Una gran revolución de los últimos lustros ha sido la erupción de una significativa clase media global. Entre los destrozos que está provocando la pandemia del COVID-19, uno de los mayores es su caída y el crecimiento del número de pobres, en todo el planeta salvo en China. Tras una década de progreso en ambos frentes, respecto a las previsiones para 2020 la clase media global se ha encogido en 54 millones de personas, a lo que sumar la reducción de la clase media alta y de los más ricos, según un análisis del Centro Pew. Y sin visos de que se recupere, sino más bien de que se estanque. El país más afectado ha sido la India, que ha supuesto un 60% de este tropezón social, perdiendo una tercera parte de su clase media (que de 99 millones ha pasado a 66 millones). Pero incluso las economías desarrolladas están sufriendo esta merma que puede tener consecuencias sociales y políticas, con un impacto negativo en el consumo global e impulsando el ascenso de los populismos y autoritarismos identitarios.

Empecemos por las definiciones que usa Pew de acuerdo con otros centros y organizaciones internacionales pues los datos que usa el estudio están basados en los del Banco Mundial. Se centran en los ingresos diarios o anuales, aunque puede haber otros factores como el tipo de educación, empleo, propiedad de vivienda, etc… Clase media supone vivir con 10 a 20 dólares de ingresos al día, o de 14.600 a 29.200 dólares al año para una familia de cuatro; clase media alta de 20 a 50 dólares al día. Los ingresos más altos parten de 50 dólares al día. Los pobres se definen por vivir con menos de dos dólares al día o 2.920 dólares anuales para una familia de cuatro.

Antes del COVID-19 se calculaba que esa clase media global, que está o estaba cambiando el mundo, había pasado entre 2011 y 2019 de 899 millones a 1.380 millones de personas (de una población global de más de 7.700 millones). En 2020 (las cifras serían mayores ahora pues la pandemia ha seguido en 2021) hay 54 millones menos de personas en esa clase media, 36 millones menos entre los de ingresos medio-altos y 62 millones menos de ingresos altos. La gran parte de los más ricos viven en economías desarrolladas –489 millones de 593 millones– y entre ellos son numerosos los que caen a escalones inferiores, con lo que la verdadera pérdida es aún mayor. El número de pobres, tras una década de éxito en la reducción de la pobreza, con unos 49 millones de personas saliendo de esa situación al año, ha aumentado en 2020 en 131 millones debido a la recesión, hasta 803 millones o un 10,4%, afectando especialmente al Sureste asiático y al África Subsahariana, cuando las proyecciones indicaban que habrían bajado a un 8,7% sin la pandemia.

China es la única economía grande que en el conjunto del pasado año no sufrió una recesión, y en este primer semestre de 2021 ha experimentado un crecimiento espectacular. Pew calcula que el número de chinos de ingreso medio se ha reducido en 10 millones –y ya eran 504 millones antes de la pandemia–, y 30 millones de personas han ingresado en las filas de los ingresos bajos (de 2 a 10 dólares diarios). Los niveles de pobreza no han empeorado. En China ya hay más gente entre la clase media y media-alta global que en la pobreza y media-baja. Puede explicar algunas cosas del comportamiento asertivo del régimen chino y de su apoyo real.

Lo peor es que las perspectivas de mejora de esta clase media global no son buenas. El estudio prospectivo del Consejo de Inteligencia de EEUU, Global Trends 2040, con los mismos datos de base, apunta a que es poco probable –dependerá de la dinámica política y social– de que de aquí a final de la próxima década la clase media global crezca a un ritmo similar al de antes de la pandemia, dada la disminución en el crecimiento de la productividad mundial y el hecho de que el auge de la población en edad de trabajar está demográficamente tocando a su fin en términos globales.

En las economías avanzadas, apunta el estudio estadounidense, la clase media se está contrayendo, atrapada entre el segmento de mayores ingresos que crece, y la parte, menor, que cae por debajo del umbral de la pobreza (una vez superada la pandemia, y aunque el porcentaje de la población que cae por debajo del umbral de pobreza nacional en las economías avanzadas ha aumentado en 19 de los 32 países estudiados entre 2007 y 2016, incluidos Francia, Alemania, Italia y España). Además, indica, la clase media de muchos países se ve afectada por el aumento de los costes de la vivienda, la sanidad y la educación. Hay una polarización, en la que el número de trabajadores en puestos de trabajo de bajos ingresos y el número de gente con ingresos altos se expande al mismo tiempo. Es lo que el economista Tyler Cowen (Average is over, 2013) anticipó al hablar del vaciamiento del medio.

Esta polarización se puede agravar con la automatización de tareas propia de la Cuarta Revolución Industrial, como ahora apunta hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre la economía global. Al considerar el desarrollo de software que hace las veces de tareas de cuello blanco, escriben informes, redactan noticias deportivas y económicas, y otros avances, una reciente columna de Lex en el Financial Times hablaba de “la marcha invisible de los droids de clase media”. No obstante, la digitalización y la conectividad están sirviendo para bancarizar (muchas veces a través de las FinTechs) a amplios sectores de la población en los países en vías de desarrollo, lo que contribuye a su progreso social y entrada en la clase media global.

El informe del Consejo de Inteligencia de EEUU apunta que “grandes segmentos de la población mundial desconfían de las instituciones y los gobiernos a los que consideran incapaces o poco dispuestos a atender sus necesidades”, lo que hace a los ciudadanos “gravitar hacia grupos conocidos y afines en busca de comunidad y seguridad, incluidas las identidades étnicas, religiosas y culturales, así como las agrupaciones en torno a intereses y causas, como el ecologismo”.

Ya antes de la pandemia, planteamos con Miguel Otero y Federico Steinberg que un reto de nuestro tiempo era evitar un choque global de clases medias, entre las que descendían en las economías desarrolladas y las que estaban dejando de ascender en las emergentes. Con los efectos de la pandemia y otros desarrollos, este movimiento tectónico puede ir a peor y generar desestabilizaciones internas y externas.

20 de abril 2021

Elcano

https://blog.realinstitutoelcano.org/caida-y-estancamiento-de-la-clase-m...

Cuando comienzo a escribir estas líneas, Rusia es conmovida por grandes demostraciones exigiendo, como punto mínimo, que el preso político número 1 del régimen, Alexei Navalny, sea tratado de forma humanitaria. Según todas las informaciones, Navalny está recluido en un campo de concentración, el tétrico IKZ, en el oeste de Rusia. Su salud está muy debilitada, no puede ser asistido por un cardiólogo que no sea del régimen. El mismo Navalny, al lograr comunicarse con Instagram, ha señalado: “soy un esqueleto”.

A diferencias de otras demostraciones, las que en estos días tienen lugar a favor de Navalny no comenzaron en las grandes urbes. Fueron iniciadas en Siberia, en ciudades como Kémerovo, Irkutsk, Tomsk. Después avanzaron hacia Nobisibirsk para estallar finalmente en San Petersburgo y Moscú. Hecho que muestra tres aspectos. Primero, el muy alto grado de organización de las protestas. Segundo, sus dimensiones nacionales, incluyendo la “Rusia profunda” y sus bastiones putinistas. Tercero, la inmensa resonancia internacional.

Un plan coordinado en contra de Rusia, aduce el inefable ministro del exterior, Sergei Lavrov. Efectivamente, es un proyecto que sigue una línea planificada, pero no en contra de Rusia, ni siquiera en contra de Putin, sino a favor de las libertades democráticas avasalladas en el inmenso país. Un intento para poner límites al proyecto putinista, uno que va mucho más allá de Rusia, uno que obedece a la línea demarcatoria que estableció desde un comienzo el presidente Biden cuando señaló al primer ministro de Japón: “la contradicción principal de nuestro tiempo es la que se da entre las democracias y las autocracias”.

Y bien, la capital de todas las autocracias y de los movimientos nacional-populistas del mundo entero, es la Rusia de Putin. Prácticamente no existe gobierno anti-democrático en esta tierra que no mantenga fuertes vínculos con Rusia.

Al fin, después de contemplar pasivamente la expansión territorial de Rusia en sus aledaños, sus permanentes amenazas a Ucrania, sus intentos de penetración política en la Europa democrática, sus alianzas con gobiernos criminales como el de Siria, su apoyo irrestricto a la dictadura persa y a la autocracia turca, la popularidad que goza entre partidos de ultraizquierda y de ultraderecha, y no por último, los intentos para distorsionar la propia democracia norteamericana durante la era del pro-ruso Trump, son acciones que, para los gobiernos democráticos de Europa, han colmado todos los vasos de agua. Y bien, en contra de todo eso, ha prestado su cuerpo Alexei Navalny. Acto inmolatorio. Pero, para Navalny, inevitable. La otra posibilidad era el exilio en un país extranjero y así seguir el destino triste de tantos políticos perseguidos por tiranías.

La opción de Navalny, vista desde su perspectiva, aunque parezca cruel decirlo, es realista. Cierto, decidió arriesgar el todo por el todo: su propia vida. Pero al fin y al cabo, después de haber sido envenenado por los esbirros de Putin, Navalny ya conocía los ojos de la muerte. El mismo, probablemente, se considera a sí mismo como un resucitado. Putin enfrenta a un político que ha perdido el miedo y eso, evidentemente, lo desconcierta. Por eso se muestra muy nervioso. Los dos segundos de Navalny, Kira Yarmish y Libvov Sóbol, se encuentran detenidos. Durante las noches, hay continuos allanamientos. Putin, poco a poco, comienza a cruzar la delgada línea que separa a una autocracia de una vulgar dictadura.

Angela Merkel, una persona a la que no podemos considerar admiradora de sacrificios inútiles, entendió el sentido de la lucha que simboliza Navalny. El día martes 21 de abril, pronunció ante el Consejo Europeo, en Strasburgo, las siguientes palabras: “Los ciudadanos no pueden ser (propiedad) del estado” (…..) “los derechos humanos son el núcleo fundamental de la constitución en los estados democráticos”. Palabras dichas con acostumbrada tranquilidad, pero lo suficientemente claras para contrariar a los eternos tacticistas que imaginan que con los valores políticos se puede jugar póquer, a los que creen solucionar todos los problemas con reuniones secretas, o por medio de negocios suculentos, a los que piensan que hay que tolerar, nada menos que en las cercanías de Europa, a autócratas y dictadores.

La Europa unida, en la visión de Merkel, no puede ser solo una unión aduanera. Antes que nada debe ser una confederación política y democrática. Por eso sus palabras también fueron dirigidas a los políticos de su país. Pues no solo en su partido hay quienes comparten con el nacional-populismo de AfD el ideal trumpista de que cada nación debe preocuparse solo de sus intereses. Para la Linke, el enemigo es Erdogan, pero Putin es poco menos que un demócrata. Los liberales solo se preocupan de la economía y, en el caso de Rusia, del gas. Los socialdemócratas, desde los tiempos de Gerhard Schröder - premiado por Putin con un suculento puesto en la petrolera rusa Rosneft - nunca levantan la voz por los derechos humanos violados desde y por el Kremlin. Y entre los Verdes, su futura candidata presidencial, Annalena Baerbock, jamás ha pronunciado una sola palabra sobre política internacional.

Navalny es un foco democrático, escribió la columnista Simone Brunner, desde el periódico “Die Zeit”. Mejor habría sido decir, un símbolo. Pues si hay un nombre que comienza a unir a todas las luchas democráticas de Europa, ese nombre es Alexei Navalny. Esa es la razón por la cual políticos a los que nadie puede acusar de soñadores y románticos - además de Merkel y Biden, Macron y Borrel, y gracias a ellos, la mayoría de los gobiernos de Europa (los de América Latina están como siempre en el limbo) - cierran filas alrededor de ese símbolo llamado Navalny.

Navalny no solo es un símbolo moral, aunque también lo es. Estamos en este caso frente a un ejemplo que comprueba la afirmación de Kant relativa a la no separación entre política y moral. Kant, es cierto, vio siempre a los moralistas, vale decir, a los que intentan subordinar la acción política a reglas morales, como un peligro para la política. Pero a la vez estimaba que la moral no podía abandonar a la política, hecho que solo se notaba, lo dijo sutilmente, cuando la moral y la política eran separadas. Este es precisamente el caso de Putin. Pese a todos sus acercamientos a la ultraconservadora iglesia ortodoxa de su país, no puede quitarse de encima el estigma de ser uno de los gobernantes más inmorales del mundo. Un asesino, dicho en las poco diplomáticas palabras de Biden. Un asesino corrupto, además.

Quizás fue el instinto político de Navalny el que lo llevó a fundar un partido orientado a la lucha en contra de la corrupción. Como buen autócrata, Putin paga muy bien a sus esbirros. El problema es que lo hace a costa del erario nacional. El enjambre de mafias que rodea a su administración es grande y complejo.

Navalny descubrió que la corrupción y, en consecuencia, su denuncia, apunta hacia uno de lo talones de Aquiles del régimen. Pero también hacia un segundo talón de Aquiles y ese es, sin duda, el que más causa irritación a Putin. Ese talón es la lucha electoral.

El poder de Putin, como el de todo autócrata, no solo reposa sobre las armas. La suya es una autocracia política. Por lo tanto requiere no solo de la obediencia sino también de la aceptación política de la gran mayoría ciudadana de su país. En otras palabras, para convertirse en un líder de significación internacional, Putin necesita tener resuelto el frente político interno. De más está decir que Navalny y su partido amenazan a este último bastión.

Si pudiera, Putin mandaría a matar inmediatamente a Navalny. En cualquier caso, antes de las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en septiembre del 2021. Pero el asesinato a Navalny no aumentaría su caudal electoral y, mucho menos, su áurea política externa. Por el momento Putin ha optado por una imposible vía intermedia, la de mantener a Navalny vivo y muerto a la vez, o dicho brutalmente: en condición agonizante. No obstante, esa vía tampoco parece dar resultados inmediatos. El partido de Putin, Rusia Unida, baja rápidamente en las encuestas y la táctica de Navalny, la del “voto inteligente”, la de apoyar a cualquier candidato que no sea putinista, puede dar resultados muy desfavorables para el presidente ruso.

Así se prueba una vez más que cuando la ciudadanía democrática elige consecuentemente la vía electoral, las autocracias tiemblan. Navalny no es ni será candidato. Pero vivo o muerto será el símbolo que unirá a todos los candidatos de la oposición rusa.

Con toda seguridad los políticos democráticos de Occidente no se hacen demasiadas esperanzas. Saben que un personaje como Putin está dispuesto a renunciar a todo, menos al poder. Pero el intento por reducir o limitar su poder no deja de ser importante. Para cualquier presidente, un hecho no muy grave. Sin embargo, para uno como Putin, cuya aspiración es comandar a un imperio mundial, es un hecho gravísimo.

23 de abril 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2021/04/fernando-mires-ese-simbolo-llam...

No vengo en el papel criollo “de que cada pulpero, alaba su queso”, para ampliar los múltiples aspectos positivos del libro: “Plan de Recuperación de la Industria Petrolera 2018-2022”, que el Grupo Orinoco entregó a la opinión pública el pasado 21 de abril. Lo hicieron con brillo y abundancia de razones en el acto de presentación, los compañeros ingenieros Elizabeth Cruz y Juan Szabo y el economista Francisco Monaldi.

La intención de mi intervención en esa oportunidad, fue formular algunas reflexiones sobre los obstáculos que debe superar la sociedad venezolana para lograr con éxito el objetivo de recuperar la salud de su industria petrolera.

No serán problemas inherentes a la nueva empresa que logremos poner en marcha. Son los cambios en el entorno sociologicopolítico y económico que lucen necesarios y acerca de los cuales es conveniente debatir reiteradamente para crear conciencia, sobre su importancia. Me refiero a ellos seguidamente de manera somera, ya que para la mayoría son suficientemente conocidos.

Primero, la necesaria transformación de mentalidad de las elites, que incluye por supuesto al liderazgo político, pero también al empresarial y sindical, entre otros. De ellos se espera definitivamente una mejor conducción. Que aclaren sus ideas sobre lo que es un genuino desarrollo sostenible. Consideración profunda de los condicionantes históricos que preceden la formación de nuestra actual sociedad. Terminar de una vez por todas con la errónea creencia que somos un país muy rico. Cambio en la acepción de lo que es el nacionalismo petrolero, que en el pasado nos llevó a enorgullecernos falsamente. Renovación en la concepción sobre lo que tradicionalmente se ha interpretado como independencia económica; está en su esencia, es producir localmente una mayor oferta de bienes y servicios más diversificada y competitiva internacionalmente, no importa en cabeza de quien. Modificación de lo que apreciamos es la fortaleza de los gobiernos; estos serán débiles mientras no logren que los ciudadanos cumplan estrictamente con las leyes y tenga capacidad para ofrecer eficientemente los servicios públicos que tiene la obligación de prestar.

Es indispensable lograr un convencimiento mayoritario de que el modelo económico rentista-extractivista, que se llegó a pensar era la mejor respuesta para atender la injusticia social, por haberse agotado, debe ser transformado en un modelo de economía social de mercado. Este ha sido una suerte de ritornelo en el Grupo Orinoco.

Y por si fuese poco, estoy convencido que la recuperación de nuestra industria petrolera solo será viable, en la medida que haya una transición política hacia un sistema democrático.

De esos aspectos va depender en buena parte la generación de un estado de confianza que haga atractivo nuestro país a los inversionistas nacionales y foráneos para que nos traigan sus capitales y conocimientos que hoy más que nunca son indispensables.

Segundo, del cuerpo social se va a requerir además una modificación importante en sus hábitos y conductas. No sabemos exactamente cuáles han sido las alteraciones en la cultura del venezolano medio ocurrida durante los últimos 30 años, que los hagan más o menos refractarios a las reformas necesarias para progresar. Es indispensable generar un país con ciudadanos que piensen diferente a aquellos que fueron víctimas del desastre y que por lo general han perdido sus esperanzas. Vamos a necesitar gente más optimista y revestida de cierto espíritu pionero, pues la empresa que tenemos por delante es de conquista, de domar la mentalidad del subdesarrollo que prevalece en nuestro socioecosistema y de construcción de nuevos porvenires. Y para paliar la enorme tragedia social que se ha causado, requerimos en general de mayor sentido de solidaridad y cooperación ciudadana e institucional para compensar las profundas disparidades que se han ocasionado.

Para salir a flote del abismo al cual nos ha conducido el régimen, se requiere más disciplina social y mejor disposición para cumplir con la Ley. Un liderazgo mucho más sensible ante el dolor humano. Sanción social más explícita a los delitos de corrupción, tanto pública como privada. Adquirir masivamente el hábito de pagar los impuestos y servicios públicos, acorde a sus costos. Requeriremos igualmente una revisión profunda en las políticas de subsidios gubernamentales para coadyuvar a un mayor equilibro social. Relevar el valor de la meritocracia para la adjudicación de los cargos públicos y muchos otros rasgos necesarios para aproximarnos al perfil de una sociedad desarrollada.

Profundas alteraciones sociologicopolíticas y económicas como las mencionadas son posibles. Existen experiencias históricas suficientemente documentadas. Pero ellas no se darán ni espontanea, ni voluntaristamente. Dependerá de que le echemos mano a todo lo afirmativo que el Profesor Augusto Mijares identifico en los venezolanos; que nos empinemos como pueblo; que contemos con modelos de líderes políticos y sociales ejemplares; que concibamos e instrumentemos las políticas más efectivas de formación y orientación de la opinión pública. Si lográsemos esto, pudiese darse en Venezuela un segundo periodo de verdadero renacimiento nacional, después del de 1936. De ese tamaño es el reto que tenemos ahora.

Coordinador del Grupo Orinoco, de energía y ambiente en el contexto del desarrollo sostenible

Años de mal gobierno y corrupción han logrado corroer la democracia peruana hasta llevarla al borde de un abismo.

Las recientes elecciones mostraron un país cansado, fraccionado, sin esperanza. Sentimientos que son el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de los populismos. En segunda vuelta, se disputarán la presidencia, con un porcentaje reducido de papeletas y una abstención significativa a pesar de la obligatoriedad del voto, Pedro Castillo, maestro sindicalista, y la inefable KeikoFujimori, digna hija del ex dictador.

Castillo logró movilizar a la población del interior del país mientras que Keiko consiguió sus votos en los círculos privilegiados de Lima. Sin embargo, el resultado de ambos fue muy pobre. Castillo obtuvo el 19 por ciento de los votos y Fujimori el 13 por ciento. Los que se abstuvieron junto con los que dejaron su papeleta en blanco superaron el 30 por ciento. Son ellos los verdaderos ganadores de estas elecciones, pero no serán ellos quienes gobernarán el país.

Pedro Castillo y Keiko Fujimori, representantes de la izquierda y la derecha más radicales muestran una vez más como los opuestos se tocan.

Sin importar quien gane, Perú parece encaminado hacia un gobierno autocrático dispuesto a dar un duro golpe a los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGTBQ+. Ambos prometieron políticas duras contra la paridad de género, el derecho al aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Como si esto no fuera suficiente el partido ultraderechista Renovación Popular, encabezado por el miembro del Opus Dei Rafael López Aliaga llevará al Congreso a más de 10 representantes. Se agravará aun más la situación de los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGTBQ+, baste pensar que este partido condena el aborto hasta en los casos de violaciones.

Tras los dolorosos años en los cuales la violencia de Sendero Luminoso y la dictadura de Fujimori dejaron una estela de muertos y heridas de no fácil cicatrización, los peruanos trataron de defender la recuperada y frágil democracia. Frente a un pueblo dispuesto a luchar por ella, hubo una clase dirigente incapaz de estar a la altura de su mandato.

Corrupción, nepotismos, injusticias, enlodaron la política salpicando casi todos los partidos. El Congreso se fue transformando en un mercado de favores y en el lugar ideal para ralentizar la justicia y evitar condenas a pesar de la gravedad de las acusaciones. Un ejemplo para todo: la candidata y posible presidenta Keiko Fujimori está siendo investigada por lavado de dinero durante la campaña de 2011. Según la Fiscalía habría recibido un millón de dólares de la constructora Odebrecht. Indiferente a esta acusación Keiko, promete, además, liberar al padre Alberto quien sigue en prisión tras la condena por sus gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Solo un sostenido crecimiento económico permitió a la población sobrevivir a pesar de sus gobernantes. Delicado equilibrio que desbarató con violencia la Covid 19.

La pandemia mostró en toda su descarnada evidencia la ineficiencia de la política. Mientras la sociedad sufría los estragos de una peste que cobraba vidas y debilitaba la economía, los presidentes fueron cayendo uno tras otro llegando al cambio record de tres en poco más de una semana. El conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo se agudizó y una guerra sin exclusiones de golpes concluyó con la destitución del Presidente Vizcarra y la entronización de Manuel Merino, ex Presidente del Congreso.

Demasiado. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, se volcaron a las calles y, a pesar de la violencia policial, no las dejaron hasta que Merino dimitió y asumió la presidencia el ingeniero y profesor universitario Francisco Sagasti.

Las esperanzas de un cambio se esfumaron rápidamente. La Covid 19 colapsó un sistema sanitario obsoleto e ineficaz, la crisis económica se fue profundizando y la población mostró en las urnas todo su cansancio y decepción.

Lamentablemente cada papeleta en blanco, cada voto perdido, significaron una ganancia para el radicalismo, único capaz de movilizar sus bases. Perú corre el riesgo de perder su democracia, que, a pesar de los errores, es mejor de cualquier dictadura. Y, como si eso fuera poco, también está a punto de sufrir un gravísimo retroceso en materia de derechos humanos. Democracia y derechos requieren de años y años de lucha. Sin embargo, tan solo un minuto es suficiente para perderlos. Es el triste futuro que podría tocarle a los peruanos.

@MBAFILE

19 de abril 2021

ViceVersa

https://www.viceversa-mag.com/triste-futuro-para-peru/

La sociedad civil organizada está amenazada en Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro se ha trazado como meta acabar con cualquier voz disidente y no alineada con sus objetivos; y para ello ha recrudecido la ofensiva que, desde finales de 2020 mantiene contra las organizaciones de derechos humanos y humanitarias que trabajan en el país.

La creación del Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, contenido en la providencia 001-2021 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que fue publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 del 30 de marzo pasado, no es más que el último movimiento del Ejecutivo nacional por controlar uno de los pocos espacios que todavía no domina.

La providencia obliga a las organizaciones sin fines de lucro a reportarle a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada información sensible como quiénes son sus donantes y un listado de personas beneficiarias, debidamente identificadas, que reciban “asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia por medio de los servicios o actividades” ejercidas por dichas agrupaciones civiles.

Debemos agregar que este registro anómalo, está completamente fuera de los estándares y las prácticas internacionales en materia de control de legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo, de modo que esto no es más que una excusa para limitar y controlar a las ONG.

Es una acción que expone a los beneficiarios de las acciones que conducen las organizaciones no gubernamentales y abre las puertas para que sean víctimas de actos de intimidación, hostigamiento y discriminación como los sufridos por quienes firmaron a favor del referendo revocatorio presidencial de 2004 y terminaron engrosando la infame “lista Tascón”.

El registro no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva que en los últimos meses han lanzado las autoridades venezolanas. Así, debemos recordarle al país y al mundo que, a finales del año pasado, los ministerios de Interiores, Justicia y Paz y de Relaciones Exteriores emitieron una resolución conjunta, para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales extranjeras que laboran en el país. El texto creó el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong), a través del cual las agrupaciones foráneas no domiciliadas en el país deberán registrarse para obtener una certificación que les permita desempeñar sus actividades.

La resolución antes señalada deja en claro que las organizaciones extranjeras solamente podrán desempeñar actividades de asistencia y cooperación internacional “en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de Necesidades de las Naciones Unidas”.

Semanas después, el Gobierno de Nicolás Maduro le ordenó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que vigilara las transacciones financieras de todas las agrupaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, para lo cual esta emitió una circular para regular esa situación.

Pero como si lo anterior no fuera suficiente, la Asamblea Nacional ha anunciado en las últimas semanas su intención de reformar este mismo año leyes como el Código Penal. Aunque su texto es desconocido, el objetivo, según ha informado un diputado del partido de Gobierno, es endurecer delitos como el de traición a la patria e incorporar otros nuevos que afectan a la libertad de expresión mediante el uso de medios informáticos como las redes sociales.

Asimismo, el Parlamento controlado por el oficialismo ha revelado su intención de desempolvar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, un texto que como la espada de Damocles ha estado pendiendo sobre las cabezas de las organizaciones no gubernamentales venezolanas desde 2005 y que pretende forzarlas a entregar el financiamiento que consiguen en instancias internacionales a un fondo que administrará el Gobierno.

Debemos recordar que esta propuesta no solo ha sido rechazada por la sociedad civil organizada, sino también por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por considerar que atenta contra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, a asociarse y a buscar fondos para llevar adelante esa misión.

Acceso a la Justicia denuncia que la arremetida gubernamental no se limita a la creación de registros y la amenaza de nuevas regulaciones y controles inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales de derechos humanos, sino que abarca también acciones represivas tangibles como allanamientos y detenciones de activistas. El país y el mundo fueron testigos como en enero pasado cinco miembros de la organización zuliana Azul Positivo fueron detenidos y se les abrió un proceso judicial por “legitimación de capitales”. El delito real de estos activistas fue tratar de ayudar a aliviar el dolor y las penurias que vienen padeciendo los venezolanos más pobres debido a la gravísima emergencia humanitaria que atraviesa el país.

Estas aprehensiones estuvieron precedidas de una ola de allanamientos de las que fueron víctimas las organizaciones Acción Solidaria, Alimenta La Solidaridad y Convite y revelan que en Venezuela hay un patrón que considera a los defensores de los derechos humanos como unos enemigos a los que hay que vencer y eliminar. Solo en los primeros dos meses del año, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) contabilizó un total de 99 ataques para enero de este año contra activistas y organizaciones no gubernamentales de distinta naturaleza.

Las acciones adoptadas por las autoridades violan flagrantemente la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de 1999, la cual en su artículo 1 señala: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Por su parte, recordamos que el artículo 17 del instrumento estipula claramente que:“en el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática”.

Por último, llamamos a los venezolanos y a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los relatores, grupos de Trabajo y demás procedimientos especiales de la ONU a condenar enérgicamente las acciones de las autoridades venezolanas y a exigirles que cesen en su actitud y que permitan a la sociedad civil organizada ejercer sus actividades, sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución y los tratados internacionales.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La más reciente arremetida contra las ONG, que las precalifica como delincuencia organizada y financiadoras del terrorismo al obligarlas a registrarse en la Oficina Nacional de la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, no es solo una obvia violación a la presunción de inocencia, sino que también criminaliza a la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, ambos deberes de los Estados y correlativamente derechos de las ONG.

Al final, este tipo de regulación afecta a todos los habitantes del país, especialmente, a los más vulnerables, quienes, ante la ausencia de Estado en Venezuela, producto de la emergencia humanitaria compleja, se encuentran desprovistos de lo más básico para vivir, cuando la actividad de las ONG de asistencia humanitaria y caritativas es lo único que les permite sobrevivir.

Asimismo, ante la opacidad informativa en Venezuela, las masivas violaciones de derechos humanos y un Estado que no rinde cuentas, el rol de las ONG es fundamental para proteger a las víctimas de esas violaciones, y, además, para documentar y denunciar ante la comunidad internacional de manera adecuada y objetiva lo que realmente pasa en el país. He aquí la verdadera causa de la providencia comentada: disuadir a víctimas y ciudadanos en general de denunciar las masivas violaciones de derechos humanos que comete el Estado venezolano, así como sus arbitrariedades.

19 de abril 2021

https://accesoalajusticia.org/nueva-providencia-precalifica-como-terrori...

1. La pandemia no ha creado el problema pero lo ha puesto en evidencia. En la mayoría de los países del mundo los gobiernos han mostrado incompetencias para manejar la expansión del Covid-19. Más todavía, después de la más gigantesca campaña de vacunación masiva conocida en la historia, nadie ve una luz dentro del túnel. Palabras que escribo – téngase en cuenta – desde un país llamado Alemania, cuya gobernante, Angela Merkel, recibe loas universales por su inteligencia, sobriedad, valentía y capacidad de dirección. Y aún bajo esas condiciones, las únicas palabras que encuentro para describir la administración pandémica son: desorden, improvisación, e imposibilidad para lograr acuerdos comunes.

La queja casi angustiosa de Merkel relativa a que en los encuentros con los ministros presidentes se toman acuerdos que al día siguiente nadie cumple, no solo evidencia los problemas derivados de la estructura federal del país. También delata que los ministros presidentes parecen ser más leales a sus partidos y a los grupos económicos de cada región que al gobierno nacional. Lo mismo ocurre con y dentro de los partidos donde, en un año electoral, a los políticos les importa más ser elegidos que solucionar temas pandémicos. Es más seductor prometer el fin del lock down, la apertura de los restaurantes, la vida linda en las calles de la primavera, en fin, todo lo imposible bajo condiciones pandémicas.

Como en diversos países europeos, en Alemania se da una conjunción maligna entre egoísmos partidarios, intereses de grandes empresas, inescrupulosidad de una prensa sensacionalista, guerra sucia entre distintas vacunas, y no por último, baja responsabilidad ciudadana. Todas, realidades que aunque no vistas en tiempos no-pandémicos, existían. Un banquete para posiciones extremas, sin duda.

La pandemia muestra, es el tenor general de los extremistas, que los métodos parlamentarios no sirven para gobernar un país en crisis. El clamor por soluciones autoritarias es cada vez más creciente. Hay quienes con envidia miran a la Hungría de Orban, a la Polonia de Kacyinski, a la Turquía de Erdogan, incluso a la Rusia de Putin. La alianza entre los nacional-populistas y el Covid 19 ya es un hecho. Y sin embargo, volvemos a sostener la idea: la pandemia no ha creado esos problemas. Solo los ha puesto de relieve.

Con o sin pandemia vivimos tiempos malos para las democracias. No por casualidad, diversos autores han puesto el tema de la crisis de la democracia liberal en el centro de sus discursos. Incluso ya han aparecido libros. Uno de los más recientes, escrito por Jason Brennan (profesor en la Georgetown University) se titula nada menos “Contra la Democracia”. Un título hasta hace poco inaceptable que hoy logra convertir un conjunto de argumentos banales en un gran éxito editorial. Signo fenomenológico de que asistimos a un innegable malestar en la democracia.

2. Según las provocaciones de Brennan, la deliberación, en lugar de avivar la política, la embrutece. En ese punto no hace sino repetir tiradas antiparlamentarias, otrora postuladas con elegancia por Donoso- Cortés y Carl Schmitt. La política y la politización, aduce, lejos de empoderarnos, nos des-poderan, alejándonos de las esferas del poder. La solución salta a la vista: la democracia debe ser sustituida. En su rebuscada terminología, por una epistocracia. Vale decir, un gobierno elegido “por los que saben”.

No todos los ciudadanos deben ser electores, solo los que tienen preparación profesional, aduce Brennan. Más allá de que con esa recomendación Brennan corre el riesgo de negarse a sí mismo como elector, nos encontramos frente a un ataque a uno de los pilares de la democracia moderna: el sufragio universal. En fin, un libro que solo puede ser exitoso dentro del clima odioso creado en Estados Unidos por Trump y el trumpismo.

Sin embargo – y esto intranquiliza - Brennan tiene en un punto razón. Efectivamente, no todos los electores son democráticos. Y en determinados momentos los anti-democráticos pueden ser más numerosos que los democráticos. Quiere decir: toda democracia implica el riesgo de sucumbir en las manos de sus electores. De ahí que para proteger a la democracia de sus electores, hay que negar el derecho a voto a los menos competentes, aunque estos sean mayoría. En palabras simples: para defender a la democracia, habría que suprimir a la democracia. Una distopía que sin duda legitimaría las tesis pro-autocráticas del teórico de cabecera de Putin, Alexandr Dugin.

El riesgo de perder la democracia mediante la vía electoral, existe. En el siglo XX Mussolini y Hitler transitaron la vía electoral. Lo mismo se puede decir de las autocracias del siglo XXl. A diferencias de dictaduras militares del pasado reciente, las autocracias modernas se sirven de las elecciones para asaltar el poder. Putin, Erdogan, Orban, Lucazenzko, Maduro, Ortega, y tantos más, son autócratas electorales, incluso electoralistas. Pero a la vez - es lo que calla Brennan – para derrotar a esas autocracias, la única alternativa ha sido arrebatar su predominio numérico convirtiendo a las elecciones en una plataforma de luchas democráticas. Así ocurrió en la Polonia de los comunistas, en la Sudáfrica de los racistas, en el Chile de los pinochetistas.

Las autocracias pueden ser desactivadas con sus propias armas. En Bolivia, una oposición unida desenmascaró el fraude de Evo Morales y luego al presentarse desunida perdió las elecciones. En Ecuador, el autocratismo de Correa no fue derrotado por el conservador opusdeísta Gillermo Lasso, sino por el presidente centrista Lenin Moreno. Y en Venezuela, la oposición habría terminado hace tiempo con Maduro si hubiera continuado la vía que llevó a conquistar la AN en 2015 en lugar de sucumbir ante las tentaciones golpistas de la dupla antipolítica López/Guaidó y los oportunistas que los secundan.

Las elecciones pueden llevar a los autócratas al poder, es verdad, pero también pueden sacarlos de ahí. Sobre lo último Brennan no dice una sola palabra. La tenaz resistencia de las oposiciones democráticas de Rusia, Bielorrusia, Turquía, no existen para el anti-democrático politólogo. Su libro es, efectivamente, un panfleto en contra de la soberanía popular.

3. Lejos de las intenciones antidemocráticas de un Brennan, el politólogo Steven Levitsky, autor del libro “Cómo mueren las democracias” (en co-autoría con Daniel Ziblatt) también constata que las democracias, sobre todo las latinoamericanas, pueden ser perdidas a través de elecciones que consagran a populistas y demagogos en el poder. “En América Latina son gobiernos elegidos con los mecanismos de la democracia los que a veces tumban a la democracia”, afirmó en una reciente entrevista concedida a la BBC. Por cierto, constata que en América Latina hay más democracias que en periodos precedentes, pero a la vez, estas se ven cada vez más amenazadas por el avance de candidatos y movimientos antidemocráticos.

De acuerdo a un criterio estrictamente politológico, Levitsky cree encontrar una explicación en la debilidad de los estados latinoamericanos. Afirmación que abre una pregunta. ¿En dónde reside la debilidad y fortaleza de los estados? La respuesta parece encontrarla el autor en su funcionalidad. Así afirma: “Para mí el problema principal en casi todas las democracias de la región (Chile, Uruguay y Costa Rica son excepciones) es que son estados débiles que no funcionan bien”. Y agrega: “Es muy difícil cobrar impuestos, implementar políticas sociales, controlar la corrupción, mantener la seguridad pública y la gente se harta”.

El hartazgo de “la gente” sería según Levitsky el detonante que eleva al poder a demagogos cuya tarea principal es demoler a las débiles democracias de la región. Peo lamentablemente Levitsky no va más allá de sus descripciones politológicas. Un sociólogo podría afirmar por ejemplo, que los estados son débiles cuando las sociedades son débiles, entendiendo por debilidad de una sociedad la incapacidad de sus miembros para organizar e institucionalizar intereses, pasiones e ideales.

Sin asociaciones empresariales, sin sindicatos de trabajadores, sin organizaciones comunales y vecinales reconocidas y ligadas a las instituciones políticas y gubernamentales, todo estado está destinado a hundirse en el pantano de la disgregación social. En ese sentido, el problema de la debilidad de los estados sería el resultado de la precaria conformación de las sociedades nacionales sobre las cuales reposan. A una sociedad anómica debe corresponder una organización política anómica. Vistos desde esa perspectiva, los movimientos populistas serían la expresión lógica de sociedades desarticuladas conocidas como sociedades de masas (en el hecho sociedades sin asociaciones) en contraposición a las sociedades de clase (Hannah Arendt).

Ahora bien, la masificación (disolución o desintegración de clases y estamentos) siempre ha sido un remanente de la sociedad estructurada. El problema es cuando la masificación - y con ello, la política de masas - se convierte en tendencia predominante. Bajo esas condiciones, la noción de pueblo deja de ser política para transformarse en una simple noción demográfica.

Siguiendo el hilo de Levitsky, deberíamos distinguir entre estados estructuralmente débiles y estados políticamente debilitados. No es lo mismo. Los estados débiles son productos históricos cuyas raíces se remontan a tiempos remotos. Los estados debilitados en cambio, son productos de transformaciones sociales y políticas ocurridas en tiempos determinados. Nadie, por ejemplo, podría decir que en los EE UU había un estado débil antes de Trump. El estado, sin embargo, fue debilitado, tanto por el movimiento trumpista como por el gobierno de Trump. Con el advenimiento trumpista, la tesis de que el populismo es expresión política de naciones atrasadas, se vino al suelo. Desde Trump sabemos que no existe ninguna nación inmune a la amenaza nacional populista.

4. La regresividad de la democracia liberal hacia estadios no democráticos acecha en todos los países occidentales. En la política no existen vacunas anti-populistas. Y la paradoja es que - detalle que de modo rudimentario captó Brennan - la democracia puede ser destruida no solo por vías electorales, como afirma Levitsky, sino por la expansión ilimitada de la misma democracia. Esa es la tesis central presentada por Yascha Mounk, profesor de la Universidad John Hopkins, en su famoso libro “El pueblo en contra de la democracia”.

Mounk entiende al trumpismo, así como a otras expresiones nacional populistas de nuestra era, como un movimiento radicalmente democrático. No toda democracia es liberal, ni todo liberalismo es democrático es su bien construida premisa. Podríamos decir también, cuando la democracia es tan democrática que en su expansión llega al punto de arrasar con las instituciones republicanas, queda abierto el camino hacia el fin de la democracia. Así como los ciudadanos lo son en tanto se someten a determinados límites, las democracias solo pueden existir en el marco de limitaciones institucionales que de por sí no son democráticas.

La democracia significa en sentido literal, el gobierno del pueblo, pero el pueblo nunca podrá gobernar por sí solo. Solo puede hacerlo por delegación. Y ese sujeto, el de la delegación, pueden ser ciudadanos organizados en instituciones, pero también mesías redentores que llevan a la política más allá de todas las instituciones hasta llegar a unificar a sus propias personas con el estado.

5. Finalmente, no puedo callar la impresión de que todos los autores aquí mencionados parten de un malentendido. Y es el siguiente: La democracia es para ellos un orden de cosas más o menos establecido. Ninguno ha enfatizado que la democracia no es una cosa en sí, mucho menos un ideal al que los pueblos deben alcanzar, y en ningún caso, un orden político plenamente definible para todo tiempo y lugar.

La democracia, dicho de modo figurativo, es un edificio con diferentes departamentos. Muchos la definen como una forma de gobierno. Otros, como un tipo de estado. También como una relación entre sociedad civil y estado. Para algunos es el lugar del ejercicio ciudadano. Hay quienes sostienen que no puede haber democracia sin igualdad social. Para otros la igualdad debe limitarse a la igualdad de oportunidades. Y así sucesivamente. Lo cierto es que más allá de esas definiciones, o mejor dicho, precisamente porque hay tantas definiciones, nunca podrá haber una democracia perfecta.

Me atrevería a agregar que precisamente son las imperfecciones de toda democracia las razones que la hacen posible. Pues no puede haber democracia sin luchas democráticas y las luchas democráticas aparecen cuando las imperfecciones de la democracia son visibles y modificables. El día en que termine la lucha por la democracia, se acabará la democracia.

De alguna manera estamos asistiendo solo al final de una fase en el permanente proceso que lleva al discurso democrático. Las transformaciones que han tenido lugar en la era digital han modificado radicalmente el cuadro social que prevalecía en la era industrial. Han aparecido múltiples sectores sociales y culturales que ya no caben en el formato de la triada que dio estabilidad a las naciones occidentales. Me refiero a la conjunción de las tres vertientes políticas de la modernidad: la conservadora, la liberal y la socialista. Tales vertientes no han desaparecido ni desaparecerán en un plazo inmediato. Pero ya no bastan para representar a la totalidad de las demandas sociales y culturales de cada nación. No hay por lo mismo casi ninguna nación democrática que no padezca de vacíos de representación política.

Esos vacíos intentan ser ocupados con partidos-siglas, o con partidos-cometas que desaparecen y aparecen de una elección a otra. En diversos lugares emergerán formaciones políticas sustitutivas, como parece ser el caso de los verdes alemanes y franceses. En otras naciones tendrán lugar transiciones que llevarán hacia nuevas formas de asociación. Y habrá algunas, lo estamos viendo, donde sus actores serán arrastrados por olas anti-democráticas. El malestar en la democracia, como todo malestar puede llevar a su agravamiento como también a su superación. ¿Cómo será la democracia predominante del futuro? Imposible decirlo.

El futuro es una novela que no puede ser escrita por nadie.

15 de abril 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2021/04/fernando-mires-la-imposibilidad...

¿Cuál ha sido la relación entre los empresarios y la política en los últimos tiempos? ¿Debería haber una relación o es preferible que sean como agua y aceite? ¿Quiénes son mejores presidentes, los empresarios o los políticos? En Venezuela no hemos tenido empresarios que hayan sido presidentes de la república. Lo más parecido fue cuando Eugenio Mendoza estuvo pocos meses en la Junta de Gobierno de 1958, así como la fugaz presidencia de Pedro Carmona en el 2002. Sin embargo, si ha existido una relación estrecha de empresarios con presidentes y con actores políticos. Así mismo, han ocurrido confrontaciones.

Cipriano Castro encarceló a varios banqueros por no aprobar un préstamo a la nación. Los empresarios “reflexionaron” y cedieron. Uno de ellos, Manuel Antonio Matos, quedó reconcomiado e intentó derrocar al Cabito. A partir de 1927 aumentó gradualmente el ingreso petrolero, lo cual permitió al Estado incursionar como empresario, aunque generalmente fracasado. Frecuentemente estableció medidas de control a las importaciones de materia prima y de productos elaborados. Cuando se implementó el control de cambio, muchas veces se otorgaron divisas de acuerdo con la relación del empresario con el gobierno de turno.

El empresariado se vio obligado a contar con intermediarios con buenas relaciones con el sector gubernamental. Como era de esperar, esto fue un terreno abonado para la corrupción. A pesar de todo, siempre ha habido empresarios honestos. En el pasado, pocas veces los empresarios confrontaron con los gobiernos, porque estos respetaban la propiedad privada. Este escenario cambió cuando Hugo Chávez, en forma arbitraria aprobó 49 Decretos Leyes, muchos de ellos violatorios de la Constitución.

Ante esta circunstancia, ¿qué actitud debían asumir los empresarios y los ciudadanos en general? ¿Acatar sumisamente o intentar que el gobierno revirtiera esos Decretos? Los demócratas intentaron convencer al incipiente dictador de que ese no era el rumbo, pero Chávez requería debilitar al sector privado. En defensa de la democracia, Fedecámaras, organización que incluye las diferentes Cámaras de comercio y producción, confrontó al gobierno con paros cívicos y apoyando marchas de protesta. Como consecuencia, Pedro Carmona y Carlos Fernandes, presidentes de esa organización, fueron apresados y tuvieron que exiliarse.

Se iniciaron las expropiaciones de empresas y de fincas, sin compensación. Los casos más conocidos fueron los de Radio Caracas Televisión y Agroisleña. Otros empresarios, acosados, tuvieron que vender, como los propietarios de Globovisión, de Últimas Noticias, de El Universal y de varios bancos. El Nacional resiste los embates de Trucutú Cabello, quien quiere apoderarse de ese periódico. Ante estos atropellos, muchos empresarios han tenido que ceder, despidiendo a periodistas, cambiando directores y gerentes, así como autocensurándose. Recuerdo que, ante una protesta de Gente del Petróleo, un empresario contestó “qué quieren, ¿que nos inmolemos?”. Quizá tenía razón, ya que del empresariado dependen muchos trabajadores y, además, es preferible contar con un sector privado disminuido a que el régimen termine de apoderarse de todas las empresas.

El dilema para un empresario, como para cualquier ciudadano, es hasta qué punto ceder. Lo que es inaceptable es que se pliegue a la dictadura apoyándola o incurriendo en corrupción. Criticar que Fedecámaras se reúna con el gobierno usurpador no es justo. En un país donde el que detenta el poder es “dueño de vidas y haciendas”, no queda otra que acudir a una reunión cuando se es convocado. Lo censurable es que cedan en principios y valores, prestándose a sinvergüenzuras o que declaren su apoyo al usurpador. Afortunadamente, la mayoría de nuestros empresarios se mantienen lo más alejado posible del régimen.

Desde luego hay casos vergonzosos, como el de César Parra, presidente de la Cámara Petrolera del Zulia quien declaró que “el problema es que ellos (los petroleros) eran una élite con buenas viviendas y campos deportivos”. Pareciera que Parra, para congraciarse con el régimen, predica que hay que nivelar por abajo. Mientras el venezolano que vive en un rancho lucha para tener una mejor vivienda, canchas deportivas para sus hijos y centros culturales, Parra quiere que se mantengan los ranchos y que los jóvenes estén ociosos y sean captados por la delincuencia. También es inaceptable que empresarios se plieguen al oficialismo para conseguir contratos en condiciones que perjudican al país o que promuevan proyectos que solo son rentables con subsidios del Estado. Desde luego, también abundan las empresas de maletín.

Es frecuente escuchar que los políticos son malos gerentes porque no han manejado ni una cantina escolar. Sin embargo, cuesta identificar a empresarios que hayan sido buenos gobernantes. Todo lo contrario, abundan los que fracasaron. Lamentablemente, por lo general tampoco los políticos lo han hecho bien. En Hispanoamérica muy pocos gobernantes han sido exitosos. En Venezuela, en los últimos 120 años hemos tenido presidentes civiles y militares, demócratas y dictadores. Unos lo han hecho mejor que otros, pero seguimos dependiendo del petróleo y persiste la desigualdad social y la pobreza.

Nuestro país está destruido. Para su recuperación requiere, entre otras cosas, contar con un empresariado con firmes valores éticos, que se juzguen a sí mismos, como predica Víctor Guédez, cuyas publicaciones deben ser de consulta obligatoria.

Como (había) en botica:

El Pacto para el restablecimiento constitucional que promueve Enrique Colmenares es una buena iniciativa, pero para que tenga éxito debe ser una convocatoria en la que participe la unidad opositora.

La dictadura quiere exigir a las ONG que rindan cuentas ante la Oficina contra la Delincuencia y financiamiento al Terrorismo. El objetivo es intimidar a quienes las apoyan.

Ya se encuentra en Amazon el libro ¿Quién destruyó a Pdvsa?, balance de la gestión de Rafael Ramírez, promovido por Gustavo Coronel y artículos de varios autores.

Lamentamos el fallecimiento de Alex Cazorla, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com