Si el teórico militar Carl von Clausewitz hubiera visto discutir a dos economistas, quizá hubiera pensado que es la economía y no la política lo que es la guerra por otros medios. Que la disciplina es a las ciencias sociales lo que el boxeo al deporte.

El cliché dice que aquí no chocan cuerpos musculosos como en los deportes de contacto, pero la vehemencia con la que se debate sobre sus distintos postulados puede ser tan contundente como un gancho de izquierdas, que dirían unos.

O de derechas, harían notar los otros.

Preguntado por ello el premio Nobel Milton Friedman en una tertulia televisiva en 1978, aseguró que no era cierta tal discrepancia entre economistas, que como académicos estaban de acuerdo en lo fundamental y las diferencias, en realidad, estaban muy restringidas.

"No estoy de acuerdo", dijo otro economista sentado a su lado. Y se enzarzaron, sin remedio, en una larga discusión.

No parece un lugar para empates esta arena y quizá el apasionamiento académico provenga de sus repercusiones sobre el mundo real: la influencia que ejercen las ideas económicas dominantes sobre los gobiernos y sus políticas.

Las ideas de los economistas "tanto si son acertadas como si son erróneas, son más poderosas de lo que [el hombre común] puede imaginarse. De hecho, poco más gobierna el mundo", dijo precisamente John Maynard Keynes, uno de sus pensadores más influyentes.

Pero antes de gobernarlo, tienen que disputárselo. Librar un combate entre ellas para convertirse en la narrativa dominante, aquello que en algún momento se considerará "el sentido común".

Paradójicamente, el consenso económico no se alcanza por consenso, sino por asalto. Y esa es siempre una victoria que parece llevar dentro la semilla de su propia decadencia.

O así, al menos, lo muestra una reciente investigación de Reda Cherif, Marc Engher y Fuad Hasanov para el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que han analizado las ideas que han predominado en cada momento en las recomendaciones de los académicos a gobiernos de todo el mundo en casi 5.000 investigaciones que viajan desde 1975 hasta la actualidad.

Como si fueran arqueólogos, los investigadores fueron desenterrando y removiendo el polvo de esos viejos documentos para clasificar qué ideas se imponían en cada década y cómo cambiaban las recomendaciones de los expertos.

Fueron testigos de cómo cada idea dominante generaba desequilibrios que daban paso a otras ideas que los corrigieran.

Lo que sigue es la historia del auge y caída de las narrativas económicas de nuestro tiempo, una contienda interminable en la que una nueva corriente se postula en la carrera para modelar el mundo de la pospandemia, advierten los expertos.

Son los defensores de la política industrial.

Agua dulce, agua salada

La batalla entre las distintas corrientes económicas es anciana casi como la disciplina. Puesta a dormir por la historia, la madre de todas las diferencias (capitalismo frente a comunismo) tras la caída de la Unión Soviética, los economistas se disputan el paradigma de gobernar las economías de mercado.

Hace más de una década, el Nobel de Economía Paul Krugman los dividió entre economistas "de agua dulce" (liberales, neoclásicos, ortodoxos y, en general, más cercanos a filosofías de derechas) y de "agua salada" (keynesianos, socialdemócratas, progresistas… más hacia la izquierda).

Las etiquetas hacen referencia a las universidades estadounidenses y su ubicación, que casualmente coincidían con unas u otras ideas si estaban situadas en la costa o en el interior del país, pero son un buen resumen, llevado a su mínima expresión, de la discrepancia entre las corrientes económicas.

Están aquellos que apuestan por una mayor intervención del Estado en la economía para regular los fallos del mercado y quienes desean que el poder público interfiera lo menos posible para no romper lo que consideran que es el equilibrio natural del mismo.

Y por el medio, ya saben: gráficos incomprensibles para los mortales, apuestas por subir los impuestos o bajarlos; recetas para el desempleo o el déficit; grado de regulación, de inflación y todo tipo de matemáticas puntiagudas que van dejando vencedores y caídos en el tiempo.

El viaje de Cherif, Engher y Hasanov comienza precisamente con la caída de un imperio de la ideología económica: el keynesianismo.

Y con su derrota, la llegada de una tendencia que tuvo un gran impacto en Latinoamérica: las políticas del Consenso de Washington.

El Consenso de Washington y Latinoamérica

Las décadas que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial supusieron el gran "triunfo del keynesianismo", escribe el catedrático Francisco Comín en su monumental "Historia económica mundial".

"Se intensificó el papel de los gobiernos para corregir los fallos del mercado, con la consiguiente consolidación del Estado del Bienestar", cuenta.

"Junto al Estado fiscal surgió el Estado empresario", en forma de nacionalizaciones y empresas públicas en todos los sectores económicos (infraestructura, industria básica, minería, banca). Se incrementaron los impuestos y el gasto público subió un 40% en países como Reino Unido.

El objetivo no era un déficit o una deuda bajos, sino "el pleno empleo", analiza Comín.

Pero a finales de la década de los 70 algo cambió. Las palabras "privatización" y "liberalización" comenzaron a aparecer en los estudios y recomendaciones de los economistas, apunta la investigación del FMI.

Como el inicio de una tormenta: a cuenta gotas primero; torrencialmente después.

Este conjunto de recomendaciones apostaba por reducir al mínimo el peso del Estado y se englobaron bajo el paraguas de lo que se llamó el "Consenso de Washington".

"La crisis de los 70 es fundamental para entender este cambio de narrativa", le explica a BBC Mundo Roy W. Cobby, profesor asistente del King's College de Londres y especialista en economía política e industrial. "Define todo lo que va a venir después".

Tras 30 años de prosperidad impulsada desde el Estado, la radiografía mundial muestra ahora a un paciente enfermo: "Se produce un descenso dramático del crecimiento en muchos países occidentales, hay un aumento de la inflación, a EEUU le cuesta sostener sus cuentas públicas y muestra un déficit elevado... Llega una crisis por agotamiento", relata.

Y es ahí cuando aparece un nuevo grupo de economistas que estaban en la marginalidad académica.

"Los mejor preparados para asumir ese desafío en aquel momento eran los monetaristas, que se reunían en torno a la figura de Milton Friedman", explica Cobby.

"Llevaban tiempo trabajando con políticos rupturistas en aquel momento, como Margaret Thatcher y Ronald Reagan […]. Pensaban que un mercado tan intervenido (sin banco central independiente, con gran prominencia de empresas públicas y sindicatos) veía distorsionada su capacidad para asignar los precios en la economía", cuenta.

Y aprovecharon su oportunidad. "Esta narrativa fue marginal hasta mediados de la década de 1980, pero posteriormente se alzó [en una gran cantidad de estudios], alcanzando su punto máximo en la década de 1990, cuando se produce la transición de muchas economías socialistas", narra la investigación del FMI.

Así, sus políticas se trasladaron no solo a los países ricos, sino a organismos internacionales como el propio FMI y el Banco Mundial, que aplicaron sus recetas a los países en desarrollo.

Y un ejemplo paradigmático de ellas es América Latina.

Estamos en el año 1974. Latinoamérica se halla en una etapa económica y política turbulenta.

Durante una década su crecimiento económico iba a ser anémico, por debajo del 1%, y una concatenación de factores haría que sus economías se deslizaran por una "peligrosa pendiente", escribe Comín.

El boom de los precios del petróleo hizo que los países productores (México, Ecuador, Perú y Venezuela) se endeudaran con el exterior confiando en ese maná; mientras otros, como Brasil, se endeudaban también con la esperanza de que las bajas tasas de interés durarían en el tiempo.

Al mismo tiempo, la inflación corría como un caballo pura sangre y "los subsidios del gobierno y el proteccionismo" estancaban la productividad.

Cuando este precario equilibrio se rompió, la región cayó de lleno en lo que más tarde se llamaría "la década pérdida", cuenta Comín.

"Un país tras otro salió diciendo: espérenme, no puedo pagar", le explica a BBC Mundo Víctor Mauricio Castañeda, investigador y profesor de economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Y como solución, se comenzaron a implantar las políticas del Consenso de Washington.

"El nombre puede sugerir que llegaron unilateralmente de EE.UU, pero ya había gobiernos latinoamericanos trabajando en esa línea", cuenta Castañeda.

"Los objetivos de estas políticas eran promover el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, reducir el déficit fiscal y conjurar la crisis de la deuda externa a la vez que esperaban reducir la pobreza".

¿Y en qué consistían estas recetas?

Como si de mandamientos bíblicos se tratasen, el profesor las resume en 10 puntos:

• disciplina fiscal y reordenación del gasto público
• reforma tributaria para bajar los impuestos a la renta (aunque se subieron los indirectos)
• liberalización de las tasas de interés y búsqueda de tasas de cambio competitivas
• liberalización comercial y de la inversión extranjera
• privatización, desregulación y propiedad privada por encima de todo

Es decir, agua dulce. Y metida a presión.

Pero, ¿tuvieron éxito?

"Con la perspectiva que da el tiempo, se puede decir que tuvieron éxito en algunos ámbitos del ámbito macroeconómico. Se logró controlar la inflación y reducir el déficit público, eso es cierto, pero generaron un conjunto de efectos negativos en lo social: el crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Y con ellos, la llegada de un gran malestar social", explica Castañeda.

"La región comenzó a preguntarse: ¿todo esto para qué? Si somos más pobres", zanja.

La larga derrota del agua salada

La narrativa del Consenso de Washington comenzó a desvanecerse en 1997, según el análisis de Cherif y compañía para el FMI. La llamada a las "privatizaciones" desapareció del vocabulario de los expertos, "cayendo precipitadamente" para el año 2000.

¿Significaba esto el fin de la hegemonía del "agua dulce"? No tan deprisa.

Lo que realmente sucedió es que parte de su modelo se camufló en otra narrativa. "Este patrón [de descenso abrupto del término en los estudios] podría sugerir que el concepto de privatización puede haberse integrado en otros conceptos", asegura el informe del FMI.

Así, sin la pureza inicial, se añadieron nuevos matices al discurso. En su lugar, comenzaron a usarse recomendaciones que hablaban de "competitividad" y conceptos que se englobaban en ese magma entendido como las "reformas estructurales", advierte el estudio.

¿Y qué son? Fundamentalmente, "eliminar obstáculos a la eficiencia de la producción de bienes y servicios", como las define el Banco Central Europeo, que cita la flexibilidad de los mercados de trabajo o la simplificación de los impuestos y trámites administrativos como forma de conseguirlo.

Y añade: "Teniendo en cuenta asimismo factores como la equidad y la inclusión social".

"En este periodo surge lo que algunos autores llaman el arte del mantenimiento del paradigma", explica Roy Cobby, del King's College.

"Cuando estas reformas no dan los resultados esperados, se comienzan a incluir correcciones referidas a la pobreza, la desigualdad, menciones al medioambiente incluso, pero siempre desde un apriorismo: el prejuicio contra la intervención estatal. Se circunscribe a corregir los pocos -según ellos- fallos del mercado", relata el experto.

El edificio intelectual neoliberal se derrumba

En pleno auge de la globalización y el mundo de las finanzas, el largo reinado de los "dulces" iba camino de las tres décadas. Y creían tenerlo todo razonablemente controlado.

"El problema central de la prevención de la depresión [económica] está resuelto", afirmaba satisfecho Robert Lucas, premio nobel de la Universidad de Chicago, en su discurso inaugural como presidente de la American Economic Association en 2003.

No quedaba más que dispersarse, pues no había nada más que ver allí. Fin de la historia.

Pero solo cinco años más tarde, la caída del gigante financiero Lehman Brothers pondría en cuestión esa afirmación desatando una reacción en cadena que acabó en el mayor derrumbe económico en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

La fe en la ortodoxia liberal comenzó a desmoronarse. Alan Greenspan, uno de sus gurús (se le apodaba entonces "El maestro") y presidente de la Reserva Federal durante casi dos décadas, aseguraba sentirse "conmocionado" porque todo su "edificio intelectual se había hundido".

Esta crisis afectó especialmente a Europa, empecinada la UE en aplicar inflexiblemente la receta de la austeridad y las reformas estructurales a cambio de rescates que generaron un gran sufrimiento y contestación social en los países del sur del bloque.

Y algunas publicaciones del FMI cuestionaron la sumisión a las recetas del "neoliberalismo": "En lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo en peligro" el desarrollo económico, decía un informe en 2016.

La crisis de 2008 y los años posteriores a esta provocan "una ruptura estructural" de este consenso dominante entre los analistas, explica Cherif en su trabajo para el FMI.

Se produce entonces, a partir de 2010, una proliferación de "múltiples narrativas" que define como "constelación de conceptos" donde ya no predomina un mensaje único.

Nos hallábamos, pues, ante un vacío de poder intelectual. Y mientras sucedía aquello de que lo viejo no acababa de morir y lo nuevo no terminaba de nacer, apareció en escena el economista francés Thomas Piketty.

Antes que él, economistas de prestigio como Joseph Stiglitz o Paul Krugman, entre otros, habían tratado de mantener a flote la narrativa keynesiana, pero la publicación de su libro "El capital en el siglo XXI" impactó por igual a una gran cantidad de académicos y al público.

Como si de una novela de aventuras se tratase y no de un sesudo tratado económico de 700 páginas, vendió más de 2,5 millones de ejemplares y puso en el centro de la diana el tema de la desigualdad y la intervención del Estado.

"Piketty ha transformado nuestro discurso económico. Nunca hablaremos de la riqueza y la desigualdad de la misma manera que antes", dijo Krugman.

En el centro del ring había un dato que abonaba su discurso: entre 1980 y 2015, el 1% más rico del mundo recibió una proporción dos veces mayor del crecimiento económico que el 50% de la población con menores ingresos, según el Informe de desigualdad global del World Inequality Lab.

Y ya no había crecimiento, sino las secuelas de una larga crisis.

Esta subida de las mareas saladas proveniente de Francia enseguida encendió las alertas entre los marineros de agua dulce.

Si el trabajo de Piketty "no es retado, se propagará entre los intelectuales y reconfigurará el paisaje político-económico en el que se librarán todas las futuras batallas de las ideas políticas. Ya hemos visto esta película", advirtió sin disimulo en un artículo de 2014 James Pethokoukis, consejero económico del Instituto de la Empresa de Estados Unidos, al poco de publicarse el libro.

La batalla, siempre la batalla.

Efectivamente, diferentes autores trataron de reaccionar y retar su trabajo, pero era tarde. La desigualdad era el tema estrella en los diarios económicos y ocupaba numerosos trabajos académicos.

Una ola de autores como Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Emmanuel Sáez o Gabriel Zucman comenzaron a recibir atención mediática con sus ideas para luchar contra la pobreza y la desigualdad, la apuesta por la regulación de los mercados, la participación del Estado en la economía o las subidas de impuestos y la lucha contra la evasión.

Incluso la economista Esther Duflo, quien fuera asesora del expresidente de EE.UU. Barack Obama, ganó el Nobel de Economía junto a otros autores por "su enfoque experimental para aliviar la pobreza global".

"Los investigadores progresistas aprenden la lección que dejó Friedman en los 70 y 80 ", explica Roy Cobby a BBC Mundo.

"Aprenden a construir redes, a no trabajar en solitario, surgen centros e iniciativas para trabajar en investigaciones que sirvan a la política".

"Y retan" -apunta- al consenso económico que "había alcanzado a partidos progresistas y liberales".

Ese era el ambiente de contestación a finales de diciembre de 2019, cuando comienzan a llegar noticias de algún caso aislado de un extraño virus en Wuhan (China central). Tres meses después, una pandemia global asola el mundo y provoca la segunda crisis histórica en una década.

Es hora de recomponer el mundo y los gobiernos necesitan consejo para un escenario desconocido e imprevisto. Y en este punto entra en el juego la vuelta de la política industrial en la agenda académica y política.

¿Vuelve la política industrial?

Cuando los investigadores del FMI revisaron los documentos académicos más recientes, encontraron algo inesperado.

Era una presencia nueva; antigua, en realidad. Una idea que se tenía por extinguida desde miles de páginas atrás. Como si en una excavación comenzara a respirar un dinosaurio.

Aquí y allá comenzaban a repetirse dos palabras juntas: política industrial.

"Es aún incipiente", afirman, "pero el debate en torno a la política industrial ha vuelto a resurgir" en la academia.

Una auténtica rareza: "La política industrial gozaba de mala reputación entre los responsables políticos y los académicos, y a menudo se considera el camino de la perdición para las economías en desarrollo", cuentan Cherif y Hasanov en sus análisis para el FMI que, sin embargo, la consideran una propuesta que puede ser valiosa en estos momentos.

Una buena muestra de esa fama es esta sentencia: "La mejor política industrial es la que no existe", dijo en los 90 Carlos Solchaga, un ministro de Industria español que pertenecía a la familia socialdemócrata.

Cuando tu adversario ideológico hace suyas tus ideas, puede ser una señal de que se están convirtiendo en el nuevo consenso.

Pero, como alertan los investigadores, algo está cambiando y dicha frase ya ha encontrado su camino de vuelta en labios de Emmanuel Macron, cuyo partido se inscribe entre los liberales europeos, en teoría poco proclives a inmiscuirse con el intervencionismo estatal.

"Hay bienes y servicios que deben estar más allá de las leyes del mercado (…). Debemos retomar el control, construir una Francia y una Europa soberanas", proclamó en un discurso el presidente francés tras estallar la crisis del coronavirus.

"Francia debe recuperar la independencia tecnológica, industrial y sanitaria", exhortó tras anunciar un plan de estímulo de 100.000 millones de euros, de los cuales dedicaría 15.000 millones para "la innovación y la relocalización industrial".

"Debemos reducir nuestra dependencia de grandes potencias como China", apuntó también su ministro de Finanzas.

Su viaje ha sido rápido: solo tres años antes, en una visita a una gran fábrica en Amiens (norte de Francia) cuyos obreros estaban en huelga porque iba ser trasladada a Polonia, el mandatario francés cogió un micrófono y aleccionó a los trabajadores: "la respuesta a lo que os ocurre no es suprimir la globalización ni cerrar las fronteras. Los que os dicen eso os mienten".

No es el único mandatario que vira hacia estas posiciones.

La Unión Europea ha manifestado su intención de "aumentar su autonomía y resiliencia" industrial, incluso creando "un marco de ayudas estatales que propicien la innovación".

La Cepal ha recalcado la "importancia de la política industrial para reconstruir" América Latina tras la pandemia de la covid-19.

Y el nuevo presidente de EE.UU., Joe Biden, ha firmado un decreto para impulsar la industria nacional estadounidense.

¿Qué ha pasado? ¿Es la pandemia el único motivo en este revival?

"No, China es el gran elefante en la habitación", contesta Cobby.

"Desde la primera década del año 2000, China presenta un contraejemplo para el mundo: muestra unas cifras de crecimiento económico formidables y entra en mercados en los que Occidente no la esperaba. Pensaban que eternamente se circunscribiría a productos de bajo valor añadido, pero empieza a desarrollar tecnología y empresas nativas punteras gracias al apoyo público", analiza.

"Parece que con ese empleo del Estado de una forma más o menos agresiva, un país con niveles de pobreza extrema muy altos, consigue elevar el estatus de muchos de sus ciudadanos y, ¡no solo eso!, comienza a comprar empresas occidentales".

En su opinión esto ejerce una influencia en Occidente, que "además vive una inestabilidad política (Brexit y Trump, por ejemplo), que muchos relacionan con la retirada del Estado a la hora de proporcionar bienestar y desarrollo económico".

¿Cómo sería esta vuelta de la política industrial?

"Hay que entenderla de forma amplia", explica Cobby.

"No tiene porque ser solo al modo chino, tampoco se trata de nacionalizar por decreto ni centralizar la inversión o mantener sectores ineficientes, sino de pensar dónde puede ser más útil esa intervención estatal".

Y pone el ejemplo de la llegada del hombre a la Luna, donde el Estado puso a trabajar a multitud de sectores públicos y privados, que "implicaban elementos de computación, defensa, universidades, centros de investigación y otros que fueron alineados para conseguir un objetivo".

"A día de hoy los Estados pueden actuar de coordinadores para otros objetivos distintos, como la transición climática o el desarrollo tecnológico", precisa.

Y para ello las estrategias que menciona son variadas: se pueden crear empresas públicas, brindar apoyo al sector privado con recursos que no pueda obtener o incluso fomentar valores de sostenibilidad pidiéndolos como requisitos para poder contratar con la administración pública, entre otros.

Las opciones parecen diversas pero, sea como sea, antes de que estas u otras ideas se pongan en marcha en el mundo que deje la pandemia, habrá de librarse una batalla dialéctica previa.

Una en la que los economistas, una vez más, desenfundaran sus ecuaciones.

12 de febrero 2021

BBC News

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010086

Los países pobres son baratos. En 2019, con un dólar se podía comprar más del doble en Argentina, Marruecos, Sudáfrica y Tailandia que en Estados Unidos; más de tres veces más en Vietnam, India y Ucrania, y más de cuatro veces más en Afganistán, Uzbekistán y Egipto. Si un país es barato, debería ser más competitivo y, así, poder alcanzar a las economías más ricas. En realidad, muchos países baratos están cada vez más rezagados.

A simple vista, el hecho de que los países pobres sean baratos es contra-intuitivo. Si los países pobres son mucho menos productivos, ¿las cosas allí no deberían costar más, ya que fabricarlas requiere más tiempo y esfuerzo?

Éste sería el caso si los salarios fueran los mismos en todos los países. Pero son mucho más bajos en los países pobres que en los ricos. Según la OCDE, los salarios anuales promedio en 2019 eran superiores a 60.000 dólares en Suiza y Estados Unidos; a 50.000 dólares en Australia, Dinamarca, Holanda y Alemania; a 40.000 dólares en Francia y Suecia; a 30.000 dólares en España, Corea del Sur, Italia y Polonia. Eran inferiores a 20.000 dólares en Grecia y Hungría, y a 10.000 dólares en México.

Esos diferenciales sugieren que existe un universo alternativo posible en el que los países altamente productivos paguen salarios más altos y los países poco productivos paguen salarios más bajos, de manera que todos los bienes y servicios cuesten lo mismo en todas partes. Tiene sentido, pero ése no es el mundo en el que vivimos: con un dólar se puede comprar más en un país pobre que en uno rico.

La explicación económica habitual para esto es que, si bien los países pobres pueden ser poco productivos en general, son particularmente improductivos a la hora de fabricar cosas que se comercian internacionalmente en relación con las que no. Ahora bien, ¿cómo puede explicar esto que los países pobres sean baratos?

Los precios de los bienes comercializables internacionalmente, como el café y los teléfonos celulares, tienden a ser similares en todos los países. Si el precio local es demasiado alto, el producto se puede importar. Y si el precio local es bajo, la gente puede ganar más dinero exportando el producto que vendiéndolo en el país.

Por el contrario, los llamados bienes no comercializables que sólo se pueden vender localmente, como los capuccinos, los servicios de telefonía móvil y los cortes de cabello, pueden tener precios muy diferentes en diferentes países. Esos bienes y servicios tienden a ser más baratos en los países más pobres, porque estas economías son relativamente menos improductivas en esos productos comparado con los productos comercializables.

Esto plantea el interrogante de por qué los países pobres son especialmente improductivos cuando se trata de producir cosas que se comercializan internacionalmente. La respuesta más persuasiva es que la productividad depende de la adopción y adaptación de tecnología, lo que requiere descubrir cómo hacerlo. Y el costo de esto sólo se puede recuperar durante un período de beneficios extraordinarios.

En el sector no comercializable, un pionero en la adopción de una nueva tecnología tendrá un monopolio hasta que surjan imitadores exitosos, lo que le da al pionero la posibilidad de fijar los precios para recuperar el costo de la innovación. Por el contrario, un pionero en un producto que se comercializa internacionalmente tendrá que competir desde el principio con empresas extranjeras que ya fabrican productos similares. Sin un período de algo de poder monopólico, es imposible recuperar los costos de innovación.

La tecnología es conocimiento que se puede utilizar para hacer cosas como producir alimentos, brindar entretenimiento o administrar justicia. Y cobra tres formas: conocimiento incorporado en herramientas; conocimiento codificado en fórmulas, algoritmos, recetas y manuales de procedimientos; y conocimiento tácito, o know-how, en los cerebros de equipos de seres humanos con capacidades complementarias, como los cirujanos y los anestesistas.

En principio, copiar conocimiento codificado no tiene costo y, a falta de derechos de propiedad, puede desplazarse por el mundo tan rápido como un email. De manera que ésta no debería ser la razón por la cual los países pobres no crecen aceleradamente.

Las herramientas, en cambio, suelen producirse en los países ricos, que incorporan el conocimiento en ellas, y representan más del 40% del comercio mundial de bienes. Como los países pobres son baratos, las máquinas importadas se ven como si fuesen mucho más caras: la misma máquina parece costar cuatro veces más a una empresa egipcia que a una suiza.

Asimismo, el know-how es esencial para implementar cualquier tecnología y la carencia de know-how implica que los costos de las máquinas, los materiales y la mano de obra fácilmente pueden desperdiciarse. Desafortunadamente, el know-how se traslada con enorme dificultad de un cerebro a otro. Es mucho más sencillo trasladar los cerebros directamente.

Desplazar cerebros es un poderoso mecanismo de difusión tecnológica, como ilustra la evidencia de la migración, las diásporas y hasta los viajes de negocios. Basta con mirar la creciente importancia de los llamados servicios de negocios intensivos en conocimiento (KIBS), ofrecidos por firmas como McKinsey & Company, Accenture, Halliburton o Schlumberger. Pero, nuevamente, cuanto más barato el país, más caros parecen estos servicios.

De modo que el hecho de que los países pobres sean baratos les dificulta la adquisición de la tecnología que necesitan para progresar. Como resultado de ello, siguen siendo pobres.

Ahora bien, quizás haya una manera de convertir el hecho de ser barato en una ventaja. Si los países pobres pudieran desarrollar las capacidades para exportar KIBS, sus empresas podrían ser globalmente competitivas a la vez que podrían ofrecerles a sus empleados un estándar de vida más alto, como lo han hecho compañías indias como Wipro y TCS.

Ser barato no es una panacea para los países más pobres. Todo lo contrario: puede trabar la puerta a la prosperidad haciendo que la tecnología, ya sea herramientas o know-how, resulte relativamente más costosa. Pero el ser barato puede dejar abiertas un par de ventanas en el tercer piso a través de las cuales los países más pobres podrían encontrar la manera de escalar.

1 de febrero 2021

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/poor-countries-technology-p...

Si no tienes dónde reclamar ni nadie en quien confiar para obtener la justicia que mereces. Si el bolívar que ganas con tu trabajo se evapora en tu bolsillo. Si a policía te da tanto miedo o más que los hampones. Si cualquiera de esos casos es el tuyo, estimado lector, como el de la mayoría de los venezolanos, lo que pasa es que nos falta lo más elemental de una institucionalidad pública. De eso se tratan la democracia y el Estado de Derecho.

¿Sabes que la Defensoría del Pueblo existe para promover, defender y vigilar tus derechos y garantías? Lo dice el artículo 280 constitucional. Ahí deberías poder reclamar las amenazas contra los derechos humanos, “el correcto funcionamiento de los servicios públicos”, como agua, luz, telefonía, salud y una larga y detallada lista de acciones en tu protección. ¿Puedes creerlo?

¿Sabes que hacer justicia compete a los tribunales? Veinte artículos constitucionales a partir del 253 hablan de eso. De la independencia e imparcialidad de los jueces, quienes ingresan a la carrera judicial por concursos que aseguren su idoneidad y excelencia. Los jueces son personalmente responsables por error, retardo u omisión injustificados, por incumplir sustancialmente las normas del debido proceso, así como por la denegación de justicia, parcialidad y demás delitos de cohecho y prevaricación en el desempeño de sus funciones. ¿Qué te parece?

¿Sabes que “el objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo d la unidad monetaria? Es lo que reza el artículo 318 de la Constitución.

¿Tiene eso que ver con tu vida? ¿Se habrán enterado de que en Venezuela no existe precio estable y que cuando preguntas cuánto es te responden en dólares o euros, pesos colombianos en el Zulia, los Andes o los Llanos occidentales o reais brasileños en el costado suroriental de la patria?

Si esos organismos públicos fueran, como deben ser, instituciones a tu servicio, otro gallo cantaría. No es que no habría problemas, siempre los habrá, pero éstos tendrían solución, podrían corregirse las fallas oportunamente y habría castigo para los infractores, independientemente de su poder, influencia o riqueza. Porque la igualdad ante la ley propia de las repúblicas, como decimos que es la nuestra, es el resultado de un esfuerzo personal y colectivo constante, apoyado por instituciones que no son perfectas, pero cuya vocación es servir, cumplir con aquella función para la que fueron creadas.

Lo que decimos de la defensa de los derechos humanos, la justicia y la inflación y la moneda, podríamos decirlo de muchos otros aspectos, casi todos, de la vida nacional. De tu vida.

Ese cambio de fondo, verdaderamente radical, nos hace falta. En una sociedad moderna que quiere vivir y progresar en paz, sin instituciones no hay vida.

06-02-21

El Impulso

https://www.elimpulso.com/2021/02/06/opinion-asi-no-hay-vida-6feb/

A la memoria de Héctor Silva Michelena, amigo, humanista y economista crítico,

comprometido con el triunfo último de la libertad y de la razón.

La posibilidad de una negociación para acordar una salida electoral confiable a la actual tragedia parece asomarse tímidamente. Hacerla realidad obliga a conocer a qué responde la contraparte con la que se pretende negociar, en este caso, la representación del régimen. Con esto en mente y en el ánimo de impedir que las fuerzas democráticas sean burladas --una vez más— por quienes ocupan el poder, es útil un somero enfoque de economía política para entender mejor lo está en juego.

Instituciones, para qué

El quehacer económico responde a los incentivos del marco institucional en que se desenvuelve. Las instituciones son las reglas que acotan el comportamiento económico, político y social de una sociedad. Pueden ser formales --leyes y normas escritas—o informales: hábitos, valores y códigos que guían la vida en colectividades. La economía política busca entender los intereses en juego de una sociedad, las razones a que responden y las instituciones con las que están asociadas.

En Venezuela, las instituciones de la democracia representativa, en particular, el Estado de Derecho, como de la economía de mercado, fueron desmanteladas por la llamada “Revolución Bolivariana”. ¿Por qué? Pueden señalarse las ambiciones de poder de Chávez, empeñado en abatir todo obstáculo a la centralización de decisiones en sus manos por creerse el auténtico heredero del Libertador y, por ende, el nuevo “salvador de la Patria”, y/o los pruritos socialistas de sus conmilitones de extrema izquierda. Sea como fuere, llevó a que se eliminase la transparencia, la rendición de cuentas y toda actividad de supervisión y control externo por parte de los órganos de representación social sobre el uso de los bienes y dineros públicos. Asimismo, ahogó al mercado como mecanismo autónomo para asignar recursos y determinar la remuneración de los agentes productivos, con su sistema de precios que empalma las presiones de demanda con las posibilidades de oferta. Por ende, la asignación, distribución y usufructo de los recursos económicos pasó a determinarse por criterios ajenos a la racionalidad económica y a la preservación del patrimonio público nacional. ¿Qué implicaciones tuvo, qué surgió de eso?

Puede que al comienzo Chávez realmente creyese que, pasando por encima de las instituciones, redimía a un pueblo oprimido, y sus partidarios izquierdosos que el sistema socialismo fuese superior. No importa. El hecho cierto es que la ausencia de controles sobre la gestión pública y su sometimiento a la voluntad personal de un caudillo condujo a un proceso para el disfrute económico cada vez más discrecional y arbitrario. Al imponer una serie de leyes punitivas, con regulaciones y controles de precio que desafiaban las fuerzas de mercado, surgieron fuertes incentivos para lucrarse arbitrando entre precios y extorsionando a comerciantes y empresarios. Cabe recordar, además, que la captación de formidables rentas por la venta de crudo en los mercados internacionales había proveído a gobiernos anteriores de un margen amplio para el gasto discrecional.

Ello dio lugar a prácticas populistas y clientelares, que Chávez llevó a extremos. Incentivos perversos como estos se alimentan de la vulneración del Estado de Derecho, sea por la no aplicación de leyes o por su desvirtuación por parte de policías y jueces abyectos. Dio lugar a intereses consustanciados con una situación de anomia, de ausencia de normas y resguardos, en la que reina el arbitrio de los que tienen poder. Como tal, la conflictividad actual y la tragedia de los venezolanos no obedece a proyecto ideológico alguno, ni debe ubicarse en el plano de una disputa entre izquierda y derecha. Sobre esto invito a leer mi último libro[1].

Corrupción militar como eje

El eje del régimen es el componente militar, por monopolizar los medios de violencia. Su incursión inicial en irregularidades fue con el “Plan Bolívar 2000”, luego aparecieron las corruptelas del Central Azucarero Ezequiel Zamora (CAEZ), con asesoría cubana, y, progresivamente, una sucesión de escándalos relacionados con dinero para obras públicas, procuras, importaciones y, sobre todo, para la adquisición de dólares preferenciales. Aún más notorio fue su participación activa en el narcotráfico, recogida como “cartel de los soles”. Estas irregularidades fueron generando un entramado cada vez más denso de complicidades, que torcían a su favor la toma o instrumentación de medidas. Chávez no enfrentó la corrupción militar. Utilizó su conocimiento de ella como Espada de Damocles para asegurar la lealtad de los oficiales involucrados. Para ello armó un sistema judicial sumiso que castigara a los rebeldes o echase un manto protector (impunidad) sobre los que le eran fieles. Los criterios de justicia y de legitimidad de muchas acciones pasaron a ser determinadas, no por su apego al ordenamiento legal y/o al interés de la nación, sino por su funcionalidad para con el ejercicio de poder de Chávez. Maduro llevó esto todavía más allá. Elevó a altos cargos públicos a militares señalados de narcotráfico y violación de derechos humanos, y edificó una institucionalidad paralela –asamblea constituyente y TSJ secuaz— que anuló la supervisión y el control sobre su gestión por la representación popular en la Asamblea Nacional. Terminó por corromper a altos oficiales, colocándolos al frente de ministerios e institutos del área económica, empresas públicas, inversiones, servicios y permitiendo las trapisondas ejecutadas en la custodia de fronteras, puertos, aeropuertos y alcabalas, como de la extorsión en general.

Ello destruyó a la FAN como institución, suplantando la disciplina, obediencia y respeto por la jerarquía, como la unidad de mando, por alianzas o componendas entre quienes estaban mejor posicionados para sacarle provecho a las oportunidades de depredación de la riqueza social emanadas de la destrucción de la legalidad. Dio lugar a un régimen de expoliación, comandado por una confederación de mafias que cooperan o rivalizan entre sí, por “cotos de caza” específicos. Estas mafias incluyen funcionarios civiles, así como empresarios inescrupulosos –la llamada “boliburguesía”. La situación de anomia permitió extender sus tentáculos a todos los niveles, incorporando, por ejemplo, a consejos comunales de base y a colectivos chavistas, al reparto de bolsas CLAPS o la exacción de “vacunas” a comerciantes.

Vulnerabilidades

Pueden sacarse las siguientes inferencias de lo anterior: 1) el poder, lejos de ser monolítico, está diluido entre la mencionada confederación mafiosa; 2) las alianzas entre y con esas mafias, son la base real de apoyo al régimen; 3) el mayor desafío de Maduro está en alimentar ese apoyo con oportunidades de lucro y, así, mantener su lealtad y adhesión; 4) ello se fundamenta en actividades que parasitan a la nación, que la han dejado exangüe; 5) el encogimiento resultante del botín agudiza los conflictos internos al régimen, causando reacomodos y desplazamientos; 6) éstos debilitan las bases de apoyo de Maduro.

La situación descrita se complica por la situación de default en que se encuentra Venezuela, como por las sanciones impuestas al régimen, que imposibilitan acudir a los mercados financieros internacionales. Ha obligado a éste a concertar alianzas con bandas criminales internacionales y gobiernos “paria”, con el fin de burlar las sanciones, obtener recursos y financiar desarrollos que reemplacen los “negocios” agotados. Maduro se fue convirtiendo, así, en rehén del ELN, las FARC disidentes y de otras organizaciones criminales para explotar las riquezas minerales de Guayana; de Irán y de Rusia para parapetear la industria petrolera destruida y encontrarle salidas de mercado (con enormes descuentos y aquéllos cobrando su parte); de Turquía, para la compra de oro ilegalmente extraído; y de Cuba, por su asesoría en el funcionamiento del Estado de Terror, tan vital para un régimen fascista como el suyo.

La dilución de la autoridad central y la formación de nudos de poder dispersos se ha visto acompañada de un relajamiento de los controles y regulaciones de la legislación punitiva, otrora “socialista”. La liberación (de hecho) de controles de cambio y de precio ha estimulado iniciativas comerciales en la forma de “bodegones” y mercados virtuales, que transan mercancías importadas en divisas, cobrando precios bastante superiores a los internacionales en muchos rubros. La anuencia del régimen con este despliegue de “capitalismo salvaje” obedece a que representa una veta para lavar dineros mal habidos y, además, da una sensación de prosperidad a sectores de clase media alta y funge de aliviadero para satisfacer las necesidades de quienes perciban divisas. Ello atemperaría su actitud opositora. Mantener los controles era contraproducente, tanto por los estragos causados (escasez, mercados negros), como por su futilidad para la prédica populista. Pero la dolarización desnuda más que nunca la enorme desigualdad en el consumo entre quienes tienen acceso regular a las divisas y quienes deben conformarse con comprar en bolívares y depender de las bolsas CLAP. Además, introduce una dinámica que puja por mayores libertades en distintas actividades. Ello atenta contra las prácticas de expoliación amparadas en los controles, por lo que esta “flexibilización” económica, amén de negar el supuesto socialismo, añade a los conflictos y reacomodos en el seno del chavo-madurismo. La visita de Jorge Rodríguez, a Fedecámaras, ya como presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, podría verse dentro de este contexto.

Inferencias para una eventual negociación

Entender los intereses en juego ayuda a precisar qué se puede negociar y con quién. El cómo es potestativo de políticos, bien asesorados, y de las circunstancias que puedan presentarse.

La expoliación de la renta y de la riqueza social ha sido la razón de ser del régimen. Su resiliencia en aferrarse al poder se vale de una burbuja ideológica que ha creado una realidad alterna, ante la cual sus integrantes consiguen la absolución de sus crueldades y cobijo a sus desafueros. La destrucción de la economía, de la industria petrolera y de los medios de sustento de los venezolanos, les rueda. Se desentienden absolutamente del hambre, la inseguridad, el colapso de los servicios y el deterioro de su calidad de vida. Pretender, por tanto, que el bienestar de la población o el “interés de la nación” puedan ser fundamento para incitarlos a negociar su salida, no tiene ningún sentido.

Puede distinguirse, en particular, a un núcleo perverso, sin escrúpulos, en el cual destacan Maduro, Diosdado, los hermanos Rodríguez, Padrino López y los que están al frente de los órganos de terror (Sebin, DGCIM), que aplastan toda objeción ética, humanitaria, legal o moral a sus atropellos, repitiendo clichés e inventando conspiraciones que los obligan a “defenderse”. Son sociópatas, profundamente dañados por esa falsa realidad a que se han entregado: la maldad hecha poder. Algunos tienen encima, además, requisitorias por violación de derechos humanos y tráfico de drogas. De tanto huir hacia adelante, se quedaron sin salida. Se les pasó el tiempo para una posible reinserción. Y ellos lo saben.

Su permanencia depende de su capacidad por renovar continuamente las complicidades que le sirven de sustento. El encogimiento del botín y las sanciones aumentan su vulnerabilidad: hay cada vez menos renta para repartir. En el contexto de poderes anarquizados, compromisos con socios externos (que cobran su parte) y flexibilización creciente de algunos aspectos de la economía. ¿podrán impedir su salida? Depende, por supuesto, de la existencia de una oposición capaz de cobrársela, con el apoyo internacional. Esto último supone un esfuerzo por despejar toda duda acerca de la naturaleza fascista, proto totalitaria, de Maduro y de los militares que lo acompañan, de manera de no caer –una vez más—en las ilusiones de sus cantos de sirena, para ganar tiempo y desmoralizar al país. No concederán nada que apunte al restablecimiento pleno de la democracia, a menos que las circunstancias los obliguen a ello.

Una estrategia inteligente desde la oposición, con apoyo de los gobiernos de EE.UU., la UE, Canadá y algunos latinoamericanos, deberá incidir en aislar a Maduro de los socios de los cuales es rehén. Las sanciones podrían ser la carta decisiva para aprovechar las crecientes vulnerabilidades del régimen y producir su resquebrajamiento interno, siempre que estén acompañadas de la reactivación interna de la protesta. Es menester, por tanto, diseñar una estrategia con estos propósitos, que restablezca la confianza mayoritaria en un liderazgo opositor comprometido con el restablecimiento de la democracia.

[1] Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos

Dos eventos de extrema gravedad han sacudido el mundo en estos últimos días, mostrando, una vez más, cuán difícil es el camino hacia la libertad y la democracia.

En Myanmar (antigua Birmania) los militares con un golpe de estado suspendieron el proceso parlamentario durante el cual los congresistas iban a ratificar la reciente victoria electoral del partido LND (Liga Nacional de la Democracia) liderado por la Dama Aung San Suu Kyi. Tras ganar las primeras elecciones libres en 2015 Suu Kyi y el LND iban a comenzar un segundo mandato. Demasiado para los militares quienes, a pesar de sus muchos privilegios, mal toleraban la gran popularidad de la Dama y temían la implementación de leyes que pudieran interferir en sus múltiples negocios, en particular los relacionados con el narcotráfico.

Desde el primer gobierno, a pesar de no poder ocupar el cargo de Presidente por haber tenido hijos en el exterior, Suu Kyi ha sido la líder incuestionable de una nación que se abría poco a poco a una democracia, muy limitada, pero democracia al fin.

De nada le sirvió plegarse a muchas de las pretensiones de los militares quienes mantienen de facto el 25 por ciento de los escaños del Parlamento y tres ministerios clave: Defensa, Asuntos Internos y Asuntos Fronterizos. De nada le sirvió mantener un silencio, lamentablemente criminal, frente al genocidio de la minoría musulmana de los Rohingya, perpetrado por esos mismos militares en colaboración con grupos paramilitares. La delicada situación interna, probablemente la conciencia de la fragilidad de la democracia frente al poder de las Fuerzas Armadas, la llevaron a tomar una decisión sumamente criticada a nivel internacional, que le valió un juicio por genocidio en la Corte Internacional de Justicia y el distanciamiento de esos mismos activistas quienes la habían apoyado por años.

El segundo hecho, mucho más previsible del primero, pero no por eso menos terrible se ha desarrollado en Moscú. El gobierno de Putin ha encarcelado al líder de la oposición Aléxei Navalni, en el mismo momento en el cual desembarcó en el país. Tras un envenenamiento que lo mantuvo, durante semanas, entre la vida y la muerte en un hospital alemán el activista ruso decidió volver a Rusia, a sabiendas que le esperaba una celda. Lo hizo para que no perdieran la esperanza sus seguidores, esos millones de rusos quienes anhelan y sueñan un gobierno democrático sin Putin.

Miles de personas salieron a protestar en su apoyo. Las manifestaciones, brutalmente sofocadas, terminaron con más de cinco mil personas presas. Navalni fue condenado a dos años y medio en una colonia penal y a quedar apartado de la política.

La historia se repite. Cuanto más grande es el miedo a perder el poder, más dura es la represión hacia los opositores. Aléxei Navalni mostró no temerle a Putin a quien acusó de corrupción con pruebas irrefutables gracias a las imágenes que filmó el activista ambiental Dmitri Shevchenko quien logró entrar en la mansión del líder ruso en un área del Mar Negro. Schevchenko fue encarcelado, pero sus grabaciones llegaron a manos de Navalni quien las ensambló en un video de 113 minutos que publicó en YouTube y que alcanzó más de 100millones de visualizaciones.

La rica fastuosidad que rodea a Putin, en contraste estridente con la miseria que golpea a sectores importantes de la sociedad rusa, ha ampliado el descontento de una población que enfrenta una grave crisis económica.

Estos dos episodios tan dolorosos y graves no representan una excepción. Los sufren otras sociedades oprimidas por regímenes autoritarios y dictatoriales. Varias de ellas en América Latina y el Caribe, donde miles de personas luchan y mueren por un anhelo de libertad y democracia.

En el mientras, en los países en los cuales se goza de libertad y democracia, imperfectas quizás, pero reales, hay grupos de odio que juegan a imaginar el regreso a la violencia y la intolerancia. Son personas que, en su gran mayoría, no conocieron ni las guerras ni los campos de concentración, que no pueden imaginar lo que significa vivir bajo un régimen que no tolera crítica alguna.

Hay bienes que damos por descontados y que valoramos solo cuando los perdemos.

En Myanmar los militares realizaron el golpe tras gritar al fraude en unas elecciones en las cuales la victoria de Aung San Suu Kyi fue tan abrumadora que la palabra fraude sonaba ridícula. Se adueñaron del poder con la fuerza.

La democracia de Estados Unidos logró evitarlo y también Europa ha podido, en su mayoría, contener los movimientos más violentos y antidemocráticos.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Democracia y libertad son bienes mucho más fáciles de perder que de recuperar.

@MBAFILE

Febrero 8 de 2021

ViceVersa

https://www.viceversa-mag.com/la-fragil-y-anhelada-libertad/

Quienes no militamos en una organización política y tenemos la ventaja adicional de que en unos días estaremos celebrando ocho décadas del Día de la Juventud, no estamos sujetos a cortapisas para expresar lo que para algunos puede no ser “políticamente correcto” o poco palatable. Poner fin a la usurpación de Maduro y su combo es el deseo de todos los demócratas. Se nos dificulta alcanzarlo porque cuentan con un Alto Mando militar, jueces y organismos de represión que no tienen escrúpulos y, en mucho menor grado, porque la oposición no se pone de acuerdo en cómo enfrentarlos. Además, una legión bien intencionada de duros del teclado, unas veces con razón, otras sin ella, alimentan el desánimo con descalificaciones a la dirigencia política por no poner fin a la usurpación.

Ante una situación tan atípica como la que vivimos, la rigidez debe tener sus límites. Los árboles flexibles son los que logran permanecer de pie ante los embates del viento, lo cual no debe confundirse con doblegarse y tampoco con las veletas. Nuestra lista de buenos deseos contempla: renuncia o destitución inmediata de Maduro y todo su tren de malhechores, juicio por violar la Constitución y por corrupción, establecimiento de un gobierno de transición sin participación de chavistas -maduristas, y elección presidencial y parlamentaria en el menor tiempo posible.

¿Es posible materializar estos buenos deseos? Contamos con dos herramientas importantes: 1- Un ochenta y cinco por ciento de los venezolanos estamos en contra del régimen y 2- La mayoría de los países democráticos están conscientes de que en Venezuela hay un gobierno que irrespeta la Constitución al no permitir elecciones transparentes y al violar los derechos humanos.

El punto es que esas herramientas son importantes, pero no logran sacar el tornillo que mantiene en su sitio al régimen. Parte de ese ochenta y cinco por ciento de la población ha hecho bastante. Numerosos compatriotas han perdido la vida, han sido encarcelados, torturados o exiliados. Hoy, los que quedan en el país deben lidiar para conseguir el sustento diario y, lógicamente, muchos tienen temor ante los atropellos de los organismos de represión estatales y paraestatales. Es decir, que no parece que están las condiciones para una gran insurrección popular. Demasiado hacen con protestar a diario por la escasez de bienes y servicios.

La otra herramienta nunca había sido utilizada en otros países. Es inédito, en tiempos de paz, el reconocimiento a un presidente interino como Guaidó, mientras hay otro que tiene el poder, así como el desconocimiento a la Asamblea Nacional usurpadora designada el 6 de diciembre. Sin embargo, esa herramienta tampoco es suficiente. Nuestros amigos insisten en que debe haber una negociación. Es decir, tanto el gobierno, como la oposición deben ceder en algo.

En el 2003, gracias al paro cívico, se logró una excelente negociación, en la cual el gobierno de Chávez tuvo que ceder. Acató, por la presión internacional y también porque en ese momento no tenía confianza en la Fuerza Armada. Ganó tiempo para evitar cumplir. Lamentablemente, la OEA, el Centro Carter, el Grupo de Países Amigos no exigieron el cumplimiento y nuestra oposición protestó, pero no pudo hacer mucho.

Lo primero que hay que dilucidar es si el régimen está dispuesto a ceder en aspectos fundamentales y que no apuesta a ganar tiempo con declaraciones de que quiere negociar. Esta es una labor previa para los mediadores de la negociación. Del lado de la oposición, el presidente interino Guaidó debe discutir el punto con esa nueva plataforma que ha anunciado. La misma estará supuestamente integrada por los partidos realmente opositores, y por representantes de la sociedad civil con peso específico, pertenezcan o no a alguna asociación, sea gremial, de la academia o de derechos humanos. Si la gran mayoría decide que negociar no es una opción, el punto queda descartado. Si decide que es conveniente, debe haber una campaña informativa a la población sobre esa necesidad y grupo que no la acepte quedaría descartado de la unidad.

En caso positivo, es necesario ponerse de acuerdo sobre los intermediarios que puedan facilitar la negociación para que llegue a feliz término. Nosotros quisiéramos que fuese la OEA y el régimen preferiría a cualquiera de su combo de izquierdistas trasnochados. Por ello hay que identificar a quienes sean aceptables por las partes, que podrían ser Noruega, el Reino Unido o la Unión Europea.

Es significativo que Jorge Rodríguez, presidente de una Asamblea que nadie reconoce, pero con poder dentro del régimen, solicitara ser recibido en Fedecámaras, organización empresarial satanizada por los rojos. Sin embargo, los empresarios deben estar conscientes de que esas conversaciones no darán resultado, ya que el problema es político y tiene que resolverse a alto nivel, es decir con participación de Maduro y de Guaidó, acompañados de sus equipos. Negociar no es una opción más, sino la única que se visualiza como realista. A menos que sigamos esperando un hecho fortuito o cisne negro.

Como (había) en botica:

El Gocho de los audios era simpático cuando no decía tantas vulgaridades y no se aventuraba a opinar sobre asuntos que no conoce. Ahora, es evidente que su simpatía por los “alacranes” expulsados de AD lo lleva a hablar sin base.

Al régimen le incomoda la presencia de la sociedad civil en labores humanitarias. Por eso apresaron a cinco miembros de Azul Positivo, organización zuliana que ofrece información y acompañamiento en relación a enfermedades trasmisibles.

Nuestro embajador ante Ottawa, Orlando Viera-Blanco, solicitó a ese gobierno protección para nuestros acosados diputados.

A diez años del fallecimiento de doña Alicia Pietri de Caldera, es justo reconocer su obra como Primera Dama: el Museo de los Niños y Un cariño para mi ciudad fueron dos de sus importantes contribuciones.

Lamentamos el fallecimiento de Arnaldo Salazar, quien fuera presidente de Pdv Marina.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

En la reunión con las Federaciones Deportivas, se presentó muy molesto el presidente del Comité Olímpico y, con especial jerga, dio paso a todo lo que tenía por dentro:

....Mis “panas burdas”, quiero aprovechar esta oportunidad para que "matemos esa culebra" que se generó cuando me "copiaron" una llamada que le hice a mi "sangre" y se "fueron de lengua" haciéndola publica en las redes.

Arreglándose la "guaya de oro" que colgaba de su cuello, continuo diciendo que, nunca he dividido a mis panas federativos en grupos, no he "rebotado" a ninguno de ustedes. Todos son mis "brothers" Lo que pasa es que, alguien del Comité Ejecutivo me quiere "tumbar" el cargo y se puso a conspirar. Pero, uno de mis "becerros" me echó el cuento completo y procedí a prepararme para enfrentar esa conspiración.

Reconozco que me fui de lengua, y "le di letra" calificándolos como los nuevos "Tetones" porque esos directivos conspiradores son todos unos “Pela Bolas".

"Achantado" en mi oficina, llame al "peluche" que maneja el “billuyo” para que diseñara un plan para hacerle llegar unos "verdes" a los federativos que siempre andan pidiendo "la bendicion". Acomodándose la "fuca" con la que siempre anda "calzado", el tesorero peluche, me respondió que le parecía "vergatario" el plan para comprar los apoyos. Pero, también me dijo, que aquellos que no estuvieran de acuerdo, les caería a plomazo limpio para que aprendan. Antes de "pirarse" el peluche me dijo, eso sí "Papá", debemos buscar al "becerro" que hizo pública esa llamada telefónica y "darle con todos los hierros"...

Al finalizar, su magistral intervención, un silencio absoluto reinó en el salón de reunión, los federativos presentes se miraron las caras y se preguntaban ¿Qué fue lo que dijo?. Nadie aplaudió y todos se retiraron en silencio.

Ya en la calle, lejos de la mirada de las autoridades olímpicas, todos los dirigentes corrieron a buscar en los diccionarios la modalidad lingüística empleada por el presidente del comité. Los mas atrevidos fueron a buscar a jóvenes en el barrio para que le tradujeran la jerga empleada, y lograr ver que dijo el malandro olímpico. Al escuchar la traducción, todos expresaron en voz alta "Presidente, no aclare porque confunde".