El título de estas líneas debería ser “Iglesia y política”, pero lo pongo así porque alguien del régimen se ha servido de dicho binomio para descalificar un mensaje.

El acusar de intromisión religiosa en política no es nada nuevo. A Jesús le achacaron querer suplantar al emperador romano, por eso sentó el principio “dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mc 12, 17).

Una pregunta nos sirve para buscar luz en el presente asunto: ¿Puede-debe la Iglesia meterse en política? Para responder es menester definir antes qué se entiende por Iglesia y por política. Precisar términos es algo que cuando no se hace, es causa de no pocos malentendidos y de interminables y encendidas discusiones, al final de las cuales alguno de los interlocutores expresa: “Pero eso es lo que yo quería decir”; ¿Y entonces por qué no lo dijo en su momento?

La referida pregunta puede responderse tanto afirmativa como negativamente. Depende de lo que entienda por Iglesia y por política; aquí surgen dos tríadas de interpretaciones. Política puede significar a) “lo político” como una dimensión fundamental de lo humano -de naturaleza social- y por tanto lo relativo a la comunidad política (polis); b) el poder o autoridad en la misma; c) la organización y actividad de los partidos políticos, que buscan el acceso al poder o su recuperación. Por Iglesia, puede entenderse a) la comunidad de todos los creyentes y bautizados; b) el sector jerárquico en ella (obispos-presbíteros y diáconos); c) los laicos o seglares, los cuales constituyen la casi totalidad de la Iglesia. Surgen consiguientemente varias composiciones o relaciones, que determinan el que las respuestas sean afirmativas o negativas.

Si por Iglesia se entiende la comunidad de los bautizados y creyentes y por política la participación en la polis, resulta obvia y obligante la respuesta afirmativa, por la condición social del ser humano y porque el compromiso social, caritativo, es una de las dimensiones de la evangelización (=misión de la Iglesia); a esta, sin embargo, no le corresponde la política en sus acepciones tanto de ejercicio del poder como de praxis partidista. En lo que toca a la jerarquía eclesiástica, ella, por lo ya dicho, ha de participar en lo político en su sentido primero, pero no en el de poder ni en el de actividad partidista. En cambio a los laicos les corresponde la política en las tres acepciones, pues lo peculiar de ellos como cristianos es su presencia transformadora en las realidades temporales; y según su vocación, de acuerdo con capacidades, circunstancias y oportunidades, han de entrar en el ejercicio del poder político y en la acción partidista. Cabe añadir, en cualquiera de las relaciones, que el conflicto y, por ende, la ineliminable posibilidad del ejercicio de la fuerza y hasta de la violencia, han de encararse con gran realismo y en perspectiva humanista

Con respecto a lo de “sotanas” en política conviene traer aquí algo del Directorio para el ministerio pastoral de los obispos emanado de Roma: “El obispo está llamado a ser un profeta de la justicia y de la paz, defensor de los derechos inalienables de la persona, predicando la doctrina de la Iglesia, en defensa del derecho a la vida, desde la concepción hasta su conclusión natural, y de la dignidad humana; asuma con dedicación especial la defensa de los débiles y sea la voz de los que no tienen voz para hacer respetar sus derechos” (No. 209). Los obispos Rafael Arias Blanco en Venezuela y san Oscar Arnulfo Romero en El Salvador no tuvieron que quitarse la sotana, antes bien, debieron ajustarla, para ser coherentes con su misión.

Y una última observación con respecto a los laicos. En virtud de su bautismo, están llamados a ser protagonistas en la construcción de una nueva sociedad, en la verdad y la libertad, en la justicia y la solidaridad, en la fraternidad y la paz, obedientes al mandamiento máximo del Señor. Esto ha de subrayarse, especialmente en situaciones como la presente de Venezuela, de grave crisis global y en la cual se quiere imponer un proyecto totalitario comunista. Para ello los laicos han de formarse lo mejor posible y actuar con la mayor lucidez y responsabilidad. Están obligados a demostrar en la polis, con obras de bien común, su fidelidad a Dios Amor; deben ser, allí, la presencia real, viva y eficaz de la Iglesia.

La misión de la Iglesia es la evangelización, una de cuyas dimensiones es contribuir a la construcción de una “nueva sociedad”, de libertad, solidaridad y paz.

«A partir de estas elecciones, creo que lo mejor es que, gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio. Vamos a eliminar esto que hemos denominado protectorado, por estado y municipio, para que gane el que gane. Que gobiernen y punto. Vamos a ver qué tal les va». Con estas palabras, Nicolás Maduro anunció el 28 de junio el fin de una polémica figura no prevista en la Constitución y que ha terminado convirtiéndose en un órgano paralelo de los gobernadores y alcaldes.

El llamado luce como un intento para convencer a la oposición de participar en las megaelecciones regionales y locales previstas para noviembre próximo. Sin embargo, la oferta también parece un caramelo envenenado, pues mientras anuncia esta medida continúa con sus intentos por consolidar un Estado paralelo, a través de iniciativas como la Ley Orgánica de Ciudades Comunales.

El proyecto de ley que la Asamblea Nacional (AN) controlada por el oficialismo ya aprobó en primera discusión crea una estructura social inexistente en la carta magna, denominada «ciudad comunal». Conforme al artículo 4 del mencionado texto, se trata de una agregación de comunas en un ámbito territorial determinado, es decir, se presenta como una figura que desconoce y desnaturaliza la descentralización y la autonomía municipal y estadal, atentando contra los artículos 2, 5, 157, 158, 159, 168 y 184 constitucionales.

En Acceso a la Justicia hemos advertido que la propuesta, además de contradecir la descentralización político territorial, se presenta como una estructura prevista para desmontar el sistema republicano del Estado constitucional democrático, que está fundamentado en los principios de supremacía constitucional (artículo 7), de legalidad (artículo 137), de división de los poderes (artículo 136), de la responsabilidad del Estado (artículo 140) y en el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos (artículos 2 y 19).

La ciudad comunal busca vaciar de competencias a los estados y municipios, al tiempo que incrementaría y potenciaría la centralización del poder en manos del Ejecutivo nacional, así como el control social. No hay que olvidar que las comunas, en las cuales se sustentan estas hipotéticas figuras, son organizaciones que serán controladas y dirigidas por este.

Más de una década construyendo un Estado paralelo

Desde 2013 Maduro ha implementado progresivamente un catálogo de figuras contrarias al ordenamiento jurídico, y ha creado organizaciones sociales o asociativas que violan el principio de representación del pueblo y el modelo constitucional de Estado federal descentralizado. Una de las figuras más emblemáticas que ha establecido son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados en 2016 para –en teoría– mitigar la grave emergencia humanitaria compleja que afecta al país, al distribuir alimentos, productos de higiene y medicamentos. Sin embargo, en la realidad ha sido una forma de control social.

Otra invención implementada por el régimen es el Carnet de la Patria, una especie de documento de identidad que regula el acceso a alimentos y artículos de primera necesidad adquiridos a través de los CLAP.

Sin embargo, el Estado paralelo no comenzó con Maduro. Ya Hugo Chávez había tomado medidas dirigidas a desmantelar la institucionalidad. Entre las primeras destacó la eliminación de la estabilidad de los jueces. También los llamados «círculos bolivarianos», una forma de organización popular conformada por entre siete y once personas, para discutir los problemas sociales de la comunidad y buscar su pronta solución. Para Chávez, los círculos bolivarianos eran «el alma del pueblo».

En el discurso de juramentación de los círculos, el 17 de diciembre de 2001, en un acto celebrado en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, el mismo Chávez señaló que con los círculos bolivarianos «profundicemos la democracia participativa y protagónica y aquí está el ejemplo: todo el poder para el pueblo es la consigna de los círculos bolivarianos».

Chávez crearía nuevas modalidades de organización social, tales como los comités de tierras urbanas, que aparecieron en 2002 por decreto presidencial con el propósito de estimular la participación ciudadana en la regulación de la tenencia de la tierra. Meses después puso en marcha las misiones, concebidas como programas sociales del Gobierno, y los consejos comunales, creados mediante la Ley de los Consejos Comunales en 2006, que en 2010 pasarían a formar parte de la «comuna» y el «Poder Popular», con la finalidad de reemplazar el Estado federal.

Siguiendo el ejemplo de Chávez

Con la muerte de Chávez y la ascensión de Maduro al poder, el proceso de disolución institucional siguió avanzando. Así, Maduro designó en 2013 al derrotado aspirante a la Gobernación de Miranda, Elías Jaua, como protector de esa entidad. El funcionario recibió fondos que ha debido manejar el opositor Henrique Capriles Radonski, quien fue el realmente electo como gobernador.

Esta invención encuentra su antecedente en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuando en 2008 ganó las elecciones de ese despacho el candidato opositor, Antonio Ledezma. En 2009 Chávez, para tratar de desconocer la decisión popular y con el respaldo de la AN controlada por el chavismo, modificó el régimen y administración del Distrito Capital y estableció un Gobierno paralelo a cargo de un jefe que sería designado por el propio presidente de la República, a fin de usurpar las funciones y el presupuesto que tenía asignado el alcalde metropolitano.

Pese a que la Constitución establece que el Gobierno de Venezuela y de las «entidades políticas que lo componen es y será siempre democrático, participativo, electivo», Chávez designó como jefa de Gobierno del Distrito Capital a la dirigente del oficialismo, Jacqueline Farías, quedando Ledezma despojado de sus competencias, hasta que fue detenido injustificadamente en 2015 por la supuesta comisión de delitos políticos.

El régimen de Maduro prosiguió con la política gubernamental emprendida por su antecesor de desconocer la institucionalidad formal a través de los protectorados, y obviar a los titulares de los órganos constitucionales que habían sido electos mediante la votación popular, por el solo hecho de tratarse de líderes o candidatos de oposición.

Esta política de Estado quedó consolidada en 2017, cuando designó más protectorados en cuatro entidades federales (Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Táchira) en las que había ganado legítimamente la oposición durante las elecciones regionales celebradas el 15 de octubre de ese año.

La figura del protectorado, en definitiva, es una suerte de representante del Ejecutivo nacional para la administración de las gobernaciones y alcaldías, en función de los intereses del poder central, que para nada representa la voluntad democrática de los ciudadanos. Son fórmulas organizativas de carácter territorial impuestas arbitrariamente desde el Gobierno nacional con la intención de desconocer las victorias obtenidas por la oposición en elecciones regionales y municipales.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Cuando se usurpa la soberanía al pueblo, y por ende los valores democráticos, como se ha hecho con los protectorados, todos los venezolanos somos afectados en nuestros derechos humanos.

Sin duda alguna, todos afrontamos un futuro incierto ante estas fraudulentas creaciones de entidades, mecanismos y estructuras, las cuales subvierten el orden constitucional.

https://accesoalajusticia.org/maduro-promete-eliminar-los-protectorados-...

Desde sus inicios la Universidad siempre pretendió construir un espacio para la creación de conocimiento y contra el oscurantismo y los prejuicios, como la forma de acceder a la ilustración y contribuir al avance de las sociedades para el alcance de metas superiores, signadas por el saber, la ampliación de las ciencias y las humanidades.

Lamentablemente quienes nos desgobiernan en Venezuela están del lado del oscurantismo y el atraso, lo que tiene su demostración en el amplio proceso de destrucción nacional que han ejecutado a lo largo de más de cuatro lustros, convirtiendo uno de los países más ricos de América Latina en un país que hoy está en el último lugar por debajo de Haití y Cuba.

La situación de la Universidad pública nacional después de una larga agonía está a punto de ser transformada en un dispositivo comunal por obra del nuevo proyecto de Ley de Educación Universitaria (LEU), que terminará de dar forma legal al proceso sistemático de destrucción de la educación, que por supuesto, alcanza a todo el sistema educativo nacional desde el kindergarten.

Contra esta dramática realidad se produjo en la Universidad Central de Venezuela, (UCV) el martes 20 del corriente, una reunión con diversos grupos de profesores que vienen dando la batalla por el rescate de la UCV y de la Institución Universitaria en general porque es toda la Educación Superior la que está destruida.

En ella se expresaron ideas que resumen la orientación de las preocupaciones de los profesores que buscan la mejor manera de enfrentar la gravísima situación de las universidades.

La necesidad de manifestar nuestra voluntad de detener la aprobación del Proyecto de LEU. La necesidad de conminar al Consejo Universitario a que dé la cara por la Universidad, a que asuma la lucha por los intereses genuinos de la Universidad, que actúe en pro de la defensa de sus profesores y estudiantes, que abandone la ataraxia frente a las graves dificultades que afligen a toda la comunidad universitaria. La necesidad de solicitar una renovación de todas las autoridades que ya llevan 14 años en el ejercicio de sus cargos como resultado de actos legales, sentencias tribunalicias de dudosa legalidad que han suspendido la posibilidad de realizar elecciones de acuerdo a la Ley de universidades vigente. La necesidad de repensar un nuevo modelo de Universidad, pues resulta más que evidente que el actual modelo no se ajusta a las necesidades de la época, para enfrentar el proyecto LEU hay que hacerlo desde un paradigma distinto ya que no puede hacerse con un simple regreso al pasado que nos ha demostrado que ha excedido su tiempo histórico y rezuma una decadencia imposible de ocultar. La necesidad de emprender iniciativas conjuntas para que lo anterior pueda alcanzar los resultados esperados.

Esta reunión fue el resultado de la iniciativa de: Profesores Ucevistas por la Unidad de la Fuerzas Democráticas, que fue respaldada por: Nueva Universalia, La Catedra de Derecho Constitucional, Confianza UCV, Plataforma Ciudadana, Venciendo la Sombra y otros varios distinguidos profesores, Representantes Profesorales ante el Consejo Universitario y exautoridades. Otros grupos, como AUTONOMISTAS, manifestaron su voluntad de participar en las futuras iniciativas. El profesor Víctor Rago ejerció la coordinación y moderación del evento.

Es verdad que no se alcanzaron los resultados concretos que todos deseamos, pero la reunión en si misma, la calidad de la representación, el nivel de las intervenciones, la claridad en torno a la problemática universitaria en su más descarnado realismo, nos hace optimistas respecto a la posibilidad de que en futuras reuniones podamos conseguir gracias a la convergencia de todos, los caminos, las ideas, las acciones, los procederes para lograr crear la Universidad que todos deseamos, que no es otra que la CIUDAD DE LA ACADEMIA.

@pedrovcastrog

La reciente visita de Delcy Rodríguez a la Asamblea de Fedecámaras, como la de su hermano en enero y la declaración de Maduro de rescatar el Consejo Nacional de Economía --ahora adjetivándola de “Productiva”--, pudieran indicar un cambio de actitud del régimen ante el sector empresarial, otrora ubicado en el campo enemigo. El colapso es tal que sienten la necesidad de ir a hacerle carantoñas, en aras de salir del hueco. Como gusta decir mi esposa, “oyen campanas, pero no saben de dónde vienen”.

Cuando llegó al poder, Chávez no tenía un proyecto económico elaborado, más allá de ciertas alusiones nacionalistas y de justicia social. Tan así, que conservó por año y medio a la ministra de Hacienda del gobierno anterior, Maritza Izaguirre. Es por razones políticas, al toparse con la resistencia de los empleados de PdVSA de ver vulnerada su cultura corporativa y con el hecho de que la agenda del sector privado no tenía por qué coincidir con la suya, que desata su ofensiva contra las instituciones que resguardan la actividad económica. Más pudieron sus ansias por controlarlo todo, impulsadas por ese inmenso ego de creerse heredero genuino de Bolívar, que consideraciones racionales acerca del manejo sano de la economía. Por demás, ahí estaba el petróleo que, creía, daba para todo.

Para ponerle la mano a esta fuente aparentemente inagotable de recursos, tendió la trampa que --confesaría luego—“justificaría” el despido de los gerentes, profesionales y operarios más cualificados de PdVSA, la mitad de su nómina. A pesar de los azarosos sucesos que provocó en abril, 2002, logró finalmente ufanarse ante los suyos de que, “Ahora PdVSA es de todos”. Transmutó la misión corporativa de la empresa por una de naturaleza política: financiar el socialismo de reparto que, a instancias de su mentor, Fidel Castro, debía instaurar. Entre 2003 y 2016 PdVSA desvió más de $ 250 millardos de sus ingresos para financiar misiones y fondos de desarrollo social. Encima, fue atiborrada de empresas de construcción, alimentarias, de servicios y manufactureras. Pero no sólo le creó una carga que terminó drenando sus recursos, sino que se privilegiaron criterios políticos discrecionales para la distribución de sus proventos, instaurando una dinámica que se fue apoderando, no sólo de PdVSA, sino del sector público en general. Precios del crudo en torno a los $ 100 por barril entre 2008 y 2014 (salvo 2009), parecían permitirlo todo. Chávez pudo comprar alianzas internacionales para evitar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela por la OEA y subsidiar a la economía cubana. Pero, como lo atestiguan los escándalos destapados a cada rato en la prensa internacional, hubo destinos aún más turbios.

Maduro carece de la ascendencia, carisma e ideas de Chávez. Supo que su permanencia en el poder dependería de su capacidad de comprar a los mandos militares más corruptibles, haciéndolos cómplices de sus desmanes, traicionando su mandato constitucional. Además de ponerlos al frente de buena parte de las responsabilidades económicas del Estado, contratar con las empresas que ellos creaban, entregarles el control de puertos, aeropuertos y de la minería de Guayana, y otorgarles el monopolio de la importación de alimentos y medicinas, ¿qué mejor premio que entregarles también PdVSA? En 2017, nombró como su presidente al general Quevedo, sin experiencia alguna en la materia, con un resultado tan desastroso que el mismo Maduro, tres años más tarde, se vio en la necesidad de destituirlo.

El viejo John D. Rockefeller, fundador del imperio petrolero de la Standard Oil que, luego de ser desmembrada por la Ley Sherman (Antimonopolio), dio lugar a la Exxon, Socony, Mobil, Chevron y a otras empresas poderosas, solía decir que el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera “bien administrada” y que el segundo mejor, una “mal administrada”. No vivió para apreciar la asombrosa capacidad destructiva de Chávez, Maduro y los suyos. ¡Es que hay que echarle bolas!

Lamentablemente, la acción destructiva no terminó ahí. La abundancia petrolera permitió subyugar aún más a la actividad económica privada. Los controles de precio, las expropiaciones y confiscaciones, y la sobrevaluación del bolívar oficial, junto a la ausencia de garantías de propiedad y procesales, acabó con buena parte del parque industrial y agrícola. En su reemplazo, Chávez cuadruplicó, entre 2004 y 2012, las importaciones, muchas exentas del pago de impuestos. Las empresas agrícolas, manufactureras y de servicio que confiscó fueron, en su mayoría, pasto de la depredación de sus nuevos administradores “socialistas”. La renta cubriría los faltantes. Al destruir a PdVSA y achicar la base impositiva doméstica, menguaron los recursos para sostener el gasto público. Se acudió, entonces, a la emisión monetaria del BCV, desatando una dinámica hiperinflacionaria que ha empobrecido brutalmente a los venezolanos.

Como hemos venido insistiendo, la terrible ruina de la economía venezolana no es (sólo) producto de la ignorancia y la incompetencia, aunque de estas ha habido a borbotones. Al desmantelar los resguardos institucionales que amparaban las actividades productivas y comerciales, y al supeditar lo económico a criterios políticos discrecionales --a cuenta de “revolución”-- se terminó asentando un Estado Patrimonial. Se fue conformando un régimen de complicidades, sobre todo con los militares corruptos, para expoliar la riqueza nacional, incluyendo también a bandas criminales, tanto nacionales como extranjeras. Independientemente de que Chávez y/o algunos de sus acompañantes hayan podido al comienzo creer en sus motivaciones justicieras, el “Socialismo del Siglo XXI” fue excusa para la parasitación del país por parte de los más poderosos, inescrupulosos y “vivos”. Con el canto de sirena de redimir al pueblo aboliendo las garantías constitucionales, nos construyeron una trampa-jaula que nos ha llevado a la pobreza más extrema. Lo irónico es que los chavistas se dan cuenta, ahora, que también los incluye.

La reactivación económica sólo será posible con base en la iniciativa privada. Requiere restituir al Estado de Derecho, con sus seguridades y previsibilidades, y sustituir el financiamiento monetario del gasto público con recursos externos para abatir la inflación, sujetos, claro está, a una reforma profunda del Estado para elevar la pertinencia, eficacia y eficiencia del gasto. Pero esto significa desmantelar las bases del régimen de expoliación sobre el cual descansan las alianzas mafiosas que sostienen a Maduro. ¿Cómo retornar al ordenamiento constitucional, reafirmando sus garantías civiles, políticas y económicas, y acceder a reformas que acaben con la discrecionalidad, falta de transparencia y la no rendición de cuentas si, con ello, desaparecen los privilegios que son la razón de ser de la dictadura? ¿Qué posibilidades hay de conservar el poder si la obtención de recursos para su sobrevivencia, ya sean aquellos provenientes del levantamiento de algunas sanciones y/o contratando financiamiento internacional, obliga a desmantelar el régimen de control social y de terror que mantiene sometida a la población y ampara sus desmanes? ¿Cómo sostenerse en un ambiente de medios de comunicación libres que exigen responsabilidades, que se enderecen las cuentas y se encaucen culpabilidades?

Y he ahí el conflicto existencial de Maduro y los suyos: luchar para mantenerse con un arreglo poco sostenible en el tiempo y con el riesgo de ser desalojados eventualmente del poder por cualquier medio, o acceder a las reformas requeridas para dotar a la economía de la estabilidad, confianza y viabilidad deseadas, a sabiendas que marcaría el fin de su cruel autocracia. De tanto destruir la institucionalidad para forjar el régimen de expoliación con el que se lucraron a sus anchas durante años, se encuentran ahora sin opciones. Sin percatarse, se incluyeron en la trampa-jaula que forjaron, y no saben cómo salir.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, como las demás academias, valiosos profesionales de la economía y especialistas de variadas disciplinas, tienen años señalándole al régimen las insuficiencias y errores de sus políticas, e instándole a corregirlas. Pero sus personeros prefirieron refugiarse en la excusa de una “guerra económica” para negar estos cambios y continuar depredando al país.

Todo apunta a la necesidad de una salida política que obligue a este régimen criminal a convencerse de que debe acceder a desmantelar sus privilegios e impunidades. ¿A qué precio?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

En todas partes se cuecen habas. En las instituciones hay actores buenos y algunos no tan buenos. Hoy traemos a colación tres casos de actualidad.

En las Olimpíadas: La humanidad evidenció que la mayoría de sus integrantes están de acuerdo en competir deportivamente. Algunas delegaciones acudieron con muy pocos miembros y convencidos de que era muy difícil ganar una medalla, pero cumplieron con la máxima de que lo importante es competir en buena lid, aunque no haya aplausos.

La nota discordante la puso el argelino Nourine, quien decidió abandonar el evento ante la probabilidad de tener que enfrentarse a un judoca israelí. Probablemente la culpa no sea de este joven, que no es un caso aislado, sino de la prédica de odio de algunos dirigentes y de sistemas educativos que consideran enemigo a quien piensa diferente.

En Fedecámaras: Tradicionalmente el Estado ha puesto trabas a la libre empresa, y en los últimos veinte años hay que añadir las expropiaciones, mejor dicho robos, como dice la valiente María Corina. Este régimen se apropió de innumerables empresas privadas sin compensar a sus propietarios y las quebró a todas.

¿Cuál debe ser la actitud de Fedecámaras ante este régimen totalitario? ¿Asumir una posición frontal como lo hicieron sus valientes expresidentes Pedro Carmona, Carlos Fernandes y José Luis Betancourt? Algunos critican que Fedecámaras asumió una actitud beligerante en el año 2002, olvidando que esa reacción fue motivada a las violaciones a la Constitución y que el ambiente sociopolítico era propicio para intentar detener los atropellos. En las circunstancias actuales la percepción generalizada es que gran parte de la dirigencia política no hace lo posible para constituir un frente único que pueda facilitar la salida constitucional de los usurpadores. ¿Podemos pedirles a los empresarios que se inmolen en una lucha desigual con el régimen o debemos aceptar que intenten convivir con el mismo?

Lo procedente debería ser que, sin necesidad de asumir una actitud beligerante, los empresarios mantengan una posición firme, sin complicidades, entendiendo que el régimen quiere terminar de secuestrar al sector privado. Al respecto, fue lamentable la intervención del presidente saliente Roberto Cussano. Lo criticable no es que haya invitado a Delcy Rodríguez, sino lo que dejó de decir, como mencionó Ismael Pérez Vigil en excelente artículo. Le deseamos éxito a la nueva directiva y no descalifiquemos a esta importante institución, ni a la mayoría de sus miembros.

En la Pdvsa del Psuv y en la ad hoc: La Pdvsa roja no presenta su Informe anual de gestión desde el 2016. Lo que sucede en la misma se conoce por fuentes indirectas y por los casos de corrupción denunciados y por quienes se declararon culpables en tribunales del exterior. La Pdvsa ad hoc, cuya directiva fue nombrada por la Asamblea Nacional legítima y por el presidente Guaidó en el 2019, acaba de presentar su Informe del 2020 y del primer trimestre del 2021. En el mismo constan las gestiones realizadas para impedir, al menos temporalmente, que perdamos los activos en el exterior por demandas de expropiaciones de empresas; así como por emitir bonos de la deuda ilegalmente y obtener préstamos, con garantía de Citgo.

El régimen expropió sin razón a varias empresas, pensando que eso no traería consecuencias. Expropió la concesión otorgada a Crystallex, empresa canadiense propietaria de la mina de oro Las Cristinas. Esta empresa demandó por tres mil millones de dólares. Expropió la participación de la petrolera Conoco Phillips en una de las Asociación Estratégica con Pdvsa y esta empresa reclama una compensación por dos mil millones de dólares . Así mismo hay otros reclamos. Pdvsa emitió ilegalmente bonos de la deuda sin autorización de la Asamblea Nacional, violando la Constitución, que fueron garantizados con el 50,1 por ciento de Citgo y solicitó préstamos a la empresa rusa Rosnetf con garantía del 49,9 por ciento de Citgo. En total hay reclamos entre 17.000 y 21.000 millones de dólares, entre ellos los de 23 ciudadanos afectados por acciones terroristas de la Farc, las cuales fueron apoyadas por Chávez- Maduro.

Las directivas de Pdvsa ad hoc presidida inicialmente por Luis Pacheco y actualmente por Horacio Medina han dedicado parte de su tiempo a enfrentar y detener estas demandas para proteger nuestros activos, lo cual hasta ahora se ha logrado gracias a a las apelaciones y a decisiones del departamento de Justicia de USA. Debemos tomar en cuenta que cuando Pdvsa ad hoc se encargó del negocio esos activos estaban perdidos.

El Informe detalla los resultados operacionales y financieros de Citgo. Nuestras refinerías han tenido que enfrentar no solo los efectos del descenso de la demanda por la pandemia, sino también los huracanes Laura y Delta, y la tormenta invernal Uri. La empresa ha desembolsado 331 millones de dólares para reparaciones mayores y 179 en inversiones. También el Informe presenta resultados de la Fundación Simón Bolívar. Usted puede comprobar la diferencia entre las gestiones en Citgo de Rafael Ramírez, Nelson Martínez, Eulogio Del Pino y Asdrúbal Chávez versus las de Pacheco y Medina. También hay que reconocer la excelente y pulcra gestión de Carlos Jordá al frente de Citgo.

Como (había) en botica:

Las probabilidades de que el régimen salga por la fuerza son bajas. Las opciones son el referendo revocatorio, la Asamblea Constituyente y una elección presidencial adelantada. En estas circunstancias, ¿cómo podríamos estar en mejores condiciones de ganar? ¿Contando con algunas gobernaciones y alcaldías o que el régimen las tenga todas? ¿Contando con dirigentes regionales curtidos en la campaña electoral de noviembre en contacto con la gente o con dirigentes que por falta de acción estén alejados de los votantes? Desde luego que ni gobernadores, ni alcaldes podrán solucionar los problemas, pero es un paso importante para salir posteriormente del régimen.

Lamentamos los fallecimientos de Edgar Lugo y de Atilio Diaz, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Lo ocurrido en la Asamblea Anual N° 77 de Fedecámaras el 20 de julio es motivo de una intensa polémica −o cayapa− que no baja de intensidad. Yo me referiré a los mensajes contenidos en los discursos de tres de los actores: la Iglesia, el Gobierno y Fedecámaras; obviamente tomaré en cuenta sus discursos, pero también lo que no se dice, pues en este tipo de eventos es tan importante lo que se dice como lo que se calla.

El mensaje de la Iglesia

Aparte de sus propias palabras −breves, profundas, trascendentes−, el vocero de la Iglesia, Monseñor Ricardo Barreto, Obispo auxiliar de Caracas, envió dos mensajes políticos importantes. El primero fue la ausencia del Cardenal Baltasar Porras; yo no puedo imaginar qué compromiso podía tener el Cardenal Porras en Mérida que fuera más importante que atender la invitación del máximo organismo empresarial del país, en su Asamblea Anual, a la que asistiría la Vicepresidente de la Republica. No voy a especular ni hacer conjeturas acerca de los motivos de Cardenal Porras para no asistir. Dejo simplemente mi duda.

El segundo mensaje fue la lectura de la carta del Cardenal Pietro Parolin al Presidente de Fedecámaras. Esta carta, obviamente, representa la posición de El Vaticano, del Papa Francisco, porque el Cardenal Parolin ejerce el cargo de Secretario de Estado. La carta contiene, en mi criterio, dos puntos importantes: La necesidad de que participe la sociedad civil como protagonista en la solución de los problemas del país; y que esto solo será posible mediante la disposición a negociar, de modo serio, por parte de los que tienen responsabilidades en el país.

La verdad es que por más que leo y releo la carta −que me parece bastante formal y anodina− no alcanzo a entender por qué la misma molestó tanto a algunas personas y de manera tan particular al gobierno y provocó tan duros comentarios y descalificaciones por parte del presidente Maduro, quien se refirió a la misma señalando que es “… una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo, de ataques» (¡?)

El mensaje del Gobierno

Obviamente el elemento que irritó y ha levantado todas las críticas en prensa y redes sociales fue la invitación y presencia en la Asamblea de la Vicepresidente Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Si esto se considera un error, hay que decir que el mismo se cometió hace un año cuando el Directorio de Fedecámaras fijo la política de buscar una ruta eficaz: “Por una Nación incluyente y productiva”. En la búsqueda de esa ruta se han producido acercamientos con el Gobierno, reuniones, invitaciones, diálogos, mesas de trabajo, etc., que ya han sido motivo de críticas al organismo empresarial, muy en particular los intentos fracasados de diálogo que se produjeron en el mes de febrero de este año. Al respecto publiqué un artículo el 13 de febrero de este año, con motivo de aquel famoso y frustrado episodio; en una época en la cual está de moda desdecirse y recoger las palabras, yo ratifico todas y cada una de las ideas expresadas allí, sobre Fedecámaras, el diálogo y el papel del empresariado.

Por lo tanto, la invitación a la Asamblea de este año a la Vicepresidente Rodríguez es una consecuencia de esa política del organismo empresarial. Y sobre la inclusión de la Vicepresidente en la agenda caben solo dos interpretaciones: o bien los empresarios están de acuerdo con esa política o bien el sector que la promueve tiene mucha más fuerza que los que se oponen. No hay otra posibilidad y de nada sirve rasgarse las vestiduras al respecto. Queda por ver si el nuevo directorio, que asumió esta semana, continuará con esta política, la modificará o la abandonará. Por cierto, me recomendaron que escuchara el discurso de Carlos Fernández G., el nuevo Presidente de Fedecámaras, lo hice y se los recomiendo a todos.

Si algunos consideran que fue un error invitar a la Vicepresidente Delcy Rodríguez pues implica el reconocimiento a un gobierno, que muchos no reconocen. Hay que decir −como varios ya lo están destacando− que su presencia allí es también un reconocimiento del gobierno hacia Fedecámaras, como la expresión y representación del empresariado venezolano, gremio e institución que ha intentado destruir y reemplazar durante 20 años y no lo ha logrado. Esa resistencia es sin duda, un éxito de Fedecámaras.

De resto, las palabras de la Vicepresidente Rodríguez están en el marco de lo esperado, no suponen ninguna novedad. Fue un discurso, en mi opinión, poco estructurado, lo cual no quiere decir que fue improvisado o poco elaborado; todo lo contrario, creo que cada una de sus piezas fue cuidadosamente pensada. Contiene, eso sí, las exageraciones, calificativos y falsificaciones de la realidad que se podían esperar y a los que ya nos tienen acostumbrados.

Yo no voy a contribuir a destacar nada de su discurso; pero en todo caso, no cabe la menor duda que la Vicepresidente Delcy Rodríguez supo sacar partido a su presencia en la Asamblea de los empresarios.

El mensaje de Fedecámaras

Lo siento, pero lo menos que se puede decir del discurso de Ricardo Cussano, presidente saliente de Fedecámaras, es que fue desafortunado, en la forma y en el fondo. Que un “bajón de luz” le haya impedido terminar su discurso no creo que sea una excusa suficiente para la ocasión de que se trataba, su despedida como presidente de la institución empresarial del país, que hasta el propio régimen ya ha reconocido. Ciertamente fue un discurso inconexo, difícil de seguir. Cuesta reconocerlo en comparación con su discurso en la Asamblea pasada de Fedecámaras, la N° 76, de agosto de 2020.

Lo de menos es que Cussano haya dicho que se opone a las sanciones internacionales, pues es algo que −como él mismo señaló− ya lo había dicho el año pasado; y además, esa es una posición −la de oponerse a las sanciones internacionales, excepto a las personales, como el aclararía posteriormente− que es compartida por muchos empresarios y políticos en el país. Tampoco creo que sea criticable que haya señalado que está en favor de participar en el proceso electoral del mes de noviembre, pues igualmente hay muchas personas que favorecen esa posición y es un tema que aún está por definirse en la propia oposición; de manera que cualquiera puede argumentar su posición al respecto, por lo menos hasta que se defina una posición unitaria.

Omito referirme a sus alusiones a la importancia que le da al reconocimiento o no de la comunidad internacional o a lo de poner en pie de igualdad, porcentual, a los que estamos por uno u otro modelo de país; los atribuyo a comentarios desafortunados, dentro de un discurso poco elaborado o elaborado apresuradamente.

Más lamentable es que su discurso careció de contenido, de orientación específica, de planteamientos y propuestas. Creo que se quedó en señalamientos generales e insustanciales. Pero, en todo caso, el principal problema del discurso de Cussano el 20 de julio de 2021 fue que desaprovechó la presencia de la Vicepresidente de la Republica, para fijar la posición del empresariado en algunos puntos importantes, cruciales, para la institución y el país. Esa oportunidad, por lo menos él, no la volverá a tener.

Pero, como ya dije, en este tipo de eventos, es tan importante lo que se dice −en este caso el líder−, como lo que se calla. El expresidente Ricardo Cussano, en su discurso final en la organización que presidió durante dos años, en presencia de la Vicepresidente de un gobierno que ha agredido severamente al sector empresarial y que no participaba en un evento de Fedecámaras desde hace 20 años, perdió la oportunidad de decir lo siguiente:

– “Venezuela agoniza… Ya no es suficiente decir que está en crisis. … No fue suficiente el petróleo, el rentismo, la redistribución de beneficios que solo terminaron socavando todas las capacidades para invertir, para producir… para convivir.”

– “No tenemos instituciones ni referentes… ante la ausencia de propuestas y conducción política … El modelo de socialismo del siglo XXI desapareció casi 400.000 empresas. El afán controlador, la política expropiatoria y el exceso de burocracia y regulaciones levantaron enormes barreras a la producción… (completado con)…la colosal caída de la producción petrolera.”

– “de ser un país puntal en Latinoamérica…(hemos pasado) a ser hoy la economía más pequeña…con cerca de un 80% de venezolanos en pobreza extrema que no pueden cubrir la canasta alimentaria…. El salario mínimo… (es) inferior a los 1,25 dólares diarios fijados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas… El 74% de los hogares vive en inseguridad alimentaria de moderada a severa y el consumo proteico promedio sólo llega al 34%…”

– “Todo esto ha ocurrido a la vista de un Estado desmantelado, incapaz de planificar ni aplicar un esquema ordenado de decisiones coherentes en política económica… (No hay)…un ambiente propicio a la inversión del sector privado, con políticas públicas coherentes y visión a largo plazo que respete la libre iniciativa y la propiedad privada…

– “Deben abrirse los espacios para los acuerdos políticos, donde cada actor pueda asumir el rol que le corresponde… privilegiar al país por encima de ideologías o intereses partidistas, garantizar una gestión pública eficiente con rendición de cuentas, sin corrupción, y con el objetivo superior de satisfacer las necesidades ciudadanas”.

– “No compartimos el modelo centralista ni rentista que trajo este desastre a nuestra puerta. Pero, tampoco queremos un modelo que limite nuestras libertades políticas, económicas y sociales en función de la centralización del poder y el control de la sociedad, nos negamos a transitar hacia un modelo como el chino o vietnamita…Sugerimos un modelo propio… Un modelo de desarrollo sustentable, con democracia, progreso y justicia social.”

– “El único proyecto político que apoyamos en Fedecámaras es el que respeta los derechos humanos y constitucionales que enarbolan la vida, el acceso a la salud, la educación, la alimentación, el respeto a la propiedad privada y la libre iniciativa, el derecho al voto; en fin, libertades plenas en lo político, económico y social.”

– “La sociedad que queremos no es compatible con la existencia de persecución y represión, con la permanencia de presos de conciencia o con el desmantelamiento de los partidos políticos.”

Todo lo presentado en el párrafo anterior está tomado, textualmente, del discurso de Ricardo Cussano ante la Asamblea N° 76 de Fedecámaras de agosto de 2020. No obstante, Fedecámaras −una institución democrática con 77 años de existencia, 22 de los cuales los ha vivido bajo el asedio y la amenaza de un régimen que ha tratado de eliminarla−, sobrevivirá a cualquier desafortunado discurso.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Si las partes de una pugna terminal se mantienen obsesiva, orgullosa o intransigentemente encadenadas a sus ideas o a sus caprichos, el desenlace tendría que ser el peor. Puesto que en la materia en cuestión se han invocado la invasión militar y una negociación profunda que sea capaz de poner todos los naipes sobre la mesa, pareciera que al final la salida militar gozaría del favoritismo, porque del lenguaje de los representantes de las aceras principales se está a la espera de soluciones inminentes, urgentes.

Las partes que se han pronunciado sobre el apasionado conflicto venezolano son –o serían– la oposición representada por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Hay otras corrientes opositoras que sin duda jugarán roles muy importantes, pero hasta ahora podría darse por seguro que correrían en los mismos rieles de Guaidó por ser la más trascendente y gozar del mayor y certificado respaldo universal.

El otro factor duro es el gobierno de Nicolás Maduro. Lidera el Ejecutivo Nacional, la FANB, las fuerzas policiales, de seguridad e Inteligencia. Pese al evidente desorden y desgaste reinante en estos cuerpos, le proporcionan un respaldo estimable al madurismo y su partido. Y la comunidad internacional, unida como pocas veces antes, alrededor de Guaidó y la Asamblea Nacional legítima.

El poder disuasivo de la comunidad internacional es colosal, pero claro, es para nada incondicional y muy bien que así sea.

Lo primero es que se brinda para presionar la democratización completa de Venezuela, como condición para dar por válidas las elecciones que se realicen en nuestro país; en caso contrario, los gobernantes que se impongan fuera de las estrictas condiciones democráticas exigidas por la comunidad internacional serán tachadas de inconstitucionales, en tanto que las sanciones no solo se mantendrán sino que se intensificarán.

Es lo más parecido a un juego «trancado». La comunidad internacional ha desestimado la peligrosa invasión. No la cree eficaz, no la cree útil, no la cree justa. Está volcada en su totalidad por la democratización de Venezuela como base para elecciones libérrimas, observadas mundial y nacionalmente. Una colosal fuerza al servicio de poner en los venezolanos la elección del gobierno que, mediante el sufragio libre, en condiciones de igualdad de participación, restablezca las reglas democráticas y elija voto a voto el gobierno que se eche al hombro nuestra abrumada patria.

En fin, preferible una limpia y garantizada salida electoral, antes que una sangrienta salida militar

Es verdad que el gobierno no termina de encontrar la salida de su laberinto. Varios de sus colabores dicen cosas para aumentar los desentendidos. Maduro, por ejemplo, ha dicho inequívocamente que irá a México a dialogar con la oposición. Parece que ha llegado a la nuez del problema. No obstante, nunca faltarán cercanos funcionarios suyos que busquen la manera de restarle fuerza a su declaración.

Decir, por ejemplo, que se acepta el diálogo, pero que tiene ser simultáneo con «todas las oposiciones», aunque suene natural y lógico, pretende complicar lo que ya de suyo es difícil. Lo ideal, por el contrario, es partir de lo que ya tenemos y es universalmente aceptado.

¿Qué es lo que tenemos? Una presidencia, una Asamblea y una comunidad internacional con inmenso poder propio.

En el reciente caso cubano, en paralelo con el nuestro, fue decisivo no el peso de una u otra personalidad sino poner a valer los grupos que se han formado alrededor de tesis en disputa.

Díaz-Canel en Cuba, por ejemplo, surgió del VI Congreso del PCC, en una relación sumamente estrecha con Raúl Castro y, entre los dos y algunos más, diseñaron la estrategia del viraje y la apertura que, lamentablemente, hasta ahora no han podido cristalizar y quizás sea esa la causa del impresionante sacudón político-social que tanta admiración colectiva ha despertado.

Si Nicolás Maduro ha tomado con la seriedad de un estadista el anuncio del diálogo, debería reunir a su lado a sus más cercanos colaboradores para poder emitir líneas nítidas que no sean perturbadas por interpretaciones provenientes de la espontaneidad o de la mala fe. No basta, aunque sea fundamental, convocar elecciones libres, transparentes, que sean acompañadas de negociaciones francas y plenas donde se solucionen los pormenores, precisamente, por ser «menores» se pueden ir entre las piernas sin terminar de resolver esta bendita vaina.

Twitter: @AmericoMartin

Américo Martín es abogado y escritor.