo de variedades de porotos inteligentes con el clima, reducir el uso de agua y fertilizantes y plantar árboles. En total, AIM for Climate ha invertido más de U$S 3 mil millones en 51 proyectos similares.

Vilsack también anunció el lanzamiento de la estrategia de ciencia e investigación del USDA, que establece prioridades científicas para los próximos tres años. Las prioridades incluyen acelerar tecnologías innovadoras, soluciones inteligentes con el clima, seguridad nutricional y ecosistemas resilientes.

La cumbre, que se extiende hasta el miércoles, tiene la intención de ayudar a preparar el escenario para la COP 28, que se llevará a cabo en noviembre en los Emiratos Árabes Unidos. Mariam Almheiri, ministra de cambio climático y medio ambiente de los EAU, prometió que la COP 28 será un «cambio de juego» para los sistemas alimentarios.

10 de mayo 2023

https://www.bioeconomia.info/2023/05/10/al-gore-apuesta-por-la-captura-d...

Las 500.000 hectáreas de Pino Caribe en el oriente de Venezuela son hoy solo un mito. Han sido destruidas en mas de 80%.

Seis aspectos resaltan en las Estadísticas Forestales del Ministerio de Eco-Socialismo:

• La producción de madera de Pino Caribe registró un colapso del 65% durante el período 2010-2020.
• Las plantaciones de Pino Caribe del Estado, administradas por Proforca / Maderas del Orinoco, se han reducido en más de 80%. Quedan menos de cien mil hectáreas (100.000 ha)
• El equipamiento industrial para la producción de 250.000 toneladas métricas anuales de papel periódico se encuentra en cien contenedores, abandonados desde hace más de diez (10) años, tras una inversión de 750 millones de dólares.
• El equipamiento industrial para la producción de treinta mil (30.000) viviendas prefabricadas en madera por año también se encuentra abandonado desde hace más de diez (10) años, tras una inversión sólo en maquinarias de 640 millones de dólares.
• La materia prima necesaria para la operación de estos proyectos industriales de interés nacional la desarrolló el Estado durante más de 40 años, alcanzando un máximo de 515.000 hectáreas en el año 2000 tras una inversión de 300 millones de dólares. Veinte años más tarde, para el 2020, las plantaciones de Pino Caribe habían desaparecido en un 80%.
• El consumo de madera aserrada por habitante en Venezuela es uno de los más bajos del mundo, similar al de los países más pobres del África Sub-Sahariana. Registró un colapso del 74% durante el período 2005-2020, según las estadísticas del MINEC.
• Sin explicación alguna, las estadísticas forestales del MINEC excluyen toda información sobre deforestación, así como la magnitud de captura y emisiones de CO2 por parte del sector forestal.

Durante el período 2000-2005 la producción de madera industrial se mantuvo entre 1,0 y 1,2 millones de metros cúbicos anuales. Para el 2005, con 26,4 millones de habitantes, el consumo por persona era el más bajo de todos los países de América del Sur: 0.045 m3/habitante.

Según las estadísticas del MINEC, la producción de madera industrial en el 2020 se redujo a apenas 351.200 m3 rollizos, equivalente a un tercio de la producción en el 2005 (MINEC: Anuario Estadísticas Forestales 2019-2020). Con el aumento de la población, la producción por habitante se contrajo en un 74%, simulando a la de los países más pobres de África: 0.01 m3/cápita.

El principal motivo del colapso en la producción de madera industrial, según las estadísticas oficiales del MINEC, es el colapso en la producción de madera de Pino Caribe, responsabilidad casi exclusiva de una empresa pública: Maderas del Orinoco, antes PROFORCA.

Casi la mitad de la producción de madera industrial rolliza en el 2020 se destinó a la industria de aserrío, para producir apenas 67.600 m3 de madera aserrada, un monto insignificante para una población de 30 millones de habitantes (MINEC: Anuario Estadísticas Forestales 2019-2020).

Según las estadísticas oficiales, la producción de madera aserrada en el 2020 fue la más baja en 50 años. Considerando que la población se triplicó en ese mismo período, la producción en el 2020, según el MINEC, raya en lo catastrófico.

Más sorprendente aún es que las autoridades del MINEC facilitaron la exportación de 59.200 m3 de madera aserrada, el 88% de la producción nacional del 2020, dejándole al pueblo de Venezuela apenas el remanente de peor calidad: 8.400 m3 de madera aserrada para el consumo de 30 millones de habitantes (MINEC: Anuario de Estadísticas Forestales 2019-2020). Como según las estadísticas oficiales las importaciones fueron nulas, el consumo de madera aserrada por habitante se redujo a la insignificante cifra de 0,00028 m3/habitante. Una cantidad equivalente a una tabla de tres (3) milímetros de espesor por 10 centímetros de ancho y un metro de largo por habitante por año.

Desde la escuela primaria nos enseñan que no debemos sumar naranjas y gatos, mangos con perros o diamantes y piedras. Pero eso es lo que se observa en las estadísticas forestales del Ministerio de Eco Socialismo. Reporta así una exportación total de150.000 metros cúbicos de “productos forestales” en el 2019, sumando madera aserrada, madera en rolas, tableros de madera y hasta astillas en la misma operación.

El 36% de la exportación de productos forestales en el 2019 corresponde a astillas de Pino Caribe, exportadas a precios por debajo del costo de reposición, hacia Turquía (MINEC: Anuario de Estadísticas Forestales 2019-2020).

Tres cuartas partes de las exportaciones de “productos forestales” en el 2020 fue madera aserrada de Pino Caribe (MINEC: Anuario de Estadísticas Forestales 2019-2020).

La destrucción de las plantaciones de Pino Caribe se enmascara al reportar que la empresa pública Maderas del Orinoco disponía en el año 2020 de 477.600 hectáreas de plantaciones, sumando no sólo plantaciones de diferentes edades, sino plantaciones de especies tan diferentes entre sí como diamantes de piedras: pinos, eucaliptos, acacias, teca, caoba. La superficie total cubierta por plantaciones forestales en el 2020, incluyendo empresas públicas y privadas, era de 577.900 hectáreas, según las estadísticas forestales del MINEC. El 83% de las plantaciones forestales existentes en el 2020 se encontraban bajo administración de la empresa pública Maderas del Orinoco.

Cuando se suma oro y arena en un informe oficial de rendición de cuentas ante el país, es razonable sospechar irregularidades. No es lo mismo una hectárea de Pino Caribe de 30 años de edad, que una hectárea de Eucalipto de un año de edad. Si equiparamos a la primera al oro, la segunda es poco más que arena hasta que, si logra desarrollarse tras 15 o 20 años de mantenimiento, podría eventualmente alcanzar el valor del cobre.

Si se cosechan mil hectáreas de Pino Caribe y se siembran mil hectáreas de Eucalipto o Acacia, la superficie total plantada se mantiene constante, pero el patrimonio de la empresa se reduce drásticamente. Cuando se elude la discriminación de estas cifras, se genera intencionalmente una falsa impresión de la realidad.

Independientemente de cuánto tiempo maduren, ni que tan grande sea la superficie plantada, ni el Eucalipto, ni las Acacias, ni la Teca ni la Caoba podrán sustituir al Pino Caribe en el alcance de los objetivos estratégicos que motivaron el establecimiento de estas plantaciones en el oriente del país hace más de 50 años.

Es enorme el daño causado a los más altos intereses nacionales con la destrucción de las plantaciones de Pino Caribe en el oriente del país. Se establecieron con un objetivo estratégico claramente definido: producir 250.000 toneladas métricas anuales de papel periódico, en una primera etapa, la mitad para abastecer el consumo nacional y la otra mitad para la exportación, prioritariamente a países en condiciones similares a Venezuela y socios en la Comunidad Andina de Naciones, antes Pacto Andino: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

El papel periódico era, continúa y continuará siendo un producto 100% importado, tanto por Venezuela como por sus socios en la Comunidad Andina de Naciones. Sólo entre 1980 y el 2010 Venezuela importó dos mil trescientos (2.300) millones de dólares en papel periódico, a una costo promedio de 76 millones de dólares anuales.

Esta dependencia, arraigada por décadas, representaba una fuga significativa y constante de divisas que se mantendría indefinidamente, a precios cada vez más altos, si no se tomaban medidas para superarla. Situaciones similares se registraban en los demás países de la Comunidad Andina de Naciones.

A pesar del impacto sobre los medios impresos por los avances en comunicaciones digitales, los precios del papel prensa han mantenido una tendencia alcista durante décadas, con períodos depresivos provocados por el retiro de publicidad, la pandemia del COVID19, el aumento en el costo de la energía y el cierre de unidades de producción, principalmente las menos competitivas en el mercado internacional.

Entre 1980 y el 2000, el precio promedio del papel periódico en el mercado internacional se elevó 40%. Para el 2022 registró el precio más alto en 50 años y con tendencia al alza: US$ 740 la tonelada. El pico en los precios del 2022 se debe a un conjunto de factores, entre los que se destacan la reducción en reciclaje, la recuperación económica tras la pandemia del COVID19 y las trabas a las exportaciones de Rusia.

El gobierno de Venezuela decidió en los años 80 instalar un complejo industrial para producir 250.000 toneladas métricas anuales de papel periódico, con una inversión de 450 millones de dólares en equipamiento y 50 millones adicionales en infraestructura. Aproximadamente la mitad de la producción para abastecer la demanda nacional y la otra mitad para exportar, prioritariamente a los demás miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

La inversión total sólo en infraestructura industrial era equivalente a siete (7) años de importaciones sólo por parte de Venezuela y menos de cuatro (4) años de importaciones por todos los países del antiguo Pacto Andino. Los países de la región se liberarían de la importación de papel periódico durante al menos 40 años. Era evidente que a quienes exportaban este producto a Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia no les convenía, ni económica ni políticamente, que se desarrollara este proyecto en Venezuela.

Había un obstáculo adicional para desarrollar esta iniciativa: la falta de materia prima. El papel periódico requiere madera de fibra larga, entre 3 y 5 milímetros de longitud, característica de pinos y otras especies naturales de bosques templados y boreales.

Aunque para 1980 Venezuela disponía de cincuenta (50) millones de hectáreas de bosques naturales, cubriendo más de la mitad del país, no podían utilizarse para alimentar esta planta industrial, principalmente porque sus maderas son de fibra corta, de 0,5 a 1,5 milímetros de largo, característico de bosques tropicales alrededor del mundo.

Adicionalmente, la producción de papel periódico requiere uniformidad en la materia prima, mientras que los bosques naturales del país son particularmente heterogéneos, con una gran diversidad de especies de árboles por unidad de área. Situaciones similares se presentaban en los demás países de la Comunidad Andina de Naciones, todos países tropicales.

Fue necesario entonces acometer una misión asombrosa: sembrar pinos, de fibra larga, en cantidad suficiente no sólo para alimentar el complejo industrial en referencia, sino como fuente de materia prima para ampliar la producción de papel para la exportación a otros países tropicales con limitaciones similares.

Entre los diferentes pinos existentes se optó por el Pino Caribe (Pinus caribaea) por ser oriundo de Centro América, con aceptables propiedades de adaptación a las desventajosas condiciones de las llanuras arenosas al sur de los estados Monagas y Anzoátegui, y una tasa de crecimiento razonable para el objetivo trazado. Su adaptación a las condiciones locales ya se había ensayado por más de una década.

En condiciones óptimas, el Pino Caribe registra tasas de crecimiento superiores a veinte (20) metros cúbicos por hectárea por año a los veinte (20) años de edad, mientras que donde se establecieron, en arenales al oriente de Venezuela, la tasa de crecimiento registrada en los últimos 30 años promedia los ocho (8) m3/ha-año a la misma edad.

Para optimizar el aprovechamiento de la materia prima, se optó por la conversión de la madera de Pino Caribe a pulpa termo-mecánica, lo que implica que para producir 250.000 toneladas de papel periódico se necesitaban 750.000 metros cúbicos de madera de pino por año, incluyendo un factor de seguridad del 20%. Se requiere cosechar, cada año, al menos 4.700 hectáreas de plantaciones de 20 o más años de edad.

El complejo industrial para la producción de 250.000 toneladas de papel periódico sólo podría instalarse cuando se estableciese al menos 100.000 hectáreas de plantaciones de Pino Caribe, a una tasa mínima de 5.000 hectáreas anuales, durante 20 años consecutivos y una productividad promedio de 8 m3/ha-año o superior a los 20 años de edad. La plantación de al menos 5.000 hectáreas anuales se mantendría durante la vida útil del complejo industrial, al menos 40 años adicionales.

Durante muchos años se ha alimentado el mito de las 500.000 hectáreas de plantaciones de Pino Caribe. Sin embargo, ya para mediados del 2002 se reconocía que PROFORCA sólo disponía de 330.000 hectáreas:

“Hasta el año 2001, CVG-PROFORCA ha plantado unas 515.000 hectáreas, de las cuales vendió 60.000 a la empresa Terranova en 1997, perdió unas 30.000 por efectos del fenómeno de El Niño (sequía intensa y prolongada en 1994 y 1997), perdió unas 30.000 por incendios en la última década y ha explotado unas 65.000 desde 1992. Restan unas 330.000 hectáreas netas ” – Ministerio de Planificación y Desarrollo – Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Mayo 2002.

Tres años después, cuando el presidente Chávez emite el decreto presidencial 4197 del 28 de noviembre 2005 (Gaceta Oficial 38345) autorizando la inversión de 570 millones de dólares para la construcción de la planta de papel periódico en Guayana, con una capacidad de 250.000 toneladas por año, ya la estrategia de sabotaje se encontraba enquistada en el gobierno, con tres frentes para evitar que el proyecto se concretara. Uno para evitar el montaje de las instalaciones industriales. Otro para despojarlo de la materia prima: las plantaciones de Pino Caribe. Una campaña informativa negacionista sobre la viabilidad del proyecto el tercero.

Según el decreto presidencial 4197, la instalación industrial debería entrar en operaciones 5 años más tarde, en noviembre 2010. Cuando maquinarias y equipos llegaron al país, aun no se habían construido los galpones. Más de setecientos millones de dólares en equipamiento de última generación, para la producción industrial de papel periódico, fueron dejados a la intemperie durante años, para luego ser “resguardados” en 100 contenedores. Todo este equipamiento se encuentra abandonado desde hace más de 10 años. No hay un solo responsable.

Paralelamente avanzó el otro frente de ataque: la eliminación de la materia prima. Para el 31 de diciembre 2015 se registraba un balance de sólo 284.000 hectáreas.

Las plantaciones fueron rodeadas por docenas de aserraderos privados canibalizando las plantaciones. PROFORCA, luego Maderas del Orinoco, se convirtió en suplidor de madera en bruto, madera en rolas de Pino Caribe propiedad de la nación, a empresarios privados, nacionales y extranjeros. La devastación fue de tal magnitud que el Pino Caribe terminó acaparando tres cuartas partes del mercado nacional de madera aserrada, con productos de baja calidad a precios exorbitantes.

PROFORCA fue convertida en mecanismo para la transferencia de un patrimonio público a empresarios privados, a precios por debajo de los costos de reposición. Si en los costos se incluyen las inversiones realizadas por el estado durante décadas para cultivar árboles de Pino Caribe de 30 a 40 años de edad, las condiciones del traspaso a empresarios privados quedarían evidenciadas como un robo a la Nación.

Como las plantaciones de Pino Caribe no fueron manejadas para producir madera para aserrío, pues su propósito original era la producción de papel periódico, los rendimientos de los aserraderos oscilan entre 40% y 45%. Entre el 55% y el 60% de la madera en rolas que llega a los aserraderos se convierte en “desperdicios”. La mayor parte de estos “desperdicios” termina como materia prima en las industrias privadas de aglomerados, pulpa y papel.

PROFORCA violó uno de los principios básicos para el manejo de las plantaciones bajo se administración: reponer rutinariamente las áreas cosechadas, para preservar el recurso. Se optó por una política de tierra arrasada, cosechando considerablemente más de lo plantado y sin reponer lo perdido por incendios, en beneficio de un reducido grupo de empresarios.

Esta política condujo a la destrucción de la única fuente de madera de fibra larga disponible en el país, para convertirla en madera aserrada, cuando el país cuenta con 10 millones de hectáreas de bosques naturales decretados para la producción de madera de superior calidad.

Cuando las plantaciones de Pino Caribe, propiedad de la nación y administradas por PROFORCA / Maderas del Orinoco, se extendían sobre 515.000 hectáreas a finales de los 90, representaban sólo el uno por ciento (1%) de los bosques del país. Ese uno por ciento (1%) era sin embargo la única fuente de madera de fibra larga, necesaria para la producción de papel periódico y otros tipos de papeles y cartones. Sin el suministro de madera de fibra larga, como la del Pino Caribe, la planta de papel periódico no puede funcionar. En este contexto, su conversión a madera aserrada podría catalogarse como un delito contra el interés nacional. En la producción de madera aserrada la longitud de la fibra es irrelevante. En la producción de papel periódico la fibra larga es indispensable.

¿No sería contrario al interés nacional que la ferrominera optara por vender el mineral de hierro a una empresa privada, forzando la quiebra de SIDOR?

¿O que Bauxiven optara por vender la bauxita a una empresa privada, forzando la quiebra de VENALUM? ¿O que EDELCA optara por vender la electricidad a empresas privadas, para su comercialización a precios de libre mercado?

¿No sería contrario al interés nacional que se privatizaran las refinerías y la petro-química, convirtiendo al país en simple suplidor de petróleo a empresas privadas?

¿Por qué se permite que eso ocurra en el sector forestal?

¿Por qué se permite que una empresa pública, Maderas del Orinoco, priorice el enriquecimiento de un grupo de empresarios, transfiriéndoles madera bruta propiedad de la nación, aunque implique la destrucción del 80% de las plantaciones de Pino Caribe y aunque se realice a precios por debajo de los costos de reposición?

La Empresa Nacional Forestal, encargada de los bosques naturales productivos del país, también fue convertida en mecanismo de transferencia de materia prima bruta, madera en rolas propiedad pública, a empresas privadas para su transformación y comercialización. Ambas se han negado a participar en el mercado nacional de la madera aserrada, dejándolo cautivo en manos privadas, aunque la materia prima la aporta casi exclusivamente el Estado. El aserrío es sólo el primer eslabón en la cadena de valor agregado.

Proforca / Maderas del Orinoco le vendió el único aserradero que tenía a la empresa chilena Terranova, con capacidad para producir 24.000 metros cúbicos de madera aserrada por año, como parte de un atractivo paquete que incluía además las mejores 60.000 hectáreas de Pino Caribe, a un precio promedio de US$ 416 por hectárea de plantaciones ya establecidas de hasta 30 años de edad. Promedio de árboles por hectárea: 600. Precio promedio por árbol: US$ 0,7.

Además de impulsar la planta de papel periódico en el 2005, el presidente Chávez aportó recursos adicionales para ampliar las plantaciones de Pino Caribe en cien mil (100.000) hectáreas en cinco años (proyecto PRODEFOR 3), más 640 millones de dólares para la infraestructura industrial necesaria para la producción de treinta mil (30.000) viviendas prefabricadas en madera por año (proyecto Libertadores de América). Se equipó así a Proforca hace más de quince (15) años con una planta industrial para la producción de 400.000 metros cuadrados de tableros de partículas orientadas OSB (Oriented Strand Board), un producto especialmente diseñado para la prefabricación de viviendas en madera, más seis (6) aserraderos nuevos, de última generación, tres alemanes y tres brasileños.

Proforca optó, sin embargo, por abandonar el costoso equipamiento para la fabricación de tableros OSB, los aserraderos y en consecuencia el proyecto para la prefabricación de viviendas en madera. Decidió cosechar las plantaciones bajo su administración, sin su correspondiente reposición, en beneficio privado. Para el 2020, con 10 años de retraso, se puso finalmente a funcionar sólo uno de esos seis aserraderos. El paradero de los otros cinco y el de la planta de tableros OSB es incierto.

Para el año 2020 las plantaciones de Pino Caribe, bajo la administración de PROFORCA / Maderas del Orinoco, se habían reducido a apenas ciento diez mil hectáreas (110.000 ha), 21% de las que el estado había podido desarrollar para 1998, 515.000 hectáreas, tras cientos de millones de dólares en inversiones (https://cronica.uno/uverito-el-coloso-forestal-arrasado-por-la-desidia-y-la-codicia/).

La conversión de las plantaciones remanentes de Pino Caribe a madera aserrada imposibilita el funcionamiento de la planta de papel periódico, a pesar de que las inversiones sólo por este concepto sobrepasan ya los 750 millones de dólares.

El Sindicato de Trabajadores de Maderas del Orinoco denunció la destrucción de otras 30.000 hectáreas de Pino Caribe por incendios en Marzo 2023, destacando que “sólo quedan 66.000 hectáreas de Pino Caribe en pie, y están siendo explotadas irracionalmente” (Correo del Caroní, 17 marzo 2023, Anzoátegui | Incendio en bosque de Uverito arrasa con 30 mil hectáreas, Trabajadores denuncian que incendio en bosque de Uverito ha consumido 30 mil hectáreas (talcualdigital.com).

De corroborarse esta información, implicaría que ya se destruyó el 87% de las 515.000 hectáreas de Pino Caribe de las que disponía el país hace apenas 24 años. Aunque la magnitud de la destrucción es inimaginable, no hay un solo responsable.

El consumo de madera aserrada por habitante en América del Sur era 0,05 m3/cápita en el 2020, un tercio de la registrada en la Unión Europea (0,16) y un sexto de la de Estados Unidos (0,30).

Para equiparar el consumo de madera aserrada por habitante de Venezuela con el promedio para América del Sur (0.05 M3/hab), es necesario elevar la producción a 1,5 millones de metros cúbicos por año. Se necesitarían solo para tal fin al menos 2,5 millones de metros cúbicos de madera en rolas. Si se intenta hacerlo con Pino Caribe, la escasa superficie remanente de estas plantaciones será arrasada y la planta de papel periódico condenada al olvido.

Es evidente que Venezuela necesita aumentar considerablemente la producción de madera para la industrial de aserrío. Lo razonable es que esos 2,5 millones de metros cúbicos de madera en rolas, para la industria de aserrío, provengan del bosque natural ya delimitado para la producción de madera industrial. Es obligación ignorada de la Empresa Nacional Forestal.

Bajo ningún escenario el aumento en la producción de madera aserrada debe implicar la destrucción de las escasas plantaciones remanentes de Pino Caribe, propiedad de la Nación.

Las Estadísticas Forestales del MINEC 2019-2020 destacan “alianzas estratégicas con empresas públicas, comunales y privadas” para el manejo de 937.000 hectáreas de bosques naturales en reservas forestales para la producción de madera comercial. Su manejo efectivo debería suministrar, de manera sostenible, al menos 500.000 metros cúbicos de madera en trozas por año, con períodos de rotación de 40 años. Sin embargo, la producción reportada para el 2020 es de apenas 4.400 m3, menos del uno por ciento (1%) de su potencial. El aprovechamiento efectivo del potencial de producción de esos bosques, bajo manejo sostenible, hubiese generado un ingreso bruto de al menos 85 millones de dólares y un beneficio neto de aproximadamente 70 millones de dólares a precios actuales, comercializado como madera aserrada.

Al mismo tiempo, las Estadísticas Forestales se refieren a la producción de 96.400 m3 de madera en rolas en el 2020, una cantidad veintidós (22) veces superior, provenientes de apenas 2.750 hectáreas bajo “régimen ordinario”, una superficie equivalente al 0.3% de la manejada bajo “alianzas estratégicas con empresas públicas, comunales y privadas”. El “régimen ordinario” se refiere fundamentalmente a permisos anuales para la deforestación.

Veintidós (22) veces más producción de madera en rolas en un área trescientos cuarentas (340) veces más pequeña.

El aprovechamiento promedio reportado es de 35 m3/ha, con un valor mínimo de mercado, sin procesamiento (en rolas) de 4.200 dólares por hectárea, in situ.

Beneficio bruto mínimo de los 96.400 m3 de madera en rolas proveniente de la deforestación de 2.750 hectáreas: doce (12) millones de dólares.

“Comisión” mínima involucrada: trescientos mil dólares (US$ 300.000).

La deforestación es un perverso mecanismo de enriquecimiento y corrupción a costa de la destrucción de los bosques naturales de la Nación. Se encuentra enquistado en el Ministerio de Eco Socialismo, único organismo con discrecionalidad absoluta para otorgar permisos de deforestación, sin supervisión alguna.

Aunque parezca insólito, las Estadísticas Forestales del MINEC inexplicablemente excluyen toda referencia a la deforestación. Podría interpretarse que la deforestación es algo tan marginal e insignificante que no merece mención en las estadísticas forestales del país. O podría deberse a que los permisos de deforestación se encuentran tan saturados de corrupción que es preferible evitar su seguimiento y fiscalización. En las estadísticas forestales más recientes, sólo se mencionan las 2.750 hectáreas explotadas bajo “régimen ordinario”.

Sin embargo, la FAO, organismo del Sistema de Naciones Unidas encargado del monitoreo del sector forestal a escala mundial, destaca que, partiendo de información suministrada por el gobierno nacional, la deforestación promedio en Venezuela durante el período 2010-2020 fue de ciento sesenta y cinco mil (165.000) hectáreas por año, y de noventa y dos mil (92.000) hectáreas anuales durante el período 2016-2020 (FAO: Forest Resource Assessment 2020, FAO: Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales – Informe de Venezuela 2020).

Deforestación de un millón de hectáreas de bosques naturales 2021-2030

Este bosquejo de las plantaciones de Pino Caribe propiedad de la Nación se refiere solo a parte de la política forestal vigente. Incluye además la destrucción de un millón de hectáreas (1.000.000 ha) de bosques naturales durante el período 2021-2030, a una tasa promedio de cien mil hectáreas (100.000 ha) por año. Esa es la deforestación “legal”. La ilegal puede ser aún mayor.

La delegación de Venezuela ante la COP27 del Acuerdo de París, encabezada por el Ministro para el Eco Socialismo, Josué Lorca, se negó a suscribir la Declaración de Bosques de la COP27, en la que 140 países se comprometieron a detener la deforestación para el 2030 a más tardar.

Venezuela no sólo se negó a suscribirla. En su lugar presentó un documento oficial notificando la deforestación de cien mil hectáreas por año como promedio durante el período 2021-2030, para un total de un millón de hectáreas de bosques naturales durante ese período. (Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus Efectos. Josué Alejandro Lorca Vega, Ministro del Poder Popular para el Eco-Socialismo. Noviembre 2021, pg. 79: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Actualizacion%20NDC%20Venezuela.pdf ).

Ambas decisiones, la destrucción de las plantaciones de Pino Caribe y la destrucción de un millón de hectáreas de bosques naturales, priorizan el enriquecimiento de empresarios privados a expensas de bienes públicos.

La deforestación implica el cambio de uso de la tierra, principalmente, aunque no exclusivamente, para ampliar la frontera agro-pecuaria. La deforestación se realiza una sola vez. El cambio de uso de la tierra tiende a ser permanente. Son escasos los terrenos en donde se permite una recuperación de la vegetación natural en tierras deforestadas, para lo que se necesitan décadas.

La deforestación es, en términos prácticos, una forma de adquirir tierras. En una primera etapa bajo usufructo. Luego se negocia la transferencia de la propiedad. Por lo que, en la actualidad, para conseguir la trasferencia de la tierra a través de los permisos de deforestación, entran en negociación entre 100 y 200 dólares por hectárea en calidad de “comisiones”, es decir, sobornos. La deforestación “legal ” de cien mil hectáreas por año, a la que se refiere el MINEC en su informe ante la ONU, implica ‘comisiones’ de hasta veinte (20) millones de dólares cada año, del 2021 al 2030.

La inversión por parte del beneficiario, entre 100 y 200 dólares por hectárea, se recupera con creces el primer año. Los bosques naturales de Venezuela tienen en promedio entre 200 y 300 metros cúbicos de madera comercial por hectárea, contabilizando los árboles de 15 centímetros o más en diámetro. Doscientos metros cúbicos por hectárea (200 m3/ha) en bosques ya intervenidos o degradados; 300 m3/ha en bosques más prístinos. Durante la deforestación se aprovecha al menos el 20%, al menos 40 m3/ha. A un precio promedio de US$ 120/m3, se recuperan al menos cuatro mil ochocientos dólares por hectárea deforestada (US$ 4.800/ha).

La deforestación de cien mil hectáreas por año implica el aprovechamiento de unos cuatro millones de metros cúbicos de madera en rolas por año, con un valor mínimo de cuatrocientos (400) millones de dólares anuales. La tierra así transferida a manos privadas rinde además por años su usufructo bajo su nueva modalidad de uso.

A la madera proveniente de la deforestación “legal” se le otorga los correspondientes permisos de circulación y comercialización. Para evitar el pago del impuesto al valor agregado (IVA) es ‘preferible’ sobornar funcionarios para ‘comprar’ guías y transportar la madera hasta su eventual traslado a Colombia o Brasil para su comercialización.

La superficie total cubierta por bosques en el 2020 era de 46 millones de hectáreas, tal y como se reconoce tanto en las estadísticas de la FAO como en el Anuario Estadístico Forestal 2020 del MINEC. Pero a diferencia de la FAO, el MINEC señala que las plantaciones cubrían apenas 578.000 hectáreas, menos de la mitad de lo señalado por la FAO, cuyas cifras fueron aportadas por el mismo Ministerio de Eco-Socialismo.

De la misma manera, las estadísticas forestales del MINEC evaden toda referencia a la deforestación que institucionalmente impulsa, mientras que la FAO se refiere a una destrucción anual de cien mil (100.000) hectáreas de bosques naturales para el 2020. Durante el período 2000-2020 se destruyeron tres (3) millones de hectáreas de bosques naturales en el país, a una tasa promedio de 146.000 hectáreas por año. Mientras que, según el ministro de Eco-Socialismo, Josue Lorca, en declaración pública del 30 de mayo 2021, la Misión Árbol desde su creación en el 2006 había reforestado apenas 28 mil hectáreas en todo el país, el uno por ciento (1%) de lo destruido durante ese mismo período ( https://www.vtv.gob.ve/mision-arbol-sembrado-31-millones-plantas-pais/, https://vicepresidencia.gob.ve/?p=5882 )

La FAO señala textualmente: “Este documento se generó utilizando el informe que se puso a disposición como contribución a la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 de la FAO, y que se presentó a la FAO como documento oficial del gobierno. El contenido y las opiniones expresadas en este informe son responsabilidad de la entidad que presenta el informe a la FAO ” (Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales. Informe de Venezuela (República Bolivariana de) – FAO 2020 - https://www.fao.org/3/cb0114es/cb0114es.pdf )

Queda en evidencia, una vez más, que el Ministerio de Eco Socialismo le informa a la Organización de Naciones Unidas (FAO) una cosa y otra completamente diferente a las autoridades nacionales y al pueblo de Venezuela.

Es indiscutible que los proyectos de desarrollo industrial impulsados por el presidente Chávez desde el 2005, la planta de papel periódico (250.000 toneladas/año), la ampliación de las plantaciones en 100.000 hectáreas y la industria de casas prefabricadas en madera (30.000 viviendas/año) fueron afectadas por el estrangulamiento económico impuesto al país desde que Venezuela fue decretada como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos ” en Marzo 2015.

Es igualmente indiscutible que el sabotaje al desarrollo de estas iniciativas, de alto interés nacional, se estableció con al menos diez (10) años de anticipación, desde el momento mismo de su concepción. El éxito del sabotaje se debe principalmente a la activa complicidad de funcionarios públicos enquistados tanto en el Ministerio de Eco Socialismo como en Maderas del Orinoco.

El documento completo con cuadros y gráficos enviado a la Contraloría General y a la Comisión de Eco-Socialismo de la Asamblea Nacional se encuentra disponible en este enlace.

La situación actual de los bosques naturales de Venezuela se describe en este enlace.

Mayo 2023

jc-centeno@outlook.com

«El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad» y «garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos». El caso de Leoner Azuaje Urrea, cuya muerte en detención se anunció el pasado 20 de abril, luego de haber sido detenido por su presunta implicación en las tramas de corrupción desarticuladas por las autoridades en las últimas semanas, revela que los mandatos previstos en los artículos 43 y 272 de la Constitución son letra muerta y que las cárceles venezolanas ya no solo son universidades para el crimen, sino que en muchas oportunidades son centros en los que está en riesgo la vida de los reclusos.

A Azuaje Urrea lo detuvieron agentes de la Policía Nacional contra la Corrupción el pasado 14 de abril y hasta ese momento ocupaba la presidencia de la estatal Cartones de Venezuela. Sin embargo, fue el día 19 cuando las autoridades anunciaron su captura y lo presentaron ante los tribunales, es decir, más allá de las 48 horas previstas en el artículo 44.1 de la carta magna .

Horas después de su imputación ante el juzgado, el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció el fallecimiento del exfuncionario y calificó el hecho como un suicidio. Un día después, el titular del Ministerio Público (MP) aseguró que el detenido se quitó la vida usando unas sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido y que habría dejado cartas dirigidas a sus familiares en las que informaba de su decisión y «donde a la vez asume el error cometido» (en referencia a las presuntas irregularidades que habría cometido en su gestión).

Esta versión fue puesta en duda de inmediato por los familiares de Azuaje Urrea a través de una serie de videos que difundieron por redes sociales.

«A él se lo llevaron del apartamento, de su casa, el 14 de este mes (abril). Lo dejaron detenido. Yo estuve seis días sin saber de mi hijo. Fuimos al Sebin y nos tiraron la puerta en la cara (…). Fuimos a la Fiscalía (…) y nos cerraron las puertas, nadie nos dijo nada de mi hijo».

Esta fue una denuncia de su madre, quien pidió protección para toda su familia, la cual consideró que está en «peligro».

Motivos para dudar

No es la primera vez que las autoridades sostienen que un detenido se quita la vida para evadir el proceso en su contra. El 8 de octubre de 2018 Saab dio la misma razón para explicar la muerte del entonces concejal opositor Fernando Albán, quien tres días antes fue aprehendido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a su vuelta de un viaje a Naciones Unidas.

Desde el primer momento, familiares y cercanos al fallecido restaron credibilidad a esta versión y denunciaron que la causa de su muerte habrían sido las torturas y malos tratos a los que fue sometido para incriminar a otros dirigentes opositores en casos como el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro, ocurrido en agosto de ese mismo año.

Saab llegó a amenazar con procesar penalmente a quienes pusieran en duda la tesis oficial del suicidio, porque «estaban mintiendo». No obstante, dos años después el fiscal se desdijo y admitió que el exconcejal murió a manos de sus custodios, sin disculparse con aquellos a quienes amenazó.

Uno más y contando

Hasta 2022, once presos políticos o disidentes han perdido la vida en los calabozos de los organismos de inteligencia, una lista en la que figuran en 2019 el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo; y en 2021 el exministro de la Defensa, general en Jefe (r) Raúl Isaías Baduel; el líder indígena Salvador Franco o el expresidente de Petróleos de Venezuela, Nelson Martínez.

A Azuaje Urrea no se le puede considerar un preso político, pues su detención no se produjo en represalia por críticas a las autoridades o por su postura política. Hasta el momento de su aprehensión el hoy fallecido mantuvo un apoyo irrestricto a las posturas del Gobierno de Maduro, tal y como se constata al hacer una revisión de su cuenta de Twitter.

En consecuencia, este caso no se puede considerar como la décimo segunda muerte de un disidente, pero sí engrosa la aún mayor lista de privados de libertad a los que el Estado ha sido incapaz de garantizar el derecho más básico de todos: la vida.

Desde 2017 hasta enero de 2022, 399 reclusos habían muerto en las prisiones venezolanas por desnutrición, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual correspondiente a 2022.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el año pasado 76 privados de libertad fallecieron debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y a la escasa alimentación. La tuberculosis es una enfermedad que está causando estragos en las prisiones, de acuerdo con el reporte de la agrupación.

Abultando el expediente

Lo ocurrido con Leoner Azuaje Urrea parece ir en franca violación de las obligaciones internacionales del Estado y podría acarrearle consecuencias.

En varias sentencias, algunas de ellas referidas a Venezuela (caso Retén de Catia y cárcel Vista Hermosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló: «El Estado, como responsable de los establecimientos de detención, se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia».

Asimismo, ha indicado que las autoridades están en «la obligación especial de diseñar y aplicar una política penitenciaria» que prevenga situaciones en las que los detenidos puedan estar en peligro. Dichas políticas deben incluir la adopción de

«medidas de seguridad necesarias para la protección de los mismos, manteniendo los establecimientos carcelarios en condiciones dignas de higiene, sin hacinamiento, separar los reclusos de diferentes categorías según su razón de detención, evitar la presencia de armas en poder de los internos, proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro penitenciario, además de proteger la violencia, que en ausencia de control estatal, pueda ocurrir entre los reclusos y con ello ocasionar muertes».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La muerte del expresidente de Cartones de Venezuela expone con toda crudeza la situación de indefensión en la que se encuentran los venezolanos, sin importar si respaldan o se oponen al actual Gobierno, y lo poco que vale la vida en el país.

Las dudas en torno a lo ocurrido en este caso y las sospechas razonables de que el deceso haya podido ser producto de un abuso policial corroborarían los motivos por los cuales instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional consideran que en Venezuela el sistema de justicia no funciona adecuadamente, del cual hace parte el sistema penitenciario tal como establece la propia Constitución venezolana.

10 de mayo 2023

https://accesoalajusticia.org/caso-leoner-azuaje-otra-prueba-carceles-ve...

El primero de mayo vino y se fue sin que los trabajadores del sector público consiguieran lo que pretendían, a la sazón, un ajuste en su sueldo ordinario. Más allá de la inmensa manipulación mediática populista y sesgada de parte de un sector interesado, todos sabíamos muy bien que en las condiciones actuales del país no es posible impactar retroactivamente los haberes de unos 6 millones de personas que dependen de las arcas del Estado.

Ahora bien, ya un poco más calmada la molestia inicial de los sindicatos y trabajadores en general, tanto los oficialistas como los demás, echemos un vistazo a la decisión adoptada por el Ejecutivo luego de casi 6 meses de conversaciones con todos los entes convocados, Central Bolivariana, OIT y Fedecámaras incluidos.

El ingreso promedio de la gran base laboral en el sector público estaba apenas por encima del sueldo mínimo y con certeza, la inmensa mayoría devengaba por debajo de los $30 mensuales, lo que los colocaba de lleno en la categoría de pobreza extrema, según la clasificación del Banco Mundial. Todo aquel por debajo de $57 entra en ese abominable lote. Con las medidas recientemente anunciadas, ahora pasan por encima de ese rasero y recuperan algo de su limitado poder de compra.

He ahí la explicación al mentado “frenazo” que sufrió nuestra economía a partir de agosto del 2022, tras las protestas del magisterio por el pago de las vacaciones, cuando las disposiciones del Ejecutivo dictaron linealmente la pérdida de valor de la moneda. La decisión de entonces fue inyectar “digitalmente” una gigantesca masa de bolívares inorgánicos, lo que terminó por llevar la tasa de cambio de 6 bolívares por dólar a principios de agosto a más de 25 en el día de hoy. Estábamos mal y empeoramos mucho. De nuevo pasamos al estancamiento con inflación.

Con esa lección a cuestas y sin hacer aquí juicios de valor sobre si eso les importe o no, la decisión actual es significativamente diferente a la de agosto. El ajuste indexado mensualmente por la vía del bono alimenticio y otro fulano bono con no sé qué melodramático nombre, permiten resolver dos problemas simultáneamente, a saber, mejorar de inmediato el nivel de ingresos de los asalariados sin causar un incremento impagable del pasivo laboral, ya que no impacta prestaciones, vacaciones ni demás beneficios de ley.

Aun si es solo a nivel latinoamericano, un sueldo mínimo mensual cercano a los $75 es risible, sin lugar a duda. Pero, para quienes devengaban tan solo un poco más de $7 hasta el pasado domingo, el ajuste es muy significativo. Al menos alcanza para comer alguito, lo cual en meses recientes se les hacía improbable. La drástica caída en los índices nacionales de nutrición y los de consumo de proteínas son el mejor ejemplo de ello. Este anuncio debería además ayudar en la tan necesaria recuperación del consumo privado, para apuntalar la economía.

Pero sabemos que esto no termina aquí. Los trabajadores han venido prestando sus servicios bajo unas ciertas condiciones laborales, que actualmente ya no son viables. Ello es indiscutible y sin embargo debe ser objeto de serias conversaciones para alcanzar un nuevo esquema que permita mejorar con creces los ingresos de nuestra fuerza laboral. Sólo así podremos pensar en rescatar sus condiciones de vida y la productividad en general de nuestra mano de obra. No basta tampoco con decir que el sector privado paga mucho mejor que el público; ya que en ambos se perdieron los haberes acumulados por años de servicio. La remuneración es y ha sido siempre muy baja por el nocivo efecto retroactivo de cualquier aumento.

La necesidad de mejorar los ingresos actuales debe privar por encima de los beneficios de unos supuestos pagos futuros. Antes de perderlas por la inflación, muchos trabajadores ya se habían visto forzados a retirar sus prestaciones para compensar sus bajos ingresos, quedando igualmente desprotegidos en su eventual cesantía. Además, la estabilidad laboral de años anteriores viene desapareciendo, no solamente en Venezuela ya que se trata de un fenómeno generacional. Los jóvenes no se quedan en una misma organización por mucho tiempo. Por ende, las prestaciones sociales retroactivas son un modelo agotado, que debemos revisar y sustituir.

Para ello es indispensable recuperar nuestra economía, lo cual pasa inevitablemente por abatir las perniciosas sanciones internacionales a nuestra principal fuente de ingresos, para retomar una senda de crecimiento sostenido que permita la absorción de mano de obra productiva y bien remunerada, en condiciones diferentes a las actuales. Sólo así podremos pensar en mejorar los planes de jubilación, la infraestructura de salud pública y todas las demás necesidades de aquellos que ya no puedan proveerse su propio sustento.

Debo quizás revalidar que la realidad política, que todos lo que estamos aquí vivimos por igual, pareciera colidir frontalmente con cualquier asomo de aporte al desarrollo socioeconómico de nuestro país y en especial de nuestro pueblo. Creo sin embargo, que no por ello podemos cejar en el permanente empeño por proponer y tratar de mejorar continuamente nuestras condiciones de vida y de las de aquellos que más lo necesitan.

No olvidemos nunca que “las oportunidades no se reparten por igual”. Hay muchos que por diversas circunstancias no logran acceder a lo mejor que a otros se les ofrece en lo educativo y laboral. Por eso todos debemos luchar, sin descanso, por las mejoras de los más desposeídos. Hagamos caso omiso a las enormes limitaciones vigentes y, aun así, hagamos patria.

guillermomendozad@gmdconsultor.com

Es difícil combatir lo que no se comprende. Y la tentación de usar un repertorio de tópicos agotado e insuficiente para analizar y competir con fenómenos nuevos forma parte de la incapacidad de la política formal y tradicional. Sucede así con la irrupción desbordante de actores políticos difíciles de clasificar como los libertarios en Argentina o los republicanos en Chile. ¡Qué fácil es reducirlos a tópicos y etiquetarlos de extrema derecha! Pero la realidad ⎯tozuda⎯ es más compleja. Ambos proyectos han acechado a la derecha tradicional y la arrinconan con un renovado brío y audacia que los hace muy atractivos para un amplio registro de votantes: desde los más conservadores a amplios sectores de jóvenes que donde la política tradicional ve involución reaccionaria, ellos ven innovación revolucionaria.

Y crecen sobre una izquierda que sigue mirando estas realidades desde la atalaya de la arrogancia intelectual y la superioridad moral. Esta izquierda, por incapacidad o por comodidad, prefiere usar el catálogo del miedo ⎯con todas sus variantes⎯ para alertar y ahuyentar a los electores del poderoso atractivo del este tipo de populismo tan eficaz. “Nosotros ⎯la izquierda, los académicos, los profesores⎯ hemos abandonado la política en manos de aquellos para quienes el poder real es mucho más interesante que sus implicaciones metafóricas”, escribió Tony Judt en El refugio de la memoria.

En lugar de comprender su magnetismo y su seductor lenguaje y armado formal y estético, la pereza intelectual prefiere el tópico del “¡No pasarán!”, como si esta nueva derecha fuera un revival de las reaccionarias del siglo pasado. Pero el miedo ya no da miedo. O al menos no como único movilizador del voto anti.

Estas podrían ser las razones por las cuales este recurso no sirve y hay que explorar otras vías si se quiere competir ⎯y ganar⎯ a una expresión política difícilmente clasificable.

1. La autopercepción de lo negativo. Para muchos electores que viven ⎯o sienten⎯ que su metro cuadrado, sus expectativas presentes (y mucho más las futuras) no tienen horizonte de superación, la frontera entre estar mal o muy mal no es movilizadora. Para quien no tiene nada, ¿qué significa estar peor? Para quien considera que su mundo es perdedor o ignorado por la política tradicional, el miedo significa otra cosa. ¿Cómo pueden estar peor de lo que ya están?

2. La falta de cultura política. La banalización del fascismo, la relativización moral, y la falta de cultura democrática profunda transforma en superficial el relato peligroso de la derecha radical. Hay datos que sobrecogen. Según el último Latinobarómetro, uno de cada cinco menores de 25 años preferiría un sistema autoritario.

3. La historia no está presente. El peso y las enseñanzas de la historia están cada vez más ausentes de nuestras vidas. El desconocimiento de los hechos, la lejanía de estos, la falta de testimonios revalorizados y la pérdida de sentimientos de culpa o deuda, hace que la amenaza reaccionaria (del pasado) no tenga un efecto en la conciencia de los electores. La historia ha dejado de ser una herencia que conservar, cuidar o valorar. La oferta autocrática o radical no se siente como amenaza al desconocer el pasado. Se ha perdido el vínculo de las relaciones causales.

4. La naturalización del exceso. El populismo radical polariza, divide, agrede y no duda en usar el lenguaje como arma de guerra. El insulto o la grosería forman parte de una descarada pose desafiante que estimula la peineta verbal y es vista por muchos electores como expresión de rabia legítima, valentía o sinceridad extrema. Así, el lenguaje políticamente correcto es desafiado por el exabrupto que se presenta como un signo de audacia revolucionaria. Cada vez más, el despropósito o la provocación blanquea las posiciones extremas y radicalizadas. No se ven como extremas, sino como histriónicas, a lo sumo. Y se tienden a disculpar. En la sociedad de los gritos, los insultos o las mentiras parecen más ruido, simplemente.

5. Sin culpa. Muchos electores se atreven a compartir ideas, temas, y contenidos abiertamente radicales y reaccionarios. Pero estos ciudadanos no se sienten de derechas ⎯y mucho menos fascistas⎯, no se sienten interpelados o avergonzados por la identificación acusatoria de una supuesta identidad reaccionaria. Esas etiquetas han perdido sentido para ellos. E incluso se pueden volver como argumento de afirmación y combate. «Si ser de derechas es esto…, ¡pues soy de derechas!», piensan para sus adentros.

Competir contra lo nuevo con las lógicas del pasado es melancólico e inútil. La política tradicional ⎯conservadora y progresista⎯ debe rearmarse inteligentemente para confrontar con un populismo reaccionario que no da miedo, aunque esto nos escandalice. Este populismo ofrece esperanza inmediata, atajo rápido y soluciones fáciles y directas. ¿Qué más se puede pedir cuando el futuro ha dejado de ser superador y el presente es decepcionante? Cuando el miedo a lo desconocido es menor que el miedo ⎯y la desesperanza⎯ de lo que ya se conoce… la posibilidad de que irrumpa lo impensable es más cierta de lo que nos podemos imaginar.

7 de mayo 2023

El País

https://elpais.com/opinion/2023-05-07/el-miedo-al-populismo-reaccionario...

En la marcha de los trabajadores realizada el primero de mayo, uno de los participantes le pregunta a otro de sus compañeros ¿Qué vaina es esa de la “macolla petrolera” con la que Maduro, ahora anuncia como una gran solución para resolver la crisis por él generada contra los pensionados y jubilados en lo referente a las prestaciones sociales?

-Primero debo aclararte el significado de esa palabra “macolla” para que podamos buscarle una explicación a lo dicho por ese mal llamado presidente obrero. Como profesor de Castellano y Literatura, creo que la primera y obligatoria referencia la debemos buscar en el diccionario de la Real Academia Española RAE. Luego de manipular su teléfono señalo que, la palabra buscada significa “Conjunto de máximos dirigentes o cúpula”. Creo que un significado más cercano a nuestra realidad política es “cogollo” o sea, grupito de personas que se asocian para tomar decisiones sin pararle bolas a nadie, solo responden a su grupo.

-Ahora estoy más “enredao”. ¿Qué coño tiene que ver esa definición con lo que te pregunté?

Tranquilo compañero, no deje que el calor lo desespere. Mira que la marcha está comenzando y el camino a recorrer es largo.

-Ok, explícame.

Fíjate bien en lo que dijo el súper bojote de Nicolás “La macolla petrolera Cacique Chaima, estará integrada por 50 pozos, cuyos recursos serán destinados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los trabajadores. Toda su producción y todos los recursos que aquí se generen vayan directamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, en una cuenta especial abierta en el Banco Central de Venezuela, para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras en toda su magnitud nacional. No se les olvide camaradas que, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, la riqueza petrolera se convirtió en salud, educación, vivienda, salario, en beneficios para los trabajadores y añadió, que están curando las heridas de la guerra económica y del "bloqueo salvaje y criminal contra Venezuela".

-Carajo eso es tremenda coba, Eso no se lo cree nadie. Además, la quiebra de nuestra industria petrolera no es por el bloqueo sino por el saqueo, respondió arrecho el compañero.

-Claro que es así. por eso te resalte las últimas palabras del súper bojote. En estos 23 años de gestión chavista-bolivariana-madurista, en materia petrolera lo que ha proliferado son las macollas, o sea las cúpulas de personas o cogollos encargados de saquear los dineros de nuestra empresa petrolera solo con la finalidad de enriquecerse ilícitamente y mantenerse en el poder. Déjame señalarte algunos ejemplos para demostrarte como la Macolla Chavista-Madurista llevó a la quiebra a PDVSA:

Según un informe confidencial de la policía de Andorra (un micro-Estado soberano sin litoral ubicado en el suroeste de Europa, entre España y Francia) hecho público por los medios de comunicación, se dio a conocer que los bancos han bloqueado más de 55 millones de dólares procedentes de presuntos sobornos que cobraron en este país europeo 21 miembros de la macolla del régimen. Los fondos embargados proceden de las presuntas comisiones ilegales abonadas a la red por contratistas que recibieron millonarias adjudicaciones de PDVSA y sus filiales entre 2007 y 2012 y que ocultaron el dinero de la corrupción en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas.

El empresario Diego Salazar, primo hermano del que fuera ministro de Petróleo, presidente de PDVSA y exembajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, encabeza la lista de miembros de la red por volumen de fondos embargados. Tiene 18,5 millones de euros (más de 20 millones de dólares) retenidos en Andorra. Le sigue el gestor de negocios de Salazar, el abogado Luis Mariano Rodríguez Cabello, con 7,8 millones de euros (unos 8,6 millones de dólares) bloqueados en este país europeo de 77.000 habitantes y que permaneció blindado por el secreto bancario hasta 2017.

-¿Cuántos son los “choros” que aparecen en ese informe?, preguntó el compañero, que sudaba copiosamente, sin saber si era por el calor reinante o por la madre arrechera que se iba adueñando de su cuerpo a medida que escuchaba a su colega de marcha.

- No quiero atosigarte con ese voluminoso informe criminal. Te voy a señalar los nombres que allí aparecen con las cifras de lo que se chorearon:

José Ramón Arias Lanz 7,7 millones de dólares

Javier Alvarado 6,3 millones de dólares

Rubén Darío Figuera Olivari 5,3 millones en dólares

Luis Abraham Bastidas Ramírez 2.7 millones de dólares

Nervis Villalobos 2,2 millones de dólares

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, la trama corrupta cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA. Mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, la organización movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra. Y, para no levantar sospechas, camufló sus millonarios ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesoría que -según los investigadores- no existieron.

Sin salir de su asombro, por la información recibida el compañero de marcha lo interrumpió para decirle que en ese informe se refleja solamente la macolla chavista y no se dice nada del cogollo madurista…

-Bueno, ese cogollo no aparece en el informe de Andorra, pero si puedo señalarte con toda propiedad que, el 18 de marzo de 2023,se destapó otra olla cuando la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC) llevó a cabo una serie de arrestos y allanamientos a funcionarios públicos implicados en casos de corrupción.​ Entre ellos se encontraba Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y director de Despacho de El Aissami, y que además fue identificado por medios de comunicación como una persona de su confianza, quien se encuentra solicitado por la justicia de Estados Unidos, acusado de la desaparición, según fuentes oficiales, de 3.500 millones de dólares provenientes de ingresos petroleros. También el coronel Antonio Pérez Suárez y el teniente coronel José Ramos Chirinos fueron arrestados en el operativo, además del diputado Hugbel Roa, todos señalados como parte del círculo político de Tareck El Aissami.

Los principales jerarcas de esa macolla iniciaron sus vínculos en la Universidad de Los Andes en Mérida, en el movimiento Utopía 78 y posteriormente apoyando al movimiento estudiantil chavista ganando la Federación de Centros de Estudiantes. Pedro Rolando Maldonado Marín, Hugbel Roa, Tareck El Aissami y Felipe Contreras Caldera.

Como podrás imaginar estimado compañero de marcha, ese anuncio de la macolla petrolera Cacique Chaima no es para generar recursos para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales sino para que, en un futuro cercano seamos testigos, si no hay un cambio de gobierno, de un nuevo escándalo de saqueo y blanqueo de capitales en los paraísos fiscales por parte de un cogollo de choros disfrazados de revolucionarios bolivarianos siglo XXI.

-Que rápido pasó el tiempo. Ya llegamos al final de la marcha. A prepararnos para la próxima. La lucha continúa.