El cierre de la cuenta de Trump por parte de diversas redes sociales (RRSS) entre ellas Twitter y Facebook fue vista por Angela Merkel como un hecho problemático.

Problemático no quiere decir que Merkel se hubiese pronunciado en contra de la decisión de los empresarios de las RRSS. Problemático quiere decir simplemente que estamos frente a un problema no resuelto. Según el portavoz del gobierno, Steffen Seibert: “Es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por las leyes, y no por la decisión de una dirección de empresa”.

Agregó el portavoz que los operadores de las plataformas de RRSS “tienen una gran responsabilidad en que la comunicación política no sea envenenada por el odio, las mentiras y la incitación a la violencia”. Pero Seibert también dijo que la libertad de opinión es un derecho de “importancia elemental”. Precisamente el día anterior, Merkel había expresado, sin nombrar a Trump, su radical oposición a la repartición de noticias falsas y a las incitaciones al odio. En efecto, no todas las emitidas por Trump han sido, en sentido estricto, opiniones. Opinar no es colocar cualquier mensaje en las redes.

Si Trump opina que sus contrincantes son pedófilos, asesinos de nonatos y mercenarios comunistas, está en su derecho. Es su descabellada opinión, pero es su opinión. Pero si él o sus secuaces ordenan materializar su odio en las instituciones del estado, ahí no están opinando. Están usando a las RRSS como comando central para desatar acciones subversivas. Y justamente eso fue lo que entendieron los empresarios de las RRSS. Pues una cosa es que Trump se sirva de las redes para expresar sus puntos de vista y otra es que intente convertirlas en plataforma de lucha en contra de las instituciones democráticas y sus representantes. Todo empresario tiene el derecho a proteger su empresa cuando surgen intentos para desviarla de los objetivos para los cuales fue creada. Más todavía si al convertirse en usuario cada persona acepta las condiciones que impone participar en una determinada red.

El problema, y esta es la opinión de Merkel, es que dictaminar quien o no debe interactuar en las redes no solo debe ser atributo de sus propietarios pues esas redes han llegado a ser un foro de la sociedad digital. Son “cosa pública” y por lo mismo, sin ser en sí políticas, alcanzan en ocasiones una alta incidencia política. Las RRSS pueden llegar a convertirse, para decirlo con las palabras de Habermas, en “agentes discursivos de la razón comunicativa”. Definición que concierne, dicho con benevolencia, a no más del cinco por ciento de sus usuarios. Basta revisar las páginas de Twitter para darse cuenta de que allí también concurren testaferros, bandas organizadas e imbéciles de tomo y lomo. Pero son ciudadanos, y en sus turbios modos sub-políticos, internan expresarse. Al fin y al cabo la civilización moderna no es mejor que Twitter (y otras mesas digitales) en su conjunto.

Así y todo, Twitter y otras redes han llegado a ser un campo de opiniones encontradas. Espacio de controversias múltiples, sin duda. Y allí interactúan líderes políticos, dirigentes de masas, revolucionarios, presidentes racistas, misóginos, populistas y hasta dictadores. Considerando estas características es evidente que las RRSS urgen de instancias moderadoras que impongan ciertas reglas. Y esas, es la opinión de Merkel, no pueden ser solo las formadas por empresarios de las redes. Pero si no son solo ellos, ¿quién otro puede serlo? Ahí está el nudo del problema.

Deben ser los estados, podría ser una respuesta espontánea. Sería lógico. Pero solo en un mundo ideal. El problema es que los estados están representados por gobiernos que, como tales, son ocasionales y fortuitos. Y si consideramos que la mayoría de los estados acreditados en la ONU no son democráticos, confiar a ellos la tutela sobre las RRSS sería parecido a poner un lobo a cuidar las ovejas. Basta saber que casi la totalidad de los estados nacionales ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero solo una extrema minoría de gobiernos los cumple. La mayoría se la pasa por el forro. Lo mismo pasaría con una declaración de los derechos de las redes.

Tenemos que aceptarlo: las leyes están sujetas a condiciones de tiempo y espacio. No existe una legislación global válida para todos los países de la tierra. No obstante, existen organizaciones internacionales como la UE y la OEA y a ellas correspondería, por lo menos en parte, fijar algunos puntos sobre el tema. A su modo lento, perezoso, burocrático, la UE está tomando en serio el problema.

Una reglamentación sobre la participación en las RRSS no puede, sin embargo, ser perfecta. Eso quiere decir que las decisiones acerca del uso y participación en las redes debe atender por lo menos a dos criterios. Uno tiene que ver con la gravitación o incidencia de quien hace uso indebido de las redes. Si no fuera así, una inmensa mayoría de personas dedicadas a divulgar noticias falsas, a ofender al prójimo, a maltratar a la palabra escrita, deberían ser excluidos de las redes. Pero las redes, al servicio de las opiniones de “esa madera carcomida que es el ser humano” (Kant) no pueden ser distintas a lo que son la mayoría de sus usuarios. Por eso no es lo mismo si el presidente de Kirguistan no cumple con normas éticas en las redes, a que lo haga el presidente de la más grande potencia económica y militar, una persona cuyas decisiones gravitan y giran alrededor del planeta.

El otro criterio tiene que ver contra qué o quién van dirigidos los llamados a subvertir el orden institucional de un país y a quienes van dedicados los mensajes de odio. El caso de Trump es más claro que el agua: sus agresivas invectivas iban dirigidas en contra de las instituciones de un estado republicano y democrático a la vez. Pero si esos mismos llamados son dirigidos en contra de una autocracia o una dictadura ¿deberían ser cerradas sus cuentas en las RRSS? Si un político disidente en Bielorrusia (podría ser en Turquía o Venezuela) tilda a los tribunales electorales como organizaciones corruptas y llama a rebelarse en contra de ellos, ¿vamos a negar su derecho a la rebelión solo por cumplir una norma absoluta y general? Sería absurdo.

Entonces, preguntarán por otro lado ¿no es posible dictar reglas para todos? La respuesta solo puede ser una: No podemos medir con la misma vara el odio hacia las instituciones electorales que despliega Trump con el odio hacia las instituciones electorales que despliega un perseguido político de Bielorrusia. Son dos odios no solo distintos sino, además, contrarios entre sí. Lo importante entonces – y eso hay que recalcarlo – no es el mensaje de odio sino el objeto del odio. Entonces, ¿las redes deben tomar partido a favor de unos y en contra de otros? Para responder a esta delicada pregunta, debemos hacer un ejercicio de lógica.

Si tenemos en cuenta que todo odio supone rechazo (aunque no todo rechazo supone odio) podríamos sustituir la palabra odio por la palabra rechazo. Efectivamente, las redes no pueden aceptar todo tipo de interacción. Si alguien intenta rendir culto a la antropofagia – a veces hay que recurrir a ejemplos extremos – la mayoría no caníbal va a estar de acuerdo en que los antropófagos no lo hagan en las RRSS. En ese sentido los actores de las redes tomarían partido en contra de la antropofagia. Bajemos el tono ahora y hablemos de las dictaduras. Aquí el tema es algo más complicado: todo gobierno no democrático, lo sabemos por los propios mensajes emitidos en las redes, cuenta con legiones de partidarios. Desde un punto de vista liberal están en su derecho a emitir opiniones en las redes. En ese punto, los directivos de las redes son libres de decidir o no, si dan curso a mensajes de odio a las democracias. Lo que no deberían permitir, y aquí rozamos el caso Trump, son los llamados a destruir, a asaltar, a vejar a las instituciones democráticas, aunque sea en nombre de la democracia. Incluso puedo imaginar a demócratas extremos – podemos llamarlos democratistas – que, sin estar de acuerdo con el canibalismo, estarían en desacuerdo con que las opiniones de los caníbales fueran vetadas pues su publicación permitiría debatirlas. Lo que no deja de ser, en parte, cierto.

Pongamos ahora otro ejemplo. No es un misterio para nadie que la mortífera expansión del Covid-19 ha activado el espíritu negacionista, hasta el punto de que ha habido personas -Trump ha sido una de ellas – que han negado o minimizado la existencia de la pandemia. ¿Deben las redes permitir dichas negaciones? Aquí hay que diferenciar entre el “pueden” y el “deben”. De poder, pueden, evidentemente. Si deben, es controversial, o en las palabras de Merkel, muy “problemático”. Lo que no pueden ni deben es permitir la publicación de llamados a subvertir las normas que dictan los gobiernos, sobre todo los democráticos, para prevenir o para defender a la ciudadanía de los efectos de la pandemia. Lamentablemente no ha sido ese el caso. El asalto de las turbas alemanas al Reichstag fue organizado, al igual que el asalto al Capitolio, desde las RRSS.

Dicho de modo escueto: las redes no deben tomar partido a favor de una ideología, creencia, partido, grupo o movimiento, o simples opiniones, sean democráticas o antidemocráticas. Pero los llamados a asaltar instituciones democráticas no deberían tener cabida en sus mensajes. Asumir una imparcialidad total y absoluta significaría en este caso situar en un mismo nivel a los defensores y a los destructores de la democracia. La popular frase “lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava” no aplica en este caso. Democracias y antidemocracias no pertenecen a la misma “especie” política. La frase avícola correcta debería ser “lo que es bueno para los canarios no es bueno para los buitres”.

Digámoslo terminantemente. No vivimos en un mundo homogéneo. La política, que es la continuación de la guerra por otros medios, ha trazado a nivel mundial una línea demarcatoria: A un lado las naciones y personas democráticas. Al otro, las naciones y personas antidemocráticas. Vivimos, queramos o no, en un mundo dividido y confrontado. En ese mundo las RRSS han contraído una deuda con la democracia. Nacieron en un mundo democrático. Gracias a la democracia han podido expandirse y ampliarse hacia la globalidad total. Sin democracia serían solo instrumentos de dictaduras o poderes autocráticos locales.

Por cierto, sería ideal que las decisiones que llevan a cerrar cuentas a quienes llamen a la destrucción de la democracia obedecieran a reglamentos plenamente aceptados por la comunidad internacional. Ideal sería también que en caso de dudas, hubiera organismos de consulta. Y mucho más ideal sería que las decisiones sobre esta materia no estuvieran libradas a la buena o mala voluntad de los empresarios comunicacionales.

Pero frente a la ausencia de reglamentos y organismos acreditados, los ejecutivos de Twitter, Facebook y otras RRSS tenían frente a “el caso Trump” solo dos alternativas. O aceptaban convertir las redes en una plataforma anti-democrática de Trump y los suyos, o les cerraban la puerta. Bajo esas condiciones - repito, solo bajo esas condiciones – hicieron bien. La decisión que ellos tomaron fue jurídica, ética y políticamente, correcta. Problemática, dice Merkel. Muy problemática, agregamos. Pero fue la correcta.

15 de enero 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2021/01/fernando-mires-trump-en-las-red...

Venezuela llegó a 2021 como un Estado de hecho forjado por instituciones que, a lo largo de estas dos últimas décadas, se han levantado a contracorriente de la Constitución; ello les ha permitido a las autoridades del partido de Gobierno atornillarse cada vez más en el poder, además de imponer su modelo político de manera definitiva.

Este proceso de resquebrajamiento institucional, como se ha denunciado de forma reiterada, se vio acelerado desde que la oposición ganó las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015, momento a partir del cual el Gobierno de Nicolás Maduro descargó su artillería para impedir y neutralizar el funcionamiento del Legislativo, así como reforzar el control en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y la consecuente eliminación de sus derechos y garantías constitucionales.

Hoy día se ha eliminado toda sujeción o subordinación de las instituciones a las normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Venezuela. De hecho, el Ejecutivo nacional está por encima del resto de los poderes públicos, gracias a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ha permitido hacerse con el poder absoluto, gracias a las decisiones de la Sala Constitucional que difieren en gran medida del contenido y espíritu de la Carta Magna.

Para describir la realidad institucional fáctica que existe en Venezuela, basta con reseñar algunas de las situaciones que se han producido a lo largo de este período, que no solo representan un quebrantamiento al orden constitucional, sino que ha llevado a la creación de una organización estatal paralela y desnaturalizada que choca abiertamente con la plataforma organizativa y funcional contemplada en la Constitución, con el propósito de que el Ejecutivo gobierne sin ningún tipo de control ni obstáculo.

Nombramiento exprés de los magistrados del TSJ

La designación de las altas autoridades del máximo tribunal del país ha estado al margen del texto constitucional en el mismo momento en que el chavismo comenzó a gobernar desde 1999. Sin embargo, en 2015 llegaría a su cenit cuando la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo y que estaba por culminar sus funciones, designó trece magistrados principales y veinte suplentes, obviando los pasos contemplados en la Constitución y la legislación que rige al TSJ.

Como si lo anterior no fuera suficiente de los treinta y dos magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados desde 2010, muy pocos cumplen con el mínimo de los requisitos exigidos para ocupar dichos cargos. Esta maniobra sería una de las acciones clave del Gobierno de Nicolás Maduro, pues al controlar el TSJ se ha garantizado la estabilidad y permanencia en el cargo.

Un tercio de los treinta y dos magistrados del TSJ fueron funcionarios del Gobierno o tienen parientes en el mismo, mientras que solo dos se han opuesto a decisiones que favorecen abiertamente a los intereses del Gobierno.

Designación irregular de los rectores del CNE

Otro ejemplo notorio de violación del texto constitucional se presenta cuando, de manera ilegítima, el alto tribunal del país ha decidido durante los últimos diecisiete años asumir la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), por encima de lo dispuesto en el artículo 296 constitucional, que establece la designación de los rectores corresponde a la AN por el voto de 2/3 de sus integrantes.

Desde 2003 la Sala Constitucional se ha dado a la tarea de nombrar a todos los rectores del CNE, tanto principales como suplentes, una práctica que se repetiría en 2005 tras una renovación parcial de sus miembros, y luego en las designaciones correspondientes a 2014 y 2016; tan solo en dos oportunidades la designación fue realizada por el Parlamento (2006 y 2009).

Por si todo esto fuera poco, en 2020 la Sala también tomaría en sus manos el control absoluto de esta función, tras nombrar y juramentar de forma exprés a los cinco miembros principales y diez suplentes del organismo, con miras a garantizar el control gubernamental en las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de ese mismo año, en las que la alianza del Gran Polo Patriótico se impondría cómodamente por más de 67% de los votos.

Gracias a esta práctica la Sala Constitucional se ha apoderado de la administración electoral, imponiendo un CNE de dominio partidista y partidario a los intereses del Gobierno nacional.

Designación arbitraria del Consejo Moral Republicano

Otra situación preocupante es la designación de los miembros del Consejo Moral Republicano (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General de la República), realizada sin cumplir las pautas establecidas en la Constitución.

Desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999 buscó dominar a todos los poderes públicos del país, y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue una pieza clave para ello. La ANC estuvo sometida a los designios del desaparecido presidente, y bajo la excusa de que era supraconstitucional impuso a las autoridades de cada uno de los órganos que componen al novísimo Poder Ciudadano, sin importar lo que decía el texto fundamental.

Idéntica situación se planteó cuando la AN electa en el año 2000 impulsó una ley para la elección de los miembros de los poderes públicos, en la cual quedarían excluidos los representantes de los sectores organizados de la sociedad civil, en franca violación del artículo 279 de la carta constitucional. Esto le ha permitido al Palacio de Miraflores tener bajo su control a esta rama del Poder Público, responsable, entre otros aspectos, de la investigación criminal, de la lucha contra la corrupción y de la defensa de los derechos humanos.

Estos cambios cobrarían un peso mayor en 2017, cuando la ANC convocada por Maduro, sin seguir el procedimiento constitucional y usurpando la facultad exclusiva del soberano a fin de neutralizar a la AN, decidió nombrar a los titulares de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

Hay que destacar que a los pocos días de su instalación la ANC destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y nombró al defensor del Pueblo, Tarek William Saab como encargado del Ministerio Público y a su adjunto como defensor sustituto, luego de que la exfiscal cayera en desgracia con el Gobierno nacional por sus declaraciones contra el TSJ por las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, que habían despojado a la AN de sus facultades y la declaraban en desacato.

Elecciones fraudulentas de 2017, 2018 y 2020

Otro caso irregular que deja en total evidencia la configuración de un Estado de hecho es la celebración de procesos electorales en el país durante los años 2017, 2018 y 2020 al margen de la Constitución y de los estándares internacionales, a través de procedimientos arbitrarios empleados por un CNE que, de manera indiscutible, favoreció al partido gobernante en detrimento de la oposición, de la voluntad de los electores y de la alternabilidad democrática.

La elección de la Constituyente (julio 2017); las de gobernadores (octubre 2017) y alcaldes y concejos municipales (diciembre 2017); la elección presidencial y de representantes a los consejos legislativos de los estados (mayo 2018); y la reciente elección parlamentaria (diciembre 2020), estuvieron marcadas por distintas violaciones constitucionales y legales, tales como la ilegalización e intervención judicial de los partidos de oposición, la inhabilitación de dirigentes opositores, el chantaje con las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la instalación de los puntos rojos cerca de los centros de votación para que los electores pasaran a chequearse con el llamado Carnet de la Patria; y la modificación del sistema electoral.

Dichas acciones afectaron la transparencia, integridad e imparcialidad de estos comicios y han puesto en tela de juicio la legitimidad de las autoridades electas. Por ello, no era ninguna sorpresa que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) arrasara en todas las elecciones, incluso que el propio Maduro fuera reelegido como presidente en un proceso marcado por una serie de ilícitos electorales, al ser convocado por la ANC de manera adelantada y en una fecha contraria a la tradición democrática de Venezuela, aparte de juramentarse de forma ilegítima ante el TSJ, instancia que carece de competencia para juramentar funcionarios electos por votación popular.

Especial mención merece lo sucedido en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, diseñadas a la medida de los intereses políticos del Gobierno de Maduro por parte del CNE, incumpliendo los estándares mínimos para garantizar un proceso equitativo, libre y transparente.

El escenario descrito permite afirmar que en Venezuela existe una profunda crisis institucional que ha convertido al Estado de derecho en un Estado de facto, donde todos los poderes públicos son ilegítimos e inconstitucionales, dado que ninguna de sus autoridades ha sido designada o seleccionada según las normas constitucionales ni respetando los principios más básicos para garantizar su autonomía, la separación de poderes y la democracia, y lo que es más grave, bajo el visto bueno del TSJ.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Desafortunadamente, 2021 llega para los venezolanos con un retroceso institucional, que viene acompañado de la tragedia humanitaria y los estragos de la pandemia de COVID-19, hechos que ponen al descubierto a un Gobierno ineficiente que no atiende los continuos reclamos de los ciudadanos ante la grave y compleja crisis que se vive, ni hace uso de su poder para restablecer la institucionalidad rota por su propia mano.

La implantación de instituciones en desconocimiento a lo previsto por la Constitución venezolana solo confirma la ruptura del orden constitucional y, en consecuencia, del Estado de derecho, del respeto de los derechos humanos y de la democracia.

14 de enero 2021

https://accesoalajusticia.org/el-nuevo-orden-inconstitucional-en-venezuela/

El peor gobierno de la era petrolera

A finales de 2018, concluía el período constitucional de Nicolás Maduro. Advenido a la presidencia en virtud de un cuestionado triunfo electoral en 2013, nos encauzó a la peor tragedia sufrida por país alguno que no estuviese en guerra. Bajo su mandato, redujo la economía a la mitad, desplomándose las actividades de construcción (-90%), comerciales y de reparación (-76,4%), la de las instituciones financieras (-74,9%) y la manufactura (-71,6%)[1]. La producción petrolera se encogió en 50%, obligando a la importación de gasolina y otros productos para satisfacer la demanda interna, y de petróleo liviano para mejorar los crudos pesados. Incrementó la descomunal deuda dejada por su predecesor a niveles muy por encima del valor del PIB venezolano. La caída en más de dos tercios de las exportaciones petroleras hizo imposible cancelar su abultado servicio, colocando al país en default. Valiéndose de un control de cambio que estimuló todo tipo de corruptelas, Maduro intentó generar excedentes para pagar este servicio, contrayendo las importaciones en 2018 a apenas la quinta parte de las de 2012. Contrajo el consumo privado por habitante (promedio) a los niveles de 1970, víctima, además, de la terrible hiperinflación que desató el financiamiento monetario de los déficits generados por su irresponsable gestión. En consecuencia, el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó un 70%, deprimiendo la estructura general de remuneraciones. En fin, Maduro descargó sobre los hombros de los venezolanos todo el peso de un severísimo ajuste contractivo, mucho peor que los denostados ajustes “neoliberales”, producto de las distorsiones que ocasionó su conducción (y la de Chávez) de la economía.

Pero los daños infligidos a la población no se reducían al ámbito económico. La represión de manifestaciones de protesta, con más de 200 muertos a manos de militares y colectivos fascistas, y la detención arbitraria y tortura de muchos opositores --denunciadas por Foro Penal y otras ONGs--, añadían un cariz terriblemente inhumano a la gestión de Maduro. A ello habría que agregar la sumisión de los venezolanos a las arbitrariedades, extorsiones y exacciones de militares, policías y otros funcionarios, dada la anomia resultante de la destrucción del Estado de Derecho. Luego está la indignante corrupción, abierta y desmedida, en tantas ejecutorias del Estado, despojando a los servicios públicos, entre otros, de recursos y degradando la calidad de vida de la población. Finalmente, el régimen pisoteó la voluntad popular que eligió una mayoría calificada de demócratas para la Asamblea Nacional en diciembre, 2015, anulando todas las prerrogativas de ese cuerpo, persiguiendo y encarcelando a muchos de sus diputados, y usurpando sus funciones con dictámenes de un tsj rastrero y una asamblea constituyente tramposamente constituida. No en balde, la desaprobación del gobierno se encontraba, en la mayoría de las encuestas, por encima del 80%.

La aberración de Maduro

Todo lo anterior era razón de sobra para haber cambiado de gobierno, una vez vencido el período de Maduro. Pero, como sabemos, ello fue impedido. Además de sabotear el referendo revocatorio de su mandato en 2017, se hizo reelegir en una pantomima comicial, con dirigentes y partidos opositores proscritos, sin auditoría del registro electoral ni participación de observadores internacionales de confianza, y bajo un CNE constituido con militantes del oficialismo. El régimen que de ahí surgió en absoluto responde a la voluntad popular y rompe, por ende, con el ordenamiento constitucional. Es, en términos políticos, una aberración. El diccionario define este término como: “Acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito.” Por tanto, el mando impuesto por Maduro no debería existir. Constituye un extravío inadmisible, que debe ser eliminado. Lamentablemente, la complicidad activa de militares corruptos, que emplean el terrorismo de Estado contra opositores, ha permitido que cumpla dos años. Son dos años en guerra contra la población venezolana, usurpando funciones que debería haber asumido un gobierno democráticamente elegido.

Las consecuencias de tal aberración no podían ser más trágicas. La economía se redujo adicionalmente en más de un 40%, terminando el 2020 con un tamaño que es solo la cuarta parte de cuando Maduro accedió por primera vez a la presidencia. Se profundizó la destrucción de la industria petrolera, que actualmente produce unos 400 mil barriles diarios, un 17% de la cantidad de entonces. La hiperinflación multiplicó el alza de precios unas 230 veces más, haciendo de Venezuela el país más pobre de América Latina, según estimaciones basadas en la encuesta de las universidades, ENCOVI. Por otro lado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en Venezuela, del Consejo de Desarrollo Humano (CDH) de la ONU[2], confirmó las denuncias que venían realizando diversas ONGs nacionales e internacionales con relación a la violación extendida de derechos humanos por parte del régimen. Documentó lo que consideró crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, señalando responsabilidades en los más altos niveles del Estado. Ello fue confirmado también en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa organización, Michele Bachelet. Finalmente, la Corte Penal Internacional encontró “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”[3].

La eliminación de la política

Hoy sabemos que la tragedia venezolana. no es resultado de la ignorancia o de errores de política. Es deliberada, resultado de acciones tomadas conscientemente por Maduro y sus cómplices, militares y civiles, a fin de asegurar oportunidades para depredar al país. La eliminación del Estado de Derecho y la sumisión de las actividades económicas a sus dictados obedecen a los imperativos de expoliación de la riqueza social. Y, al aniquilar los derechos del ordenamiento constitucional, reprimir los medios de comunicación independientes y perseguir a las organizaciones civiles (y políticas) autónomas, acabaron con las condiciones para relevarlos por vías democráticas. Desnudaron a Maduro como dictador.

Su insistencia en cobijar su dictadura bajo formas democráticas --eso sí, totalmente adulteradas para vaciarlas de toda capacidad de expresar la voluntad popular-- ha confundido a algunos opositores, que se empeñan en circunscribir la lucha política a los métodos propios de una democracia. En otros, la retórica utilizada y la tutela cubana llevan a percibir al régimen –en mi opinión, de manera equivocada— como una clásica dictadura comunista. Asumen que lo impulsa un proyecto ideológico, conducido por un Partido Comunista –en este caso, el PSUV-- monolítico y disciplinado, que, desde el poder, impone acciones con base en el patrón doctrinario conocido de los países de la antigua órbita soviética.

Pero lo que cohesiona a la dictadura no es ningún imperativo ideológico, sino el tinglado de alianzas y concesiones que se ve obligada a concertar con las distintas agrupaciones que expolian al país, para mantenerse en el poder. La dinámica que se desprende de esa red de complicidades tejidas entre militares, “boliburgueses”, agentes cubanos –Maduro, los hermanos Rodríguez y otros— y agrupaciones criminales (colectivos, pranes, FARC, ELN), es la que determina las acciones de gobierno. El poder terminó siendo capturado, como tantas veces se ha denunciado, por una confederación de mafias que conviven y rivalizan entre sí para explotar las oportunidades de lucro surgidas con la destrucción del Estado de Derecho. En el estado de anomia resultante, prevalecen los más fuertes y los que logran aliarse con estos. Esto hace de los militares corruptos el eje de la alianza mafiosa, capaces de detener, torturar e, incluso, matar a quienes se interponen. Son los artífices de las extorsiones, confiscaciones, exacción de comisiones a toda transacción con el Estado, tráfico de estupefacientes, etc. y otras ejecutorias basadas en la fuerza, el pegamento que mantiene a las mafias cohesionadas como régimen.

El neofascismo bolivariano

La consustanciación del régimen con acciones de fuerza y de violencia por parte de militares corruptos, autoridades civiles y bandas paramilitares, lleva a categorizarlo de fascista o neofascista. Comparte sus métodos totalitarios o proto-totalitarios, pero camuflado en un populismo extremo para proyectarse como campeones del pueblo. Ahora la ideología no ejerce la función de inspirar un proyecto político, en pugna con otras opciones de poder, sino como burbuja en la cual refugiarse para escapar de la realidad del mundo circundante, resistente a sus propósitos. Sirve como credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. Edifica una realidad falsa, conformando una secta de fanáticos que se identifican con ella, refractaria a toda posibilidad de convivencia con quienes piensan diferente. Sus nociones de verdad y de razón se construyen a partir de su funcionalidad para con el ejercicio del mando y la preservación de sus oportunidades de lucro, no de su capacidad para explicar la realidad existente, mucho menos como referencia para proponer soluciones. Representa un blindaje contra acuerdos de política basadas en criterios racionales aceptables para los demócratas. Éstos deben ser aplastados. Las objeciones desde afuera, señalando los sufrimientos de la población, en absoluto lo perturban[4].

La mitología comunista, al justificar la liquidación del Estado de Derecho, por burgués, y someter a las fuerzas del mercado para sustituirlas en el reparto de la riqueza y del producto social con criterios políticos –basadas en relaciones de fuerza--, ha sido de utilidad para legitimar la expoliación del país. Se destruye, así, la economía, pero echándole la culpa a una “guerra económica” contra la “revolución” por parte del imperialismo y la burguesía. La burbuja ideológica sirve, asimismo, para criminalizar toda protesta, tildándola de “terrorista”, y justificar toda suerte de disparates, siempre y cuando contribuyan a galvanizar a sus partidarios en torno a sus desmanes. Nada más parecido a las turbas de extrema derecha que irrumpieron en el Capitolio de EE.UU. que las bandas fachas de Chávez y Maduro.

La vulnerabilidad del régimen

El hecho de depender de una armazón de complicidades a distintos niveles para sostenerse constituye la mayor vulnerabilidad del régimen. No se basa en un poder monolítico, que obedece a un mando único, centralizado, como haría creer la invocación de las experiencias comunistas. En la medida en que su depredación ha ido reduciendo los recursos con base en los cuales tejer esas alianzas, más precario se ha tornado su poder y mayor fricción interna concita. Y no tiene escapatoria. No puede revertir el deterioro económico, porque la “premiación” a sus secuaces ocurre, precisamente, con base en la expoliación de la economía. No puede ofrecer garantías y seguridades para atraer inversiones, eliminar las coimas y otras exacciones, porque acabaría con esta expoliación. Tampoco puede desmontar el terrorismo de Estado para negociar el levantamiento de las sanciones impuestas a muchos de sus personeros por violación de derechos humanos porque, más allá de las complicidades, es la herramienta que le queda para evitar ser desplazado. Lamentablemente, ello hace al régimen aún más virulento, preso de las rivalidades, de la anarquización de las líneas de mando y de la impunidad que se deriva de la anomia. Al no poder desmontar los mecanismos de expoliación, la situación económica empeorará todavía más, sobre todo en el marco de los estragos causados por el COVID-19.

La instalación de su asamblea nacional partidista, ahora con unos 270 diputados, además de pretender borrar la representación popular electa de la anterior asamblea –la única legítima—ofrece un espacio ampliado para zanjar ambiciones de los diversos intereses que se mueven en la constelación fascista. Las elecciones para autoridades municipales constituirán otro escenario. Si bien ayudan a aliviar las tensiones, también diluyen el poder de la cúpula central, cada vez más aislada y vulnerable.

Los nuevos escenarios

La elección de Biden como presidente de Estados Unidos, más las nuevas condiciones creadas por el vencimiento del período constitucional de Guaidó y demás diputados elegidos en 2015, suponen un escenario diferente a aquel imaginado antes por algunos ilusionados por la retórica de Trump. Todo hace pensar que el apoyo internacional al cambio democrático en Venezuela habrá de enfatizar la negociación para acordar elecciones presidenciales y para la Asamblea Nacional, que sean confiables. Por lo pronto, no pareciera que fuésemos prioritarios en la agenda de Biden, ocupado inicialmente en sanear las heridas dejadas por su antecesor, ni tampoco de los países del llamado Grupo de Lima, por la necesidad que tiene cada uno de centrar sus esfuerzos en superar el grave impacto causado por el Coronavirus sobre sus sociedades. La Unión Europea mantendrá una posición similar a la que ha venido sosteniendo, una vez barajado un nuevo status para su relación con el liderazgo opositor. Es de suponer, entonces, que las cosas se mantengan más o menos igual en los próximos meses, aunque continuará deteriorándose la situación país, como la represión y persecución de opositores.

En tal escenario, la negociación no puede enredarse en “solucionar los problemas del país”. Esto es una excusa del fascismo para ganar tiempo. En absoluto le interesa el bienestar de la población. Tampoco puede dejarse enmarcar en una supuesta confrontación “izquierda – derecha” o de defensa ante el acoso imperialista, con que Maduro busca tocar sensiblerías “progre” a nivel mundial. Su fin solo puede ser apurar salidas a la aberración social y política que representa una dictadura primitiva y oprobiosa, que le niega posibilidades de sustento al pueblo para esclavizarlo con bolsas CLAP. Los países democráticos deben entender esto y no prestarse a engaños que alarguen su permanencia. Las negociaciones deben plantearse desde una posición de fuerza, que lleve a que algunos integrantes de la mafia tomen en serio las ofertas para que se vayan. Ello no será posible mientras la oposición se mantenga dividida, acusándose mutuamente y sin vincularse con los padecimientos y las luchas de una población cada vez más oprimida. No hay otra opción, entonces, que dejar de lado los afanes de protagonismo personal y subordinar todo interés secundario a los esfuerzos para construir, unidos, esa fuerza mayoritaria.

La cabeza visible del fascismo –Maduro, Cabello, los Rodríguez, Padrino López y sus secuaces—está demasiado enferma con sus delirios onanistas para pensar que accedería honestamente a este tipo de negociación. Tampoco se puede negociar con la FAN, pues ésta, como institución, fue destruida. Pero sí tiene sentido focalizar los esfuerzos en quienes sirven de sustento a la médula militar corrupta. Éstos se sienten inseguros, ya que su permanencia depende de criterios políticos, no de las jerarquías o de los méritos institucionales ya destruidos. Al achicarse las oportunidades de lucro, serían los primeros en ser excluidos. Además, sobre ellos pesan severas sanciones por violación de derechos humanos, narcotráfico y otras corruptelas, lo cual los hace vulnerables a negociaciones que ofrecen salidas.

Negociar significa, por mucho que nos asquea, estar en disposición de ceder. Al fascismo no le interesa consolidar ningún proyecto de sociedad porque lo anima la confrontación permanente. Basta observar el gozo que invade el rostro de Cabello cuando anuncia, por TV, medidas contra la oposición. Pero tampoco la oposición está en condiciones de desplazarlo con la fuerza. Con el pañuelo en la nariz, busquemos resquebrajar el sostén militar del régimen con negociaciones que permitan elecciones confiables a cambio de suspender sanciones. Son unos 195 sancionados. Algunos tienen que ceder. Procuremos abrir las rendijas para que pueda expresarse la voluntad popular mayoritaria. La alternativa de conservar nuestra posición impoluta, amparada en nuestros principios y razones para no negociar con criminales, es que Venezuela se deslice todavía más por la pendiente chavista, hasta su desaparición como país.

[1] Cifras oficiales. www.bcv.org.ve

[2] https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx

[3]https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-corte-penal-internacional-nic...

[4] Remito al lector a escritos míos al respecto, para no repetir aquí sus argumentos:

http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2013/05/humberto-garcia...

https://politicom15.wordpress.com/2017/02/08/fascismo-comunismo-y-la-pre...

El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate, Caracas, 2008.

Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos, 2020. Cap. 6, 7.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Antes que todo: Reciban mis lectores mis deseos por un 2021 mucho mejor que este inolvidable 2020. En lo personal, porque no estoy seguro de que podamos superar los grandes problemas nacionales, en especial rescatar la democracia y prosperidad económica sostenibles, temas sobre los cuales ofrezco la siguiente reflexión.

Comienzo por decir que no encuentro en los análisis que leo el “eslabón perdido” entre lo político y lo económico, porque veo separados ambos temas. Algunos promueven el cambio político y otros examinan y recomiendan medidas para el cambio económico, pero afirmo que no existe una mecánica simple de relación entre ambas y ese es el “eslabón” que hay que construir para alterar la ruta económica y política que estamos experimentando.

Por una parte, el cambio político no produjo una prosperidad económica sostenible esparcible para todos. El caso de esta revolución es la mejor prueba con un terremoto político que solo reprodujo ruina y miseria. Por la otra, el cambio económico que se intentó antes no fue acompañado de su versión política.

Frente a la situación actual hay quienes piensan que basta con conseguir un “buen piloto”, para enderezar la ruta pero de eso hemos tenido bastantes en el pasado y nunca se lograron esos objetivos[1]. Se perdieron en el conflicto político y en la miopía del corto plazo. Ahora que estamos ante una franca destrucción generalizada, sin una economía productiva e instituciones válidas para la reconstrucción y con un grave deterioro social que obliga a rescatar a la gran mayoría: ¿Basta un piloto?

Me temo que ese “eslabón perdido” entre economía y política está por definirse y encontrarse, si estamos realmente interesados en conseguir aquellos dos objetivos, pues, por un lado, podemos quedarnos en una recuperación económica endeble y, cuidado si transitoria a conveniencia del gobierno y sin avances democráticos significativos. Entonces, no se trata de cambiar al piloto, sea proveniente del poder actual o de uno nuevo, pues la profundidad de los daños obliga a una “cirugía mayor” que puede no lograrse con un gobierno de “salvación nacional” o con esa propuesta de “dialogo nacional”, de entrada sesgada y limitada políticamente.

Estamos, frente a un cuadro complejo que, por varias razones, no puede resolverse solo en el terreno político. Primero que nada porque ninguno pareciera representar genuinamente a la gran mayoría a juzgar por los recientes eventos electorales y consultivos. Segundo, porque la legitimidad de ambos actores ha sido cuestionada, por unos y por otros y, principalmente por sus propios soportes. Tercero, porque hay que construir ese eslabón entre economía y política.

Creo que este se encuentra en repensar un verdadero consenso entre ambos mundos y ese es el Acuerdo que hay que empezar a edificar, pues solo la coincidencia de un Acuerdo Político y un Acuerdo Económico, ambos en mayúsculas, podría lograr restaurar una democracia plena y una prosperidad sostenible que alcance a todos los venezolanos. Cualquier opción que sacrifique uno de estos dos objetivos, es mezquina y contraria al interés nacional.

¿Por qué abogar por esta alternativa? Primero y principal porque ya el gobierno entendió que sin las fuerzas productivas privadas, nacionales o extranjeras no puede sobrevivir. Ese arreglo es el que está buscando con declaraciones y con su nueva Ley Antibloqueo. Segundo porque hay que entender y aceptar, aun a regañadientes, que sin las fuerzas que lo apoyan, la oposición sola no puede. Tercero, porque un Acuerdo de esta naturaleza si garantizaría un futuro más estable y duradero y! quizás! ¡Quizás! unificar el apoyo de la comunidad internacional, inclusive de quienes se estado de lado y lado. ¿Utópico? Es posible, pero bastante mejor que un futuro inestable y regresivo para todos.

Finalmente: ¿A quién le toca la responsabilidad de construir esta posibilidad? Categóricamente respondo: A las fuerzas vivas de la sociedad venezolana que han sido los más afectados. A los antes expropiados o confiscados, a los marginados profesionalmente por salarios de hambre. A los educadores, maestros y profesores. A los gremios empresariales, a las Universidades abandonadas o condenadas a la desaparición.

Es allí, precisamente, donde se necesita al piloto que pueda conducir el vuelo a un aterrizaje suave y seguro y sepa sobrevolar en estos tiempos de turbulencia y tempestad. Ese “piloto” tiene, entonces dos tareas. La primera, tomar la iniciativa de convocar a la sociedad civil organizada para un encuentro en defensa de sus más vitales intereses. Luego, y, desde allí, intentar el encuentro de todos los venezolanos con una agenda sustantiva que ponga la mira en la prosperidad y en la consolidación de nuestra democracia.

[1] Excluyendo el Pacto de Punto Fijo cuando se lograron consensos mínimos.

No siempre cuando pronunciamos un mismo significante aludimos a un similar significado. Sucede con uno de los más usados: populismo. Por lo general lo aplicamos en tres sentidos. Primero, el menos importante - y, como tal, lo descartamos de inmediato -: como descalificación de un movimiento, partido o persona. Segundo, como sustantivo concreto, vale decir, como una cosa en sí, perfectamente medible, descriptible, explicable. Tercero, como un significante difuso, elusivo y difícil de sustancializar.

Ahora bien, escuchen: aunque aparezca escandaloso, parece que la tercera interpretación es la más exacta. ¿Cómo puede ser más exacta una noción que apela a la difusión, a la elusividad y a la mutabilidad de un hecho? - preguntarán algunos -. Mi respuesta solo puede ser la siguiente: el populismo no es un “objeto-cosa” sino un “objeto-idea” y eso significa, antes que nada, que es un sustantivo abstracto cuya concreción puede ser múltiple, dependiendo del material que utilizamos como objeto de análisis.

Para usar ejemplos, los objetos de análisis privilegiados por los estudiosos del fenómeno populista han sido dos: el populismo latinoamericano, desde el matrimonio Perón y Getulio Vargas en los años cuarenta, hasta llegar a Chávez y Evo Morales en los ochenta, y el emergente populismo –nacional europeo que irrumpe como respuesta a las masivas migraciones, sobre todo a las provenientes de países islámicos. Autores que han analizado estos fenómenos suman cientos. No obstante, haciendo una selección extrema entre quienes han ofrecido “modelos” paradigmáticos, destacan dos: Ernesto Laclau, desde fines del siglo pasado y Yasha Mounk, en nuestros días. Para ambos autores, Laclau y Mounk, el concepto de populismo tiene un carácter libre de valoraciones morales y moralistas. Y esto es importante.

Para Laclau el populismo es un fenómeno que se define por la acción política del pueblo, entendido como un conjunto articulado por intereses diferentes y contradictorios entre sí. De este modo, una estrategia política con vocación de victoria, no puede, según Laclau, prescindir de su participación en un movimiento populista. Fue el caso del movimiento obrero argentino cuando al sumirse en la marea peronista obtuvo conquistas sociales imposibles de lograr si hubiera actuado, no como parte del pueblo, sino solo como “clase” (Hegemonía y estrategia socialista, 1987)

De acuerdo a la neutralidad del concepto aplicada por Laclau, puede haber populismos fascistas, democráticos, religiosos, dependiendo eso de la relación hegemónica que se constituye al interior del movimiento. Por esa misma razón, las demandas e intereses del movimiento forman cadenas de equivalencias que asumen formas difusas pero muy simbólicas de liderazgo y, por lo mismo, desde el punto de vista ideológico, muy incoherentes (La razón populista, 2005). La relación entre representación y representados, o lo que es parecido, entre significante y significado, aparece entonces como una relación necesariamente dislocada, desprovista de toda racionalidad previamente adjudicada.

Mounk (El pueblo contra la democracia), a diferencia de Laclau, sin desconocer las posibilidades de ampliación del término, enfoca su análisis solo sobre un tipo de populismo: el que se da en el periodo de transición entre una sociedad mono-étnica y una multi-étnica, aparecida esta última como consecuencia de uno de los fenómenos históricos que, al parecer, incidirá en la configuración de la historia del siglo XXl: un periodo probablemente largo donde tendrá lugar el fin del concepto tradicional de la nación política. En tal sentido, una de las formaciones hegemónicas de nuestro tiempo derivaría de una fusión muy peligrosa entre nacionalismo y populismo cuyos antecedentes históricos fueron, sin duda, los fascismos del siglo XX.

Sin citar a Laclau, Mounk reconoce que los movimientos populistas pueden portar demandas democráticas, pero - y ahí está el nudo de su argumentación - i-liberales. Sin proponérselo tal vez, concuerda con Laclau en que no todo lo que es liberal es democrático, ni todo lo que es democrático es liberal. La diferencia es que Laclau, siguiendo una tradición latinoamericana – sobredeterminante en sus escritos - toma partido por la democracia directa en contra del liberalismo político (en ese punto sigue a Carl Schmitt) y Mounk, de acuerdo a su tradición europea, levanta como bandera de lucha la defensa de los derechos liberales en contra del “democratismo” pregonado por determinados líderes y organizaciones populistas. En ese punto, Mounk avanzó hacia donde no llegó Laclau.

Mientras Laclau permaneció atrapado en sus análisis del populismo como movimiento, Mounk analiza al populismo como gobierno e, incluso, como forma de Estado. En ese punto llega a una conclusión ya esbozada en su tiempo por Hannah Arendt: las demandas de los movimientos de masas políticamente organizadas suelen terminar con la instalación de dictaduras. O como dijo en el Capítulo 10 de los Orígenes del totalitarismo: “La dominación total no es posible sin movimientos de masa y sin la, por ella misma, aterrorizada masa”. El populismo, visto así, se materializa en el Estado populista cuya dominación tiende a ser total.

Arendt, claro está, no utiliza el concepto de populismo. No obstante su alusión a los movimientos de masas que surgen de la “desintegración de la sociedad de clases” son compatibles con lo que los autores aquí mencionados entienden por populismo. De ahí que, si dejamos de lado el nombre baustismal, podríamos concluir en que Arendt proporciona herramientas para analizar el populismo contemporáneo llevándonos a deducciones diferentes a las que llegaron Laclau y Munk.

Veamos: a diferencias de Laclau y Mounk, que parten de la existencia autónoma del hecho político, Arendt enlaza este hecho con un fenómeno social: la desintegración de la sociedad de clases. Así, las masas (populistas según categorías actuales) aparecen sobre el vacío político que deja detrás de sí la desintegración social. Dicha óptica permite contrarrestar la visión optimista de Laclau quien vio en la inserción de la clase obrera argentina en el marco populista, una expresión consciente de una conciencia de clase. Arendt, en cambio, siguiendo las huellas de los movimientos fascistas y comunistas, advirtió la masificación del movimiento obrero cuando, inserto en un conjunto social amorfo, acusa los síntomas de su contorno, para transformarse en un ingrediente más de la masa y, por lo mismo, “amasable” por un gobierno autoritario o dictatorial.

El destino de las organizaciones obreras bajo gobiernos comunistas y fascistas habla más favor de la tesis de Arendt que de la de Laclau. También en contra de algunas tesis de Mounk, para quien el conflicto fundamental tiene lugar en una esfera ideológica, a saber: la contradicción entre democracia liberal y democracia i-liberal que levantan los populismos modernos.

Arendt habría estado de acuerdo con Mounk en que el pueblo no es democrático por naturaleza y que, para serlo, precisa de instituciones democráticas, principal blanco de todos los populismos, habidos y por haber. Mounk, tal vez sin proponérselo, más cerca de Arendt que de Laclau, enfoca el populismo en sus dos formas: como movimiento y como gobierno. Pero Laclau a su vez, está más cerca de Arendt que de Mounk cuando ve en el populismo la articulación de demandas diversas, a veces disociadas entre sí.

En la práctica, todos los movimientos populistas han sido pluri- temáticos. Incluso los movimientos populistas actuales analizados por Mounk, quien los define como nacionalistas e i-liberales, han ido incorporando nuevas temáticas en el curso de su desarrollo. El mismo Mounk lo constata: en un comienzo antidemocráticos, tales movimientos han llegado a representar un democratismo radical, anti-institucional y anti-liberal (Le Pen-hija en contra de Le Pen-padre en Francia, es un buen ejemplo) dando origen a sub-movimientos que dependen de una sola cabeza. Hoy, por ejemplo, en medio de la pandemia, vemos a militantes organizados manifestando, haciendo alarde de un democratismo extremo, en contra de las medidas restrictivas aplicadas por los diversos gobiernos europeos. En Alemania por ejemplo, mientras un sub- movimiento de AfD llamado Pegida hace manifestaciones en contra de los emigrantes, otro sub-movimiento llamado los Querdenkers (algo así como “pensadores transversales”) agita a favor de una liberación de “la dictadura de los virólogos” encabezada por Angela Merkel.

Según Mounk – a quien deberemos analizar con más intensidad en próximas ocasiones - el populista más completo de nuestro tiempo es, sin duda, Donald Trump.

El trumpismo es pluri-temático y como el antiguo fascismo europeo, roba de todas partes. A los conservadores robó los emblemas de la familia, del orden público, del anti-aborto, del derecho a la defensa armada. A los izquierdistas robó la idea de la “democracia de base”, del anti-establischment, de la lucha en contra de las elites y del estado. A los liberales robó el liberalismo económico, llevándolo a sus extremos más salvajes. E incluso a los anarquistas, robó la idea de la lucha en contra de las instituciones a las que el mismo Trump se ha encargado de desprestigiar durante el periodo post-electoral. Y todo eso articulado con un nacionalismo extremo que convierte en enemigo externo a competidores como China y en enemigo interno a los emigrantes latinos.

El gobierno de Trump ha terminado. El trumpismo como movimiento, no. Si asumimos esa posibilidad, el asalto al Capitolio perpetrado el 6-E por el populacho trumpista, puede que no lleve al fin del carisma del populismo trumpista. Es de temer incluso que sea solo su comienzo. El trumpismo post-Trump podría llegar así a convertirse – precisamente porque ya no es gobierno - en el populismo matriz de nuestra era.

Vivimos tiempos interesantes y, por lo mismo, peligrosos. De eso no cabe duda.

8 de enero 2021

Polis

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El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), a través del Observatorio del Gasto Público, presentó un estudio correspondiente a diciembre de 2020 respecto a la calidad de vida en Venezuela, orientado al poder adquisitivo en el país y al estado de los servicios básicos.

De acuerdo a la información presentada, se midió la percepción de los venezolanos respecto al suministro de los servicios básicos esenciales, según el criterio de Cedice. Se tomó en consideración el internet, la gasolina, el agua potable y la electricidad, aunque no se conoció el número de encuestados para recabar la data, así como tampoco los estados en los que se participó.

Respecto al servicio de internet en Venezuela, el 76% de los venezolanos ha reportado que registraron intermitencias en el servicio durante diciembre de 2020, mientras que un 23% indicó haber experimentado entre dos y cinco fallas diarias. El 1% restante denunció no tener disponibilidad del servicio desde el pasado marzo de 2020, cuando inició la cuarentena en todo el país.

Sobre la gasolina, un 97% de los ciudadanos que participaron en el estudio refieren haber experimentado largas colas en las estaciones de servicio de las principales ciudades; Un 2% indica tener la percepción de «algo de cola» para repostar combustible mientras que el 1% informa tener pocos inconvenientes para llenar su tanque.

Un 39% de los venezolanos denunció un suministro «irregular y de baja calidad» del agua potable en el país; Otro 39% advierte sufrir de la falta del recurso por más de una semana, mientras que el 21% dice que tiene fallas similares pero que la ausencia del líquido es por 15 días. Solo el 1% dice no tener problemas.

Acerca del suministro eléctrico, el 80% de la población que participó en el estudio señala que han tenido dos o más apagones que se extienden por más de cuatro horas, al tiempo que un 19% acusó registrar en diciembre dos o más apagones de más de una hora.

En estados como Cojedes, Guárico, Aragua, Distrito Capital, Miranda, Monagas y Anzoátegui se reporta un servicio más estable de electricidad, mientras que en entidades como Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Yaracuy, Portuguesa, Mérida y Lara indican tener más fallas en el suministro. Zulia y los estados más al occidente del país son los que sufren por las fallas frecuentes en la luz.

A pesar de esto, los estados donde se han registrado más horas sin luz son Mérida, Zulia, Trujillo, Táchira, Nueva Esparta y Barinas donde denuncian que entre 10 y 17 horas han estado sin el flujo de electricidad. Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Falcón, Vargas y Yaracuy tuvieron periodos de nueve horas a oscuras durante el último mes de 2020.

Sobre el agua, los estados más al occidente de Venezuela son los que más se ven perjudicados. Incluso, Barinas, Mérida, Portuguesa, Aragua, Miranda y Sucre tienen más fallas en este servicio público que en Guárico, Trujillo, Delta Amacuro, Bolívar, Apure, entre otros.

Zulia y Miranda lideran la posición de las entidades con más fallas de agua al contabilizar entre 14 y 16 horas sin el suministro.

Poder adquisitivo

Sobre el poder adquisitivo de los venezolanos, Cedice señaló que de mayo a diciembre el consumo promedio de una familia de tres personas varió considerablemente si se hace la medición en bolívares, lo que refleja el acelerado paso de la hiperinflación en el país. Para mediados del quinto mes de 2020, se gastaban unos 56,81 millones de bolívares. Ya para diciembre del mismo año, el gasto pasó a estar cerca de 350 millones.

Si se equipara el mismo gasto pero en dólares, se ve una cierta estabilidad en el consumo promedio de la familia. Esos 56,81 millones de bolívares en marzo eran unos $306,03 y en diciembre llegó a un poco más de $360, donde el tipo de cambio llegó a situarse en Bs 1.031.447,11 por dólar y donde el salario mínimo aún se situaba oficialmente en 800.000 bolívares.

De mayo a diciembre se registró una inflación acumulada de 2.411,26%, siendo igual a la cifra interanual.

El Observatorio Venezolano de Finanzas informó que en diciembre los precios de bienes y servicios aumentaron 21,2%, en promedio. Con este resultado, Venezuela cerró 2020 con una inflación de 3.713%, que si bien es una cifra muy inferior a la de 2018 (1.698.844,2%) y a la de 2019 (7.374,4%), reportadas por la Asamblea Nacional, evidencia que el país no ha salido del ciclo hiperinflacionario en el que se encuentra desde noviembre de 2017.

Este fenómeno de alza acelerado de los precios continuó el año pasado en medio de una pandemia que ha afectado los ingresos de la mayoría de los venezolanos, que dependen en buena medida de remesas que envían familiares en el exterior y/o de los trabajos que hacen en el día a día. También terminó de colapsar los sistemas contables, en los que ya no caben tantos ceros. Es por esta razón que el Observatorio de Finanzas prevé que el gobierno de Maduro prontamente anuncie una nueva reconversión monetaria, que sería la tercera desde 2008.

12 de enero 2021

TalCual

https://talcualdigital.com/estudio-de-cedice-refleja-grandes-fallas-en-s...

Un parapeto es una pared o baranda para evitar caídas. Parapetear es un venezolanismo usado para indicar el arreglo de algo a medias, es decir poco profesional. Una piratería, como dicen los jóvenes. Los dirigentes del Totalitarismo Siglo XXI se caracterizan por parapetear la infraestructura del país y los servicios públicos. Las refinerías de petróleo son parapeteadas y por eso son frecuentes los accidentes que obligan a importar gasolina, mientras que antes la exportábamos. Ante la crisis política que se desencadenó con el no reconocimiento de Maduro por parte de la Unión Europea, la OEA y Japón, el régimen montó el parapeto del 6 de diciembre.

Los rojos pensaron que el mundo democrático aceptaría la designación írrita de unos representantes del régimen como si fuesen diputados de una Asamblea Nacional. Perdieron el tiempo. Los principales países democráticos no se tragaron el cuento. Ese parapeto no aguantó ni una leve brisa.

Como figuras visibles de ese parapeto, Maduro designó a Jorge Rodríguez Gómez como presidente y a Iris Varela y a Didalco Bolívar como vicepresidentes. Ni siquiera disimularon un poco nombrando vicepresidente a un representante de la comparsa que participó en la patraña como “oposición”. Para mayor desprecio a sus “compañeros de ruta”, la primera vez que intentó hablar Luis Romero, del micropartido Avanzada Progresista, lo mandaron a callar.

Jorge Rodríguez es psiquiatra, fue presidente del Consejo Nacional Electoral que realizó los fraudes en varias elecciones, y durante un año fue vicepresidente de la república designado por Chávez. Es hijo de Jorge Rodríguez, activista en la época de la guerrilla castro comunista y supuestamente cómplice en el secuestro en 1976 del estadounidense Niehous, a quien tuvieron más de tres años en cautiverio. En un hecho repudiable, Rodríguez padre fue torturado para sacarle información y como consecuencia falleció. Esta acción bárbara marcó al hijo, quien no puede ocultar su resentimiento, que lo hace incondicional de Chávez -Maduro. Esa horrible experiencia lo debería convertir en defensor de los derechos humanos; sin embargo, avala las violaciones que a diario practica el régimen. Esa es la doble moral de la extrema izquierda.

Iris Varela es abogada. Chávez la llamaba la diputada fosforito. No solo es agresiva, sino grosera en sus intervenciones públicas. Fue designada ministra de Asuntos Penitenciarios, destacándose por su relación amistosa con los pranes que mandan en las cárceles. No resolvió el hacinamiento, mala alimentación, ni los asesinatos que se cometen en las ergástulas. Descaradamente reconoce que ha adiestrado a los presos comunes para defender al régimen.

Ahora, como vicepresidenta del parapeto de Asamblea ha informado que hay que confiscar los bienes y revocar la nacionalidad de los venezolanos que están fuera del país y que los bienes incautados serán asignados a personas que deberán responder por su productividad. Cabe preguntarle si algún chavista-madurista ha respondido por la quiebra de las numerosas empresas incautadas, sin compensación, como Agro Isleña, las empresas de prestación de servicios a Pdvsa, las cementeras, Sidor, agroindustrias del café, caña de azúcar, aceiteras y otras ¿Acaso ahora funciona mejor la compañía de teléfonos y la de electricidad?

El segundo vicepresidente del parapeto es Didalco Bolívar, tránsfugo de los partidos MAS, Podemos y hoy en el Psuv, después de haber pedido asilo en Perú por supuesta persecución política de Chávez. Un caso con cierta similitud con el de Arias Cárdenas y de Lucas Rincón, quienes se le voltearon a Chávez, después le pidieron perdón y regresaron bajo su cobija.

Con este parapeto y con los parapeteadores reseñados, el régimen intenta ganar credibilidad internacional.

Aunque ya es pasado, no podemos eludir referirnos al caso Trump, ya que el mismo lo asumieron algunos venezolanos con gran vehemencia. Trump montó un parapeto para intentar evitar su salida del poder. Menos mal que allá funciona la división de poderes, por lo que el sistema judicial y el Congreso rechazaron su parapeto. Las abundantes banderas de la Confederación, franelas antisemitas y de QAnon evidencian la mentalidad de muchos de los bárbaros que asaltaron el Capitolio, instigados por un ególatra que niega fue derrotado. Por otra parte, consideramos un abuso de Twitter y de Facebook silenciar al ya casi expresidente. La censura es inadmisible. Para cualquier delito existe la justicia en ese país.

Como (había) en botica:

Rechazamos la incautación de equipos de VPI Tv y de Radio Fe y Alegría en Monagas. Otro atropello a la libertad de expresión.

El Observatorio Venezolano de la Violencia denunció que en el 2020 hubo 11.891 muertes violentas, 45,9 por cada cien mil habitantes, de las cuales 4.231 fueron muertes por resistirse a la autoridad, es decir ajusticiamientos extrajudiciales. La semana pasada fueron abatidos 22 supuestos criminales en La Vega.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com