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Opinión

Jesús Elorza G.

Durante las celebraciones del XXXI aniversario del 4F, los colectivos armados de la parroquia 23 de enero, La Piedrita, Alexis Vive y los Tupamaros, recorrían todo el sector gritando consignas alusivas al régimen:

¡Chávez y Maduro / construyen el futuro!

¡Con hambre y sin empleo / con Maduro me resteo!

¡Maduro seguro / al gringo dale duro!

Otros habitantes de la zona, reunidos en una de las licorerías del sector, comentaban entre sí el desarrollo de los acontecimientos. Esos muchachos no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo, dijo uno de ellos. A lo mejor están justificando la beca o la bolsa Clap que les da el gobierno, dijo otro.

Muchos de los presentes permanecían a la expectativa y sus intervenciones eran muy limitadas. Quizás eso obedecía a que las personas que opinaban criticando a los colectivos ¡¡¡eran o fueron miembros activos del movimiento del 4F!!!

En la segunda ronda de cerveza, las conversaciones se hicieron cada vez más abiertas. Se que a lo mejor ustedes piensan que yo estoy enchufado, por no decir comprometido, con este régimen, señaló uno de los relacionados con el MBR-2OO. Pero que va, los tiempos cambian. Déjenme decirles que muchos creímos en ese movimiento, por cuanto pensábamos que, podíamos cambiar todo lo negativo de los gobiernos adecos-copeyanos, pero después de ganar las elecciones de 1998, fuimos sorprendidos por el ahora “Difunto Eterno”, luego de su visita a Cuba y el encuentro con Fidel, se declaró ¡¡¡Socialista!!! y que su revolución era armada. Seguidamente, le dio paso a la creación de los colectivos armados paramilitares y que para la defensa de la revolución, llamada a partir de ese momento “Socialista y Bolivariana” y con toda propiedad les digo, que nada de eso estaba en los postulados del movimiento. Pasamos a ser un satélite de los cubanos

Uno de los presentes, al ver la apertura de la conversación, se atrevió a intervenir para exponer, que fue impactado por los despidos masivos de PDVSA. Pero, lo más risible es ver como pasamos del grito revolucionario “Yankee go home” a “Gringo Welcome”.

Que podemos decir, de la militarización de más del 80% de los cargos del ejecutivo nacional y regional. En mi familia, no encontraba como responderles a los reclamos de mi esposa e hijos, sobre la ideologización de la educación.

No dejes por fuera, gritó uno, el vainón que finalmente nos echó el Difunto Eterno, al nombrar, al mejor estilo de la monarquía, a su sucesor. Ahora, como súbditos, tenemos que someternos a la autoridad única del nuevo Rey Revolucionario ¡tremenda contradicción, caballero!

Otra ronda de cerveza, pidió uno de los presentes y pasó a señalar que el pensamiento de Ezequiel Zamora, Simón Rodríguez y Bolívar ya no es la raíz del árbol de la revolución. Ahora, Raúl Castro, Vladímir Putin y Xi Jinping son los máximos representantes del “Árbol de las tres raíces” que será regado con nuestras riquezas minerales.

Además, veo con mucha rabia y dolor que la consigna “Patria o Muerte” quedó reducida solo a la segunda palabra, puesto que, los salarios de hambre no alcanzan para adquirir la cesta básica de alimentos. 85% de la población sufre de desnutrición. La pobreza crítica se extiende por todo el país. Las enfermedades causan estragos en la población por la crisis hospitalaria y los costos de las medicinas…prácticamente estamos condenados a muerte.

El de mayor edad en el grupo, intervino y con voz muy pausada comenzó a exponer que su participación en el movimiento 4F estuvo relacionada con la elaboración de los materiales ideológicos que fundamentaran las bases doctrinarias. En ese sentido, quiero explicarles mediante una comparación, como lo señalado en un comienzo derivó hacia algo distinto.

Las “razones aducidas” para justificar el golpe del 4F, fueron entre otras las siguientes:

- Las políticas neoliberales implementadas en el país. En particular, el Paquetazo de Carlos Andrés que, comparadas con las medidas económicas, al mejor estilo del capitalismo salvaje del sucesor monárquico, se quedan en pañales.

- El descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares. Luego de 23 años de “revolución” la corrupción existente es la más grande en toda la historia republicana del país.

- La subordinación de las Fuerzas Armadas ante un liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto. Ahora están supeditadas a las directrices del régimen dictatorial cubano.

- La utilización de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército y de la Guardia Nacional, en la represión de “El Caracazo”. Ahora se emplean en la criminalización y represión de la protesta social de los estudiantes, trabajadores y comunidades, ensangrentando las calles del país.

- El cuestionamiento a la posición sostenida por el presidente Pérez en las negociaciones relativas a la delimitación limítrofe con Colombia. Que decir ahora de la entrega del Esequibo a Guyana por mandato de la dictadura cubana y por la búsqueda de votos en el CARICOM.

- El deterioro de las condiciones socioeconómicas de la oficialidad media y baja y de las tropas. Hoy en día, la realidad habla por sí sola: salarios miserables e hiperinflación.

- El empleo de las Fuerzas Armadas en labores como repartición de útiles escolares, becas alimentarias, campañas de vacunación y de arborización, etc. Que decir, de los operativos: Plan Bolívar 2000, Pedeval, Mercal, cajas Clap, repartición de perniles etc., etc.

Como pueden ver, en esta simple comparación, la farsa del 4F pasó, a pasos agigantados, de un populismo basado en los altos precios del petróleo a un gobierno autocrático, militarista de corte totalitario que con sus expresiones antidemocráticas, tales como el secuestro de los poderes públicos y la creación de organismos paralelos, como es el caso de la anticonstitucional Asamblea Nacional Constituyente, la realización de procesos electorales violatorio de la legislación vigente, la criminalización-represión de la protesta social y la pretensión de imponer criterios ideologizantes de “Pensamiento Único”, alcanzó la suprema categoría de “RÉGIMEN FASCISTA”.

Todos los presentes, incluyendo al dueño de la licorería, dieron su aprobación a todo lo expuesto por el amigo. De inmediato, propusieron un brindis por “el cese del usurpador, un gobierno de transición y elecciones libres”. SALUD compañeros. El brindis fue acompañado por un estruendoso grito de “Libertad”.

 5 min


Red Agroalimentaria de Venezuela

Las fuentes de información son precios publicados por comercios para la venta de cada producto en 39 establecimientos localizados en todas las regiones del país.

Los productos considerados son los siguientes: Harina Precocida de Maíz (1 Kg): De Maíz Blanco para elaboración de arepas, Pastas de Trigo (1 Kg): Pasta Larga (Vermicelly, Linguini y Espaguetis), Arroz de Mesa (1 kg). Arroz Blanco Tradicional, Aceite Vegetal (1 Litro): Aceite de Soya, Azúcar (1 Kg): Azúcar Refinada empaque tradicional, Caraotas (500 gr): Caraotas Negras, Pollo Entero (1 Kg): Empacado y Refrigerado, Leche en Polvo (500 g): Completa, Huevos (Cartón 30 Unidades): Normales y Carne Molida (1 Kg) Básica: no magra,

Precios por Regiones, tipos de alimentos enero 2023

Los promedios de precios mas altos se ubican en los servicios nacionales de venta por Internet (88%) y las regiones: Oriental y Centro Norte Costera y Andes Sur del Lago (86%). Los mas bajos se encuentran en los Altos Llanos Centro Occidentales (59%) , la Formación Lara, Falcon, Yaracuy, Barinas Llanos Bajos y Guayana Delta (60%).

Las diferencias de precios entre regiones no son muy significativas con un promedio de precios de la canasta de 72 Bs, un máximo 88 y un mínimo de 59 Bs.

Los 6 alimentos de origen vegetal tienen un precio promedio de 40 Bs por unidad con máximos de 78 Bs en aceite vegetal y los mínimos en Arroz de Mesa (28 Bs) y Harina Precocida de Maíz (31).

Los 4 alimentos de origen animal tienen un precio promedio de 122 Bs siendo los mas altos la Carne Molida (146 Bs) y el menos caro la Carne de Pollo (89).

Los productos con mayores diferencias entre precios máximos y mínimos son: caraotas (74%) carne de pollo y leche en polvo (70%) y Carne Molida (67%).

Precios por Marcas de productos

En Aceite Vegetal las marcas Vatel y Coamo representan mas del 75% de los registros con un precio significativamente mas alto en Vatel.

En Arroz de Mesa el 68% de los resultados son de la marca Mary con un precio algo por encima del promedio, pero el precio mínimo mas bajo.

En Azúcar, Konfit, Montalbán y La Pastora representan el 72% de las marcas, con dominio de Konfit (31%) con el precio promedio mas alto.

En Caraotas las marcas destacadas son Pantera (32%) y Mary (16%). Esta última con el precio mas bajo.

En Harina Precocida de Maíz, el dominio de Harina PAN es significativo con 67% de los registros y un precio superior al promedio.

Destaca una presencia importante de Otras Marcas menos conocidas con precios significativamente mas bajos .

En Pastas de Trigo. Mary, Primor y Capri representan mas del 86% de los registros, con los precios muy cercanos.

En Cartones de Huevos, Carne Molida los registros sin marca son claramente dominantes, por encima de 90%. En Pollo Entero el 50% es sin marca.

En Leche en Polvo La Campiña, Do Bon, La Campestre y La Campesina representan cerca del 83%, teniendo la Campiña un precio por encima del promedio

Aumentos de Precios en Bs por Productos y Regiones

La comparación entre los meses de noviembre, diciembre y enero muestra un aumento de la canasta de 10 productos de 44% entre noviembre y diciembre, y de 24% entre este mes y enero 2023. Entre noviembre y enero los precios se incrementan en 121%, es decir más que se duplican.

Los mayores aumentos en enero con respecto a diciembre se producen en Caraotas (35%), Pastas de trigo (32%) y Carne Molida (30%), con una significación muy alta de la Carne Molida que sube 140% entre noviembre y enero.

Los incrementos de precios menos importantes se dan en: Azúcar (17%), Pollo Entero (19%) y Leche y Huevos (20%), a diferencia de ocurrido entre noviembre y diciembre

Las regiones con mayores incrementos son: Centro Norte Costera (42%), Nacionales Digitales (35%) y Altos Llanos Centrales (34%). El peso de la información digital en estas regiones puede ser significativo

Las regiones donde los precios suben menos son: Altos Llanos Centro Occidentales (9%), Guayana Delta, y Barinas Llanos Bajos (15%).

Aumentos de Precios en dólares por Productos y Regiones

La comparación entre los meses de diciembre y enero muestra un aumento de la canasta de 10 productos de 10% entre este mes y diciembre. El incremento de precios es mucho menor que el que observamos en bolívares, pero es también importante.

Los mayores aumentos en enero se producen en: Caraotas, y pastas de trigo (17%), Carne Molida (16%), mientras que los incrementos de precios menos importantes se dan en: Pollo Entero (-4%) y Leche en Polvo y Azúcar (5%).

Las regiones con mayores incrementos son: Formación Lara FalcónYaracuy (73%), Cuenca Norte del Lago Paraguaná (65%) y Barinas Llanos Bajos (64%).

Las regiones donde los precios suben menos son: Altos Llanos Centrales y Occidentales (-10%)

Para profundizar esta información se recomienda consultar los archivos anexos.

 3 min


Cecilia Barría

En medio de la Gran Depresión en Estados Unidos en la década de 1930, el economista Simon Kuznets buscó medir la actividad económica del país para ayudarlo a salir de la brutal crisis.

Originalmente se preguntó qué actividades son realmente productivas y cómo se fomenta el bienestar en un país, pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la prioridad de medir la riqueza que genera un país dio un giro: había que saber cuánto se producía y cuánto quedaba para financiar la guerra.

Terminado el conflicto bélico, EE.UU. necesitaba saber cómo le estaba yendo a los receptores de la ayuda económica destinada a la reconstrucción, por lo que todos comenzaron a usar el indicador clave para ese objetivo: el Producto Interno Bruto, PIB.

Kuznets, sin embargo, no estaba muy orgulloso de lo que había ayudado a crear, porque a final de cuentas una medida que teóricamente iba a reflejar el bienestar económico terminó siendo la suma de todos los bienes y servicios que produce un país en un año.

"Se deben tener en cuenta las distinciones entre la cantidad y la calidad del crecimiento", dijo el propio Kuznets en 1962.

Siete décadas más tarde seguimos usando el PIB para medir la riqueza que genera un país.

El problema no es el PIB en sí mismo, dicen las voces críticas, sino el poder supremo que se le ha dado para reflejar el éxito o el fracaso de un país.

Por eso sostienen que se debe poner fin a "la dictadura del PIB" o, como dice el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, al "fetichismo del PIB".

Argumentan que si bien el crecimiento económico ha generado más trabajo, mejores ingresos y más riqueza, las desigualdades entre las élites y el resto de la población se han hecho más profundas en las últimas décadas.

Por otro lado, dicen que el "dogma" de producir más y consumir cada vez más nos ha llevado a la destrucción del planeta.

Por el contrario, los defensores del PIB plantean que el crecimiento económico es lo que le ha dado al mundo tratamientos contra el cáncer, acceso a electricidad y agua potable, mayor esperanza de vida. En suma, el crecimiento ha generado bienestar.

Estos son algunos de los mitos que rodean a la cuestionada medida.

Mito 1: las economías con el PIB más alto son mejores que el resto

El PIB es la forma en que clasificamos a los países y juzgamos su desempeño. La cifra es clave porque de ella depende la elaboración del presupuesto que hacen los gobiernos y les permite tener información clave para tomar decisiones.

También determina cuánto puede pedir prestado un país y a qué tasa de interés, como también influye en las decisiones de inversión.

Sin embargo, las economías más ricas suelen crecer menos que el resto porque están en otra fase de su desarrollo, no necesariamente porque les vaya mal.

También ocurre al revés, cuando el PIB de un país pareciera ser increíblemente alto, pero no refleja necesariamente toda la película.

Basta con mirar el famoso "rebote estadístico" que ocurre cuando el PIB de un país cae estrepitosamente y al año siguiente crece "espectacularmente", un fenómeno que ocurre porque la base de comparación es muy baja.

Así pasó con la pandemia de covid-19. México, por ejemplo, creció un increíble 4,8% en 2021, pero venía de una brutal caída de -8,1% el año anterior.

Bolivia, en tanto, aumentó su PIB hasta 6,1%, pero venía de un -8,7% en 2020.

Por otro lado está el caso de Venezuela, que este año será el país con el mayor crecimiento de América Latina, llegando a un increíble 6,5%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Es realmente Venezuela la más exitosa economía de Latinoamérica por el aumento de su PIB?

Economistas señalan que después de años de hiperinflación, aumento de la pobreza y una recurrente caída en el crecimiento económico, lo que estamos presenciando es una recuperación.

Pero que tenga el mayor crecimiento respecto a las demás no es sinónimo de que sea la economía más exitosa de la región.

Otro ejemplo de un alto PIB que no tiene que ver con el éxito ocurre cuando hay guerras o desastres naturales, por el gigantesco gasto público que deben hacer los gobiernos.

"Un aumento del PIB puede reflejar cosas que no quieres que pasen", le dice a la BBC Dimitri Zenghelis, cofundador del Proyecto Wealth Economy de la Universidad de Cambridge.

"Puedes enfrentar un terremoto como pasó en Japón a mediado de los 90. Eso genera mucha actividad económica por la reconstruccion, mucho PIB", explica.

"Pero nadie en su sano juicio querría que eso pase".

Mito 2: el PIB solo mide actividades legales

El PIB no distingue entre las actividades legales o ilícitas porque mete todo en el mismo saco.

"Las ojivas nucleares de Kim Jong-un funcionan tan bien como las camas de hospital o el pastel de manzana", dice David Pilling, autor de "El engaño del crecimiento: la riqueza y el bienestar de las naciones".

La inyección de dinero en la economía proveniente del tráfico de drogas, de armas o de personas, también tiene un impacto en el crecimiento económico.

Las organizaciones criminales generan empleos, aumentan el consumo, crean grandes cadenas de producción, distribución y venta que, de manera directa o indirecta, forman parte del PIB.

Naciones Unidas estima que entre 2% y 5% del PIB mundial es generado por lavado de dinero, aunque la cifra podría ser mucho mayor dadas las dificultades de cálculo.

Mito 3: el aumento del PIB es sinónimo de un mayor bienestar para toda la población

Eso es relativo. Puede ser que en algunos países el crecimiento genere más bienestar para la mayor parte de la población y que en otros genere más riqueza solo para unos pocos.

En ese sentido, el PIB por sí mismo no es sinónimo de bienestar, desarrollo o éxito.

Para tener una fotografía más realista del desempeño de un país, dicen expertos, es necesario agregar otras mediciones como el Índice de GINI que estudia la distribución de los ingresos, o el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el IDH, que pone atención en la esperanza de vida, alfabetización, educación y otros elementos relacionados con la calidad de vida de las personas.

Por otro lado, los promedios en relación al crecimiento económico pueden resultar engañosos.

El famoso PIB per cápita es una medida útil para dividir el valor de la actividad económica de un país por su número de habitantes. Es un promedio, pero no dice nada sobre la distribución de la riqueza.

Uno de los mejores ejemplos de la ilusión que provocan los promedios es el del antipoeta chileno Nicanor Parra, quien antes de dedicarse a la literatura, fue profesor de matemáticas, física y mecánica racional.

"Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona".

Mito 4: el aumento del PIB no tiene efectos negativos

La medición del PIB incluye el número de autos construidos, pero no sus emisiones, que a final de cuentas se traducirá en un mayor gasto en salud y otros efectos relacionados con la contaminación.

El PIB "también cuenta los desechos plásticos que flotan en el océano, las alarmas antirrobo y la gasolina que se consume en un atasco", dice David Pilling.

Desde ese punto de vista, un país puede experimentar un alto crecimiento y al mismo tiempo puede estar hipotecando su futuro.

"Si tu crecimiento está basado en actividades que no son sostenibles, como destruir el medioambiente, entonces no es bueno", señala Zenghelis.

En los últimos años, ha ganado espacio la idea del "crecimiento sostenible e inclusivo" para contrarrestar sus efectos negativos, tal como lo plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

El enfoque no es "decrecer", sino poner atención a la calidad del crecimiento.

¿Qué diría Simon Kuznets, el creador del PIB, si aún estuviera vivo?

31 de enero 2023

BBC News

https://www.bbc.com/mundo/noticias-64394078

 6 min


Laureano Márquez

Cuando era presidente de la república, Rómulo Betancourt enfrentó una complicada situación política en los inicios de la democracia: golpes de derecha, de izquierda, de centro y de lado. Frente a todos los intentos de desplazarlo del poder, él respondió diciendo: «Ni renuncio ni me renuncian».

Yo, en medio de la pandemia de «primaritis» que nos sacude y en la que he visto por ahí figurar también mi nombre (prueba de lo bajo que está cayendo nuestro debate político), emulando a Betancourt respondo: ni me lanzo ni me lanzan. Aclaratoria que hago porque, con esto de la desinformación propia de los tiempos actuales, alguien podría creer que, incluso yo, tengo aspiraciones. Y yo les aseguro que ni he aspirado, ni tengo deseos de aspirar.

En mi opinión, una de las personas más lúcidas del país en toda su historia fue Diógenes Escalante, que ante la posibilidad de ser presidente de Venezuela tomó el sensato camino de la locura. Muchas veces pienso que el señor Escalante, cuando se topó con el país real —luego de haber sido embajador en los Estados Unidos y haber contemplado de cerca el funcionamiento de los países democráticos en los que le tocó servir de diplomático—, fingió demencia para librarse de la tragedia de gobernar su patria, ese «cuero seco», a decir de Guzmán Blanco, que se pisaba por un lado y se levantaba por otro. Yo imagino la impresión del embajador cuando, a su arribo al país, comenzaron a llegarle gallinas y cochinos de regalo al hotel Ávila, pretendiendo futuros favores. Qué haría con tantos animales.

Por otro lado, el cupo de cómicos precandidatos ya ha sido cubierto por el Conde, aunque debo reconocer que un debate entre comediantes podría animar mucho el cotarro nacional. Gobernar al país en broma puede ser un giro trascendente para una tierra que lleva dos siglos padeciendo una seriedad que da risa y un humor bastante serio.

De todas maneras, hay que ser agradecido: que algunos crean que este humilde servidor tiene condiciones para ocupar lo que se consideró, durante mucho tiempo, la más digna de las magistraturas, honra. Tengo otros argumentos para no participar en las primarias ni en las secundarias, pero prefiero omitirlos para no ser ave de mal agüero, pero si los enumerados fuesen insuficientes, para sustentar mi deserción de la aspiración presidencial, podría señalar, por último, que soy un venezolano que no tuvo el honor de nacer en Venezuela (como requiere la Constitución para el cargo), aunque ello sea lo de menos.

De todas maneras, desde el lugar en el que la providencia me ha colocado, trataré, como el colibrí de la fábula, de seguir llenando mi modesto piquito de agua para contribuir a apagar el incendio, aunque todo indique que los vientos soplan a favor del fuego. Con la solemnidad del caso diré, por último: el título de humorista es la más alta distinción que me ha otorgado la patria, me es imposible degradarlo.

Twitter: @laureanomar

 2 min


Maricel Drazer

América Latina -con excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica- sacó una vez más malas notas en el índice mundial de corrupción dado a conocer este martes por Transparencia Internacional. Transparencia Internacional presentó este martes su índice de percepción de corrupción 2022.

Parafraseando al célebre Gabriel García Márquez, podría hablarse de la “crónica de una mala noticia anunciada”. Una vez más, el continente latinoamericano presentó niveles altos de percepción de corrupción.

El instrumento clasifica 180 países y territorios según las percepciones de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, en la que cero equivale a "muy corrupto" y 100, a una muy baja corrupción.

El promedio de las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50.

DW entrevistó de manera exclusiva a la presidenta de la organización, Delia Ferreira Rubio, quien, desde su estudio en la Ciudad de Buenos Aires, analizó causas, consecuencias y perspectivas del fenómeno en Latinoamérica.

DW: ¿Cuál es el balance principal que deja este nuevo índice para América Latina?

Delia Ferreira Rubio: Una asignatura pendiente, reiteradamente pendiente. Si uno analiza Latinoamérica, con excepción de Chile y Uruguay, y en menor medida Costa Rica, estamos muy por debajo del promedio global. La mayoría de los países están por debajo de los 40 puntos, y en una escala de 100, estar ahí es, claramente, un problema.

Es el caso de Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, México, Paraguay y Honduras. O sea, en Latinoamérica estamos mal. Y muchos países están en una situación de estancamiento.

A mí me preocupa mucho, porque esto va junto con el deterioro de la democracia, la falta de respeto por la independencia del Poder Judicial, que, a su vez, conecta con las investigaciones de corrupción y la necesidad de que haya consecuencias, es decir, de que no haya impunidad.

Eso significa que, si hay altos grados de corrupción, el periodismo informa, la sociedad civil denuncia, y no pasa nada, lo único que se genera es falta de confianza en las instituciones.

Y se conforma un círculo vicioso...

Yo digo que incluso es peor que un círculo: es un espiral, porque va creciendo. Si hay instituciones que no funcionan, es una oportunidad para la corrupción. Y una vez que la corrupción está, esas instituciones funcionan aún peor.

Además, en nuestra región, vemos que en los países que avanzaron contra la corrupción, apenas cambian los gobiernos, empiezan a cuestionarse los resultados de investigaciones anteriores.

Hay gobiernos autoritarios o populistas, que llegan al gobierno de manera democrática, pero lo primero que hacen es usar el poder que han adquirido para tratar de eliminar los controles, atacar al Poder Judicial y atacar a los medios de comunicación. Como el gobierno de Bukele, en el Salvador, o el gobierno de Guatemala. Y en Argentina, estamos asistiendo a los ataques a la Corte Suprema de Justicia, porque se ve más cercana la posibilidad de una condena para la vicepresidenta por casos de corrupción. Es el mundo del revés.

En nuestras sociedades latinoamericanas los consensos sociales básicos están rotos, vivimos en la cultura del "cambalache", como dice la letra de ese tango: "Da lo mismo ser derecho que traidor". Latinoamérica, con excepción de Uruguay y Chile, es un cambalache: "Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor".

Corrupción es una palabra que, de tan usada, puede hasta perder su contundencia en el significado, pero ustedes sostienen que va asociada a un terreno fértil para el crimen organizado y el abuso a los derechos humanos.

Así es. A la corrupción se le suma, en algunos países, el crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Con lo cual, el índice de violencia en la región aumenta. Algunos países directamente viven una captura del Estado. En el caso de Venezuela o de Nicaragua, son estructuras de crimen organizado que están enquistadas en el Estado.

Y también es un terreno fértil para los ataques a los medios de comunicación, y particularmente a los periodistas. Pensemos en México, el país más peligroso para los periodistas. Y eso, porque informan sobre la colaboración del Estado, la Policía y las Fuerzas Armadas con los grupos del narcotráfico.

Pero, además, la corrupción no solo implica beneficios económicos o políticos. Muchas veces en nuestros países tenemos casos de corrupción en los que la moneda de cambio -y esto afecta particularmente a las mujeres y a las niñas más jóvenes- es un acto de sexual.

¿Qué hacen bien Uruguay y Chile?

En ambos casos, no es que no haya corrupción, la diferencia es la reacción, que es aplicar la ley, rápido, y sancionar a quienes tienen que sancionar. Pero, además, hay algo que está como telón de fondo de esto, que tiene que ver con cultura. En Chile, en particular, hay un respeto a la norma, a la ley. En Uruguay, existe una condición de ciudadanía por la que se sienten obligados a actuar de acuerdo a ciertas reglas, como la honestidad, el respeto al otro y el diálogo.

¿En este sentido, cuáles son las salidas a la corrupción?

Las salidas son múltiples. Hay cosas que las puede hacer el Estado, con buenas leyes, que se apliquen, con organismos de control que sean independientes. Pero el sector privado también tiene una responsabilidad muy alta, que es no participar en la corrupción y no incentivarla: la corrupción no puede ser un mecanismo para hacer negocio. Y la sociedad tiene que dejar de ser indiferente, y dejar de votar a los corruptos.

¿Cree que existe voluntad de cambio?

Ese es precisamente el problema que tenemos. Pero si nos quedamos callados, no solo no vamos a poder luchar contra la corrupción, sino que el terreno que nos da garantías mínimas también va a seguir deteriorándose.

El mensaje tiene que ser claro: la corrupción está en la base de todos nuestros fracasos como sociedad, y de nuestras crisis: desde la deforestación del Amazonas, hasta la guerra en Ucrania.

31.01.2023

DW

https://www.dw.com/es/la-corrupción-está-en-la-base-de-todos-nuestros-fracasos-como-sociedad-sostiene-presidenta-de-transparencia-internacional/a-64568423?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&r=17270422561132180&lid=2425680&pm_ln=187231

 4 min


Humberto García Larralde

Las encomiables labores de muchas organizaciones no gubernamentales (ONGs) les han ganado la estima de la sociedad venezolana actual. Ante la destrucción de la economía y el colapso del Estado, con su consecuente incapacidad para responder a las múltiples demandas de la población, venezolanos conscientes, de gran sensibilidad social y espíritu solidario, dispuestos a ayudar al prójimo, fueron estructurando, en respuesta, organizaciones diversas.

Con sus esfuerzos en parcelas particulares del quehacer social, han ido llenando el vacío dejado por la devastación institucional. Así, en campos de la salud, educación, cultura, medios, alimentación, igualdad femenina, de los LGTBI, derechos indígenas, vejez, seguridad personal y muchos otros, el venezolano de a pie ha podido encontrar asistencia y amparo ante sus carencias. Pero es, sobre todo, en torno a la defensa de los derechos violentados por la represión, el acoso y la desidia de los círculos más elevados de poder, donde han adquirido más significación y prestancia. Porque sin derechos civiles y políticos elementales, el venezolano difícilmente puede luchar para hacer valer sus derechos en los demás ámbitos de su vida.

Y, sintiendo su poder desafiado por este compromiso de las ONGs por hacer respetar y cumplir los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, instancias del chavo-madurismo han aprobado, en primera discusión de la asamblea oficialista, un proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

En el proyecto que leo en mi computadora, luego de unos primeros artículos anodinos sobre asuntos de registro, definiciones y otros aspectos administrativos, se hace conocer, a partir del artículo 7, su verdadera intención. Éste se intitula, “De la limitación de sus facultades”. Deben acotarse, expresamente, a “las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras, que estén fijadas en sus estatutos”. Suena lógico. Pero con base en tal enunciado se introducen acciones de supervisión y control por parte del Ejecutivo Nacional, como las sanciones correspondientes si se transgrede la norma, sobre todo si “comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la asociación civil” (numeral 3, artículo 13). Para quienes carecen de suspicacia, la transgresión anterior se hace explícita más adelante, en el artículo 15, referente a las Prohibiciones:

“Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional: 1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos 2. Realizar actividades políticas 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”.

Dada la plasticidad complaciente con que jueces abyectos aplican la ley, el último numeral deja en manos de la discreción autocrática las demás actividades a prohibir. Entre las sanciones, está la disolución de la ONG, incluyendo “medidas cautelares … para evitar la continuación del delito.” Y, más adelante (artículo 16), se establece que, si la ONG no notifica lo que recibe como donaciones, “será castigada con la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida, sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar, en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, si fuese el caso.”

Para disipar toda duda respecto a la intencionalidad de este proyecto de ley, basta leer su exposición de motivos. Parte de la existencia de una conspiración internacional que, “anclado en el derecho de asociación que está consagrado en la Constitución” (…) abusa de esta libertad a través de las ONGs, “en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares.” (…) “Un análisis riguroso (¡!) de estas instituciones permite observar que dependen casi en exclusiva de la «ayuda» de los gobiernos occidentales que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica y que se relacionan con un marco de intervención.” Por tanto, la normativa a aprobar, “reivindica la soberanía del Estado” (OJO, no de la nación), para enfrentar esta amenaza. En palabras de Diosdado Cabello: “Las ONG de Venezuela no dependen del Gobierno Bolivariano, dependen del gobierno de Estados Unidos. Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero”.

La esencia de todo régimen totalitario es copar todos los espacios de poder, controlando los aspectos más básicos de la vida en sociedad, para perpetuar la posición de dominio de quienes ejercen el poder central. Esto implica, por tanto, la prohibición de la política como ejercicio soberano de quienes integran la nación venezolana. La normativa en comento encubre este despropósito manifestando, en su artículo 3, que “facilita el derecho de asociación licita, previsto en la Constitución.” Sin embargo, el último artículo (17) aclara que: “De manera expresa, se favorecerán formas de organización popular comunitaria y comunal que busque participar en la solución de los problemas locales, así como en la garantía de los derechos humanos.” Reaparece, así, el adefesio comunitario, controlado desde el poder por las leyes dictadas al respecto, la versión chavista del Estado Corporativo fascista de Mussolini.

Aristóteles señaló que el ser humano es un zoon politikon (animal político). Afirmaba, así, el apremio de participar activamente en los asuntos públicos (res publica) de las ciudades-estado griegas, atributo central de su democracia. Hoy, la sociedad civil se activa en la forma de un poder ciudadano amparado en derechos individuales irrenunciables, sujetos al cumplimiento de sus deberes, que acreditan su demanda porque le sean rendido cuentas de manera transparente de la gestión pública y se le garantice justicia, conforme a los criterios contemplados en el contrato social (constitución) con base al cual se articula esa sociedad.

En Venezuela, al desmantelar el Estado de Derecho, la lucha por que sean observados los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna ha sido asumida, en sus diferentes manifestaciones, por las llamadas Organizaciones No Gubernamentales. Y es ese ejercicio de ciudadanía, contrapeso de los abusos cometidos desde el poder, lo que la autocracia militar despótica chavo-madurista no se puede permitir. Sobre todo, aquellas ONGs que denuncian sus atropellos ante los organismos defensores de los derechos humanos de la ONU y la OEA, así como ante la Corte Penal Internacional.

De ahí el acoso y persecución de activistas, su represión y encarcelamiento, la tortura de quienes luchan por la democracia, y la agresión contra medios de comunicación independientes, cuyo zarpazo más reciente ha sido el ataque, la semana pasada, contra el diario El Nacional. Ahora pretenden complementar su arsenal represivo con este instrumento jurídico para acabar con las ONGs que desafían el poder autoritario de quienes se han cogido el país para ellos, militares y civiles. Para los opresores, las ONGs estarían financiando actividades terroristas (¡!).

Es emblemática que esta ofensiva sea asumida por la figura más conspicua del fascismo venezolano, Diosdado Cabello. ¡Siempre habrá enemigos a vencer, a quienes no debemos dar cuartel! ¡Para eso estamos nosotros, los militares chavistas sin escrúpulos!, parece espetarnos con sus cínicas imprecaciones. Y uno se pregunta, ¿Cómo encaja ello en el escenario de la supuesta normalización que Maduro pretende simular, de su interés por ser aceptado por la comunidad internacional y la continuidad de las negociaciones con sectores de oposición? La apelación a los primitivos esquemas represivos del chavismo y a colectivos fascistas que amedrentan la protesta no son buenos augurios.

No podía faltar, en este orden, la incesante alaraca “en defensa de la patria ante la agresión imperialista”, para que sean levantadas las sanciones contra los personeros centrales del chavismo, violadores de derechos humanos, blanqueadores de dineros mal habidos y otras vagabunderías. Porque lo que en realidad se defiende, como los venezolanos estamos hartos de confirmar, es la impunidad con que los que se han apropiado del Estado han amasado inmensas fortunas, al amparo de la destrucción del ordenamiento constitucional y la democracia. Lo que queda son las ONGs: ¡A defenderlas!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

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Mariana Mazzucato

Después de la reunión de líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil en el Foro Económico Mundial de este año en Davos, se ha difundido la observación de que vivimos en una era de «policrisis». La aparición simultánea de varios hechos catastróficos define el clima.

Frente a desafíos tan inmensos como el calentamiento global, la crisis de los sistemas sanitarios, una creciente divisoria digital y modelos de negocios financierizados que aumentan la desigualdad de ingresos y riqueza, no es sorprendente que crezca la desilusión con la política, creándose así condiciones ideales para populistas que prometen remedios fáciles. Pero las soluciones reales son complejas y demandarán inversión, regulación e innovaciones sociales, organizativas y tecnológicas, no sólo de parte de gobiernos y empresas, sino también de personas y organizaciones de todo el arco de la sociedad civil.

Los gobiernos, convencidos de que las políticas sólo pueden aspirar a corregir fallos del mercado, suelen dar respuestas insuficientes y tardías. Incluso bienes públicos como la financiación de actividades de investigación y desarrollo en el nivel básico se ven como formas de corregir un problema de externalidades positivas, así como los impuestos al carbono corrigen un problema de externalidades negativas. Pero lograr un cambio transformador que produzca crecimiento inclusivo y sostenible no depende tanto de corregir los mercados cuanto de configurarlos y crearlos. Esto demanda complementar la idea de los bienes públicos con la de «bien común», que no es sólo una cuestión de «qué», sino también de «cómo».

El bien común es un objetivo al que hay que llegar en forma conjunta mediante la inteligencia colectiva y la coparticipación en los beneficios. Trasciende la idea (en la cual se basa) de los recursos de propiedad comunal, al poner el acento en cómo diseñar inversiones, innovaciones y mecanismos de colaboración en pos de un objetivo compartido. Los bienes comunes son producto de interacciones e inversiones colectivas que demandan modelos compartidos de propiedad y gobernanza. Por eso los beneficios surgidos de esas actividades deben compartirse en forma colectiva. La idea de bien común también atiende a la necesidad de una gobernanza internacional eficaz, destacada en la noción de bienes públicos globales elaborada por mi brillante colega, la fallecida Inge Kaul, que ayudó a inspirar el trabajo de la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua.

En su encíclica de mayo de 2015 Laudato si’: sobre el cuidado de la casa común, el papa Francisco defiende con elocuencia un modo de pensar basado en el bien común para un mundo de cambio constante. No es idealismo abstracto. La idea de bien común ofrece un marco útil para fijar objetivos compartidos y determinar el modo de alcanzarlos. Francisco habla de la necesidad de subsidiariedad (el principio de resolver los temas particulares en el nivel más local posible) y de ver el mundo por los ojos de las personas más vulnerables.

Según Francisco, la prioridad en todo cambio social, económico y político debe ser proteger las condiciones esenciales de las que depende la vida humana. La toma de decisiones para el bien común implica defender la dignidad de quienes están marginados en términos sociales, políticos y económicos, no sólo con palabras sino con políticas y nuevas formas de colaboración. Implica crear una red de solidaridad a través de la cual las voces no escuchadas puedan participar en los procesos de decisión cruciales.

Para alcanzar estos objetivos se necesita un nuevo modelo de crecimiento en cuya búsqueda deben participar los que hoy están excluidos; no un modelo que sencillamente se implemente en su nombre. Sirven de ejemplo las organizaciones cooperativas, que se han mostrado eficaces para reunir a personas con medios limitados y darles oportunidades de acción autónoma que no hubieran tenido de otra manera.

Francisco también comprende que en tiempos en que algunos sectores económicos tienen más poder que los gobiernos en ciertos ámbitos, es obligación del Estado defender el bien común en nombre de todos. Para oponerse a la tendencia y hacer frente a los grandes desafíos que tenemos por delante es necesario un cambio fundamental en la política económica. Hoy el principio de bien común se ve como un correctivo para los excesos del sistema actual; pero en vez de eso, debe constituir el objetivo central del sistema.

El dinero no es todo: también es importante fomentar ciertas formas de colaboración. En el caso de la COVID‑19, el mundo hizo una muy exitosa inversión colectiva en la investigación de vacunas. Pero omitió garantizar que el resultado final se trasladara a un «bien común»: en concreto, llegar a que toda la población mundial esté inmunizada.

A menudo tenemos una idea perezosa de las «alianzas» entre diversas partes. La mera asociación entre las partes no quiere decir que estén colaborando correctamente para el bien común; para eso también es necesario que fijen en forma conjunta los objetivos y que armonicen riesgos y beneficios. Todos los participantes deben coincidir en el «qué» además del «cómo». Por ejemplo, no se trata solamente de desarrollar vacunas, sino también de ponerlas al alcance de todos.

Con un enfoque basado en el bien común, cada paso del proceso es casi tan importante como el resultado final. En Estados Unidos, el gobierno destina miles de millones de dólares por año a la inversión pública en I+D en el área de la salud (en 2022, sólo los Institutos Nacionales de Salud proveyeron 45.000 millones de dólares), pero después deja todas las ganancias en manos privadas. Al materializarse la «recompensa» de un esfuerzo colectivo (a menudo en la forma de ganancias empresariales, o como conocimiento valioso), debe compartirse tanto como se compartieron los riesgos.

Como muestro en mi libro Misión economía, hay muchos modos de hacerlo. Uno es condicionar el apoyo público a ciertos requisitos sobre propiedad intelectual o precios, o exigir coparticipación en las ganancias, por ejemplo mediante un modelo accionarial. Otro modo de propiciar una distribución más equitativa del valor entre todos los miembros de la sociedad es mediante estructuras de propiedad colectiva. Todos estos mecanismos permiten limitar la concentración indebida de poder en manos de unas pocas personas y empresas privilegiadas.

Y estos problemas no son exclusivos del ámbito de la salud. La economía digital lleva años creciendo sobre la base de inversiones públicas a gran escala. Como unas pocas empresas poderosas controlan la mayor parte de los datos, tecnologías clave como la inteligencia artificial hoy reproducen sesgos e injusticias preexistentes. Para contrarrestarlo, tenemos que diseñar un marco más inclusivo y transparente que, por ejemplo, imponga ciertos criterios éticos a los términos y condiciones de los servicios digitales.

Finalmente, hay que alentar una mayor valoración del poder de la inteligencia colectiva. Así como los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG/ESG) ayudan a las empresas a proveer información sobre su conducta y cultura organizacional, un enfoque de bien común exige una mejor provisión de información sobre la dinámica interorganizacional y público‑privada, que exprese la totalidad del ecosistema de colaboración (o de parasitismo, como también puede suceder).

La idea de bien común es una idea de colaboración intensa, de inteligencia colectiva, de creación conjunta de fines y medios y de una correcta distribución de riesgos y beneficios. Políticas industriales y de innovación con orientación de misión muestran cómo se pueden poner en práctica estos principios. Gobiernos u organismos internacionales pueden fijar una meta clara (a menudo mediante un proceso de consulta con otras partes interesadas) y luego crear condiciones para una intensa colaboración público‑privada que permita alcanzar dicha meta. Y en este proceso, la modalidad de prueba y error es un elemento crucial. El rumbo debe estar claro, pero también tiene que haber amplio margen para la experimentación descentralizada.

El bien común es un objetivo compartido. Al poner el acento en el cómo lo mismo que en el qué, permite promover la solidaridad humana, el uso compartido del conocimiento y la distribución colectiva de los beneficios. Es el mejor (y de hecho el único) modo de asegurar una calidad de vida digna para todas las personas en un planeta interconectado.

Traducción: Esteban Flamini

27 de enero 2023

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/common-good-governance-key-...

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