Catorce años después de haber sido testigo de la masacre de cientos de inocentes en la Revuelta azafrán en Birmania, el ejército ha emprendido una nueva ola de terror en el país. La diferencia es que esta vez la represión apenas ocupa las portadas de los diarios o la atención de los líderes internacionales. Los tiranos del mundo viven una época de esplendor, entre la indiferencia general, una justificada percepción de impunidad y la camaradería de saberse parte de un club cada vez más numeroso.

El autoritarismo, un modelo que parecía en decadencia a finales del siglo XX, se expande imparable. La democracia se deterioró el año pasado en 45 países, el peor dato desde 2005, según un informe de Freedom House. Solo un 8,4 por ciento de la población global vive ya en democracias plenas. La tecnología, que muchos creímos sería un motor de libertad, está siendo utilizada para hacer más efectivo el control de las sociedades. La valiente resistencia que ofrecen ciudadanos en teocracias árabes o frente a populismos latinoamericanos, en lugares desde Rangún a Managua, se muestra fútil y corre el riesgo de transformarse en resignación.

¿Y si el triunfo del mal fuera inevitable?

No lo es, pero cuanto más tiempo pase, más difícil será detener su avance y revertir la tendencia. La experiencia demuestra que el beneficio a corto plazo de mirar a otro lado ante la represión no compensa los riesgos futuros y que el mundo es más seguro, estable y próspero cuanto mayor es la población que disfruta de derechos y libertades para trabajar, pensar e innovar en libertad. Ninguna dictadura dura por siempre: la obligación moral de quienes no la sufrimos es trabajar para que en otros lugares lo hagan lo menos posible.

La hora de las reuniones inútiles en las Naciones Unidas —su Consejo de Derechos Humanos incluye a Venezuela, China o Baréin— y retórica vacía ha pasado. Los enemigos de la libertad trabajan en creciente consonancia, exportan su ejemplo a países con instituciones frágiles y promueven la falacia de que los ciudadanos deben sacrificar sus libertades individuales a cambio de una mayor prosperidad, un modelo que tiene en China a su principal valedor. Potencias que solían hacer de contención, como La India, se inclinan peligrosamente hacia el autoritarismo. Otros regímenes, como Rusia o Venezuela, disfrazan con elecciones ficticias la represión y el monopolio de las

El avance de las dictaduras en las últimas dos décadas ha contado con la pasividad de las democracias liberales, sumidas en sus propios desafíos populistas, una desigualdad que cuestiona sus sistemas económicos y la falta de credibilidad de políticas exteriores sumidas en la hipocresía. ¿Qué autoridad moral pueden tener las beligerantes llamadas en favor de la democracia en Cuba cuando a la vez se ofrece un trato de aliado preferente a Arabia Saudita, un país con graves abusos de los derechos humanos?

Los dictadores han aprendido el juego y saben que desviar la atención de los principios democráticos occidentales depende del interés económico.

La esperanza es que los países democráticos comprendan que lanzar una contraofensiva contra el autoritarismo va en su propio interés. La alternativa es un mundo más injusto, arbitrario, conflictivo e inestable, donde libertades básicas se conviertan en un privilegio de minorías y la geopolítica dependa de un puñado de sátrapas impredecibles. Es momento de reeditar una gran alianza que impulse, sin dobleces, ese texto tan olvidado y sin embargo más vigente que nunca: La Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su primer artículo afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

La creación de un D20, formada con las democracias más estables del mundo, podría servir de plataforma para extender su modelo. Estaría compuesta exclusivamente por naciones que defienden la separación de poderes, elecciones libres y la defensa de las libertades de pensamiento, prensa, reunión, comercio u oposición. La asociación incluiría a Estados Unidos —ahora que ha superado el peligro autoritario de Donald Trump—, Australia y Canadá; las democracias latinoamericanas más saludables, Chile y Uruguay; excepciones democráticas asiáticas como Corea del Sur y Japón, la mayoría de las naciones de la Unión Europea y otros países dispuestos a trabajar para revertir la regresión global de las libertades. La idea es que, motivado por los principios, el D20 ocupara un espacio alternativo a otros foros internacionales, incluidos la ONU, el G20 a la Organizaciones de Estados Americanos (OEA), que incluyen dictaduras y terminan marginando los derechos humanos a la última prioridad.

La victoria electoral de Joe Biden en Estados Unidos, que ha mostrado en el pasado sensibilidad por la promoción de la democracia en el exterior, abre una puerta al optimismo. Y, sin embargo, las primeras recetas del nuevo presidente para luchar contra la ola autoritaria parecen sacadas de otra época. La decisión de publicar el informe que implica al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, es un paso en la buena dirección. Pero su impacto será escaso si no incluye consecuencias concretas para el régimen o el líder saudí.

Las sanciones internacionales, recuperadas como medida de castigo para los generales irmanos, han demostrado su inefectividad y suelen perjudicar a la población, como hemos visto en Venezuela o Irán. Cuando se adoptan de forma unilateral, además, carecen del peso que tendrían si fueran parte de un plan conjunto, adoptado por el mayor número de países. Hacen falta planteamientos nuevos.

Los gobiernos de ese hipotético D20, con aspiración de ser ampliado al mayor número de miembros, podrían ofrecer beneficios migratorios, de intercambio cultural y económicos a cambio de reformas democráticas a naciones que hoy se encuentran en la frontera entre el autoritarismo y la democracia. Cuando esos alicientes sean insuficientes, los violadores de derechos humanos deben ser perseguidos. El principio de justicia penal internacional, que en 1998 permitió al juez Baltasar Garzón ordenar el arresto del general Augusto Pinochet, está recibiendo un nuevo y necesario impulso. Aunque España reformó en 2014 sus leyes para limitar la investigación de delitos cometidos fuera de su territorio, países como Alemania, Suecia o Noruega han tomado el testigo de una causa que ganaría tracción si fuera secundada por otros.

Los déspotas del mundo necesitan saber que sus delitos serán investigados y las causas contra ellos permanecerán abiertas, incluso si el único logro es que no puedan dormir plácidamente. A la vez, los disidentes de sus países necesitan hacerlo sabiendo que su valentía recibirá el respaldo de las naciones democráticas. Poner todos los recursos diplomáticos al servicio de su protección es esencial, incluso cuando exista riesgo de fricción diplomática. Si algo enseña la historia es que, con los tiranos, el apaciguamiento nunca funciona.

Hay otras medidas que, adoptadas de forma coordinada, pueden obtener resultados a largo plazo: la suspensión de la venta de armas, tecnología o suministros a ejércitos que cometen abusos —España comercia ese material con 26 dictaduras—, la exposición pública y constante de los represores o su exclusión en foros internacionales y de la

Catar, un emirato absolutista en Oriente Medio, fue premiado con la organización de la Copa del Mundo de Fútbol 2022, a pesar de las nulas garantías democráticas que ofrece el país. El precio más alto lo han pagado al menos 6.500 obreros inmigrantes que han muerto en la construcción de las instalaciones deportivas, según una investigación del The Guardian. ¿Permitiríamos algo así en nuestros países? Esa y no otra debería ser la vara de medir al otorgar legitimidad dentro de la comunidad internacional.

La ofensiva para avanzar la causa de la democracia tiene un escenario claro donde comenzar una nueva era: a pesar de la represión, las detenciones y las torturas, los birmanos siguen tomando las calles a diario para protestar contra el golpe de Estado del ejército.

El coraje de sus ciudadanos, que fueron masacrados en las revueltas de 1988 y 2007, merece nuestro apoyo, medidas contundentes contra sus gobernantes y un esfuerzo conjunto para apoyar su causa. Los vídeos difundidos en los últimos días reúnen suficiente evidencia para iniciar un procedimiento en la Corte Penal Internacional contra los líderes de Birmania. La comunidad internacional debe poner los medios para investigar, detectar y congelar todos los bienes de los responsables de la represión. Los opositores que así lo deseen tienen que recibir asilo político y ayuda, en medios y fondos, para continuar su batalla por la libertad.

Pero ninguna acción será efectiva si no se hace de forma coordinada y como parte de una estrategia conjunta de los países que todavía creen que hay derechos universales que no dependen de la raza, la religión, la cultura o el lugar donde se nace. Un D20 por la democracia, lo más diverso y plural posible, sería un primer e importante paso en la defensa de ese principio.

11 de marzo de 2021

New York Times

https://www.nytimes.com/es/2021/03/11/espanol/opinion/autoritarismo-pand...

Resumen de los elementos destacados del Sistema de Información Regional en la región CNC

• Tendencia a disminuir el empleo con salario formal vs aumento del empleo informal.
• La deficiencia de los servicios públicos, la falta de ingresos para adquirir los productos de primera necesidad y los problemas de transporte son las dificultades que más preocupan a la comunidad.
• Baja percepción de la presencia del COVID-2019 en la región lo que se traduce en bajas medidas de bioseguridad y aislamiento.
• Las condiciones para la educación a distancia son deficiente y afecta sobre todo a los niños de más escasos recursos.
• Presencia en toda la región de la leña para cocinar, incluso como previsión ante la ausencia de gas y electricidad.
• El año 2021 es percibido por la comunidad que será mucho peor que el año 2020.
• Reducida actividad bancaria y circulación de moneda nacional.
• La frecuencia de entrega más común de los bonos de apoyo al ingreso fue de entre 30 días o menos con un monto promedio de 5.273.500 Bs (2.89 US$).
• Las remesas familiares constituyen un importante componente del ingreso familiar.
• Los movimientos migratorios hacia el exterior se consideran bajos pero constantes así como hay también retornos de familias hacia Venezuela.
• Las protestas son bajas en la región así como su conocimiento por los medios de comunicación. Siendo la deficiencia de los servicios públicos el principal motivo de protesta.
• Se observa la presencia de monedas de otros países en especial el dólar americano.
• Las formas de pago más comunes son la tarjeta de débito y el efectivo en otras monedas; se está haciendo común el uso biopago, a través del carnet de la patria.
• Aumento diario generalizado de los precios de los productos, siendo el valor promedio de la canasta considerada para la investigación de 36.861.480 Bs, lo que equivale a 20US$ al mes.
• La frecuencia de entrega más común de las cajas CLAP en el periodo fue de más de 30 días y hasta 45 días, siendo los carbohidratos el elemento nutricional más destacado y la queja principal la frecuencia de entrega, seguida de la calidad y cantidad de los productos.

En los archivos anexos se presenta la información dettallada para el período enero - febrero 2021

Es muy probable que un “aguacero” de críticas esté lloviendo sobre los empresarios afiliados a Fedecamaras, no solo por la reunión que sostuvieron con la comisión de la Asamblea presidida por Jorge Rodríguez sino por, lo que es más importante, por el documento de propuestas que publicaron y enviaron a esa comisión.

En esta nota deseo comentar, con la mejor intención el evento y las circunstancias que deben estar viviendo todos los empresarios venezolanos, sometidos a la más cruel política de eliminación y desaparición que se haya vivido en nuestra historia y que, aparentemente, el actual gobierno desea abandonar y echar atrás, aunque solo colocado en la perspectiva de un cambio económico.[1]

Luego, la pregunta que tenemos que tenemos que hacer es si Venezuela, como un todo, está dispuesta a aceptar este enfoque, solo y aislado de un cambio político y si debe exigir que ambos se persigan y se logren simultáneamente o, al menos, que uno condicione al otro. Señalo esto, por dos razones. Una que, por primera vez, el lado contrario al gobierno, al que me permito llamar el opuesto, la oposición, en la que incluyo partidos políticos, sociedad civil, iglesias, miembros de las Fuerzas Armadas, etc. etc., tiene la gran ventaja de que el gobierno necesita, imprescindiblemente, al movimiento empresarial para salir de la extrema crisis económica y social que nos ha hacho padecer y si está en la obligación de aprovechar ese “poder negociador” para que, Venezuela entera, consiga los dos objetivos que titula esta nota: Democracia y Libre Empresa. Sin sacrificar uno u otro.

En este sentido, no cabe la menor duda de que los empresarios deben defender los que pueden llamarse sus “intereses legítimos”[2], esto es su sobrevivencia, la búsqueda de la recuperación económica, la libertad y la defensa de sus empresas, y todos aquellos que son atinentes a su propio mundo y que están completamente reflejados en el documento de propuestas que publicaron.

Sin embargo, hay una segunda razón que obliga a aprovechar esta inigualable ventaja que hoy día tienen los empresarios y que, siendo Fedecamaras un miembro prominente de eso que podemos llamar Sociedad Civil Organizada, tiene todo el derecho de exigir, como condición sine qua non el rescate de la democracia para toda Venezuela. Como bien lo ha indicado el Presidente de los empresarios en la presentación del libro que recién publicaron, titulado así. Democracia y Libre Empresa.

“Libertad, democracia, libre iniciativa, libre empresa y respeto a la propiedad privada, guían la actuación, desde su fundación el 17 de julio de 1944, de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS).[3]”

Para luego precisar con mayor fuerza:

“Lamentablemente la historia venezolana ha sido ejemplo de la fragilidad de nuestro sistema democrático. Nos ha tocado conocer y padecer sus consecuencias. El abandono de las prácticas democráticas, aunado al deterioro institucional en los últimos años, ha dejado una generación sin referencia alguna de lo que realmente significa la democracia y la libre empresa, entendiendo que el fundamento de la democracia es la protección de las libertades individuales y de la libre iniciativa.”

“Actualmente el país exige no solo un cambio político, sino también verdaderos ciudadanos, comprometidos con los ideales democráticos y con las instituciones. Necesitamos cohesión social, apego irrestricto a los preceptos constitucionales, rescatar valores como justicia, confianza, responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia. Urge alcanzar un acuerdo nacional que nos permita poner en marcha una reactivación económica que garantice el progreso social de Venezuela.”

Hago esta extensa cita para revelar el profundo y amplio compromiso que han tenido los empresarios, en especial los afiliados a Fedecamaras, con el ordenamiento democrático de nuestro país, lo cual los coloca en la zona de defensa del “interés general” de la sociedad venezolana, cual es la defensa de la democracia y de las instituciones que la validan, sin que ello signifique, como es el temor de muchos, el regreso a la política. Si tienen la claridad y la inteligencia para identificar esta diferencia, si actúan conjuntamente, ello podría ayudar a que no queden aprisionados en el solo lado de la ecuación, la de la recuperación económica.

¿Quién defiende la democracia, las Instituciones, la Ley?

Uno tiende a equivocarse mucho al intentar responder estas preguntas porque, en general, la respuesta refiere a una organización específica para interceder por ellas. Por ejemplo, creemos que solo los partidos políticos son los defensores de la democracias y, aun cuando, de alguna manera la sociedad civil les ha delegado esa función. Luego, también creemos que el único “defensor” de la Ley es el Tribunal Supremo o los Jueces, cuestión que, si bien es verdad, tampoco pueden dejarse solos en esa tarea pues sabemos las consecuencias. Lo mismo sucede con las Instituciones, entendidas en su más amplio sentido, por ejemplo una fundamental la Constitución de la Republica.

Como se puede ver todas ellas representan “intereses generales” de la sociedad y, si bien tienen sus específicos defensores, ello no implica, primero que no son atinentes a la sociedad toda y, segundo, que es ella quien tiene la sustantiva responsabilidad de defenderlos. Puede hacerlo a través de las organizaciones especializadas, pero también tiene la obligación de vigilarlas y hacer cumplir sus objetivos y principios... La Presentación a la que aludo y cito pareciera comprenderlo bien.

Democracia, prosperidad y Libre Empresa: ¿Van de la mano?

Existen opiniones, fundamentadas en la experiencia, acerca de que la democracia no es una condición, ni necesaria, ni suficiente, para garantizarle prosperidad a una colectividad

Y, a la luz del presente y el futuro de nuestra sociedad, resulta muy importante evaluar rigurosamente el tema. La experiencia ilustra casos muy diferentes. Por ejemplo, no se puede negar el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado la China en los últimos años, sin practicar lo que se entiende por democracia en occidente, pero también está el ejemplo contrario de Cuba que, ahogándola, no ha logrado prosperidad para su pueblo.

Obviamente, una discusión sobre este tema es bastante difícil y compleja porque existen evidencias de unos y otros resultados, inclusive con el agravante de que, hoy día, el termino democracia está siendo intervenido por distintas formas de entenderla y aplicarla, pero a los fines de lo que nos interesa en Venezuela, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dada nuestra, aunque combatida democracia, de ayer y de hoy, podemos darnos el lujo de sacrificarla para ganar prosperidad?

Los riesgos que podemos enfrentar.

En el caso de que así fuera, y algunos estén dispuestos a defender esa tesis, observo dos tipos de riesgo a los cuales enfrentarnos, por cierto el segundo ligado con el primero. Como todos sabemos el gobierno ha logrado controlar el terreno político, atomizando o eliminando la representatividad de los partidos políticos, inclusive hasta algunos de sus propios aliados, con lo cual nos quedaríamos sin defensores de la democracia, si aceptamos aquel criterio restringido. De ser así, el primer riesgo es que el partido de gobierno sea su “único” defensor. Por otro lado, esa ruta puede llevar, inexorablemente, si no se puede evitar o mitigar, a un régimen institucional de hegemonía de un solo partido, tal como viene sucediendo en algunas partes del mundo.

Ese es un riesgo de alto calibre, pero el segundo riesgo es quizás peor, porque sabemos que este tiene serias implicaciones para la creación y el desarrollo de plenas libertades económicas, esto es para la plena vigencia de la Libre Empresa, porque la hegemonía de un partido no garantiza que estas sean debidamente reguladas y protegidas, tal como sucede actualmente en China, en Cuba, en Vietnam o Laos, ejemplos ampliamente conocidos y aceptados.

Este riesgo tiene para los empresarios un alcance de corto plazo y otro de mediano o largo plazo, pues pueden ser atraídos, seducidos o ilusionados por la apertura que se les está ofreciendo sigilosamente para el corto plazo, expresada en empresas devueltas, créditos equivalentes en moneda extranjera, facilidades para comprar y vender, etc., etc. Sin embargo, tienen que medir o evaluar muy bien, si estas concesiones no pueden ser revertidas en el mediano o largo plazo, puesto que quienes podrían defender la democracia, la Ley y las Instituciones habrían sido aniquilados.

Es un quid pro quo que deben definir y determinar muy, muy claramente. Probablemente, un breve examen de la evolución de la Libre Empresa así como también la importancia del sector gubernamental de empresas en regímenes de un solo partido pueda alertar. Vale la pena recordar que, cuando en Venezuela, predominó la fuerza de un líder y de su partido estas libertades corrieron peligro y palabras como “exprópiese”, “guerra económica”, etc., etc. estuvieron en boga y fueron sumamente útiles para restringir la libertad y aniquilar al sector privado venezolano.

Recordemos que a libertades económicas corresponden libertades individuales, así como a Libre Empresa corresponde Democracia, libertad en palabras simples que hay que ganársela. Como dicen claramente Acemoglu y Robinson:[4]

“La libertad no es el orden «natural» de las cosas. En la mayoría de lugares y en la mayoría de casos, los fuertes han dominado a los débiles y la libertad humana ha sido anulada por la fuerza o por las costumbres y normas…”

De manera, pues, que si bien nos encontramos en una coyuntura favorable a una negociación, esta debería ser aprovechada para el bien de todos y no solo de algunos.

[1] Los primeros pasos ya se han comenzado a dar, amparados en la publicación de la Ley Antibloqueo.

[2] Entendidos por aquellos que representan sus intereses propios, tal como u sindicato defiende a los trabajadores, los educadores a los maestros, los médicos su profesión y así el resto de organizaciones.

[3]Presentación del libro “Democracia y Libre Empresa”. Ricardo Cusanno. Presidente de Fedecamaras

[4] Acemoglu, D y Robinson, J. “El pasillo estrecho”. Deusto. (2019)

Tomando la necesaria voz interventora para ayudar a recuperar el orden disciplinario en la Fuerza Armada Nacional venezolana, queremos insistir en el tema que vienen tratando diversos sectores políticos, cada uno en su área, pero con mayor incidencia, el asumido por los opinantes militares, quienes como nosotros, asumen la sindéresis como bastión necesario, toda vez que otros sectores asumen como fundamento el acontecer conductual de los actuales mandos militares, adjudicándoles a ellos como verdad, el representar y hablar por todos los servidores nacionales, quienes un día juraron “defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuere necesario”, tal como lo manda la Constitución de la República.

Queremos resaltar en este introito, el artículo del colega, compañero y amigo, a mas de compadre, Humberto Seijas Pittaluga, quien como siempre entorna su prosa con títulos, más que convincentes, reales. Es el caso de “Uniformados, un poquito más de decencia”, en el cual refiere las nefastas declaraciones del general Vladimir Padrino en su ataque al presidente de Colombia, con un verbo sin sentido, a mas de impropio, cuando asume la vocería de la Fuerza Armada Nacional, y sin tapujos, la del sublime mando superior del comandante en jefe, cometiendo errores que lo descalifican como estratega militar, toda vez, que la amenaza con la fuerza, no es propio de un ministro, y ni siquiera del presidente, ya que la FAN venezolana, conforme al artículo 328 de la Constitución, esta tiene como misión única la defensa militar. No creo que no sepan esto el presidente colombiano y su mando militar. Y si lo pensara como retaliación, no es la forma militar de aplicar el principio de la sorpresa, ya que es enjundioso evitar la alerta de cualquiera operación, sea legal o ilegal.

Como dice el comentado Seijas: “A la mayoría de nosotros se nos enseñó, desde muy temprano, que ´lo cortés no quita lo valiente´. Lamentablemente, no todos tuvieron la dicha de conocer esa norma y regirse por ella.” Y continúa Seijas (refiriéndose al MinPoPoDef): “No pensó que él no es un guapetón de barrio sino alguien que representa, ¡trágame tierra!, a la república. Y que las relaciones internacionales se caracterizan tanto por la finura en el trato como por la hipersensibilidad dérmica de las partes.”

Para nosotros, todo este ensamble, que no es hipotético ni de inventiva, lo entornamos con nuestras anteriores exhortaciones al colega y muy galardonado general Vladimir Padrino, a quien desde hace tiempo le venimos alertando sobre actos aparentemente burlescos, con los que se le insinúa un cambio de actitud y conducta en el desempeño de su ya largo mando en la institución militar de la república, todo con nuestra intención de ayudarlo en el despeje de las insidias y burlas de personajes y hasta colegas “personeros”, que lo ven como un ente ubicuo, y a quien tal vez sin saberlo, le han dado la responsabilidad de asumir toda la desgracia gubernamental, en lo que ha ayudado su soberbia impropia y su testarudez, que va en contra de la dignidad del militar venezolano.

Bien es cierto, y lo hemos asumido como conclusión del análisis que hemos venido haciendo del actuar del general Padrino, desde su mismo entorno familiar en Caicara de Maturín, cuando como imberbe aún, no tenía idea de lo que le repararía el destino, y mucho menos del gravísimo error, que no ha querido reconocer ni renunciar, al ponerse en contracorriente en el país y tratar de mantener como viva y heroica la imagen del difunto teniente coronel Chávez, “destructor de la patria nueva”. En esto hemos insistido al general Padrino, que debe asumir su error de humano y actuar como sabio reconociéndolo, y asumir el rol que es el dable y necesario, de apartar a la FAN de la política, que tanto daño le ha hecho al país en estos veinte años de debacle institucional.

El colega general, debe oír la vocería que quiere involucrar a la institución de la dignidad en la debacle, ya imparable, y ponerse al servicio de la recuperación de la patria, dejando de lado la terquedad gubernamental y la desfachatada incongruencia opositora y, como buen ciudadano, unirse a la vocería que clama como pueblo, cambiar de sistema o cambiar de gobierno. ¡No hace falta golpe de Estado, solo falta sindéresis institucional y dar fuerza a la dignidad del militar venezolano!

@Enriqueprietos

El artículo 26 de la Constitución establece que el Estado garantizará una justicia accesible y transparente, y el 253 indica que «la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas», pero el cumplimiento de este mandato constitucional luce complicado cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en particular su Sala Constitucional, insiste en la práctica de anunciar sentencias en su página web pero no las publica.

Acceso a la Justicia ha hecho una revisión de la actuación de la Sala Constitucional a lo largo de 2020 y en lo que va de 2021, y encontró que de los dieciocho fallos que la instancia anunció que dictó en relación con los decretos presidenciales de estado de excepción y emergencia económica y de alarma por la pandemia de COVID-19, solamente en ocho (45%) publicó los contenidos de las sentencias el mismo día en que informó sobre ellas.

Por su parte, en las diez sentencias restantes (55%) únicamente anunció su decisión, y solo uno de los textos de estas fue publicado posteriormente; los demás nueve aún no aparecen en la página del TSJ.

Como si lo anterior no fuera suficientemente alarmante, hasta la fecha la intérprete de la carta magna no ha publicado todavía los textos íntegros de nueve de esas decisiones; es decir, la mitad del total. Esto a pesar de que en algunos casos han transcurrido casi diez meses desde que notificó que había sentenciado. Lo descrito se puede ver en la siguiente infografía:

Esta situación es preocupante, porque desde 2016 el Gobierno de Maduro se ha arrogado cada vez más potestades mediante los decretos de excepción por emergencia económica y lo ha hecho con el aval del TSJ, aunque no del Parlamento. Por ejemplo, en 2018, la organización Transparencia Venezuela detectó que entre la octava y novena prórroga del estado de excepción el Ejecutivo había aumentado sus potestades un 44%.

Por el mismo camino torcido

Hasta el viernes 5 de marzo de este año, la Sala Constitucional había anunciado diecisiete decisiones, pero solamente siete de sus textos (41,17%), han sido publicados en la página web del organismo y pueden ser consultados.

La práctica de sentenciar y no publicar el texto de las decisiones no es nueva en el máximo juzgado, y ha sido utilizada especialmente en casos en contra de la disidencia política. Por ejemplo, el 29 de enero de 2019 la Sala Plena informó, por medio de un comunicado de prensa, que había decretado una serie de medidas cautelares en contra del presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó. Igualmente, el 1 de abril de ese año ordenó a la Asamblea Nacional Constituyente mediante una nota de prensa levantarle la inmunidad parlamentaria, lo multó por desacato a la prohibición de salida del país y le ordenó al Ministerio Público su enjuiciamiento.

Ningunas de estas decisiones se numeró ni anunció, a diferencia de los casos mencionados anteriormente. Al respecto, desde Acceso a la Justicia hemos explicado que una nota de prensa no es un medio jurídico establecido legalmente para sentenciar.

Meses después, la plenaria del TSJ ordenó al Ministerio Público procesar también a los legisladores opositores Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella, Winston Flores, Rafael Guzmán, Juan Pablo Guanipa, Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli, por presuntamente incurrir en delitos como traición a la patria, conspiración e instigación a la rebelión. ¿El motivo? Haberse desplazado hasta las inmediaciones de la Base Aérea de La Carlota, en Caracas, durante los sucesos del 30 de abril de ese año. No obstante, casi dos años después ni los afectados ni los ciudadanos han podido ver los argumentos del máximo juzgado, porque las sentencias correspondientes siguen sin aparecer en la web del TSJ.

La publicación de una sentencia es un requisito fundamental para que la persona conozca las razones por las cuales se la está enjuiciando y eventualmente pueda defenderse en un juicio o en una instancia superior, si hubiere lugar a una apelación o a algún tipo de recurso.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La falta de publicación de los textos de las sentencias del TSJ y su anuncio mediante notas de prensa u otros medios es otra prueba más de la opacidad de la administración de justicia, la cual es incapaz siquiera de cumplir con los requisitos formales mínimos de su función, sobre todo en asuntos en los que están en juego restricciones a derechos fundamentales y procesos que sin duda son de interés nacional, como los emprendidos contra los exdiputados antes mencionados.

La actuación del máximo juzgado complica las posibilidades de hacer contraloría social a su labor a efectos de evitar posibles decisiones que perjudiquen a los ciudadanos. Además, envía un mal mensaje para el resto de los juzgados, al decirles que está bien que no publiquen sus decisiones, lo que pone en riesgo el acceso a la justicia y su transparencia.

10 de marzo 2021

https://accesoalajusticia.org/sala-constitucional-sigue-anunciando-sente...

Si la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado (Art.3), resulta indispensable encontrar las razones que expliquen la destrucción de ambos procesos y particularmente en lo relacionado con la universidad venezolana.

Para quienes actualmente detentan el poder, la educación es un aparato ideológico del Estado que se encuentra al servicio de la clase dominante. Es por ello que, desde el inicio del actual proceso político la toma del sistema educativo constituyó un objetivo fundamental para que, una vez alcanzado, poner la educación al servicio del “socialismo del siglo XXI”.

Así, en octubre del año 2000 se dicta el Decreto Presidencial 1011 que autorizaba la figura de supervisores itinerantes con la finalidad de controlar las actividades de las instituciones educativas, modificaba el Reglamento del ejercicio de la función docente y promovía la presencia de “educadores” cubanos en el proceso de alfabetización en Venezuela.

Dicho decreto fue enfrentado con grandes movilizaciones bajo el lema “Con mis hijos no te metas”, e introducida una solicitud de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, que nunca prosperó.

El 28 de marzo de 2001 la arremetida era dirigida contra la universidad venezolana a través de la toma de la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Acción que contó con la complicidad del Vicerrector Administrativo, Manuel Mariña, y la Vicepresidenta de la República, Adina Bastidas, entre muchos otros. Tal intento fue derrotado gracias a la valiente actitud del Rector de la Universidad, del equipo humano que lo acompañaba, la posición de la dirigencia estudiantil, el profesorado y la movilización de la comunidad universitaria.

Todos los intentos de diálogo fueron infructuosos, incluyendo el saboteo al Parlamento Universitario, realizado en el Aula Magna por parte de los tomistas. Solo la actuación enérgica y decidida de la comunidad puso fin a una acción dirigida a tomar a la universidad por asalto.

Derrotados en la toma y convencidos de su imposibilidad de acceder al poder universitario por la vía del voto, se dio inicio a una nueva estrategia sistemáticamente denunciada por la Asociación de profesores de la UCV desde el año 2009 e integrada por cuatro componentes: el cerco presupuestario, el desconocimiento de la contratación colectiva (Normas de Homologación), el uso de la violencia como arma política y la judicialización de la vida universitaria.

Tal estrategia fue denunciada y enfrentada por la APUCV a través de la producción del video “En defensa de la universidad democrática y plural”, editada en castellano e inglés. Y también se realizó una gran marcha universitaria bajo el lema “La Academia se moviliza en defensa de sus derechos”.

De aquella fecha hasta nuestros días hemos insistido en la necesidad de desarrollar, infructuosamente, una estrategia de autodefensa. Esta carencia institucional ha favorecido las acciones del Estado dirigidas a la toma de la universidad utilizando una diversidad de medios.

La violencia hace su aparición, esporádicamente y en diversos momentos. El uso de la maqueta ha sustituido la formulación presupuestaria, haciendo inútil cualquier planificación institucional. El presupuesto asignado adolece de criterio académico, pero evidencia la finalidad política. La tabla salarial de todo el personal, impuesta por el Estado es avalada por sectores sindicales y gremiales proclives al gobierno. Hoy todos los universitarios están sometidos a una relación laboral que desconoce los derechos y nos coloca en condiciones de miseria.

La renovación de las autoridades es impedida violentando la autonomía y pretendiendo imponernos un sistema electoral contrario a la Constitución. Frente a ello la APUCV se pronunció de manera inmediata y convocó a referéndum. A la fecha de hoy seguimos eludiendo la realidad sin enfrentar al régimen.

Los beneficios al estudiantado desaparecieron paulatinamente y la Organización de Bienestar Estudiantil se encuentra imposibilitada de cumplir con su misión adecuadamente.

Las instancias prestadoras de salud de los empleados desaparecieron y el Instituto de Previsión del Profesorado de la UCV vio mermado sus ingresos ordinarios provenientes de la UCV sobreviviendo, a duras penas, por la inversiones realizadas durante la actual gestión gremial.

Aunque parezca incomprensible por ser la educación y el trabajo los instrumentos esenciales para el desarrollo social, estamos en presencia de la destrucción premeditada de la universidad libre y plural y por ende del personal que labora en ella. La fuga del recurso humano avanza lentamente impulsado por lo mísero de los ingresos y el deterioro en las condiciones laborales.

Estamos al borde, si no reaccionamos con contundencia y valentía de ver la desaparición de una institución que está por cumplir 300 años de existencia. Ya su planta física se encuentra profundamente deteriorada a pesar de ser Patrimonio de la Humanidad. La caída de un pasillo techado es una triste evidencia. La destrucción de la universidad autónoma, libre y plural es el objetivo, constituyendo un crimen de lesa humanidad.

Todas las universidades autónomas han sido sometidas al saqueo y a la destrucción. Tal hecho no ocurre en los centros de formación ideológica denominadas por ellos universidades”.

La última acción de pretender imponer la plataforma Patria para pagar los míseros ingresos al personal universitario es parte de una nueva avanzada, aprovechando la situación de la pandemia. Es una nueva manera de control social, es violar la autonomía universitaria y por ende la Constitución. Es una manera de desmoralizar a quienes laboramos en la institución.

La tendencia institucional a la adaptación y a evitar la confrontación abierta no ha rendido el fruto deseado. Nuestra respuesta institucional se ha circunscrito al uso de acciones legales y comunicaciones que nada resuelven, aunque sean necesarias llevarlas a cabo.

Es hora de que:

Las instituciones asuman un rol más activo y protagónico, retando al régimen. Convencido de esa necesidad propongo a todos los ucevistas de corazón, egresados, estudiantes, profesores y empleados a hacer acto masivo de presencia en la universidad como demostración de rebeldía y resistencia pacífica, acatando los protocolos de bioseguridad.

La universidad se llene de gente.

Las Autoridades y el personal de gestión que la acompaña se concentren en la Plaza cubierta del Rectorado.

Los Decanos hagan lo mismo en la entrada de sus Facultades y los Directores de cada Escuela e Instituto, se concentren con sus alumnos y profesores en los espacios aledaños a la misma.

La sociedad civil nos acompañe en la defensa de la universidad venezolana.

Pongámonos de acuerdo con una fecha perentoria y asistamos todos con alguna prenda azul y enarbolemos la consigna:

LA UNIVERSIDAD Y LA CONSTITUCIÓN SE RESPETAN

NO MAS SUELDOS DE HAMBRE NI PRESUPUESTOS INSUFICIENTES.

LOS UNIVERSITARIOS NOS DECLARAMOS EN REBELDÍAD

Presidente de la APUCV

Dio una muestra más de que va leyendo bien los “signos de los tiempos”. Los años no le han pasado por encima, los ha sabido driblar, al fin y al cabo es futbolero como todo argentino, lástima que no sea del Boca Junior, mi equipo de por allá. No ha mermado, por tanto, su empeño para terciar en esta época tan complicada. Tampoco lo han logrado las críticas, en no pocas ocasiones lanzadas desde su mismo lado, envueltas en soberbia, con pretensiones de ortodoxia. Y, menos aún, los frecuentes chismes, según se le llamaba antes a los “fake news”. Visto que recientemente se celebró el día internacional de la mujer, cabe mencionar, a título de simple ejemplo de lo que señalo, la forma cómo le han reprochado su inconformidad con la exclusión femenina en diversos ámbitos de la actividad eclesiástica, suerte de veto apuntado desde hace rato en la lista de los “pendiente por pagar” de la institución.

“Fratelli tutti”

La semana anterior, en medio de la pandemia, el Papa Francisco viajó a Irak en donde permaneció tres días y visito seis ciudades. Tomó la decisión, a pesar de que dicho país continúa siendo, según dicen los politólogos, un escenario para el ajuste de cuentas globales y regionales, ubicado en medio de la confrontación entre Estados Unidos e Irán, cuyos enfrentamientos recientes se han desarrollado en suelo iraquí. Y a pesar de que se trata de una sociedad punteada por violentos conflictos cocinados en el sectarismo, a menudo basados en un fundamentalismo que entraba sensiblemente la convivencia entre grupos étnicos y religiosos, con ideas, creencias y culturas diversas.

En el aeropuerto lo recibió una delegación oficial y luego se trasladó al palacio presidencial con el fin de entrevistarse con el jefe de Estado, Barham Salih, En sus palabras de bienvenida éste le indicó que su “…encuentro llevaba un mensaje para el mundo y representaba un paso para la fraternidad, asegurando que “…Oriente no puede imaginarse sin los cristianos…”, y lamentando que “… muchos de ellos se hayan visto forzados a abandonar su territorio por la violencia en las últimas décadas.”

Así mismo, tuvo una reunión con el gran Ayatolá Alí Sistani, la máxima autoridad religiosa del Islam chiita que, se espera, marcará las futuras relaciones entre la Iglesia católica y el Islam chiita.

Los analistas piensan que las conversaciones realizadas a propósito de la breve gira papal significaron un gran respaldo a la institucionalidad de un país que es clave para la estabilidad de una región tan llena de problemas, muchos de ellos generados a raíz de la invasión estadounidense en los días de Sadam Hussein. Por otro lado, tiende importantes puentes con la rama chií del islam y reclama la defensa de todas las minorías, incluyendo, no sólo a la cristiana, sino a todos los iraquíes, cualesquiera sean de sus convicciones.

Nadie debe quedar excluido de la cultura del encuentro y del diálogo, manifestó Francisco. “Hay que aprovechar la ocasión para rezar junto a los creyentes de otras confesiones religiosas, en particular los musulmanes, a fin de reconstruir la concordia más allá de las facciones y las etnias”.

Las religiones, cada una respondiendo a sus fundamentos, van dejando permanentemente mensajes de solidaridad, de respeto, de fraternidad y de perdón. Predican que el otro ser humano es un prójimo, lo que no pocas veces se olvida, incluso entre los que más las practican.

Este viaje es un revés para la intransigencia en sus diversos empaques. Y para la guerra, por supuesto, tal como el Papa lo escribe en su última Encíclica “Hermanos Todos”, calificándola como “…un fracaso de la política y de la humanidad, una rendición vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal.”

“La Casa Común”

Esta metáfora, que le dio nombre otra encíclica escrita por Francisco hace algunos años, no solo tiene sentido en el marco de la crisis ecológica (su propósito central), sino que, además, tiene pleno significado en todos los espacios que conciernen a la vida. Su presencia en Irak, además de lo señalado en estas líneas, representa, pues, una apelación que va que más allá de la mera coexistencia mundial. Hay que entenderla como la exigencia de darle al mundo “… un sentido común de humanidad”. Ojalá que este largo viaje desde Roma hasta Bagdad influya para que los terrícolas nos empeñemos más en la faena de examinar y calibrar el modo como nos paramos en un planeta – en la cancha, como seguramente diría Francisco -, cuya suerte nos concierne a todos. En este contexto, el de la Casa Común, las contiendas religiosas son, sobre todo, una estupidez.

El Nacional 10 de febrero de 2021