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Opinión

Ricardo Lagos

Las primeras décadas del siglo XXI han estado marcadas por dos grandes crisis económicas. La primera fue en 2008, cuando la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos reventó con efectos mundiales. La segunda llegó con la pandemia en 2020 y en ella estamos actualmente.

La crisis económica norteamericana de 2008 se expandió a una velocidad sorprendente y fue de tal envergadura que no sólo puso en cuestión la ideología neoliberal imperante, sino que demostró que la solución sólo podía venir desde la política y el Estado.

Con el presidente Biden ocurre hoy algo similar, pero con una audacia cuya profundidad justifica analizarla en su impacto y alcance.

Ante el estallido de 2008, el presidente George W. Bush, dejando de lado sus convicciones, entendió que la envergadura de la crisis era tal que no bastaba tratar el tema sólo con las economías más avanzadas, agrupadas en el G-7. Debía convocarse también a las grandes economías de Asia, como China, India y Corea del Sur, así como a Sudáfrica y otros países de peso mayor, entre ellos Argentina, Brasil y México.

En marzo de 2009, durante la primera reunión de este grupo y ya con Barack Obama como Presidente, el G20 se planteó como un foro de cooperación y consulta para llevar adelante políticas en favor del crecimiento y los mercados abiertos, considerando los alcances sociales y políticos de tales medidas. En materias más concretas, se autorizó el aumento de capital del Fondo Monetario Internacional, pasando de 200 mil millones de dólares a 750 mil millones. ¿Cómo se sumaron estos 500 mil millones de dólares? Pues 250 mil millones correspondieron a un aumento en el porcentaje de aportes que cada país realizaba a la institución, y los otros 250 mil millones respondieron a los llamados “derechos especiales de giro”. Esta medida, más la reducción de la tasa de interés y la inyección de 100 mil millones al Banco Mundial y a los bancos regionales –como el Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina y el Caribe– lograron regular las finanzas mundiales, algo que el mercado había sido incapaz de hacer hasta ese momento.

Once años después estamos ante una crisis de envergadura semejante, con la diferencia de que esta afecta no sólo al ámbito financiero sino especialmente a la economía real, y que ha elevado los índices de cesantía de manera inmediata. La pandemia y sus consecuencias son una lección de humildad para los seres humanos. Más de dos mil millones de personas estuvimos encerradas, rompiendo el mito de que éramos todopoderosos. Una medida que reaparece en distintas partes, como en Chile, ante la persistencia del virus mortal.

Esta crisis, por sus características, desnudó las carencias sociales que se venían acumulando a lo largo de los años y demostró la profunda vigencia de las desigualdades. La crisis económica generada por la pandemia ha revelado cómo aquellos que viven de la renta de un capital han visto acrecentar sus fondos, mientras que quienes sólo tienen como ingreso el trabajo de sus manos y servicios directos, se han tenido que quedar en sus casas, muchas veces sin trabajo ni recursos. Ante esta profunda desigualdad, ¿cómo se reactiva la economía y se saldan las deudas sociales que millones han contraído durante este tiempo?

Biden se jugó por una respuesta con el acelerador a fondo. Para enfrentar los efectos de la pandemia decidió traspasar dinero directo a las manos de los ciudadanos afectados e inyectar liquidez a la economía norteamericana. En cierta forma, algunos ven allí que Biden tomó el mismo camino elegido por el presidente Roosevelt cuando, al hacer frente a la crisis de 1930, impulsó el “New Deal”.

Esa política económica consistió en realizar un enorme plan de infraestructura para mejorar el país –que además lo necesitaba–, y que luego continuó después de ese gobierno y bajo esta misma lógica, cuando durante la II Guerra Mundial, se dejaron de producir autos para ser reemplazados por tanques y aviones militares.

El nuevo mandatario norteamericano tuvo ahora también la referencia de Obama en 2009 y su política keynesiana. Pero Biden, con audacia, fue más allá. Lanzó un plan de reactivación económica que incluye cheques directos, subsidios por desempleo y ayudas estatales y locales, siendo lo más significativo la entrega de 1.400 dólares mensuales por persona a quienes ganen menos de 75.000 dólares al año.

En este sentido, esta política de reactivación salda en algo la deuda social puesta en evidencia por la pandemia, a la vez que estimula la demanda por bienes esenciales y servicios nacionales o importados, movilizando al mercado interno. Tanto la Reserva Federal como la Secretaría del Tesoro han aprobado esta política, e incluso se han comprometido con proporcionar 2.5 trillones de dólares para que no falte liquidez ante las transferencias comprometidas. Y todo eso controlando la inflación. Una política que podría inspirar a Europa donde, el control del gasto y la austeridad, llevaron a una crisis social aún no resuelta.

Biden apostó con osadía, teniendo como referencia las enseñanzas de hace décadas y las recientes. Enfrenta la crisis con decisión, asume la desnudez social relevada por la pandemia y vuelve a vestir al desprotegido. Opta por lo único que es válido de hacer si no queremos una crisis total en la post pandemia: colocar al ser humano en el centro de las decisiones políticas.

28 de marzo 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2021/03/ricardo-lagos-biden-y-la-osadia...

 4 min


Eddie A. Ramírez S.

Tradicionalmente han existido desencuentros, por decir lo menos, entre los actores políticos y los trabajadores petroleros. Por malentendidos, a veces se han comportado como agua y aceite. Por alguna razón, ha faltado el emulsificante que permita una solución homogénea que favorezca la relación entre ellos y beneficie al país. Obviamente el emulsificante requerido es la buena voluntad de las partes, que deben entender y respetar el radio de acción de cada una.

El mundo político venezolano está entendiendo que, desde antes de la estatización de los hidrocarburos, ya distinguidos petroleros venezolanos manejaban las operaciones y que, posteriormente, la condujeron con espíritu nacionalista. Además, con el desastre de la administración roja-rojita se hizo evidente que los hidrocarburos no brotan solos, ni la refinación es tan sencilla como destilar alcohol de caña de azúcar. Asimismo, que el comercio y suministro es complejo y que los controles son imprescindibles para evitar la corrupción.

Por su parte, los técnicos petroleros deben aceptar que las políticas del sector las deciden los políticos con el debido asesoramiento. También, que los presidentes de Pdvsa los designa el accionista y que no necesariamente deben ser conocedores de las operaciones. Así, hemos tenido buenos presidentes como Rafael Alfonzo Ravard, Andrés Sosa Pietri, Gustavo Roosen y Guaicaipuro Lameda, con buenas credenciales gerenciales, que se asesoraron con los técnicos para la toma de decisiones. Los petroleros deben entender que no importa la mayor o menor cercanía de los presidentes y directores de Pdvsa con el presidente de la república, sino sus méritos profesionales y ciudadanos.

La excepción se presentó cuando el presidente Hugo Chávez se propuso “tomar esa colina”, para lo cual designó presidentes y directores sin méritos para el cargo. El presidente interino Juan Guaidó designó inicialmente a Luis Pacheco y después a Horacio Medina al frente de Pdvsa ad hoc, y en Citgo a Carlos Jordá, tres profesionales con méritos inobjetables.

Para un entendimiento entre políticos y petroleros, ambas partes deben respetar sus respectivas atribuciones. Además, los petroleros tienen que aceptar que no todos los nombramientos deben provenir de sus filas. A su vez, los políticos deben percatarse que es imprescindible que las designaciones inspiren respeto entre los técnicos, por lo cual el mérito debe ser el factor principal a considerar. Afortunadamente, los recientes intercambios entre la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional legítima electa en el 2015, y destacados expertos petroleros, nos permiten ser optimistas.

En reciente foro, los diputados Elías Matta, presidente de la citada Comisión, y Luis Stefanelli, coincidieron en los puntos más importantes con Horacio Medina y Francisco Monaldi, conocedores a profundidad de la industria de los hidrocarburos. Cabe destacar los siguientes puntos:

Futuro: 1- En un plazo más o menos cercano se impondrán las energías no contaminantes, pero el petróleo seguirá siendo importante por varios años. 2- Este recurso es el que tenemos disponible a corto plazo para la recuperación del país. 3- Hay que superar la mentalidad rentista y entender que el Estado no tendrá recursos para subsidios indiscriminados, ni para mantener empresas públicas. 4-El gas no tiene la importancia del petróleo, pero es necesario intensificar su desarrollo.

Disponibilidad de recursos: 1- El próximo gobierno no dispondrá de los recursos financieros para recuperar la deteriorada industria petrolera, ya que los mismos serán destinados a salud, educación, electricidad, agua potable e infraestructura en general. 2- Esos recursos tampoco estarán disponibles en los organismos internacionales, los cuales sí aportarán para la recuperación de otros sectores. 3- La única opción es la inversión del sector privado nacional e internacional. 4-La deuda externa del país ronda los 140.000 millones de dólares. Además, tenemos pendientes muchas demandas por las expropiaciones arbitrarias de Chávez-Maduro, por lo que habrá que llegar a acuerdos con los acreedores.

Requisitos: 1- Es imprescindible un nuevo marco legal para permitir y dar confianza a la inversión privada, para lo cual se trabaja en una nueva Ley de Hidrocarburos 2- Es necesario flexibilizar el marco impositivo y considerar la tasa aplicable a cada proyecto.3- Se requiere un nuevo ente planificador, administrador y regulador de los hidrocarburos.

Pdvsa: 1- No podrá ser la de antes. Tendrá que ser redimensionada y, al menos por un tiempo, seguirá operando. Después podría o no desaparecer. Algunos piensan que es conveniente mantener una petrolera estatal. Otros creen que no lo es. 2-Hay que contar con el personal operativo calificado que actualmente labora en Pdvsa, pero en algunas áreas hay escasez de técnicos y de obreros especializados. 3- El personal de la empresa está desmotivado por sueldos y salarios que no cubren las necesidades básicas, por lo precario de la asistencia médica y de la seguridad industrial. 4- Hay que respetar los derechos laborales de los trabajadores y hacer justica con los despedidos ilegalmente. 5- Llegar a acuerdos con los sindicatos y 6- Revisar los convenios internacionales.

Quien esto escribe, que no es petrolero sino devenido por las circunstancias en divulgador de esta actividad, considera que desde ya hay que pensar en qué hacer con la investigación, con la enseñanza y con la responsabilidad social, llevadas a cabo en el pasado con éxito por el Intevep, Cied y Palmaven. Una posible vía podría ser apoyarse básicamente en las universidades y lograr financiamiento mediante un pote administrado por el ente regulador propuesto, al que aporten las petroleras de acuerdo con sus proyectos. El tiempo apremia, ya que somos optimistas de que el régimen terminará de derrumbarse antes de lo que algunos piensan.

Como (había) en botica:

El régimen protegió a la guerrilla colombiana y, al parecer, ahora se parcializa por una de sus facciones. Los perjudicados son los habitantes de varias localidades de Apure y nuestros militares y civiles fallecidos. Los organismos internacionales de derechos humanos deben investigar esa situación confusa Lamentamos el fallecimiento de Nicola Paglione, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

 4 min


Pedro Raúl Solórzano Peraza

La agricultura venezolana, para poder mantenerse y evolucionar, permanentemente ha tenido que luchar contra muy variados obstáculos. Recuerdo desde los años sesenta, cuando me inicié en el mundo del agro culminando mis estudios de agronomía y posiblemente hasta hoy, que los productores han tenido serios problemas para vender sus cosechas de cereales y otros rubros a las industrias procesadoras. Se prefería importar y favorecer con sistemas impositivos las materias primas, y alimentos en general, producidos en el extranjero, porque en las arcas de la nación se atiborraban las divisas provenientes del petróleo. Popularmente esto se ha identificado como agricultura de puertos. Hemos estado enfermos, nos hemos contagiado con la enfermedad holandesa derivada de nuestra economía rentista basada en la exportación petrolera. En algunos momentos esto se manejó contingentando las importaciones para favorecer la venta de los productos nacionales. Esta política fue seriamente criticada por algunos economistas, pero funcionó aunque también fue muy fugaz.

Quizás desde los años ochenta en adelante, la infraestructura de apoyo a la agricultura ha venido deteriorándose, y como ejemplo podemos citar el caso de los sistemas de riego. En lo personal opino que quizás el obstáculo más limitante es la inseguridad personal y jurídica que perturba el comportamiento de los productores, y limita sus inversiones para mejorar la producción y la productividad. Más recientemente se menciona la escasez y obsolescencia de maquinaria e implementos agrícolas, y como noticia que rompe el celofán en las redes, un tremendo obstáculo es la falta casi absoluta de combustible, de diésel para la operación de la maquinaria y de otros equipos requeridos en las unidades de producción.

Desde el año 2010, con la expoliación de la empresa Agroisleña, C.A., la falta de un suministro variado, suficiente y oportuno de los insumos agrícolas básicos, se ha convertido en uno de los mayores obstáculos que tiene nuestra agricultura. Posiblemente, esta complicación para adquirir los insumos básicos ha traído como consecuencia la aparición de diversos obstáculos ocultos para la agricultura nacional. Son ocultos porque se establecen y manejan a la sombra de la ilegalidad.

Un ejemplo de esto ha sido la venta de semillas de pobre calidad, no solo en su pureza y vigor, sino en su identificación fraudulenta. En mis vivencias estudiantiles, el profesor de olericultura mencionaba que las semillas deben ser “verdaderas al nombre”, en lo cual hacía mucho énfasis para las semillas de hortalizas. Por supuesto, esto se refería a que la semilla tenía que ser del genotipo correspondiente a su identificación. En años recientes, posteriormente al uso de algunas semillas de diversos cultivos, se ha detectado que no correspondían al genotipo identificado en las etiquetas, e incluso se ha llegado a vender variedades por híbridos.

Insecticidas y herbicidas también han sido, en algunas oportunidades, obstáculos ocultos, ya que se han adulterado diluyéndolos o mezclándolos con otras sustancias, y por supuesto han perdido su capacidad para combatir insectos plaga y malezas. Algunas conclusiones por el uso de estos productos, son referidas a que tanto los insectos como las malas hierbas han desarrollado resistencia a los ingredientes activos de dichos plaguicidas, desprestigiándolos.

Actualmente ha aparecido otro obstáculo oculto, con la distribución en diversas regiones agrícolas del país de fertilizantes que aparentemente no tienen la calidad química indicada en la etiqueta, ni tienen la calidad física de la resistencia de sus gránulos. Esto se ha estado detectando por las quejas de algunos productores, quienes se sorprenden porque los rendimientos logrados en sus cosechas están muy por debajo de lo esperado, y por los problemas que se han presentado en el manejo de estos productos por disgregación de los gránulos y su apelmazamiento en los equipos de abonamiento. Por supuesto, si la concentración de nutrientes de productos de este tipo es mucho menor que lo indicado en la etiqueta, el agricultor está aplicando dosis inferiores a las requeridas y, consecuentemente, la calidad de su cosecha y los rendimientos van a ser muy pobres.

Estos obstáculos ocultos y la piratería que se realiza con ellos, se pueden evitar si el productor se dirige a distribuidores de tradición y confianza. Por supuesto, estos distribuidores tienen que esforzarse por disponer de una variada gama de insumos, en cantidad suficiente y de manera oportuna para que el productor los pueda utilizar en los momentos mejor indicados. Recordemos que toda práctica agrícola, para que sea eficiente, tiene que ser aplicada oportunamente.

Pedro Raúl Solórzano Peraza

Marzo de 2021.

 3 min


Joshua Goodman

Matthias Krull se levanta la pernera del pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años ha sido un recordatorio constante de sus crímenes.

Con una orden judicial en la mano y la voz de un niño que resuena en la habitación contigua, el exbanquero suizo corta el plástico duro, liberando un torrente de emoción al contemplar sus errores pasados y la esperanza de reconstruir lo que, hasta su arresto, había sido un desastre. vida encantada.

“Físicamente, me acostumbré, pero psicológicamente es liberador”, dijo Krull desde la sala de su casa alquilada en un frondoso suburbio de Miami. “Poder volver a usar pantalones cortos es algo muy importante. Yo estaba en los partidos de fútbol de mi hijo y todo el mundo estaba en pantalones cortos en 100 grados. Estaba en pantalones largos “.

Los problemas de Krull provienen de su época como banquero en Venezuela, una nación que ha estado plagada de una corrupción épica en dos décadas de régimen socialista, primero bajo el presidente populista Hugo Chávez, luego su sucesor elegido a dedo, Nicolás Maduro.

Durante ese tiempo, Krull, quien trabajó para el Grupo Julius Baer, desempeñó un papel singular como banquero privado de referencia para los llamados Bolichicos, el vástago privilegiado de la revolución bolivariana de Venezuela, mientras buscaban trasladar sus fortunas de la noche a la mañana al extranjero. Entre sus posibles clientes: los hijastros de Maduro.

Pero luego, en 2018, el banquero rubio y con gafas fue arrestado por cargos de lavado de dinero en el aeropuerto internacional de Miami mientras estaba de vacaciones con su familia.

Colocado en un centro de atención que nunca buscó, el europeo normalmente discreto comenzó su segundo acto como testigo estelar de una investigación criminal federal estadounidense conocida como Operación Money Flight, que busca desenredar cómo los cleptócratas venezolanos robaron miles de millones en riqueza petrolera de su país.

Según todos los informes, la ayuda de Krull en el mapeo de las empresas fantasmas y los hombres de paja colgados en jurisdicciones secretas como Antigua, Malta y Hong Kong, donde los venezolanos han escondido su riqueza mal habida, ha demostrado ser decisiva.

Desde que se declaró culpable en 2018 , ha ayudado a los fiscales a reclutar a otros banqueros suizos como testigos, ha presionado a los lavadores de dinero venezolanos para que se rindan y ha ayudado a numerosas investigaciones europeas.

En reconocimiento a esos esfuerzos, un juez en septiembre recortó su sentencia original de 10 años de prisión en un 65%, según documentos judiciales recientemente revelados, una de las reducciones más grandes jamás realizadas en la corte federal de Miami.

El juez también relajó las condiciones de libertad condicional de Krull, permitiéndole quitarle el monitor de tobillo que lo mantenía confinado en su casa desde las 7:30 pm hasta las 7:30 am. Está programado que comience su sentencia de prisión de 42 meses este verano.

Pasar el cursor sobre su terrible experiencia es una pregunta más desconcertante: si alguien más fue responsable de la corrupción. Hasta la fecha, Krull es el único banquero que ha sido procesado en los EE. UU. En relación con la corrupción, a pesar de que muchas otras firmas de zapatos blancos compitieron durante años por una parte de lo que había sido uno de los mercados más calientes del mundo para la gestión de patrimonios. Y aunque Julius Baer ha descartado sus acciones como las de un empleado deshonesto, los reguladores suizos descubrieron el año pasado que la augusta casa del dinero, en su afán por obtener ganancias, pasó por alto las señales de alerta e incentivó el mal comportamiento , tanto como lo hizo durante un escándalo financiero anterior que involucró organismo rector del fútbol FIFA.

El objetivo era traer dinero nuevo”, dijo Krull, quien se desplaza a mitad de la oración entre el fluido español venezolano y el inglés denso con acento alemán. “Realmente no les importaba la rentabilidad de la cartera”. Añadió: “Si no hubiera aceptado un cliente, seguramente alguien más lo habría hecho”.

En una serie de entrevistas con The Associated Press durante los últimos 10 meses, Krull relató su notable viaje desde el hijo de un pastor luterano nacido en Alemania hasta el banquero de elección de la élite gobernante de Venezuela.

Julius Baer, con sede en Zúrich, se negó a responder preguntas detalladas sobre cualquier responsabilidad de supervisión en las actividades delictivas de Krull, por lo que esta historia refleja la propia perspectiva de Krull. Sin embargo, muchos de los detalles están respaldados por documentos judiciales y funcionarios estadounidenses que han pasado años investigando la corrupción en Venezuela.

‘ESTRELLA A BORDO’

Para los rivales de Krull en Venezuela, fue su educación única lo que le dio una ventaja. Su padre trasladó a la familia de la ciudad alemana de Munster a Venezuela cuando Krull tenía solo 7 años.

Sus padres se divorciaron más tarde, pero él se quedó en Caracas cuando su madre se volvió a casar con otro miembro de la iglesia. Viajando entre una escuela privada alemana y la parroquia del centro de la ciudad, asolada por la pobreza, donde su padrastro vivía y trabajaba, Krull construyó una red de contactos entre las élites de Caracas mientras se sumergía en la jerga lúdica de los barrios marginales de las colinas.

“Nunca ha sido difícil para mí adaptarme a las personas que me rodean”, dijo el hombre de 47 años. “Puedo ser tan formal como sea necesario para cumplir con los estándares en Europa o explicar términos financieros complejos de una manera que la gente común entienda. Es uno de mis puntos fuertes “.

Asistió a la escuela secundaria en la Ciudad de México y a la universidad en Suiza antes de regresar a Caracas en 2004.

Sus primeros años en Julius Baer fueron algo así como un desenfoque impulsado por la bonanza para el entonces soltero expatriado de 30 y tantos años. Chávez estaba en la cima de su poder, los precios del petróleo se dispararon a un récord y los venezolanos ricos luchaban por esconder su dinero en el extranjero antes de que fuera confiscado por el gobierno o desaparecido por la hiperinflación.

“La broma entre los banqueros era que el dinero estaba tirado en las calles, solo había que recogerlo”, dijo.

Krull dijo que Julius Baer asignó a 15 banqueros para buscar nuevos clientes en Venezuela en comparación con solo tres en la vecina Colombia, cuya economía tradicionalmente ha tenido un tamaño similar. Otros bancos también tenían hambre. Pero Krull los eclipsó a todos.

Él estima que a lo largo de su carrera acumuló más de $ 1 mil millones en depósitos para Julius Baer, lo que le valió un lugar aclamado año tras año en el “Club del Presidente” del banco, el único asesor latinoamericano que obtuvo consistentemente la distinción reservada para 10% de los mejores.

Con un salario, bonificaciones y beneficios que a veces superaban los 1,5 millones de dólares al año, dice Krull, internamente fue apodado como la “estrella de la incorporación” de Julius Baer. Era dueño de dos restaurantes de moda en Caracas, un condominio en Miami y obras de arte caras de los maestros modernistas de Venezuela.

Sin embargo, había un lado más arriesgado. Los banqueros eran habitualmente objeto de secuestro o extorsión por parte de funcionarios gubernamentales. Krull dice que una vez se enfrentó a un cliente enojado que colocó un arma sobre una mesa para exigir la devolución de millones de dólares que había perdido a través de otro asesor de inversiones. Después de eso, Krull contrató a un guardaespaldas armado.

La gota que colmó el vaso fue un tiroteo frente a su apartamento en un elegante barrio de Caracas, cerca de la embajada de Estados Unidos.

Krull y su novia se dirigían a Europa para casarse y habían organizado una velada de toda la noche con amigos. Pero en el último minuto, su prometida enfermó de apendicitis y cancelaron. Durante la noche, la policía abordó un automóvil estacionado frente a su apartamento en el piso inferior. Estallaron los disparos, tres oficiales murieron y se produjo una persecución. Uno de los hombres finalmente capturado dijo que estaba esperando a un extranjero, presumiblemente Krull, a quien el pistolero esperaba que llegara a casa antes del amanecer.

Tomamos la decisión de que Venezuela no es el país para formar una familia”, dijo Krull.

En 2012, se mudó a Panamá, pero aún viajaba a Venezuela y otros países cada dos semanas.

ENCUENTRO CON LOS ‘NIÑOS’ DE MADURO

Un acuerdo de divisas de alto riesgo que salió mal condujo al arresto de Krull. Pero contrariamente a los primeros informes de los medios de comunicación de que él era el cerebro de la conspiración, el papel de Krull en el plan fue pequeño y llegó tarde en el juego, según los investigadores estadounidenses. Al final, la transacción sospechosa que lo llevó al agua caliente ni siquiera se llevó a cabo.

El trato sucio comenzó en 2014, cuando uno de sus clientes junto con otros hicieron un préstamo al monopolio petrolero estatal de Venezuela, PDVSA, en bolívares. Krull no participó en el trato. La petrolera reembolsó el préstamo dos meses después en dólares a un tipo de cambio oficial y extraordinario. Eso permitió a los conspiradores hacerse con 510 millones de euros, o casi 15 veces lo que habían prestado originalmente, según la denuncia penal contra Krull. En el camino, se pagaron sobornos a los principales funcionarios petroleros, según la denuncia.

Dos años más tarde, el cliente de Krull, que está identificado en los documentos judiciales como “Conspirador 7”, le pidió que transfiriera 200 millones de dólares procedentes del préstamo falso a una cuenta bancaria extranjera para dos amigos, según los investigadores.

En los documentos judiciales, el “Conspirador 7” se identifica únicamente como el multimillonario propietario de una cadena de televisión en Venezuela. Pero dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el caso lo han identificado como Raúl Gorrín, quien en 2013 compró la popular red Globovisión y suavizó su cobertura antigubernamental. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de las acusaciones.

Krull tenía órdenes de su empleador de evitar cualquier transacción que involucrara a la compañía petrolera, que ya estaba en el radar de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Entonces dice que se ofreció a conectar al cliente de toda la vida con un administrador de dinero en Panamá. Sin que los dos lo supieran, el administrador de dinero en Panamá era un informante del gobierno de los Estados Unidos que había grabado en secreto cientos de reuniones, conversaciones telefónicas y mensajes de texto.

En una reunión de enero de 2017 en la oficina de Gorrín, Krull conoció a los verdaderos beneficiarios de la toma de $ 200 millones. Al abrir la puerta de una sala de conferencias contigua, se encontró cara a cara con tres hombres vestidos con pesadas cadenas de oro y gorras de béisbol que fueron presentados como “Los Chamos”, jerga venezolana para “los niños”. Eran los hijos raramente vistos de la esposa de Maduro, la “Primera Combatiente” Cilia Flores.

“Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba sobre mi cabeza”, dijo Krull, quien salió del almuerzo con los hombres y se dirigió al aeropuerto con el corazón acelerado. “No quería confrontarlos o decirles que no estaba de acuerdo con la política de sus padres. … Pero cuando estaba en el ascensor bajando, me dije a mí mismo: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué en este momento? ‘”

Krull dice que Gorrín persistió y finalmente lo persuadió de que se presentara al informante del régimen. Eso fue suficiente para que Krull fuera acusado como miembro de una conspiración para sacar $ 1.2 mil millones de PDVSA. Los hijastros de Maduro no han sido acusados.

Gorrín fue acusado en 2018 en un caso separado por supuestamente pagar una serie de gastos lujosos (tres jets, un yate y caballos campeones de salto) en nombre del tesorero nacional de Venezuela como parte de un plan para robar más de mil millones de dólares al gobierno. . Gran parte de las ganancias se destinaron a bienes raíces de lujo en Miami, alegan los fiscales federales. Gorrín sigue prófugo.

Howard Srebnick, un abogado con sede en Miami que ha representado a Gorrín en el pasado, no respondió a una solicitud de comentarios, pero anteriormente dijo que el empresario venezolano niega haber actuado mal.

HACIENDO LA VISTA GORDA

Krull insiste en que lo están convirtiendo en el chivo expiatorio de un sistema bancario privado basado en el secreto que facilitó el saqueo de las arcas estatales de Venezuela.

Si bien la mayor parte del dinero que ingresó a las bóvedas de Julius Baer desde Venezuela fue el subproducto de la propia inestabilidad del país (liderazgo desventurado, moneda sin valor e inflación de tres dígitos), Krull dice que cree que una buena parte representa el producto de la corrupción a la que recurrieron muchos bancos. un ojo ciego. Julius Baer no fue el peor infractor, dice, y de hecho varios otros bancos suizos, incluidos HSBC Private Bank, UBS, Credit Suisse y Compagnie Bancaire Helvetique SA, con sede en Ginebra, han aparecido en investigaciones penales en Estados Unidos o Europa.

“Había tal apetito por ganar dinero y crecer que muchas transacciones no recibieron la revisión adecuada”, dice.

Krull citó el ejemplo de una oficina de Julius Baer en Europa que, según él, abrió una cuenta para un cliente venezolano incluso después de alertar a sus colegas de que el empresario estaba bajo un intenso escrutinio mediático por posibles vínculos corruptos con Maduro. En otra ocasión, dijo Krull, un gerente contrató a un ex funcionario petrolero a pesar de haber cerrado una cuenta que pertenecía al mismo hombre años antes cuando ambos banqueros estaban en Credit Suisse.

Krull presentó una demanda por despido injustificado de 34 millones de dólares contra Julius Baer en Venezuela en la que describió una reunión a principios de 2017 en la que él, un gerente y un oficial senior de cumplimiento discutieron qué hacer con varios clientes cuya información de cuenta había sido entregada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos como parte de una investigación por lavado de dinero.

En lugar de eliminar a los clientes, alega Krull, el equipo de cumplimiento le indicó que cerrara solo las cuentas corporativas y permitiera a los clientes mantener sus cuentas personales, donde se depositaba la mayor parte de su patrimonio.

“El único propósito era seguir generando ingresos para el banco y no tomar ninguna acción real y concreta para evitar el lavado de dinero o cualquier otra actividad delictiva sospechosa”, alega Krull en la denuncia.

Krull dijo que en sus 14 años en el trabajo, ningún gerente de cumplimiento visitó Venezuela a pesar de que visitaron otras oficinas en la región. Dijo que dos ejecutivos fueron contratados en 2016 y 2017 a pesar de haber sido despedidos de otro banco debido a problemas de cumplimiento de Venezuela.

El año pasado, los reguladores suizos encontraron muchas transacciones durante casi una década que apuntan a “fallas sistémicas” de Julius Baer en sus obligaciones de combatir el lavado de dinero. Específicamente, la auditoría encontró que Julius Baer se quedó “significativamente corto” en la investigación de las identidades de sus clientes latinoamericanos y compensó a los banqueros por atraer nueva riqueza sin prestar mucha atención a los objetivos de cumplimiento y gestión de riesgos.

Julius Baer no respondió a una solicitud de entrevista ni proporcionó respuestas a preguntas detalladas sobre las acusaciones de Krull, citando un litigio en curso.

Sin embargo, el banco señaló en un comunicado que la actividad delictiva de la que Krull se declaró culpable ocurrió fuera de sus funciones laborales. El banco dijo que ha cooperado con las autoridades suizas, ha cerrado sus oficinas en Panamá y Venezuela y ha tratado de recuperar las bonificaciones de los empleados de su grupo latinoamericano cuyas acciones desencadenaron la investigación regulatoria.

Las acciones de Krull “no son compatibles con la cultura de riesgo que estamos buscando lograr”, dijo Romeo Lacher, presidente del Grupo Julius Baer, sobre los hallazgos del regulador suizo el año pasado. “Julius Baer ha invertido sustancialmente durante los últimos años en fortalecer nuestros procesos de cumplimiento y gestión de riesgos para adecuarlos a los desafíos del futuro”.

Mark Pieth, un experto en lavado de dinero, dijo que los bancos suizos se han visto involucrados en varios escándalos en los últimos años, por lo que no hay excusa para que no conozcan el origen de las enormes sumas de dinero que están acumulando sus asociados en Venezuela.

Eso es especialmente cierto para Julius Baer, dijo, porque fue uno de los pocos bancos suizos acusados penalmente en un caso de evasión de impuestos en Estados Unidos por ayudar a los estadounidenses a ocultar miles de millones en cuentas en el extranjero. En 2016, acordó pagar una multa de 547 millones de dólares.

“Con Venezuela, deberían haber sonado todo tipo de alarmas”, dijo Pieth, quien recientemente se retiró de la facultad de derecho de la Universidad de Basilea.

Pieth dijo que le sorprende que más instituciones financieras suizas y sus altos ejecutivos no hayan sido acusados en los EE. UU. En Suiza, el supervisor de mercados financieros FINMA, como parte de su investigación de Julius Baer, envió reprimendas por escrito a dos gerentes de alto rango: un castigo Pieth comparado con “una palmada en los nudillos”.

“Es como pedir a los casinos que identifiquen a los adictos al juego”, dijo. “El trabajo de los banqueros es ganar dinero, no regularse a sí mismos”.

FINMA se negó a identificar a los dos banqueros, pero señaló que los procedimientos contra un tercer banquero se retiraron después de que se comprometiera a no volver a trabajar en la gestión financiera, mientras continúa una investigación sobre una cuarta persona.

Uno de los cuatro es el ex director ejecutivo Boris Collardi, quien renunció a Julius Baer en 2017 para unirse a otro banco privado suizo, Pictet, como socio.

“Tomamos nota de la decisión de FINMA a principios de este año”, dijo Pictet en un comunicado de Collardi, cuya reprimenda no tiene efecto legal. “Tenemos plena confianza en su trabajo”.

Por su parte, Krull espera volver a encarrilar su vida. Está programado para comenzar su sentencia de prisión de 42 meses en julio. Mientras tanto, pasa sus días llevando a sus hijos a partidos de fútbol, ??conectándose con viejos amigos y almorzando con su abogado.

“Lo que más lamento es que cuando me vi arrastrado a esta situación, no tuve la fuerza para hacer sonar el silbato y dar un paso adelante hablando con las personas adecuadas”, dijo Krull. “Eso permanecerá conmigo por el resto de mi vida”.

AP

Traducción libre al castellano por la patilla.com

 14 min


Jesús Elorza G.

Frente a las agresiones que a diario sufre el sector universitario por parte del régimen, los obreros, empleados, estudiantes y profesores decidieron darle un contenido social de protesta pacífica y democrática a los actos de la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.

En tal sentido, sin el ánimo de ofender la tradición cristina, queremos recordar que, el Vía Crucis (en latín: «camino de la cruz») es una de las devociones o prácticas de oración más extendidas entre los cristianos y refiere las diferentes etapas o momentos vividos por Jesús desde el momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura.

También, la expresión se usa comúnmente para expresar todo tipo de dificultades que se presentan en la vida. Basados en este último principio, los miembros de la Comunidad Universitaria hicieron un ejercicio de sincretismo, mezclando las etapas recorridas por Jesús en su vía crucis, con las penurias y dificultades por las cuales atraviesa la Universidad en Venezuela.

Ese vía crucis que, durante 22 años (1999-2021), han sufrido las universidades, se han expresado de distintas maneras en cada una de las 15 estaciones que conforman el calvario y sufrimiento en su camino a la crucifixión:

I.- La Autonomía Universitaria es un principio con rango constitucional desde 1999 (Artículo 109 de la CRBV) que le da a la Universidad venezolana independencia política y administrativa, autogobierno, elección de sus autoridades bajo sus propias normas y sin injerencia del poder político.

En 1999, comenzó una política gubernamental de progresiva limitación y negación de este principio autonómico, con la intervención del proceso de democratización de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG). Luego, en orden cronológico, fueron intervenidas la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ).

El último atropello es el del 27-08-2019, cuando, a pesar de que la Sala Constitucional, al igual que todo el TSJ, se encontraba de vacaciones judiciales, ésta ordenó, en sentencia N° 324, la celebración de las elecciones de las autoridades universitarias de la UCV en un plazo de seis meses, y que el CNU defina un cronograma para la realización de las elecciones en las demás universidades autónomas, con un reglamento impuesto por el mismo TSJ. La amenaza es, que si la UCV no acata este reglamento impuesto, ella podría ser intervenida por el CNU.

II.- En la estación Normas de Homologación se hacen evidentes las violaciones recurrentes a la libertad sindical, a derechos adquiridos y al derecho constitucional a convenir las condiciones de remuneración y trabajo de los profesores universitarios, provocaron el conflicto y fueron la causa del paro nacional de 2013, que se resolvió con un acuerdo suscrito entre FAPUV, AVERU y el Ministerio, en el que se reconoce a la FAPUV como legítima representante de los profesores universitarios; se ratifica la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales de los profesores universitarios, y se reconoce la vigencia de los acuerdos federativos (Normas de Homologación) y Actas Convenio Institucionales suscritas entre las universidades y sus asociaciones de profesores. A pesar de la firma de ese acuerdo el gobierno siguió desconociendo los derechos sociales de los universitarios.

III.- En la estación Paralelismo Sindical fueron excluidos de la discusión de la Convención Colectiva, además de la FAPUV, las federaciones mayoritarias de empleados, profesionales y obreros, es decir, las 18 asociaciones de profesores de FAPUV, 14 sindicatos de la Federación de Trabajadores Administrativos de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), la Federación de Sindicatos Obreros de la Educación Superior en Venezuela (FENASOESV), los Sindicatos No Federados de obreros y la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales de Venezuela (FENASIPRUV).

El Ejecutivo Nacional solo discutió la IIICCU con una federación minoritaria, de militancia oficialista llamada federación de trabajadores universitarios de Venezuela (la ftuv) e impuso una convención que profundizó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los universitarios.

IV.- El régimen se ha reservado la definición unilateral del salario mínimo, en contravención con lo dispuesto en el Artículo 3 del Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, suscrito y ratificado por Venezuela, y los ha fijado en montos irrisorios, en violación del artículo 91 de la CRBV, que establece que el Estado garantizará un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.

Con esa tabla salarial impuesta, de manera autocrática, se perdieron los porcentajes de las inter escalas que se venían aplicando en todas las contrataciones colectivas universitarias. Con los posteriores ajustes del salario mínimo, debido a la hiperinflación, el gobierno ha mantenido esa política que desconoce completamente la contratación colectiva.

V.- En las universidades nacionales, la deuda por concepto de Prestaciones Sociales con profesores, profesionales, empleados administrativos y técnicos ha sido un motivo permanente de denuncia y protesta. A algunos se les deben todas sus prestaciones, a otros se les ha pagado la antigüedad y se les deben los intereses. El proceso hiperinflacionario en Venezuela, terminó de liquidar este derecho ya que el régimen se opone a la Indexación.

VI.- Los Institutos de Previsión del Profesorado (IPP) son instituciones creadas por los profesores universitarios para administrar sus programas y servicios de salud y previsión social, auto gestionadas y auto administradas. Los IPP han contado con el aporte permanente de los universitarios y con el esfuerzo del gremio profesoral. Estos servicios de salud atraviesan muy serias dificultades debido a la decisión del Ejecutivo Nacional de centralizar los recursos en un sistema único, el Sistema Integral de Salud del MPPEUCT (SISMEU) con graves carencias, que deja completamente “condenados a muerte” a los universitarios.

VII.- Han estrechado cada día más el cerco presupuestario y financiero a las instituciones universitarias al punto que del presupuesto aprobado por el mismo Ejecutivo Nacional, en el año 2019 no entregaron a las universidades ni siquiera el 20%.

Ahora, pretenden implantar el “Sistema Patria” para el pago centralizado de las nóminas de los trabajadores universitarios, violando así la autonomía de las casas de estudio y los derechos laborales.

VIII.- La represión, persecución y criminalización de la protesta legítima y pacífica de las comunidades universitarias se ha intensificado.

IX.- Pisoteados los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. La confiscación del presupuesto universitario, la pulverización del salario, la negación de la contratación colectiva y la precarización de los servicios de salud y seguridad social han comprometido gravemente los derechos sociales, económicos y culturales de los universitarios: el derecho al trabajo, a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a la libertad sindical y el derecho a huelga, a la seguridad social, a la protección de la familia y los menores, a un nivel de vida adecuado y la mejora continua de las condiciones de existencia, a la salud, a la educación, a participar en la vida cultural, a la protección, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura.

X.- En 1976, el CNU dictó las “Pautas Reglamentarias sobre Jubilaciones y Pensiones del Profesorado de las Universidades Nacionales” que en el artículo 8, establecieron la creación de los fondos de pensiones y jubilaciones en las universidades. Estos fondos se nutrieron con aportes del Estado y aportes mensuales obligatorios de los profesores activos, jubilados y pensionados. En 2008, el CNU decidió eliminar las retenciones y los aportes del personal jubilado y pensionado de las Universidades Nacionales. En la actualidad, los únicos que cotizan a los fondos son los profesores activos, debido a la política gubernamental de confiscar el aporte patronal.

XI.- Las Cajas de Ahorro: con la destrucción de los salarios, la devaluación de la moneda y la hiperinflación, esos ahorros también se han pulverizado.

XII.- La creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la universidad insigne del chavismo, con una función claramente ideologizada y partidaria. Además del otorgamiento de Títulos Express, graduando licenciados a corto plazo.

XIII.- Dentro de la Misión Sucre aparecen las llamadas “Aldeas Universitarias”, con el propósito de construir todo un parasistema paralelo universitario, sin control del CNU, sin posibilidades de evaluación, sin rendiciones de cuenta, sin datos estadísticos, sin resultados importantes y donde las inversiones mil millonarias se administrarán sin control. Secuestran recursos del sector formal y los desaparecen con total impunidad.

XIV.- Otro programa ficticio fue el de los “Fundos Zamoranos Universitarios”, hecho como fachada de una educación universitaria socio productiva que respondía a las comunidades menos favorecidas. De este programa no se conocen su evaluación, ni resultados, ni existe evidencia del trabajo hecho.

XV.- Las universidades venezolanas son hoy un espectro de lo que alguna vez fueron. Las cifras no nos hacen imaginar la situación dantesca por la que atraviesan. A los infames presupuestos que no permiten funcionar, ni mucho menos mantener lo existente, se une el absoluto abandono por parte del Estado en lo que respecta a la seguridad de personas y bienes. Además, todas las universidades han sido judicialmente impedidas de renovar a sus autoridades como lo ordenan la Constitución y las leyes, lo que lleva a tener las mismas autoridades centrales y decanales desde hace más de diez años, con el normal agotamiento que esto significa.

Las universidades han sido desmanteladas por el hampa en actos vandálicos de naturaleza política, ocupación ilegal de sus espacios, impedimento físico de sus labores, desvalijamiento de sus dependencias, sustracción de material especializado de sus instalaciones, atracos colectivos en aulas de clase y hasta asesinatos.

La Estación de la Resurrección universitaria pasa inexorablemente por la Unidad de todos los sectores sociales del país en la búsqueda de Elecciones Libres para un gobierno de transición que permita iniciar la superación de este Vía Crucis generado por este régimen autocrático y totalitario.

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Analítica.com

Editorial

Votar es un derecho, pero no es un deber. Por lo visto los venezolanos tenemos derecho a votar pero no a elegir, ni a que nuestra voluntad sea respetada. Veamos:

En las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre del 2005, la oposición se negó a participar. Sus técnicos habían demostrado que las máquinas de votación guardaban los votos en orden de emisión, cosa que había negado el CNE, y con lo cual no se garantizaba el secreto del voto. Además, como no había acceso a los detalles del conteo sino solo a los totales regionales, quedaba en duda la veracidad de los resultados. Finalmente, fue el TSJ quien designó a los rectores del CNE, nombrándolos únicamente entre partidarios del gobierno. Esas fueron, entre otras, las razones por las cuales AD, Primero Justicia, Copei y Proyecto Venezuela se negaron a participar por falta de garantías.

“Que se vayan al carajo” declaró José Vicente Rangel. Por supuesto, el oficialismo arrasó en aquellos sufragios y logró un control total del Parlamento. Por su parte Chávez declaró: “Los errores políticos se pagan”.

En los años siguientes se desató en aquel Congreso, de dudosa legitimidad de origen, un carnaval de leyes oficialistas que alteraron profundamente la estructura legal venezolana.

Pero Chávez no se conformaba. Quería modificar su propia Constitución de 1999, para transformarla en otra abiertamente socialista. Para ello convocó un Referendo Constitucional que habría de tener lugar el 2 de diciembre del 2007.

Aquel referendo se transformó en la primera derrota del chavismo. El pueblo no quería una Constitución socialista. El rechazo fue abrumador y un Chávez (con los nudillos destrozados según se dice por haber golpeado enfurecido las paredes ante la exigencia de los militares de que reconociera la derrota) se vio obligado a aceptar el fracaso. Aunque el CNE reconoció la “tendencia irreversible”, interrumpió el conteo de los votos para que no se conociera la verdadera magnitud del descalabro.

Como mal perdedor Chávez anunció: “Es una victoria de mierda … No retiro ni una sola coma de esta propuesta, esta propuesta sigue viva”. Y siguió adelante con su proyecto socialista ignorando claramente la voluntad expresada por el pueblo.

En las elecciones del 6 de diciembre del 2015 para la Asamblea Nacional, la oposición ganó 112 diputados y logró el control total del Parlamento. A pesar de que los diputados electos ya habían sido proclamados por el CNE (que felicitó al pueblo por “el triunfo de la democracia”), el TSJ desconoció la elección de 3 diputados del Estado Amazonas, para así robarles la mayoría calificada de las 2/3 partes de los escaños. Después, como si fuera poco, el mismo TSJ declaró a la Asamblea en “desacato”, figura no aplicable conforme la Constitución.

En abril del 2016, basándose en el Art 72 de la Constitución, se recabaron las firmas para exigir un referendo revocatorio contra Maduro. El oficialismo se opuso, alegando “firmas planas”. Convoca entonces el CNE un nuevo proceso de recolección de firmas. La oposición obtuvo 1,8 millones de firmas para exigir la realización del Referendo Revocatorio, a pesar de que sólo se requerían 200.000. Impúdicamente el CNE paralizó la convocatoria al Referéndum en claro desconocimiento a la Carta Magna.

En diciembre del 2020 tuvieron lugar nuevas elecciones parlamentarias. Ante Ia falta de garantías la oposición se negó una vez más a participar. El TSJ no sólo había designado (sin tener atribuciones para ello) a los miembros del CNE, sino que además intervino a los principales partidos de la oposición designándoles autoridades sumisas al régimen.

Las principales democracias del mundo, incluyendo a la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, EEUU, la OEA, el Grupo de Lima, Japón y muchas otras desconocieron los resultados por no haberse cumplido con estándares internacionales.

Pero el régimen sigue tan campante y tiene ahora la desfachatez de pretender convocar elecciones regionales y sugerir, en todo caso, un nuevo Referendo Revocatorio contra Maduro para el 2022. Repetimos lo que alguna vez dijo Churchill, “si olvidas el pasado, no tienes futuro”.

Si la oposición participa en las elecciones y triunfa, el oficialismo desconoce o desvirtúa, por una vía o por otra, el triunfo. Si no participa, el oficialismo arrasa con todo, a pesar de la ilegitimidad de su victoria, sin detenerse en limitaciones de orden constitucional.

¿Es esto una democracia? Si no nos agarra el chingo nos agarra el sin nariz.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

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Américo Martín

Se comprenderá que bajo el temporal que descarga su fuerza sobre la trémula línea fronteriza colombo-venezolana, librarse a debatir sobre las elecciones colombianas supondría que no reincidirán explosiones como las ocurridas en La Victoria, pueblo del municipio Páez, estado Apure. De lo contrario, cualquier consulta electoral podría ser severamente afectada. El caso es que no hay razones para descartar esa posibilidad. No creo que esté al alcance de los gobiernos de Colombia y Venezuela revertir, regular o manipular fenómenos violentos de tal índole, una vez que toman cuerpo.

La anatomía de la violencia en la ardiente frontera es de una complejidad tal que su dinámica parece deslizarse hacia desenlaces avasallantes, dado que los actores se multiplican sin disponer de controles ideológicos o materiales para dominar intemperancias.

Al definir confrontaciones análogas a las que acabamos de vivir en el estado Apure, la OTAN acuñó la denominación de «guerra híbrida». La considero pertinente con solo repasar la diversidad de sus actores y la propensión mutante que asomaron a las primeras. Semejante performance sugiere un caótico «todos contra todos». De allí que, tan pronto el Ejército venezolano enfrentaba a una facción guerrillera —quizá para favorecer a la facción disidente— cambiaba de pelaje, al compás de una flauta que interpreta el juego de las tendencias de las FARC envueltas en áspera pugna. Siendo Venezuela el teatro de aquellas luchas, se supone que el gobierno madurista o la FANB ejercerían el rol principal, pero no es eso lo que se apreció.

Si además de defender territorio intervenido por irregulares foráneos y encima proteger los derechos de los venezolanos agredidos sin provocar a nadie, las autoridades nacionales debieron convertir aquella legítima lucha en causa nacional, convocando al soberano y con objetivos claros, no confusos. ¿Es eso lo que estamos presenciando? Para nada. Escuchamos la declaración de un vocero de las FARC, quien desde tierra venezolana, con el pecho inflado de patriótica y bolivariana solemnidad, declaró que su guerrilla defiende a los venezolanos. Y lo notable es que a falta de partidos o grupos en plan de dar la cara por nuestro país, el líder de las FARC espere ser recibido con esperanza agradecida, aunque ciertamente no abunden los dispuestos a defender la soberanía duramente maltrecha. Defenderla, no con la aburrida retórica del imperialismo anglosajón, sino contra quienes se adueñan del territorio de Bolívar, Páez, Zamora, Andrés Bello, Cecilio Acosta, Vargas y lo hacen con tal desparpajo que sin rubor en las mejillas se autoproclaman sus legítimos defensores.

Por eso creo que toda confrontación permite ganar espacios que sirvan para la democratización de la sociedad y el Estado. Ninguna lucha es desechable, todas ofrecen posibilidades en el conjunto de una estrategia global. El torneo electoral colombiano no puede ser tirado a la orilla.

La candidatura de Gustavo Petro, cuya popularidad se mantiene alta, debería polarizar las opciones con el uribismo o con alguien presentado por un eventual frente unitario, seleccionado antes o después de la primera vuelta.

Por cierto, antes de la diabólica guerra híbrida de nuestros tormentos, el polémico expresidente parecía postular una candidatura no partidista, lo que daría vela al exalcalde de Barranquilla, el popular y efectivo Alejandro Char.

Conocí personalmente a Uribe en Madrid. Invitados él, Pedro Barnechea y yo a un foro convocado por la Fundación FAES. Se había postulado a la presidencia de su país, pero los sondeos lo colocaban en cuarto o quinto lugar. Con franqueza le pregunté si realmente esperaba vencer. Con un despiadado realismo me ratificó sus convicciones con la certeza con la que el gran Muhammad Ali anunciaba el round en que su rival caería. Me detalló paso a paso cómo superaría a sus cuatro adversarios. Si conserva tan singular realismo, ayudará sin duda al candidato de la unidad democrática en las próximas elecciones.

Que Gustavo Petro dispute con el expresidente Uribe el favoritismo de Colombia fortalecería el juego democrático.

Sería de lógica elemental que la corriente socialista no agitara trapos de violencia mientras se dirime el resultado comicial. Pero bueno, damos por entendido dos cosas: primero, un conocimiento compartido de lo que signifique «lógica elemental» y, segundo, que los mandatarios puedan mantener agarrados de la mano a los enfebrecidos irregulares.

Las fracturas que supuestamente los habrían debilitado no surtieron ese efecto porque el robusto músculo financiero del narcotráfico opera como fuerte estímulo para impulsar nuevas organizaciones que van básicamente a lo mismo, empoderarse política y económicamente y extender su influencia en el aparato estatal, los regionales y locales. Comprar legisladores, parlamentarios, magistrados y jueces, o simplemente practicar alianzas que se traduzcan en candidaturas narco financiadas.

Ojalá que nuestra querida tierra hermana colombiana, liberada de irregulares, paramilitares y mitigados los efectos de la pandemia, consolidara su tradicional estabilidad institucional y saliera bien librada de este proceso electoral.

Twitter: @AmericoMartin

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