La semana antepasada se presentó, como ha sido usual cada dos años y durante tres décadas, a los investigadores que obtuvieron en su edición XX, el Premio Fundación Empresas Polar “Lorenzo Mendoza Fleury”.

Coloquialmente conocido como el Premio Polar, fue pensado con la idea de promover la valoración pública de la ciencia por parte la sociedad. En este sentido, diversos estudios realizados en América Latina (inclusive Venezuela), buscando medir el interés de las personas y tratando de determinar que fuerza tiene en este ámbito el concepto de ciudadanía, han revelado, en general, que, si bien hay avances, aún queda un buen trecho por caminar en todos los países. Y, por otro lado, fue concebido con la finalidad de subrayar la gran relevancia de la investigación, sobre todo en este momento en el que nuestras capacidades tecnocientíficas se han venido abajo, situación de la que la que dan testimonio, la fuga de talentos, el descalabro de los laboratorios y el proceso de “desaprendizaje tecnológico” que ha sufrido el sector productivo.

Mediante un largo y cuidadoso proceso, permeado por un ritual (los ritos son necesarios, según quedó expresado en El Principito, el magnífico relato de Antoine Saint Exupery), los biólogos Oscar Noya y Jorge Luis Ramírez y el químico Jaime Charris, los tres de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la astrofísica Gladis Magris (del Centro de Investigaciones de Astronomía (CIDA) y el matemático Neptalí Romero de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), fueron los investigadores seleccionados como los ganadores del premio en esta ocasión, mismo que les será entregado próximamente en un acto público.

Según el criterio del jurado, cada uno de ellos cuenta, en su campo respectivo, con una obra sobresaliente, a pesar, piensa uno, de tener el viento en contra como consecuencia de unas políticas públicas inestables, incompletas, descompaginadas y hasta contradictorias, que han dejado un saldo muy por debajo de lo que auspiciaban los discursos y planes gubernamentales en los comienzos de este siglo y, asimismo, de lo que prometían los fondos disponibles para promover la expansión de las capacidades tecnocientíficas, asunto que, repito, debe ubicarse en un lugar central de la agenda nacional.

Mis felicitaciones, pues, a todos ellos. También, desde luego, mi reconocimiento a la Fundación Polar, al tiempo que le manifiesto, no es la primera vez que lo hago, una queja personal (ojo, no es porque sea sociólogo), la cual asumo como un atrevimiento de mi parte, aunque vaya envuelta dentro de una pregunta con buenas intenciones: ¿por qué sólo se laurean a las (mal) llamadas ciencias duras, (la física, las matemáticas, la biología, la química), dejando de lado las (peor) denominadas ciencias blandas (las sociales y las humanas), éstas últimas imprescindibles para transitar con acierto los camino que traza el Siglo XXI, llenos de oportunidades pero igualmente empedrados por riesgos y preguntas para las que no tenemos respuesta?.

HARINA DE OTRO COSTAL

TSJ (lo mismo, nomás que diferente)

En el año 2021 Nicolás Maduro ordeno la creación de una Comisión, encabezada por Diosdado Cabello y Cilia Flores, con el objetivo de introducir reformas en el poder judicial, expresando que en “Venezuela hace falta una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme todo el sistema de justicia del país”.

Así, luego de un proceso no muy ortodoxo desde el punto de vista normativo, la mencionada Comisión designo en días recientes, con demora, a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Las modificaciones pregonadas en el discurso presidencial terminaron en cambios que merecen ser descritos, apenas, como un ligero maquillaje. En efecto, se mantuvo en el cargo a un buen número de sus integrantes, se introdujeron algunas nuevas caras - que se parecen demasiado a las caras de los que salieron del organismo-, se redujo el número de magistrados y como éstas otras decisiones de poca monta que no mejoran en ningún plano, la calidad de la administración judicial. El nuevo TSJ es lo mismo que el anterior, nomás que diferente, opinaría Cantinflas.

Queda claro, entonces, el mensaje que se nos envía. Nos reitera a los ciudadanos, sin dispensarnos siquiera un mínimo gesto de disimulo, que los magistrados no se encuentran allí para aplicar la justicia conforme a los principios de independencia e imparcialidad, sino para orientar su gestión de acuerdo a las instrucciones venidas de “arriba”.

La escogencia de los nuevos integrantess muestra que autoritarismo gubernamental se encuentra en pleno desarrollo. Hace evidente que el ejercicio del poder gubernamental tiene cada vez menos límites, que las reglas que lo tiemplan se van desdibujando, a la vez que muestra, por ahora solo la punta, el iceberg de la vigilancia social.

El Nacional, mayo 2022

Resumen ejecutivo

1. El objetivo de este informe es presentar un diagnóstico general del sistema de justicia penal en Venezuela durante el siglo XXI. No pretende entrar en profundidades, pero sí dar un panorama claro y sencillo en la medida de lo posible de cómo funciona la justicia penal en el país y explicar las causas principales de la situación actual en ese ámbito.

2. El siglo XXI coincidió con el arribo al poder de Hugo Chávez, un populista de izquierda, militar, muy carismático, quien prometió una mayor igualdad entre los venezolanos. Para ello, propuso, entre otros aspectos, hacer una nueva Constitución e importantes reformas, especialmente en el sistema de justicia. No obstante, los cambios realizados no siguieron los procedimientos de un Estado de derecho y, poco a poco, este se debilitó a tal punto que también se deterioró la democracia, aun siendo Venezuela antes del chavismo la democracia más estable de América Latina desde hacía cuarenta años.

3. En el período chavista, se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder a fin de obtener fines políticos. Paulatinamente el Ejecutivo nacional se apoderó de todas las instituciones, las partidizó y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios y de ganancias.

4. Chávez falleció en 2013 y dejó como sucesor a Nicolás Maduro, quien ganó las elecciones ese mismo año, aunque de manera dudosa. Desde los inicios de su mandato, Maduro se reveló como un gobernante autocrático y entregó todo el poder a los militares y al grupo más cercano a Chávez, así como los recursos del Estado, con el fin de mantenerse en el poder. En mayo de 2018 se celebraron nuevas elecciones presidenciales, pero estas no fueron libres, competitivas ni democráticas, por lo que fueron desconocidas por más de cincuenta países en el mundo; de hecho, Maduro es considerado como un presidente de facto, así como todas las autoridades de los distintos poderes públicos, por haber sido nombradas o electas de formas ajenas a lo establecido por la Constitución y los principios de un Estado de derecho.

5. Esta realidad ha provocado un aumento del malestar social, lo que ha ocasionado protestas masivas como las registradas en 2014 y 2017. Ambas oleadas de manifestaciones fueron duramente reprimidas gracias a un aparato policial que ha experimentado un vertiginoso crecimiento.

6. En este período, las ejecuciones extrajudiciales han pasado a constituir una política de Estado en la que están involucrados altos funcionarios del Ejecutivo nacional y los mandos de los organismos policiales y militares. Asimismo, la impunidad de los funcionarios es parte de esta política de Estado. El sistema de justicia penal existe, pero no para prevenir y castigar la comisión de delitos, sino para reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales.

7. La situación antes descrita ha ocasionado que Venezuela ocupe el último lugar de los 139 países evaluados por la organización internacional World Justice Project; que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los órganos del Estado y que, además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya activado un mecanismo independiente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela para investigar presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual o de género, perpetrados desde 2014.

LA POLICÍA

8. La normativa venezolana establece que el servicio de policía es fundamentalmente de carácter civil y predominantemente preventivo, bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). Su objetivo es proteger los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía, así como controlar y prevenir los delitos.

9. La función de investigación penal también es parte de la policía; no es de carácter preventivo, ya que se inicia luego de la comisión de un delito (ex post) y le corresponde al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) bajo la dirección del Ministerio Público (MP).

10. En el año 2006, producto de la heterogeneidad de los organismos policiales, grandes asimetrías y ausencia de coordinación entre los distintos cuerpos, los excesos en el uso de la fuerza, la desconfianza y el cuestionamiento por su autoritarismo y militarización, su utilización para fines político partidistas por parte de gobernantes regionales y locales, la inestable situación social y laboral de los funcionarios policiales, así como la dispersión normativa en esta materia, se dio inicio a un proceso de reforma policial, liderado por una comisión creada para tal fin: la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol).

11. Como resultado del trabajo de la Conarepol, a partir del año 2008 se promulgaron leyes como la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB) y la Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFP). No obstante, no ha habido voluntad política para instrumentarlas, ni para construir la institucionalidad que establecen. Por el contrario, se ha hecho prácticamente todo lo opuesto de lo que propuso la Conarepol.

12. La LOSPCPNB establece que el Sistema Integrado de Policía está conformado por el MPPRIJP, la PNB, las policías estadales, las policías municipales, la Universidad Nacional Experimental para la Seguridades (UNES), y los demás órganos y entes que eventualmente ejerzan funciones del servicio de policía. En la actualidad,

hay 123 policías municipales, 23 estadales y una nacional, lo que suma un total de 147 cuerpos de esta naturaleza. A esto hay que agregar el CICPC y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); aunque, esta última es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), puede cumplir labores de apoyo en materia de seguridad ciudadana.

13. El servicio de policía a nivel nacional está integrado por el presidente de la República, quien es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional; por el MPPRIJP, cuya función es organizar, supervisar y establecer los recursos y planes de los servicios de policía a nivel nacional; y por la PNB, un órgano de seguridad ciudadana, dependiente administrativa y funcionalmente del MPPRIJP, cuyo carácter es civil, público y profesional.

14. La PNB tiene la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como el cumplimiento de la ley. Sus áreas de servicio son orden público, tránsito, fiscalización y aduanas, turismo, aeroportuaria, custodia diplomática y protección de personalidades, penitenciaria, migración, marítima, anticorrupción, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ambiental, delincuencia organizada, antisecuestro, seguridad alimentaria, grupos armados irregulares y cualquier otra vinculada a la prevención del delito. La PNB tiene una dependencia tristemente muy conocida: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Aunque en teoría es un comando para combatir la inseguridad y actuar «contra el crimen y el terrorismo», ha sido calificado como un cuerpo de exterminio por la oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe publicado en octubre de 2019 y solicitó su disolución.

15. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es otro organismo policial de carácter nacional. Se le considera como la policía política de Maduro; de hecho, es la que se ocupa de detenciones arbitrarias y resguardo en sus sedes de presos políticos. Sin embargo, más que por el «resguardo» se la conoce por las torturas practicadas contra estas personas y el horror que impera en sus calabozos, el ubicado en Plaza Venezuela donde ocurrió la muerte de Fernando Albán y El Helicoide, descrito como un verdadero centro de tortura psicológica, entre otros.

16. La Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos es otra entidad del sistema, recientemente creada en papel, pero no en la realidad, que tiene por función recibir, tramitar e investigar disciplinariamente las denuncias de violación de derechos humanos cometidas por los funcionarios policiales. Pese a que este organismo debe contar con el apoyo y la asesoría del MP y la Defensoría del Pueblo (DP), es preocupante que sea parte integrante de la policía, cuyas violaciones a los derechos humanos debe investigar, y no de un organismo separado y autónomo.

17. Por último, están la GNB, cuerpo de naturaleza militar, que tiene potestades de control de manifestaciones y orden público cuando la PNB o la policía estadal se vea rebasada en sus funciones, y el CICPC, el cual está encargado de la investigación penal. Este último, aunque administrativamente está adscrito al MPPRIJP, funcionalmente depende del MP.

18. El servicio de policía a nivel estadal está integrado por el gobernador, quien es la primera autoridad civil de la entidad y como tal es responsable de organizar los servicios de policía en su territorio. Las policías estadales están encargadas de controlar las reuniones y manifestaciones que comprometan el orden público, la paz social y la convivencia, pero en caso de que se vean superadas en sus funciones, deben ser apoyadas por la PNB o la GNB.

19. A nivel municipal el sistema está integrado por el alcalde, quien es la primera autoridad civil del municipio y es responsable de los servicios de policía municipal. Las policías municipales tienen funciones preventivas y de control del delito dentro de cada municipio, especialmente de protección vecinal. En caso de ser superadas en sus funciones deben ser apoyadas por la policía estadal.

20. Una de las principales consecuencias de la reforma policial de 2006 fue el crecimiento acelerado de la institución policial en un 53% entre 2006 y 2017, incrementando la tasa de encuadramiento policial a 557 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que el estándar internacional promedio era para ese momento de 300 a 400 efectivos por cada 100.000 habitantes. En 2006 existían 123 policías uniformadas estadales y municipales; para 2015 ese número se incrementó en 19% a 147. No se cuenta con cifras más recientes por falta de información oficial.

21. El caso de la PNB es emblemático, ya que en seis años a partir de su creación en 2008 alcanzó una cifra de 14.739 funcionarios. Sin embargo, para llegar a ese número no se cumplieron con los estándares mínimos de selección, capacitación, supervisión y control eficiente de esos jóvenes armados, que iban a las calles con un tiempo de formación insuficiente, lo que, aunado a la disminución del presupuesto asignado y el deterioro de los sueldos, ha creado las condiciones ideales para actos ilícitos y de corrupción dentro de la institución.

22. El artículo 322 constitucional establece que «los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna». No obstante, la realidad ha sido muy distinta desde inicios del siglo XXI, en el que el proceso de militarización de las policías se ha profundizado, especialmente durante el Gobierno de Maduro.

23. La militarización es alarmante, porque si «la racionalidad bélica» con la que se guían los militares se aplica a la lucha contra el crimen, las consecuencias son fatales, y esto es lo que en efecto ha ocurrido en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad del Estado pueden llegar a ser más responsables de más muertes que los delincuentes.

24. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ha denunciado que desde el año 2016 hay un aumento sostenido de la letalidad policial en relación con las muertes provocadas por los delincuentes. Cada año hay más víctimas por haberse resistido a

la autoridad que los homicidios de cualquier otro tipo. En el año 2016, por cada cien homicidios hubo 28 personas que fallecieron en las actuaciones policiales que fueron calificadas como muertes por haberse «resistido a la autoridad». En 2017 fueron 34 por cada 100; en 2018 fueron 72 por cada 100; en 2019 fueron 88 por cada 100 y en 2020, por primera vez, fueron más los muertos por los policías que por los delincuentes: 101 por cada cien homicidios delincuenciales.

En 2021, el número de muertes causadas por los agentes de policía volvió a disminuir en relación con las ocasionadas por los delincuentes y se ubicó en 53 por cada cien.

25. Es indispensable diferenciar los conceptos de seguridad de la nación y seguridad ciudadana. La primera se refiere a la soberanía del país y al cuidado de las fronteras físicas, y el órgano encargado de cumplir esta función es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyos funcionarios están entrenados para ello, de acuerdo con una lógica bélica amigo-enemigo. La segunda tiene otra racionalidad, dado que los conflictos se dan entre civiles, y los órganos encargados de dirimirlos también son de naturaleza civil.

26. Uno de los factores que ha promovido la militarización policial ha sido que doce de los ministros de Interior, Justicia y Paz a cargo desde 1999, han sido militares (80%). Sin embargo, el elemento más importante ha sido el cultural, que ha sido promovido a través de prácticas y lógicas bélicas dentro de los cuerpos civiles de seguridad del Estado, así como por normas legales y sublegales posteriores a la reforma policial.

27. El proceso de militarización legal y factual de las policías ha sido la base de una política represiva y persecutoria, deliberada y consciente de ir abarcando cada vez más espacios dentro del Estado, tomando el control institucional de la justicia penal desde sus bases. Las implicaciones en las graves violaciones de derechos humanos y atrocidades que han ocurrido en Venezuela provienen del ejercicio del poder bélico del Estado, tratando a la población civil como «enemiga» como si se tratara de un campo de batalla y no de una ciudad. Las tareas de una policía se basan en la persuasión, la disuasión, la mediación, la negociación, la prevención y, solo en última instancia, la coerción, en torno a lograr el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Justo eso es lo que no hace la policía en Venezuela, que en primer lugar recurre al uso de la fuerza.

28. Desde hace varios años Venezuela es uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. El pico más alto se produjo en 2016 y luego empezó a descender. Las razones de esta reducción no tienen que ver con mejores políticas de seguridad ciudadana, sino con la emigración de más de 6.000.000 de personas, que incluye delincuentes; la enorme contracción económica y la crisis humanitaria que ha afectado el país por lo menos desde 2015.

29. La tasa de homicidios cometidos por delincuentes u otros ciudadanos ha ido disminuyendo: en 2016 hubo casi 59 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en 2019 24 homicidios. En 2021 la tasa se redujo a la mitad respecto de 2019: a casi 12 homicidios.

30. Por su parte, la tasa de resistencia a la autoridad, es decir, muertes causadas por los cuerpos de seguridad del Estado, aumentó de manera notable entre 2016 y 2019, al pasar de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes a 19,31. Pero en 2021 se redujo de manera importante hasta llegar a 8,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entretanto, las muertes en averiguación se mantienen aproximadamente entre 2016 y 2019 en 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en 2020 bajaron a 13,44 y en 2021 se ubicaron en 14,8.

31. La tasa de muertes violentas se ha ido reduciendo de manera importante: de 91,8 en 2016 ha pasado a 60,3 en 2019 y a 40,9 en 2021; es decir, hay una considerable tendencia a la baja. Sin embargo, siguen siendo tasas muy altas; de hecho, Venezuela aparece desde hace varios años como el país más violento del mundo o entre los más violentos.

32. Los cuerpos policiales que han participado en estas acciones se han ido diversificando. La mitad de las víctimas cayeron en manos de la PNB y del CICPC. En el caso de la PNB, el 82% de las víctimas las ocasionaron las FAES. Sin embargo, el protagonismo de la letalidad policial en los últimos cinco años parece estar cambiando. En el período 2014-2017 el CICPC ocupó siempre el primer lugar, pero en 2018, al entrar las FAES en acción, la PNB lo sustituyó. Sin embargo, el CICPC volvió a tomar el liderazgo. Otro cuerpo que muestra una tendencia creciente en este periodo es la GNB.

33. Las policías estadales ocuparon un segundo lugar en cuanto al número de los casos de muertes por resistencia a la autoridad desde 2014 hasta 2018, pero en 2019 pasaron al tercero después de la PNB y del CICPC. Las policías municipales igualan a la letalidad de la GNB, quedando ambas por debajo de las policías estadales.

34. Desde 2014 hasta 2021 ha habido en Venezuela por lo menos 7.220 ejecuciones extrajudiciales, lo que revela la razón por la cual el país se encuentra en etapa de investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI). Las ejecuciones extrajudiciales figuran entre los crímenes definidos en el Estatuto de Roma.

35. Desde inicios del siglo XXI se han activado en Venezuela más de veintisiete planes, operativos o programas para combatir los altos índices de inseguridad y delincuencia. Sin embargo, estos han fracasado porque han tenido respecto de la policía un propósito ideologizante, de militarización y de control político, y en cuanto al ciudadano, de represión y no de protección.

36. En el marco de uno de estos planes se crearon las Zonas de Paz, que tenían por objetivo lograr la pacificación de las bandas delictivas mediante un pacto de no agresión entre grupos, basado en el respeto de los territorios controlados por cada uno. Como parte del acuerdo, los funcionarios del Gobierno entregaban recursos económicos y materiales de construcción a las bandas a cambio de la entrega de sus armas. La idea era reinsertar a los delincuentes mediante la agricultura, carpintería y reparación de infraestructura (canchas, aceras, viviendas).

37. Sin embargo, las Zonas de Paz se convirtieron en territorios liberados, donde los cuerpos de seguridad no podían ingresar y las bandas organizadas cometían delitos de forma impune. La iniciativa profundizó la delincuencia, ya que las bandas de las Zonas de Paz se unieron para enfrentar al que consideraban un enemigo común: el Gobierno. Estos grupos delictivos tienen un gran poder de fuego y además utilizan radios de frecuencia para comunicarse.

38. Las megabandas nacieron de las Zonas de Paz, y para enfrentarlas el Gobierno de Maduro anunció en 2015 un nuevo operativo militarizado, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), conocido después como Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Este operativo fue desplegado en la Cota 905, en la parroquia caraqueña de La Vega, donde murieron 14 personas y más de 200 fueron detenidas por la GNB.

39. La actuación policial y militar en el marco de operativos de seguridad ciudadana ha tenido poco impacto en el control de la delincuencia, pero no en el aumento de número de muertes en manos de organismos de seguridad y violación de derechos humanos, que en cambio ha aumentado debido al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos policiales.

40. El CICPC es una pieza fundamental para el esclarecimiento de los delitos y crímenes ocurridos en el país y para llevar a sus responsables ante la justicia. Sin embargo, las reformas legales aprobadas en los últimos años por el chavismo representan un atraso en la independencia de las investigaciones penales y, en consecuencia, del proceso y la justicia penal.

41. El aumento del poder, discrecionalidad y autonomía del CICPC es delicado, en especial porque, paradójicamente, este órgano de investigaciones se ha ido convirtiendo en una de las fuerzas de seguridad más letales del país.

42. En el Latinobarómetro 2020, Venezuela aparece como el país donde hay menor confianza en la policía respecto al resto de los 17 países evaluados en América Latina, de hecho, solo el 13% de la población manifiesta tener confianza en este órgano del Estado.

EL MINISTERIO PÚBLICO

43. Con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en 1998 y la Constitución de 1999 se implementó el sistema penal acusatorio en el país, derogándose el Código de Enjuiciamiento Criminal (CEC), que establecía el sistema inquisitivo, caracterizado por ser punitivo y secreto. Así, se generó un cambio estructural en el sistema judicial venezolano, en el cual debía prevalecer el carácter público y la participación de las personas, a través de jurados y escabinos (ciudadanos que participan en la decisión del caso junto con un juez de juicio) en los tribunales, además de la incorporación de principios básicos del Estado de derecho como la presunción de inocencia, la afirmación de la libertad, el derecho a la defensa, la igualdad entre las partes, la oralidad, la inmediación y la concentración, entre otros.

44. Con esta reforma, el MP adquirió un papel fundamental, especialmente en la fase investigativa y en el régimen probatorio. Así, la investigación penal quedó dirigida y supervisada por él mismo, mientras que el CICPC quedó bajo su subordinación.

45. Sin embargo, las sucesivas reformas al COPP desvirtuaron aspectos fundamentales del sistema acusatorio, pues se creía que se necesitaba la modificación de la ley para la implementación del nuevo sistema, sin considerar que en realidad se requería de voluntad política real para poner en marcha los cambios. A esto hay que agregarle el progresivo secuestro del sistema de justicia por parte del chavismo, incluido el MP.

46. Solo la titularidad en el cargo puede garantizar la independencia de los fiscales. En Venezuela para obtener la titularidad en el cargo de fiscal se debe aprobar un concurso público. Sin embargo, la cantidad de titulares apenas representaba para 2017 un 0,2% de todos los fiscales. A esto se añade que en septiembre de 2018 fue publicada una resolución que reformó el artículo 3 del Estatuto del Ministerio Público, estableciendo que todos los cargos de los funcionarios que prestaran servicio en la institución eran de confianza, es decir, de libre nombramiento y remoción.

47. Para garantizar la autonomía del MP, su máxima autoridad, el fiscal general, debe ser nombrado conforme establece la Constitución. No obstante, en 2017, el actual titular del MP fue nombrado por un órgano inconstitucional y sin competencia para hacerlo: la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

48. Hasta 2016 el MP vio crecer su estructura. En 2008 se crearon al menos unas doce dependencias, pero este crecimiento desmesurado no mejoró su desempeño. Uno de los aspectos resaltantes de la reestructuración continua del MP ha sido la centralización en lo que respecta al aumento de dependencias hacia su cúspide; un ejemplo ilustrativo es que en el año 2000 solo dos dependencias estaban adscritas al despacho del fiscal general, y en 2016 llegaron a nueve.

49. En los últimos años el MP ha visto perder potestades. Así, en 2012 la Asamblea Nacional (AN) otorgó al CICPC mayor autonomía frente a los fiscales, mientras que entre 2017 y 2018 la Sala Constitucional del TSJ dictó dos sentencias (469 y 537) mediante las cuales le otorgó «representación procesal» a la Defensoría del Pueblo (DP) en casos penales por violación de derechos humanos, le prohibió imputar a sospechosos de delitos en su sede y les permitió a las víctimas presentar una acusación propia.

50. El MP se convirtió en una institución prácticamente colapsada, con fiscalías que en promedio tenían casi 2.000 casos por año, entre el año 2000 y 2007. Según sus informes anuales en ese período, manejaba un promedio de 300.000 asuntos, lo que se incrementó hasta más del doble entre 2008 y 2010.

51. Los insumos para estimar las cifras sobre la impunidad, sea esta «de hecho» o «de derecho» no están disponibles desde 2017, porque el MP no recoge, procesa, sistematiza ni presenta datos sobre su actuación de manera regular, solo el fiscal general ofrece cifras aisladas anualmente en sus redes sociales o mediante ruedas de prensa, en las que informa de manera general sobre la gestión del organismo.

De hecho, los informes anuales de las gestiones previas a las de Tarek William Saab ya no están disponibles al público en la página web del organismo; fueron eliminados desde su llegada en 2017.

52. La incapacidad del MP a la hora de investigar los crímenes refuerza la desconfianza en esa institución, la cual ha quedado de manifiesto en el hecho de que 66% de las víctimas de delitos se abstienen de denunciar estos hechos, de acuerdo a datos obtenidos entre 2014 y 2017 por la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).

53. La percepción ciudadana es corroborada por la MDH, que en su segundo informe sobre el país, publicado en 2021, destacó que la impunidad se debe, entre otras razones, a la falta de investigación por parte del MP de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo si se trata de la cadena de mando, donde no hay investigación alguna abierta.

54. La MDH no solo resaltó la omisión del MP a la hora de cumplir sus funciones, sino que incluso lo considera un actor fundamental en las detenciones arbitrarias, y en términos generales, en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por las fuerzas de seguridad del Estado.

DEFENSA PÚBLICA

55. La DP es un órgano del sistema de justicia venezolano que tiene el rol de proveer asistencia jurídica al ciudadano que no tenga recursos para ello. Este organismo lo dirige el defensor público.

56. Hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Defensa Pública (LODP) en enero de 2007, el organismo dependía del Poder Judicial, lo que limitaba su adecuado funcionamiento de acuerdo con los parámetros del sistema acusatorio. Este modelo requiere que los tres sujetos del proceso penal (MP, DP y tribunal) sean independientes y autónomos.

57. En cuanto a la máxima autoridad de la DP, la ley establece un procedimiento que no garantiza su independencia, ya que somete el proceso de selección a la AN y no a la sociedad civil. De hecho, la DP ha estado a cargo de personas muy cuestionadas y nada independientes; por ejemplo, en el período 2015-2019 estuvo bajo la dirección de la exjueza Susana Barreiros, quien enjuició sin pruebas reales a Leopoldo López, político opositor muy reconocido y posible contendiente de Maduro para la presidencia, como denunció más adelante el fiscal del caso y la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz.

58. Desde el año 2000 la DP ha visto aumentar el número de defensores y de las causas ingresadas por lo menos hasta 2015. En cuanto a los recursos financieros, los mismos muestran que el presupuesto asignado a la institución siguió la misma tendencia de otros organismos del sector público en ese período: con crecimiento en términos reales hasta el año 2009, luego de lo cual se observa una caída que ubica la disponibilidad presupuestaria en 2015 en los mismos niveles que en 2005. Al igual que otras instituciones, la partida de personal es la que concentra la mayor cantidad de recursos financieros.

59. Lo más preocupante del desempeño de la DP es su falta de independencia. Así, tanto la MDH como el ACNUDH han hecho referencia en sus informes a la tendencia de jueces y fiscales a presionar a las personas que se encuentran involucradas en la justicia penal, sobre todo si son víctimas de violaciones de derechos humanos, para que no nombren a sus propios abogados sino a los del sector público, y en caso de que no lo hagan suele haber represalias, como problemas de acceso al expediente, falta de información oportuna sobre las audiencias o amenazas.

EL PODER JUDICIAL

60. En Venezuela existe un solo Poder Judicial de carácter nacional, por lo que los estados y municipios no tienen sus propios órganos judiciales. El TSJ no solo es la máxima autoridad del Poder Judicial, sino también el más alto tribunal, y está compuesto por seis salas: Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Social y de Casación Penal. Todas ellas conforman la Sala Plena.

61. Los magistrados del TSJ deben ser nombrados por un complejo procedimiento en tres etapas establecido en la Constitución, en el cual es clave para su selección la participación de la sociedad civil. No obstante, este nunca ha sido cumplido desde que entró en vigencia la Constitución, y ello explica el porqué de la ausencia de su independencia desde su creación.

62. El Parlamento ha cooptado el procedimiento de selección de magistrados al asegurarse el control del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), que es quien hace la preselección de los candidatos a magistrados, y que en las sucesivas leyes ha estado mayoritariamente integrado por diputados.

63. Hacer reformas legales para ampliar el número de magistrados, designar a personas que no reúnen las condiciones pero con notorios nexos con el Gobierno y forzar la jubilación de otros son algunas de las maniobras que ha utilizado el chavismo en las últimas dos décadas para asegurarse el control del TSJ.

64. La cooptación política del TSJ ha generado una ausencia de control judicial de los actos del poder político, lo que con el tiempo ha llevado a la desaparición del Estado de derecho en Venezuela. Así, al ser los magistrados cada vez menos juristas, y más bien operadores del régimen político, se han ido transformado en «legalizadores» de sus actuaciones, mediante sentencias, y más recientemente, en parte del aparato represivo del Estado, como ha denunciado la MDH en su segundo informe.

65. El TSJ ejerce la función de administración y Gobierno del Poder Judicial, por lo cual tiene la potestad para designar a los jueces. Aunque la Constitución establece que los nombramientos de los jueces se deben hacer por concursos públicos de oposición, desde el año 2003 los mismos no se celebran según lo establecido en la carta magna.

El máximo juzgado ha optado por designarlos, de manera provisoria, a través de la Comisión Judicial, una instancia no prevista en el texto fundamental.

66. Según cifras del TSJ no completamente actualizadas y otras fuentes con datos más recientes, hay 844 jueces penales, y menos del 20% son titulares; es decir, se hicieron con sus cargos mediante concursos y no pueden ser removidos sin un procedimiento previo.

67. El TSJ, en particular su Sala Constitucional, ha dado a los jueces la potestad de cambiar las normas jurídicas, siempre que los principios o valores del régimen estatutario aplicable lo justifiquen. De hecho, la Sala Constitucional desde su creación en el año 2000, y sobre la base de su rol y competencia como máxima interprete de la Constitución, ha cambiado el ordenamiento jurídico venezolano, asumiendo potestades legislativas, e incluso constituyentes, así como revisando sentencias de otros tribunales y salas del TSJ, lo que ha afectado principios clave del Estado de derecho como la separación de poderes, la reserva legal y la seguridad jurídica.

68. El rol asumido por la Sala Constitucional ha llevado al debilitamiento progresivo del Estado de derecho en Venezuela y la ausencia de control judicial de las actuaciones del Poder Público, lo que ha sido clave en el paso de una democracia a una dictadura en el país.

69. El COPP establece que los tribunales penales se organizan territorialmente por circuitos judiciales. Generalmente en cada Estado hay un Circuito Judicial Penal, pero puede haber más de uno. Cada circuito tiene dos tipos de tribunales: los de Primera Instancia (control, juicio y ejecución) y las cortes de apelaciones.

70. Los jueces de control tienen la atribución de determinar si un asunto penal debe ir o no a juicio. Los de juicio deben establecer si el acusado es culpable o no por la comisión del delito que se le acusa. Por su parte, los de ejecución deben supervisar la ejecución de las penas y medidas de seguridad que se impongan a los condenados, controlar el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario y lo relativo a la libertad condicional y suspensión de la pena. Todos estos actúan de forma unipersonal. Por último, cada una de las cortes de apelaciones está conformada por tres jueces, y conocen de manera conjunta de los asuntos penales en segunda instancia.

71. Las causas penales pueden terminar en el TSJ, en la Sala de Casación Penal, para su revisión final y excepcionalmente, en aquellos casos en los que se denuncien violaciones a normas constitucionales, ante la Sala Constitucional.

72. La justicia penal en Venezuela funciona de manera jerárquica, lo que atenta contra la independencia para la toma de decisiones autónomas e imparciales por parte de los jueces. Aunque ciertamente, los jueces de mayor nivel pueden revisar las decisiones de los de menor instancia por solicitud de una de las partes, esto no significa que cada juez deba seguir instrucciones de un juez superior. El ACNUDH ha denunciado que «en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias».

73. El Circuito Judicial Penal opera como una fuerza política coercitiva que está sujeta a la voluntad del TSJ, y particularmente, al presidente de la Sala de Casación Penal o del TSJ, que desde febrero de 2015 hasta abril de 2022 ha sido la misma persona, y este a su vez responde al régimen de Maduro y del Poder Ejecutivo en general. A través de esta estructura corrupta, el Circuito Judicial Penal y el TSJ participan directamente en la persecución, enjuiciamiento y castigo de la disidencia política, los defensores de los derechos humanos y los ciudadanos comunes, escondiéndose detrás de una fachada institucional que en la práctica es impulsada puramente por la voluntad política de la élite del régimen.

74. Los tribunales de terrorismo y los tribunales penales militares son dos herramientas de la justicia penal que han sido especialmente represivas.

75. Los tribunales contra el terrorismo no fueron creados por una ley como exige la Constitución, sino por una resolución del TSJ en 2012. Estos tribunales están solo en Caracas. Aunque se deberían encargar de procesar casos relacionados con los delitos de terrorismo, previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) no es así. Se suelen ocupar de casos de alta relevancia política, generalmente, juicios contra opositores, disidentes o críticos, o percibidos como tales por el régimen de Maduro. Los jueces de estos tribunales son provisorios o temporales y en los juicios no se siguen las garantías del debido proceso. Los juicios son cerrados.

76. Los tribunales militares deberían ocuparse solo de procesar a efectivos castrenses que han cometido delitos militares, pero a partir de las protestas masivas de 2017 han enjuiciado a civiles. Esto representa una violación al principio de ser juzgado por el juez natural, y ha sido denunciado por varios organismos internacionales como la Misión o la Alta Comisionada en sus informes. A finales de 2021 la AN aprobó una reforma del Código de Justicia Militar, que prohíbe el enjuiciamiento de civiles por la justicia militar. Sin embargo, la Sala Constitucional dictó una sentencia que mantiene las puertas abiertas a esta posibilidad.

77. El nombramiento arbitrario de jueces por el TSJ es la falla nuclear de todo el sistema de justicia venezolano, y es de particular gravedad en el ámbito penal, en el que la instrumentalización de la justicia es más que evidente. Estos nombramientos, sin procedimiento alguno y totalmente discrecionales, pueden ser revocados en cualquier momento, también prescindiendo de proceso previo y sin que el juez llegue a conocer las causas de su destitución. Esto trae consigo una total inestabilidad en el cargo, y, por lo tanto, hace susceptible al juez de presiones de quien tiene poder para destituirlo.

78. Otro elemento estructural que limita seriamente el sistema de justicia penal es la lentitud de los casos, que en el supuesto de persecución de opositores se agrava, pero que es la regla de cualquier tipo de juicio penal en el país. Las razones son múltiples: retrasos por parte de la Fiscalía en sus diferentes intervenciones, corrupción, demoras en el traslado de detenidos, acumulación de casos y excesiva rotación de jueces.

@AccesoaJusticia @accesoajusticia

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A 63 años del inicio del régimen, el cubano promedio continúa agobiado por la crisis económica y social. A pesar de ello el modelo cubano se mantiene como un icono de la izquierda latinoamericana. Los líderes de ésta peregrinan regularmente a La Habana, a fin de dar testimonio de su fe en el modelo y la revolución que lo engendró. Algunos lo toman como parte de una creencia personal, pero el chavismo lo tomó como referencia para el diseño de las políticas públicas, generando una crisis muy similar a la de Cuba.

Los guerrilleros cubanos liderados por Fidel Castro ascendieron al poder a inicios de la década de 1960. En los primeros años el subsidio soviético permitió crear la ilusión de un modelo económico y social funcional. Se logró crear un sistema de seguridad social que se asemejaba en su cobertura al de países de mayores recursos. Igualmente sucedió en el campo educativo. Sin embargo una vez que los soviéticos se retiraron afloraron las ineficiencias, lo que obligó a los Castros a buscar un nuevo benefactor. Al final lo encontraron en el régimen venezolano, el cual funcionó mientras los precios del petróleo se mantuvieron en elevados niveles, pero una vez que estos colapsaron, las carencias de la experiencia cubana afloraron haciendo evidente que sin un generoso benefactor el modelo no es viable.

En el año 2010 el propio Fidel Castro reconoció las limitaciones del modelo cubano, señalando que el mismo no funcionaba ni siquiera en Cuba. Su intención, con tal expresión e inusual autocritica, fue reconocer el gigantismo del Estado cubano en aquel momento y crear un piso a la política pro mercado que su hermano estaba tratando de instrumentar, a fin de incentivar la iniciativa privada y reducir el tamaño del Estado.

Sin embargo la política pro mercado instrumentada por Raúl Castro no fue suficiente para cambiar sustantivamente la situación, pues la hipertrofia del Estado se ha mantenido al igual que su negativa influencia, coartando la iniciativa privada y cercenando las libertades individuales, lo que ha ocasionado que después de 63 años de revolución el pueblo cubano continúe agobiado por la crisis económica y social.

En el año 2021 los cubanos, frustrados por la carestía de los alimentos básicos, decidieron tomar las calles y protestar. Se trata de la mayor protesta desde el inicio de la revolución. Sin embargo el régimen ha reaccionado como usualmente lo hace reprimiendo y encarcelando a los disidentes. Ya que no se puede protestar miles de cubanos ha decidido huir en lo que se califica como la mayor emigración histórica que supera incluso la del Mariel (Rodríguez R. 2022).

A pesar de las múltiples evidencias sobre las limitaciones de la experiencia cubana la izquierda latinoamericana mantiene incólume su creencia en las bondades de ésta, lo cual hace pensar que esta creencia es más una cuestión de fe muy similar a la de cualquier secta o religión, pues carece de bases racionales. En forma similar a la peregrinación a La Meca de los musulmanes o a Jerusalén por parte de los cristianos, la izquierda latinoamericana viaja a la Habana a fin de dar testimonio de su fe en las bondades del modelo y de la revolución que lo engendró.

Uno de estos peregrinos ha sido Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el populista presidente de México. En días recientes acudió a La Habana a manifestar su admiración y reconocimiento a los cubanos por su resistencia ante el “imperio”. Sin embargo AMLO asume la creencia en las virtudes de la experiencia cubana y su reconocimiento al régimen como algo personal, que no involucra a su gestión. Como presidente de México, por el contrario, le toca complacer las demandas de Estados Unidos en relación al tema migratorio y acogerse a las nomas del acuerdo comercial con los Estados Unidos. AMLO y la dirigencia mexicana están conscientes de que este acuerdo ha estimulado las inversiones de las empresas estadounidenses en México, que han transformado al país azteca en el octavo exportador mundial de vehículos.

Hugo Chávez fue uno de los pocos que se tomó en serio el modelo cubano. El veterano líder izquierdista Luis Miquilena, cuando se desempeñó como su mentor y ministro, trató de convencerlo de la inviabilidad del modelo y que calcar el mismo no era algo conveniente para el movimiento que impulsaban y el gobierno que dirigían. Sin embargo Chávez no tomó en cuenta sus señalamientos e insistió en impulsar el socialismo del siglo XXI, impulsado por una fantasía en la cual se veía como el heredero político de Fidel Castro en Latinoamérica. Sin embargo el destino le hizo una jugarreta y le impidió concretar su ilusión. Su sucesor ha continuado calcando el modelo cubano, generando en Venezuela una crisis económica y social muy similar a la de Cuba, que ha forzado a más de 6 millones de venezolanos a emigrar.

Referencias:

Rodríguez R., J.E.2022. Los cubanos huyen masivamente del “mar de la infelicidad”. Dígalo Ahí digital. Boletín de Aragua en Red número 3, mayo 10.

Profesor UCV

Se observa una estrecha relación entre la recuperación económica, reflejada por el 62% de las empresas que reporta aumentos en sus ventas en la Encuesta Multisectorial Empresarial de Escenarios Datanalisis y la recuperación de la mayoría de los indicadores de opinión pública según la Encuesta Ómnibus Nacional de Datanalisis; incluyendo la recuperación del nivel de aprobación de gestión de NM del 10% al 21% y un 64% que reporta una Situación Personal positiva.

La reactivación se explica por políticas aplicadas desde 2019 en adelante: Liberación de precios, del tipo de cambio, de la circulación de divisas y reducción de aranceles. Luego, se sumaron otras políticas, como los créditos de BANCOEX para exportadores, la contratación de la gestión de empresas del Estado a empresas privadas, devolución de empresas expropiadas y hasta la privatización de empresas. Estas políticas explican que el empresariado haya financiado casi toda la recuperación económica, cosa que nunca había ocurrido en 500 años de historia estatista.

Pero ese mismo gobierno mantiene políticas contraproducentes a la reactivación: Un alto encaje legal que minimiza el crédito bancario. No permite prestar sino el 10% de los depósitos en divisas en las cuentas en custodia ni permite las transferencias entre dichas cuentas. Insiste en rescatar la vigencia del Bolívar, a la vez que pecha el uso de las divisas. Asigna aranceles cero y elimina el IVA a importaciones. Mantiene una significativa sobrevaluación del Bolívar (“quemando” reservas internacionales, en vez de utilizarlas para recuperar los servicios públicos), por lo que fomenta las importaciones, el desempleo, desincentiva el ahorro nacional, incentiva la fuga de divisas, desestimula la inversión, la producción, el empleo, las exportaciones y el turismo.

A todo ello se le suman el aumento de impuestos nacionales y municipales, aumentos de tasas y precios y tarifas de bienes y servicios, desmotivando a los inversionistas dada la tendencia recesiva de los impuestos, de las cargas parafiscales y de los pésimos servicios públicos.

Así y todo, habrá que preguntarse si NM no será un gran equilibrista que, más que sortear una oposición muy débil, las sanciones y el aislamiento internacional, que sabemos que no cambian gobiernos, ha logrado sortear unos demonios internos, abanderados del estatismo, el centralismo, la polarización y del autoritarismo; políticas desatadas durante el gobierno de Hugo Chávez. Al finado lo asesoraron muy mal Fidel Castro, Jorge Giordani y otros gurús de la concentración del poder, aunque ello significase la ruina del país y la de desestabilización del gobierno. Explicándose que a Chavez “no se le vio la costura” porque repartió enormes recursos, por su alianza cívico-militar y, más aún, por la debilidad y divisionismo entre los opositores.

Algunos de esos gurúes, como el mismo Giordani, tuvieron la osadía de tratar de confundir y presionar a NM acusándolo de ser el culpable de la crisis, ¡por no haber seguido los lineamientos de Chávez! Pero, el principal error de NM fue seguirlos y sin tener los inmensos recursos que tuvo el finado para tapar con subsidios al consumo los errores que destruyeron la producción y el empleo. El error de NM fue no cambiar esas políticas a tiempo, como sí lo hacían los gobiernos de AD y COPEI.

Los gobiernos del régimen de Punto Fijo cometieron los mismos errores desde el cambio de política petrolera en 1973. Desde entonces hemos tenido una política económica “bipolar”, que oscila entre dos extremos, estatismo y liberación, sin lograr una síntesis. Cuando se tienen altos ingresos petroleros, se incrementan el gasto público, la liquidez, el consumo; surge la inflación, se culpa al empresariado por ella para controlar los precios; no se devalúa, provocando la fuga de capitales, hasta que se controla el cambio (para tener poder y cobrar peaje). Al caer los precios del petróleo, los gobiernos se endeudan, hasta que explota la crisis, y, luego se ajusta y reestructura la economía mediante la liberación de precios, del tipo de cambio, la privatización y acudiendo al FMI. Estas condiciones atraen al empresariado, cuya inversión reactiva la economía, hasta que vuelvan a subir los precios petroleros, con lo que el gobierno de turno repite el ciclo anterior para evitar que el enriquecimiento de las empresas, empresarios y trabajadores fuerce la pluralización de la estructura política del país. En el caso del gobierno de NM, los precios petroleros se le cayeron en 2013, pero no acudió a la “solución” sino cinco años muy tarde, en 2019. Por lo que el daño a la economía fue mucho mayor.

Quedamos a la espera pues de ver qué hace el gobierno de NM con las políticas y los actores que frenan la recuperación económica. Así las cosas, los principales enemigos de NM, de sus proyectos futuros, del empresariado y del pueblo no son los opositores ni los gobiernos de Occidente sino sus propios radicales de izquierda.

@joseagilyepes

11 de mayo 2022

Versión Final

https://versionfinal.com.ve/opinion/jose-antonio-gil-yepes-la-economia-b...

Buenos, regulares, malos y peores

Desde que Cristóbal Colón pisó tierras venezolanas hasta nuestros días, hemos tenido gobiernos buenos, regulares , malos y peores. Los buenos y regulares pueden contarse con los dedos de las manos y seguro nos sobran dedos y los malos y peores, para nuestra desgracia, son abundantes.

Venezuela es un país bendito por Dios y la naturaleza, colmado de riquezas naturales y excelente gente, solo se requiere de inteligentes servidores públicos que administren nuestros cuantiosos recursos en función del Bien Común y la justicia y que se limiten por normas éticas y morales.

Como dije antes, por desgracia para el país y nosotros, los gobiernos o gobernantes malos y peores abundan en nuestra historia, el renglón de peores es numeroso y este régimen totalitario que aún tenemos lleva la bandera. Ningún gobierno peor que este, ninguno "más malo" como popularmente se dice.

Este régimen no sólo no ha servido para que el país funcione más o menos o como debe ser y la gente se desarrolle con normalidad, sino que dañó todo lo estaba bien y empeoró lo que estaba mal. Los servicios públicos son una calamidad, no funcionan y cuando lo hacen es de forma intermitente; la inflación, la más alta del mundo provocada por la horrorosa gestión económica-financiera del régimen, a llenado de pobreza a todos los venezolanos y pulverizado nuestra moneda, un bolívar vale menos que una piedra que encontramos en la calle; la inseguridad pública, personal y de bienes llega a niveles alarmantes no conocidos; el hambre campea en todo el territorio y con frecuencia se registran fallecimientos de menores por desnutrición; acabaron con PDVSA y el complejo siderúrgico de Guayana; nuestro parque industrial cerró en más del 70% y las tierras fértiles y fecundas las transformaron en pedregosas llenas de maleza; no existe mantenimiento de las obras civiles de uso ciudadano, en fin, el país se cae a pedazos.

La última dictadura militar del siglo pasado, la de Marcos Pérez Jiménez, mantuvo los índices económicos del país en niveles aceptables, se realizaron algunas obras civiles de relumbrón y la seguridad pública, personal y de bienes se mantuvo relativamente en niveles tolerables. Muy lamentablemente ello ocurrió en medio de un ambiente impropio para el buen desarrollo del ser humano, pues se nos negó democracia, libertad, justicia y tolerancia y se persiguió, encarceló, torturó y asesinó a la disidencia.

Este régimen es peor que aquel porque destrozó la economía y finanzas de la República y nos empobreció a todos, no presenta ninguna obra de importancia nacional, la inseguridad es asfixiante y todo ello dentro de una democracia altamente cuestionada y una libertad muy limitada, carente de tolerancia y perseguidor de la discrepancia. Estamos en un régimen totalitario que es lo peor de lo peor. Este régimen es la cara adversa del rey Midas de Frigia que todo lo que tocaba lo transformaba en oro, ahora lo que el régimen toca lo daña y perjudica.

Mil razones para salir de este nefasto régimen y mil razones para UNIRNOS quienes queremos cambio radical ya. La UNIÓN es la vía más rápida para salir de lo que tenemos y mantenernos en ella para la reconstrucción nacional que será dura, difícil y ardua pero apasionante, para entregarles a las generaciones siguientes un país moderno, en franca vía de desarrollo y en el que se viva con bienestar y felicidad.

9 de mayo de 2022

EL MAL

Últimamente he leído a unos estudiosos e investigadores de la conducta y comportamiento humano y algunos sostienen que el mal (entendido como comportamiento del hombre que se considera accidente perjudicial, destructivo o inmoral y constituye fuente de sufrimiento moral o físico al semejante o cosa. Algunos lo llaman perversidad) o la maldad es "inherente al ser humano " y como tal no puede ser acabado sin el exterminio de la especie humana.

Cabe preguntarse ¿es el ser humano malvado por naturaleza?. Sostienen científicos que el hombre no es bueno ni malo, es solamente producto de las circunstancias que lo definen como bueno o malo. No tengo cualidad ni especificidad para discutir este tema con los que lo dominan, pero dentro de mi ignorancia específica y con lógica y raciocinio, sin que sea irracional lo afirmado por los estudiosos, no puedo entender "que el mal no se acaba porque supone el exterminio de la especie humana" como concluyen los investigadores.

No asimilo que nacemos con la maldad incorporada. Venimos al mundo de manera impoluta, absolutamente ignorante de todo lo que nos rodea, dentro de una inocencia sin límites. La única carga que viene con nosotros cuando nacemos es la hormonal que determina nuestro sexo. Nos mantenemos angelicales e inocentes por lo menos en los primeros siete u ocho años de edad, que es cuando empezamos a diferenciar el bien del mal, es decir, a tener discernimiento, mientras tanto recibimos sensaciones buenas y malas a la que respondemos con risas o llantos respectivamente.

En mi modesta opinión, el bien y el mal están en el ambiente, en el aire, en las nubes y nosotros los tomamos y hacemos uso de ellos de acuerdo a las circunstancias y en atención a nuestra formación, principios y valores.

Un niño formado en una familia estable y amorosa, que consigue buen ambiente en la escolaridad, primaria, secundaria y superior y se desenvuelve en un conjunto de amistades bien formado, es de suponerse que está ganado para hacer el bien y cuando ocurre lo contrario, sin formación adecuada y sin valores ni principios y mal reunido, lo que debemos esperar es el mal.

Así pues que el bien y la maldad no vienen con nuestro nacimiento, simplemente nos valemos de ellos de acuerdo a las circunstancias y en sujeción a nuestra formación.

El deber ser es que nuestra formación, desde la mas temprana edad, sea dirigida a portarnos y actuar siempre bien y practicarlo con el prójimo, particularmente con el desasistido de afectos que requiere de nuestra comprensión, tolerancia y consideración.

Toda acción origina una reacción que debe ser directamente proporcional y de sentido contrario si nos es adversa y de solidaridad si la hacemos propia. Solo Jesus, dentro de su insondable humildad, mas celeste que terrestre, puso la otra mejilla. Si alguien nos da una bofetada, nuestra primera reacción es devolverla proporcionalmente o con mayor ahínco, pero poner la otra mejilla no, somos más terrestre que celestiales.

Como lo bueno y lo malo está en el ambiente, como hemos dicho, cada quién escoge su comportamiento de acuerdo a sus principios y valores. Creo que la abrumadora mayoría del ser humano se inclina por lo bueno y por el bien y rechaza lo malo y la maldad, por ello podemos vivir en sociedad, entendernos, ser tolerantes y considerados.

10 de mayo 2022

Las generaciones

Una generación es "Toda la gente que vive más o menos al mismo tiempo, considerada colectivamente". También puede describirse como "El periodo promedio, generalmente considerado como 20 o 30 años, durante el cual los niños nacen, crecen y se convierten en adultos". El análisis serio de las generaciones se inició en el siglo XIX, a raíz de la creciente conciencia de la posibilidad de un cambio social permanente y de la idea de la rebelión juvenil contra el orden establecido. Algunos estudiosos hablan de la generación "Baby Boomer", que es la nacida entre 1946 y 1964, durante la explosión de la natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial; de la Generación "X" nacida entre 1960 y 1982 y la generación "Millennial" aparecida desde el 2006 y que nacerá hasta 2029.

En nuestro país podemos hablar de la generación "del 28" que fue un grupo de venezolanos, fundamentalmente estudiantes, que protagonizaron en el carnaval caraqueño de 1928, un movimiento de carácter académico que derivó en un enfrentamiento con el régimen de Juan Vicente Gómez; de la generación "del 36" que se manifiesta en julio de 1936 durante la presidencia de Eleazar López Contreras con motivo de la aprobación de la Constitución Nacional, la primera después de la muerte de Gómez; la generación de 1958 que da a luz en enero de ese año a raíz del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez; la generación "Internet" que aparece con la creación de una red de computadoras interconectadas a nivel mundial en forma de tela de araña que provee información a centenares de millones de personas conectadas a través de las redes de telefonía o cable, que nace en 1969 en pleno desarrollo de la llamada guerra fría y que se concibió como un proyecto militar y por último, la generación "Del Milenio" que aparece en el 2000 con el advenimiento del nuevo año que marca el inicio del nuevo milenio.

Se entiende que las nuevas generaciones son de menor edad, promedio, que las anteriores, pero en nada eso debe significar que la aparición de una nueva generación sea la ignorancia o peor, el marginamiento de las anteriores. Se supone que las anteriores están cargadas de un precioso bagaje de conocimientos que solo el tiempo provee, máxime si está presente el deber de actualizarse y formarse más y se entiende que deben ser de capital importancia para el desarrollo del pueblo. Marginar a un grupo de venezolanos por razones generacionales o de edad, resulta nocivo al desarrollo integral de nuestro país; lo lógico y sensato es que las generaciones, anteriores y última, se acuerden y unan. Unas aportando sabiduría y experiencia y otras inyectando sangre nueva y fresca. La unión de la sapiencia que da la experiencia cultivada con la actualización, con la lozanía de la voluntad juvenil es una dupla perfecta para contribuir a salir de lo que tenemos, que destroza el país y tanto daño nos causa a todos, y para conquistar cuanto antes un país muy distinto y mucho mejor.

Alguien afirmó que los países en profunda crisis, como el nuestro, apelan a su gente probada. Yo diría que no solamente a la probada sino también a la por probar que aún no ha tenido tiempo de desarrollarse y se supone está cargada de muchos ímpetus y voluntad de servicio. El país nos necesita a todos y por ello las exclusiones son serios obstáculos en la consecución del país que todos deseamos y si esa exclusión es por razones de edad, peor aún.

Llamemos a nuestra gente probada, cargada de experiencia, que conserva voluntad de servicio y está bien equipada con ideas modernas, para salir cuanto antes del horror y empezar a conquistar la Venezuela que deseamos y queremos.

Lo que nos ocurrió en abril de 2012, cuando Chávez renunció a la presidencia de la República, "la cual aceptó", fue por falta de conocimiento e inteligencia política, no vi a ningún político con experiencia en el desarrollo de los acontecimientos últimos, Carlos Navarro, para la época Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, también se salió de la suerte. A lo mejor con inteligencia y experiencia política hubiéramos salido con bien del asunto.

12 de mayo 2022

En política, izquierda y derecha

En 1789 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente surgida de la Revolución Francesa. A la izquierda del recinto parlamentario se concentraron los asambleístas que rechazaban la proposición de concederle al rey la capacidad de "Veto absoluto" a ciertas leyes, mientras que a la derecha se adecuaron los que estaban de acuerdo con dicho veto. De manera que a los del lado izquierdo se les consideró de ideología liberal y a los de la derecha como de ideas reaccionarias o conservadoras opuestos a reformas políticas. Desde entonces, en todo el mundo, a los políticos progresistas se les llama o se llaman de izquierda y a los conservadores de derecha, sin importar de que lado se sienten en el parlamento. La dicotomía derecha-izquierda se extendió por Europa durante el siglo XIX y a partir de 1830 por América del Sur y a finales del siglo XIX y principios del XX por África y Asia.

En Francia, durante el periodo llamado de Restauración, se acentuaron los términos de derecha e izquierda con contenido político. Marcel Gauchet, destacado filósofo francés y uno de los más prominentes intelectuales contemporáneos, afirma que el verdadero nacimiento de los términos en la política, está en ese periodo. En efecto; a la derecha estaban los contrarrevolucionarios que apoyaban la causa real y del lado opuesto, Izquierdo, los liberales.Los partidarios de una Monarquía Constitucional e independientes se ubicaron en el centro.

Los comunistas, técnicos y expertos en etiquetar a la gente y grupos, en endilgar calificativos y epítetos, se han encargado de decir que aquel que no lo es, es de derecha, conservador, burgués, capitalista, explotador y "pro yanqui" señalando adhesión a la política exterior de los Estados Unidos de Norte América. Los comunistas perseveran en esa práctica y la repiten hasta la saciedad a través de sus medios y líneas de publicidad, por ello hay que tener mucho cuidado de todo lo que proviene de allá, no todo al que llaman de derecha lo es y menos burgués, capitalista y explotador. Estos señores de extrema izquierda, los comunistas, se encargaron de decir que COPEI era un partido de extrema derecha, regalista, confesional, burgués, capitalista y de los ricos, afortunadamente el tiempo nos ha permitido presentar muy bien nuestro perfil y el malévolo empeño de los comunistas no prendió. Nos definimos y somos de centro con inclinación a la izquierda. Bien lo afirmó ese gigante, gran político y estadista el italiano Aldo Moro, vilmente secuestrado y asesinado por la mafia política de aquel país, cuando en su mensaje al Congreso habló de "L'apertura a sinistra", abrirse a la izquierda.

La democracia cristiana en un principio rechazó el agrupamiento de izquierda y derecha porque son términos que hacen referencia a espacios o lugares sin contenido ideológico alguno, pero se ha universalizado tanto su uso que de alguna manera lo manejamos.

En algunos países europeos como en España, la democracia cristiana representada por el Partido Popular se le ubica en la derecha y ello así lo aceptan; no ocurre lo mismo en Latinoamérica donde claramente está en la posición de centro con franca tendencia a la izquierda. Pero bueno, alguien afirmó que no importaba lo de izquierda o derecha, lo importante es el desarrollo integral y prosperidad de los pueblos y el bienestar y felicidad de la sociedad y la gente.

Cristo llegó al mundo terrenal no para apoyar y estar al lado de los imperios y convalidar el estado de cosas imperante, no, vino a cambiar todo para hacerlo humano, fraterno y respetuoso de la dignidad del ser humano, vino a ofrecer y predicar la solidaridad, privilegiadamente con los pobres y débiles, vino a redimir a los pobres y redimirnos a todos del pecado original. Más adelante hablaremos sobre las ideologías, que es un tema apasionante.

Hasta entonces.

13 de mayo 2022

Mientras los principales partidos de oposición en Venezuela avanzan en sus procesos de renovación interna, se identifican las primeras alianzas que comienzan a perfilarse con miras a unas posibles elecciones primarias. Los gobernadores recientemente electos, los partidos que aún respaldan a Juan Guaidó y un bloque pequeño con propuestas propias, pulsan desde ya para liderar la agenda que lleve a la elección de un candidato presidencial unitario, donde el “reformateo” del diálogo le presenta a las organizaciones políticas del espectro opositor un reto adicional.

Del éxito o fracaso de los procesos de renovación interna que enfrentan los partidos de la oposición dependerá el éxito o fracaso de la próxima estrategia política frente al madurismo en la ruta hacia 2024. Y es que desde inicios de este año, los principales partidos de la oposición venezolana tradicional anunciaron el arranque de sus procesos de revisión de estructuras y estatutos, renovación de autoridades y relegitimación de liderazgos.

El principal problema que enfrentan estos partidos tradicionales de la oposición, es decir, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT), es precisamente el aferramiento de sus líderes a la conducción de los mismos durante prácticamente todo el período del chavismo-madurismo. Henry Ramos Allup, Julio Borges, Leopoldo López y Manuel Rosales junto con sus respectivos equipos de trabajo, han ocupado la dirección de los partidos por tanto tiempo, que mucha de su militancia joven no ha conocido a otro líder ideológico. No es un asunto de edad cronológica sino de práctica política, pues en esa gama de dirigentes los hay de más de 70 años como el caso de Ramos Allup y de menos de 50 como Juan Guaidó. En todo caso, la petrificación de esos liderazgos no es el único problema que tienen hoy los partidos opositores, pero de ese se derivan otros que también les aquejan y que deberían intentar resolver en medio de estos procesos de renovación interna:

• La resistencia a corregir estrategias fallidas.
• El anquilosamiento de la narrativa sobre la crisis venezolana que lejos de plantear una alternativa, se centra en reaccionar a la narrativa o cial.
• La inmovilización de algunas estructuras obsoletas dentro de los partidos o la falta de visión sobre la necesidad de crear nuevas instancias para la expresión, acción y comunicación de la militancia.
• La mentalidad caudillista que aún persiste en ciertos dirigentes, que les impide aceptar la necesidad de trabajar en equipo, incluso con líderes de otros partidos.
• La fractura que se ha generado entre los esos liderazgos nacionales y un liderazgo regional emergente, desde el punto de vista de la lectura de la realidad nacional y local, y sus posibles soluciones.

En este sentido, el exintegrante de la dirección nacional de Voluntad Popular, David Sosa, advierte a los partidos sobre el riesgo de credibilidad que corren si ofrecen a la militancia y a la sociedad en general una serie de cambios para los que en realidad no hay disposición: “Muchas organizaciones están hablando y vendiendo que habrá procesos internos de renovación de sus estructuras cuando internamente hay toda una estrategia para sencillamente legitimar a los mismos que ya están, y que son los que han llevado a las organizaciones al punto en el que se encuentran en este momento. Entonces esos procesos no representan realmente ninguna renovación”.

Bajo ese argumento, entre otros, más de 130 activistas de VP han renunciado a las filas de ese partido en lo que va de año, y aún así, el coordinador del proceso de reestructuración interna nombrado en enero, Freddy Superlano, ha dicho que no tiene ninguna responsabilidad en tales decisiones.

Algunas causas de la debilidad partidista

El rompecabezas de los partidos políticos venezolanos ha sido desarmado y rearmado muchas veces desde el año 2000 bajo diversas estrategias, aplicadas por el chavismo primero y por el madurismo después. Entre las más visibles podríamos enumerar las siguientes:

• La eliminación del financiamiento estatal a los partidos con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999.
• La intervención judicial de al menos una decena de partidos desde mediados de los 2000 y la sustitución arbitraria de sus autoridades (Copei, PPT, Podemos, MAS, Bandera Roja, MEP, Tupamaro, UPV, AD, PJ y VP).
• La anulación de la tarjeta de la MUD en 2018 y su posterior reactivación en 2021, siempre a conveniencia de la estrategia electoral del PSUV.
• La imposición de trabas para el registro de nuevos partidos y alianzas opuestos al chavismo-madurismo (MDI, Vente Venezuela, Encuentro Ciudadano, Alternativa Popular Revolucionaria) y la facilitación para el registro de otros favorables a la hegemonía partidista del PSUV (Esperanza por el Cambio, Alianza Cambio o Somos Venezuela).
• La imposición de condiciones no previstas en la legislación para la revalidación de la militancia de los partidos ya existentes a partir de 2018.
• El impulso que desde 2017 se ha dado al registro y participación electoral de partidos que se denominan de oposición (Soluciones, Prociudadanos, Cambiemos o Primero Venezuela, entre otros) pero cuya práctica política dista de esa denominación.

En otras palabras, el mapa de partidos hoy no es el resultado de la natural evolución del pensamiento político o ideológico, de la formación y consolidación de liderazgos, ni de la capacidad de los ciudadanos de sopesar propuestas de desarrollo para el país, sino que es el resultado de dos realidades: por un lado, una serie de acciones y decisiones que se han aplicado desde las instituciones del Estado conforme a los intereses del partido de gobierno para facilitar su continuidad en el poder; y por el otro, la incapacidad de leer la cambiante realidad y de ajustarse a ella.

Diversidad en detrimento de la unidad

En ese contexto, las elecciones regionales de noviembre 2021 y enero 2022, las maniobras de Miraflores, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para enturbiar ese proceso y la incapacidad de la Plataforma Unitaria de presentar oportunamente candidaturas unitarias vinieron a dispersar aun más las piezas del rompecabezas opositor.

Como ya se sabe, si bien el PSUV conservó la mayoría de los puestos en disputa, su votación nacional fue inferior a la sumatoria de los votos obtenidos por todos los demás partidos distintos a él. En otras palabras: se ratificó la tendencia registrada en las elecciones parlamentarias de 2015, donde la mayoría de la población no apoyó al PSUV, pero con la diferencia de que hoy la oposición muestra una oferta mucho más variada: la Plataforma Unitaria como un vestigio de la MUD; la Alianza Democrática como una construcción a la medida de los intereses de Maduro; y un puñado de partidos nuevos o pequeños con poca o ninguna trayectoria en la gestión pública.

La guinda de la torta es que a la par de esa gran diversidad -saludable y natural en un sistema democrático pero suicida en un régimen autoritario con sistema de partido hegemónico-; al menos tres de los cuatro partidos principales de la oposición enfrentan una división de sus liderazgos a lo interno, que solo ha servido para debilitar su situación en los últimos cinco años. Esa repartición, hay que decirlo, ha sido atizada desde Miraflores aplicando las fórmulas desarrolladas por Maquiavelo en su tratado sobre política, El príncipe.

¿En qué andan los partidos del G4?

Primero Justicia fue en 2015 el partido que más diputados obtuvo en la elección para la Asamblea Nacional, bajo la conducción de Julio Borges y el liderazgo del excandidato presidencial Henrique Capriles. Hoy Capriles, más ganado a la negociación política y aprovechamiento de todos los espacios políticos posibles, y Borges, promotor del esquema de presión internacional y sanciones económicas, se han encontrado con el liderazgo emergente nacional de Juan Pablo Guanipa, electo gobernador del estado Zulia en 2017 y que fue desbancado por una jugada política del oficialismo antes de poder asumir el cargo. Guanipa tiene un perfil más orientado a la movilización interna y al combate político. De momento PJ ha levantado la bandera de las primarias para escoger al candidato presidencial de la oposición, sí, pero no se ha alineado con ninguna otra fuerza política en la definición de una ruta de acción colectiva sino que presentó su propia propuesta de acción. En todo caso, el liderazgo que prevalezca luego de su proceso interno, definirá las alianzas que a la postre haga Primero Justicia de cara a unas primarias opositoras.

Voluntad Popular enfrenta dos problemas. Por un lado, el descontento de una parte de la dirigencia con lo que consideran “malas prácticas de la directiva” y que ha llevado, como ya mencionamos, a la renuncia de más de 130 de ellos este año; y por el otro lado los roces existentes entre la dirigencia que sigue en el país, liderada por Juan Guaidó y Emilio Graterón; y la que se ha visto forzada al exilio, encabezada por el fundador Leopoldo López y Carlos Vecchio. En el medio está el coordinador nacional del proceso de reestructuración interna, Freddy Superlano, intentando hasta ahora sin mucho éxito, conciliar ambos bloques para consolidar el proceso interno. Aunque VP está judicializada, al igual que PJ y AD, la directiva nombrada por el TSJ -que también llamó a un proceso de elecciones internas por su lado- no tiene arrastre en las bases comprometidas programáticamente con los fundadores del partido. De todas todas, VP luce bastante debilitada luego de tres años y medio de liderar al gobierno encargado sin haber logrado cambiar el juego a favor de la oposición.

Acción Democrática, a diferencia de VP, sí ha sufrido una fractura importante a raíz de la intervención del TSJ de Nicolás Maduro en 2020. El secretario general designado por el tribunal, Bernabé Gutiérrez, arrastró consigo a algunas guras importantes para el partido, sobre todo en el interior del país. Al menos tres diputados electos en 2015 dejaron a Henry Ramos Allup y se alistaron del lado de Gutiérrez, por ejemplo. Al igual que el histórico dirigente oriental, Morel Rodríguez que a la postre terminó siendo electo gobernador de Nueva Esparta, aunque con el apoyo determinante del novel partido Fuerza Vecinal. Para más complicación del mapa adeco, Gutiérrez no solo reformó los estatutos sino que prepara las elecciones internas del partido para junio próximo. El ala de Ramos Allup rechazó participar en ese proceso, lo que significa que Gutiérrez y el AD que emerja de la renovación que él impulsa seguirá ostentando los símbolos y siendo reconocido por el CNE. Entretanto, el nuevo secretario nacional de organización por el ala de Ramos Allup, Carlos Prosperi, se perfila como el potencial candidato presidencial para las primarias que aspiran hacer los partidos opositores.

Un Nuevo Tiempo, el único partido del G4 que pudo participar con su propia tarjeta en las regionales de noviembre pasado sin haber perdido su autonomía, símbolos o directiva legítima, luce actualmente como el más cohesionado de los partidos opositores. De esas elecciones el partido salió fortalecido políticamente al ganar la gobernación del Zulia, 12 alcaldías, 58 legisladores regionales y 357 concejales propios en todo el país. De llegar a concretarse unas primarias, es bastante probable que UNT presente el nombre de su presidente y ahora gobernador, Manuel Rosales, que ya fue candidato presidencial en 2006 contra Hugo Chávez. En todo caso, el peso político de UNT en este momento se apoya en otros dos elementos: el exdirectivo nacional de UNT, Enrique Márquez se convirtió en rector del CNE en mayo de 2021 y el exdiputado Stalin González forma parte de la delegación de la Plataforma Unitaria que instaló negociaciones con el o cialismo el año pasado en México. González además trabajó intensamente junto a Henrique Capriles y el Foro Cívico para lograr la presencia de la oposición en la directiva del CNE el año pasado, el envío de una misión de observación de la Unión Europea a las elecciones regionales de 2021, y la participación de los principales partidos de la Plataforma en esos comicios.

Se perfilan los primeros bloques políticos

El politólogo Enderson Sequera identifica tres grupos, de momento, cuyos perfiles y propuestas de cara a las primarias de la oposición comienzan a definirse: Salvemos Venezuela, los gobernadores electos en 2021 y los partidos pequeños que intentan posicionarse. Veamos.

El movimiento Salvemos Venezuela fue presentado a comienzos de este año como una iniciativa perteneciente a la Plataforma Unitaria; sin embargo, ni AD, ni PJ ni UNT se han fotogra ado públicamente con sus actividades y planteamientos. Este movimiento está integrado por VP, Encuentro Ciudadano, La Causa R, Proyecto Venezuela, Copei, Convergencia y Alianza Bravo Pueblo, y el movimiento disidente del chavismo, Zulia Humana. Su abanderado presidencial para unas primarias podría ser Juan Guaidó, afirma Sequera. Guaidó ha dicho en varias ocasiones este año que trabajan en un reglamento para las primarias y aunque la propuesta todavía no es pública, ha trascendido que el grupo es proclive a permitir la participación de candidatos procedentes de partidos distintos a ella (que fue creada con 37 partidos pero que hoy solo tiene activos 10) y otro sector rechaza esa idea; además, un bloque estaría dispuesto a considerar pedir apoyo técnico al CNE y otro se opone a tal intervención.

El grupo de los gobernadores recién electos, integrado por Sergio Garrido y Alberto Galíndez de AD, y Manuel Rosales de UNT, han comenzado a construir su nicho y ya han tenido reuniones no solo en Miraflores con Nicolás Maduro, sino en Colombia con representantes diplomáticos de Estados Unidos. El otro gobernador opositor, Morel Rodríguez, no ha entrado todavía en este bloque porque al pertenecer la “AD judicializada” genera resquemores en sectores de la “AD legítima”; pero, por otro lado, tiene el apoyo decidido de Fuerza Vecinal que en las elecciones regionales mostró apertura suficiente para aliarse con todos los sectores. Lo mismo ocurre con Alianza del Lápiz que hizo un aporte importante en votos para la victoria de Rosales. Si la oposición lograra acordar un mecanismo para ir a primarias de aquí a 2023, tal como la mayoría de sus voceros invoca, Manuel Rosales sería el candidato natural de este grupo por ser el dirigente con mayor proyección nacional. Sin embargo, AD podría estar dispuesta a pulsar esa candidatura con el nombre de Prosperi, quien ha llamado a conformar una Coalición Democrática (integrada por partidos y sociedad civil) que lleve adelante esas primarias; siempre que en ella no participen los dirigentes “que se prestaron a la judicialización de los partidos”.

Y el grupo de los partidos pequeños, que buscan convertirse en alternativa dentro de la oposición sacando ventaja del descontento y desafección de la gente hacia los partidos tradicionales, tiene por ahora dos expresiones: por un lado Alianza del Lápiz, Centrados y el MAS, y por el otro Fuerza Vecinal. Los primeros le salieron al paso a la idea de las primarias y propusieron una Consulta Nacional Abierta (CNA), con apoyo técnico del CNE y la mayor apertura posible para la participación de candidatos de todos los partidos y sectores, “incluyendo al PCV y a Vente Venezuela”, dijo Antonio Ecarri durante su lanzamiento. El coordinador nacional de Centrados, José Luis Farías, afirmó que la idea de la consulta ha sido presentada a representantes de Avanzada Progresista (ahora liderada por Luis Romero), UNT, las dos alas de AD, Fuerza Vecinal, Unión y Progreso y sectores de la sociedad civil: “Hemos encontrado coincidencias en el planteamiento de unas primarias sin exclusiones con algunas diferencias de matices. La idea de la Consulta Abierta para escoger el próximo candidato presidencial está ganando espacio”. Por su lado, Fuerza Vecinal ha dicho que apoya la escogencia de un candidato unitario en primarias, pero que estas deben ser lo más amplias posibles. El partido está estudiando la viabilidad de ese proceso con apoyo y sin apoyo del CNE.

Entretanto la Alianza Democrática, considerada por algunos como “la oposición a la medida de Maduro” pareciera no tener todavía una postura de bloque frente a unas posibles primarias opositoras. Algunos de sus voceros, como Bernabé Gutiérrez se han referido al tema de forma independiente, pero sin comprometer al resto de esa alianza. Vale mencionar que en esa coalición hay partidos judicializados y partidos pequeños que participaron en la Mesa de Diálogo Nacional con Maduro en 2020.

La sociedad civil, la otra pieza del rompecabezas

Como parte de la escena política, aunque intentando diferenciarse del rol de los partidos, se encuentra un sector de la sociedad civil organizada en torno al Foro Cívico que el 5 de abril fue convocada a Miraflores para reunirse primero con Nicolás Maduro, y al día siguiente con Jorge Rodríguez, Francisco Torralba, Nicolás Maduro (hijo) y un par de ministros, como parte de lo que Rodríguez ha llamado “el reformateo del diálogo”. En ambos encuentros los representantes de varias de las organizaciones del Foro Cívico plantearon una agenda principalmente social, relativa a la construcción de espacios para llevar a cabo la acción humanitaria y solucionar problemas en materia de educación, salud, salarios y servicios públicos. Respecto a lo político, los asistentes a la reunión se refirieron puntualmente a tres temas: el proceso de designación de magistrados del TSJ (para el cual postularon 11 candidatos), la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional al país y la apertura de una oficina suya en Caracas, y a la necesidad de retomar de forma responsable las negociaciones en México.

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón, advierte que ese modelo de negociaciones sectoriales ya ha sido aplicado por el oficialismo en el pasado reciente (2020 y 2021) con el propósito de debilitar a la oposición a lo interno. Es necesario mencionar que en ambas oportunidades tuvo éxito en su propósito. Sin embargo, no es menos cierto que de alcanzar algunos acuerdos sobre temas mínimos, podrían generarse pequeñas ventanas que bene ciarían sin lugar a dudas al sector más golpeado de la población, pero con el riesgo para el sector político, de que la imagen de Maduro como presidente mejore y la de los partidos siga debilitándose.

El reformateo del diálogo les presenta entonces a los partidos políticos del espectro opositor un reto adicional. En esa ruta hacia 2024 tendrán que ejecutar varias tareas de manera eficiente al mismo tiempo. No solo deberán reorganizarse a lo interno, renovar a su liderazgo, constituir una unidad verdadera y elegir a un candidato unitario con un programa de gobierno incluyente, sino que además deberán reconectar con las personas y hacerles creer que si bien Maduro podría comenzar a resolver algunos problemas puntuales el verdadero saneamiento de la sociedad, de la economía, de la política y la recuperación de la calidad de vida en general pasará por un cambio de modelo y de actores en el gobierno.

@morapin

3 de mayo 2022

La Gran Aldea

https://www.lagranaldea.com/2022/05/03/organizaciones-politicas-venezola...

El pasado domingo 8 de mayo, finalizaron los III Juegos Suramericanos de la Juventud, celebrados en la ciudad de Rosario en Argentina. Este evento deportivo es de carácter multidisciplinario en el que participan atletas entre los 14 a 17 años, de todos los países de América del Sur y también algunos del Caribe y Centroamérica. Son organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y se realizan cada cuatro años.

En sus diferentes ediciones, tres hasta el momento, los juegos sirven como escenario para constatar los avances deportivos de los países participantes. En nuestro caso particular, el cuadro de medallas y la posición final ocupada nos permite reflejar con objetividad las dificultades o problemas que ha tenido nuestro deporte juvenil en los últimos diez años.

En los primeros juegos, Lima Perú 2013, Brasil resultó campeón con un total de 142 medallas (72 oro-38 plata-32 bronce), Colombia nuestro eterno rival y punto de referencia para nuestro ciclo olímpico, quedo como subcampeón del evento con un total de 70 medallas (30 oro-20 plata-20 bronce) y nosotros ocupamos un meritorio tercer lugar con un total de 65 medallas (17 oro-28 plata-20 bronce)

Pero, la realidad fue totalmente distinta con respecto a la segunda edición de los juegos, realizados en Santiago de Chile en 2017. Allí Colombia, nuestro principal referente para los ciclos olímpicos nos sacó una amplia ventaja en todos los indicadores de medallas:

45 de oro contra 15, 35 de bronce contra 27 y 39 de bronce contra 32. En lo referente al total de medallas la diferencia fue abismal: Colombia 119 y Venezuela 74 ¡¡¡hubo un diferencial de 45 medallas!!!

Las explicaciones de este descalabro deportivo vienen dadas por la incapacidad, negligencia y corrupción de las autoridades deportivas del régimen. Debemos recordar y nunca olvidar, que en el año 2013 ocurrieron dos hechos que marcaron el estancamiento y fracaso de las políticas y programas del gobierno en materia deportiva.

En primer lugar, por primera vez en la historia de los Juegos Deportivos Bolivarianos fuimos desplazados del primer lugar por Colombia y desde esa fecha, siempre nos han superado en todos los eventos del ciclo olímpico: Bolivarianos, Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos. En segundo lugar, 2013 marca el año en que fueron suspendidos los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, situación que tuvo incidencia directa en los resultados de los Juegos Suramericanos de la Juventud celebrados cuatro años después en el 2017.

Al quedar suspendidos los juegos nacionales por más de nueve años, nuestra juventud quedó sin la posibilidad de participar en la principal competencia que sirve de base para seleccionar nuestro potencial olímpico. Sumémosle a ello, la incapacidad de las autoridades para implementar programas alternativos a la suspensión de los juegos, la negligencia al no otorgar los presupuestos necesarios a las Federaciones Deportivas para el desarrollo de sus Programas Operativos Anuales (POA), las selecciones nacionales sin programas de concentración ni intercambios preparatorios, la falta de Asistencia Social para los atletas y entrenadores y los salarios de hambre para los entrenadores.

El gobierno solo se limita a publicitar hasta el cansancio, una serie de consignas populistas y demagógicas tales como “Generación de Oro”, “Somos Potencia” o “Venezuela se arregló” para tratar de ocultar su fracaso.

En la recién finalizada tercera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 se mantuvo la hegemonía de Colombia sobre nosotros, con 93 medallas (35 oro-32 plata-26 bronce) comparadas con nuestras 79 medallas (26 oro-19 plata-27 bronce).

A pesar de haber restituido los Juegos Nacionales, hay que señalar que la improvisación sigue reinando en las autoridades deportivas demostrada con la multiplicación de las sedes de los juegos, escasez de recursos presupuestarios en los organismos regionales, permanente desatención a la estructuración de las Selecciones Nacionales y agravamiento del manejo del presupuesto para el deporte con la desaparición del Fondo Nacional y la centralización de la gestión deportiva en la ONAPRE, sumando a todo esto la inexistencia de autoridad al no haber sido designado el Directorio del Instituto Nacional de Deporte….mientras sigue la cantaleta “Venezuela se arregló”.

Debemos destacar, que a pesar de este rio de problemas, nuestra juventud está por encima de la incapacidad gubernamental y que con esfuerzo propio, acompañado del de sus familiares, entrenadores, dirigentes y personal de apoyo, ha participado con dignidad y entereza en los diferentes escenarios en los que ha representado al país.

El rescate de nuestros niveles competitivos está íntegramente relacionado con la superación de este régimen. Un Deporte Mejor requiere de Una Sociedad Mejor.