En lo que comenzó siendo una investigación del FBI, sobre la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero, termino revelando una gran corrupción ligada al futbol a propósito de asuntos tales como elecciones manoseadas y tramposas, sobornos en la designación de la distintas sedes para eventos internacionales ( no sólo las copas mundiales), manejos turbios en la firma de patrocinios con grandes corporaciones, sospechas en la contratación de los derechos comerciales para la televisión y paremos de contar. Se destapó, pues, el escándalo en torno a la poderosa FIFA, suerte de Vaticano del balompié mundial, llevándose por delante a sus directivos y generando graves secuelas en las federaciones de varios países, entre ellos Venezuela, en donde fue acusado y destituido Rafael Esquivel, quien fungía como máxima autoridad del futbol nacional desde hacía catorce años, signados por la arbitrariedad y no pocos desaciertos.

Corría el año 2015 y aprovechando el sismo que ocasionaron las pesquisas del FBI, Nicolás Maduro, ya en Miraflores, habló de la necesidad de “refundar” a la Federación Venezolana de Futbol (FVF), lo que por supuesto no ocurrió. Al contrario, el organismo pasó a ser presidido por Laureano González, la mano no derecha de Esquivel, hasta que renunció por motivos de salud en 2020, luego de cuatro años de mandato. Asumió el cargo, entonces, Jesús Bernardelli, directivo de la institución, quien al poco tiempo fue destituido tras algunas acusaciones por malversación de fondos.

La misma película

Llegamos así a unas elecciones para nombrar la directiva de la FVF, efectuadas a finales de la semana pasada, bajo la observación de una Comisión Reguladora escogida por la FIFA, e incomprensiblemente puesta bajo la coordinación del mencionado Laureano González. Algunos grupos, entre los que cabe mencionar a la organización Venezuela Vinotinto, han señalado que el proceso estuvo marcado por diversas irregularidades (alteración del padrón electoral, presiones, violación del secreto al voto, en fin), que no pudieron ser ventiladas ante los organismos competentes, dejando como saldo un evento dudoso en cuanto a su transparencia y legitimidad, repitiendo de este modo la historia de procesos anteriores. Por otro lado, no hay que ser demasiado suspicaz para presumir la intervención del gobierno, según lo indica, por ejemplo, el nombramiento como Vice Presidente de la FVF de Pedro Infante, ex Ministro y actualmente diputado del PSUV.

En suma, funciono el esquema electoral, que durante tres décadas dejó margen a muy pocas alteraciones en el alto gobierno del futbol nacional, el que apenas aparentaba guardar, por si acaso, ciertos gestos propios del “fair play” en cualquier tipo de comicios.

Triunfó, así pues, el continuismo. Varios de los integrantes de la nueva directiva cuentan con el respaldo de varios de quienes han conducido a nuestro balompié, durante lo que parece casi una eternidad. Lamentablemente, la FVF se seguirá pareciendo a la FVF de los últimos tiempos. El establishment del fútbol aún puede dormir tranquilo. Domina el escenario.

Imposible no mencionar, aunque sólo sea de paso, que lo ocurrido en el fútbol revela una fragilidad institucional que no es ajena a ningún espacio de la vida venezolana. Es fiel testimonio de su déficit de democracia.

Cambio generacional

Es urgente la necesidad remover los viejos cimientos del balompié criollo, una tarea pendiente desde hace rato, que toca todos sus espacios (fútbol profesional, fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa y fútbol menor), cada cual a su manera y en su grado, y refiere, desde luego, a la exigencia de cambios en su armadura institucional.

La nueva dirigencia de la FVF ha hecho suya la bandera la bandera de la transformación. Yo quisiera creer, entonces, que me equivoque en mis negativas apreciaciones derivadas de la manera como fueron designadas las nuevas autoridades, encabezadas por Jorge Giménez, el nuevo Presidente de la FVF, el más joven (33 años) en ocupar ese cargo a lo largo de la historia de la organización. “Hoy se concretó un cambio bastante importante. Un cambio generacional en el fútbol. Hoy nos toca a nosotros tener la responsabilidad de estar al frente de esta federación y de ser las personas que vamos a dirigir el fútbol por los próximos cuatro años”, expresó en sus primeras declaraciones.

Los signos de interrogación colocados en el título de este artículo asoman el beneficio de la duda, cobijan cierta esperanza. Equivalen a apostar a que la administración de Jorge Jiménez le de otra cara a nuestro futbol, abriéndole cauce a nuevas ideas, oyendo opiniones más allá de su entorno, rindiendo cuentas y asumiendo que la permanencia eterna en los cargos es una pésima costumbre.

Vislumbrar este horizonte es, en mi caso, ejercer el derecho constitucional al optimismo. Es creer que tal vez Jiménez resulte una sorpresa agradable para nuestro maltratado balompié. Ojalá sepa pararse en la cancha.

En fin, amanecerá y veremos, como dicen.

El Nacional, miércoles 1 de junio de 2021

En 1982 se estrenó la película Blade Runner bajo la dirección de Ridley Scott. La película relata cómo, en el año 2019, la bioingeniería se había desarrollado de tal manera en Los Ángeles que hacía posible la fabricación de seres humanos artificiales, conocidos como replicantes.

Disponer de casi 200 días contrasta con procesos pasados que fueron organizados hasta en menos de 50. Este pequeño bono de tiempo debe ser retribuido, sin embargo, en tres grandes desafíos: aglutinar más garantías en la elección más compleja de los últimos años, precautelar la salud de todos los actores en tiempo de pandemia y sortear los obstáculos que impone un contexto nacional signado por restricciones de movilidad y precariedad de servicios.

Serán, en todo caso, unos comicios distintos, con un número récord de cargos a elegir, para una administración electoral con rostros también diferentes y sobre un tablero político nacional en movimiento. Con sus primeros pasos, el CNE mantiene la rendija abierta

El diccionario define “prueba de fuego” como una prueba comprometida y decisiva, en la que es necesario demostrar que se está a la altura de lo esperado. Este es el reto de los recién designados integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) con la organización ya en curso de la elección conjunta regional y municipal 2021, que renovará a los gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y concejales de Venezuela; los niveles más próximos entre los ciudadanos y sus gobernantes.

La configuración de esta nueva administración electoral ha sido el resultado de la búsqueda de un entendimiento nacional entre el gobierno, sectores de la oposición política y de la sociedad civil.

El “Cronograma electoral elecciones regionales y municipales 2021” contiene 89 actividades desde el 13 de mayo pasado y hasta mayo de 2022, con la última de las labores de la etapa poselectoral. Tales actividades son las que se encuentran legalmente previstas para un proceso de esta naturaleza. El OEV presenta 10 claves tras su revisión técnica al documento:

1. Tiempos: la mayor antelación en años

2. Registro Electoral: jornada con más oportunidad

3. Auditorías: similares a 2020, con ampliación prevista

4. Postulaciones: récord de cargos a elegir

5. Campaña: breve, en pandemia

6. Grupos de electores: ¡a correr!

7. Veeduría: no explícita, pero acordada

8. Simulacro y feria: consecuentes

9. Votación: 21-N

10. Bioseguridad y otras actividades importantes

Finalmente, debe subrayarse la importancia de que los electores y la sociedad civil permanezcan atentos al fiel cumplimiento del cronograma, que traza las reglas del juego, mientras los actores participantes del proceso inciden en la configuración de las condiciones electorales. Son los hechos y las decisiones que se tomen en el CNE los que irán marcando el carácter de este proceso electoral. Ojalá se cumplan las leyes y procedimientos, bajo marcos de acuerdo y consenso. Nuestro deseo es que la agenda electoral arroje frutos favorables para la resolución de los conflictos y la estabilidad política nacional.

Leer el boletín completo en:

https://oevenezolano.org/2021/05/especial-diez-claves-sobre-el-cronogram...

El bono Simón Rodríguez es un subsidio, entendido como un auxilio o ayuda que el Estado otorga a los trabajadores jubilados y activos del sector educativo para satisfacer necesidades económicas, que se recibe a través de la plataforma Patria; de manera que es una bonificación especial, que otorga el Estado a dichos trabajadores, y así debe entenderse y en modo alguno como una regalía que hace el presidente, como lo señalan los agentes gubernamentales.

Esta bonificación no forma parte, claro está, de las regulaciones o beneficios contenidos en algún contrato o convención colectiva, pues tal bono está diseñado para ayudar económicamente a los educadores en el estado actual de la pandemia sanitaria que nos azota.

Ahora bien, en el curso de estos acontecimientos y de la situación económica del país, se viene dando el caso de discriminar a aquellos jubilados que por alguna u otra razón han tenido que buscar nuevos horizontes para paliar su situación económica y se encuentran en el extranjero, pero que mantienen sus cuentas bancarias en nuestro país, en cuyos casos, se les suspende la entrega de tal bonificación especial. Tal circunstancia, constituye evidentemente un trato discriminatorio y violatorio de los derechos que son inherente a la persona humana, léase derechos humanos.

El artículo 19 de la Constitución, de esta de 1999, consagra el principio de la progresividad y la no discriminación, que se traduce en la garantía que debe el Estado a nuestros ciudadanos, en general, en el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos, conforme al indicado principio de la progresividad y la no discriminación. Es de vieja doctrina constitucional, que no solo son derechos humanos respetables y garantizados los que aparecen en el texto fundamental, sino también aquellos que son inherentes a la persona humana.

Es un derecho humano, porque tal auxilio o ayuda económica, está concebida para garantizar el derecho a la alimentación y a las medicinas, en pocas palabras, para paliar la grave situación económica y de escasez, que no solo se vive en nuestro país, sino también a los maestros y educadores en general, que siempre han recibo un salario miserable, y que han salido de Venezuela por las causas que todos conocemos.

Negarle o suspenderle el bono Simón Rodríguez a los maestros y educadores que han salido del país, es un acto igualmente violatorio de derechos constitucionales consagrados expresamente en el texto fundamental, que se traduce en la violación de la garantía de la igualdad ante la ley. Dispone el artículo 21 constitucional, que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, “no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o, aquellas en general, que tengan por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona, en nuestro caso, de maestros y educadores en general.

Al menoscabar el derecho que tienen los maestros que se encuentren fuera del país, de recibir dicho bono Simón Rodríguez en sus cuentas nacionales, se les violenta el derecho a la garantía a la igualdad ante la ley; es brutalmente discriminatorio, como lo es igualmente pretender pagarlo solo a aquellos venezolanos que posean, por cualquier motivo, el Carnet de la Patria.

Venezuela está viviendo una profunda desgracia, la cual comenzó en 1994 con el indulto o sobreseimiento de la causa que eliminó el proceso penal que se le seguía a Hugo Chávez Frías, significando que el inculpado no había cometido delito alguno. Sin embargo, Chávez dirigió un golpe de estado contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992, motivo por el cual fue encarcelado ya que éste es el delito más grave que se puede cometer contra un gobierno legítimo. Una situación controversial, producto de alguna debilidad o de algún maléfico compromiso político. Peor aún, por descuido o por incomprensión de la magnitud y consecuencias posibles de aquella acción golpista, la enquistada dirigencia política del momento fue incapaz de alertar a la ciudadanía acerca del peligro que representaba que un personaje de esa categoría llegase a dirigir el país. Para ello dispusieron de cuatro años, desde 1994 hasta 1998, cuando se realizan las elecciones presidenciales y son ganadas por Hugo Chávez.

El gobierno de Chávez, con altos y bajos, se extendió desde 1999 hasta su muerte en el año 2013, para ser continuado por Nicolás Maduro hasta el día de hoy. Es decir, es una forma de gobernar que ya cumple 22 años, durante los cuales la población venezolana ha sido testigo de innumerables sucesos que han convertido a uno de los países con las mayores riquezas naturales del mundo, apuntaladas por el petróleo, en una nación miserable, extremadamente pobre, con una población infeliz diezmada por la falta de recursos y la emigración de buena parte de su juventud.

Durante esos 22 años, ante el progresivo deterioro de las condiciones del país, las violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la pérdida de soberanía, la población ha realizado diversas acciones para tratar de lograr un cambio de gobierno que la saque de esta pobreza intolerable. Todas esas actividades han sido infructuosas ante el poder y las armas del régimen, utilizados para infundir miedo a los ciudadanos.

El devenir del tiempo y las circunstancias han permitido que hoy dispongamos de un Presidente Interino, Juan Guaidó, designado como tal porque así lo establece nuestra Constitución. De esta manera, Juan Guaidó ha tenido la suerte de ser presidente, pero también ha adquirido la responsabilidad, al frente del pueblo venezolano unido, de dirigir al país hacia nuevos caminos de recuperación con el mandato del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones presidenciales libres y confiables. Ha sido evidente que este mandato no ha tenido éxito, a pesar de los esfuerzos realizados para lograrlo.

En la búsqueda de nuevos derroteros, Juan Guaidó lanza una Propuesta de Negociación de un Acuerdo de Salvación Nacional con varios objetivos. En primer lugar una convocatoria pública de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, con un CNE legal, con otras condiciones electorales adecuadas y con reconocimiento internacional. Que se logre la entrada masiva de ayuda humanitaria y de vacunas anti covid 19 para todos los ciudadanos que lo requieran. Que se establezcan garantías democráticas para todos los actores políticos, que contemplen entre otras cosas, la liberación de los presos políticos. Finalmente y muy importante, que se obtenga un compromiso internacional para la recuperación del país, que permita el levantamiento progresivo de las sanciones, sujeto al cumplimiento del Acuerdo.

Para muchos parece más de lo mismo, sin embargo, las condiciones siempre cambian y hoy el régimen está desmejorado porque los recursos para seguir comprando conciencias y otras cosas escasean, y la solidez monolítica del chavismo se puede considerar que no existe. En esas condiciones puede verse obligado a negociar, y negociar es ceder hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

El posible éxito de esta nueva estrategia va a depender de que la oposición deje de ser babélica y que los líderes de las diferentes tendencias hablen el mismo idioma y se entiendan, que formen un solo bloque. Luego será más fácil unir a toda la ciudadanía opositora, que es abiertamente la mayoría, como base para lograr los objetivos, obtener el necesario apoyo internacional y la recuperación del país.

Venezuela tuvo un crecimiento económico importante a partir de 1945, pero en los últimos años de la república civil se inició el descenso como consecuencia del clientelismo político y de la corrupción. Posteriormente, la marabunta roja arrasó con lo bueno que quedaba y terminó de destruir lo que ya estaba en decadencia. Ahora, una vez salgamos de la misma, tendremos la oportunidad de reconstruir el país. Contamos con planes, con recursos humanos calificados y confiamos que haya la voluntad política para no repetir errores.

¿Cuáles son los principales factores limitantes?: 1-El Estado no dispondrá de suficientes recursos para reconstruir todos los sectores. La industria petrolera, principal fuente de ingresos, está en el suelo, con una producción de solo unos 400.000 b/d. Continuará la escasez de combustibles, ya que nuestras refinerías están operando intermitentemente y con muy baja producción. 2- Ningún ente financiero externo otorgará préstamos para recuperar el negocio de los hidrocarburos. 3- Las empresas eléctricas, del hierro y del aluminio están quebradas, pero tienen la ventaja de que operan con muy baja emisión de gases de invernadero. 4- Las invasiones de fincas y de empresas, la escasez de insumos e inseguridad personal han incidido en el descenso de la producción agropecuaria, por lo que habrá que importar un elevado porcentaje de alimentos. 5-El alto porcentaje de pobreza obligará a ciertos subsidios directos.

¿Existen los planes?: El gobierno interino del presidente Guaidó ha estado divulgando el Plan País, elaborado por profesionales de todas las áreas. El mismo constituye una base que se debe ir ajustando. Las cifras del régimen no existen o están adulteradas, por lo que el Plan tendrá que sufrir algunas variaciones en cuanto al tiempo de ejecución y metas. Además, en diferentes foros se han presentado propuestas en la misma dirección o que complementan el mencionado Plan. Cabe mencionar los más recientes, organizados por Venamérica y la Venezuelan American Petroleum Association, por el grupo Orinoco y por Vente Venezuela. Gracias a los mismos, los ciudadanos hemos podido discutir los planes elaborados por distinguidos profesionales, que en algunos casos difieren en matices no relevantes. El punto sobre el cual pareciera haber cierta discrepancia es sobre el mayor o menor énfasis del papel del Estado, pero todos coinciden que no puede ser como en el pasado y, mucho menos, como en el presente

Reconstruir lo devastado: Sin duda, todavía contamos con los recursos humanos calificados para elaborar, afinar y ejecutar los planes. Sin embargo, hay que apurar el paso, ya que los años no perdonan y es evidente la escasez de maestros y profesores en todos los niveles del sistema educativo, con su incidencia en la calidad de la enseñanza. Además, es imprescindible un compromiso del sector político. Como es obvio, no es suficiente contar con recursos humanos preparados y con planes. Tiene que haber una voluntad política para que se aprueben los planes, se mantengan los mismos en el largo plazo con los ajustes que se requieran y sean ejecutados por los mejores. Desde luego, es imprescindible que el Estado deje de ser empresario No es asunto de ideología, sino que la destrucción del país ha sido tal, que el Estado tendrá que dedicar los escasos recursos a reconstruir los sistemas de salud, educación e infraestructura

El sector político: Lo anterior es letra muerta si no logramos cambiar al gobierno de facto. El Acuerdo de Salvación Nacional presentado por el presidente interino Guaidó contempla: elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales libres, con observación internacional. Entrada de las vacunas y de la ayuda humanitaria, libertad de presos políticos y regreso de exiliados, y justicia transicional ¿Es razonable oponerse a este acuerdo y solicitar el cambio de la dirigencia, o lo sensato es cerrar filas para apoyarlo?

¿Qué se puede objetar a este Acuerdo? Algunos se oponen alegando que con delincuentes no se negocia, y que otras veces el régimen se burló de los acuerdos. Entendamos que es necesario intentar negociar para aliviar los padecimientos de millones de compatriotas. ¿Puede que esas negociaciones fracasen, que el régimen no acepte lo esencial o que acepte, pero no cumpla? Claro que sí, es muy probable. Sin embargo, hay que intentarlo las veces que sea necesario, a menos que tengamos la posibilidad de una insurrección popular, una intervención de nuestros militares o extranjera dentro de los acuerdos de proteger, lo cual es posible, pero muy poco probable.

Otra objeción es sobre la llamada justicia transicional, sobre la cual varios defensores de derechos humanos alegan, con razón, que la justicia no se negocia. Es loable que haya quienes defiendan estos puntos de vista. La pregunta es si para intentar castigar a unos cuantos delincuentes hay que permitir que millones de compatriotas sigan sufriendo. Por otra parte, ojalá quien esto escribe se equivoque, pero en los tribunales casi siempre solo pagan los de menor rango.

Por ahora, lo prudente es no enfrascarse en una discusión sobre si se debe o no votar en las regionales. Esperemos a ver si avanzan las negociaciones. Los rectores del CNE, Márquez y Picón han dado declaraciones muy infelices, por decir lo menos. Sobre la solicitud del referendo revocatorio entendemos las objeciones, pero no lo descalifiquemos a priori. Salir del régimen es un asunto político, no legal. Cerremos filas.

Como (había) en botica:

Nuestro embajador en Canadá, Orlando Viera Blanco, está muy activo. El gobierno canadiense decidió apoyar las denuncias contra el régimen ante la Corte Penal Internacional; ahora realiza gestiones para que se aplique a los venezolanos una cuota de refugiados como existe con los sirios.

Lamentamos los fallecimientos de Howard Méndez, de Levi Rincón y de Henry Uzcátegui, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Mientras los países más desarrollados están saliendo paulatinamente de la pandemia del Covid, los temas preexistentes como el cambio climático o la transformación tecnológica global vuelven a escena. Para muchos especialistas, el colapso sanitario, precisamente, los aceleró.

La producción agropecuaria no es ajena a ese escenario, guste o no que se hable de cambio climático o de digitalización de la vida cotidiana. El interrogante que se abre es cómo se insertan países como la Argentina, con una realidad tan contrastante. Por un lado, tiene una cadena de producción que está en el nivel de los países más avanzados, y en algunos casos los supera, pero, por el otro, atraviesa una crisis económica permanente con elevados índices de pobreza, desarreglos macroeconómicos y un Gobierno que en vez de apoyarlo se dedica a ponerle palos en la rueda.

Con esas contradicciones, el país debe insertarse en un escenario global que los expertos dicen que tendrá una “salida verde” en referencia a que la producción de bienes y servicios deberá cumplir con estándares mínimos de respeto y cuidado al ambiente. Por supuesto, aunque se declame en foros y conferencias que la sustentabilidad es el camino, cada país o factor de poder lleva adelante sus políticas de acuerdo con sus intereses. Aunque el color sea el mismo, “lo verde” no se ve de igual manera .

De estos temas se hablaron en el 8vo. Simposio Del Sur al Mundo, organizado esta semana por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), la Fundación Cedef y el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA). El foco estuvo puesto en la cumbre sobre sistemas alimentarios que las Naciones Unidas organizan para septiembre próximo.

Esta cumbre, explicó Fernando Vilella, director del programa de Bioeconomía de la FAUBA, “puede tener impactos importantes”, pero recordó que “nuestros países no suelen ser escuchados desde la producción”. En otras palabras, lo que advirtieron varios de los especialistas, desde funcionarios de la Cancillería hasta académicos, es que este foro global, puede derivar en la fijación de políticas restrictivas para países en desarrollo, como la Argentina, exportadores netos de alimentos. Todo con la excusa de la preocupación de los consumidores, del cambio climático y otras demandas sociales

“No respaldamos la visión de que los sistemas alimentarios son fallidos y deben ser cambiados en su totalidad”, dijo Manuel Otero, director general del IICA. “Estos sistemas lograron aumentar los niveles de productividad de la agricultura con incrementos de más del 70% de la producción. Para los países de América Latina y el Caribe son motor del crecimiento económico con la generación de exportaciones por más de 140 mil millones de dólares en 2019”, destacó Otero, quien remarcó: “Debemos seguir transformando las cosas que estamos haciendo bien y corregir aquellas que no”.

En tanto, María del Carmen Squeff, embajadora argentina para las Naciones Unidas, advirtió que en los preparativos de la cumbre se está poniendo “un sesgo negativo a todos los sistemas alimentarios”. Explicó que nos cinco puntos principales de debate de los llamados “tracks” de acción no están incluidos los temas del comercio mundial de alimentos y que tienen preponderancia las ONG en la dirección de las comisiones. Otro diplomático, Carlos Bernardo Cherniak, embajador de la argentina frente a los organismos de la ONU con sede en Roma, es decir la FAO, explicó que hay una fuerte presión de la Unión Europea para “alinear todo en clave medio ambiental, vinculando la nutrición y la sostenibilidad sin rigor científico”.

Los funcionarios y especialistas coincidieron en que es necesario respaldar una visión favorable con el ambiente, pero destacaron que la sostenibilidad también tiene un factor económico que debe ser considerado.

Santiago Nocelli Pac, consultor argentino que está trabajando en Corea del Sur, recordó que los países del Cono Sur de América Latina proveen el 40% de los servicios ecosistémicos del planeta. “Deben ser empoderados”, destacó. “Si hay un número para calcularlos, ¿por qué no está monetizado? Hay ciencia y herramientas para hacerlo, no existe la voluntad suficiente para aplicarlas”, remarcó en referencia a los países desarrollados.

En definitiva, se coincidió en que la Argentina puede exhibir su forma de producción diversa, desde la siembra directa hasta la agricultura familiar. Al menos, en este tema, tanto el Ministerio de Agricultura como la Cancillería vienen trabajando y dialogando con el sector privado.

Si bien hay muchos aspectos por corregir, la Argentina hace tiempo que comenzó a explorar el camino de la sustentabilidad. Lo bueno es que lo puede mostrar.

29 de mayo 2019

La Nación

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/en-el-mundo-que-emerge-de-la-...