Debo comenzar diciendo que sé que me estoy metiendo en un terreno sumamente escabroso y que estoy dispuesto a pagar sus costos de ingenuidad y controversia, pero a la vez creo, que hay que enfrentar esta discusión con alguna sistematización y diciendo algunas verdades. Sin embargo, dada su delicadeza en estos momentos, no me voy a inclinar por ninguna alternativa y solo desearía asomar algunos criterios que, quizás, nos ayuden a encontrar una salida que nos agregue activos políticos.

Inicio con la verdad más polémica y pregunto: ¿Si la ruta hasta ahora escogida no ha dado resultados hasta ahora, no valdría la pena “abrir otra puerta? Me refiero a que, si la ruta “cese de la usurpación… apoyo internacional” no han funcionado convendría replanteársela y asumir que unas elecciones, aunque restringidas, no transparentes. Podrían ser un camino a explorar. ¿Por qué lo digo?

Primero, por una razón que me resulta elemental. La estrategia del gobierno ha sido, con éxito, llevar a la oposición a la abstención, lo cual le ha permitido adueñarse de todos los poderes. Si es así: ¿No se debería evitarla y no hacerle el juego? En otras palabras si mi adversario me lleva a ese resultado, ¿No sería lógico jugar al contrario? Sabemos que su estrategia es cerrar toda posibilidad de transparencia, de inhabilitar y perseguir y, con ello, cerrar todas las vías para ir elecciones. Luego, diría entonces, a toda costa iría a cualquier elección que esté pautada.

Segundo, a pesar de todo lo dicho y defendido en la comunidad internacional para mantener su apoyo, pregunto: ¿Debería ser esto un impedimento, una restricción para cambiar de estrategia? Creo, humildemente, que esta no puede ser una cadena que nos ate para siempre a lo que al principio se dijo. Deben y debemos estar en capacidad de rehacer el camino si encontramos alguna posibilidad de éxito. A ello se agrega, como se sabe, que esa comunidad ha cambiado de lenguaje y se quedó, prácticamente con la idea de “elecciones libres”, lo cual da para mucho. Además, se enfrenta a dos problemas capitales: uno, se ha venido desmoronando políticamente y, dos, pareciera irse acercando, cada vez más, a una solución electoral y pacífica. Los tiempos de “todas las cartas sobre la mesa” ya se fueron. Por consecuencia, su peso en una decisión interna luce menor.

Tercero, pregunto: ¿Cómo hacemos para agregar activos políticos, precisamente, todos aquellos que nos ha hecho perder el gobierno al llevarnos a la abstención? Llamo activos políticos, primero que nada, a recrear una fuerza política interna, capaz de ser un interlocutor válido y representativo ante la comunidad internacional, lo cual implica, en mi modesta opinión, una nueva coalición de los partidos con la sociedad civil organizada en defensa de la Constitución y del ordenamiento democrático, tal que lleven a unas elecciones libres. Luego, una recuperación de la fuerza y presencia de los partidos políticos en los órganos del poder, que, por ahora, son las elecciones de gobernadores y alcaldes. Imaginen Uds., un cuadro político con una significativa presencia de la oposición en ese terreno perdido.

Cuarto. Hace tiempo reina una conseja en política: “Todas las armas son válidas” o también “Hay que caminar con los dos pies”, lo que invoco en esta oportunidad. Como dice Américo en reciente artículo:[1]

“Por eso creo que toda confrontación permite ganar espacios que sirvan para a democratización de la sociedad y el Estado. Ninguna lucha es desechable, todas ofrecen posibilidades en el conjunto de una estrategia global.”

Si las elecciones son una oportunidad, sin abandonar otras opciones se deberían aprovechar en todas sus posibilidades. Desde luego presionando para conseguir mejores condiciones como indico en otro lugar. Aunque no dispongo de datos y encuestas del potencial de votos con que pueda contar la oposición hay indicios de puntos a favor. Por ejemplo el señalamiento del sin número de protestas de la gente por la carencia de todo, da idea del descontento y el venezolano, como se ha demostrado, es muy propenso a expresarlo en elecciones. De ser así, valdría la pena que los que dirigentes políticos exploren bien esta opción.

Quinto, por supuesto lo que todos Uds., se están preguntando: ¿Cómo hacemos para resolver los dos siguientes dilemas? Uno, no aceptar las dos elecciones pasadas, a pesar del fraude y la usurpación del poder y, dos, tal vez ir a elecciones con el mismo espectro de inhabilitados, presos y cero transparencia.

Bien, ese es el terreno más álgido a vencer para alguien como todos nosotros que no estamos, ni somos activistas políticos. Ofrezco una primera respuesta. Si no vamos a las próximas elecciones no podemos luchar contra esas restricciones, esto es, nos quedamos en el reclamo y…!nos abstenemos! Vuelvo a punto primero de estas notas. El gobierno nos lleva a su terreno ganador. Puede resultar mejor participar y dar la pelea, con el apoyo internacional de un cambio de reglas. De estas, las indispensables son cero inhabilitaciones, libertad para los presos políticos y minimizar el ventajismo oficial. Por supuesto, un mejor CNE sería bueno, pero no sé si sea la cuestión central. .

Queda por resolver el primer dilema: ¿Cómo ir a estas elecciones, habiendo rechazado las dos anteriores y declararlas invalidas? Este, quizás, es el dilema más complicado a resolver, pero aporto este criterio: Se trata de una batalla entre principios y política, por lo que la pregunta es. ¿Dónde podemos ganar? Si nos quedamos enquistados en aquellos dos principios, ¿Podremos ganar terreno?, pero si aceptamos, ¡aceptamos!, que esa estrategia no consiguió sus objetivos la opción electoral es una oportunidad por aprovechar, sin que ello signifique renunciar al reclamo. Nada nos prohíbe seguir denunciando al régimen en todos los frentes. Mantener la tesis de invalidar las elecciones anteriores ¿es incompatible con ir a las próximas?

Finalmente, un argumento que expuse en mi artículo anterior[2] En este momento se debe producir un “cerrar filas” entre la sociedad civil organizada, especialmente la de los empresarios porque el gobierno, urgido de dinero, inversiones y capacidad privada ha abierto algunas puertas de negociación. Por supuesto, su estrategia es desvincular lo político de lo económico y atomizar la respuesta empresarial y presionar con sus más urgentes necesidades. Si estos otorgan beneficios sin tomar en cuenta que la democracia está en juego perderemos esa ventaja, pero si los empresarios logran, inteligentemente vincular una cosa con la otra, entonces el tema de unas elecciones libres (o más libres) puede entrar en la agenda y, desde luego, esta sería una buena palanca para obtener un apoyo preciso y especifico de la comunidad internacional.

Si se logra esa apertura creo que las posibilidades de una “buena tajada” electoral para la oposición es razonable a juzgar por la conclusión de la encuesta que cito que plasma un gran descontento de la gente, un fuerte rechazo al gobierno y que obligan a una negociación de altura.

Esta fue su conclusión:

“Coctel mortal de condiciones que requieren de atención urgente de diversos actores para superar la desigualdad, la exclusión, la crisis alimentaria, de salud, educación, económica, social, de seguridad personal, de servicios e infraestructura, en un contexto de crisis sanitaria mundial, crisis política nacional y de emergencia humanitaria compleja”[3]

[1] “Guerra y Paz” Américo Martin en dígalo. Digital

[2] Democracia y Libre Empresa en dígalo. Digital

[3]Sistema centinela para el seguimiento de la situación social, agroalimentaria y de salud ante la emergencia en Venezuela. marzo 2021.

Hace algunos días conversé por Zoom con mi amigo el escritor canadiense John Ralston Saul, anterior presidente del Pen International, y quien estuvo hace algunos años en Nicaragua. El Pen, antes llamado Pen Club, fue fundado en Londres en 1921, y entre sus socios constituyentes estuvieron nada menos que Joseph Conrad, George Bernard Shaw y H. G. Wells. Hoy agrupa escritores de todo el mundo, y se dedica sobre todo a promover y proteger la libertad de expresión, y los derechos humanos.

John me llamaba porque quería saber de Nicaragua, donde el capítulo nacional del Pen, presidido por Gioconda Belli, se vio obligado a cerrar sus puertas, y de Nicaragua fue que hablamos extensamente, recordando la vez que lo llevé a asomarse al cráter encendido del volcán Masaya; una oquedad espantable para cualquier turista, desde donde sube una densa humareda de azufre, como si siempre viviéramos en este país en la boca del infierno. Es como llamó el cronista Fernández de Oviedo a este cráter.

Le dije, para empezar, que los gobiernos resultantes de elecciones en América Latina tienen distintas calidades y formas de comportamiento democrático, pero en las últimas décadas la legitimidad del voto popular ha logrado ser establecida, porque los sistemas electorales han logrado credibilidad, todo distante de la vieja historia de fraudes, con las urnas llenas de votos falsos, con gran concurrencia de ciudadanos difuntos, y las actas burdamente trucadas.

Nadie puede alegar la legitimidad de la aplastante mayoría ganada en las últimas elecciones legislativas de El Salvador por el presidente Bukele. Si esa mayoría, que le abre las puertas del control de todos los demás poderes del Estado, será usada para fortalecer el sistema democrático, o para acabar con él, está por verse; pero los votos que se la han dado están bien contados. Y si en el Perú hay una crisis de credibilidad política que se ha vuelto crónica, no se debe a elecciones fraudulentas, sino al desprestigio que trae consigo la reiterada corrupción de los electos.

No es el caso de Nicaragua, donde la Constitución política manda que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en el mes de noviembre de este mismo año. Es decir, dentro de algunos meses, y aún a esta fecha no existen las condiciones mínimas para que se pueda pensar en un proceso electoral creíble, que pueda servir como un mecanismo de transición democrática.

Una resolución de la Asamblea General de la OEA de noviembre del año pasado, establece las demandas básicas para la credibilidad de esas elecciones: negociaciones “incluyentes y oportunas” entre el Gobierno y la oposición para acordar “reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales”; modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable; actualización del registro de votantes; y observación electoral nacional e internacional.

A todo esto, la resolución suma que debe haber un proceso político pluralista “que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos”.

Tales compromisos deberían estar concluidos en el mes de mayo, que ya llega, sin que el régimen haya movido un dedo. Por ahora, la única certeza es la de que Ortega y su esposa la vicepresidenta se disponen a ser reelectos de nuevo, lo que supone continuar, como desde hace ya 15 años, en el control total del poder civil, económico, policiaco y militar. Nada hace prever, hasta ahora, que exista la mínima voluntad política para someter ese poder total al libre escrutinio de los votantes.

El Consejo Permanente de Derechos Humanos de las Naciones Unidos, reunido en Ginebra en marzo de este año, expresó “grave preocupación ante la falta de avances del Gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes”.

Y exige que se deje de acosar y asediar a los opositores; manda “abandonar inmediatamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica”; y “liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente”. Exige, también, la derogación de las leyes que violentan el ejercicio de los derechos humanos. Baste mencionar la ley de ciberdelitos, la ley de agente extranjero, y el establecimiento de la cadena perpetua para “crímenes de odio”.

¿Es posible concebir un clima electoral aceptable, cuando hay en las cárceles más de 120 presos políticos, jóvenes en su inmensa mayoría, y miles de exiliados, jóvenes también, que huyeron de la represión desatada a partir de abril de 2018?

¿Y cómo puede desarrollarse así una campaña electoral? La policía vigila en las calles para desbaratar cualquier atisbo de manifestación pacífica, encierra ilegalmente a los opositores en sus casas con prohibición de salir, e irrumpe en locales bajo techo para disolver reuniones políticas.

Hay medios de comunicación y estaciones de televisión con sus instalaciones confiscadas, como Confidencial y 100% Noticias, y otros que viven bajo la amenaza y el asedio, como la Radio Darío de la ciudad de León.

Seguimos asomados al cráter encendido, le digo a John. Encontrar el camino para alejarse de la boca del infierno costará mucho, pero no hay esperanzas perdidas.

Escritor y Premio Cervantes 2017

30 de marzo 2021

https://www.almendron.com/tribuna/la-boca-del-infierno/

¿Se imagina solo una mesa de cinco? Pues en otras instancias del ente electoral se agregarán de manera permanente tres más, los llamados suplentes incorporados. ¿Y si alguno renuncia en el futuro, como ya ocurrió? Los otros suplentes también son importantes. Aguas abajo, no pocas decisiones de los procesos electorales provienen de los organismos subalternos. De allí la relevancia de que la designación que hará el Parlamento sea equilibrada y dotada de contrapesos

Por estos días en Venezuela se buscan nuevos ocupantes para los cargos directivos del Consejo Nacional Electoral. Muchos evocan la postal de solo cinco rectores, los principales, pero igualmente deben ser ampliada la panorámica a los 10 suplentes. Serán designados 15 en total, y 8 de ellos pasarán a tener responsabilidades en lo inmediato, tomando en cuenta los tres suplentes incorporados.

Más allá de la mesa principal de las decisiones, el ente rector del Poder Electoral se arma de una arquitectura autónoma que incluye tres órganos subordinados los cuales suman bajo su mando hasta 10 organismos, juntas y oficinas subalternas, sin contar las 24 juntas electorales regionales.

No es poco lo que se juega el país con la venidera designación. Al CNE le corresponde constitucionalmente ejercer la suprema dirección, conducción, supervisión, vigilancia y control de todos los procesos electorales y referendos.

El siguiente es un abecé de esa estructura interna:

1. El directorio

Los cinco rectores principales, llamados en la ley rectores electorales, conforman el directorio. Allí las decisiones se toman con el voto afirmativo de por lo menos tres de ellos.

Ninguno de los cinco debería estar vinculado a partidos políticos.

Tres de ellos provienen de postulaciones de la sociedad civil.

Uno, de postulaciones provenientes de las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales.

Uno, del Poder Ciudadano.

Al día siguiente de su designación, los cinco venezolanos que resulten designados rectores electorales deberán realizar la sesión de instalación, en la cual de su seno elegirán al presidente, al vicepresidente y al secretario del CNE.

El presidente y vicepresidente podrán durar tres años y seis meses en el ejercicio de esas funciones, según el artículo 37 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE). Esto significa que les corresponderá directamente encabezar las próximas elecciones de gobernadores, consejos legislativos, alcaldes, concejos municipales e, incluso, la proyección temporal indica que permanecerían en estas funciones para mayo de 2024, cuando se completarán seis años exactos de la más reciente y cuestionada elección presidencial.

Son atribuciones del presidente del CNE las de ejercer la representación oficial del Poder Electoral y su órgano rector, presidir las sesiones y dirigir los debates, convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, girar instrucciones de obligatorio cumplimiento a los órganos subordinados y los organismos electorales subalternos, las oficinas regionales electorales y a cualquier persona en el ejercicio de sus funciones electorales, y designar y remover al personal de libre nombramiento y remoción.

El vicepresidente del CNE, comparativamente con menos atribuciones, suple las faltas temporales o accidentales del presidente, forma parte de los órganos subordinados del CNE en la forma que establece la ley y actúa por delegación del presidente en las materias asignadas o atribuidas a éste.

El secretario general del CNE es un venezolano distinto a los rectores designados, que debe ser abogado mayor de 30 años y con experiencia profesional mínima de cinco. Tampoco puede estar vinculado a partidos políticos. No tiene derecho a voto en el directorio. El secretario general puede ser designado y removido con el voto favorable de por lo menos cuatro de los rectores principales.

1. Los órganos subordinados

Debajo del directorio, el organigrama se divide en tres ramas: ¿qué son los órganos electorales subordinados? Son tres instancias del CNE que tienen carácter permanente, competencia nacional y despacho desde Caracas. Cada uno está conformado por tres miembros, y sus decisiones son tomadas con el voto afirmativo de por lo menos dos de ellos.

El primer órgano subordinado es la Junta Nacional Electoral: tiene a su cargo la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y referendos.

Entre sus funciones están las de planificar y ejecutar todos los actos relativos a las elecciones, elaborar las listas de elegibles a cumplir con el servicio electoral, proponer las circunscripciones electorales, fijar la fecha de la instalación de las juntas y las mesas electorales, y totalizar, adjudicar y proclamar candidatos que resultaren elegidos.

Otra función clave de la Junta es la de establecer el número y ubicación de los centros de votación y de las mesas electorales. Ha generado controversia en el pasado, porque estas decisiones se han tomado sin la suficiente transparencia, bajo criterios poco o nada conocidos por los electores y los actores políticos.

Debe presidir la Junta Nacional Electoral uno de los tres rectores principales postulado por la sociedad civil, junto a otro rector principal y a uno de los rectores suplentes de un rector principal distinto a los que conforman esta Junta.

La Junta Nacional Electoral tiene, a su vez, hasta cuatro Organismos Electorales Subalternos: la Junta Regional Electoral; la Junta Municipal Electoral; la Junta Metropolitana y la Junta Parroquial Electoral, cuando se crearen, y las Mesas Electorales.

El segundo órgano subordinado es la Comisión de Registro Civil y Electoral: está a cargo de la centralización de la información del registro del estado civil de las personas naturales, e igualmente asume la formación, organización, supervisión y actualización del registro civil y electoral.

Entre sus funciones están las de planificar, coordinar, supervisar y controlar el registro civil y electoral y conservar libros, actas y demás documentos correspondientes; proponer las normas y procedimientos para el levantamiento e inscripción del registro del estado civil de las personas; girar instrucciones a los alcaldes y otros funcionarios para la inscripción y levantamiento de las actas de registro del estado civil de las personas, y proponer las personas a ser designadas agentes auxiliares para ese levantamiento e inscripción.

Otra función clave de esta Comisión es la de depurar en forma continua y efectiva el Registro Electoral y publicarlo en los términos establecidos en la ley. Punto de polémica, porque uno de los reclamos hechos a su labor ha sido la falta de una auditoría independiente y profunda al RE.

Debe presidir la Comisión de Registro Civil y Electoral uno de los tres rectores principales postulado por la sociedad civil, distinto al anterior, junto a otro rector principal y a uno de los rectores suplentes de un rector principal distinto a los que conforman esta Comisión.

La Comisión de Registro Civil y Electoral está conformada, a su vez, por la Oficina Nacional de Registro Civil del Poder Electoral, la Oficina Nacional de Registro Electoral y la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación.

El tercer órgano subordinado es la Comisión de Participación Política y Financiamiento: a su cargo está promover la participación ciudadana en los asuntos públicos; la formación, organización y actualización del registro de inscripciones de partidos políticos, velando por el cumplimiento de los principios de democratización. Controla, regula e investiga los fondos de los partidos políticos, y el financiamiento de las campañas electorales de los mismos, de los grupos de electores, de las asociaciones de los ciudadanos, y de los ciudadanos que se postulen a cargos de elección popular por iniciativa propia.

Entre sus funciones también están las de crear los mecanismos que propicien la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, ordenar el retiro de toda publicidad con fines directa o indirectamente electorales que se considere violatoria de la ley y tramitar las credenciales de los observadores nacionales o internacionales, así como las credenciales de los testigos de las organizaciones cuyo registro le compete.

Otra función clave de esta Comisión es la de investigar el origen y destino de los recursos económicos utilizados en las campañas electorales de los partidos políticos, así como la de solicitar el inicio de averiguaciones administrativas por presuntas irregularidades que se cometan en los procesos electorales. En el pasado ha sido cuestionada la inacción del CNE frente al uso de recursos públicos con fines electorales por parte de la coalición oficialista, así como el ventajismo de Estado en el acceso a la promoción de candidaturas.

Debe presidir la Comisión de Participación Política y Financiamiento uno de los tres rectores principales postulado por la sociedad civil, distinto a los dos anteriores, junto a otro rector principal y a uno de los rectores suplentes de un rector principal distinto a los que conforman esta Comisión.

La Comisión de Participación Política y Financiamiento está conformada, a su vez, por la Oficina Nacional de Participación Política y la Oficina Nacional de Financiamiento.

Este repaso a cómo funciona el CNE lo terminan de completar las Oficinas Regionales Electorales: esta es la unidad de la administración electoral en cada entidad federal de Venezuela, adscrita al CNE. Tiene a su cargo la supervisión y coordinación de las actividades regionales de la Junta Nacional Electoral, de la Comisión de Registro Civil y Electoral y de la Comisión de Participación Política y Financiamiento.

Cada Oficina Regional Electoral tiene competencia regional, carácter permanente y su sede se encuentra en la capital del estado respectivo.

El director de cada Oficina Regional Electoral debe ser venezolano mayor de 21 años, con título universitario o de técnico superior universitario y no estar vinculado a partidos políticos.

1. Aritméticas y consensos

Mucho se comenta en la opinión pública sobre la relevancia de la selección de los cinco rectores principales pero, como ha quedado claro en la descripción de la estructura del CNE, tres de los 10 rectores suplentes, al incorporarse cada uno al equipo de tres dentro de cada órgano subordinado, también adquieren voz y voto, responsabilidades técnicas y políticas en sus respectivos órganos subordinados. Podemos hablar, entonces, de ocho rectores en acción, sin desmeritar la importancia de los otros siete que quedan prevenidos en banca. En agosto de 2020, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia desconoció su propia designación anterior y designó, luego de la renuncia del vicepresidente, a un nuevo rector distinto a los que habían sido designados como suplentes.

Desde que el TSJ empezó a designar rectores, en el año 2003, nunca hasta ahora el directorio del CNE ha mostrado una mayoría efectivamente independiente, hecho que han reclamado sectores de oposición. Durante este tiempo, sin embargo, la misma oposición también consiguió victorias electorales nacionales en 2007 y 2015, así como en varias elecciones regionales y locales.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral norman la obligatoriedad de un CNE independiente y autónomo, con rectores no vinculados a organizaciones con fines políticos. Un mandato que ha sido violado en directorios anteriores. En este contexto de polarización, en los corrillos políticos hablan de posibles fórmulas 3-2, 3-1-1 ó 4-1. En estas cuotas extraoficiales, llama la atención que no suelen incorporar las figuras de los tres rectores suplentes incorporados que también serán decisores dentro de los órganos subordinados, ni mucho menos del conjunto de los 15 rectores. Allí también se debe medir el equilibrio.

Tan importante como la aritmética del equilibrio de poderes es el acuerdo político entre los actores que exista y que se sostenga detrás de las decisiones que eventualmente tomará la plenaria de la Asamblea Nacional. Mientras más inclusivos sean la consulta y el diálogo, más saludable resultará para la democracia venezolana el próximo CNE. El escenario mejor es, en todo caso, el que produzca el consenso y la participación más amplios; el que termine siendo apoyado por más sectores de la vida nacional, incluidas voces disidentes.

El mes de marzo nos dejó esta idea de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet:

Bachelet

«El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones».

Debe ser nombrado un árbitro que asome la posibilidad de unas elecciones que le den bases a la resolución de la crisis política; origen, como se ha señalado insistentemente, de la crisis general que sufre el país en todos sus ámbitos.|

Boletín 60

Segunda quincena, marzo de 2021

https://oevenezolano.org/2021/03/boletin-60-abece-de-la-estructura-interna-del-cne-por-que-son-clave-los-15-rectores/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=60

Este término, tan presente en estos días en que se rememora la pasión de Cristo, tiene gran pertinencia a la hora de abordar la situación venezolana. La acusación de traidor debe ser una de las más graves, si no la más grave, que se le puede imputar a un militar. Aquellos que, presuntamente, son entrenados para defender a la patria con su vida estarían incurriendo en el peor de los delitos al traicionarla.

Pero ¿qué cosa es la “patria”? ¿Es la bandera, el escudo, la cinta tricolor y los ritos simbólicos evocados en los ceremoniales y en la liturgia conmemorativa de fechas “patrias”? ¿Acaso la “patria” la encarna el presidente de la República o el Congreso Nacional? ¿O –en deliberado contraste-- la “patria” somos los que, compartiendo un sentido de pertenencia a un territorio –Venezuela--, creemos estar identificados con valores particulares a nuestra manera de convivir en sociedad y de vernos ante el mundo?

La primera acepción del DRAE de “patria”, es:

“Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos.” Tal definición se asocia a la época moderna, cuando surgen y se consolidan los estados-nación, como los conocemos hoy. La vinculación del concepto de “patria” con el de “nación”, lleva, por tanto, a referirla al conjunto de personas que, por razones históricas y culturales, comparten un territorio acotado en términos jurídicos. ¡La patria venezolana no puede entenderse sin nosotros, los venezolanos!

Este torneo de redundancias tiene como único propósito resaltar la descomunal aberración de aquellos militares que, llenándose la boca con proclamas en defensa de la patria, sostienen al régimen de Maduro. Haber asesinado --junto a colectivos fascistas-- a centenares de manifestantes desarmados que protestaban contra su mandato; proteger a un régimen que acabó, deliberadamente, con los medios de vida de la población y con los recursos para mantener servicios públicos vitales, condenando a los venezolanos a niveles de hambre y miseria insospechados hace escasos lustros; y negar la entrada de ayuda humanitaria --y, ahora, de vacunas contra el COVID-19-- porque fueron gestionados por el liderazgo opositor, no denota, precisamente, un comportamiento en defensa de la patria.

Esta aberración, como sabemos, se explica por la corrupción deliberada de la cúpula militar, de manera de hacerla cómplice y, por ende, defensora, del régimen de expoliación en que terminó el “socialismo del siglo XXI”. Nunca está de más reiterar que el desmantelamiento del ordenamiento constitucional y el acorralamiento de las fuerzas del mercado, amparado en la falta de transparencia y la no rendición de cuentas de la gestión pública, y con la impunidad otorgada por un aparato judicial –también cómplice—en manos chavistas, crearon un escenario inusitado para la prosecución desenfrenada del lucro.

Según Impacto CNA (Citizen News Agency), los militares controlarían, para 2018, no menos del 70% de la economía venezolana[1]. Están al frente de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento, televisoras, de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg, constituida para intermediar en los negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país --oro, diamantes, coltán y vanadio), de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de las empresas básicas de esa región, de los puertos y aeropuertos, de las empresas públicas, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. Hasta hace poco, Maduro mantuvo en la presidencia de PdVSA y, paralelamente, como Ministro de Petróleo y Minería, a un general sin experiencia previa en el campo[2]. La participación de los militares venezolanos en actividades económicas, como directores de empresas públicas o contratistas del Estado, como jefes de despacho de ministerios económicos, como ejecutores de medidas de política o, indirectamente, como custodios de que sean cumplidas, ha sido instrumental para afianzar su lealtad. Adicionalmente, su función de resguardo de fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras los posiciona favorablemente para extorsionar a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general, que usan estos servicios. Lugar destacado en estas prácticas tiene la Guardia Nacional. Más recientemente se ha denunciado su incautación de bienes y de alimentos de hogares particulares, al hacer sus razias en barriadas populares junto a las brigadas de exterminio (FAES). Si el sueldo más alto de la FF.AA., el de General en Jefe, era de apenas USD 17 (al mes) para finales de 2020[3], puede esperarse cualquier cosa. ¡Y ese es el régimen que defienden!

Pero esta aberración tiene un ingrediente que la hace aún más perversa. La insólita labor de destruir patria, que es, en fin, su resultado, se excusa con un artificio ideológico inventado por Chávez, quien calificó a estos militares como herederos del Ejército Libertador de Simón Bolívar. Y como tal, son ellos, y solamente ellos, los custodios de la patria. Mejor dicho, son sus dueños. Se la debemos. Por antonomasia, lo que hacen, así sean crímenes registrados en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Misión Independiente de determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos –ambos de las Naciones Unidas--, del Consejo Interamericano de Derechos Humanos o de numerosas ONGs, ¡es labor de Patria (ahora con mayúscula)! Subordinarse a Cuba y apoyar la contracción de la economía a la cuarte parte de la de 2013, ¡también! Y, cobijados en su burbuja ideológica, para los militares tales crímenes contra la patria no existen, ¡porque son ellos la patria! Invierten la argumentación conceptual del comienzo. Si la patria se asocia con el pueblo, sólo son “Pueblo” quienes dan su anuencia a esta particular noción de patria, propiedad de militares. Así, el ochenta y tanto por ciento de los venezolanos que repudiamos a Maduro no somos “Pueblo”. En su recetario maniqueo se nos reserva la condición de “enemigos”.

Uno de los elementos más indignantes de esta postura fascistoide es su pretensión de ejercer la supremacía moral. Así, Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, rechaza airadamente unos 12 millones de vacunas contra el Covid, gestionadas por Guaidó con el programa de COVAX de la OMS, ¡porque no va a aceptar “limosnas”! Las muertes que se hubieran podido evitar no existen en su cálculo; ya Maduro anunció remedios milagrosos y una remesa eventual de vacunas rusas. ¿Cuándo llegan? ¿Cómo serán financiadas? “Detalles” irrelevantes porque, al igual que con el registro de contagios y muertes por Covid, no habrá forma de verificar esta afirmación. Total, ya la élite chavista fue vacunada.

Y ahora, para encubrir la participación de componentes de la FF.AA. en un enfrentamiento entre bandas de la guerrilla colombiana en Apure, presuntamente por el control del tráfico de drogas, se reproduce una de las peores actuaciones del ejército en el pasado –la masacre de El Amparo en 1988—, montando unos “falsos positivos” con campesinos de El Ripial, también del estado Apure. La intensidad de la acometida militar ha obligado a casi 4.000 civiles a cruzar la frontera a Colombia en busca de refugio. Denuncian, además, el robo de sus pertenencias por parte de militares venezolanos que allanan sus viviendas.

A raíz del incidente de El Amparo y a pesar del lamentable escarceo entre tribunales militares que evitó condenar a los asesinos, el Estado venezolano, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció su responsabilidad ante la masacre. ¿Cuál ha sido ahora la actitud de Padrino López?

¿Quiénes son responsables de nuestra tragedia? ¿Quiénes traicionan a la patria? ¿Con quiénes cuenta?

[1] http://impactocna.com/el-ejercito-de-ocupacion-que-opera-en-venezuela/

[2] Manuel Quevedo de la Guardia Nacional, quien estuvo al frente del Comando Regional número 5 en 2014 que desató una represión contra opositores que manifestaron en contra del presidente Maduro en Caracas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad social reportó que durante ese año fueron asesinadas 43 personas en manifestaciones de calle contra el presidente Nicolás Maduro. Se contabilizaron 973 heridos y 3 mil 306 detenidos. Fue destituido como presidente de PdVSA y ministro de Petróleo y Minería el 26 de abril de 2020.

[3] nfobae.com/america/venezuela/2020/11/09/el-regimen-de-nicolas-maduro-le-aumento-el-salario-a-los-militares-ahora-un-general-en-jefe-de-venezuela-ganara-unos-17-dolares-al-mes/

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La sed de poder y de control del Gobierno de Nicolás Maduro parece ser insaciable. Tras recuperar a la Asamblea Nacional, con lo cual ya vuelve a tener a todos los poderes del Estado bajo su puño, ahora el Ejecutivo nacional parece haber puesto su mira sobre la sociedad civil organizada, e incluso, sobre los ciudadanos de a pie. Así, lo denunció Acceso a la Justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia pública virtual que el pasado 25 de marzo concedió el organismo continental a un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas, y en la cual se analizó la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos durante la pandemia de COVID-19.

«El cerco que el Gobierno de Maduro viene tendiendo a la sociedad civil organizada ya desde hace tiempo, se estrecha cada vez más (…) Pero también el cerco al ciudadano y a la sociedad civil en general», alertó Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, quien explicó a los comisionados los riesgos que suponen iniciativas gubernamentales como el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, que el nuevo Parlamento oficialista ya aprobó en primera discusión.

Afirmó Laura Louza que:

«Con este modelo de Estado comunal, se “funcionaliza” la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es decir, se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única. Además, el ciudadano ahora se debe “autoprestar” los servicios públicos a través de las organizaciones comunales con los fondos del Estado y de la manera que éste le indique y permita».

Agregó además lo siguiente:

«En el Estado socialista comunal, no hay límite alguno al poder, ya que se desdibuja tanto el rol del ciudadano como sujeto de derechos, y el del Estado de servir al ciudadano. Es evidente que no solo se refuerza el férreo centralismo y militarismo impuesto por el Gobierno de Maduro en el país, sino que además desaparece la libertad de la persona, así como los principios de soberanía democrática, Estado de derecho, separación e independencia de poderes, responsabilidad del Estado y sus obligaciones con los derechos humanos. También es obvio que con la implantación de un modelo de esa naturaleza, empeoraría aún más la situación de emergencia humanitaria que ya aqueja al país».

La Ley de Ciudades Comunales establece que grupos de ciudadanos organizados en consejos comunales podrán asumir la conducción de parte del territorio, y aunque se les prometen fondos, la transferencia de poderes desde la República, estados y municipios y se les da autonomía para tomar sus decisiones, lo cierto es que al menos la última oferta es totalmente falsa. ¿La razón? Los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales.

Tras recordarles a los comisionados que el llamado Estado comunal y el Poder Popular son figuras que no solo no están previstas en la Constitución de 1999, sino que además fueron expresamente rechazadas por los ciudadanos en el referendo sobre la reforma de la Carta Magna de 2007, Louza señaló otro motivo que hace sospechar que la iniciativa tiene como único propósito controlar aún más a la sociedad civil venezolana: El texto establece que todas las organizaciones comunales deben estar constituidas con el propósito de alcanzar una “sociedad socialista”, con lo cual se violan los principios constitucionales de la libertad de asociación, expresión y pluralismo político.

Contra las ONG

La nueva campaña contra las organizaciones de derechos humanos y humanitarias que laboran en el país también fue abordada en la audiencia ante la CIDH. Al respecto, Feliciano Reyna, representante de Civilis y Acción Solidaria afirmó:

«La sociedad venezolana enfrenta un momento grave de desestructuración institucional y del Estado constitucional y democrático. Las comunidades, sectores y organizaciones civiles que reclaman derechos y entienden la necesidad de trascender el conflicto político, para buscar conseguir cambios, se encuentran amenazadas».

Tras denunciar el impedimento para registrar nuevas organizaciones o documentos ante notarías, las campañas de estigmatización, los allanamientos como el sufrido por Convite en diciembre pasado o la detención de los activistas de Azul Positivo este mismo año, Reyna expuso a la CIDH el peligro que representa para las agrupaciones civiles el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que la AN se plantea aprobar este año.

«Esta ley contraria a los estándares internacionales sobre los derechos de libertad de asociación y de expresión socavaría aún más los derechos de la población a la protección de sus derechos y permitiría la pérdida, el desvío y el uso discriminatorio de los recursos, extremadamente insuficientes, para responder a la escala masiva de la emergencia humanitaria».

El instrumento, presentado por primera vez en 2006 y luego resucitado en 2010, crea un fondo a donde deberían ir a parar los ingresos que las organizaciones de la sociedad civil reciben desde el exterior para sus proyectos y programas, y da al Gobierno la potestad de decidir sobre el uso de dichos recursos. Este texto es similar al aprobado en Rusia bajo los primeros gobiernos de Vladimir Putin.

Esta iniciativa le ha valido cuestionamientos al Gobierno de Maduro en escenarios como los exámenes periódicos universales de Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, ha sido rechazada por activistas y juristas, por considerar que viola el artículo 13 de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la ONU de 1998, el cual reza: «Toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales».

La COVID-19 como excusa

Las organizaciones civiles también denunciaron a la CIDH que la pandemia del coronavirus ha sido aprovechada por las autoridades venezolanas para reforzar su control sobre la ciudadanía mediante la represión a cualquier tipo de disidencia. Así, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) informó que de marzo a diciembre de 2020, 258 personas fueron detenidas de manera arbitraria por supuestamente violar las restricciones previstas en el Estado de Alarma.

«La aplicación del decreto de cuarentena se realiza de manera discrecional y sin respetar a los sectores más vulnerables», afirmó Marino Alvarado, quien agregó:

«La manera de proceder incluye detenciones arbitrarias, imposición de realización de ejercicios en la vía pública y de trabajo forzados por incumplir recomendaciones sanitarias, uso de los medios públicos y redes sociales bajo el Estado para promover odio contra actores sociales y políticos».

Denunció además que veintinueve sindicalistas fueron aprehendidos solamente en Caracas y que seis personas perdieron la vida durante protestas para exigir la mejora de servicios públicos desde que se impuso el estado de alarma.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Tras hacerse con el control de todos los órganos del Estado, la Fuerza Armada, los medios de comunicación y de buena parte del aparato productivo del país, la sociedad civil es uno de los últimos espacios independientes del Gobierno venezolano. La administración de Nicolás Maduro parece dispuesta a silenciar, cooptar o simplemente cerrar a las organizaciones civiles no afines, e incluso ir más allá y transformar a los simples ciudadanos de a pie en subalternos.

¿Por qué esto? Bien lo explicó Beatriz Borges, del Centro para la Justicia y la Paz (Cepaz), durante la audiencia ante la CIDH:

«El rol de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental en la esfera de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en términos de documentación, denuncia e incidencia ante las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela».

31 de marzo 2021

https://accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-en-la-cidh-maduro-bus...

El revolucionarismo socialista en pleno siglo XXI, devenido de dos golpes de Estado y hociqueado además por el cubanismo, abraza la violencia política como guerra dominante y guerra psicológica, como fundamento o guía para imponer una supuesta Liberación Nacional que termina empleando al cuerpo armado como palanca política en acciones contra un enemigo interno y otro externo. Ese revolucionarismo nada en la violencia, a la fuerza bruta e irracional, lo cual ha quedado verificado en los hasta ahora eventos del costado nor-sur-occidental, con resultados borrosos o confusos que muestran una tensión fronteriza con muertos, desaparecidos y desplazados frente a una acción del revolucionarismo venezolano fracasado.

Revolucionarismo violento e incapaz distante de la polemología, la geopolítica y del arte de gobernar, se muestra casi como única en su accionar político disparatado que evidencia el colapso del chavismo-madurismo- militarista. Esa insensatez dibuja la acción del costado nor-sur-occidental llena de improvisaciones. El revolucionarismo está descubierto y arrinconado debido a una supuesta operación armada, en la cual el mando responsable se ha mostrado carente y distante del arte militar, en especial en lo atinente a la responsabilidad de mando y comando comprobando toda su descomposición y desconocimiento, más irresponsabilidad que alarma a la ciudadanía venezolana.

Insensatez, máximo desconocimiento de la ciencia militar, indefinición del objetivo en cuanto se aprecia en una maniobra que ha creado repulsa de la venezolanidad y un grave descrédito para los responsables, que ahora no aparecen. Por ello crecen las preguntas sobre la orden operaciones, el mando y los ejecutores, sólo se sabe de 12 soldados heridos que supuestamente de otros fallecidos. ¿Quién firmó la orden de operaciones? ¿Quién fue el comandante? Máximo descrédito por la irresponsabilidad del comando y a quien le correspondió definir las acciones. La nación no lo sabe y se infiere que se oculta todo cuanto fue un fracaso en el costado nor-sur-occidental.

El revolucionarismo que se observa en la República del siglo XXI reclama un cambio político que, como régimen violento se ha notado inepto y farsante, tanto así que en el costado nor-sur-occidental sólo hay confusión, rumores, especulaciones y acusaciones para que finalmente se cuenten muertos y heridos venezolanos. Esta situación obliga al revolucionarismo explique tan grave dislate. La sociedad venezolana tensa por la pandemia, está en cuenta del resquebrajamiento militar y se interroga frente a este sin sentido ¿Cómo accionara el revolucionarismo? ¿Con más violencia? El venezolano esta harto de engaños. le asquea la irresponsabilidad armada y altanería de un régimen violento, incapaz y mentiroso.

El revolucionarismo y su operación en el costado nor-sur-occidental, han estremecidos a la venezolanidad en Semana Santa, espacio para la mayoría de los cristianos que hoy tiemblan frente a una operación destrozada en el costado nor-sur-occidental que ha estremecido al país. Por ello reclama que no haya más engaño, no fintas, ni otras maniobras peligrosas y sin sentido. El cuerpo societal está en cuenta de fuerzas erráticas e irresponsables, reclama a quienes debieron informar a la opinión pública que no evadan su irresponsabilidad por estar llenos de pánico. Llenos de pánico por actuar de manera cobarde empleando la política y la sub-política, de espaldas a la Constitución sin guardar respeto a la sociedad toda por desconocimiento de la ciencia y de la polemología.

El revolucionarismo en el costado nor-sur-occidental fue un fracaso del revolucionarismo y de los mandos que por el marxismo cubano han desviado al estamento militar hasta transformarlo en un cuerpo irresoluto, disperso, sin tonicidad operativa, sin mística y desprofesionalizado para hacer la guerra. En consecuencia, la guerra como ciencia y arte es desconocida, por todo ello es responsable del revolucionarismo. El actual cuerpo armado disfrazado del militar no está familiarizado con la filosofía de la guerra, ni conoce los principios, ni sabe de operaciones tácticas y nunca ha realizado maniobras.

El revolucionarismo se sirve del cuerpo armado, por lo tanto es ignorante sobre operaciones conjuntas, menos sabe de operaciones combinadas, de cruces de ríos, de pasar de la defensa a acciones de explotación, no hay Fuerza Armada… esa es la desgraciada y grave realidad del revolucionarismo. ¡Una real regresión del estamento militar! Estamento militar que fue victorioso ente 1972-1976, cuando un movimiento subversivo guerrillero fue derrotado y pacificado al hoy cuerpo armado en regresión que ha puesto a los muertos y heridos que ya han sido enjuiciados por la historia y por la sociedad. La situación del costado la define los 12 soldados heridos y los muertos.

La operación del costado nor-sur-occidental y los 12 soldados heridos constituyen el impacto definitivo para que la mayoría de venezolanidad democrática construya las acciones políticas de un Movimiento Político de Renacimiento Nacional, que desplace la barbarie retrógrado del socialismo revolucionarismo socialista, que ha demostrado no saber gobernar pero además, en extremo desprofesionalizar al estamento militar en Venezuela.

Es original,

Director CEPPRO-CSB

@JMachillandaP

Caracas, 30 de marzo de 2021

Construir la propia imagen demanda mucho tiempo. Pero se puede destruir a una velocidad asombrosa.

La imagen propia es el principal capital electoral de un político. No me refiero a la imagen como aspecto externo de una persona sino como reputación. Es la imagen en el sentido de las ideas, opiniones e impresiones que el político causa en la población. Por eso una imagen dañada frecuentemente conduce hacia un fracaso electoral.

El problema es que todo político tiene que pasar tarde o temprano por el duro examen de ser atacado. Y los ataques provocan un daño en su imagen. Mayor o menor, pero daño al fin. Un daño donde influye más lo que el público percibe que la propia realidad objetiva. Un daño que solo puede anularse o minimizarse a través de una buena defensa.

A continuación, te brindo algunos consejos para defenderte de los ataques políticos de la mejor manera:

• Sé prudente. Evita acciones o palabras que les puedan facilitar el ataque a tus adversarios.
• Imagina posibles escenarios de ataque en tu contra y diseña algunas líneas de acción para esas emergencias.
• Diagnostica con precisión el ataque recibido: quién te ataca, de qué te acusa exactamente, qué repercusión puede tener y qué daños te puede provocar.
• Ignora el ataque recibido solo cuando es muy débil, no tiene entidad ni credibilidad y no llega a tu público objetivo. En el resto de las situaciones es necesario responder.
• Antes de responder elige tu estrategia defensiva: o bien reduces tu responsabilidad en el acto del cual se te acusa, o bien reduces la negatividad misma del acto o bien reduces el ‘castigo’ a recibir corrigiendo el acto o disculpándote por el mismo.
• Responde por las mismas vías comunicacionales que se produjo el ataque. De esta manera evitas multiplicar su impacto con tu propia respuesta. Recuerda que si llevas tu respuesta a medios de comunicación que estaban ajenos al tema lo único que lograrás será expandir el ataque.
• Responde pensando más en tu público objetivo que en el rival que te atacó.
• Si estás en falta, siempre será mejor admitirlo rápidamente. Así podrás hacer un rápido control de daños.
• Considera que la respuesta la puedes brindar tú mismo o también un portavoz. Todo depende de las circunstancias y de la cultura política local.
• Evita las falsedades. Tarde o temprano se desmoronan como un castillo de naipes.
• Evita también las afirmaciones que sin ser falsas igualmente puedan dar lugar a réplicas y contraataques.
• Coloca el foco en los asuntos específicos involucrados en el ataque y en la defensa, sin abrir nuevos frentes de conflicto.
• Encuadra estrictamente toda tu defensa dentro del contexto general de tu estrategia política. Si para defenderte rompes tu estrategia le estarás dando un gran triunfo a quien te ataca.
• Brinda el máximo soporte informativo a cada una de las afirmaciones que hagas en tu defensa. Explica claramente razones y detalles de cada una de ellas.
• Tus respuestas deben ser simples y fáciles de comprender.
• Intenta siempre ser breve, lo más breve que sea posible en cada circunstancia.
• Si el ataque es complejo, debes desplegar los temas defensivos a lo largo de un cierto tiempo. Con aliento de verdadera campaña comunicacional.
• Menos es más. Defiéndete con menos argumentos pero que sean más fuertes.
• Mantén la calma. Evita que tus emociones interfieran con la claridad de tu mensaje defensivo.

Recuérdalo: te van a atacar. Es mejor que estés preparado para defenderte. Porque una buena defensa no solo disminuye los daños sino que además puede significar un gran salto adelante en tu reputación pública.

28 de marzo 2021

Maquiavelo&Freud

https://danieleskibel.com/consejos-defenderte-ataques-politicos/