La semana pasada celebramos, comentamos y criticamos el pronunciamiento en el cual los partidos políticos de la oposición democrática ratificaron su compromiso de lograr una alianza unitaria y su propósito de construir o ampliar su coalición a un mayor número de partidos e incorporar a la sociedad civil para lograr unas elecciones libres y la ayuda humanitaria que demanda el país.

Debo reconocer que me ha decepcionado algo el “frio” recibimiento que ha tenido el documento. Esperaba mayores reacciones, más numerosas y fuertes, a favor o en contra, que las que he visto “circular” en redes sociales o en los artículos de opinión de los hoy llamados “influencers”. Quizás lo debamos atribuir a esa situación de la cual habla el Padre Ugalde en su más reciente artículo (“La hora de José Gregorio”, El Nacional, 15 de abril de 2021) y que lo lleva a invocar al Santo para implorarle el milagro que necesitamos para sacudirnos de esa “parálisis que nos mata”.

Concluí mi artículo de la semana pasada señalando que nos queda ahora una tarea pendiente: llevar la discusión a todos los niveles, en partidos y organizaciones de la sociedad civil, de donde surgirán las propuestas de acciones concretas, sobre las cuales reconstruir la oposición. No es esa, claro está, la única tarea pendiente, ni la única dificultad que encontramos en la tarea de reconstruir a la oposición democrática; pero, llegado a este punto debo abandonar el tema y dejarlo aún “pendiente” para una próxima ocasión, pues ahora se ha presentado otro, cuya urgencia merece nuestra atención.

Ya he dicho en otras ocasiones que, la de arremeter en contra de los ciudadanos y sus organizaciones, siempre ha sido una de las estrategias del régimen. Se ha valido para ello del TSJ, que a través de varias sentencias ha venido moldeando, “rebanando” y restringiendo, considerablemente, el concepto de sociedad civil e “interpretando” a su “estilo” la constitución y las leyes, han venido disminuyendo, confiscando o menoscabando diversos derechos ciudadanos, especialmente −pero no solo, como ya dije− derechos electorales.

A principios de este año comentamos, y buena parte del país reaccionó, frente a la agresión de los cuerpos represivos del estado en contra de los comedores de Caracas Mi Convive −Alimenta la Solidaridad− en Miranda y Azul Positivo, en el Zulia, entre otras.

No se puede decir que se ha “conjurado” ese peligro −pues con este régimen nunca se “conjuran” sus desmanes−, pero al menos pasada esa emergencia, nos enfrentamos ahora a otra; esta vez revestida de Providencia Administrativa que pretende, o mejor dicho, establece la creación de un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todo ese largo nombre para indicar el organismo ante el cual deben registrarse las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y consignar una serie de recaudos y documentos como: acta constitutiva, estatutos, un listado de las organizaciones, nacionales o extranjeras de las cuales reciban aportes o donaciones, además de identificar a los beneficiarios de la acción de las actividades de la organización y varios más.

Desde luego que lo establecido en esta norma, de carácter sub legal, como lo es una “providencia administrativa”, es completamente inconstitucional, pero demuestra una vez más y perfectamente, cual es la verdadera posición del régimen con relación a la sociedad civil.

No sabemos que alcances pueda tener este nuevo dislate gubernamental, pero, se nos ocurren dos hipótesis. Una es que, a lo mejor, está “Providencia”, que nada tiene de providencial, es desechada y su autor o autores −que pretendieron ganarse el cielo con esa locura− corren la misma suerte del alcalde de Yaracuy, aquel que marcó las casas de los contagiados de covid, como si se tratara de familias listas para ser conducidas a un campo de concentración; bajo la filosofía de “atajen a sus locos” los autores de esta pudieran enfrentar −al igual que el alcalde nazi− alguna acusación, de mentiritas, por supuesto, por parte de la Fiscalía ilegítimamente designada por la ANC.

La segunda hipótesis es que, como este régimen “no da puntada sin dedal” y acostumbra lanzar “globos de ensayo”, si no se producen reacciones, seguirá adelante con esta idea, que encaja perfectamente con su mentalidad de “control y represión”, de sembrar miedo con este nuevo intento de institucionalizar el “sapeo”, bien conocido por los venezolanos y al cual es muy aficionado este régimen.

Como quiera que no sabemos cuál de las hipótesis −sino ambas− resultará cierta, lo mejor es que no nos quedemos inertes frente a la situación y procedamos de inmediato, contra esta disposición. Se me ocurren tres vías:

– dar a conocer, difundir, nacional e internacionalmente esta nueva locura e intento de control y represión por parte del régimen, para que nadie quede desprevenido frente a esta posible o real amenaza;

– aunque la experiencia nos indique que acudir al TSJ del régimen a demandar y pedir justicia es inútil, creo que podría causar impacto que una buena cantidad de organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales tienen buenas conexiones internacionales, acudan a esa instancia judicial a demandar por inconstitucional, por ilegal, la nulidad de esa Providencia Administrativa.

– de igual manera, la mayor cantidad posible de organizaciones de la sociedad civil debemos dirigirnos a la Oficina de las Naciones Unidas que encabeza Michelle Bachelet, y a otras organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, para denunciar esta nueva violación de los derechos de los ciudadanos.

Aunque las apelaciones a esas instancias, me refiero al TSJ y algunos organismos internacionales, no surten mucho efecto, al menos contribuiremos al esfuerzo por recopilar, sistematizar y relatar, todo lo que se ha escrito y dicho, que ha sido mucho, acerca de cómo el llamado socialismo del siglo XXI ha ido destruyendo al país. Muchos se quejan que de la democracia iniciada en 1959, no quedó una buena historia escrita, una narrativa completa; no podemos permitir que lo mismo ocurra con las tropelías del régimen iniciado en 1999, que ha destruido el país.

De todo este desastre debe quedar una historia, una narrativa, una crónica, un buen relato de lo ocurrido.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

1. Una colega periodista, a la que le guardo mucho respeto y admiración, me emplaza a responder su inquietud: “Qué le pasa a Jesús Seguías”. Ella llegó a la conclusión que mis opiniones vertidas por diferentes redes sociales están “cargadas de sospechas”, preguntándose a la vez: “¿a quiénes benefician esos comentarios de Jesús Seguías?”, aconsejándome finalmente que, por el hecho de ser investigador de la opinión pública, debo ser “un consultor más imparcial”. Me permito, por tanto, y de la manera más cordial pero diáfana exponer “lo que me pasa”.

El deber ser

2. Ciertamente, lo más aconsejable es que un consultor dedicado a la investigación política y a medir la opinión pública vea “los toros desde la barrera” y emita juicios desprendidos de cualquiera parcialidad. Eso es lo correcto en un país normal. Y es lo que yo más quisiera, especialmente porque renuncié al activismo político hace muchos años. No ha sido fácil para mí estar involucrado en una diatriba que la mayoría de las veces resulta estéril y cansona.

Lo que me pasa

3. También debo recalcar que no tengo afanes protagónicos, ni pretendo dar “órdenes” a ningún político, especialmente por aquello de que cada quien es arquitecto de su destino, y nadie cambia a nadie. Pretender cambiar a alguien es tiempo perdido, pues la decisión del cambio es muy personal y voluntaria.

4. Asimismo, debo resaltar que no soy candidato a nada, no soy político de oficio (ni tengo planes de serlo), ni llevo en mi mente el “gusanillo de la fama y el poder” (hace muchos años lo derroté). Simplemente soy un ciudadano que se siente muy preocupado por la crisis y sufrimiento del país, y las más de las veces defraudado por el desempeño de nuestros políticos en general. Obvio, hay muchas excepciones en todo el país, lo cual mantiene viva la esperanza de un cambio.

¿Por qué opino sobre política?

5. En primer lugar, opino porque la mega crisis por la que atraviesa Venezuela no es cualquiera crisis. Se trata de un quiebre total del país. Es una crisis provocada por una estructura política envejecida (nada que ver con edades) que se niega a cambiar.

6. El punto clave es que el caos generado por esa crisis no sólo afecta a los políticos de oficio que lo provocaron (de ser así estaría muy calladito) sino a todos los venezolanos por igual, incluyéndome a mí en lo particular. Y eso ya es otra dimensión del problema. De manera que permanecer callado en esas condiciones es un pecado capital para un ciudadano. Creo que es lo mismo que le ocurre a otros excelentes investigadores de opinión pública en Venezuela, los cuales se ven obligados a opinar ante una tragedia que les afecta también.

7. En segundo lugar, aun cuando no soy político de oficio, opino porque tengo formación política de larga data, por experiencia viva y por academia. De manera que conozco el tema, y creo que puedo hacer aportes incondicionales en estos momentos cruciales para Venezuela.

8. En tercer lugar, opino porque soy periodista. El periodismo es investigación pura. La Escuela de Periodismo de la UCV me introdujo en el campo de la investigación cualitativa y cuantitativa. El profesor Rosas Marcano me sembró el “gusanillo” de la investigación… hasta el sol de hoy. Pero los periodistas, es decir, los investigadores también opinamos. Mi colega periodista -excelente investigadora- es un ejemplo de ello ¿Eso significa que si ella opina queda descalificada como investigadora? Ambos sabemos que no.

9. Lo que sí tenemos prohibido los investigadores (y cualquier ciudadano) es mentir, manipular las informaciones, incurrir en el “palangre”, manosear cifras, o sea, vender al mejor postor nuestra dignidad profesional (mis padres y mi profesora de ética Gloria Cuenca me dejaron un legado ético indeleble).

10. En ese sentido, Datincorp y su excelente equipo de trabajo están muy bien plantados en todos los países donde opera. Nadie, absolutamente nadie puede acusarnos de manejos indebidos de la data. Ya nos conocen. No hay dinero en el mundo que pueda alterar esta conducta ética.

¿Qué es lo que preocupa a algunos realmente?

11. Estoy convencido que en realidad lo que molesta a algunos no es que un periodista, un “encuestador”, es decir, un investigador de la opinión pública opine sobre temas que conoce. Lo que realmente preocupa es el contenido de la opinión que emite y la proyección que pueda tener en la opinión pública, especialmente cuando el tiempo y los hechos han dado validez a esa opinión. No debiera preocupar. Todo lo contrario. Pero así es el complejo mundo del poder.

12. Me parece muy normal que una periodista o cualquier ciudadano, defina estar al lado de la política impulsada por Juan Guaidó. Es su derecho. Y quiero creer que cuando la colega me emplaza a definir lo que me pasa, lo hace con la idea que yo genere una respuesta satisfactoria y despeje dudas. Y eso es lo que intento. Pero si el objetivo es tejer un manto de dudas sobre mi dignidad y honradez como recurso para descalificar mis criterios, eso ya es no jugar limpio, por decir lo menos. Es inaceptable.

13. Lamentablemente algunos actores venezolanos, ante el fracaso de sus planes políticos y el caos provocado por ello, en vez de optar por la humilde rectificación y reconocimiento de sus errores para avanzar en otra dimensión, dieron rienda suelta a la intolerancia, al insulto, a la descalificación grosera, para impedir que voces y/o actores disidentes estorben en el camino irreductible que han emprendido por el control del poder.

14. En Venezuela se ha activado una campaña de extorsión (nada espontánea, por cierto) contra todos los que osen pensar y actuar diferente a un grupo de actores políticos, y donde el castigo es la destrucción moral del disidente. Nadie se ha salvado de ese Gulag (ni el Papa siquiera, válgame Dios) ¿De cuál dictadura estamos hablando entonces? ¿Los chavistas son los únicos intolerantes y autoritarios? ¿En serio?

¿Y qué es lo que busco?

15. Dos datos de alto interés. Más de 80% de los venezolanos no confían en los dirigentes políticos en general. Asimismo, casi 60% no quiere saber nada ni del gobierno ni de la oposición. Es decir, el país está en este momento huérfano de un liderazgo confiable. Es preocupante que eso esté ocurriendo justo en el peor momento de nuestra historia. Y eso es parte de “lo que me pasa”. Lo único que pretendo con mis opiniones, por tanto, es conminar en mi rol de ciudadano a los políticos de oficio para que hagan lo correcto.

16. ¿Y qué es lo correcto? Que los políticos cumplan con su misión primaria, mínimo: Que el gobierno gobierne y resuelva problemas en vez de seguir fabricando crisis a granel y alimentando confrontaciones basadas en un cementerio de ideas muertas, y que la oposición haga oposición asertiva, exitosa, y responsable. Hacer lo contrario a esto entra en el terreno de lo incorrecto. Tan sencillo como eso.

17. Nadie, absolutamente nadie (ni Nicolás Maduro siquiera) duda que el gobierno tiene la mayor responsabilidad de la mega crisis que padecemos todos los venezolanos, pero eso no exime a la oposición de responder con coraje por sus propios errores, porque tras esos errores lo que ha venido a continuación es la consolidación de un gobierno desastroso. De manera que no son precisamente mis opiniones las que trabajan a favor del gobierno.

18. A mi colega en lo particular le sigo profesando respeto y cariño. Paso por alto todas sus infundadas sospechas, comprendo que eso es resultado del caos que vivimos como nación. Sólo le pido que no se falle en estos momentos de confusión y desvarío.

@JesusSeguias

Luis Adrián Duque. El nombre del alcalde oficialista del municipio Sucre del estado Yaracuy no era conocido fuera de la localidad de Guama, pero eso cambió el pasado 7 de abril; desde entonces el funcionario se ha hecho conocido en medios nacionales e internacionales. ¿La razón? Su cuestionada decisión de difundir un video en el que se le ve marcando casas de personas contagiadas con COVID-19 para asegurarse que guarden la respectiva cuarentena. Se trata de una acción contraria a los derechos humanos y que ya le ha ganado una investigación por parte del Ministerio Público (MP).

«Todas las viviendas donde tengamos un paciente con COVID, aquí alerta, pues, a cuidarnos, por nuestra salud. La conciencia es la mejor vacuna para todos», dijo el funcionario en el video, acompañado por un efectivo de la Guardia Nacional. Mientras, señalaba un cartel que decía «Familia en cuarentena preventiva (no se aceptan visitas)», que acababa de pegar en una pared.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el mandatario local advirtió que los contagiados que no cumplan con la cuarentena serían multados con tres días de trabajo comunitario, a lo que añadió lo siguiente:

«si reinciden, le vamos a hacer un videíto y le vamos a suspender la bolsa de comida y el gas. Si creen que es una medida inconstitucional, vayan al contencioso administrativo, yo les meto desacato a la autoridad y serán puestos a la orden del Ministerio Público. Hay que ser conscientes».

El ejemplo de Duque fue seguido por su compañero de partido y alcalde de San Felipe, Rogger Daza. Estas acciones generaron tal alarma que forzaron al fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, a abrir una investigación penal contra el alcalde del municipio Sucre por discriminar a la población.

Violaciones de derechos al por mayor

La actuación de los alcaldes va a contra corriente de las Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por Covid-19, dictadas por la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, en las que contempla que «las respuestas políticas al brote de Covid-19 que estigmatizan, excluyen y hacen que ciertas poblaciones sean más vulnerables a la violencia son inexcusables, inconcebibles e inconsistentes con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos».

En el mismo sentido, la alta comisionada Michelle Bachelet, con ocasión del 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, advirtió que para la recuperación sanitaria de la pandemia «se debe eliminar toda forma de discriminación, erradicar los sistemas y estereotipos costosos, humillantes, carentes de fundamento y totalmente improductivos que perjudican la salud».

Desde Acceso a la justicia alertamos que estas medidas de persecución y estigmatización hacia los enfermos de COVID-19 también violan la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela. Debemos recordar que el derecho a la salud está consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia del caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, del 23 de agosto de 2018, estableció lo siguiente:

«(el) derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Este derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad».

El artículo 83 de la Constitución también reconoce el derecho al ordenar al Estado a tomar medidas que aseguren el acceso a los centros, bienes y servicios de salud.

Los marcajes de las casas de los enfermos de coronavirus también violan flagrantemente el artículo 21 de la carta magna, el cual indica que:

«Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona».

Por su parte, el artículo 69 de la Ley Orgánica de Salud establece que los pacientes tendrán el derecho al «respeto a su dignidad e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de tipo geográfico, racial, social, sexual, económico, ideológico, político o religioso» y a «ser asistido en establecimientos de atención médica donde exista la dotación adecuada de recursos humanos y equipos a sus necesidades de salud, aun en situación de conflictos laborales». Por lo visto, ello es desconocido por los mandatarios locales.

Tomando en cuenta lo anterior, Acceso a la Justicia considera importante señalar que estigmatizar a los pacientes de COVID-19 marcando sus hogares configura una vulneración a la dignidad de la condición humana de los enfermos, aparte de que los revictimiza, conducta absolutamente ajena al bienestar que el Estado debe proporcionar a los pacientes mediante medidas ciertas y oportunas que brinden una atención de salud digna y debida.

Copiando los peores ejemplos

Como hemos dejado en claro, consideramos que los alcaldes Duque y Daza han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, al tiempo que han vulnerado principios constitucionales como el de la legalidad (artículo 137) y el de separación de poderes (artículo 136), por cuanto pretendieron imponer sanciones no previstas en ninguna norma, convirtiéndose en jueces y verdugos.

También señalamos que lo ocurrido en Yaracuy se asemeja a algunas de las medidas adoptadas por la Alemania nazi, que impuso a los judíos la obligación de portar una estrella de David amarilla en sus vestimentas para poder reconocerlos y diferenciarlos del resto de la población. Esta acción fue el preludio de la deportación y exterminio de este colectivo en Europa.

No obstante, no es necesario citar los peores ejemplos de la historia universal, pues lamentablemente las prácticas estigmatizantes en Venezuela tampoco son nuevas. Un caso emblemático es el de la lista Tascón, una herramienta de segregación que consistió en divulgar la identidad de casi cuatro millones de venezolanos que habían firmado en 2003 la solicitud para activar el referendo revocatorio contra el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.

El acceso a los nombres y apellidos de millones de ciudadanos que habían manifestado su voluntad de activar el referendo presidencial permitió al Gobierno despedir a funcionarios públicos o negarle beneficios a todo aquel ciudadano que hubiera estampado su firma en la solicitud. Unas medidas que le valieron al Estado venezolano una condena por parte de la Corte IDH.

El marcaje de las casas de los enfermos de COVID-19 viola también el derecho a la privacidad, consagrado en el artículo 60 constitucional, en el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Dicha garantía busca que nadie sea objeto de injerencias arbitrarias o abusivas, ni por parte del Estado ni de otras personas en su vida privada e intimidad.

Vale la pena recordar que la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sentencia n.º 28 del 20 de enero de 1998, condenó al Ministerio de la Defensa por discriminar a un grupo de militares portadores del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA):

«Considerando la gravedad de la enfermedad y hasta ahora, generalmente, su fin mortal, debe adoptarse un comportamiento digno y no lesionar la condición del ser humano en su honorabilidad, reputación y estimación (frente a sí mismo y frente a los demás). En este sentido, se recuerda el respeto del derecho a la vida privada, tratado con anterioridad en el contexto del secreto del estado de salud, Ahora, sin embargo, esta misma vida privada se considera en el ámbito del comportamiento ético de los demás, en conocimiento del diagnóstico, en relación con la dignidad de la persona humana, portadora del VIH/SIDA».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

No es casualidad que regímenes autoritarios estigmaticen y criminalicen a sectores de la población. Durante la pandemia, el Gobierno de Maduro ha hecho gala de esta práctica, por ejemplo, cuando a mediados de 2020 responsabilizó a los retornados venezolanos que volvían al país por vías irregulares del aumento de los casos de COVID-19 en el país. En el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) incluso llegaron a calificarlos como «bioterroristas», e instaron a los ciudadanos a ubicarlos y denunciarlos. Son acciones que forman parte de una estrategia de control y dominación de la sociedad.

En Acceso a la Justicia consideramos que lo ocurrido en Yaracuy es otra manifestación de esa política de discriminación y exclusión, que afecta no solo a los contagiados de COVID-19 sino a todas las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad en el país.

Consideramos oportuno exigir una rectificación del Gobierno nacional y que deje de buscar enemigos por la actual crisis, y nos sumamos a la petición de amplios sectores de la sociedad que reclaman la puesta en marcha de un plan de vacunación masiva, única solución a la pandemia. Reclamamos que dicho plan siga las directrices dictadas por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado 6 de abril, en su resolución 1/2021 señaló que es obligación estatal asegurar la distribución a las vacunas y su acceso equitativo y universal, abstenerse de tratos discriminatorios y crear condiciones de igualdad real para quienes han sido históricamente vulnerados en sus derechos o que se encuentran en mayor riesgo de sufrir discriminación.

Por último, creemos que la investigación que el MP anunció contra el alcalde Luis Adrián Duque es una oportunidad para corregir abusos y comenzar a cumplir con su rol institucional de perseguir a quienes quebrantan la ley, sin importar su carnet partidista.

16 de abril 2021

https://accesoalajusticia.org/marcar-viviendas-contagiados-covid-19-supo...

A partir del 1 de septiembre, los empleados de Google que deseen trabajar desde casa durante más de 14 días tendrán que presentar una solicitud formal.

Fiona Cicconi, jefa de recursos humanos de Google, escribió hace unos días a los empleados de la compañía para anunciarles que se adelantaba su calendario para volver a la oficina.

A partir del 1 de septiembre, les dijo, aquellos que deseen trabajar desde casa durante más de 14 días tendrán que presentar una solicitud formal.

También se espera, añadió, que los empleados "vivan a una distancia que les permita desplazarse diariamente" a las oficinas. Así que nada de cócteles en la playa con una computadora portátil.

El mensaje quedó claro: puede haber más flexibilidad que antes, pero la mayoría de los trabajadores tendrán que ir a la oficina.

Esa idea parece ir en contra de gran parte de lo que escuchamos de los ejecutivos de Silicon Valley el año pasado, cuando defendieron las virtudes del trabajo remoto.

Por ejemplo, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, fue noticia en todo el mundo en mayo pasado, cuando dijo que los empleados de la red social podían a partir de entonces "trabajar desde casa para siempre".

Se especuló que después de la pandemia de covid-19, la "nueva normalidad" para las empresas de Silicon Valley sería una fuerza laboral fuertemente orientada al trabajo remoto, con solo un mínimo de personal en la oficina.

Cada vez parece más claro que eso no va a suceder.

Muchos pensaron que la "nueva normalidad" para Silicon Valley podría ser una fuerza laboral fuertemente orientada al trabajo remoto, pero cada vez parece menos probable.

Y es que, si nos fijamos bien en las declaraciones de los jefes de las tecnológicas, hay matices que la prensa había pasado por alto.

Por ejemplo, cuando Dorsey dijo que los empleados de Twitter podrían trabajar en casa "para siempre", agregó: "Si nuestros empleados desempeñan un rol que puedan desempeñar desde casa y están en una situación que les permita hacerlo".

Es una condicionante bastante importante.

Y, de hecho, Twitter aclaró que espera que la mayoría de su personal pase algún tiempo trabajando desde casa y algún tiempo en la oficina.

Casi todas las empresas de tecnología de Silicon Valley afirmaron que ahora están comprometidas con el trabajo "flexible" o "híbrido".

El problema es que esos términos pueden significar casi cualquier cosa.

¿El viernes libre? ¿O una relación de trabajo completamente diferente con una oficina física?

Microsoft prevé que "trabajar desde casa parte del tiempo (menos del 50%) será el estándar para la mayoría de los puestos" en el futuro.

Hay mucho margen de maniobra en las palabras "menos del 50%".

Amazon también les comunicó a sus empleados lo siguiente: "Nuestro plan es volver a una cultura centrada en la oficina como estándar. Creemos que nos permite inventar, colaborar y aprender juntos de manera más efectiva".

No es exactamente un respaldo rotundo a la nueva era del trabajo desde casa.

Parte de la duda es que, aunque muchos empleados quieren más flexibilidad, todavía no está del todo claro qué tipo de modelo funciona para las empresas.

"Ninguno de nosotros lo ha podido resolver", dijo Carolyn Everson, vicepresidenta global de ventas de Facebook, al hablar de los arreglos actuales para trabajar desde casa.

"Estamos inventando sobre la marcha".

El atractivo del trabajo remoto

Prithwiraj Choudhury, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y defensor del trabajo remoto, dice que las compañías de tecnología llevan mucho tiempo a la vanguardia de este modelo.

"Los primeros que lo adoptaron y las empresas que están siguiendo este modelo de trabajo remoto y construyen la organización en torno a él tendrán una gran ventaja para atraer talento", dice.

Esa es ciertamente la esperanza.

Ninguna empresa de tecnología quiere perder empleados capaces frente a rivales que les permitan trabajar de manera más flexible.

Empresas como Spotify son las que ahora ofrecen prácticas laborales más "flexibles" a su personal.

"Nuestros empleados podrán trabajar a tiempo completo desde casa, desde la oficina o combinar ambas modalidades", dijo la compañía en un comunicado reciente.

"La combinación exacta del modo de trabajo en casa y en la oficina es una decisión que cada empleado y su gerente toman juntos".

Pero también agregó: "Es probable que haya que hacer algunos ajustes en el camino".

Entonces, la definición del trabajo flexible de Spotify es muy diferente a la de Google, que a su vez es muy diferente a la de Amazon.

Para algunos expertos, el trabajo remoto es una gran oportunidad para atraer talento.

Trabajar desde casa cuando no hay una oficina abierta es una cosa. Pero el trabajo remoto se pondrá realmente a prueba cuando las oficinas comiencen a abrirse, digamos, al 50% de su capacidad.

Cuando las reuniones se lleven a cabo en parte en persona y en parte por Zoom, ¿funcionará la dinámica tan bien?

Y cuando algunos miembros del equipo traten con los gerentes cara a cara, ¿los trabajadores remotos se sentirán en desventaja?

Por qué el ambiente tóxico en el trabajo te sigue a casa

Hace unas semanas IBM anunció su propuesta de sistema de trabajo remoto, con el 80% de la fuerza laboral trabajando al menos durante tres días a la semana en la oficina.

"Cuando la gente trabaja en remoto, me preocupa cuál será su trayectoria profesional", dijo el director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna.

"Si quieren convertirse en gerentes, si quieren tener cada vez más responsabilidades o si quieren construir una cultura dentro de sus equipos, ¿cómo vamos a hacerlo de forma remota?", se preguntó.

Curiosamente, estamos a punto de descubrir qué funciona y qué no, porque las empresas de tecnología están adoptando muchos enfoques diferentes.

Y como gran parte de la vida moderna, otras empresas están mirando hacia la costa oeste de Estados Unidos para ver qué funciona aquí y qué no.

16 de abril 2021

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56649885

Al Observatorio de los Derechos Humanos de la ULA

Los hechos han ido mostrando como la utopía digital, bordada de esperanzas cuando apareció la internet, ha ido mostrando su cara distópica y poniendo sobre la mesa planetaria un asunto cuya relevancia es difícil de exagerar.

Se desarma la democracia

Distintos organismos internacionales han constatado que el Coronavirus ha infectado también a la democracia, exacerbando tendencias que ya venían de antes. Los índices de autoritarismo se han elevado de manera notable, al punto que pareciera que la democracia ha sido colocada entre paréntesis en algunas naciones, a la par que se ha reforzado el autoritarismo ya existente en otras. La revolución digital (inteligencia artificial, los algoritmos, la robótica, los datos…) reconfigura progresivamente el poder político, expresado en populismos de izquierda y de derecha, despachando la intermediación institucional, propio del sistema democrático y sustituyendo la condición ciudadana por lo que se ha definido como el “dataísmo”.

Nos acercamos a una sociedad trenzada en torno a la vigilancia, en nombre del orden y la seguridad. Lo anterior, de acuerdo a lo expresado recientemente por el filósofo Daniel Inneraity “… aparece como una posible pérdida masiva del control sobre nosotros mismos y una transferencia de nuestro auto gobierno hacia unos algoritmos opacos, unas máquinas irresponsables y una destrucción de nuestro ya precario contrato social.”

Reformular los derechos humanos

En la nube, como se identifica a ese amontonamiento de silicio, cables y metales, es donde se atesoran los millones de datos que permiten observar la vida de los terrícolas, sin la autorización de éstos, por cierto. Desde allí resulta factible auscultar lo que es cada quien, mediante informaciones que antes solo eran accesibles a los propios individuos y que ahora se encuentran a la mano de observadores externos (gobiernos, empresas), que los recogen y clasifican, empleándolos para manipular y predecir la conducta humana.

Por otro lado, la mentira, que, de acuerdo a los historiadores, fue inventada desde los tiempos de Adán y Eva, se ha sofisticado gracias a las innovaciones digitales, abriéndole el paso a la era de la post verdad, en la que se versiona la realidad a fin de que no se parezca a ella misma, dañando seriamente la textura de la democracia, y probando que no hay medio más eficaz de ejercer el poder que contando con la facultad para establecer lo que es cierto. Así, se erosiona la privacidad y se constriñe peligrosamente el libre albedrío.

Emerge, entonces, la necesidad de repensar los derechos humanos, ajustándolos a las nuevas condiciones, que incluyen, cabe mencionarlo, aunque sea de pasada, las perspectivas que afloran desde la evolución del conocimiento sobre el cerebro y de los mecanismos para intervenirlo, colocando en el tapete la defensa de los neuro derechos.

Las elecciones según Xi Jinping

Se dice, pues, que la democracia regida por las matemáticas es más representativa que la tradicional democracia representativa. Que las elecciones no tienen mayor sentido, tal como expresó el Primer Ministro chino, alegando que la opinión ciudadana puede expresarse diariamente y ser procesada desde el poder político, planteando así un debate imprescindible con muchas interrogantes, respecto a las que ya empiezan a aparecer algunas respuestas.

El proceso de transformación descrito en estas cortas líneas está siendo instrumentalizado por empresas y gobiernos. Desde las ciencias sociales y humanas se interroga si bajo la promesa de hacernos la vida más fácil, se está cambiando lo que denota al ser humano. En este sentido, se advierte la posibilidad de “…modificar nuestra conducta a tal punto de cambiar nuestra concepción de la persona. Las criaturas que habitan el planeta se volverían cada vez menos como nosotros”, apreciación que ha generado una discusión que se da en variados ámbitos.

En suma, hay que darle otro rumbo a la revolución tecnológica. La buena noticia es que cada vez hay más conciencia de ello y son más numerosas las iniciativas que marchan en esa dirección.

No esta de más señalar, por último, que todo lo anterior nos concierne a los venezolanos. Hasta nuestro país llegan también los vientos que soplan por otros lados y hay evidencia de ello. Creo que tenemos el derecho a preocuparnos y la obligación de ocuparnos

HARINA DE OTRO COSTAL

El Ejecutivo presento a la Asamblea Nacional un paquete de leyes para su aprobación, en donde figura un proyecto de Ley Orgánica sobre los Derechos de la Madre Tierra. Cabe deducir, a partir del título, que se trata de una iniciativa de corte ecológico, que dispone medidas relativas al cambio climático, al respeto de la biodiversidad, en fin. Si fuera así, resulta complicado imaginar cómo se aplicará con respecto al Arco Minero, por sólo citar un ejemplo.

El Nacional, 15 abril 2021

El domingo, los votantes de Ecuador eligieron a Guillermo Lasso, un exbanquero que está a favor de las políticas de libre mercado, como presidente. Votaron por él en lugar de por Andrés Arauz, un populista de izquierda. Algunos analistas lamentan el fin del progresismo, pero lo que realmente vimos fue un bienvenido golpe a una extraña forma de política del hombre fuerte: el fenómeno de expresidentes que buscan extender su control e influencia eligiendo y respaldando a sus “delfines” en elecciones nacionales.

Arauz fue designado personalmente por el expresidente Rafael Correa, un economista semi autoritario que gobernó Ecuador de 2007 a 2017. La elección no fue solo un referendo sobre el papel del Estado en la economía, sino de manera más fundamental sobre la siguiente pregunta: ¿Qué papel deben desempeñar los expresidentes en la política, si es que acaso deben desempeñar alguno?

En América Latina se ha vuelto normal que exmandatarios impulsen a candidatos sustitutos. Se trata de una forma extraña de caudillismo, o política del hombre fuerte, combinada con continuismo, o continuidad de linaje, pensada para mantener a los rivales al margen.

Los expresidentes son los nuevos caudillos: pretenden extender su mandato a través de los herederos que escogen, algo llamado delfinismo, de “delfín”, el título dado al príncipe heredero al trono de Francia entre los siglos XIV y XIX.

En la última década, al menos siete presidentes elegidos democráticamente en Latinoamérica fueron escogidos por su predecesor. El más reciente, Luis Arce, llegó al poder en Bolivia en 2020, patrocinado por el exmandatario Evo Morales. Estos candidatos sustitutos le deben mucho de su victoria a la bendición de su jefe, la cual tiene un precio: se espera que el nuevo presidente se mantenga leal a los deseos de su patrocinador.

Esta práctica ata con esposas de oro a aquellos recién electos y socava la democracia en el proceso. Más que pasar la estafeta, los expresidentes emiten una especie de contrato de no competencia. En Argentina, una expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contendió como compañera de fórmula de su candidato presidencial escogido, Alberto Fernández.

Este estilo actual de política caudillista es la actualización de una actualización. En la versión clásica de la política del hombre fuerte —que dominó la política latinoamericana tras las guerras de independencia del siglo XIX y hasta la década de los setenta— muchos caudillos buscaban mantener su poder al prohibir o amañar las elecciones una vez que llegaban a la presidencia, una maniobra que usó famosamente el dictador mexicano Porfirio Díaz, o simulando golpes de Estado si no podían ganar, una estrategia empleada por el dictador cubano Fulgencio Batista en 1952.

Este modelo clásico de continuismo era traumático. En México y en Cuba, incitó ni más ni menos que dos revoluciones históricas que resonaron en el mundo entero.

Latinoamérica actualizó este modelo de caudillismo. Los golpes de Estado y las prohibiciones de elecciones se volvieron obsoletos en la década de 1980 y, en lugar de abolir la democracia, se volvió usual que los líderes comenzaran a reescribir las constituciones y a manipular las instituciones para permitir la reelección. Comenzó el auge de las reelecciones. Desde Joaquín Balaguer en la República Dominicana en 1986 hasta Sebastián Piñera en Chile en 2017, Latinoamérica tuvo a 15 expresidentes que volvieron a la presidencia.

No obstante, el modelo del continuismo a través de la reelección ha enfrentado obstáculos de manera reciente debido a que varios expresidentes se han visto envueltos en problemas legales.

Tan solo en Centroamérica, 21 de 42 expresidentes han tenido problemas legales. En Perú, seis expresidentes de los últimos 30 años han enfrentado cargos de corrupción. En Ecuador, Correa fue sentenciado por recibir financiamiento para su campaña a cambio de contratos estatales. Él afirma que es una víctima de persecución política. Su respuesta fue usar la campaña de Arauz como boleto para recuperar su influencia. En cierto momento de la campaña, el candidato promovió la idea de que un voto por él era un voto por Correa.

Durante la campaña presidencial de Ecuador, el candidato Andrés Arauz promovió la idea de que un voto por él era un voto por el expresidente Rafael Correa.

Estas complicaciones legales alientan a los expresidentes a tratar de respaldar a sustitutos que, como mínimo, podrían darles un indulto si resultan electos.

Los expresidentes parecen pensar que la versión más reciente del caudillismo libera al país del trauma. El presidente Alberto Fernández aseguró que cuando su jefa, la expresidenta Fernández de Kirchner, lo eligió como su candidato porque, argumentó, el país no necesitaba a alguien como ella, “que divide”, sino a alguien como él, “que suma”. A su vez, Fernández de Kirchner fue elegida heredera por su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner.

No obstante, esta subrogación política difícilmente resuelve el trauma asociado con su continuismo inherente. De hecho, lo hace más tóxico. Con excepción de los simpatizantes del expresidente, el país ve el truco como lo que es: una tentativa evidente de restauración.

Los problemas del delfinismo van más allá de intensificar la polarización al exacerbar el fanatismo político y puede conducir a consecuencias aún más graves. En el México de antes del año 2000, en el que los presidentes prácticamente escogían personalmente a sus sucesores, los exmandatarios solían seguir la norma de retirarse de la política, por lo que concedían suficiente autonomía al sucesor.

Sin embargo, en la versión más reciente del delfinismo, los sucesores no son tan afortunados. Los expresidentes que los patrocinaron siguen entrometiéndose. Esta interferencia produce tensiones para gobernar. El mandatario en funciones pierde su relevancia de manera prematura, con todos los ojos puestos en las opiniones del presidente anterior, o en algún momento busca romper con su jefe. La separación puede detonar guerras civiles terribles.

Estas rupturas a menudo son inevitables. Los delfines electos enfrentan nuevas realidades con las que sus impulsores nunca lidiaron. Además, con frecuencia tienen que arreglar el desastre que dejaron sus jefes.

Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador, quien fue seleccionado por Correa, tuvo desacuerdos con él respecto a una serie de políticas autoritarias de izquierda impulsadas por revelaciones de corrupción. El resultado fue una lucha de poderes que dividió a la coalición gobernante y entorpeció la capacidad del gobierno de lidiar con la crisis económica y luego con la pandemia de la COVID-19.

Una lucha similar ocurrió en Colombia cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos, escogido por Álvaro Uribe, decidió llegar a un acuerdo de paz con las guerrillas, con lo que desafío la postura de Uribe. El resultado fue una especie de guerra civil entre ambos hombres que rivalizó en intensidad con la guerra contra las guerrillas a la que el gobierno intentaba poner fin.

No hay una solución sencilla a este tipo de continuismo. Los partidos deben dejar de poner a sus expresidentes en un pedestal. Necesitan reformar las precandidaturas para asegurarse de que otros líderes, no solo los exmandatarios, tengan los medios para competir de manera interna. Los países latinoamericanos han hecho mucho para garantizar que haya una fuerte competencia entre partidos, pero mucho menos para garantizar la competencia dentro de los partidos.

Nada huele más a oligarquía y corrupción que un expresidente que intenta mantenerse vigente a través de candidatos sustitutos. Y Ecuador ha demostrado que esta manipulación política puede acabar por empoderar precisamente a las mismas ideologías políticas que los expresidentes pretendían contener.

14 de abril 2021

The New York Times

https://www.nytimes.com/es/2021/04/14/espanol/opinion/caudillos-america-...

Hay insultos e insultos. Los hay de carácter ofensivo, pero también defensivos. Insultamos cuando no podemos resistir el malestar, odio, rechazo que nos inspira un prójimo. Pero también como respuesta airada al que nos insulta o simplemente ofende.

No pocas veces un insulto opera como un mecanismo de protección. Protege y defiende al "yo" lastimado por un agresor. También hay insultos sutiles, dichos sin procacidad, sin necesidad de ensuciar el lenguaje. Podemos por ejemplo decir a alguien: “lo que usted ha dicho es una imbecilidad”. Pero con cierta finura, decir lo mismo: “Pienso que usted es mucho más inteligente que lo que usted dijo”. Por supuesto, hay insultos irreflexivos, cuando por ejemplo las palabras se nos escapan de la boca. A veces nos arrepentimos de haber dicho lo que dijimos. Por lo general, cuando ya es muy tarde.

En todos los casos siempre insultamos con signos que pueden ser mímicos u orales. Podemos decirle boludo a alguien con un simple movimiento de manos. O estás loco, atornillándonos la sien. Los chicos digitales de nuestro tiempo se insultan hasta con emojis. A veces lo hacemos con los ojos. Ah, sí, sobre todo con los ojos: una mirada de odio duele más que mil palabras. Y no nos olvidemos: hay insultos crueles, pensados lentamente para herir a alguien donde más le duele. Son los peores.

Insultar es una propiedad humana. Los animales no insultan. Ni siquiera odian. Cuando matan, lo hacen por hambre, no por odio. El insulto, aunque parezca raro decirlo, es una línea que separa a la animalidad pura de la animalidad humana. Un producto neto de nuestra cultura. Antes de que aprendiéramos a insultar, nos golpeábamos: con las manos, con piedras, con machetes. Si así se ve, el insulto puede ser considerado como un verdadero logro civilizatorio. Siempre será mejor insultarse que matarse entre sí.

A la larga tipología de insultos, después de conocidas las palabras con las que se refirió el presidente Joe Biden a su equivalente ruso, Vladimir Putin, nos vemos ahora obligados a agregar una nueva categoría. Nos referimos al insulto político.

Un insulto político no es lo mismo que un insulto entre políticos quienes, lo vemos a diario, no escatiman ofensas al referirse a los del bando contrario. Insultos que forman parte de la política del espectáculo, sobre todo en periodos electorales. Y, hablando con sinceridad, sin esos insultos la política sería todavía más aburrida de lo que es.

Entendemos en cambio por insulto político – anoten - un insulto orientado a producir efectos políticos. Fue el caso de Biden cuando se refirió a su colega ruso con el epíteto de asesino. La respuesta al periodista George Stephanopulus cuando este preguntó a Biden si cree que Putin es un asesino, no pudo ser más terminante. “Sí” – “creo que lo es”- . Nada menos que asesino. No fue poco. No era a mí, pero me dolió.

No fue un insulto dicho en medio de una rencilla o acalorado debate; tampoco una respuesta a una agresión verbal. En ningún caso un producto de la ira mal contenida. Ni siquiera fue una palabra emocional o espontánea. Fue un insulto dicho sin enojo, meticulosamente pensado, planeado con una calculadora en la mano. Si se quiere, un insulto instrumental, un medio para conseguir algo que en las palabras de un político de la envergadura, experiencia y responsabilidad de Biden, es un objetivo. Y esa es la pregunta: aparte de que para muchos Biden dijo la verdad, ¿cuál fue el sentido político del insulto?

Comencemos por lo más evidente: El de Biden fue un insulto dicho en el marco de la política internacional de nuestro tiempo. No obstante, quienes nos ocupamos con temas políticos, hemos aprendido que casi siempre las opiniones que emiten los gobiernos en materia internacional, hunden raíces profundas en la política nacional. En efecto, rara vez un político, menos si es presidente, expresa opiniones internacionales que contradigan a sus posiciones nacionales. Desde esa perspectiva, decir que Putin es un asesino, puede ser considerada como una expresión con incidencia en el espacio estadounidense. El mismo Biden lo dijo con suma claridad: “Putin enfrentará las consecuencias de sus esfuerzos para que las elecciones presidenciales favorecieran a Donad Trump”. Y después remachó con ese tono de cowboy al que ya nos tienen acostumbrados los presidentes norteamericanos “Putin pagará un precio”. Acerca de cuál será ese precio, no dijo nada.

El insulto a Putin, imposible opinar de otra manera, fue dirigido a la ya formada oposición trumpista. Al decir, Putin es un asesino, Biden estaba diciendo: con ese asesino estableció empatía el gobierno anterior. A ese asesino le fue permitido inmiscuirse en las elecciones norteamericanas, caso inédito en nuestra historia. Ese asesino, en fin, reconoció a nuestro triunfo de modo muy tardío, esperando que Trump agotara todos sus recursos legales e ilegales, incluyendo el capitoliazo. El insulto entonces fue un alerta dirigido a Putin y a Trump a la vez. Quiso decir: no intenten de nuevo violar la soberanía electoral de nuestra nación. El insulto, así oído, fue también un ultimátum.

El insulto, todos lo saben, no alterará las relaciones económicas entre los EE UU y Rusia. Nada más absurdo que imaginar una paz mundial amenazada por un mero insulto. Pero sí, y esto es lo importante, ha trazado una línea demarcatoria entre la economía y la política. Significa: desde ahora los negocios serán los negocios y la política será otra cosa. Una clara diferenciación con la doctrina Trump.

Si uno sigue con atención los discursos de Trump, será fácil darse cuenta de que para el ex- mandatario no existía diferencia entre la economía y la política. Su máxima era: la política, si existe, está subordinada a la razón económica. Nuestros socios comerciales serán nuestros aliados políticos. Nuestros competidores, China sobre todo, serán nuestros enemigos políticos. Así se explica por qué durante Trump, el respeto a los derechos humanos nunca ocupó un lugar destacado en la planilla de su política exterior. Según el economicismo trumpiano, los acuerdos climáticos, la pertenencia a macro organizaciones como la OMS, la inserción en la NATO, la alianza con la UE, no eran compromisos rechazables por ser ineficaces, sino simplemente porque no eran rentables. El patriotismo de Trump era antes que nada un patriotismo económico.

Naturalmente, afirmar que Rusia está gobernada por un presidente asesino, encierra, además, un mensaje dirigido a los aliados occidentales de EE UU. Para nadie es un misterio que Europa se encuentra acosada desde dentro y desde fuera. Desde dentro, por nacional populismos fascistoides, la mayoría de ultra derecha, pero también de ultra izquierda, todos apoyados desde el Kremlin. De acuerdo a la estrategia internacional de Putin, todos los movimientos, partidos y gobiernos nacional-populistas son caballos de Troya cuya función es desestabilizar a los gobiernos democráticos del continente.

Desde fuera, el acoso a Europa proviene en gran parte de Rusia. Hay países, sobre todo los bálticos, que temen por la violación de su soberanía nacional. Si Trump hubiera sido reelegido, Putin habría dado por descontada la “recuperación” de Ucrania. En ese sentido la palabra “asesino” debe haber sonado en las orejas de Putin con la misma melodía que escuchó Stalin a las de Truman, cuando aconsejado por Churchill dijera la legendaria frase dirigida a la URSS: “ningún paso más” (1947). Asesino en fin, es una palabra cargada con una abierta declaración de hostilidad hacia el gobierno de Putin. Podemos cooperar tecnológicamente, ser socios comerciales, pero amigos, jamás. Punto.

La palabra “asesino” también debe haber sido escuchada con beneplácito en los países sometidos por la Rusia neo-imperial. No olvidemos que Trump no gastó una sola palabra de solidaridad por los demócratas de Bielorrusia. Naturalmente, debe haber pensado, la solidaridad con esa gente no es rentable y la solidaridad no se come.

Los demócratas de Bielorrusia y de otras naciones sometidas a la Rusia de Putin no piensan seguramente que bajo Biden los EE UU intervendrán para liberarlos de la dominación extranjera. Pero al menos ya saben que no están solos en este mundo, ni tampoco librados a su perra suerte. Y eso es importante. Muy importante para la autovaloración de esos movimientos.

Ahora, dejando aparte las implicaciones nacionales e internacionales del insulto proferido por Biden, es imposible no pensar que al leerlo, muchos no dejaron de sentir un sensación liberadora. Al fin alguien decía, con todas sus públicas letras, una verdad que millones repetían en privado. Putin es un gobernante asesino que ha mandado matar a muchos opositores. Entre ellos a ese símbolo de las luchas democráticas llamado Navalny, hoy encerrado en un campo de concentración por el solo delito de no haber muerto. Desde ahora al fin, será posible decir que Putin es un asesino, sin tapujos, sin temer que Twitter u otra red de redes vaya a cerrar tu cuenta. Un tabú ha sido roto.

En el conocido cuento de Hans Christian Andersen, todos los súbditos alababan el traje del emperador, hasta que un niño exclamó: ¡"Pero si el Rey está desnudo”! Por cierto, Joe Biden está muy lejos de ser un niño. Pero su insultante verdad tuvo el mismo efecto que en el cuento: Putin está desnudo.

Marzo 22, 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2021/03/fernando-mires-biden-el-insulto...